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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01267-02

Responsabilidad por mora procesal: no basta con que se demuestre la mora, también

Fecha
28 de octubre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01267-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de $1.205.268, en favor de la Contraloría de Bogotá D.C. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-01267-02

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

28 de octubre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C. y la Secretaría de Hacienda
Distrital
Proceso: Reparación Directa

RESPONSABILIDAD POR MORA PROCESAL- no basta con que se demuestre la mora, también
debe demostrarse que el particular cumplió con las cargas procesales impuestas y que la mora le
ocasionó un daño/EL DAÑO ESPECIAL- ocurre cuando se da la ruptura del equilibrio en las cargas
públicas, que genera un daño antijurídico porque el particular no tiene el deber de soportar dicho
desequilibrio. Una suspensión provisional del cargo, en el marco de una investigación que resulta
en un fallo absolutorio no es, en sí misma, causa de un daño antijurídico, toda vez que los
servidores públicos tiene el deber de soportar la carga de las investigaciones que se adelante en
su contra y el efecto de los actos que se profieran en el curso de la misma.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 8 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante a
pagar a favor de la Secretaría de Hacienda de Bogotá D.C y de la Contraloría
de Bogotá D.C., la suma equivalente a dos (02) y cuatro (04) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, respectivamente, por concepto de agencias en
derecho.

TERCERO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta providencia a las
siguientes direcciones electrónicas de las partes y sus apoderados. Además,
al buzón oficial para notificaciones de la representante del Ministerio Público:

• oficinajuridica@contraloriabogota.gov.co
• xjflozano@gmail.com
• recepciondemandas@shd.gov.co

Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

• jeflorez48@gmail.com.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, por la Secretaría de la sección
LIQUÍDENSE los gastos ordinarios del proceso y DEVUÉLVASE el remanente
al demandante, si hay lugar, de conformidad con los artículos 7 y 9 del
Acuerdo No. 2552 de 2004 del Consejo Superior de la Judicatura”.

SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán fue suspendida del cargo
público de subdirectora de Obligaciones Pensionales de la Secretaría Distrital de
Hacienda por unos supuestos manejos irregulares en los pagos pensionales,
decisión que fue adoptada en el marco de una investigación fiscal adelantada por
la Contraloría de Bogotá D.C. La aludida investigación finalizó con un fallo sin
responsabilidad porque se probó que los pagos habían sido ordenados falsificando
la firma de la funcionaria, por lo que esta fue absuelta de los cargos endilgados en
su contra.
ANTECEDENTES

El 5 de junio de 2015, Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán, a través de
apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa, con el fin de que las demandadas fueran condenadas al pago
de salarios y prestaciones sociales que la demandante dejó de percibir, en los
siguientes términos:

“PRIMERO: Que se condene a las entidades demandadas BOGOTÁ D.C.-
SECRETARÍA DE HACIENDA DISTRITAL Y BOGOTA D.C.
CONTRALORIA DISTRITAL al reconocimiento de las indemnizaciones y
pagos de salarios y prestaciones sociales desde la fecha de la suspensión
(2004) de mi representada pasando por la expedición de la resolución 013
del 26 de junio del 2013 hasta la presentación de la presente demanda, han
transcurriendo [sic] un tiempo de once (11) años dos (2) meses y quince
(15) días, para lo cual se presenta la siguiente liquidación que se soportó
con base al documento expedido por la Secretaría de Hacienda Distrital, así:

• En materia de salarios dejados de percibir por valor de MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/L $
1.366.299.263 según cuadro adjunto.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

• A manera de indemnización en materia de prestaciones incluyendo la
sanción por la no consignación de las cesantías y moratoria de intereses por
derechos no cancelados a mi mandante, así:

• Sanción moratoria por no pago de cesantías OCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUIENTO SETENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MOMENDA CORRIENTE
($8.350.170.961.)
• Intereses a las cesantías (24% anual), DOS MIL CUATRO
MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y UN PESOSM/CTE ($
2.004.041.031).
• Total prestación social DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 10.354.211.992), Según cuadro adjunto.
• Por conceptos de daños y perjuicios morales y en vida de relación
sufridos por los familiares de mi representada por el no pago de
salarios y prestaciones sociales, la suma TRESCIENTOS TREINTA
Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($
332.175.000), Según cuadro adjunto.

SEGUNDO: El valor total a conciliar por concepto de indemnización por
ingresos dejados de percibir por mi representada, equivalentes en salarios y
prestaciones sociales y más los daños sufridos por los familiares de mi
representada, hacienden a la suma de DOCE MIL CINCUENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CUNCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 12.052.686.255).

TERCERO: Se ordene a las entidades demandadas el pago al sistema de
seguridad social el valor de los conceptos a que por ley se tienen derecho
durante el período de vinculación a la entidad estatal y que se mantuvo
suspendida.

CUARTO. Se ordene a las entidades demandadas cancelar el valor de los
honorarios de abogado por constituir un gasto que mi representada tuvo que
generar ante el incumplimiento del estado, los cuales equivalen al 25% del
valor reclamado, es decir, la suma de TRES MIL TRECE MILLONES
CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 3.013.171.564)”.

Hechos

En sustento de las pretensiones, la demandante adujo los siguientes hechos:

El 10 de marzo de 2004, el Contralor de Bogotá solicitó al secretario de Hacienda
la suspensión de seis funcionarios, entre ellos la demandante, lo cual fue acatado
por medio del acto administrativo 288 de 2004.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

La funcionaria XIMENA JUANA FRANCISCA LOZANO que fue suspendida dirigió
derecho de petición a la Secretaría de Hacienda para que explicara los motivos de
su suspensión y dicha entidad, por medio del oficio 2004EE32356, respondió que
la decisión obedecía al hallazgo de una serie de irregularidades, pero que, si el
resultado de la investigación salía favorable para la peticionaria, se procedería al
pago de salarios y prestaciones dejados de percibir durante el período de
suspensión.

El 12 de diciembre de 2007, la Contraloría de Bogotá manifestó que habían
desaparecido los presupuestos de hecho y de derecho que dieron origen a la
suspensión y, en consecuencia, ordenó a la Secretaría de Hacienda el
levantamiento de esta medida.

La demandante continuó aduciendo que, el hecho de la suspensión le trajo
consecuencias de tipo personal y familiar, al punto que su padre murió por causa
del estrés al que estuvo sometido por cuenta de dicha situación. Igualmente,
sostuvo que esta situación generó dificultades económicas al interior de la familia,
cuyo sustento dependía de los ingresos de la actora.

Añadió que, a la fecha de presentación de la demanda, no se había levantado la
suspensión, pese a haber transcurrido más de 11 años.

Finalmente, destacó que, el 26 de junio de 2013, la Contraloría Distrital expidió el
fallo 013, hallando a la señora Lozano Beltrán libre de responsabilidad fiscal.

Subsanación de la demanda

Los aspectos relevantes del documento de subsanación se sintetizan en que el
momento a partir de la cual debía contabilizarse la caducidad del medio de control
era el 26 de junio de 2013, cuando la Contraloría Distrital profirió el fallo sin
responsabilidad, entidad que, en añadidura, había incurrido en una omisión de lo
ordenado en la Ley 610 de 2000, que establece el término de 5 años para proferir
fallo; no obstante, que en caso concreto habían trascurrido más de 9 años, según
adujo.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

Contestaciones de la demanda

Bogotá D.C.- Secretaría Distrital de Hacienda

Indicó que, frente al oficio 2007ER117494 del 7 de diciembre de 2007, expedido
por el director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital, por el cual se
solicitó al secretario de Hacienda el levantamiento de la suspensión de los
funcionarios, la Secretaría respondió en los siguientes términos:

“Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán. Subdirector Técnico código 088
grado 03 le fue aceptada la renuncia mediante Resolución 434 del 17 de junio
de 2005 con efectividad al 20 de junio de 2005.

“Dado lo anterior, esta Secretaría no emitirá acto administrativo levantando la
suspensión a los funcionarios relacionados en su comunicación por cuanto se
encuentran retirados del servicio”.

De lo cual dedujo que la Secretaría de Hacienda “no podría levantar la suspensión
del empleo ordenada […] pues para dicha época la demandante ya había
renunciado a su empleo”.

Como medios de defensa excepcionó la caducidad, por cuanto para el 23 de julio
de 2008, la demandante ya tenía conocimiento del hecho generador del daño,
fecha en la cual la funcionaria dirigió derecho de petición a la entidad solicitando
que levantara la medida y procediera al pago de salarios y prestaciones sociales.
Petición respondida el 27 de julio de 2008, donde se indicó que no se emitiría un
acto administrativo para suspender la medida de suspensión porque ya no existía
una relación laboral entre la peticionaria y la entidad.

