Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01584-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01584-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-01584-02
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
4 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01584-02 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Demandado: Nación - Presidencia de la República y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA
TEMAS: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DECISIONES
ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE PERO QUE
LIMITAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA – A partir de una
concepción inicial que se inclinaba por asimilar las restricciones ambientales a supuestos de
ocupación jurídica indemnizable, la jurisprudencia ha evolucionado hacia un entendimiento del
derecho a la propiedad privada que privilegia su función social y ecológica, en el que la
protección ambiental se reconoce como una manifestación legítima del interés general. DAÑO
ESPECIAL - Constituye un título de imputación bajo el cual se examina la eventual
responsabilidad estatal cuando la actuación administrativa es legítima. CARACTERÍSTICAS
DEL DAÑO EN LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DERIVADA DE LA ACTUACIÓN LEGÍTIMA
DEL ESTADO – En estos eventos, el daño debe acreditarse de manera cierta y, solo después,
establecer si este reviste las notas de anormalidad y singularidad que permitan concluir la
ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas y su consecuente atribución a la
Administración. FALLA DEL SERVICIO – Incumplimiento en el funcionamiento normal del
servicio, desconocimiento de una obligación a cargo del Estado o, en términos generales, la
violación de la ley. OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES QUE EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO ASIGNA A LAS AUTORIDADES - La conducta constitutiva de
falla del servicio a título de omisión debe ser tardía, irregular, ineficiente o ausente.
RESPONSABILIDAD SUBJETIVA DEL ESTADO – Se exige la constatación de un daño, la
conducta activa u omisiva de la Administración y la relación de causalidad entre esta y aquel.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 16 de abril de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En 1978 Eudoro Barón Ayala e Isabel Gutiérrez de Barón adquirieron el predio “El
Emparamado”, ubicado en La Vega (Cundinamarca). En 1998, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante la “CAR”) creó como área
ambiental protegida el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”, en el que incluyó parte del inmueble
referido. Años más tarde, en 2003, sus propietarios vendieron esa fracción del bien
Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
a Eudoro Barón Gutiérrez, Marisol Barón Gutiérrez, Marina Hortensia Barón de
López, Isabel Barón Gutiérrez, María Elsa Barón Gutiérrez, Luz Dary Barón
Gutiérrez, Herminda Barón Gutiérrez, Gladis Alexandra Barón Silva, José Omar
Barón Gutiérrez y Carlos Alfredo Barón Gutiérrez, lo que dio lugar a la apertura del
folio de matrícula No. 156-101302. Posteriormente, en 2011, fecha para la cual en
el folio de matrícula inmobiliaria no figuraba anotación alguna sobre la afectación
ambiental mencionada, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos Escobar
Otálora -demandantes en este proceso- compraron los derechos de cuota que todos
los copropietarios tenían sobre el inmueble. Finalmente, en 2013 se inscribió en el
folio de matrícula la restricción derivada de la declaratoria del predio como área
ambiental protegida.
La parte actora considera que la Nación – Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (en adelante el “DAPRE”), el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (en adelante el “Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible”) y la CAR son patrimonialmente responsables por i) la restricción del
derecho de dominio, ii) la desvaloración del inmueble y iii) “la imposibilidad de llevar
a cabo [sobre este] un negocio jurídico de compraventa”, en razón de la inclusión
del bien dentro del área ambiental protegida del Distrito de Manejo Integrado de
Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El Chuscal”, así como por el registro
tardío de esta en el folio de matrícula inmobiliaria.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
al constatar que no existían medios de convicción que dieran cuenta que los
demandantes sufrieron un daño antijurídico, pues el predio ya formaba parte del
Distrito de Manejo Integrado cuando lo adquirieron y las restricciones que de dicha
afectación se desprenden “están en consonancia con la función social y ecológica
de la propiedad, sin que ello implique un desequilibrio frente a las cargas públicas”.
Adicionalmente, el Tribunal concluyó que tampoco se acreditó la falla en el servicio
alegada en la demanda en relación con el registro de la afectación. Esta decisión
fue apelada por los accionantes.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 2 de julio de 20151-2, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos Escobar
Otálora, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, contra el DAPRE, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la CAR para que fueran declarados patrimonialmente
responsables por los daños que les fueron irrogados, debido a la inclusión del bien
de su propiedad dentro del área ambiental protegida del Distrito de Manejo
1 Fl. 1 a 18, C. Ppal.
2 Mediante auto del 14 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda. Fl. 23 a 24 C. Ppal.
2
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Integrado de Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El Chuscal”, así como
por el registro tardío de esta en el folio de matrícula inmobiliaria.
En su escrito, la parte accionante formuló expresamente las siguientes pretensiones
declarativas y de condena:
“[…] Principales:
Primera. - Que se declare que la Nación, Presidencia de la República; Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR; son responsables del daño especial causado a los
demandantes por el rompimiento de las cargas públicas y el principio a la igualdad, al
incluir en distrito de manejo integrado y anotar en el registro de la propiedad
identificada con matrícula inmobiliaria 156-101302 mediante oficio 1552, la
especificación 0345 consistente en ‘afectación por causa de categorías ambientales
– afectación en 22.88 has equivalente al 100% del predio, por la declaratoria del
distrito de manejo integrado ‘cuchilla el chuscal’ según Acuerdo CAR 018 de 1998.
