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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-36-000-2015-00966-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-36-000-2015-00966-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-36-000-2015-00966-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Número de radicación: 25000 23 36 000 2015 00966 01
Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.
Demandada: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
Tesis: Las resoluciones mediante las cuales la ANI niega una solicitud de concesión
portuaria constituyen actos administrativos definitivos que ponen fin a la actuación
administrativa, sin que una nueva solicitud presentada años después sobre el
mismo bien pueda entenderse como continuación de la anterior u otorgue derecho
de prelación alguno frente a solicitudes posteriores presentadas por terceros.
Cuando una actuación administrativa ha sido finalizada, la autoridad competente no
tiene la carga de conocer ni continuar los antecedentes de un trámite ya concluido,
con independencia de la unidad funcional que pueda predicarse entre las
autoridades que lo tramitaron en diferentes momentos.
No incurre en falsa motivación la Autoridad Portuaria que acoge un concepto
desfavorable de la DIMAR, aun cuando esta misma entidad había emitido
previamente uno favorable, si el cambio de posición obedeció a la existencia de una
solicitud de concesión marítima sobre el mismo bien de uso público presentada con
anterioridad por un tercero.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 13 de mayo de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

I. DEMANDA

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), Inversiones La Soledad S.A.S.

Número de radicación: 25000 23 36 000 2015 00966 01
Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

interpuso demanda en contra de la Agencia Nacional de Infraestructura (en adelante
ANI).

1.1. Las pretensiones

2. La sociedad Inversiones La Soledad S.A.S. solicitó lo siguiente a título de
pretensiones:

«PRETENSION PRIMERA: Que se declaren nulas, en su integridad la
Resolución 867 del 8 de agosto de 2013, a través de la cual la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI negó la solicitud de concesión
portuaria presentada por “INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S.”, y la
Resolución 1140 del 17 de octubre de 2013, que en sede de reposición
confirmo (sic) la negativa.

PRETENSION SEGUNDA: Que para restablecer el derecho de la demandante
y con base en la anterior declaración, se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA - ANI continuar con el trámite de concesión portuaria
conforme a la solicitud presentada por “INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S.”,
avocando la etapa que sigue dentro del mismo, de acuerdo con el artículo 15
del Decreto 4735 de 2009.

PRETENSION SEGUNDA SUBSIDIARIA: En subsidio de la petición anterior,
ordenar a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI continuar
el trámite de concesión portuaria para permitir que en ejercicio del derecho de
defensa y contradicción INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S. controvierta cada
una de las pruebas que sirvieron de sustento a la Autoridad Portuaria para negar
la solicitud de concesión, aportando al proceso todos los medios probatorios
pertinentes y conducentes que estime necesarios en la defensa de sus
intereses.

PRETENSION TERCERA: Que se condene a la ANI al pago de una
indemnización a la sociedad INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S., por los
perjuicios ocasionados con ocasión de la negativa a la concesión portuaria,
perjuicios que al momento de la presentación de esta demanda se estiman en
la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($500.000.000.oo).

A la indemnización debe sumarse los perjuicios que se causen con
posterioridad a la presentación de la demanda con intereses moratorios desde
la fecha de presentación hasta la fecha en que se efectúe el pago, de
conformidad con los artículos 157, 192 del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011) y
artículo 206 de la ley 1564 de 2012.

Esta estimación de la cuantía de los perjuicios no implica la renuncia a otras
indemnizaciones distintas y adicionales que puedan generase en el curso del
proceso.

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Demandante: Inversiones La Soledad S.A.S.

PRETENSION CUARTA: Que en caso de oposición a las pretensiones de esta
demanda, se condene a la ANI al pago de todas las costas y gastos del proceso,
incluyendo las agencias en derecho.»1.

1.2. Los actos demandados

3. La parte resolutiva de la Resolución 867 del 8 de agosto de 2013 es la siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO.- Negar la solicitud de concesión portuaria presentada
por la sociedad INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S., con Nit. 890.930.277-2,
para ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva los bienes de uso público
propiedad de la Nación y zonas accesorias a éstos, en los cuales se proyecta
la construcción de una infraestructura portuaria en las áreas adyacentes al
inmueble de propiedad de la compañía, ubicada en la vía Mamonal, Sector
Albornoz, Zona Industrial de Cartagena, para el manejo de carga en General
(Graneles Líquidos, Graneles Sólidos, Contenedores, Almacenamiento de
Vehículos etc.) en la modalidad de servicio público, y en consecuencia ordenar
el archivo del expediente sin perjuicio de que el interesado presente
posteriormente una nueva solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar personalmente la presente resolución al
representante legal de la sociedad INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S., en su
defecto por aviso, en los términos del artículo 69 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, advirtiéndole que contra la decisión contenida en esta resolución, procede
el recurso de reposición el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a su notificación, en los términos del artículo 76 y siguientes
de la misma Ley.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente acto administrativo a las
autoridades señaladas en el artículo 10° de la Ley 1 de 1991, a saber: Ministerio
de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE–; Alcaldía Distrital de
Cartagena de Indias; Director General de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; Director General de la Dirección General Marítima del
Ministerio de Defensa –DIMAR–; Director General de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN– y Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto
Nacional de Vías –INVÍAS–, para su conocimiento y fines pertinentes.»2

4. La parte resolutiva de la Resolución 1140 de agosto 17 de 2013, es la siguiente:

«ARTÍCULO PRIMERO.- No reponer y en consecuencia confirmar en todas sus
partes, la Resolución No. 867 del 8 de agosto de 2013, proferida por esta
Agencia, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

1 Visible a folios 1 a 37 del Cuaderno del Tribunal.
2 Visible a folios 43 a 50 del Cuaderno 2 del Tribunal: pruebas y anexos de la demanda.

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ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente Resolución al
representante legal y/o apoderado debidamente constituido de la sociedad
INVERSIONES LA SOLEDAD S.A.S.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente acto administrativo a las
autoridades señaladas en el artículo 10° de la Ley 1 de 1991, a saber: Ministerio
de Transporte, Superintendencia de Puertos y Transporte, Corporación
Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE–; Alcaldía Distrital de
Cartagena de Indias; Director General de Turismo del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; Director General de la Dirección General Marítima del
Ministerio de Defensa –DIMAR–; Director General de Impuestos y Aduanas
Nacionales –DIAN– y Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto
Nacional de Vías –INVÍAS–, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra la presente resolución, no procede recurso
alguno, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 87 de la Ley 1437 de
2011.»3

1.3. Supuestos fácticos

5. La parte actora manifestó lo siguiente:

6. Señaló que Inversiones La Soledad S.A.S. es una sociedad constituida
conforme a las normas colombianas desde el año 1982, que adquirió el derecho de
dominio y posesión sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Cartagena, Barrio
Albornoz, Sector Vitabono, mediante Escritura Pública No. 2931 del 30 de julio de
1982, registrada al folio de matrícula inmobiliaria 060-19087.

7. Indicó que en consideración a la vocación portuaria del sector de ubicación del
inmueble y el lindero que este tiene con la Bahía de Cartagena por el occidente, la
sociedad inició desde el momento de la adquisición las gestiones pertinentes para
obtener de parte del Estado colombiano los permisos, autorizaciones, licencias y/o
concesiones destinadas al uso y goce de los bienes de uso público adyacentes,
representados en áreas de bajamar y aguas marítimas, de modo que pudieran ser
utilizadas en el desarrollo de actividades de naturaleza portuaria.

8. Expuso que el 18 de mayo de 1990 solicitó a la Dirección General Marítima (en
adelante DIMAR) a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, la concesión

3 Visible a folios 51 a 55 (anverso) ibidem.

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sobre dichas áreas, acompañando a la solicitud todos los requisitos de ley y los
conceptos de favorabilidad y conveniencia expedidos por otras entidades, entre
estos, por la Alcaldía Mayor de Cartagena mediante certificado 1707 del 23 de mayo
de 1990 y la entonces autoridad ambiental Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA.
9. Manifestó que dentro del trámite de concesión y durante el período de
publicación de los edictos, se presentaron como opositores los señores Carlos
Barraza Ojeda e Iván Cataño, alegando ser propietarios de las zonas de uso público
pedidas en concesión, oposición que fue rechazada por la Capitanía de Puerto de
Cartagena mediante resolución en la que ratificó que las áreas reclamadas como
propias correspondían a zonas de bajamar ilegalmente rellenadas.

