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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01026-02

De propiedad privada: declaratoria de Reserva Forestal Regional Productora del Norte de

Fecha
4 de junio de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01026-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR a la señora Sandra Martínez Uribe a pagar las costas de 45 Artículo adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, modificación que no es aplicable a los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se ventila un interés público, en los cuales proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, C.P: Fredy Ibarra Martínez; Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre de 2022, expediente 67.965). 46 “Artículo 365. Condena en costas. (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, (…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…). 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.”. 47 La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21 de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319). 48 En atención a lo señalado en los numeral 3.1.2. y 3.1.3. de artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 26 de junio de 2003, a cuyo tenor: “3.1.2. Primera instancia. (…) Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…) 3.1.3. Segunda instancia.(…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. 24 Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02 No. Interno: 69.205 Actor: Sandra Martínez Uribe […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-01026-02

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

4 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-36-000-2015-01026-02 (69.205)

Actor: SANDRA MARTÍNEZ URIBE

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA Y
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LIMITACIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO
DE PROPIEDAD PRIVADA - Declaratoria de Reserva Forestal Regional Productora del Norte de
Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen” / LÍMITES AMBIENTALES A LOS USOS DEL SUELO - el
uso del suelo no es un derecho adquirido / DAÑO ESPECIAL - No se probó la depreciación del predio
de la demandante con ocasión de la declaratoria de reserva forestal o alguna otra afectación a los
derechos de la demandante que dieran cuenta del rompimiento del principio de igualdad de las
cargas públicas - la disminución en el valor de un bien como consecuencia de una medida legítima
del Estado para proteger el medio ambiente no constituye un supuesto que por sí solo permita
evidenciar la existencia de un daño antijurídico

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes y por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra la sentencia del 24 de agosto de
2021, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

A juicio de la demandante, las directrices que se impartieron para la declaratoria de
la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der
Hammen”1 y las regulaciones adoptadas para su plan de manejo ambiental y usos
del suelo2 expedidas por las demandadas, ocasionaron una limitación al derecho de
dominio y el detrimento económico de un predio de su propiedad.

1 Resoluciones 0475 de 17 de mayo y 0621 de 28 de junio de 2000, expedidas por el Ministerio del

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante las cuales “se adopta unas decisiones sobre las
áreas denominadas borde norte y borde noroccidental del proyecto de Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito Capital de Santa fe de Bogotá” y “se resuelven unos recursos de reposición -
interpuestos contra la Resolución 0745 de 2000-”, respectivamente.
2Acuerdos 11 de 9 de agosto de 2011 y 021 de 23 de septiembre de 2014, proferidos por la
Corporación autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, a través de los cuales “Se declara la
Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. ‘Thomas Van Der Hammen’ se
adoptan unas determinaciones ambientales para su manejo y se dictan otras disposiciones y “se

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

1. Demanda

1. El 30 de abril de 20153, la señora Sandra Martínez Uribe, mediante
apoderado judicial4, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda contra la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-5, con el fin de que se les
declare administrativamente y patrimonialmente responsables por los perjuicios a
ella irrogados con ocasión de la expedición de las Resoluciones 0475 y 0621 de
2000, expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante las cuales se impartieron directrices para la declaratoria de la reserva
forestal, así como de los Acuerdos 11 de 2011 y 21 de 2014, emitidos por la CAR,
por medio de los cuales se declaró la Reserva Forestal Regional Productora del
Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” y se adoptó el plan de manejo
ambiental de la mencionada reserva, respectivamente.

2. Como indemnización, solicitó por concepto de perjuicios materiales la suma
de $1.989’000.000, consistente en el “detrimento al valor del predio”.

3. Como fundamento de las pretensiones, se narraron en síntesis los siguientes
hechos:

4. La señora Sandra Martínez Uribe es propietaria del inmueble “Madrigal Bora
Barajas Norte” identificado con la matrícula inmobiliaria 50N-536473, ubicado en la
zona “La Pieza Rural Norte” de Bogotá D.C., predio en el que, según los usos
permitidos por el Acuerdo Distrital 6 de 1990, desarrollaba actividades
agropecuarias.

5. La CAR mediante el Acuerdo 11 de 2011, en virtud de las directrices que
impartió el Ministerio de Ambiente, declaró la Reserva Forestal Regional Productora
del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”.

adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá
D.C. ‘Thomas Van Der Hammen’”, respectivamente.
3 Folio 47 del cuaderno principal.
4 Folio 1 del cuaderno principal.
5 Se precisa que la accionante también demandó al Distrito Capital de Bogotá -con la reforma de la

demanda que obra en folios 78 a 126 del cuaderno principal-; no obstante, dado que esta no agotó
el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial frente a esa entidad, esta Subsección,
mediante auto del 17 de mayo de 2019, la desvinculó del presente asunto -folios 429 a 435 del
cuaderno del Consejo de Estado-.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

6. El 31 de enero de 2013, el Acuerdo 11 de 2011 se inscribió en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio “Madrigal Bora Barajas Norte”.

7. El 23 de septiembre de 2014, a través del Acuerdo 21 de esa fecha, la CAR
adoptó el plan de manejo ambiental de esa reserva e incluyó el predio de la
demandante en la zona de restauración, en virtud de lo cual se le prohibió, entre
otros, el uso agropecuario.

8. A juicio de la accionante, si bien la declaratoria de la Reserva Forestal y la
adopción del Plan de Manejo Ambiental se efectuaron por motivos ambientales y a
través de actos administrativos legales, no es menos cierto que limitaron su derecho
de dominio, restringieron la explotación económica del predio y causaron una
disminución en su valor comercial, con lo cual se le impuso una carga que no se
encontraba en el deber jurídico de soportar.

9. Señaló que el daño le resulta imputable i) a la Nación – Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque a través de las Resoluciones 0475 y 0621
de 2000 impartió directrices para la declaratoria de la reserva forestal y ii) a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, dado que declaró la reserva
forestal y estableció los usos de suelo6.

2. Contestación de la demanda

10. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se opuso a las
pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que a la demandante no se le causó
un daño con ocasión de la declaratoria de la reserva forestal y la reglamentación de
los usos de suelo.