Así, el demandado añadió que, la nulidad y restablecimiento del derecho era el
medio de control procedente, pero que, en todo caso, la reparación directa ya se
encontraba caducada para el momento en que se radicó la demanda, pues el
término de los dos años se habría vencido el 28 de julio de 2010. Adicionalmente,
indicó que la solicitud de conciliación extrajudicial del 7 de febrero de 2014 había
sido presentada cuando el término ya se encontraba caducado.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

Contraloría de Bogotá D.C.

Afirmó que el 5 de mayo de 2004 se profirió auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal 50100-0078/04 y el 19 de junio de 2008 se expidió el auto
de apertura del 50100-0078/08. Añadiendo que, para esta última fecha la
Contraloría ya había ordenado el levantamiento de la suspensión del cargo de la
demandante, por medio del oficio 200768118 del 5 de diciembre de 2007.

Propuso la excepción de caducidad de la acción, por cuanto el daño deprecado,
según el dicho de la demandante, se concretó con la solicitud de la Contraloría de
suspenderla de su cargo, orden que se hizo efectiva por el nominador el 10 de
marzo de 2004 y se mantuvo hasta el 12 de diciembre de 2007, según adujo.

Adicionó que, tan claro resultaba que la entidad había solicitado el levantamiento
de la medida que el 3 de julio de 2008 la señora Lozano Beltrán pidió a la
Secretaría Distrital de Hacienda “el pago de los salarios y las prestaciones
sociales a que tiene derecho en virtud del levantamiento de la suspensión
ordenada por la Contraloría Distrital”, sin considerar que había renunciado a su
cargo desde el 17 de junio de 2005.

En síntesis, adujo que la demanda se había presentado varios años después de
fenecido el término para accionar.

Actuaciones relevantes en primera instancia

El 28 de septiembre de 2016, durante la audiencia inicial, la magistrada ponente
del Tribunal de primera instancia, declaró la caducidad de las pretensiones
dirigidas en contra de la Secretaría Distrital de Hacienda1,por considerar que, el
conteo de la caducidad inició el 31 de julio de 2010, cuando la demandante obtuvo
respuesta de la Secretaría en el sentido que “no era procedente el levantamiento
de la suspensión”, por lo que la demanda presentada el 5 de junio de 2015 se hizo
fuera del término legal.

1 Folio 275 del cuaderno principal de primera instancia.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

Este auto fue apelado por la parte demandante, en el entendido de que el 30 de
marzo de 2004, la Secretaría Distrital de Hacienda le comunicó que “verificaría si
procedía el pago de salarios y prestaciones sociales por la suspensión en el cargo
cuando terminara el proceso de responsabilidad fiscal”, por lo que cuando dicho
proceso terminó, el 5 de junio de 2013, no había operado la caducidad.

El Consejo de Estado mediante auto del 14 de septiembre de 20182 consideró que
respecto de las pretensiones dirigidas contra la Secretaría de Hacienda de Bogotá
D.C, había operado la caducidad, con sustento en que dicha entidad, mediante
oficio No. 2010EE364433 del 30 de junio de 2010 y comunicado el 2 de julio del
mismo año, le había negado a la demandante el pago de los salarios y
prestaciones sociales que ella dejó de percibir durante la medida de la suspensión
de su cargo, toda vez que la peticionaria había renunciado desde el año 2005. En
consecuencia, el Consejo de Estado consideró que el medio de control idóneo
para obtener esos perjuicios era el de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo
término comenzó a correr a partir del 3 de noviembre de 2010. No obstante, la
demanda se presentó hasta el 5 de junio de 2015.

En relación con las pretensiones dirigidas en contra de la Contraloría de Bogotá, la
Corporación indicó que: “Como en este momento procesal no se puede establecer
con certeza si la medida de suspensión del cargo decretada en el 2004 se hizo
dentro del proceso de responsabilidad fiscal que terminó el 26 de junio de 2013,
ese asunto se deberá analizar al momento de proferir la decisión de fondo”.

Por auto del 13 de diciembre de 2018, el Tribunal señaló que iba a cumplir con lo
resuelto por el Consejo de Estado, frente a la declaratoria de caducidad de las
pretensiones dirigidas en contra de la Secretaría Distrital de Hacienda, por lo que
en audiencia del 28 de mayo de 20193 notificó la decisión de permitir que la
apoderada de la Secretaría Distrital de Hacienda no siguiera participando en el
proceso.

Sentencia de primera instancia

El 8 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió

2 Folios del 296 al 298 del cuaderno principal de primera instancia.
3 Tal como consta en el acta de folio 307.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

sentencia en los términos transcritos al inicio de esta providencia.

De entrada, el Tribunal recordó que las pretensiones dirigidas en contra de la
Secretaría de Hacienda de Bogotá se encontraban caducadas, decisión que fue
confirmada por el Consejo de Estado, mediante auto del 14 de septiembre de
2018. Providencia en la que también se indicó que este presupuesto procesal
debía ser analizado de fondo frente a las pretensiones dirigidas contra la
Contraloría Distrital.

En consecuencia, el a quo encontró que “la suspensión provisional de la
demandante, no devino de los procesos con No. 50100-0078/04, 50100- 0079/04 y
50100-080/04, sino del que se aperturó el 19 de junio de 2008, No. 50100-0078/08
y que culminó con fallo sin responsabilidad fiscal el 26 de junio de 2013 […] esa
medida cautelar obedeció a una indagación preliminar que dio lugar a dicho fallo,
esto es, la No 04 de 2004”.

Adicionó que, como el fallo de responsabilidad fiscal proferido dentro del proceso
50100-0078/08 quedó ejecutoriado el 13 de agosto de 2013, los dos años para
interponer el medio de control de reparación directa debían contarse desde esa
fecha. Así, concluyó que la demanda presentada el 5 de junio de 2015 fue
radicada en oportunidad, pues el plazo máximo para ello era el 18 de octubre de
ese mismo año, teniendo en cuenta la suspensión que operó por la solicitud de
conciliación extrajudicial que promovió la demandante.

Al abordar el estudio de fondo frente a las pretensiones dirigidas contra la
Contraloría Distrital, encaminadas a declarar la falla del servicio por la mora de
esta entidad para decidir de fondo y definitivamente el proceso 50100-0078/08,
resolvió que no había responsabilidad de la Contraloría Distrital, en atención a que
el auto de apertura tuvo fecha del 19 de junio de 2009 y el fallo de responsabilidad
fiscal quedó ejecutoriado el 13 de agosto de 2013, “por lo que solo habían
transcurrido 4 años, 1 mes y 25 días”, es decir, dentro de los términos
establecidos por el artículo 9 de la Ley 610 de 2000.

Por otra parte, sobre el cuestionamiento de la demandante en relación con que la
medida cautelar de suspensión de su cargo no se hubiera levantado, el Tribunal
señaló que “la sala no encuentra responsabilidad de la demandada por el no

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

levantamiento de la medida provisional, puesto que la misma fue adoptada por el
Secretario Distrital de Hacienda mediante la Resolución No. 99288 del 9 de marzo
de 2004 (fs. 7 a 8, c. 2) y el 5 de diciembre de 2007 el Director de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva le solicitó a ese funcionario proceder en ese sentido
(f. 12, c. 4) […] En tal sentido, tampoco se denota falla del servicio por parte de la
Contraloría de Bogotá D.C, por el no levantamiento de la medida cautelar”.

Finalmente, indicó que no podía predicarse un daño por el no levantamiento de la
medida cautelar pues “la demandante no demostró los perjuicios que pudo
ocasionarle, teniendo en cuenta que la Oficina de Control Disciplinario del distrito
mediante la Resolución No. OCD-000004 del 7 de junio de 2007 la declaró
responsable disciplinariamente y le impuso como sanción la destitución e
inhabilidad de 10 años para desempeñar funciones públicas, lo cual fue
confirmado por el Secretario de Hacienda a través de la Resolución No. SDH-
00246 del 20 de septiembre de 2007. Acto que cobró ejecutoria el 10 de octubre
de 2007 (fs. 232 a 250 y 256, c. 3)”.

En consideración a lo anterior, negó las pretensiones de la demanda.