10. Indicó que una vez entrada en vigencia la Ley 1 de 1991, la competencia
portuaria fue trasladada a la Superintendencia General de Puertos, entidad que
mediante Resolución 0026 del 19 de mayo de 1992 decidió no aprobar la concesión
por cuanto consideró necesario que previamente el poder judicial definiera la
naturaleza jurídica del terreno frente a las pretensiones de los opositores, decisión
que fue confirmada mediante Resolución 056 del 13 de agosto de 1992.

11. Señaló que en desarrollo de la decisión adoptada por la Autoridad Portuaria y
en su interés de obtener la concesión, en el año 1992 instauró demanda que fue de
conocimiento del Juzgado 5 Civil del Circuito de Cartagena con la pretensión de
obtener la nulidad absoluta de los actos, contratos e instrumentos públicos sobre
los cuales era alegada la propiedad del bien de uso público por parte de los
opositores, proceso que culminó con sentencia de casación de la Corte Suprema
de Justicia del 23 de febrero de 2009, mediante la cual se decretó la nulidad absoluta
de los actos y contratos contenidos en las escrituras públicas a través de las cuales
los opositores pretendían la propiedad de bienes de uso público correspondientes
a terrenos de rellenos en zonas de bajamar de la Bahía de Cartagena.

12. Expuso que la sociedad adelantó las gestiones necesarias para la restitución
material del bien de uso público, logrando mediante diligencia de desalojo del 3 de
febrero de 2012 la recuperación del espacio público que para esa fecha seguía
siendo ocupado ilegalmente por los señores Julio César Upegui y la abogada Irma
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María Escamilla Rosales, quien había adquirido derechos de tenencia sobre el bien
de uso público en virtud de lo que ella misma denominó un negocio de cesión y
quien no obstante haber sido desalojada invadió el área poco tiempo después.

13. Indicó que el 9 de agosto de 2012 reiteró formalmente ante la ANI la solicitud
de concesión portuaria, aportando la documentación exigida conforme a la Ley 1 de
1991 y su decreto reglamentario 4735 de 2009, sin que se presentaran oposiciones
dentro del término legal.

14. Manifestó que la ANI mediante Resolución 109 del 29 de enero de 2013
convocó a la audiencia pública prevista en el artículo 13 del Decreto 4735 de 2009,
por considerar debidamente conformada la solicitud de concesión, a la cual
asistieron todos los convocados excepto la Alcaldía de Cartagena y dentro de los
20 días siguientes se recibieron conceptos favorables de los distintos entes
administrativos citados, incluso el de la DIMAR mediante radicado 29201301401 del
12 de marzo de 2013.

15. Señaló que el 9 de abril de 2013 la señora Irma María Escamilla Rosales radicó
ante la ANI un derecho de petición informando la existencia de dos trámites de
concesión sobre el mismo bien de uso público, y que posteriormente la DIMAR
mediante oficio 29201302451 del 3 de mayo de 2013 modificó su posición inicial de
favorabilidad para recomendar a la ANI no continuar con el trámite de concesión
portuaria hasta tanto la Autoridad Marítima no resolviera de fondo la solicitud de
concesión marítima presentada por la señora Escamilla Rosales con fecha del 7 de
mayo de 2012.

16. Expuso que la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena, quien no había acudido
a la audiencia pública, envió de forma extemporánea mediante oficio AMC-OFI-
0035649-2013 del 20 de junio de 2013 un concepto en el que calificó el proyecto
como ilegal e inconveniente para el Distrito de Cartagena por no encontrarse
ajustado a las previsiones contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (en
adelante POT), siendo que esa misma Alcaldía había emitido previamente concepto
favorable para una concesión en ese mismo sector respecto de la solicitud de la
señora Escamilla Rosales.
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17. Indicó que ante esa situación solicitó expresamente a la ANI que le permitiera
controvertir los conceptos desfavorables antes de que se adoptara la decisión de
fondo, petición que fue negada por la entidad mediante oficio 2013-702-010090-1
del 28 de junio de 2013, argumentando que contra la decisión de fondo procedían
los recursos en vía gubernativa.

18. Manifestó que la ANI expidió la Resolución 867 del 8 de agosto de 2013,
mediante la cual negó la solicitud de concesión portuaria acogiendo los conceptos
y recomendaciones de la DIMAR y la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena, sin
generar una actividad probatoria tendiente a establecer el fondo del asunto ni
permitir a la peticionaria ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a
dichas pruebas.

19. Señaló que contra dicha resolución interpuso oportunamente recurso de
reposición reiterando la solicitud de permitir la controversia de las pruebas obrantes
en el proceso, recurso que fue resuelto mediante Resolución 1140 del 17 de octubre
de 2013, que confirmó la negativa inicial y rechazó las pruebas válidamente
solicitadas por considerar que no eran conducentes, pertinentes ni útiles para el
tema a resolver.

1.4. Concepto de la violación

20. Invocó como normas violadas los artículos 10, 29, 82 y 209 de la Constitución
Nacional; el inciso segundo del artículo 1, los artículos 10 y 11 de la Ley 1 de 1991;
los artículos 4, 11 y 14 del Decreto 4735 de 2009; los artículos 30, 40 y 42 del
CPACA; y los artículos 80 y 178 del Decreto Ley 2324 de 1984.

21. Sostuvo que los actos demandados vulneraron el debido proceso administrativo
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, por cuanto la ANI adoptó la decisión
de negar la concesión portuaria con fundamento en conceptos desfavorables de la
DIMAR y la Alcaldía Mayor de Cartagena, sin permitirle controvertirlos previamente,
pese a haberlo solicitado expresamente.

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22. Afirmó que los actos acusados incurrieron en falsa motivación, toda vez que la
negativa se fundamentó en conceptos extemporáneos, parcializados y
contradictorios de la DIMAR y la Alcaldía Mayor de Cartagena, acogidos por la ANI
sin fórmula de juicio.

23. Señaló que la ANI aplicó de forma retroactiva el artículo 80 de la Ley 1617 de
2013, siendo que dicha norma fue posterior a la vigente al inicio de la actuación
administrativa.

24. Indicó que los actos acusados desconocieron el principio de igualdad objetiva
consagrado en el artículo 13 de la Constitución, por cuanto la ANI otorgó prelación
a la solicitud de concesión marítima de la señora Escamilla Rosales sobre la
solicitud de Inversiones La Soledad S.A.S., pese a que esta última venía
gestionando la concesión desde 1990 y asumió las cargas para la recuperación del
bien de uso público.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

25. La ANI4 contestó la demanda y solicitó que no se accediera a las pretensiones,
al considerar que su actuación se ajustó en todo momento a la Constitución y la Ley.

26. Respecto de los hechos narrados en la demanda, indicó que la mayoría no le
constaban y que debían probarse, señaló de manera reiterada que la verdadera
censura de la parte actora iba dirigida a desestimar actuaciones que datan de por
lo menos 20 años antes de la existencia de la ANI.

27. Como medio exceptivo propuso la ineptitud sustantiva de la demanda por
incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA. Argumentó
que, si bien se encontraban medianamente reunidos los requisitos previstos en los
numerales 1, 2, 3 y 5 de dicha norma, los fundamentos de derecho de las
pretensiones estaban ausentes, pues la parte demandante se limitó a hacer una
nueva narración de hechos basada en elucubraciones subjetivas y huérfanas de

4 Visible a folios 117 a 122 del Cuaderno Principal del Tribunal.

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verdadera probanza, lo que impedía al Juez adelantar el examen de legalidad
correspondiente, en respeto del principio de justicia rogada. Añadió que la cuantía
alegada carecía de todo fundamento y de prueba siquiera sumaria que permitiera
inferir razonadamente que los supuestos perjuicios alegados ascendieran a la suma
consignada.