11. De igual forma, indicó que tampoco era procedente el estudio de las
pretensiones derivadas de los supuestos daños causados con la expedición del
Acuerdo 21 de 2014, en tanto que estas no fueron incluidas en el trámite de la
conciliación extrajudicial, lo cual era necesario para agotar el requisito de
procedibilidad de la acción.

6 Folios 1 a 47 y 78 a 126 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

12. Asimismo, propuso las excepciones de: i) caducidad, dado que ni la solicitud
de conciliación extrajudicial ni la demanda se presentaron dentro de los 2 años
siguientes a la publicación del Acuerdo 11 de 2011, ni de la fecha de inscripción de
ese acto administrativo en el folio de matrícula inmobiliaria del predio; ii) ineptitud
de la demanda, toda vez que en la solicitud de conciliación extrajudicial no se
incluyeron todos los hechos y pretensiones; iii) prejudicialidad, porque lo debatido
depende del resultado de dos medios de control de nulidad en los que se discute la
legalidad de los actos administrativos que se consideran como causantes del daño;
iv) indebida escogencia de la acción, en cuanto la fuente del daño son actos
administrativos; v) hecho de un tercero, en virtud a que la declaratoria de la reserva
forestal obedeció a lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible a través de las Resoluciones 0475 y 0621 de 2000 y a lo señalado en
una providencia judicial que ordenó el cumplimiento de esos actos administrativos;
y vi) reiteró la inexistencia del daño7.

13. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- se opuso a las
pretensiones de la demanda, para lo cual alegó su falta de legitimación en la causa
por pasiva, dado que no profirió los actos que se aducen como causantes del daño,
aunado a que, a su juicio, no existe nexo causal entre los hechos expuestos en la
demanda y las funciones que le corresponden.

14. Indicó que, si bien expidió las Resoluciones 475 y 621 de 2000 relacionadas
con la constitución de una zona de conexión, restauración y protección ambiental
para dar continuidad a los ecosistemas existentes, no es menos cierto que la CAR,
en el ámbito de sus competencias, fue la entidad que expidió los actos por medio
de los cuales declaró la reserva forestal y adoptó el plan de manejo ambiental8.

3. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante sentencia del 24 de agosto de 2021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

7 Folios 235 a 273 del cuaderno principal y 1 a 52 del cuaderno 4.
8 Folio 65 a 72 del cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

16. Señaló que se probó que a la demandante se le impuso una carga que no
estaba en el deber jurídico de soportar, dado que se desvalorizó el predio de su
propiedad, como consecuencia de la declaratoria de la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”, toda vez que, tal como
se evidenció en las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria, se limitó su
derecho de dominio y se restringió la explotación económica del bien.

17. Precisó que lo anterior resultaba imputable a la Nación - Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, dado que la declaratoria de la reserva forestal que efectuó la
autoridad ambiental obedeció a las directrices que impartió el referido ministerio
mediante las Resoluciones 0475 y 0621 de 2000.

18. Adicionalmente, señaló que, si bien se debía reconocer una indemnización
por daño emergente, lo cierto es que no era posible establecer el valor de la
depreciación del inmueble, dado que el dictamen pericial que se aportó para tal fin
no servía, por cuanto a la audiencia de contradicción no asistieron todos los peritos
que lo suscribieron, razón por la cual profirió condena en abstracto.

19. Finalmente, condenó a las demandadas al pago de costas en favor de la
parte demandante, para lo cual fijó por concepto de agencias en derecho el 1% del
valor de las pretensiones concedidas9.

4. Recursos de apelación

20. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia únicamente para que
se valore el dictamen pericial que aportó con la demanda y se liquide la condena en
concreto, para lo cual indicó que, pese a que se suscribió por dos profesionales, el
perito que elaboró la experticia compareció y la sustentó en la oportunidad indicada
por el a quo, por lo que no resultaba procedente aplicar la consecuencia para la
inasistencia prevista en el artículo 228 del CGP10.

21. La CAR pidió revocar la sentencia, para lo cual señaló que i) la demanda se
presentó por fuera de la oportunidad legal, dado que la solicitud de conciliación

9 Índice electrónico No. 101 de las actuaciones de primera instancia de SAMAI.
10 Índice electrónico No. 107 de las actuaciones de primera instancia de SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

extrajudicial no tuvo la virtualidad de suspender el término de caducidad, en cuanto
se radicó sin el cumplimiento de los requisitos legales y ii) no se configuraron lo
elementos del daño especial, dado que a la demandante no se le impuso una carga
anormal y desequilibrada, máxime cuando las anotaciones en el folio de matrícula
inmobiliaria en las que el a quo edificó el daño fueron canceladas11.

22. La Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pidió revocar la
sentencia. Indicó que a la demandante no se le causó un daño especial, dado que
no se le “suprimió” su derecho de propiedad, sino que se limitaron las actividades
que se pueden desarrollar en su inmueble, sin que se probara cuál o cuáles
adelantaba y que no pudo continuar ejerciendo o que disminuyera el valor del
predio12.

23. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitó revocar la
sentencia, dado que, a su juicio, no se configuran los elementos del daño especial,
en tanto que a la demandante no se le impuso una afectación que implicara una
ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, dado que se le permite
la explotación económica del predio de acuerdo con las actividades inherentes al
uso principal de protección y restauración, sin que probara que esa limitación
causara una disminución en el avalúo del inmueble, omisión que no se podía suplir
al proferir condena en abstracto13.

24. El Ministerio Público pidió revocar la sentencia de primera instancia, para lo
cual señaló que no se probó un daño antijurídico, dado que la imposición de una
medida de restricción a la propiedad por razones ambientales no es una carga
desproporcionada que la actora no deba soportar, aunado a que no se demostraron
las afectaciones que se alegaron en la demanda14.

25. Mediante autos de 15 de marzo15 y 26 de junio de 202316, el despacho, previa
petición de las partes, decretó como pruebas en segunda instancia las copias del
certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria No. 50N-536473, expedidos el

11 Índice electrónico No. 106 de las actuaciones de primera instancia de SAMAI.
12 Índice electrónico No. 108 de las actuaciones de primera instancia de SAMAI.
13 Índice electrónico No. 111 de las actuaciones de primera instancia de SAMAI.
14 Índice electrónico No. 11 de las actuaciones de segunda instancia de SAMAI.
15 Índice electrónico No. 15 de las actuaciones de segunda instancia de SAMAI.
16 Índice electrónico No. 27 de las actuaciones de segunda instancia de SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

28 de junio y 7 de julio de 2022; así como los oficios que fueron inscritos en las
anotaciones 5 y 6 del mencionado documento.