Recurso de apelación

Los reproches del extremo activo giraron en torno de los siguientes puntos:

• Censuró que el a quo hubiera concluido que los términos del proceso de
responsabilidad fiscal no habían superado los cinco años que ordena la ley, pues
erró en la fecha del auto de apertura, dado que este se expidió en 2008 y no en
2009; además reprochó que no tuvo en cuenta la investigación preliminar, que en
conjunto con el proceso de responsabilidad fiscal duró más de nueve años.
Adicionando que, la suspensión se produjo antes de que se hubiese iniciado la
indagación preliminar, por lo que, en su sentir, desde ese momento debían
contarse los términos, pues “sin lugar a dudas causaron daños y perjuicios que el
fallo de segunda instancia debe reconocer”.

En este punto también indicó que, incluso la indagación preliminar había excedido
el término que el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 había consagrado para el
efecto, esto es, seis meses.

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Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

• Como segundo eje de discrepancia esgrimió “en la indagación preliminar, la
contraloría demostró que las pruebas objeto de investigación quedaron totalmente
desvirtuadas según se afirma en […] el del fallo sin responsabilidad fiscal”.
Añadiendo que: “aquí la Contraloría debió proceder el archivo de las diligencias y
no la apertura del proceso de responsabilidad fiscal”.

• En tercer lugar, adujo que el a quo no había tenido en cuenta que la
decisión del Contralor de Bogotá de suspender a su representada del cargo
público que ejercía, dentro del marco de una investigación y que culminó con un
proceso sin responsabilidad fiscal, le había ocasionado daños y perjuicios a la
demandante.

• Reprochó el entendimiento del Tribunal, de acuerdo con el cual consideró
que: “Además, menos se puede predicar ese elemento de la responsabilidad del
Estado, cuando la demandante no demostró los perjuicios que ello pudo
ocasionarle” por cuanto a contrario sensu el daño estaba plenamente probado.

• Igualmente, indicó que la señora Ximena Juana Beltrán Lozano, había
presentado una renuncia motivada de su cargo cuando tenía más de un año de
suspensión, “toda vez que le era imposible continuar en ese estado sin poder
atender el sustento de su familia. Es de anotar, que al ser aceptada su renuncia se
considera según las normas del código laboral, despido sin justa causa”.

• Finalmente, llamó la atención con respecto a que la sanción disciplinaria a
que hizo referencia el Tribunal, “nada tiene que ver con esta investigación fiscal
[…] Esta sanción que debió asumir mi representada a partir del 10 de octubre de
2007, no le impide poder exigir los daños y perjuicios ocasionados por la
suspensión en el caso aquí analizado desde el 9 de marzo de 2004 hasta la
presente”.

Trámite de segunda instancia

El 30 de noviembre de 2021, el Tribunal concedió el recurso de apelación4 y el 1

4 Samai, índice 49.

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Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

de julio de 2022, el Despacho lo admitió5. El 26 de agosto de 20226, se corrió
traslado para alegar de conclusión en segunda instancia, oportunidad en la cual el
apoderado de la Contraloría de Bogotá indicó: (i) la indagación preliminar no hace
parte del proceso de responsabilidad fiscal, (ii) consta en el oficio radicado en la
Contraloría de Bogotá D.C. con el número 1-2015- 23002 de 9 de noviembre de
2015, que al momento de su retiro del servicio, la Secretaría Distrital de Hacienda
canceló a la señora Lozano Beltrán los salarios y prestaciones sociales hasta
entonces devengados y (iii) no aportó prueba de los perjuicios, especialmente del
daño moral y el daño a la vida de relación7. Por su parte, el apoderado de la
demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación8.

CONSIDERACIONES

1. Habida consideración que la demanda se presentó el 5 de junio de 2015, el
régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012.
Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los aspectos no
regulados se seguirá el Código General del Proceso9, en lo que sea compatible
con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

1.Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción Contencioso Administrativa, como guardián del orden
jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño
cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104
CPACA.

5 Samai, índice 5.
6 Samai, índice 12.
7 Samai, índice 16.
8 Samai, índice 17.
9 Debe recordarse la providencia del Consejo de Estado, Sala Plena, Auto del 25 de junio 2014, M.

P. Enrique Gil Botero, expediente 25000233600020120039501 (49299), en donde se indicó: “la
Sala unifica su jurisprudencia en relación con la entrada en vigencia de la ley 1564 de 2012, para
señalar que su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en
materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014”.

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Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer
del presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión mayor, que
corresponde a $10.354’211.992, supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
152.6 del CPACA, esto es $322.175.000.

2. Acción procedente

4. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal, en este caso por acciones y omisiones imputables a una entidad pública,
de conformidad con el artículo 140 del CPACA.

5. Por su parte, la nulidad y restablecimiento del derecho es el medio de control
idóneo para atacar la legalidad de un acto administrativo, tal como lo consagra el
artículo 138 del CPACA10.

6. El análisis sobre la acción procedente para el caso concreto debe partir de la
premisa que esta Corporación ya ha dejado sentada en ocasiones precedentes,
según la cual “la procedencia de las acciones o medios de control en ejercicio de
los cuales se deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no
depende de la discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio

10 Frente a los actos administrativos de suspensión proferidos por la Contraloría, esta Corporación

ha indicado:

“[…] Esta potestad (la conferida a los Contralores mediante el numeral 8, artículo 268 de la
Constitución Política) obra con independencia del resultado de los procesos fiscales, penales o
disciplinarios y encuentra su razón de ser en la decisión discrecional, más (sic) no arbitraria, del
mencionado funcionario de apreciar el grado de entorpecimiento que para la realización de las
citadas investigaciones pueda ejercer el servidor público investigado. Por ende, teniendo esta
connotación, la medida que así lo disponga es susceptible de ser enjuiciada ante la jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo siendo factible esgrimir en contra de la misma los vicios de
ilegalidad que respecto de la generalidad de los actos administrativos pueden invocarse con miras
a desvirtuar la presunción de legalidad que los rodea. […]” La Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencia de 29 de marzo de 2007, expediente 0955-2005, M.P. Dr. Alejandro Ordoñez
Maldonado

12

Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

alegado y del fin pretendido”11. En el mismo sentido se ha dicho “el criterio útil para
determinar la acción procedente para reparar los daños ocasionados por la
Administración es el origen de los mismos”12.

7. Derivado de lo anterior, la Sala observa que la actora fundamentó el daño cuyo
reconocimiento pretende, en la cesación de los pagos de los salarios y
prestaciones sociales, por cuenta de la medida de suspensión de su cargo,
solicitada por la Contraloría Distrital, sin atacar la legalidad del acto que impuso la
medida cautelar.

Al respecto, debe tenerse en consideración que, en casos análogos en los que se
predica el daño originado en decisiones adoptadas en el escenario de juicios de
responsabilidad fiscal, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha reconocido que,
a pesar de la legalidad de los actos administrativos proferidos al interior de esas
causas, el Estado puede ser llamado a responder cuando dichas decisiones
imponen cargas excepcionales que rompen el principio de igualdad de las
personas frente a las cargas públicas13, situación frente a la cual procede el medio
de control de reparación directa.

En esta misma línea esta Corporación ha precisado:

“[Frente al daño] derivado de la suspensión provisional de su cargo
adoptada dentro de la investigación fiscal, la Sala encuentra que
también la reparación directa es la acción procedente. Lo anterior porque,
terminado el proceso de responsabilidad fiscal con archivo, surge la
posibilidad para la parte actora de reparar un supuesto daño antijurídico”14 (Se
resalta).

8. Así entonces, la Sala encuentra procedente el medio de control de reparación
directa interpuesto por la actora, por cuanto, según se precisará enseguida, sus
pretensiones se encaminan a que le sea reparado un daño surgido por el

11 Consejo de Estado, Sentencia del 3 de julio de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
Radicación número: 15001-23-31-000-2011-00105-01 (54.990)
12 Consejo de Estado, Sentencia del 20 de mayo de 2013, M.P. Hernán Andrade Rincón,

expediente 27278.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 3 de abril de 2013, exp. 26.437, CP: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 4 de
noviembre de 2015, exp. 52001-23-31-000-2000-00003-01(34254), CP: Hernán Andrade Rincón y
sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 25000-23-26-000-2012-00051-01 (50339).
14 Consejo de Estado, Sentencia del 2 de agosto de 2024, M.P. Alberto Montaña Plata, expediente

(63810)

13

Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

cumplimiento del acto administrativo de suspensión, sin perjuicio de que su
presunción de legalidad se mantenga.

2.1. Interpretación oficiosa de la demanda

9. La Sala advierte que en la demanda no se elevaron pretensiones
declarativas, situación que, en principio no es compatible con la naturaleza del
medio de control impetrado.