28. La señora Irma María Escamilla Rosales quien fue vinculada al proceso en
calidad de tercera con interés directo en las resultas 5 , contestó la demanda
oponiéndose las pretensiones por carecer de sustento legal y respaldo probatorio,
señalando que tanto la ANI como ella actuaron objetiva y razonablemente acorde
con lo dispuesto en la Constitución Política y demás normas concordantes6.

29. Indicó que la ANI dio estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia
y que las decisiones emitidas por dicha entidad gozan de presunción de legalidad,
por lo que la carga de la prueba incumbe a la parte actora. Añadió que no es verdad
que los actos acusados adolezcan de falsa motivación, pues las conclusiones y
decisiones adoptadas por la ANI, con el concurso de los conceptos emitidos por la
DIMAR y la Alcaldía Distrital de Cartagena, tienen asidero en las pruebas recogidas
en el expediente, las cuales fueron analizadas en conjunto conforme a las reglas de
la sana crítica, evidenciándose carencia de material probatorio que sustente las
pretensiones de la demanda y conduzcan a su nulidad.

30. Manifestó que la sociedad Inversiones La Soledad S.A.S. faltó a la verdad y a
la lealtad procedimental al radicar el trámite de concesión portuaria omitiendo
advertir a la ANI que sobre ese mismo lote ya cursaba el trámite de una concesión
marítima.

31. Señaló que el 7 de mayo de 2012 formuló solicitud de concesión marítima ante
la DIMAR para desarrollar un taller de reparaciones navales sobre un sector de
playa en extensión de 5.806,15 m2 de bienes de uso público ubicado en el Barrio

5 Mediante auto admisorio de fecha 30 de julio de 2014, visible a folios 134 a 136 del Cuaderno

Principal del Tribunal.
6 Visible a folios 99 a 116 del Cuaderno Principal del Tribunal

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Bella Vista, sector Albornoz, Distrito de Cartagena de Indias, anexando la totalidad
de los requisitos para tal fin.

32. Así, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 171 del Decreto Ley 2324
de 1984 el 6 de julio de 2012 la Capitanía de Puerto de Cartagena procedió a la
elaboración del edicto y su fijación, quedando publicado en la secretaría de la
Oficina Jurídica de la Capitanía de Puerto y en el lugar donde se ejecutaría el
proyecto hasta el 21 de agosto de 2012 y que la peticionaria publicó los edictos en
el Diario El Universal, prensa local de la ciudad de Cartagena.

33. Indicó que dentro del trámite de concesión marítima la sociedad Inversiones La
Soledad S.A.S. se opuso el 21 de agosto de 2012, solicitud que fue rechazada por
la Autoridad Marítima.

33. Manifestó que la Autoridad Marítima Regional inició una investigación
administrativa en su contra y del señor Julio César Upegui y que, mediante decisión
del 21 de diciembre de 2011, los declaró responsables por la ocupación indebida
con construcciones no autorizadas de bienes de uso público sometidos a su
jurisdicción, imponiéndoles la respectiva sanción. Indicó que, en las
consideraciones de dicha decisión se señaló que el resarcimiento de los perjuicios
no podía obtenerse retirando a un ocupante para favorecer a otro que se encontraba
en similares condiciones.

III. SENTENCIA APELADA

34. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en audiencia pública del 31 de
mayo de 2017, resolvió la controversia y decidió lo siguiente7:

«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar a la Agencia Nacional
de Infraestructura y a la señora Irma María Escamilla Rosales, la suma de
CINCO MILLONES de PESOS ($5.000.000) para cada una, por concepto de
agencias en derecho.

7 Folios 178 a 182 del Cuaderno Principal del Tribunal, grabación en CD folio 386.

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TERCERO: Esta sentencia se notifica en estrados de conformidad con lo
establecido en el artículo 202 del CPACA.

CUARTO: Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, dentro de los
10 días siguientes a su notificación en estrados.»

35. Como fundamento de su decisión, señaló que se trataba de 3 actuaciones
administrativas distintas y que, si bien tienen alguna relación, lo que compete en el
proceso es resolver únicamente sobre los cargos de nulidad de los actos expedidos
por la ANI.

36. Indicó que las razones que tuvo la ANI para negar la concesión de la
demandante fueron: (i) el fundamento normativo del artículo 80 de la Ley 1617 de
2013, (ii) el concepto de conveniencia y legalidad que rindió el Alcalde Mayor del
Distrito de Cartagena, (iii) que la sociedad demandante no tenía prelación en el
tiempo para obtener la concesión, porque para esa época la Superintendencia
General de Puertos había negado su solicitud y (iv) que la ANI consideró que no era
de su competencia valorar la conducta de la señora Irma María Escamilla Rosales
respecto de los procesos policivos adelantados en su contra, ni tampoco la legalidad
de los conceptos que rindieron el Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y la DIMAR.

37. Frente al cargo de falsa motivación referido a que la DIMAR recomendó a la
ANI no continuar con la solicitud de la demandante a pesar del antecedente de
ocupación irregular por parte del tercero, indicó que ese cargo se refiere a una
actuación de la DIMAR, no de la ANI y que en todo caso las aludidas irregularidades
no constan según se dispuso en dicho acto.

38. En cuanto a la aplicación del artículo 80 de la Ley 1617 de 2013, el a quo
consideró que dicha norma se encontraba vigente al momento de proferirse los
actos acusados y que por tanto su observancia no constituía retroactividad.

39. Sobre el acatamiento de los conceptos emitidos por la DIMAR y la Alcaldía del
Distrito de Cartagena, los cuales no serían obligatorios y por tanto la ANI no debía
tenerlos en cuenta, destacó lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-071 de 1994, al examinar la constitucionalidad parcial de los artículos 10 y 12 de
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la Ley 1 de 1991. Adujo que en dicha providencia la Corte advirtió que resultaría
altamente riesgoso que una entidad especializada en la protección del derecho al
ambiente sano emitiera un concepto técnico desfavorable respecto de una
concesión portuaria y que este pudiera ser ignorado por el Superintendente bajo el
pretexto de una discrecionalidad erróneamente entendida, que en realidad
constituiría arbitrariedad. Asimismo, precisó que deben tenerse en cuenta los
informes técnicos necesarios y pertinentes para determinar eventuales afectaciones
al medio ambiente o al espacio público.

40. Concluyó que no se evidenciaba que la decisión de la ANI de negar la concesión
hubiera estado fundada en la petición del tercero o en el complemento del concepto
emitido por la DIMAR, sino en que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
manifestó que el proyecto no se ajustaba al POT.

41. Señaló que, si bien la Alcaldía Distrital de Cartagena conceptuó
desfavorablemente respecto del proyecto de la actora y favorablemente frente al del
tercero, del examen de ambos conceptos se evidenciaba que los proyectos diferían
tanto en su objeto como en la clasificación del suelo involucrado.

42. En cuanto al derecho a la igualdad, consideró que la demandante no ostentaba
un derecho de prelación por haber solicitado la concesión con anterioridad, toda vez
que el artículo 10 de la Ley 1 de 1991 y el artículo 11 del Decreto 4735 de 2009
prevén la intervención de terceros dentro del procedimiento administrativo, ya sea
para formular oposición o presentar solicitudes alternativas. Señaló que fue
precisamente en virtud de dicha oposición y del desarrollo de la segunda actuación
administrativa, en el marco de los actos aquí examinados, que no se reconoció
derecho alguno a la demandante.

43. Añadió que tampoco podía alegarse prelación por el hecho de que la sociedad
hubiera iniciado gestiones desde el año 1990, puesto que la Superintendencia
General de Puertos mediante la Resolución 056 del 13 de agosto de 1992, confirmó
la Resolución 026 del 19 de mayo de 1992, mediante la cual se negó la concesión
portuaria solicitada, actos administrativos que no fueron demandados en el presente
proceso.
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44. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no se configuraban los cargos de
violación planteados en la demanda, razón por la cual negó las pretensiones.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

45. La parte demandante 8 interpuso y sustentó oportunamente recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, con fundamento en los
argumentos que se sintetizan a continuación.