26. De las mencionadas pruebas se corrió traslado a las partes, quienes se
pronunciaron y solicitaron que fueran valoradas en apoyo de sus pretensiones17.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

27. La Sala resolverá los recursos de apelación interpuestos por las partes y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra la sentencia de primera
instancia, dado que no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado, y se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales
relativos a la competencia y legitimación en la causa.

28. Una vez precisado lo anterior, la Subsección, en virtud de los argumentos
expuestos en los recursos de apelación, se pronunciará respecto de: i) si la
demanda se presentó dentro de la oportunidad legal; ii) si a la demandante se le
causó un daño especial, para lo cual se deberá establecer si se limitó el derecho al
dominio de la demandante; si se impidió que se explotara económicamente el
predio; si el inmueble resultó afectado en su valor comercial y si ello conllevó al
rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas; y iii) establecerá el
valor probatorio que se le debe dar al dictamen pericial aportado por la demandante.

1. Decisión de los cargos de apelación

1.1. Oportunidad para presentar la demanda

1.1.1. Suspensión del término de caducidad por el trámite de la conciliación
extrajudicial en derecho

29. La CAR señaló que la demanda se presentó por fuera de la oportunidad legal,
dado que, a su juicio, la solicitud de conciliación extrajudicial que promovió la
demandante no tuvo la virtualidad de suspender el término de caducidad, porque se
presentó ante el Ministerio Público sin que de manera previa se radicara en las

17 Índices electrónicos del No. 42 al No. 46 de las actuaciones de segunda instancia de SAMAI.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
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Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

dependencias de la corporación, en los términos previstos en el artículo 6° del
Decreto 1716 de 2009.

30. Para la época de presentación de la demanda se encontraba vigente el
artículo 21 de la Ley 640 de 200118, según el cual la suspensión del término de
caducidad con ocasión del agotamiento del requisito de procedibilidad de la
conciliación extrajudicial en derecho opera desde la presentación de la solicitud
ante el conciliador.

31. En el mismo sentido, el artículo 3° del Decreto 1716 del 14 de mayo de 200919
señalaba que la suspensión del término de caducidad en asuntos de conocimiento
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo operaba desde la presentación de
la solicitud ante los agentes del Ministerio Público20.

32. A su vez, el artículo 6° ejusdem señalaba, entre otros, los requisitos que
debía contener la petición de conciliación extrajudicial, dentro de los cuales, en su
literal k, contemplaba que se debía acompañar de “la copia de la petición de
conciliación previamente enviada al convocado, en la que conste que ha sido
efectivamente recibida por el representante legal o por quien haga sus veces, en el
evento de que sea persona jurídica (…)”.

18 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. <Ley derogada a partir del 30 de

diciembre de 2022 por el artículo 146 de la Ley 2220 de 2022> La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable”.
19 Por el cual se reglamentó el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de

1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
20 “Artículo 3o. Suspensión del término de caducidad de la acción. <Artículo compilado en el

artículo 2.2.4.3.1.1.3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo
dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1069 de 2015> La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción
o de caducidad, según el caso, hasta:
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o de la Ley 640 de 2001, o
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que
ocurra primero.
En caso de que el acuerdo conciliatorio sea improbado por el juez o magistrado, el término de
caducidad suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación se reanudará a partir del
día hábil siguiente al de la ejecutoria de la providencia correspondiente.
La improbación del acuerdo conciliatorio no hace tránsito a cosa juzgada.
Parágrafo único. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3) meses
consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no operará la suspensión
del término de caducidad o prescripción”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
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Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

33. Una vez revisado el expediente, se encuentra que, el 2 de febrero de 2015,
la Procuraduría General de la Nación allegó a la CAR, copia de una solicitud de
conciliación extrajudicial que la demandante radicó ante el Ministerio Público el 30
de enero anterior, con el propósito de precaver el medio de control de reparación
directa de la referencia.

34. A juicio de la CAR, como no se acreditó que la referida petición se le radicara
de manera previa a la presentación de la solicitud de conciliación ante el Ministerio
Público, no se suspendió la caducidad desde el 30 de enero de 2015.

35. La Sala advierte que, de conformidad con las normas que regulaban la
materia en relación con el cumplimiento del requisito de procedibilidad en el sub lite,
junto con la solicitud de conciliación extrajudicial se debía allegar la copia de la
petición previamente enviada a los convocados y que, según los documentos
aportados con la contestación de la demanda, en el presente asunto no se acreditó
que la accionante cumpliera con esa carga.

36. No obstante, tal como lo señaló el delegado del Ministerio Público en su
intervención en esta instancia, la Subsección considera que la omisión de la ahora
demandante en la petición que dio lugar al trámite de conciliación extrajudicial no
enerva el hecho de que la suspensión de la caducidad operó desde la presentación
de la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación.

37. Al respecto, se precisa que, si bien el artículo 3° del Decreto 1716 del 14 de
mayo de 2009 relacionó los requisitos de la solicitud de conciliación extrajudicial, no
es menos cierto que en su parágrafo 1° indicó que “en ningún caso se podrá
rechazar de plano la solicitud por ausencia de cualquiera de los requisitos
anteriores”.

38. Así las cosas, es claro que, en el evento en que la solicitud no cumpliera con
alguno de los requisitos, le correspondía al Agente del Ministerio Público informar al
interesado sobre los requisitos faltantes para que los subsanara y, en caso de que
no se corrigieran, se entendía que no existía ánimo conciliatorio, por lo que se debía
declarar fallida la conciliación y expedir la respectiva constancia.

39. En esas condiciones, una lectura integral de las normas que regulaban los
efectos del trámite de la conciliación extrajudicial en asuntos de conocimiento de la

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite establecer que la
consecuencia prevista para los eventos en que la solicitud no cumpliera los
requisitos era que, so pena de declararse fallido dicho trámite, la parte debía
subsanar los defectos que le indicara el Ministerio Público, pero en modo alguno
dicha situación incidiría en la fecha de presentación de la solicitud y de suspensión
del término de caducidad.