Cualquier trámite o desarrollo de actividades sobre el mismo, requiere consulta previa
ante la CAR’.
Segunda. - Que, como consecuencia directa de lo anterior, se condene a las partes
convocadas a pagar los perjuicios materiales ocasionados, por valor estimado de
trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000) o lo que se pruebe dentro del
proceso judicial como consecuencia del daño material en su rubro daño emergente.
Tercera. – Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a
las demandadas a pagar el valor que se pruebe o se considere –presuntivamente–
por el Despacho, como perdida mensual por hectárea de la productividad. Lo anterior
a título de daño material- lucro cesante.
Cuarta. - Se condene en costas procesales y agencias en derecho a los demandados
vencidos en juicio.
Quinta. - Se declare el deber de indemnizar cualquier otro perjuicio probado dentro
del proceso y no pedido por el demandante, de conformidad al principio constitucional
de indemnización integral.
Subsidiarias:
Primera. - Que se declare que la Nación, Presidencia de la República; Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca – CAR; son responsables de la falla del servicio causado a los
demandantes por el mal y omisivo funcionamiento del Estado al realizar de forma
tardía la anotación en el registro de libertad de la propiedad identificada con matrícula
inmobiliaria 156-101302 mediante oficio 1552, la especificación 0345 consistente en
‘afectación por casusa de categorías ambientales – afectación en 22.88 has
equivalente al 100% del predio, por la declaratoria del distrito de manejo integrado
‘cuchilla el chuscal’ según Acuerdo CAR 018 de 1998. Cualquier trámite o desarrollo
de actividades sobre el mismo, requiere consulta previa ante la CAR’.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Segunda. – Que, como consecuencia directa de lo anterior, se condene a las partes
convocadas a pagar los perjuicios materiales ocasionados, por valor estimado de
trescientos cincuenta millones de pesos ($350.000.000) o lo que resulta de la
diferencia negativa entre el valor pagado por mis poderdantes en la compraventa del
bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 156-101302 y el valor comercial
del bien teniendo en cuenta la anotación registral No. 3; o lo que se pruebe dentro del
proceso judicial como consecuencia del daño material en su rubro daño emergente.
Tercera. – Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a
las demandadas a pagar el valor que se pruebe o se considere –presuntivamente-
por el Despacho, como perdida mensual por hectárea de la productividad. Lo anterior
a título de daño material- lucro cesante”.
Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 26 de octubre de 1978,
Eudoro Barón Ayala e Isabel Gutiérrez de Barón adquirieron el inmueble
denominado “El Emparamado”, ubicado en el municipio de La Vega
(Cundinamarca), identificado con el folio de matrícula No. 156-18684.
Señaló que, el 14 de marzo de 1996 el Concejo Municipal de La Vega expidió el
Acuerdo No. 06 de esa fecha, por medio del cual reglamentó el uso del suelo en
una zona de ese municipio, denominada “El Chuscal”. Añadió que dicho acto
administrativo fue posteriormente modificado por esa corporación.
Mencionó que, el 23 de enero de 1998, la CAR – Regional Villeta efectuó visita al
área correspondiente a la cuenca alta de la quebrada El Cajón y la microcuenca de
la quebrada Ventorrillo, encontrando la necesidad de declarar zona de reserva
hídrica o zona de reserva vegetal y forestal el sector conocido como “Chuscal”.
Afirmó que, mediante el Acuerdo No. 18 del 7 de octubre de 1998, la CAR declaró
área ambiental protegida el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”, dentro de la cual se encontraban
comprendidos los terrenos de las partes altas de los ríos San Juan, Gualivá y
Sabaneta, estando dentro de ellos una franja del inmueble “El Emparamado”.
Relató que el 15 de diciembre de 2003, Eudoro Barón Ayala e Isabel Gutiérrez de
Barón vendieron esa fracción del predio a Eudoro Barón Gutiérrez, Marisol Barón
Gutiérrez, Marina Hortensia Barón de López, Isabel Barón Gutiérrez, María Elsa
Barón Gutiérrez, Luz Dary Barón Gutiérrez, Herminda Barón Gutiérrez, Gladis
Alexandra Barón Silva, José Omar Barón Gutiérrez y Carlos Alfredo Barón
Gutiérrez. Señaló que, al registrar dicha compraventa, se abrió el folio de matrícula
inmobiliaria No. 156-101302, en el que se identificó el bien con el nombre de “El
Emparamado”.
Refirió, igualmente, que el 10 de noviembre de 2011, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez
y Juan Carlos Escobar Otálora compraron los derechos de cuota que todos los
copropietarios tenían sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No.
156-101302, el cual generaba rendimientos económicos derivados de actividades
agrícolas y de la crianza de semovientes.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Añadió que, el 2 de abril de 2013, “la Administración” inscribió en el folio de matrícula
inmobiliaria No. 156-101302 la afectación ambiental derivada de la declaratoria del
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El
Chuscal”.