10. Con el propósito de escudriñar el alcance y contenido de las súplicas
invocadas, resulta menester acudir a la facultad oficiosa del juez para interpretar la
demanda, desentrañar la verdadera intención del extremo activo, en desarrollo de
lo cual corresponde encauzarlas en atención a los hechos y aspiraciones que le
sirven de fundamento. Este ejercicio halla su razón de ser en la necesidad de que
el operador judicial esclarezca lo materialmente pretendido y determine el camino
procesal idóneo para definir el conflicto. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia
ha señalado:

“[Al] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión
ineludible interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda
inicial, a fin de desentrañar el verdadero alcance e intención del
demandante al formular sus súplicas, lógicamente sin aislar el
petitum de la cusa petendi, buscando siempre una afortunada
integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o
aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos”15.

11. El sistema legislativo procesal regente igualmente ha consagrado ese
mismo deber en el numeral 5 del artículo 42 del C.G.P., al tenor del cual le
concierne el juez “[a]doptar las medidas (…) para (…) interpretar la demanda de
manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar
el derecho de contradicción y el principio de congruencia”.

12. No obstante, la anterior garantía no puede traducirse en un
desconocimiento del principio de congruencia, por cuya cuenta se altere la causa
petendi. Subyace la obligación de analizar las particularidades de cada caso, sin

15
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 12 de marzo de 2019,
expediente SL 960-2019, M.P. Giovanni Francisco Rodríguez Jiménez.

14

Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

apartarse o variar los elementos fácticos en que descansa la controversia,
atendiendo al daño que se pide indemnizar y la fuente del que proviene.

13. Llegados a este punto de la controversia, la Sala encuentra que a partir de
una interpretación armónica del libelo demandatorio, es decir, con una lectura
integrada de las pretensiones y los fundamentos fácticos, se puede evidenciar que
lo que procura la actora es la declaratoria de responsabilidad de la Contraloría de
Bogotá por los daños producidos con ocasión de haber sido sujeto pasivo de un
juicio de responsabilidad fiscal al cabo del cual finalmente fue absuelta. Así, es
claro que no se trata de un juicio ejecutivo sino de un declarativo y, por este cauce
se adelantará el análisis del sub lite.

3. Demanda en tiempo

14. El término para formular pretensiones en ejercicio del medio de control de
reparación directa, según el artículo 164 numeral 2), literal i) del CPACA,
corresponde a dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño o cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior.

15. En el caso concreto, habida consideración que se pretende el pago de los
salarios y demás emolumentos dejados de percibir por cuenta de la suspensión
del cargo que ocupaba la demandante adoptada en desarrollo del proceso fiscal
del que fue absuelta luego de un tiempo, es menester establecer desde cuándo la
actora tenía la oportunidad de dirigir una demanda en este sentido.

Al respecto, es necesario tener en consideración una sentencia de la Corte
Constitucional, en donde se indicó:

“[…] cuando el proceso de responsabilidad termina con una decisión de
archivo o de absolución conduce inexorablemente a la reparación del daño
causado por la suspensión provisional, lo que de ordinario deberá ser
reclamado mediante el uso de las acciones que para tal fin ha previsto el
ordenamiento jurídico, particularmente el medio de control de reparación
directa ante la jurisdicción contenciosa administrativa”16.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-416 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

En este punto, la Sala advierte que no pasan desapercibidas las posiciones contrarias que esta
Corporación ha manifestado respecto de la naturaleza definitorio o preparatoria del acto

15

Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

16. En este sentido, la accionante podía dirigir la reclamación a través de la
reparación directa de los perjuicios derivados de la suspensión del cargo una vez
se profiriera el fallo sin responsabilidad fiscal -en tanto es partir de entonces
cuando surge la eventual antijuridicidad del daño reclamado-, el cual tuvo lugar el
26 de junio de 201317 y quedó ejecutoriado el 13 de agosto de 201318.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el 25 de marzo de 2014 la actora
solicitó conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Cuarta Judicial II para
Asuntos Administrativos, autoridad que expidió la constancia de no acuerdo el 21
de mayo de 201419. Así entonces, la demanda presentada el 5 de junio de 2015
fue radicada en oportunidad.

17. Aunado a lo anterior, también encuentra la Sala que el medio de control
tampoco se encontraba caducado en el entendido de que la demandante no
conoció, porque no le fue comunicado, el oficio del 5 de diciembre de 2007, por el
cual la Contraloría solicito a la Secretaría el levantamiento de la medida de
suspensión por haber desaparecido los supuestos fácticos y jurídicos que
motivaron su imposición.

4. Legitimación en la causa

18. La señora Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán se encuentra legitimada
en la causa por activa, en razón a que los hechos y pretensiones de la demanda
se dirigen al reconocimiento de los perjuicios sufridos por causa de la suspensión
del cargo que ocupaba en la Secretaría Distrital de Hacienda.

administrativo de suspensión. No obstante, esta discusión no es pertinente en esta instancia,
habida consideración que ya la Corte Constitucional fijó un criterio para casos en los que, en
concreto, se pretenda la reparación de los perjuicios ocasionados con dicha medida, sin atacar la
legalidad del acto, situación esta última que, de nuevo, no es objeto de este fallo.

No obstante, al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, en
sentencia de 29 de marzo de 2007, expediente 0955-2005, M.P. Dr. Alejandro Ordoñez
Maldonado, Consejo de Estado, sentencia de 11 de junio de 2009, Radicación número: 05001-23-
31-000-1996-00480-01(1246-07) y Consejo de Estado, sentencia de 30 de agosto de
2012, radicación número: 11001-03-25-000-2011-00136-00(0434-11
17 Folios 19 a 65 del cuaderno 2 de pruebas.

Quedó acreditado desde primera instancia que la suspensión provisional se llevó a cabo en el
marco del proceso de responsabilidad fiscal 50100-0078/08
18 Folio 189 del cuaderno 4.
19 Folios del 10 al 11 del cuaderno e de pruebas.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

19. La Contraloría de Bogotá D.C. se encuentra legitimada en la causa por
pasiva, pues fue la entidad que ordenó la suspensión a la señora Ximena Juana
Francisca Lozano Beltrán de su cargo, actuación que en la demanda se presentó
como causa del daño.

5. Cuestión preliminar: la inalterabilidad de la causa petendi

20. El libelo introductorio giró en torno al supuesto daño que la Contraloría de
Bogotá le causó a la señora Beltrán Lozano por cuenta de haber ordenado la
suspensión de su cargo como subdirectora de Obligaciones Pensionales, lo cual
se desprende de la lectura de dicho documento procesal, pero puntualmente del
siguiente fragmento: “las pretensiones de la presente demanda tiene por objeto la
reclamación de la indemnización de los derechos de pagos de salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir por mi representada desde el momento
de la suspensión por orden de la Contraloría Distrital”.

21. En el escrito de subsanación se añadió un argumento relativo a la supuesta
tardanza en el proceso de responsabilidad fiscal surtido por la Contraloría de
Bogotá.

22. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia a partir de
cinco argumentos base: (i) mora procesal de la Contraloría de Bogotá el proceso
de responsabilidad fiscal, (ii) la indagación preliminar debió archivarse y no llevar a
cabo la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, (iii) que la suspensión le
había generado daños y perjuicios a la demandante, los cuales debían ser
reparados, máxime si el proceso terminó absolviendo de toda responsabilidad
fiscal a la demandante, (iv) el daño estaba plenamente probado, (v) la señora
Beltrán Lozano, había presentado una renuncia motivada de su cargo cuando
tenía más de un año de suspensión, por lo que “al ser aceptada su renuncia se
considera según las normas del código laboral, despido sin justa causa” y (vi) la
sanción disciplinaria no le impide a la demandante exigir los daños y perjuicios
ocasionados por la suspensión en la investigación fiscal.

23. Al respecto, advierte la Sala que el reparo sobre la continuación de la
indagación preliminar que, según su dicho, debió terminar con un auto de archivo

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
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Acción: Reparación directa

y no de apertura de proceso fiscal, es un nuevo asunto de estudio que no fue
planteado en la demanda ni en el escrito de subsanación.

24. Igualmente, el reproche que hace sobre la excesiva duración de la
indagación preliminar, que superó los seis meses consagrados en el artículo 39 de
la Ley 610 de 2000, a pesar de que trató de vincularlo con la prolongación del
proceso de responsabilidad fiscal, consagrado en el artículo 9 de la Ley en cita,
aparece como un argumento nuevo, no solo porque no fue controvertido ni en la
demanda ni en su subsanación, sino porque tampoco es un término conexo con el
proceso de responsabilidad.