1.1.2. Caso concreto

40. En el presente asunto, los documentos aportados no permiten establecer si
el Procurador Delegado a quien le correspondió el conocimiento de la solicitud de
conciliación extrajudicial formulada por la ahora demandante inadmitió la petición o
si le indicó a la convocante los defectos que debía subsanar; no obstante, de lo que
sí existe certeza es que ese trámite culminó porque las partes, luego de
convocadas, no llegaron a un acuerdo y no por que se aplicara la consecuencia
prevista en el parágrafo del artículo 3° ibidem.

41. En esas condiciones, en el sub lite el término de caducidad, con ocasión del
trámite de la conciliación extrajudicial, se suspendió desde el 30 de enero de 2015,
con la presentación de la solicitud ante el Ministerio Público, hasta el 29 de abril
siguiente, cuando se expidió la constancia de que el trámite fue fallido por
imposibilidad de acuerdo entre las partes.

42. Precisado lo anterior, se recuerda que la parte actora pretende la reparación
de los perjuicios causados por la declaratoria de la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” efectuada mediante el
Acuerdo 11 de 19 de julio de 2011, acto administrativo que fue inscrito en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio el 31 de enero de 2013 y la reglamentación de los
usos del suelo adoptada por el Acuerdo 21 de 2014.

43. En estos asuntos, esta Corporación ha considerado que el término para
demandar, en ejercicio del medio de control de reparación directa, transcurre a partir
del día siguiente a la publicación del acto administrativo general21, siempre que su

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, sentencia del 27 de abril

de 2016, expediente 35.404, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Subsección C, sentencia del 5 de
julio de 2018, expediente 38.942, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección B, sentencia
de tutela del 3 de julio de 2020, expediente 11001-03-15-000-2020-02360-00, C.P. Martín Bermúdez
Muñoz.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

promulgación y la entrada en vigor coincidan22 y que el demandante conociera o
pudiera conocer el daño a partir de ese momento.

44. Sin perjuicio de lo anterior, esta Subsección ha señalado que, en casos como
este, el término de la caducidad debe contabilizarse a partir de que el interesado tuvo
conocimiento de la inscripción o afectación -que a su juicio le ocasiona un daño- en
el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

45. Con fundamento en lo expuesto, la Subsección precisa que, si bien en el
presente asunto se desconoce en qué momento la demandante se enteró o debió
tener conocimiento sobre la afectación de su inmueble, lo cierto es que aun
contabilizando el término de caducidad, a partir de la inscripción de la afectación en
el folio de matrícula inmobiliaria de su predio -31 de enero de 2013-, la acción de
reparación directa se ejerció dentro de la oportunidad legal establecida para tal
efecto.

46. Asimismo, en lo relacionado con el Acuerdo No. 21 del 23 de septiembre de
2014, se advierte que la oportunidad para demandar transcurrió a partir del día
siguiente a la publicación de ese acto administrativo 23 -27 de octubre de 2014-,
dado que, de su contenido, resulta posible establecer en cuál área se clasificó el
predio de la demandante y los usos, en concreto, que resultan compatibles y
aquellos que son prohibidos.

47. En esas condiciones, es claro que el término de caducidad del medio de control
de reparación directa empezó a transcurrir el 1° de febrero de 2013 y vencía, en
principio, el 1° de febrero de 2015; no obstante, este se suspendió el 30 de enero
de 2015, cuando faltaban 3 días para su vencimiento, y se reanudó el 30 de abril de
2015, día siguiente a cuanto se expidió la constancia frente al fallido acuerdo
conciliatorio.

48. Asimismo, se advierte que, en relación con los daños ocasionado por el
Acuerdo No. 21 del 23 de septiembre de 2014, el término de caducidad comenzó a
correr el 28 de octubre de 2014 y venció el 28 de octubre de 2016.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, providencia del 14 de

febrero de 2019, expediente 59.886, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
23 Diario Oficial 49317 del 27 de octubre de 2014 -Folio 50 del cuaderno 3-.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

49. Así las cosas, como la demanda se presentó el 30 de abril de 2015, se
impone concluir que el derecho de acción, frente a los supuestos daños
ocasionados por los Acuerdos 11 de 19 de julio de 2011 y 21 del 23 de septiembre
de 2014, se ejerció dentro de la oportunidad legal, de ahí que no prospere el cargo
de apelación formulado por la CAR.

1.2. Análisis respecto del daño especial

50. A juicio del Tribunal a quo se probó que a la demandante se le impuso una
carga que no estaba en el deber jurídico de soportar, dado que se desvalorizó el
predio de su propiedad por la declaratoria de la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen”, por cuanto, como se
evidenció en las anotaciones del folio de matrícula inmobiliaria, se limitó su derecho
a dominio y se restringió la explotación económica del bien.

51. Para la CAR, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Nación
– Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el predio de la demandante no se
afectó por los actos administrativos que declararon la reserva forestal y
establecieron los usos del suelo, toda vez que no se limitó su derecho de dominio,
tampoco se impidió la continuación de alguna actividad económica que se
desarrollara con antelación y tampoco se probó que el predio resultara afectado en
su valor económico.

52. En el presente asunto no existe controversia frente al hecho de que el
inmueble de la actora tiene una extensión superficial aproximada de 18 hectáreas,
que se encuentra afectado por una servidumbre para la instalación, mantenimiento,
preservación y conservación del interceptor del Rio Bogotá, sobre una franja de
terreno de 1.155,65m2 y que, en su totalidad, quedó comprendido dentro del área
de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van
Der Hammen”24.

53. En esas condiciones, de acuerdo con lo cuestionado por las demandadas y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la controversia se contrae a

24 Tal como se desprende del certificado de tradición del predio identificado con matrícula inmobiliaria

50N-536473 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá -Folios 1 y 2 del cuaderno
de pruebas e Índice electrónico No. 106 y 108 de las actuaciones de primera instancia de SAMAI-

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

establecer, como lo concluyó el Tribunal a quo, si la declaratoria de la reserva
forestal y la adopción de usos del suelo i) afectó el derecho de propiedad de la
demandante; ii) restringió las actividades económicas que se adelantaban en el
predio con anterioridad a la expedición de los actos administrativos mediante los
cuales se estableció dicha determinación y iii) causó una depreciación en el valor
comercial al inmueble de la señora Sandra Martínez Uribe y si ello configuró una
carga anormal o desproporcionada que la accionante no se encuentra en el deber
jurídico de soportar.