46. Señaló que el Tribunal incurrió en falsa motivación al asumir como premisa que
existían tres actuaciones administrativas distintas, cuando a su juicio se trataba de
una sola actuación continua desde 1990, dilatada en el tiempo por razones ajenas
a la peticionaria.

47. Agregó que el Tribunal incurrió en falsa motivación al considerar que la
sociedad demandante no tenía derecho de prelación, sin observar el principio de
igualdad objetiva que le otorgaba ese beneficio a Inversiones La Soledad S.A.S. por
haber acudido primero ante el Estado a solicitar la concesión, generando un trámite
que se dilató en el tiempo por fuerza de las circunstancias y por designio de las
mismas autoridades administrativas, proceso que debe continuar luego de haber
superado el requisito que se le impuso de esclarecer la situación jurídica del bien
objeto de concesión.

48. Indicó que la Superintendencia General de Puertos en 1992 no negó sino que
no aprobó la concesión, dejando abierto el trámite a la espera de la definición judicial
sobre la naturaleza jurídica del terreno, lo que es sustancialmente diferente a una
negativa definitiva y que en ese sentido la solicitud presentada en 2012 ante la ANI
constituía la continuación de esa misma actuación y no una nueva.

49. Señaló que la DIMAR, la Superintendencia General de Puertos y la ANI
fungieron como una sola Autoridad Portuaria en diferentes momentos, por lo que la

8 Folios 184 a 194 del Cuaderno Principal del Tribunal.

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ANI no podía desconocer los antecedentes de una actuación que ella misma bajo
otra denominación había dejado abierta.

50. Manifestó que la ANI acogió sin análisis crítico la recomendación de la DIMAR
contenida en oficio 2920132451 del 3 de mayo de 2013, la cual era contradictoria y
parcializada frente al concepto favorable que esa misma entidad había emitido el 12
de marzo de 2013 y que dicha recomendación privilegiaba el trámite de concesión
marítima de la señora Escamilla Rosales, quien había sido sancionada y desalojada
reiteradamente por ocupar ilegalmente el bien de uso público objeto de la solicitud.

51. Solicitó revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en audiencia del 31 de mayo de 2017 y en su lugar acoger las
pretensiones de la demanda en la forma que allí se describen.

V. ACTUACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

52. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto de 5 de julio de
2017 concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante9.

53. El Despacho Sustanciador de la Sección Tercera, mediante auto de 5 de
septiembre de 2017, admitió el recurso10.

54. Posteriormente, en providencia del 18 de octubre de 2017 se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que emitiera concepto11.

55. En decisión del 19 de julio de 2021 el Despacho Sustanciador remitió a la
Sección Primera el asunto, al considerar que carecía de competencia para
conocerlo12.

9 Folio 209 del Cuaderno Principal del Tribunal.
10 Folio 4 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.
11 Folio 7 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.
12 Folios 34 a 35 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.

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VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

56. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, en los cuales
reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación13.

57. Indicó que los argumentos que la ANI utilizó para fundamentar la decisión se
encuentran resumidos en los numerales 28 y 29 de los considerandos de la
Resolución 867 de 2013, señalando que el numeral 28 sustenta la negativa citando
un concepto de la Alcaldía Mayor de Cartagena del 10 de julio de 2013 en el que se
concluye que la solicitud de concesión portuaria de Inversiones La Soledad S.A.S.
no se encuentra ajustada a las previsiones contenidas en el POT del Distrito de
Cartagena y que el numeral 29 remite al concepto emitido por el Comité Asesor de
Asuntos Contractuales de la ANI del 30 de mayo de 2013, en el cual se recomienda
negar la concesión por cuenta de un inconveniente de orden normativo relacionado
con la existencia de una solicitud de concesión marítima radicada ante la DIMAR
por parte de Irma Escamilla Rosales, la cual no se ha resuelto de fondo.

58. Señaló que la Alcaldía de Cartagena tenía un plazo de 20 días para emitir su
concepto conforme al artículo 10 de la Ley 1 de 1991, que hay constancia dentro de
la actuación que la Alcaldía recibió la citación para asistir a la audiencia pública el 7
de febrero de 2013 y respondió presentando excusa por su inasistencia. Adujo que
muy tardíamente el ente territorial emitió el concepto solicitado a través de
comunicado radicado ante la ANI el 20 de junio de 2013. Concluyó que la Autoridad
Portuaria acogió el concepto sin reparar en su extemporaneidad, generando de
contera la ilegalidad del acto administrativo que da por terminado en forma negativa
el trámite de concesión.

59. Indicó que el mismo artículo 10 de la Ley 1 de 1991 prevé que el trámite de
concesión debe continuar si los conceptos no llegan dentro del término indicado y
que la Corte Constitucional en Sentencia C-071 de 1994 se ocupa de darle el
fundamento jurisprudencial a este plazo perentorio, por cuanto si no se estableciere
en forma taxativa por parte de la Ley, estaría en riesgo inminente el trámite de

13 Folios 10 a 14 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.

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concesión y además porque resulta ilógico esperar de forma indeterminada un
concepto que eventualmente no llega y resulte en flagrante violación al principio de
celeridad.

60. Manifestó que el concepto de la Alcaldía de Cartagena contiene además
elementos de falsa motivación cuando indica que el proyecto portuario de la
demandante no se ajusta a las previsiones del POT, lo cual no es cierto ya que en
la zona donde se proyecta el puerto de Inversiones La Soledad, actualmente se
encuentran establecidas otras terminales portuarias tan importantes como la de la
Sociedad Portuaria de Contenedores Contecar, esto debido a la vocación portuaria
del sector.

61. Señaló que, respecto del concepto del Comité Asesor de Asuntos Contractuales
de la ANI, la recomendación de negar la concesión se funda en la errada apreciación
de que hay una solicitud de concesión marítima radicada ante la DIMAR que es
anterior a la solicitud de concesión portuaria de Inversiones La Soledad S.A.S., lo
cual no es cierto.

62. Indicó que desde la óptica de Inversiones La Soledad no hay diferencia alguna
si en el transcurso del tiempo dicha autoridad administrativa cambia de nominación
o sufre cambios estructurales internos o físicos o es sujeto de cambios en su
naturaleza jurídica o se convierte en superintendencia o agencia especial adscrita
a este o aquel ministerio o ente de carácter nacional o local y que para el caso
concreto Inversiones La Soledad acudió ante el Estado en el año 1990 para iniciar
un trámite de concesión portuaria y lo hizo a través de la Autoridad Portuaria que
funge como su representante para dicho trámite en particular.

63. Expuso que desde la teoría de la eficacia de la administración pública le
compete al Estado la responsabilidad derivada de las actuaciones de sus agentes
desplegadas para cumplir con los fines propuestos y que en el caso concreto se
hace evidente que los diferentes entes administrativos debieron trabajar de manera
armoniosa y coordinada para alcanzar los fines del Estado y para evitar actuaciones
ilegales que configuren violación a principios fundamentales como el debido
proceso.
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64. Arguyó que resulta irónico que la ANI pretenda asumir que no tiene facultad
para conocer los trámites y actuaciones de la Superintendencia General de Puertos,
puesto que las dos son la misma autoridad portuaria delegada del Estado para
conocer los trámites de su competencia.

65. Indicó que la reiteración de la solicitud efectuada por Inversiones La Soledad
en agosto de 2012 es la misma solicitud iniciada en 1990, sobre el mismo bien de
uso público, ante la misma autoridad portuaria y por la misma peticionaria, lo que
permite concluir que se trata del mismo trámite y que es uno solo desde el principio,
y que la misma conclusión permite la aplicación del principio de igualdad objetiva
expuesta doctrinal y jurisprudencialmente en la demanda inicial, ya que las causas
que llevaron a dilatar el trámite de concesión desde el año 1990 hasta el 2013 no
son atribuibles en modo alguno a la peticionaria sino que por el contrario esta acogió
las exigencias impuestas por la autoridad portuaria y adelantó con sus propios
recursos las acciones jurídicas y policivas necesarias para el saneamiento del bien
de uso público pretendido en concesión.

66. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión donde solicitó se
confirmara la decisión del a quo14.

67. Señaló que la falsa motivación no se probó en el caso concreto, pues la
discusión de ese cargo se concentra en debatir el concepto emitido por la Alcaldía
Mayor del Distrito de Cartagena, sin tener en cuenta que la ANI no es la entidad
competente para analizar la legalidad de conceptos emanados de entidades
distintas, sumado a que si los hoy demandantes no se encuentran conformes con
las decisiones de las autoridades locales podían ejercer las acciones legales que
considerasen necesarias. Agregó que la decisión de la Alcaldía no es debatible ni
ante el procedimiento administrativo de concesión portuaria, ni ante las
pretensiones expuestas a través de este medio de control.

14 Folios 15 a 20 del Cuaderno de Apelación de Sentencia del Consejo de Estado.

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68. Indicó que no le compete a esa Agencia otorgar una concesión portuaria
desconociendo un concepto desfavorable de una entidad local, pues el artículo 80
de la Ley 1617 de 2013 se lo impedía. Precisó que dicha norma estaba vigente al
momento de analizarse la solicitud, sin que pueda predicarse la retroactividad de la
norma, pues se expidió cuando aún no se había otorgado la concesión portuaria y
las normas procedimentales son de aplicación inmediata.

69. Indicó que frente al debido proceso la ANI respetó las garantías mínimas, pues
el procedimiento de solicitud de concesión portuaria se adelantó por entidad
competente, se permitió la participación de todos los interesados, no se presentaron
dilaciones injustificadas, se notificaron de manera oportuna y de conformidad con la
Ley las decisiones adoptadas, la sociedad demandante aportó y controvirtió las
pruebas que consideró necesarias respetándose su derecho de defensa y
contradicción, finalizando con la interposición de los recursos procedentes en contra
de la decisión.

70. Señaló que, frente a la supuesta existencia de vulneración al derecho a la
igualdad, que el trámite iniciado por la sociedad demandante en el año de 1990 se
refiere a uno diferente al que se adelantó ante la ANI, puesto que se dio ante la
Superintendencia de Puertos, quien a través de la Resolución 056 de 1992 negó la
concesión solicitada.

71. Expuso que es evidente que el accionante pretende confundir el otorgamiento
de un contrato de concesión marítima con el otorgamiento de un contrato de
concesión portuaria, los cuales además de ser administrados por entidades
diferentes cuentan con finalidades distintas, siendo excluyentes si se requieren
sobre una misma zona.

72. Indicó que la DIMAR a través de la comunicación 2013-409-017057-2 del 8 de
mayo de 2013 allegó a la ANI la información del trámite correspondiente a la
concesión marítima solicitada por Irma Escamilla, presentada ante dicha entidad el
12 de mayo de 2012 y que en esa misma comunicación la DIMAR dejó claro que
coexistían dos peticiones de concesión sobre una misma zona. Destacó que la
sociedad demandante presentó ante la ANI su petición el 9 de agosto de 2012 y que
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por tal razón se recomendó no continuar con el trámite de concesión portuaria hasta
tanto la Autoridad Marítima no resolviera de fondo la solicitud que fue presentada
con antelación por la señora Escamilla.

73. Argumentó que dado que una entidad distinta a la ANI como lo es la DIMAR, ya
se encontraba en estudio del otorgamiento de una concesión marítima y dado que
los dos proyectos no pueden coexistir, se hizo necesario el análisis de lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 1 de 1991 y que por ello la ANI decidió negar la solicitud
de concesión portuaria presentada por Inversiones La Soledad S.A.S., pues
además de no contar con el concepto técnico favorable por parte de la Alcaldía de
Cartagena, tampoco tenía la disponibilidad de la zona.

74. En el expediente no obra escrito de alegatos de conclusión por parte de la
tercera interesada.

VII. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

75. El Ministerio Público no presentó escrito de intervención.

VIII. CONSIDERACIONES

76. De acuerdo con el artículo 328 del CGP15 aplicable por remisión del artículo 306
del CPACA y en los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
actora, la Sala procederá a resolver la controversia.

8.1. Competencia

15 Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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77. De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y
de lo previsto en el artículo 150 del CPACA y del artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es
competente para conocer del asunto de la referencia.

78. No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto sub lite, con fundamento en lo que sigue.

8.2. Cuestión previa

79. Advierte la Sala que algunos de los cuestionamientos incorporados en los
alegatos de conclusión no fueron propuestos en el escrito de apelación presentado
por la parte actora, específicamente los relacionados con la extemporaneidad del
concepto de la Alcaldía Mayor de Cartagena y su desarrollo detallado a la luz del
artículo 10 de la Ley 1 de 1991, la vocación portuaria del sector de Albornoz y el
concepto del Comité Asesor de Asuntos Contractuales de la ANI.

80. En ese orden, es menester resolver si es procedente que en los alegatos de
conclusión presentados en trámite de segunda instancia, se agreguen cargos que
no fueron planteados en el recurso de apelación.

81. La Sala se abstendrá de analizar los nuevos cuestionamientos, toda vez que
los alegatos de conclusión no constituyen una oportunidad procesal para introducir
nuevos cargos, modificar los formulados o ampliar el debate, sino para profundizar
en aquellos ya expuestos y sujetos a contradicción.

82. Conforme al principio de congruencia y a la regla prevista en el artículo 322 del
Código General del Proceso, la decisión de segunda instancia debe enmarcarse en
los aspectos efectivamente cuestionados en el recurso, pues es este el que delimita
el ámbito de competencia del ad quem.

83. Los alegatos de conclusión no constituyen una oportunidad procesal para
introducir nuevos cargos, modificar los formulados o ampliar el debate, sino para
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profundizar en aquellos ya expuestos y sujetos a contradicción. Por ello, tales
argumentos no serán objeto de examen al exceder el marco de la apelación.

84. Tal ha sido la postura pacífica, reiterada y uniforme de esta Corporación al
indicar que las providencias judiciales deben observar con rigor el principio de
congruencia entre el petitum (pretensiones de la demanda) y el decisum, de modo
que exista una total correspondencia16.

85. De modo que no tienen vocación de prosperidad los puntos esgrimidos en los
alegatos de conclusión pero no planteados en el recurso de apelación.

8.3. De la falsa motivación

86. Previo al análisis de los cargos formulados, la Sala considera pertinente
precisar el alcance del vicio de falsa motivación, toda vez que los cargos propuestos
en el recurso de apelación se fundan en dicha causal. Al respecto, esta Sección ha
señalado17:

«El citado vicio de nulidad debe ser entendido desde tres (3) enfoques distintos,
a saber: la falsa motivación de hecho, la falsa motivación en derecho y la

16 Sección Primera. Sentencia del 11 de agosto de 2016, proferida en el proceso número 25000-23-

41-000-2013-00855-01: «Según lo previsto por el artículo 281 del Código General del Proceso, “[l]a
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan
probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley”. De acuerdo con lo expresado por la Corte
Constitucional, el de congruencia constituye “un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil,
en virtud del cual, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra
petita) ni más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, positiva
o negativamente, los límites de su potestad” 16 . En últimas, representa “un principio general, en
materia de procedimiento, por estar directamente relacionado con el debido proceso y el derecho de
defensa, que exista la debida coherencia, en todas las sentencias, entre los hechos, las pretensiones
y la decisión”.
Como puede apreciarse, de su caracterización legal y jurisprudencial el principio de congruencia
exige consonancia entre lo pedido por las partes (petitum) y lo resuelto por el tribunal (decisum),
entendiéndose que se atentará contra él allí donde el juez concede más o algo distinto de lo que le
fue demandado por la parte actora (ultra o extra petita). En consecuencia, la verificación de la
congruencia de un fallo exige hacer una comparación entre lo decidido con lo reclamado por las
partes. En materia de contencioso de anulación de actos administrativos, dado el carácter rogado de
la jurisdicción y las formalidades que la ley plantea a la demanda, que exigen la formulación de los
cargos de invalidación propuestos y el señalamiento expreso de su fundamento normativo (artículo
162.4 del CPACA), ello implica que el juez no puede fallar lo pedido desbordando los cargos
formulados por la parte actora». (Subrayas de la Sala).
17 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia del

29 de agosto de 2024 Radicación núm.: 11001 03 24 000 2015 00201 00.
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indebida motivación, aspectos estos que deben ser analizados siempre desde
el contenido mismo del acto censurado, es decir, atendiendo su alcance interno,
lo que impone que el análisis haga referencia a lo que expone el acto
administrativo en la parte motiva y en la resolutiva.