Destacó que, el 8 de julio de 2014, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos
Escobar Otálora suscribieron un contrato de promesa de compraventa con Carlos
Alberto Ávila Orjuela sobre el predio “El Emparamado”, con la obligación de
formalizar la escritura pública el 8 de septiembre siguiente ante la Notaria Segunda
de Facatativá. No obstante lo anterior, según lo afirmado en la demanda, “el negocio
jurídico no pudo ser llevado a cabo por la anotación No. 3 en el registro de tradición
del inmueble”.
La parte actora considera que el DAPRE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la CAR son patrimonialmente responsables por i) la afectación del
derecho de dominio, ii) la desvaloración del inmueble y iii) “la imposibilidad de llevar
a cabo [sobre este] un negocio jurídico de compraventa”, derivados de la
incorporación del bien al área ambiental protegida del Distrito de Manejo Integrado
de Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El Chuscal”, y del tardío registro de
esta en el folio de matrícula inmobiliaria.
2. Contestaciones
2.1. El DAPRE3 solicitó no acceder a las pretensiones de la demanda. Afirmó que
no causó ningún daño a los accionantes, habida cuenta que no fue quien expidió el
acto administrativo mediante el cual se declaró y alinderó el Distrito de Manejo
Integrado de Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”.
2.2. El Ministerio de Ambiente4 se opuso a las pretensiones de la demanda,
señalando que el daño fue ocasionado por la CAR, quien tenía a su cargo el
alinderamiento y la administración de los distritos de manejo integrado de los
recursos naturales renovables.
2.3. La CAR5 se opuso a lo pretendido en la demanda. Indicó que no ocasionó un
daño antijurídico a los accionantes, porque la declaración del distrito de manejo
integrado de recursos naturales renovables y la inscripción de dicha afectación en
el respectivo folio de matrícula inmobiliaria no afectaron su derecho de propiedad
sobre el inmueble. Como excepción propuso la caducidad del medio de control,
aduciendo que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que se registró
la afectación en el folio de matrícula inmobiliaria y aquella en la que se presentó la
demanda.
3. Audiencia inicial
3 Fl. 102 a 107, C. Ppal.
4 Fl. 46 a 58, C. Ppal.
5 Fl. 61 a 110, C. Ppal.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
El 23 de agosto de 20166 se llevó a cabo la audiencia inicial ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la cual se adelantó el saneamiento del proceso
y se resolvieron las excepciones previas. En dicha diligencia se declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del DAPRE y del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Esta determinación fue apelada por la parte demandante y, mediante auto del 9 de
noviembre de 2016, esta Sala de Subsección modificó la decisión aduciendo que
“la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR” estaban legitimadas para actuar como
parte demandada dentro del presente medio de control, mientras que el DAPRE era
“ajeno a las pretensiones principales y subsidiarias” de la demanda.
Posteriormente, el 5 de julio de 20177, se reanudó la audiencia inicial, oportunidad
en la que se resolvió sobre el decreto de pruebas8 y se fijó el objeto del litigio. En
relación con este último aspecto, es decir, con la fijación del litigio, el Tribunal
advirtió que el “tema del proceso se trataba de la demanda de reparación directa
por los daños ocasionados por las demandadas por la declaratoria de Distrito de
Manejo Integrado ‘Cuchilla el Chuscal’, con lo que según los demandantes se les
restringió el uso del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 156-101302.
Según lo narrado por la instructora se le endilgó la responsabilidad a las
demandadas por daño especial, y por falla en el servicio”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
4.1. La parte demandante9, el DAPRE10 y la CAR11 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.
4.2. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio Público
guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 16 de abril de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca12 negó las pretensiones de la demanda, al constatar que ni la
6 Samai, índice 10. Archivos denominados ED_CUADERNO1_31AUDIENCIAINICIALP(.PDF)
NroActua 10 .PDF, ED_CUADERNO1_35AUTORESUELVERECURS-
MODIFICAPARCIALMENTE (.PDF) NroActua 10 y ED_CUADERNO1_51AUDIENCIAINICIALP--
ACTA CONTINUACIÓN AUDIENCIA (.PDF) NroActua 10.
7 Fl. 172 a 177, C. Ppal.
8 En la misma diligencia, el Tribunal decretó los siguientes medios probatorios: (i) parte demandante:
(a) pruebas documentales aportadas y solicitadas con la demanda; (b) dictamen pericial aportado
con la demanda; (ii) parte demandada -CAR-: (a) pruebas documentales aportadas y solicitadas con
la contestación.