1.2.1. Limitación al derecho de dominio

54. El Tribunal de primera instancia señaló que en el folio de matrícula
inmobiliaria del predio de la demandante se inscribió una “limitación al dominio”, con
ocasión de la declaratoria de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de
Bogotá “Thomas Van Der Hammen” y, como consecuencia de esto, se condicionó
expresamente el adelantamiento de cualquier actividad o proyecto al hecho de que
se comunique o consulte previamente ante la CAR, lo cual, a su juicio, daba cuenta
de que se le impuso a la accionante una carga que no estaba en el deber jurídico
de soportar.

55. La CAR señaló que la simple inscripción de la declaratoria de la reserva en
el folio de matrícula y la obligación de informarle respecto de cualquier actividad o
trámite a desarrollar en el predio no pueden considerarse como una carga anormal
y desequilibrada para la propietaria del bien.

56. Agregó que, si bien el a quo consideró que al predio se le impuso una
“limitación al dominio”, lo cierto es que la anotación en el folio de matrícula
inmobiliaria que contenía esa mención se canceló de manera posterior y, en todo
caso, esa inscripción no tuvo la virtualidad de causar un daño antijuridico y, por lo
tanto, no podía considerarse como una carga anormal y desequilibrada para la
propietaria del predio.

57. En efecto, una vez revisadas las copias del certificado de libertad y tradición
del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50N-536473 que fueron
aportadas a este proceso, se encuentran las siguientes anotaciones relacionadas
con la declaratoria de la reserva forestal:

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

58. - El 31 enero de 2013 se inscribió en la anotación No. 4 lo siguiente:
“Afectación por causa de categorías ambientales declaratoria de la reserva forestal
regional productora del Norte de Bogotá D.C. Thomas Van Der Hammen Acuerdo
CAR 011 de 2011. Cualquier trámite o desarrollo de actividades sobre el mismo
requiere consulta previa ante la CAR (Limitación al dominio)” (se resalta) 25.

59. - El 4 de julio de 2018, en la anotación No. 5, se canceló la anterior inscripción
en los siguientes términos: “cancelación providencia administrativa: 0842 -
cancelación providencia administrativa declaratoria de la reserva forestal regional
productora del norte de Bogotá D.C Thomas Van Der Hammen Acuerdo CAR 011
de 2011. Cualquier trámite o desarrollo de actividades sobre el mismo requiere
consulta previa ante la CAR”26.

60. El 1° de agosto de 2018, en la anotación No. 6, se inscribió la siguiente
especificación: “Reservas Forestales Productoras (Decreto 1076 de 2015): 0953
Reservas Forestales Productoras (Ley 1076 de 2015). Afectación al uso del suelo
por la declaratoria de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá
D.C. "Thomas Van Der Hammen"(Acuerdo CAR 011 de 2011)”27.

61. Adicionalmente, en el expediente obran las copias de los actos que fueron
inscritos en las anotaciones No. 5 y 6 del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-
536473, los cuales corresponden a los Oficios 20182111584 del 14 de marzo de
2018 y 20182139154 del 24 de julio de 2018, ambos proferidos por la CAR.

62. En el oficio del 14 de marzo de 2018, con fundamento en lo dispuesto en la
Resolución 11885 del 27 de octubre de 201628, se solicitó la cancelación del código
de afectación ambiental efectuada en la anotación N° 4 del folio de matrícula
inmobiliaria de predio, por cuanto “(…) ha generado inconvenientes por la anotación
de “LIMITACIÓN AL DOMINIO”. Cabe aclarar que, no existe prohibición legal desde
el punto de vista estrictamente ambiental, para que los predios sobre los cuales los
particulares ostenten derechos adquiridos dentro de las áreas declaradas puedan
ser vendidos, hipotecados, arrendados, embargados, rematados, o para que

25 Copia generada el 25 de febrero de 2015. Folios 1 y 2 del cuaderno de pruebas.
26 Copia generada el 7 de julio de 2022. Índice 108 de las actuaciones de primera instancia en SAMAI.
27 Ibidem.
28 “Por la cual se crean unos códigos de especificación para los actos objeto de inscripción en las

oficinas de registro de instrumentos públicos y se ordenan otras disposiciones”, proferida por la
Superintendencia de Notariado y Registro.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

puedan ser objeto de otros negocios jurídicos permitidos por la normatividad
vigente”29. Dicha anotación se realizó en el folio de matrícula No. 50N-536473, el 4
de julio de 2018.

63. A su vez, en el oficio del 24 de julio de 2018, la CAR solicitó la inscripción de
la “Especificación: 0953 “Reserva Forestal Productora” afectación al uso del suelo
por la declaratoria de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá
D.C. “Thomas Van Der Hammen” (Acuerdo CAR 011 de 2011). (limitación a la libre
disposición: ninguna - limitación al uso según acuerdo car 021 del 23 de septiembre
de 2014. cualquier trámite respecto al desarrollo de actividades de uso del suelo
sobre el mismo, requiere consulta previa ante la CAR)”, la cual se efectuó el 1° de
agosto de 2018 en la anotación No. 6 del folio de matrícula inmobiliaria del predio
de la demandante.

64. Asimismo, se encuentra que, mediante el Acuerdo 21 de 2014, a través del
cual se estableció el plan de manejo ambiental de la mencionada reserva, se
clasificó el predio de la demandante dentro del área de restauración, en virtud de lo
cual están permitidas las actividades forestales protectoras con especies nativas y
restauración ecológica y, de igual forma, se establecieron como usos compatibles
el aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque, la investigación científica,
la educación ambiental, el ecoturismo, la producción de material vegetal, entre otros,
siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos y, así mismo, se prohibieron
las actividades de urbanización, vivienda nueva, construcción de escenarios
deportivos, plantaciones forestales nuevas con especies exóticas, agropecuarias,
industriales, comerciales, de cacería, cultivos bajo invernadero entre otros, pues
representaban riesgo para la conservación del medio ambiente, un impacto al
paisaje y un desgaste al recurso hídrico30.