Pues bien, el primero supone un juicio de certeza, es decir, el cuestionamiento
acerca de si son ciertos los hechos que se esgrimen como fundamento para
expedir la decisión que se cuestiona. Así, de advertir que son falsos, el Juez no
tiene opción diferente que acoger la pretensión de nulidad que se funda en la
mencionada argumentación, si ellos son determinantes para la decisión que el
acto toma.

Por su parte, un cargo de falsa de motivación en derecho está orientado a atacar
los supuestos jurídicos empleados en la parte motiva y que sustentan la
expedición del acto, de modo que, si llega a acreditarse que la normativa que
invoca la Administración no tiene el alcance para definir la situación jurídica en
el acto, la suerte que corre en un juicio de nulidad será la de desaparecer del
orden jurídico por ilegal.

Finalmente, la indebida motivación surge del análisis de la congruencia que
debe existir entre la parte motiva y la resolutiva, pues esta última debe ser la
consecuencia lógica de lo indicado en aquélla» (Subrayas del texto original).

87. Teniendo presente lo anterior, la Sala procederá a estudiar cada uno de los
cargos esgrimidos en el recurso de alzada.

8.3.1. De la falsa motivación por desconocimiento de la continuidad de la
actuación administrativa y del derecho de prelación de la peticionaria.

88. Deberá establecerse si son nulos por falsa motivación los actos administrativos
mediante los cuales la ANI negó una concesión portuaria, si en criterio del
accionante desconoció que la solicitud presentada en 2012 constituía la
continuación de una única actuación administrativa iniciada en 1990, cuya dilación
obedeció exclusivamente a causas ajenas a la peticionaria, lo que le otorgaba un
derecho de prelación frente a la solicitud de concesión marítima de la señora Irma
María Escamilla Rosales18.

18 Nótese que las peticiones de concesión eran disímiles: una es la portuaria y otra es la marítima.

Sobre la primera la Ley 1 de 1991 en el artículo 5 numeral 5.2. indica que se trata de lo siguiente:
«Artículo 5º. Definiciones. Para la correcta interpretación y aplicación de esta Ley se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones: (…) 5.2. Concesión portuaria. La concesión portuaria es un
contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General
de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las
playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y

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89. El cargo formulado corresponde a la modalidad de falsa motivación de hecho,
por cuanto el recurrente sostiene que los actos acusados se fundamentaron en una
premisa fáctica que no corresponde a la realidad, esto es que la solicitud presentada
en 2012 constituía una nueva actuación administrativa.

90. Bajo esa premisa, la Sala abordará el procedimiento administrativo aplicable a
la solicitud de concesión portuaria presentada por Inversiones La Soledad S.A.S. en
el año 1990, con el propósito de establecer si la actuación iniciada en esa época y
la promovida en el año 2012 ante la ANI constituyen una sola o dos actuaciones
administrativas.

91. La Ley 1 de 1991, por la cual se expidió el Estatuto de Puertos Marítimos, norma
que regula en su Capítulo Segundo el trámite de las concesiones portuarias,
establece en sus artículos 9, 10, 11 y 12 un procedimiento que comprende la
petición de concesión, la intervención de terceros y de las autoridades, la negativa
de la concesión y su aprobación, respectivamente.

92. Se considera de utilidad, traer a colación los artículos relevantes para resolver
sobre el cargo:

«Artículo 8. Plazo y reversión. El plazo de las concesiones será de veinte
años por regla general. Las concesiones serán prorrogables por períodos hasta
de 20 años más y sucesivamente. Pero excepcionalmente podrá ser mayor, a
juicio del Gobierno, si fuere necesario para que en condiciones razonables de
operación, las sociedades portuarias recuperen el valor de las inversiones
hechas, o para estimularlas a prestar servicio al público en sus puertos.

Todas las construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren
habitualmente instalados en las zonas de uso público objeto de una concesión
serán cedidos gratuitamente a la Nación, en buen estado de operación, al
terminar aquélla.»

operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la Nación, y de los
municipios o distritos donde operen los puertos.». Entre tanto, la concesión marítima supone la
autorización que el Estado otorga para usar partes de la costa o del mar y está sujeta a los requisitos
previstos en el orden jurídico. El artículo 168 del Decreto Ley 2324 de 1984 prevé: «Artículo
168. Reglamentación. Se reglamentará el uso y goce de todas las playas marítimas y de los
terrenos de bajamar.»
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«Artículo 9. Petición de concesión. Las personas que deseen que se otorgue
una concesión portuaria, harán la petición respectiva a la Superintendencia
General de Puertos.

La solicitud debe llenar los siguientes requisitos:

9.1. Acreditar la existencia y representación legal del peticionario, si se trata de
una persona jurídica. El peticionario no tiene que ser una sociedad portuaria,
pero en caso de no serlo, manifestará su intención de concurrir a formar la
sociedad, y acompañará documentos en donde conste la intención de los otros
socios eventuales, con indicación de los aportes respectivos.

9.2. Precisar la ubicación, linderos y extensión del terreno que se pretende
ocupar con las construcciones y las zonas adyacentes de servicio.

9.3. Describir en forma general el proyecto, señalando sus especificaciones
técnicas, principales modalidades de operación, y los volúmenes y clase de
carga a que se destinará.

9.4. Informar si se prestarán o no servicios al público en general.

9.5. Presentar estudios preliminares sobre el impacto ambiental del puerto que
se desea construir y comprometerse a realizar estudios detallados si se le
aprueba la concesión, y a adoptar las medidas de preservación que se le
impongan.

9.6. Garantizar, en los términos que establezca el reglamento, que en caso de
obtener la concesión, se constituirá una sociedad portuaria y que todas las
obras necesarias para el cabal funcionamiento del puerto se iniciará y
terminarán en un plazo preciso. El plazo se establecerá teniendo en cuenta,
entre otros factores, la posibilidad jurídica y práctica de disponer de los terrenos
necesarios para hacer efectiva la concesión. y terminarán en un plazo preciso.
El plazo se establecerá teniendo en cuenta, entre otros factores, la posibilidad
jurídica y práctica de disponer de los terrenos necesarios para hacer efectiva la
concesión.

9.7. Indicar el plazo para el que se desea la concesión.

9.8. Acreditar que los datos a que se refieren los numerales 9.2, 9.3 y 9.4, así
como el sentido general de la solicitud han sido publicados en dos días distintos,
con intervalos de diez días entre cada publicación, en dos periódicos de
circulación nacional, para que los terceros que tengan interés en la concesión,
o que puedan ser afectados por ella, expresen sus opiniones y hagan valer sus
derechos.»

«Artículo 10. Intervención de terceros y de las autoridades. Dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de la última publicación, cualquier persona
natural que acredite un interés puede oponerse a la solicitud, o presentar una
petición alternativa, cumpliendo los mismos requisitos previstos para la solicitud
original.

Transcurridos los dos meses en los cuales se pueden formular oposiciones o
presentar propuestas alternativas, se abrirán públicamente los sobres que
contengan los datos confidenciales, y se citará siempre, para que expresen su
opinión sobre la conveniencia y legalidad de las solicitudes, al Alcalde del
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Municipio o Distrito donde se pretenda desarrollar el proyecto, el Gerente
General del Instituto de Desarrollo de los Recursos Renovables, a las entidades
que tengan la función especial de velar por el medio ambiente en la respectiva
región; al Gerente General de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia;
al Director General de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional, y al Director General de Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

Las autoridades mencionadas en el inciso anterior tendrán un plazo de veinte
días, contados a partir de la fecha en que la Superintendencia General de
Puertos, les envíe la citación, para emitir sus conceptos; si al cabo de ese plazo
la Superintendencia General de Puertos no los hubiere recibido, continuará el
procedimiento sin los que falten, y se promoverá investigación disciplinaria
contra quien no haya emitido su concepto. La Superintendencia General de
Puertos no está obligada a acoger los conceptos o recomendaciones que
emitan las autoridades a las que se refiere este inciso.»