9 Fl. 245 a 250, C. Ppal.
10 Fl. 241 a 244, C. Ppal.
11 Fl. 232 a 240, C. Ppal.
12 Fl. 256, C. Ppal.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
declaratoria ni el registro de la afectación constituían un daño en los términos
expuestos en la demanda, porque no existía imposibilidad de explotación
económica del bien inmueble, dado que ciertos usos eran permitidos, siempre y
cuando se cumplieran los requerimientos ambientales establecidos. Además, se
refirió a la función social y ecológica de la propiedad y resaltó que, en el presente
caso, la inclusión del inmueble en el área ambiental protegida del Distrito de Manejo
Integrado de Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El Chuscal” había
tenido lugar antes de su adquisición por parte de los accionantes, y que no se
aportaron pruebas al expediente para demostrar que hubieran gestionado permisos
o licencias para la explotación económica del bien, de acuerdo con el uso del suelo
permitido para la zona. Al efecto, el Tribunal concluyó que la parte actora “no
acreditó que se haya restringido el núcleo esencial del derecho a la propiedad
privada, pues su pertenencia al D.M.I. fue previa a la adquisición y las restricciones
que de aquella se desprenden, están en consonancia con la función social y
ecológica de la propiedad, sin que ello implique un desequilibrio frente a las cargas
públicas”.
Por otra parte, advirtió que la falla del servicio alegada en la demanda no estaba
probada, porque de conformidad con las normas aplicables, la inscripción del distrito
de manejo integrado en el folio de matrícula del inmueble estaba supeditada al
“agotamiento de un procedimiento previo, en aras de ser registrado en el Registro
Único de Áreas Protegidas”.
Finalmente, en punto de la objeción por error grave formulada por la CAR frente al
dictamen pericial aportado por el extremo activo, en el sentido de señalar que la
categorización agrológica solo correspondía al Instituto Geográfico Agustín Codazzi
y que, por tanto, la realizada por el perito no era procedente, el fallo concluyó que
la objeción planteada no estaba llamada a prosperar. Al respecto, sostuvo que, si
bien dicho instituto “es la máxima autoridad del país en aspectos técnicos
relacionados con la clasificación y uso de suelos, (…) los peritos avaluadores
pueden producir informes técnicos en el ámbito de sus competencias, siempre y
cuando” se hallen ajustados a los parámetros expedidos por aquel, motivo por el
cual la experticia sería valorada en conjunto con los demás elementos de prueba y
de acuerdo con las normas que regulan el uso del suelo.
6. Apelación
6.1. La parte actora interpuso recurso de apelación13, en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y acceder a las súplicas de la demanda. Como
sustento, reprochó la forma en que el Tribunal formuló el problema jurídico, por
cuanto, a su juicio, este no debía circunscribirse a establecer la existencia de una
limitación al núcleo esencial del derecho a la propiedad ni a una simple verificación
de las actividades permitidas en el predio, sino a determinar aquellas que no podían
realizarse como consecuencia de la inclusión del inmueble en un Distrito de Manejo
Integrado.
13 Samai, índice 2. Archivo denominado ED_027_RECIBEMEMORIALES(.pdf) NroActua 2
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Recordó, además, que su reclamación se originaba en daños imputables a la
Administración, derivados de limitaciones ostensibles al derecho de propiedad, bien
por la imposición de una carga que no estaban llamados a soportar o por la
configuración de una falla en el servicio.
Alegó que el a quo fundamentó su decisión en la supuesta falta de gestiones
tendientes a obtener permisos y licencias, exigencia que, según afirmó, constituía
una carga sin sustento constitucional, legal o jurisprudencial. Sostuvo que el daño
era cierto, actual y futuro, pues el valor del bien había disminuido con ocasión de la
“medida ambiental restrictiva”.
En cuanto a la imputación por falla del servicio, expuso que lo alegado en la
demanda era el incumplimiento de una obligación legal por parte de la
Administración, y que el análisis realizado por el tribunal en torno a ese título de
atribución fue superficial, ligero y equivalente a una “denegación de justicia”.
Afirmó que, al momento de adquirir el inmueble, el certificado de libertad y tradición
no registraba medida alguna que indicara una afectación de tipo ambiental, siendo
esta posterior a la compra. Sostuvo que, por disposición legal vigente desde 1974,
el Distrito de Manejo Integrado debía inscribirse en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria, obligación que, según su dicho, no fue cumplida y configuró una falla
en el servicio.
Concluyó que, debido a la afectación que recaía sobre el inmueble y del registro
tardío de esta, el tercero con quien se había suscrito la promesa de compraventa
desistió del negocio jurídico por “encontrarlo inconveniente”.
Bajo ese marco, sostuvo que el DAPRE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y la CAR le ocasionaron unos daños que no estaba en la obligación de
soportar derivados de: i) la inclusión de su predio dentro del área ambiental
protegida del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables La
Cuchilla “El Chuscal”; y ii) el registro tardío de la constitución de dicha área en el
folio de matrícula inmobiliaria.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
7.1. La parte actora14, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible15 y la CAR16
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta,
respectivamente.
7.2. El DAPRE y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
14 Samai, índice 27.
15 Samai, índice 30.
16 Samai, índice 29.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
La Sala modificará la sentencia del 16 de abril de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Nación – Departamento Administrativo de la
Presidencia. No obstante, mantendrá la decisión de negar las pretensiones de la
demanda, porque, como se expondrá a continuación, no se acreditaron los daños
consistentes en i) la restricción del derecho de dominio, ii) la desvaloración del
inmueble y iii) “la imposibilidad de llevar a cabo [sobre este] un negocio jurídico de
compraventa”, en razón de la inclusión del bien dentro del área ambiental protegida
del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El
Chuscal”, así como por el registro tardío de esta en el folio de matrícula inmobiliaria.