65. En esas condiciones, se advierte que la declaratoria de la Reserva Forestal
Regional Productora del Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” implicó una
restricción a los usos del suelo del predio de la demandante y que entre el 31 de
enero de 2013 y el 4 de julio de 2018, estuvo vigente una anotación de afectación
ambiental en el folio de matrícula inmobiliaria del predio de la demandante en la que
se consignó que ello constituía una “limitación al dominio”; no obstante, esa

29 Índice 23 de las actuaciones de segunda instancia de SAMAI.
30 Artículo 9° del Acuerdo 021 de 2014 expedido por la CAR, por el cual se adoptó el Plan de Manejo

Ambiental de la Reserva Forestal “Thomas Van Der Hammen”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

indicación guardaba relación con los usos del bien y, en todo caso, esa
circunstancia, por si sola, no da cuenta del rompimiento del principio de igualdad
ante las cargas públicas, más aún cuando la anotación relacionada con la limitación
del derecho de dominio fue corregida y, según el último certificado de tradición
aportado por las partes, no se encuentra vigente.

66. Al respecto, es menester señalar que en el proceso no obra prueba alguna
que acredite que mientras estuvo vigente la restricción del uso del suelo se causó
alguna afectación económica o de cualquier otra índole al predio de la demandante,
en tanto que no se acreditó que en ese interregno se le hubiese restringido la
continuación de alguna actividad que se estuviera desarrollando previamente y
tampoco se probó que se le impidiera disponer del predio o se hubiese afectado
alguna negociación en relación con este.

67. Ahora, la Sala encuentra que, si bien no se probó que dicha afectación
impidiera a la demandante enajenar o celebrar cualquier otro negocio jurídico sobre
su inmueble, lo cierto es que lo señalado en precedencia da cuenta de una limitación
al uso de su predio, de ahí que se establecerá si las mencionadas restricciones
impidieron que lo continuara explotando económicamente y si causaron una
depreciación en su valor comercial, supuestos en los que el Tribunal a quo edificó
la configuración del daño especial.

1.2.2. Limitación de las actividades que se pueden desarrollar en el predio

68. El Tribunal de primera instancia señaló que la reglamentación de los usos del
suelo en virtud de la declaratoria de la Reserva Forestal Regional Productora del
Norte de Bogotá “Thomas Van Der Hammen” da cuenta de que a la demandante se
le impuso una carga que no se encontraba en el deber jurídico de soportar, toda vez
que se le impide explotar económicamente el inmueble para actividades que
estaban previamente permitidas.

69. A juicio de las demandadas y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, la actora no probó que en el predio desarrollara algún tipo de actividad
económica previa que resultara afectada o suspendida por la inclusión del inmueble
en la zona de reserva forestal, de ahí que no se probó que se causara un daño por
ese hecho.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

70. Una vez revisado el expediente, se encuentra que en el escrito de demanda
se indicó que en el predio se desarrollaban actividades menores agropecuarias con
potreros para pastoreo extensivo de ganado; sin embargo, pese a lo señalado en el
artículo 167 del CGP31, la accionante no aportó ni solicitó la práctica de pruebas que
dieran cuenta que, en efecto, el bien se explotaba económicamente y, tampoco, que
la supuesta actividad resultara afectada de forma grave y desproporcionada por las
restricciones al uso de suelo derivadas de la afectación ambiental.

71. Asimismo, la demandante tampoco acreditó cuál era la vocación productiva
del inmueble ni que ella resultara truncada por la afectación ambiental, con todo se
precisa que nuestro ordenamiento jurídico no protege las expectativas de
destinación que una persona pueda tener sobre su propiedad, sino los títulos y
derechos que efectivamente se hayan incorporado al patrimonio de los propietarios.

72. Así las cosas, lo señalado en la demanda en relación con la imposibilidad de
continuar explotando económicamente el predio por su inclusión dentro de la zona
de reserva forestal denota un hecho incierto, eventual e hipotético y no una situación
consolidada que hubiese producido un perjuicio cierto y verificable.

73. Al respecto, debe indicarse que, de conformidad con la jurisprudencia
reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño para que pueda
indemnizarse debe ser cierto, determinado o determinable y que se trate de una
situación jurídicamente protegida32.

1.2.3. Depreciación del predio

74. El Tribunal a quo señaló que la parte actora aportó un dictamen pericial con
el fin de probar la depreciación del predio por su inclusión dentro del área de reserva
forestal, pero que no era susceptible de ser valorado, en virtud de lo establecido en
el artículo 228 del C.G.P., dado que la pericia la suscribieron dos peritos y solo uno
de ellos asistió a la audiencia de contradicción.

31 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas

que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”.
32 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección C, sentencia del 1° de febrero de 2012, expediente: 22.464, C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

75. No obstante, indicó que la restricción a los usos del suelo permitía establecer
que el inmueble “pudo haber sufrido una depreciación respecto de cuando se podía
desarrollar en el mismo cualquier actividad de uso agrícola”, lo cual daba cuenta del
rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

76. Por su parte, la demandante señaló que el dictamen pericial que aportó para
probar la depreciación del predio sí era susceptible de ser valorado, en tanto que,
si bien fue suscrito por dos profesionales, no es menos cierto que quien compareció
a la audiencia de contradicción fue la persona que lo elaboró y en esa misma
diligencia aclaró los puntos que desarrolló en su experticia y cuál fue la labor de la
otra persona que lo suscribió.

77. Agregó que, en todo caso, de los términos en que se solicitó y decretó la
prueba, así como de las condiciones en que se practicó y se efectuó el trámite de
contradicción -el a quo solo citó a uno de los profesionales que lo suscribió-, se
desprendía que no resultaba necesaria la comparecencia de la otra persona.

78. A su turno, las demandadas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado señalaron que no estaba acreditada la disminución del valor comercial del
predio, lo cual desvirtúa la configuración de un daño especial por ese hecho.

79. Una vez revisado el expediente, la Sala encuentra que, en efecto, el dictamen
pericial que aportó la parte demandante fue suscrito por dos personas y que
únicamente una de ellas compareció a la audiencia de contradicción; no obstante,
contrario a lo concluido por el Tribunal de primera instancia, en el presente asunto
no resulta aplicable la consecuencia por la inasistencia del perito prevista en el
artículo 228 del CGP.