«Artículo 11. Negativa de la concesión. En el evento de que petición original
y las alternativas resulten contrarias a la ley, al plan de expansión portuaria, o
que tengan un impacto ambiental adverso o puedan causar un daño ecológico,
u ofrezcan inconvenientes que no puedan ser remediados, así lo manifestará la
Superintendencia General de Puertos, en acto motivado en forma precisa que
se notificará a quienes hubieren intervenido en la actuación.»

«Artículo 12. Aprobación de la concesión. Dentro de los cinco meses
siguientes a la fecha de la solicitud inicial el Superintendente General de
Puertos expedirá una resolución en la que indicará los términos en los que se
otorgará la concesión. Tales términos incluirán los plazos, las
contraprestaciones, las garantías, y las demás condiciones de conservación
sanitaria y ambiental y de operación a que debe someterse la sociedad portuaria
a la que haya que otorgarse la concesión. La resolución que aprueba la
concesión se comunicará al peticionario, a las autoridades a que se refiere el
artículo anterior, y a todos los intervinientes.

Dentro de los diez días siguientes a la expedición de la resolución, cualquiera
de las autoridades a las que se refiere el artículo 11 podrá oponerse a ella, por
motivos legales o de conveniencia, en escrito razonado dirigido al
Superintendente General de Puertos. Este consultará a las otras autoridades, y
dentro de los treinta días siguientes a la presentación del escrito de oposición
hará una evaluación de ella, y la presentará al Consejo Nacional de Política
Económica y Social para que decida. La decisión del Consejo se expresará por
medio de resolución sobre si debe continuarse o no el trámite y, en caso
afirmativo, sobre cuáles serán los términos de la concesión que se ofrezca.

Si la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social hubiere sido
la de continuar el trámite, el Superintendente General de Puertos ofrecerá,
entonces, al proponente que presente la propuesta, que mejor se ajuste a la
conveniencia del proyecto, la posibilidad de acogerse a los términos de la
concesión. Si éste no manifiesta su aceptación dentro de los diez días
siguientes a la comunicación de los términos, se presumirá su rechazo y los
ofrecerá a los demás, sucesivamente, teniendo en cuenta la conveniencia de
las propuestas, por el mismo número de días, contados a partir del siguiente a
aquél en que se conozca o se presuma el rechazo del solicitante anterior, hasta
que uno los acepte, o hasta que todos lo hayan rechazado. En este último
evento, finalizará el procedimiento administrativo que podrá iniciarse de nuevo
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en cualquier tiempo, cumpliendo los requisitos previstos en los artículos 9º y
10º.»

93. Conforme al artículo 10 de la citada Ley dentro de los 2 meses siguientes a la
fecha de la última publicación cualquier persona natural que acreditara un interés
podía oponerse a la solicitud o presentar una petición alternativa y vencido ese
término se citaría a las autoridades allí indicadas para que expresaran su opinión
sobre la conveniencia y legalidad de las solicitudes, quienes contaban con un plazo
de 20 días para emitir sus conceptos. Se tiene además que la Superintendencia
General de Puertos no estaba obligada a acoger los conceptos o recomendaciones
que emitieran dichas autoridades.

94. A su vez, el artículo 11 ibidem estableció que en el evento de que la petición
original y las alternativas resultaran contrarias a la Ley, al plan de expansión
portuaria o que tuvieran un impacto ambiental adverso o pudieran causar un daño
ecológico u ofrecieran inconvenientes que no pudieran ser remediados, así lo
manifestaría la Superintendencia General de Puertos en acto motivado en forma
precisa que se notificaría a quienes hubieren intervenido en la actuación.

95. Pues bien, en el presente caso está acreditado que la Superintendencia
General de Puertos, mediante Resolución 0026 del 19 de mayo de 1992 no aprobó
la solicitud de concesión portuaria presentada por Inversiones La Soledad S.A.S.,
con fundamento en que existían conflictos relacionados con la titularidad del bien
solicitado y que según el ordenamiento jurídico era el poder judicial el competente
para resolver sobre ello, decisión que fue confirmada en todas sus partes mediante
Resolución 056 del 13 de agosto de 1992 al resolverse el recurso de reposición
interpuesto por la peticionaria.

96. Contrario a lo sostenido por la parte demandante, para la Sala no existe
diferencia jurídica entre no aprobar y negar una solicitud de concesión portuaria. En
efecto, el artículo 11 de la Ley 1 de 1991 no contempla una categoría intermedia
entre aprobar y no aprobar, de manera que los efectos jurídicos son idénticos: la
solicitud no prosperó.

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97. Adicionalmente, las Resoluciones 0026 y 056 de 1992 no dispusieron la
suspensión del procedimiento hasta tanto se definiera la situación jurídica del
terreno. Lo que hizo la Superintendencia General de Puertos fue simplemente no
aprobar la concesión solicitada y trasladar el asunto a la Procuraduría General de
la Nación para que gestionara la actuación de los funcionarios competentes en la
aclaración de la situación jurídica del inmueble, lo cual no constituye una condición
suspensiva del trámite de concesión.

98. Al respecto, se considera pertinente traer los apartes pertinentes de los actos
administrativos proferidos en 1992.

99. La Resolución 0026 del 19 de mayo de 1992, dijo:

19

100. El acto administrativo del 13 de agosto de 1992, señaló en su parte
considerativa:

19 Folio 61 anverso – cuaderno de anexos del Tribunal.

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[…]20

101. Para finalmente decidir:

21

102. Es necesario también citar el Código Contencioso Administrativo (en
adelante CCA), vigente para la época de su expedición, con el fin de determinar si
los actos en cita tienen carácter de definitivos:

«Artículo 50. Recursos en la Vía Gubernativa.

[…]

Son actos definitivos, que ponen fin a una actuación administrativa, los que
deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite
pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla»

20 Folios 63 a 64 anverso ibidem.
21 Ibidem.

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«Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos
quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a
ellos.

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos»
(Subrayas de la Sala).

103. De todo lo señalado, es claro que la Resolución 0026 del 19 de mayo de
1992 constituye un acto administrativo definitivo en los términos del artículo 50 del
CCA por cuanto decidió directamente el fondo del asunto sometido a consideración
de la Superintendencia General de Puertos negando la concesión con fundamento
expreso en la causal prevista en el artículo 11 de la Ley 1 de 1991. Dicho acto
adquirió firmeza una vez resuelto el recurso de reposición mediante la Resolución
056 de 1992, conforme al numeral 2 del artículo 62 del CCA.

104. Refuerza la conclusión anterior lo señalado por la propia Superintendencia
General de Puertos al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 0026 de 1992, en el que indicó que entre las causales para negar una
solicitud de concesión portuaria se encuentra la de que ofrezca inconvenientes que
no puedan ser remediados y que amparada justamente en esa causal profirió dicha
decisión. Lo anterior confirma que la decisión adoptada en 1992 no fue una mera
suspensión del trámite sino una negativa que puso fin a la actuación.

105. En consecuencia, la solicitud presentada por Inversiones La Soledad
S.A.S. el 9 de agosto de 2012 ante la ANI constituyó una nueva actuación
administrativa, por lo que no le asistía a la peticionaria derecho de prelación alguno
frente a la solicitud de concesión marítima presentada por la señora Irma María
Escamilla Rosales ante la DIMAR el 7 de mayo de 2012.

106. En consecuencia, no se configura el cargo de falsa motivación por ese
concepto.

8.3.2. Falsa motivación por acogimiento del concepto de la DIMAR
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107. A continuación, corresponde establecer si son nulos por falsa motivación
los actos administrativos mediante los cuales la ANI negó la concesión portuaria, si
según el demandante dicha negativa se fundamentó en conceptos contradictorios y
parcializados de la DIMAR.