Conclusión que se ampara en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, a saber:

Artículo 9°. “Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del
daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal. […] La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5)
años, contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la
declare”.

De esta norma se evidencia que hay dos términos autónomos, predicables de dos
institutos diferenciables. Por un lado, el de caducidad de la acción fiscal que opera
desde la ocurrencia del hecho generador hasta la expedición del auto de apertura
y de otro, la prescripción de la responsabilidad fiscal cuyo conteo surge desde el
auto de apertura hasta un fallo de fondo y en firme.

25. Finalmente, el censor indica que la señora Beltrán Lozano, había
presentado una renuncia motivada de su cargo cuando tenía más de un año de
suspensión, por lo que “al ser aceptada su renuncia se considera según las
normas del código laboral, despido sin justa causa”, situación que tampoco fue
advertida en el libelo demandatorio ni en su subsanación.

26. Así, la Sala constata que en el recurso de apelación se trató de agregar
elementos al sub lite, variando la causa petendi, situación que, como se advirtió no
es procedente por contrariar el principio de congruencia que debe informar las
decisiones judiciales. En tal virtud, el estudio que se emprenderá se circunscribirá

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
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Acción: Reparación directa

a los reparos que se relacionan exclusivamente con la causa petendi formulada en
la demanda y su subsanación20.

6. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar: (i) si hubo mora en el proceso de
responsabilidad fiscal imputable a la Contraloría de Bogotá y (ii) si la demandada
es responsable por los salarios y demás emolumentos que la actora dejó de
percibir durante el período en que estuvo suspendida de su cargo como
subdirectora de Obligaciones Pensionales de la Secretaría Distrital de Hacienda.

7. Análisis de la Sala

28. Con el objetivo de dar solución al problema jurídico anunciado, la Sala
abordará el análisis de la responsabilidad del Estado por mora en el proceso de
responsabilidad fiscal, en donde se despachará el primer cargo de la apelación
relacionado con este punto (6.1.), para continuar el examen de la suspensión de
un funcionario público por parte de un ente de control fiscal (6.2.). Se proseguirá
con el estudio de la responsabilidad del Estado por daño especial derivado de un
proceso de responsabilidad fiscal, en donde se analizarán los cargos presentados
por el apelante en relación con este punto (6.3.). Finalmente, la Sala se ocupará
de la fijación de las costas y agencias en derecho (6.4).

6.1. Responsabilidad del Estado por mora en el proceso de responsabilidad
fiscal

29. La mora o retraso en las actuaciones administrativas, como es el caso del
proceso de responsabilidad fiscal21 ha sido entendida por la Corte Constitucional
como una forma de vulneración del derecho fundamental al debido proceso por el
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna

20 Al respecto, esta Corporación ha dicho: “Conviene señalar que la aplicación del principio iura

novit curia hace referencia a la aplicación del régimen jurídico por parte del juez, pero no significa
en manera alguna que ello lo faculte para darle un alcance distinto a la demanda, máxime cuando
los hechos y pretensiones formulados constituyen el ámbito de juicio e interpretación para adoptar
una determinada decisión”. Consejo de Estado, Sentencia 9 de abril de 2021, M.P. Marta Nubia
Velázquez Rico, expediente 63060.

21 Sobre las características de la responsabilidad que se declara a través del proceso fiscal ha

dicho esta Corte que es eminentemente administrativa. Corte Constitucional. T-297 de 2006.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
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actuación por parte del funcionario competente22.

El Consejo de Estado, por su parte ha indicado:

“De conformidad con lo expuesto, la mora judicial o administrativa que
configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso desborda el
concepto de plazo razonable”23

30. Adicionalmente, frente a la mora en procesos administrativos, la Corte
Constitucional ha indicado:

“Aunque los desarrollos de la jurisprudencia internacional, acogidos por la
jurisprudencia de esta Corporación, respecto del derecho a un debido proceso
sin dilaciones injustificadas y a la determinación del plazo razonable, se han
efectuado fundamentalmente respecto del debido proceso judicial, la
extensión que hace el artículo 29 de la Constitución colombiana de las
garantías del debido proceso a las actuaciones administrativas, autoriza
aplicar estos criterios al asunto bajo examen.

La Convención Americana de Derechos Humanos, dispone en su artículo 8.1,
entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías, dentro de un plazo razonable por un Tribunal o Juez imparcial,
competente e independiente. El desarrollo jurisprudencial que de esta
prescripción normativa han realizado los órganos interamericanos de
protección –Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos- acoge
los parámetros fijados por la Corte Europea de Derechos Humanos, en punto
del derecho de los sujetos a que los Estados tramiten sin dilaciones
injustificadas los procesos que están bajo su jurisdicción”24.

31. No obstante, la misma providencia fue enfática en determinar que el simple
atraso en el proceso administrativo no se erige como elemento suficiente para
declarar la responsabilidad del Estado, en cabeza de la entidad instructora del
procedimiento, toda vez que debía analizarse si las partes habían cumplido con
sus cargas procesales. Así, se advirtió:

“Ha destacado la Corte la relevancia en el análisis de la procedibilidad de la
acción de tutela cuando se alega la existencia de mora en el trámite de los
procesos o en las actuaciones administrativas, la determinación del
cumplimiento de sus obligaciones en el impulso de los procesos, de las partes
en el mismo.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-297/06, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
23 Consejo de Estado, Sentencia del 15 de diciembre de 2015, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02866-00(AC).
24
Corte Constitucional, Sentencia T-297/06, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Acción: Reparación directa

Si bien el operador jurídico es el director del proceso y sus deberes
están taxativamente consagrados en la normatividad correspondiente,
no pueden las partes desatender sus cargas en el transcurso del
mismo”25 (Se resalta)

32. Ahora bien, en materia de responsabilidad fiscal la norma que disciplina los
términos del respectivo proceso se encuentra en el artículo 9 de la Ley 610 de
2000, que reza así:

“Artículo 9°. Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducará si
transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho generador del
daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los hechos o
actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de
tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último
hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años,
contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad
fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme
que la declare” (Se resalta)

En el aparte resaltado de la norma en cita se observa que, el término razonable
que el legislador ha previsto para el proceso de responsabilidad fiscal corresponde
a cinco años, desde el auto de apertura hasta el fallo con o sin responsabilidad.

33. En el caso concreto, se advierte que el proceso de responsabilidad fiscal
que dio origen al litigio corresponde al radicado 50100-0078/08. Frente al cual la
Sal encuentra probado que:

• La Contraloría de Bogotá expidió auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal 50100-0078/08 el 19 de junio de 2008, por el
“reconocimiento fraudulento de pensiones de jubilación”26.

Por lo cual, esta instancia se aparta de lo dicho por el Tribunal, en cuanto a
que el auto de apertura se expidió el 19 de junio de 2009.

• El 26 de junio de 2013, la Contraloría de Bogotá D.C. profirió fallo sin
responsabilidad dentro del proceso 50100-0078/08, en donde se resolvió:

“Artículo Primero: Fallar sin responsabilidad fiscal el proceso de

25 Ibidem.
26 Folio 72 del cuaderno 4.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
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responsabilidad fiscal N°50100-0078/08, por el manejo de los recursos en la
entidad Secretaría de Hacienda del Distrito […] en el que están vinculados los
señores: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán”.

De tal manera, para la Sala se encuentra acreditado que los cinco años
consagrados en la norma del artículo 9 de la Ley 610 de 2000 fueron excedidos
por seis días.

34. No obstante, como se advirtió, el superar el término legal consagrado para
un trámite o proceso, que además es marginal, no conduce per se a la declaratoria
de responsabilidad del Estado, pues debe analizarse si la parte cumplió con las
cargas procesales que tenía asignadas.

En vínculo con lo anterior, la Sala observa que la norma en cita no solo se limitó a
consagrar un término razonable de duración del proceso de responsabilidad fiscal,
sino que, esencialmente estableció un mecanismo para proteger al particular
precisamente de la mora procesal en que pudiera incurrir el órgano de control
fiscal en el curso de dicho proceso. Este mecanismo se concreta en la
prescripción de la responsabilidad fiscal, que puede ser invocado por el implicado
para precaver los efectos dañosos que se pueden presentar cuando se ha
excedido el término de cinco años sin obtener un fallo de fondo y en firme. Es
decir, se trata de una figura procesal encaminada a beneficiar al particular, por lo
mismo, es una verdadera carga, en el sentido más lato de la noción como “una
conducta facultativa, establecida en interés de un sujeto, cuyo desconocimiento
deviene en consecuencias desfavorables para el mismo”27.