Para el análisis, a continuación se abordarán los siguientes aspectos: (1)
presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4) caso
concreto, (5) conclusión y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer
del asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 10417 del CPACA, estatuto
vigente a la fecha de presentación de la demanda y que, por tanto, resulta aplicable,
porque se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación -
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible18 y de la CAR19. Igualmente, el Consejo de Estado
es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
del 16 de abril de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dada la vocación de doble instancia del proceso, debido a que la cuantía excedió
17 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a
la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen
aplicable […]”.
18 Ley 489 de 1998. “Artículo 39. La Administración Pública se integra por los organismos que
conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de
naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y
funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano. La
Presidencia de la República, los ministerios y los departamentos administrativos, en lo nacional, son
los organismos principales de la Administración”.
19 Ley 99 de 1993. “Artículo 23. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos
de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio
Ambiente. Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas
Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el
artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley”.
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
los 50020 SMLMV, en concordancia con los artículos 15021 y 15222 del CPACA.
1.2. Esta Sección23 ha sostenido de manera reiterada que la elección de la acción
o del medio de control judicial no obedece a la mera discrecionalidad del
demandante, sino que está determinada por el origen del daño cuya reparación se
pretende. En ese sentido, al tenor de los artículos 13824 y 14025 del CPACA, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho es el mecanismo idóneo cuando
las pretensiones de restablecimiento o de reparación de perjuicios se derivan de un
acto administrativo ilegal, mientras que el medio de control de reparación directa
resulta procedente para examinar daños cuya fuente sea un hecho, una omisión o
una operación administrativa. Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que,
excepcionalmente, el medio de control de reparación directa procede para obtener
la indemnización de los perjuicios causados por un acto administrativo legal, cuando
el daño se deriva de la ruptura del equilibrio en la distribución de las cargas
públicas26.
En el caso concreto, el medio de control de reparación directa ejercido por la parte
demandante es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado, comoquiera que no está encaminado a
discutir la legalidad de las decisiones adoptadas por la Corporación Autónoma
Regional, sino a obtener la reparación de los perjuicios que, según los
demandantes, les fueron causados en razón del daño especial, que no estaban en
20 La pretensión mayor de la demanda se estima en $350.000.000 por concepto de daño emergente,
lo que es superior a 500 SMLMV de la fecha en que esta fue presentada, esto es, del año 2015, en
el que el salario mínimo correspondía a la suma de $644.350.
21 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación […]”.
22 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión
de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. […]”.
23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2022,
Rad.: 54977. Asimismo, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de
noviembre de 2015, Rad.: 34254 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
del 3 de abril de 2013, Rad.: 26437.
24 “Artículo 138. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. […]”.
25 “Artículo 140. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada
podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras,
cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción
de la misma”.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de marzo de 2022, Rad.:
54977.
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
la obligación jurídica de soportar, por la inclusión de su inmueble dentro del área
ambiental protegida del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
Renovables La Cuchilla “El Chuscal”. Asimismo, resulta procedente por cuanto se
imputa responsabilidad a la Administración por haber omitido inscribir
oportunamente la afectación del predio en la respectiva Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.
1.3. En la presente controversia el derecho de acción fue ejercido en tiempo, dentro
del término de dos (2) años previsto en el artículo 16427 del CPACA para formular
pretensiones de reparación directa. Al efecto, se advierte que los demandantes
reclaman la responsabilidad patrimonial del Estado por: i) la restricción del ejercicio
del derecho de dominio, ii) la desvalorización del inmueble de su propiedad y iii) “la
imposibilidad de llevar a cabo [sobre este] un negocio jurídico de compraventa”,
todos derivados tanto de la inclusión del bien dentro del área ambiental protegida
del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Renovables La Cuchilla “El Chuscal”,
como del registro tardío de dicha afectación en el respetivo folio de matrícula
inmobiliaria.
Pues bien, tratándose del cómputo del término de caducidad en eventos en los que
un bien resulta afectado por una decisión legal o administrativa –ocupación jurídica,
las Subsecciones de esta Sección se han pronunciado en distinto sentido. En
efecto, algunas decisiones han sugerido que el término preclusivo transcurre desde
el momento en que el propietario tuvo conocimiento de la restricción impuesta 28;
otras han considerado que su punto de partida corresponde a la inscripción de la
limitación administrativa en el folio de matrícula inmobiliaria del bien 29 y, al margen
de estas posturas, también subsiste aquella según la cual la caducidad debe
contarse desde la publicación en el diario oficial del acto administrativo general que
impuso la restricción30.
27 “Artículo 164. […] Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo
si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia. […]”.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2012, Rad.:
19048; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de agosto de 2016.
Rad.: 38532; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 28 de junio de
2019, Rad.: 43892 y del 5 de agosto de 2020, Rad.: 49657.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 9 de mayo de 2012, Rad.:
21906; 27 de abril de 2016, Rad.: 34623; y del 26 de abril de 2017, Rad.: 39646. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021, Rad.: 44670.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 13 de agosto de 2021, Rad.:
58765 y del 27 de agosto de 2021, Rad.: 64150. Sobre el particular, véase también el salvamento
de voto del magistrado Alberto Montaña Plata al interior del proceso con radicado número 25000-23-
26-000-2007-00294-01.