80. Lo anterior, dado que en la audiencia de pruebas del 8 de noviembre de
201933, cuando se surtió la contradicción del dictamen, el perito que previamente se
citó, señor Raúl Guillermo Munévar Téllez, compareció y, previo requerimiento del
magistrado ponente, manifestó que él elaboró el dictamen y señaló que la actuación
de la otra persona que suscribió el documento se limitó a un apoyó en relación con

33 El medio magnético de la audiencia de pruebas se encuentra a folio 524 del cuaderno del Consejo

de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

las normas que se utilizaron como referente para determinar los usos de suelo
permitidos antes de la inclusión del predio en el área de reserva forestal34.

81. Asimismo, se encuentra que, con ocasión del requerimiento que el
magistrado ponente le efectuó en dicha diligencia, el mencionado perito allegó sus
datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 226 del CGP, oportunidad en la
que reiteró que fue él quien elaboró la pericia35.

82. En esas condiciones, la Subsección considera que no hay lugar a aplicar la
consecuencia prevista en el artículo 228 del CGP para la inasistencia del perito a la
audiencia de contradicción del dictamen, en el sentido de no otorgarle valor
probatorio.

83. No obstante, el hecho de que el dictamen pericial aportado por la
demandante sea susceptible de ser valorado, no implica que la Sala deba
considerar, per se, como acertadas las conclusiones que presentó el perito, dado
que ello depende de su valoración, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y de
conformidad con la totalidad de las pruebas recaudas en el proceso.

84. Al respecto, se encuentra que el referido dictamen tuvo como objeto
determinar el valor del inmueble en relación con los usos del suelo permitidos en
dos momentos diferentes, de una parte, con base en el Acuerdo 06 de 1990, por el
cual se definió el Plan General de Desarrollo Integrado y se adoptaron normas sobre
el uso del suelo en Bogotá D.C. y, de otra, a partir del Acuerdo 021 de 2014 proferido
por la CAR.

85. Para lo anterior, el perito indicó que utilizó un método comparativo de
mercado en el sector como en zonas homogéneas, teniendo en cuenta la capacidad
agronómica de la tierra, infraestructura inherente y las normas de ordenamiento
territorial aplicables, con lo cual concluyó que, luego de la reglamentación de usos
de suelo en virtud de la declaratoria de la reserva forestal el inmueble sufrió una
depreciación de $1.989’000.000, en cuanto pasó de una avalúo comercial de
$4.302’000.000 a uno de $2.313’000.000.

34 Ibidem.
35 Folios 530 a 534 del cuaderno 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

86. No obstante, la Sala advierte una serie de inconsistencias que impiden
considerar sus conclusiones, en primer lugar, se encuentra que, si bien el perito
indicó que emplearía una metodología de comparación de mercado para establecer
el valor del predio y que relacionó 8 predios, no es menos cierto que no existen
elementos que permitan establecer las características físicas de los referidos
inmuebles, sus equipamientos, usos, servicios y determinar si son o no comparables
con el predio de la demandante.

87. Además, se efectuó una descripción general de los referidos predios, si
consignar su dirección exacta, solamente se indicó que se encontraban ubicados
en los municipios de Subachoque, Tenjo y Sopó.

88. Asimismo, también se desconocen las fuentes de las que el perito obtuvo
información sobre los predios, pues no indicó la fecha de publicación de la oferta, el
medio o cualquier otro factor que permitiera la verificación posterior. En igual
sentido, no se probó que los bienes comparados tuvieran un área similar con el de
la demandante y que coincidieran los mismos usos del suelo.

89. Tampoco se tomó en consideración la afectación previa que tenía el predio
en relación con la servidumbre que estaba constituida para la instalación,
mantenimiento, preservación y conservación del interceptor del río Bogotá, con el
fin de establecer su impacto frente a la selección de los inmuebles utilizados para
hacer la comparación de mercado.

90. En suma, no resulta posible establecer que los inmuebles fueran semejantes
y comparables, de ahí que para la Sala el dictamen pericial aportado por la
demandante no da cuenta de la depreciación del predio y en el expediente no obran
otras pruebas que permitan concluir la afectación de dicho bien en este sentido.

91. En todo caso, según lo ha señalado por esta Corporación, la sola
disminución en el valor de un bien como consecuencia de la adopción de una
medida legítima del Estado dirigida a la protección del medio ambiente y mediante
la cual se limite o fijen restricciones para el uso del suelo en el que se halla, con
independencia de su monto, no constituye un supuesto que por sí solo permita
evidenciar la existencia de un daño antijurídico en cabeza de su propietario, toda

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

vez que esto va a depender, entre otras, de sus condiciones particulares y del
interés concreto que este tenga respecto de su predio y que logre acreditar a través
de los medios de prueba que allegue al proceso36.

1.3. Conclusión respecto del daño especial por las limitaciones impuestas

92. El Tribunal de primera instancia concluyó que en el caso objeto de estudio
se había configurado un daño antijurídico en tanto que se limitó el derecho de
dominio de la demandante sobre el predio de su propiedad que se encontraba en
el área declarada como de reserva forestal y porque se le restringió la explotación
económica de ese bien, lo cual configuraba un rompimiento del principio de
igualdad frente a las cargas públicas; sin embargo, de conformidad con el análisis
expuesto, la Sala considera que en este caso no se produjo la existencia de tal
desequilibrio con ocasión de la limitaciones ambientales impuestas.

93. Como sustento de esta conclusión, se debe recordar que en la Constitución
Política se consagró como un derecho de todas las personas el poder gozar de un
ambiente sano y, para ello, se previó como una obligación a cargo del Estado, la
preservación de las riquezas naturales de la Nación37, así como el deber de
proteger la diversidad e integralidad del ambiente y conservar las áreas de especial
importancia ecológica38, a través de instrumentos como el de la planificación del
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar el
desarrollo sostenible y controlar y prevenir factores de deterioro ambiental39.

36 Ver, por ejemplo: Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2021, expediente: 63.087, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico o Consejo de Estadio, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, expediente: 33.113, C.P. Hernán Andrade Rincón.
37 “ARTICULO 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y

naturales de la Nación.”
38 “ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”
39 “ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas.”