Y es que no puede ser diferente el entendimiento, toda vez que, de antaño, la
activación de la figura de la prescripción ha sido condicionada a la alegación de
parte28, por lo tanto, al ser la prescripción un mecanismo consagrado en la ley
para precaver el daño que pudiera sufrir el particular con la mora en el proceso, es
evidente que su alegación es carga de la parte que está siendo investigada.

35. En consecuencia, la Sala advierte que no obra medio probatorio en este
proceso que dé cuenta que la demandante hubiere ejercido las cargas procesales

27 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 2021, expediente 53272.
28 Providencia que dictó la Sección Tercera el 27 de mayo de 2004. Exp: 24.371. Actor: Willman

Quintero González. Demandado: Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT). Consejero
Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

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que la ley le imponía para beneficio propio; puntualmente, la invocación de la
prescripción del proceso de responsabilidad fiscal, una vez cumplido el plazo legal
para su configuración. Así entonces, siguiendo la locución latina ‘Nemo auditur
propriam turpitudinem allegans’, no puede pretender la demandante imputar un
daño a la Contraloría cuando ella misma tenía a su disposición el mecanismo legal
procedente e idóneo para evitarlo y decidió no actuar en esta vía.

36. Así entonces, con el objetivo de responder al primer problema jurídico
planteado, la Sala advierte que la mora en el proceso de responsabilidad fiscal
50100-0078/08 no es imputable a la Contraloría de Bogotá, pues la demandante
tenía la carga de solicitar la prescripción de la responsabilidad fiscal para precaver
la causación de perjuicios derivados del retardo en la decisión final. Situación que
puede ser analizada también a partir del hecho de la víctima.

Corolario de lo anterior, el cargo de la apelación, en relación con la
responsabilidad de la Contraloría de Bogotá por la mora en el proceso de
responsabilidad fiscal, no prospera.

6.2. De la suspensión de funcionario público por parte de un ente de control
fiscal

37. La competencia del Contralor General de la República para suspender a los
funcionarios públicos de su cargo tiene sustento constitucional, puntualmente en el
numeral 8 del artículo 268 de la Constitución Política, que reza así:

“Artículo 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes
atribuciones:

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría,
bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la
suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o
los respectivos procesos fiscales, penales o disciplinarios”.

Esta competencia constitucional radicada en el Contralor General, se hace
extensible a los contralores de los demás órdenes territoriales, conforme al inciso
6 del artículo 272 de la Constitución Política, que consagra:

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Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

“Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el
ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la
República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con
empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal”.

Así entonces, es claro que la Constitución Política le otorgó al Contralor General
de la República y a los demás contralores de los distintos órdenes territoriales, la
competencia discrecional de suspender a los funcionarios públicos de sus cargos.

38. Ahora bien, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte
Constitucional “la suspensión provisional no implica entonces que el investigado
siempre resulte condenado, ni mucho menos que sea fiscalmente responsable
porque puede darse el caso […] donde el funcionario público suspendido termina
absuelto de toda responsabilidad”29.

En el mismo sentido, debe tenerse en consideración la siguiente sentencia de
constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional, en donde se aclara la
naturaleza de la medida de suspensión, así:

“La figura de la suspensión del cargo tiene una doble connotación. De
un lado, es una sanción, la cual como se explicó, no puede ser impuesta
por la contraloría, por ser de naturaleza disciplinaria. De otro lado, es
una medida cautelar de origen constitucional que no busca sancionar
sino asegurar la transparencia, imparcialidad y efectividad de la investigación
fiscal, pues para adelantar el proceso fiscal es razonable la separación del
cargo del funcionario involucrado en la falta fiscal. Ahora bien, esta última
figura goza de pleno respaldo constitucional, como quiera que el propio
numeral 8º del artículo 268 superior dispone que la contraloría podrá
exigir la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las
investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios”30
(Se resalta).

De ahí que, la suspensión solicitada por la Contraloría no tenga el carácter de
sanción, únicamente de medida cautelar durante el curso de una investigación, a
lo que se aúna que, se trata de una medida de raigambre constitucional.

39. Es así como, si bien una medida provisional de suspensión ha sido
adoptada conforme a derecho y su legalidad no ha sido desvirtuada, esto no es
óbice para que en caso de que se cause un daño antijurídico este no deba ser

29 Corte Constitucional, Sentencia T-416 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
30 Corte Constitucional, Sentencia C-484 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
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Acción: Reparación directa

reparado, situación que es eventualmente podría ser analizada desde el título de
imputación de daño especial, como a continuación pasa a precisarse.

6.3. Responsabilidad del Estado por daño especial en el proceso de
responsabilidad fiscal

40. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de
este postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad
patrimonial del Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que
estando debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para
efectos de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de
los demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto
para un juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de
antijuridicidad a las voces del artículo 90 C.P.

41. De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación,
vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito 31 32 es el primer elemento que
debe quedar certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-
sin cuya existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este
sentido la doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023,
Expediente 61.340.
32 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los

intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos
individuales o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como
alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de
reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de
reparar- se encuentran reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile
extracontractuelle de l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad
de París 2 Panthéon-Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el
artículo: “Las formas de reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación
sustancial en todas las acciones contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva
“La responsabilidad extracontractual del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho
administrativo. Universidad Externado de Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
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reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil”33.

42. El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto34, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación35. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

43. Conforme a lo anterior, la Sala pasará a valorar el material probatorio
aportado para establecer si se configuró o no el daño deprecado por la actora, así:

• Resolución 484 del 30 de abril de 2003, expedida por la Secretaría Distrital de
Hacienda, por la cual se nombró a la señora Ximena Juana Francisca Lozano
Beltrán como subdirector Técnico de la Subdirección de Obligaciones Pensionales
de dicha entidad36.

• Oficio 35000003801 del 8 de marzo de 2004, con referencia ‘solicitud de
suspensión de funcionario por irregularidades advertidas en la Subdirección de
Obligaciones Pensionales”, dirigido por Oscar González Arana, Contralor de
Bogotá, para el momento de los hechos, al señor Pedro Rodríguez Tobo,
secretario de Hacienda de Bogotá. En este documento se lee:

“Sin perjuicio de las acciones que se adelantaran por parte de este organismo
de control, tendientes a verificar la existencia o no de daño al patrimonio con
ocasión de la expedición de las resoluciones, o las que resultaren de la

33 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por
Henao, Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.

13.186 “…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún
modo, eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
35 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio

1998, P. 88 y 104.
36 Folio 64 del cuaderno 3.

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indagación preliminar en trámite, acorde con los otros hechos denunciados
por los funcionarios de dicha dependencia en sus declaraciones, le solicito en
los términos del numeral 8° del artículo 268 de la Constitución Política y del
numeral 13 artículo 109 del Decreto 1421 de 1993, proceda su Despacho a
decretar la suspensión de los siguientes funcionarios: […] JUANA LOZANO
BELTRAN, Subdirector de Obligaciones Pensionales”37.

• La solicitud de la Contraloría de Bogotá se hizo efectiva por medio de la
Resolución 288 del 9 de marzo de 2004, expedida por el secretario Distrital de
Hacienda38.

• El 30 de marzo de 2004, la Secretaría Distrital de Hacienda dio respuesta al
derecho de petición dirigido por la señora Juana Lozano Beltrán, en dicha
respuesta se precisó que la suspensión del pago de salarios y prestaciones
sociales había quedado efectuada desde el 10 de marzo de 2004, que
correspondía a la fecha en la que se comunicó la Resolución 288 de 200439.

• La demandante estuvo vinculada a la Secretaría Distrital de Hacienda hasta el
19 de junio de 2005, fecha a partir de la cual se hizo efectiva su renuncia. Tal
como consta en la certificación expedida el 21 de octubre de 201540, por la
Subdirección de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Hacienda.

• El 5 de diciembre de 2007, la Contraloría Distrital suscribió el oficio 200768118,
por medio del cual levantó la suspensión del cargo de la demandante41, en los
siguientes términos se refirió: “En la actualidad, en la Subdirección del Proceso de
Responsabilidad Fiscal, cursan los procesos números 50100-0078/04,50100-
0079/04 y 50100-080/04, en donde se encuentran vinculadas las referidas
personas; pese a que la suspensión no originó con ocasión de estos procesos,
pero estando superada la etapa probatoria en los mismos, se considera que no
existen los fundamentos de hecho y de derecho para mantener la medida aludida,
y como quiera que la indagación preliminar que dio lugar a ella no ha concluido por
parte de la Dirección. Sectorial de Gobierno, pero que se relacionan directamente
con los hechos investigados, resulta procedente su levantamiento por las razones
antes citadas”.