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Al respecto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha
inclinado por la interpretación que atiende al momento en que el propietario conoce
la limitación impuesta al bien inmueble31.
En ese orden de ideas, la parte actora conoció de la inclusión de su inmueble en el
área protegida el 2 de abril de 2013, fecha en la que se inscribió la afectación
ambiental en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, circunstancia que, según
se afirma, restringió el ejercicio de su derecho de dominio y ocasionó la
desvaloración del bien, y a partir de la cual tuvo conocimiento cierto de la carga que
recaía sobre el predio (hecho probado 3.10).
Sobre el particular, si bien podría plantearse que el término de caducidad debía
computarse desde la publicación del Acuerdo No. 18 de 1998, mediante el cual el
inmueble de los demandantes fue incorporado al Distrito de Manejo Integrado de
Recursos Renovables (hecho probado 3.5.), lo cierto es que en el expediente no
obra prueba que permita establecer el momento en que se surtió dicha publicación,
así como tampoco se demostró que, para el 7 de octubre de 1998, fecha de
expedición de ese acto administrativo, los accionantes detentaran la calidad del bien
objeto de controversia.
Al efecto, es pertinente destacar que esta Subsección, en sentencia del 22 de mayo
de 2024, precisó que el término de caducidad no podría contabilizarse desde la
fecha de publicación del acto que determinó la afectación si, para ese momento, los
demandantes no eran titulares del derecho de dominio sobre el bien32.
De otro lado, frente a los perjuicios que habría sufrido la parte demandante por la
imposibilidad de celebrar el negocio jurídico de compraventa sobre el inmueble, a
causa de la afectación del bien y del registro tardío de esta en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, la Sala estima que el derecho de acción también se ejerció
dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA. En efecto,
para el 8 de septiembre de 2014, fecha acordada por las partes de la promesa para
la suscripción de la escritura pública ante la Notaría Segunda de Facatativá (hecho
probado 3.11.), podía inferirse que el acto jurídico no se concretaría pues, tal y como
lo afirmaron los libelistas el “promitente comprador se sustrajo de la celebración del
contrato de compraventa, después de analizado el registro de libertad y tradición
del bien, por encontrar inconveniente el negocio jurídico”.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencias del 22 de mayo de 2024, Rad.:
60077 y del 23 de agosto de 2024, Rad.: 62850.
32 “En armonía con esa línea de entendimiento de la preceptiva del numeral 8 del artículo 136 del
Código Contencioso Administrativo, en este caso, dado que en el certificado de libertad y tradición
no consta registro de limitación alguna, el momento a partir del cual pudo el aquí accionante
demandar en reparación directa el resarcimiento del daño que esa ocupación le produjo coincide con
el día siguiente a aquel en que entró en vigor la Resolución 1765 de 1993, pues fue a partir de su
vigencia que el predio quedó jurídicamente afectado. Sin embargo, en ese momento, no era él su
propietario”. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 22 de mayo de 2024,
Rad.: 60077.
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
En consecuencia, desde esa fecha comenzó a correr el término preclusivo respecto
del daño atribuido a la omisión endilgada a la Administración, de suerte que, habida
cuenta que la fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría General de Nación y la posterior radicación de la demanda, se
concluye que el medio de control fue ejercido en tiempo.
1.4. Frente a la legitimación en la causa de las partes que integran la litis, esto es,
de un lado, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos Escobar Otálora, y de otro,
la CAR y la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se advierte lo siguiente:
(i) Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos Escobar Otálora son las personas
sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están
legitimados en la causa por activa, pues acreditaron ser los propietarios del predio
“El Emparamado”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 156-101302
(hecho probado 3.8.), el cual, según afirman en la demanda, fue afectado por la
declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de
La Cuchilla “El Chuscal”.
(ii) La CAR está legitimada en la causa por pasiva, dado que fue la autoridad pública
que expidió el Acuerdo No. 18 de 1998, mediante el cual se incluyó el inmueble de
los accionantes - denominado “El Emparamado” - en el área ambiental protegida
del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla
“El Chuscal”, (hecho probado 3.5.), con lo que, según lo narrado en la demanda, se
les habría causado un daño que no tenían la obligación jurídica de soportar.
(iii) La Nación - debidamente representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible - está legitimada en la causa por pasiva, pues los demandantes le atribuyen
el daño “especial” materia de la pretensión de reparación, por “la declaratoria del
distrito de manejo integrado ‘cuchilla el chuscal’”. Al efecto, se advierte que el artículo
1° del Decreto 3570 de 201133 dispone que “[e]l Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales
renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y
de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación,
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el
desarrollo sostenible”.
(iv) Los intereses de la Nación no están debidamente representados por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, pues, en línea con
lo considerado por esta Sala de Subsección en auto del 9 de noviembre de 2016
(acápite 3), en el que se indicó que dicha entidad era ajena a las pretensiones
principales y subsidiarias de la demanda, no hay pruebas en el plenario que
33 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
acrediten que hubiese influido en la causación del daño que ahora se reclama.