21

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

94. Lo anterior debe ser considerado por las autoridades respectivas en el marco
de la reglamentación frente al uso del suelo y a las limitaciones impuestas con
ocasión de la protección del medio ambiente, lo cual implica que, en algunos
eventos, necesariamente, se vea afectada la propiedad privada, la cual también
goza de protección constitucional; no obstante, este derecho no puede ser
considerado como absoluto, en tanto que la misma norma superior prevé que
cuando se presentan conflictos en los que estén en riesgo intereses públicos o
sociales, el interés privado debe ceder40.

95. En ese orden de ideas, en el artículo 58 de la Constitución Política también
se resalta que al derecho de propiedad le es inherente una función ecológica y
social y es a partir de ese presupuesto que se justifican las cargas o restricciones
que el ordenamiento jurídico pueda imponer con el objeto de proteger o preservar
el medio ambiente, en tanto que con ello se garantiza el interés de la sociedad en
general41; sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que estas limitaciones
son posibles, siempre que sean razonables y proporcionadas, de tal modo que no
se afecten el núcleo esencial de ese derecho42.

40 “ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo

texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés
social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida,
el interés privado deberá ceder al interés público o social …”
41 “Sin embargo, con la instauración del Estado interventor, esa perspectiva puramente liberal e

individualista de la propiedad entra en crisis, con lo cual el dominio deja de ser una relación estricta
entre el propietario y el bien, ya que se reconocen derechos a todos los demás miembros de la
sociedad. Es la idea de la función social de la propiedad, que implica una importante
reconceptualización de esta categoría del derecho privado, ya que posibilita que el ordenamiento
jurídico imponga mayores restricciones y cargas a la propiedad, al decir de Duguit, como la propiedad
reposa en la utilidad social, entonces no puede existir sino en la medida de esa utilidad social. Ahora
bien, en la época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad privada, lo cual tiene
notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los
miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus
facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las
generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo
sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación
de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción
misma de propiedad privada sufre importantes cambios”. Corte Constitucional, sentencia C – 126 de
1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
42 “Para lograr precisamente el desarrollo sostenible se ha admitido por la jurisprudencia de esta

Corporación, que a partir de la función ecológica que establece la Constitución Política en el artículo
58, se puedan imponer por el legislador límites o condiciones que restrinjan el ejercicio de los
atributos de la propiedad privada, siempre y cuando dichas restricciones sean razonables y
proporcionadas de modo que no afecten el núcleo esencial del citado derecho”. Corte Constitucional,
sentencia C – 189 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

96. Esa Corporación ha establecido que ese núcleo esencial del derecho de
dominio se determina a través de algunos parámetros, con miras a conservar los
atributos de uso, goce y disposición del bien, en los siguientes términos:

“Por ello, esta Corporación ha admitido que no se desconoce el citado núcleo
esencial cuando se imponen por el legislador prohibiciones temporales de
enajenación sobre algunos bienes, o en ciertos casos, limitaciones intemporales
o por extensos períodos de tiempo, siempre y cuando se acredite que las
mismas, además de preservar un interés superior orientado a realizar los fines
del Estado Social de Derecho, mantienen incólume los atributos de goce, uso y
explotación que le permitan a su titular -de acuerdo con las limitaciones
previstas en el ordenamiento jurídico- obtener algún tipo de utilidad económica
que justifique la presencia de un interés privado en la propiedad”43.

97. Así las cosas, de conformidad con el alcance que la jurisprudencia
constitucional y del Consejo de Estado le han dado a las limitaciones al uso del
suelo y a las restricciones en materia ambiental, frente al caso en concreto, la Sala
concluye que en el supuesto daño alegado por la demandante no adquirió la
condición de excepcional o anormal, ni configuró un desequilibrio frente a las cargas
públicas, toda vez que no se vulneró el núcleo esencial de la propiedad privada,
habida cuenta de que tanto la conducta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible como de la CAR se encuadró en los lineamientos del artículo 58 de la
Constitución Política44, sin que existiera una limitación absoluta frente al uso, goce
y disposición del predio de la señora Sandra Martínez Uribe, circunstancia que
impone revocar la sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

43
Corte Constitucional, sentencia C -189 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
44 Artículo 58 de la Constitución Política. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos

adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función
ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de
utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y
del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.

23

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

2. Costas

98. De conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 45,
en concordancia con el artículo 365 del CGP46, se condenará en costas por ambas
instancias a la demandante, en cuanto se revoca completamente la sentencia
apelada para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

99. En concordancia, la Subsección, en virtud del artículo 366 ejusdem, teniendo
en cuenta la duración del proceso en ambas instancias y los deberes de vigilancia
que su trámite implicó47, por concepto de agencias en derecho se fija en favor de la
CAR y la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en partes iguales,
$19’890.000 por ambas instancias, suma equivalente al 1% de las pretensiones
negadas48 y que corresponde al 0.5% por cada instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de agosto de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, para, en
su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, según las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la señora Sandra Martínez Uribe a pagar las costas de

45 Artículo adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, modificación que no es aplicable a

los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se ventila un interés público, en los cuales
proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021,
expediente 63.217, C.P: Fredy Ibarra Martínez; Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022,
expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre de 2022, expediente 67.965).
46
“Artículo 365. Condena en costas. (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,
(…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación (…). 4. Cuando la sentencia
de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las
costas de ambas instancias.”.
47 La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores

de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21
de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
48 En atención a lo señalado en los numeral 3.1.2. y 3.1.3. de artículo 6 del Acuerdo No. 1887 de 26

de junio de 2003, a cuyo tenor: “3.1.2. Primera instancia. (…) Con cuantía: Hasta el veinte por ciento
(20%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…) 3.1.3. Segunda
instancia.(…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas en la sentencia”.

24

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01026-02
No. Interno: 69.205
Actor: Sandra Martínez Uribe
Demandado: Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

ambas instancias, en partes iguales, a favor de la de la CAR y la Nación – Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fijar como agencias en derecho de la primera instancia $ 9’945.000.

Fijar como agencias en derecho de la segunda instancia $ 9’945.000.

TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER las
diligencias al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con salvamento parcial de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

25

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