37 Folio 4, 5 y 6 del cuaderno 4.
38 Folios 7 y 8 del cuaderno 4.
39 Folio 110 del cuaderno 3.
40 Folio 345 del cuaderno 4.
41 Folio 12 cuaderno 4.

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44. De los medios probatorios en cita se desprende que la demandante fue
suspendida de su cargo como subdirectora de obligaciones pensionales de la
Secretaría Distrital de Hacienda desde el 10 de marzo de 2004 hasta el 19 de
junio de 2005, fecha en la que renunció a su cargo. Así, hasta acá se encuentra
demostrado el daño alegado consistente en la cesación de los pagos de sus
emolumentos salariales con ocasión de la medida de suspensión del ejercicio de
su cargo, no obstante, el carácter antijurídico de este daño y, por tanto, la virtud de
ser reparado depende de un análisis ulterior a partir de la figura del daño especial.

45. El daño especial se configura cuando se evidencia “una ruptura de la
igualdad frente a las cargas públicas, fruto del perjuicio especial y anormal que
debe soportar el administrado”42, de manera que, de la naturaleza especial y
anormal del daño se configura la antijuridicidad, elemento que, junto con los otros
ya expuestos, derivan en que el perjuicio puede ser imputable y, por ende,
reparable. Así lo ha entendido esta Corporación cuando ha señalado: “(…) el
principio de equidad. Es éste, y no otro elemento, el que conduce al juez a la
convicción de que el daño que se causó es por esencia antijurídico; y que, por
consiguiente, si no se encuentra fundamento a la reparación del mismo en la falla
del servicio, debe buscarse en otro de los posibles regímenes de responsabilidad
estatal”43.

De manera que, cuando el fallador encuentra acreditada la existencia del daño
especial, este mismo sirve de título de imputación para la responsabilidad del
Estado. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido:

“A partir de ese momento esta Corporación ha construido una extensa línea
jurisprudencial respecto del daño especial, en la cual el título de imputación
tiene fundamento en la equidad y en la solidaridad como materialización del
reequilibrio ante una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, fruto
del perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado”44.

Este aparte ilustra la función del daño especial, como figura que opera en doble
vía, pues su acreditación lleva a que el daño sea antijurídico y, por tanto,
indemnizable a ese mismo título. Esto, por cuanto, en términos de la providencia

42 Consejo de Estado, Sentencia del 3 de mayo de 2007, M.P. Enrique Gil Botero, radicación
número: 50001-23-26-000-1991-06081-01(16696).
43 Ibidem
44 Ibidem.

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citada, cuando el particular ha sufrido un perjuicio anormal, debido a la ruptura de
la igualdad en las cargas públicas, se está en presencia de un daño antijurídico,
pues no tiene el deber jurídico de soportarlo, en esa medida el Estado está
llamado a reequilibrar las cargas públicas reparándolo.

46. En este punto, debe recordarse, lo que se advirtió en precedencia, en torno
a que la jurisprudencia de la Sección Tercera ha reconocido que el Estado
responde bajo el título de daño especial, a pesar de la legalidad del acto
administrativo, cuando impone gravámenes excepcionales que rompen el principio
de igualdad de las personas frente a las cargas públicas45.

47. Una vez clarificado el alcance y función del daño especial, la Sala se
ocupará de establecer si en el presente caso se verifican los supuestos vistos para
su configuración, a partir de los siguientes elementos de prueba:

• La Contraloría de Bogotá expidió auto de apertura del proceso de
responsabilidad fiscal 50100-0078/08 el 19 de junio de 2008, por el
“reconocimiento fraudulento de pensiones de jubilación”46.

• El 26 de junio de 2013, la Contraloría de Bogotá D.C. profirió fallo sin
responsabilidad fiscal dentro del proceso 50100-0078/08, en donde se resolvió:

“Artículo Primero: Fallar sin responsabilidad fiscal el proceso de
responsabilidad fiscal N°50100-0078/08, por el manejo de los recursos en la
entidad Secretaría de Hacienda del Distrito […] en el que están vinculados los
señores: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán”.

Decisión que se adoptó con fundamento en lo siguiente:

“En términos generales, a lo largo del plenario no existe prueba suficiente que
comprometa la responsabilidad de los aquí vinculados, por el contrario existe
evidencia que tanto las firmas y los documentos aportados que sirvieron de
fundamento para aportar por el status de pensionado son falsos y
corresponden a imitaciones situaciones y hechos ajenos a la conducta de los
señores Eduardo Boerto Rey y Ximena Juana Lozano Beltrán.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de abril de 2013, exp. 26.437, CP: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 4 de
noviembre de 2015, exp. 52001-23-31-000-2000-00003-01(34254), CP: Hernán Andrade Rincón y
sentencia del 12 de diciembre de 2019, exp. 25000-23-26-000-2012-00051-01 (50339).
46 Folio 72 del cuaderno 4.

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Esta subdirección de Responsabilidad Fiscal falla sin responsabilidad fiscal al
consorcio FPB, y a las sociedades que lo integran: la Fiduciaria La Previsora
S.A. y la Fiduciaria cafetera-Fiducafá S.A.; Dr EDUARDO VICENTE BOTERO
REY y a la Directora de Crédito Público47 Dra. XIMENA JUANA FRANCISCA
LOZANO BELTRÁN; al encontrar que los hechos se generaron por causas
exógenas al actuar de los implicados, como se expuso a lo largo de este
proveído”.

48. Ante este panorama fáctico, la Sala considera pertinente poner de presente
algunas providencias ilustrativas para el caso, a saber:

“La Sala sostendrá que, por regla general, una investigación de tipo
penal, disciplinario o fiscal constituye una carga que los ciudadanos
deben soportar con el fin de que el Estado pueda esclarecer los hechos y
conductas que amenacen determinados bienes jurídicos tutelados y, en
consecuencia, pueda impartir justicia y consolidar un Estado de derecho.

En ese sentido, la mayoría de veces, es posible concluir que tales
investigaciones no constituyen daños antijurídicos que deban ser reparados
sino justamente actuaciones tendientes a dirimir controversias y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”48 (Se resalta)

En el mismo sentido,

“La jurisprudencia tanto del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional, ha señalado que, en principio, los ciudadanos en general y
con mayor razón los servidores públicos, se encuentran en el deber
jurídico de soportar las investigaciones –penales y administrativas– que
se surtan en su contra”49 (Se resalta)

Bajo este discernimiento, es claro que los particulares deben soportar la carga de
ser investigados y con ello los efectos de los actos o procedimientos que se
expidan o se lleven a cabo en el curso de dicha actuación. Puntualmente, en el
curso de una investigación fiscal, como se indicó en el aparte precedente, el
Contralor General de la República o los contralores de los demás órdenes
territoriales tienen la potestad discrecional de solicitar la suspensión del cargo del
funcionario que esté siendo investigado, con el fin de preservar el recurso público.

47
Advierte la Sala que la demandante no se desempeñaba como directora de Crédito Público, por
lo que esta inclusión en el fallo sin responsabilidad correspondió a un error de digitación. Como ha
quedado probado a partir de la Resolución 434 del 17 de junio de 2005 y los demás documentos, la
actora tenía el cargo de Subdirectora de Obligaciones Pensionales.
48 Consejo de Estado, Sentencia del 2 de agosto de 2024, M.P. Alberto Montaña Plata, expediente

(63810)
49 Consejo de Estado, Sentencia del 2 de mayo de 2013, M.P. 26467.

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49. En el mismo sentido, resulta pertinente observar un pronunciamiento de
esta Corporación en materia penal, que resulta ilustrativo para el caso que nos
ocupa, a saber:

“En desarrollo de la investigación se recaudaron elementos probatorios para
dictar resolución de apertura de instrucción contra el señor Reyes Torres por
el supuesto delito de prevaricato por omisión y en dos ocasiones se decretó la
preclusión de la investigación a favor del procesado, decisiones que fueron
impugnadas por parte del Ministerio Público, lo que permitió que el proceso se
adelantara ante el Juzgado Quinto Penal de Villavicencio, el cual, después de
adelantar el trámite procesal pertinente, profirió sentencia absolutoria a favor
del señor Reyes Torres.

Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que dicho proceso penal no
trascendió a ningún tipo de decisión contraria al procesado o que le
impusiera algún tipo de pena o sanción, pues, como quedó evidenciado
con las pruebas obrantes en el expediente, el mencionado juzgado penal
dictó sentencia absolutoria y el Tribunal Superior declaró la prescripción de la
acción penal y, como consecuencia, la cesación del procedimiento.

Lo anterior no permite concluir que con la decisión o el proceso como
tal se demostrara la ocurrencia de algún daño. En este proceso
únicamente se acreditó la circunstancia de estar vinculado al proceso
penal, como lo señaló el Tribunal a quo, situación a la cual se encuentran
expuestos todos los servidores públicos, funcionarios judiciales y
demás ciudadano”50 (Se resalta)

Este pronunciamiento, aplicado al sub lite, sirve para reiterar lo dicho, en cuanto a
que, el fallo absolutorio en el proceso de responsabilidad fiscal no es suficiente
para demostrar la ocurrencia de un daño. Igualmente, tal como se mencionó en la
providencia en cita, en este caso tampoco se impuso ninguna sanción la cual
hubiera podido generar un daño antijurídico, toda vez que, tal como se indicó
previamente, la medida de suspensión del cargo no es constitutiva de sanción. Al
respecto, se recuerda que la sentencia C-484 de 2000, previamente citada, se
estableció “La figura de la suspensión del cargo […] es una medida cautelar de
origen constitucional que no busca sancionar”.

50. En consecuencia, para esta Sala es claro que la suspensión provisional
ordenada dentro de la investigación que llevó a la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal 50100-0078/08 no originó un daño antijurídico para la
señora Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán, puesto que, pese a que en el

50 Consejo de Estado, Sentencia del 13 de agosto de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,

expediente 62679.

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fallo del 26 de junio de 2013 se resolvió que la demandante no había incurrido en
la presunta responsabilidad fiscal que motivó la suspensión de su cargo, lo cierto
es que la actora, como cualquier particular y máxime aquellos vinculados a la
función pública, debía soportar la carga de ser investigada y de todos los actos
que en ese iter se sucedieran, como la suspensión provisional de su cargo.

51. La aludida ausencia de un daño antijurídico también se corrobora por el
hecho de la renuncia presentada por la señora Lozano Beltrán a su cargo.

A propósito de esta cuestión, se encuentra acreditado en el expediente que el 25
de mayo de 2005 la Secretaría Distrital de Hacienda recibió la ‘renuncia
irrevocable’ de la funcionaria Lozano Beltrán, en donde expresó:

“Como quiera que la suspensión ha ocasionado la falta de mi ingreso a mi
familia [sic] al punto de tener un sinnúmero de deudas pendientes y procesos
en curso por el incumplimiento de obligaciones familiares […] me veo en la
obligación de aceptar ofrecimiento de trabajo en inferiores condiciones a las
que tengo actualmente con mi vínculo laboral con la Secretaría de Hacienda
Distrital, pero que me permitirá por lo menos sufragar en alguna medida los
gastos pendientes de mi familia”51.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Hacienda expidió la Resolución 434 del 17
de junio de 2005, en donde resolvió: “aceptar a partir de la fecha, la renuncia
presentada por Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán […] al cargo de
Subdirector Técnico código 088 grado 03, Subdirección de Obligaciones
Pensionales […]52”.

De lo anterior, puede establecerse que la demandante por voluntad propia decidió
retirarse del cargo de subdirectora de Obligaciones Pensionales de la Secretaría
Distrital de Hacienda, de manera que mal podía alegar un daño antijurídico
derivado del no pago de salarios y prestaciones desde que se hizo efectiva la
suspensión hasta la presentación de la demanda, por cuanto está acreditado que,
incluso antes de haberse levantado la orden de suspensión, la actora se retiró
voluntariamente de su ejercicio, decisión motivada por una nueva oferta de
trabajo, a través de la cual solventaría las necesidades económicas que ahora
aduce haber sufrido, tal como lo manifestó la señora Beltrán Lozano en el

51
Folio 172 del cuaderno 3.
52 Folio 176 del cuaderno 1.

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fragmento de la renuncia, citado en precedencia. Situación que constituye una
razón más para evidenciar la inexistencia de un daño antijurídico.

52. De ahí que no se demostró una situación de desequilibrio en la igualdad de
las cargas públicas que haya generado un perjuicio anormal o especial en
comparación a los que los demás ciudadanos y, especialmente, servidores
públicos que por razón de sus funciones y de la conexidad de estas con el
bienestar colectivo deben sobrellevar53.

53. Así entonces, con el objetivo de responder al segundo interrogatorio
planteado por la Sala, se establece que no se demostró la configuración de un
daño antijurídico por el hecho de que la demandante hubiera sido investigada en
un juicio de responsabilidad fiscal y la suspensión provisional, por lo que no se
reúnen los supuestos para declarar la responsabilidad de la accionada.

54. Por otra parte, se advierte que los reproches del impugnante, según los
cuales, en primer lugar, la sanción disciplinaria no le impedía a la demandante
exigir los daños y perjuicios ocasionados por la suspensión en la investigación
fiscal y, en segundo lugar, que estos daños y perjuicios se encontraban
plenamente probados, se despachan desfavorablemente, por cuanto su
procedencia estaba condicionada a que se hallara responsable a la demandada
del daño deprecado; como ello no fue así, no hay lugar a analizar el mencionado
reparo.

6.4. Resolución sobre costas y agencias en derecho

6.4.1. Costas

55. El artículo 188 del CPACA remitió en el tema de costas procesales al
Código de Procedimiento Civil, actualmente Código General del Proceso. En el

53 Se aclara que este juicio compete exclusivamente al juez de lo Contencioso Administrativo, por

lo que en nada vincula lo dicho por la Secretaria Distrital de Hacienda, en el oficio 2004EE32356
del 30 de marzo de 2004, en respuesta al derecho de petición formulado por la demandante el 10
de marzo del mismo año, en el cual le indicó: “De no establecerse la responsabilidad fiscal, ni que
las autoridades penales y disciplinarias dispongan lo contrario, tendrá derecho al pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir desde el momento de la suspensión hasta el
levantamiento de ésta” (Folio 110 del cuaderno 3)

33

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artículo 365 del CGP, se establece un criterio objetivo de condena en costas, que
impone condenar en este asunto a la parte vencida en este litigio.

56. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están
integradas por la totalidad de las expensas sufragadas durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho.

57. El artículo 365 del cuerpo normativo citado, en el numeral 1, dispone que se
“condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.

58. En consecuencia, se condenará en costas a la parte demandante, quien
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia,
debido a que este no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en
los términos del artículo 366 del Código General del Proceso54.

6.4.2. Agencias en derecho

59. Para la condena en agencias en derecho correspondientes a esta instancia,
conforme lo consagrado en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere. En ese sentido se
observa que:

(i) Se trata de un proceso de reparación directa, cuyas pretensiones equivalían
a la suma de $12.052.686.255.

(ii) En cuanto a la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa
que la Contraloría de Bogotá debió atender el proceso de manera diligente y
oportuna, a través de sus apoderados judiciales, incluso presentó alegatos de
conclusión en segunda instancia.

54 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

(iii) De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura
en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda55, en materia
de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

ACUERDO 1887 DE 2003
(Junio 26)
Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho

(…)

Artículo 2º—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de
las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a
cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él
promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, (…).

Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las
tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en
cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el
apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía
de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean
equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente
al valor de las pretensiones. (…).

Artículo 5º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho
se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en
porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o
negadas en la sentencia.

Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…).

III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (…)

3.1.3. Segunda instancia.

Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia.

60. A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en derecho en la segunda
instancia en el 0,01% de las pretensiones correspondientes a $ de
$12.052.686.255., es decir, la suma de $1.205.268. Esta condena deberá incluirse
en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso la
demandante.

55 La demanda se presentó el 5 de junio de 2015. El Acuerdo 1887 de 2003 se encontraba vigente

para ese momento.

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 8 de octubre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas por el Tribunal de primera instancia, de acuerdo a lo
previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.

Como agencias en derecho en segunda instancia, se fija la suma de $1.205.268,
en favor de la Contraloría de Bogotá D.C.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

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Radicación 25000-23-36-000-2015-01267-02 (68408)
Demandante: Ximena Juana Francisca Lozano Beltrán
Demandado: Contraloría de Bogotá D.C.
Acción: Reparación directa

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

37

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