2. Problema jurídico
De conformidad con los cargos del recurso de apelación formulado por la parte
demandante, corresponde a la Sala determinar si la declaratoria del distrito de
manejo integrado de recursos naturales renovables y su inscripción tardía en el folio
de matrícula de un inmueble condujo a i) la restricción del ejercicio del derecho de
dominio de los demandantes; ii) su desvalorización; y iii) “la imposibilidad de llevar
a cabo [sobre este] un negocio jurídico de compraventa”. Solo de encontrarse
satisfechos los requisitos para la resarcibilidad de los daños reclamados, se
procederá establecer si, en efecto, estos son atribuibles a las demandadas.
3. Hechos probados
Antes de exponer cuáles son los hechos probados, la Sala estima pertinente
precisar que, aunque la certificación de uso del suelo expedida el 15 de febrero de
2018 por el Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de La Vega
remite a lo establecido en el Acuerdo No. 013 de 2007 proferido por el concejo de
ese ente territorial “Por medio del cual se adopta la revisión y ajustes al Plan Básico
de Ordenamiento Territorial del municipio de La Vega (Cundinamarca) y se modifica
parcialmente el Acuerdo 035 de 2000”34, lo cierto es que dicho acto acoge la
clasificación de usos del suelo prevista en el Plan de Manejo de la Cuchilla “El
Chuscal”, elaborado por la CAR35. En consecuencia, el análisis de las actividades
permitidas en el predio de los demandantes se realizará en cuanto resulten
compatibles con las disposiciones contenidas en ese plan de manejo, adoptado
mediante la Resolución No. 2466 del 29 de octubre de 2014 (hecho probado 3.12.),
pues, aunque mediante el Acuerdo No. 18 del 7 de octubre de 1998 el inmueble de
los accionantes fue incorporado al área protegida (hecho probado 3.5.), el citado
acto administrativo estableció el régimen de usos aplicables al bien objeto de la
controversia.
34 Certificación de uso del suelo expedida el 15 de febrero de 2018 por el secretario de planeación e
infraestructura del municipio de La Vega. Fl. 202 a 210, C. Ppal.
35 Acuerdo No. 013 de 2007. “Artículo 55. Es el área de protección y de reserva declarada por la
Corporación Autónoma regional CAR, como Distrito de Manejo Integrado, por medio del Acuerdo No.
18 del 7 de Octubre de 1.998, con un área de 2.273,22 Ha., con el fin de ordenar, planificar y regular
el uso y manejo de los recursos naturales renovables y las actividades económicas del sector de la
Cuchilla del Chuscal. Para la reglamentación del uso del suelo del distrito de manejo se acoge la
clasificación de uso del suelo estipulada y aprobada en el Plan de Manejo de la Cuchilla del Chuscal,
realizado por la CAR, o las modificaciones que de este surjan. […]”. Consultado en:
//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lavega-
cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20N%C2%BA%20013%20de%20200
7.pdf
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
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Asimismo, es necesario señalar que en atención a lo previsto en el artículo 212 del
CPACA36, no se apreciarán las certificaciones expedidas por la Secretaría de
Planeación e Infraestructura del municipio de La Vega, aportadas por el
demandante con escrito de fecha 27 de febrero de 201837, por cuanto dichos
documentos no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales
correspondientes.
Ahora bien, examinado el acervo probatorio que obra en el expediente, se
encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes para dar respuesta al
problema jurídico planteado en el presente asunto:
3.1. El 23 de enero de 1998 la CAR – Regional Villeta efectuó una visita al área
correspondiente a la cuenca alta de la quebrada El Cajón y la microcuenca de la
quebrada Ventorrillo, encontrando la necesidad de declarar zona de reserva hídrica
o zona de reserva vegetal y forestal el sector conocido como el “Chuscal”38.
3.2. Mediante Acuerdo No. 06 del 14 de marzo de 1996, el Concejo Municipal de La
Vega (Cundinamarca) reglamentó el uso del suelo en una zona de ese municipio,
denominada “El Chuscal”. Este acuerdo dividió, en dicha área, el uso rural del suelo
en (3) zonas diferentes: (i) zona de protección, constituida por las partes más altas
de las cuencas, en general cubiertas por bosques, rastrojos altos y/o vegetación de
páramo y por algunos sectores aislados de fuerte pendiente, cubiertos por
vegetación leñosa o rastrera; (ii) zonas de ronda de ríos, constituidas por las franjas
de terreno a lo largo de las corrientes de agua y alrededor de los “nacimientos” y (iii)
zonas de pastoreo extensivo, conformadas por áreas de pendiente moderada,
menor del 60%, cuya vegetación natural ha sido reemplazada por “pastizales”
explotados en pastoreo extensivo.
Las zonas de protección y de ronda de ríos se destinaron principalmente a la
conservación de su estado natural, por lo que se autorizaron ciertas actividades
como recreación general y cultural, lagos y embalses y recuperación ecológica. En
estas, se prohibieron actividades de agricultura tradicional y mecanizada, minería
superficial, así como el desarrollo de carreteras, urbanizaciones e industria. Sin
embargo, se establecieron usos condicionados para reforestación, piscicultura,
usos silvo-pastoriles, construcción de carreteras y puentes, así como para minería
subterránea.