108. El cargo formulado corresponde a la modalidad de falsa motivación de
hecho, por cuanto el recurrente no cuestiona la norma aplicable ni su interpretación,
sino que sostiene que el segundo concepto de la DIMAR no refleja la realidad de lo
ocurrido, al ser contradictorio frente al primero y parcializado en favor de la señora
Escamilla Rosales, de manera que los hechos que lo sustentan no corresponden a
lo que realmente aconteció.

109. Entonces para resolver el cuestionamiento es necesario estudiar lo
probado en el expediente. Está acreditado que la DIMAR emitió inicialmente un
concepto favorable de conveniencia y legalidad mediante radicado 29201301401
del 12 de marzo de 2013 para la solicitud presentada por la sociedad Inversiones
La Soledad S.A.S. Sin embargo, posteriormente mediante oficio 29201302451 del
3 de mayo de 2013 modificó su posición inicial para recomendar a la ANI no
continuar con el trámite de concesión portuaria hasta tanto la Autoridad Marítima no
resolviera de fondo la solicitud de concesión marítima presentada por la señora Irma
María Escamilla Rosales ante la DIMAR el 7 de mayo de 2012, señalando que fue
presentada con antelación a la de concesión portuaria de Inversiones La Soledad
S.A.S.22

110. La Sala encuentra que el artículo 10 de la Ley 1 de 1991 no prohíbe que
las autoridades complementen o modifiquen sus conceptos antes de que se adopte
la decisión de fondo y el segundo concepto de la DIMAR obedeció a un hecho
concreto y verificable que no era de conocimiento de la ANI: la existencia de una
solicitud de concesión marítima sobre el mismo bien de uso público presentada con
anterioridad por la señora Irma María Escamilla Rosales. En ese sentido, el cambio

22 Folio 2 a 4 del Cuaderno 4 del Tribunal.

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de posición de la DIMAR no fue arbitrario, sino que respondió a una circunstancia
que era relevante para la decisión de fondo.

111. Ahora, frente al argumento de la parcialidad del concepto de la DIMAR
derivada de los antecedentes de ocupación ilegal de la señora Escamilla Rosales,
la Sala advierte que la ANI no estaba en condiciones de desconocer o cuestionar el
concepto de la DIMAR con fundamento en consideraciones ajenas al trámite de
concesión portuaria, máxime cuando la Corte Constitucional en la Sentencia C-071
de 1994 fue enfática en señalar que ignorar un concepto técnico desfavorable bajo
el pretexto de una discrecionalidad erróneamente entendida, constituiría
arbitrariedad.

112. Al respecto dicha Corporación señaló, al estudiar la exequibilidad del
artículo 10 de la Ley 1 de 1991, lo siguiente:

«[…] Y en el segundo caso, vale decir, si el Superintendente se separa del
informe técnico y produce una decisión en sentido contrario, es preciso advertir
que, de un lado el informe no es obligatorio sino que es sólo un insumo para la
correcta decisión del servidor público, el cual discrecional pero no
arbitrariamente puede mediante argumentos razonables separarse del mismo;
y de otro lado, en todo caso operan los diferentes controles administrativos y
jurisdiccionales previstos por el ordenamiento jurídico, para el caso de incurrirse
en falta, a saber: contra el acto procede la vía gubernativa y la acción
contenciosa; y contra el funcionario opera la responsabilidad disciplinaria, penal
y patrimonial.
[…]
Los servidores públicos cuentan en numerosos casos con un margen de
apreciación importante que les confiere movilidad en el juicio para adoptar una
decisión determinada. La Corte observa que se trata de una libertad con
límites. Ciertamente, la holgura en la apreciación no comporta arbitrariedad ni
subjetividad. Incluso en los aspectos estrictamente objetivos el funcionario ni
siquiera se puede separar de la realidad. Sólo en los apartes que permitan un
juicio de valor o de ponderación o de prioridad, y sólo allí, el agente puede optar
por una vía determinada. Pero aún en esta decisión el servidor público se
encuentra vinculado por el juicio de razonabilidad. Según dicho juicio, el agente
responsable de adoptar la decisión puede separase de los informes técnicos
pero rebatiéndolos expresamente con argumentos técnicos razonables, que
denoten inteligencia y prudencia.

Por ejemplo sería muy peligroso que una entidad especializada en la protección
del derecho al ambiente sano emita un concepto técnico desfavorable a la
concesión de un puerto y que dicho concepto no sea tenido en cuenta sin ningún
argumento por parte del Superintendente, so pretexto de una mal interpretada
"discrecionalidad" -que en dicho evento sería "arbitrariedad"-.
[…]
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Así las cosas, el margen de holgura en la apreciación del Superintendente
implica que éste actúe en forma no libre sino condicionada a los hechos y fines
del asunto, como lo señala el artículo 36 del código contencioso
administrativo.[…]» (Subrayas del texto original).

113. Aunado a lo expuesto, el argumento del recurrente sobre la parcialidad del
concepto de la DIMAR se fundamenta en que dicha entidad modificó su posición
para privilegiar a la señora Escamilla Rosales, quien había sido sancionada y
desalojada por ocupar ilegalmente el bien de uso público objeto de la solicitud. No
obstante, la Sala advierte que la sanción impuesta no le impedía a la peticionaria
presentar una solicitud marítima ante la DIMAR, pues precisamente estaría
buscando regularizar la situación de ocupación indebida.

114. Al caer esa premisa, el argumento de parcialidad pierde su sustento, pues
lo que hizo la DIMAR no fue privilegiar la solicitud de la señora Escamilla Rosales
sobre la de Inversiones La Soledad S.A.S., sino simplemente informar a la ANI que
ante ella cursaba una solicitud anterior de concesión marítima sobre el mismo bien
de uso público y recomendar no continuar con este último hasta que se resolviera,
lo que constituye una actuación coordinada entre autoridades con competencias
distintas sobre el mismo bien y no una toma de partido en favor de ninguna de las
peticionarias.

115. En ese orden de ideas, no puede predicarse que el segundo concepto de
la DIMAR carezca de sustento fáctico o jurídico, ni que la ANI haya incurrido en falsa
motivación al acogerlo, razón por la cual el cargo no prospera.

8.4. Desconocimiento de las actuaciones previas de la Autoridad Portuaria

116. Deberá establecerse si son nulos los actos administrativos mediante los
cuales la ANI negó la concesión portuaria, si según el recurrente la DIMAR, la
Superintendencia General de Puertos y la ANI fungieron como una sola Autoridad
Portuaria en diferentes momentos, de manera que la ANI no podía desconocer los
antecedentes de una actuación que ella misma había dejado abierta bajo otra
denominación.

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117. Al respecto, lo que advierte esta Sala es que el hecho de que haya
acontecido un cambio en las funciones de las autoridades que debían tramitar la
petición de concesión portuaria de la accionante no hace que la actuación surtida
frente a la Superintendencia General de Puertos y la ANI configuren una misma
actuación administrativa.

118. Como quedó visto en el numeral 8.3.1. de esta providencia no es relevante
la mencionada modificación sino la definición de la actuación administrativa y la
firmeza del correspondiente procedimiento administrativo tras la resolución de los
recursos que hubieren sido interpuestos en sede administrativa, de suerte que el
cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

8.5. Condena en costas

119. En observancia de los artículos 188 del CPACA 23 y 365 del CGP 24 , en
especial su numeral 8, advierte la Sala que esa clase de condenas atiende a un
criterio objetivo valorativo. Dicho criterio: i) es objetivo porque no resulta de un obrar

23 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.”
24 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.
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temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es
resultado de su derrota en el proceso o recurso que hay interpuesto, y ii) es
valorativo porque se requiere en el expediente que el juez revise si las mismas se
causaron y en la medida de su comprobación, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad efectivamente realizada dentro del proceso.

120. En consecuencia, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandada, pues no existe prueba de que las mismas
se ocasionaran.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

34

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

35

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