Tal acuerdo prohibió en las zonas de pastoreo extensivo las actividades de minería
superficial, industria contaminante y urbanización de alta densidad. Por el contrario,
36 CPACA. “Artículo 212. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse,
practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este
Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la
demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y
su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en
este último evento circunscritas a la cuestión planteada. […]”.
37 Fl. 214 a 225, C. Ppal.
38 Informe de visita DRV-4-930 del 23 de enero de 1998. Fl. 21 a 23, C. Ppal.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
permitió condicionadamente en esas zonas la reforestación, minería subterránea,
construcción de carreteras, urbanizaciones de baja densidad, industrial liviana no
contaminante y agricultura de laderas, en la medida en que para su realización
fueran empleadas tecnologías que no degradaran los valores naturales del área39.
3.3. A través de Acuerdo No. 032 del 22 de agosto de 1996, el Concejo Municipal
de La Vega modificó el acuerdo enunciado en el hecho anterior, en lo relativo a los
usos prohibidos de la zonas de protección y en las rondas de ríos, indicando que
estos se hallaban circunscritos a la agricultura tradicional y mecanizada, el
desarrollo de carreteras y urbanizaciones, la instalación de industrias y cualquier
otra actividad que pudiera afectar radicalmente la capa de suelo vegetal y/o la
vegetación productora o conservadora de agua.
Adicionalmente, modificó los usos condicionados en las rondas de ríos y en las
zonas de pastoreos extensivo, permitiendo actividades como la piscicultura, los
sistemas silvo-pastoriles, la construcción de carreteras y puentes, la reforestación,
las urbanizaciones de baja densidad, la industria liviana no contaminante y la
agricultura de ladera, siempre que su ejecución no degradara los valores naturales
del área40.
3.4. El 26 de octubre de 1978, Eudoro Barón Ayala e Isabel Gutiérrez de Barón
adquirieron el lote de terreno denominado “El Emparamado”, ubicado en la vereda
El Dintel del municipio de La Vega (Cundinamarca). El inmueble se identificaba con
el folio de matrícula inmobiliaria No. 156-18684 y tenía una cabida superficiaria de
35 hectáreas y 2.000 m2 41.
3.5. Mediante el Acuerdo No. 18 del 7 de octubre de 1998, la CAR declaró como
área ambiental protegida el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales
Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”, dentro de la cual quedaron comprendidos
cien (100) predios ubicados en las zonas altas de los ríos San Juan, Gualivá y
Sabaneta, correspondientes a las veredas El Roble, San Antonio, San Juan, El
Dintel, Sabaneta y El Chuscal, del municipio de La Vega.
Este acuerdo dividió el distrito de manejo en 4 zonas diferentes, a saber: (i) zona de
preservación, cuya área estaba encaminada a garantizar la intangibilidad y la
perpetuación de los recursos dentro de espacios específicos del Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales; (ii) zona de recuperación para la preservación,
donde se realizarían actividades humanas orientadas al restablecimiento de las
condiciones naturales primigenias de la zona; (iii) zona de producción, en la que se
adelantarían actividades humanas dirigidas a generar los bienes o servicios
39 Acuerdo No. 06 del 14 de marzo de 1996 expedido por el Concejo Municipal de La Vega. Fl. 11 a
15 C. de Pruebas.
40 Acuerdo No. 032 del 22 de agosto de 1996 expedido por el Concejo Municipal de La Vega. Fl. 16
a 18 C. de Pruebas.
41 Escrituras públicas 3293 del 26 de octubre de 1978 de la Notaría Trece del Círculo Notarial de
Bogotá D.C. y 2972 del 15 de diciembre de 2003 de la Notaría Segunda del Círculo de Facatativá.
Fl. 2 a 5 y 32 a 41 C. de Pruebas.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
requeridos para el bienestar material y espiritual de la sociedad y “que para el
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables (DMI),
presupone un modelo de aprovechamiento racional de los recursos naturales en un
contexto de desarrollo sostenible”; y (iv) zona de recuperación para la producción,
en la cual se desarrollarían actividades humanas orientadas al restablecimiento de
las condiciones naturales para el aprovechamiento sostenible de los recursos de la
zona. Además, dispuso que todo proyecto de infraestructura o actividad económica
que fuera a ser desarrollada dentro del área requeriría de licencia ambiental o
permiso de aprovechamiento.
De acuerdo con el citado acto administrativo, veinticuatro (24) hectáreas del predio
“El Emparamado” quedaron comprendidas dentro del área ambiental protegida,
clasificadas en las zonas de preservación y recuperación para la preservación42-43.
3.6. El 15 de diciembre de 2003, Eudoro Barón Ayala e Isabel Gutiérrez de Barón
vendieron la fracción del predio afectada por la declaratoria del Distrito de Manejo
Integrado de los Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El Chuscal” a
Gladis Alexandra Barón Silva, Marina Hortensia Barón de López, Eudoro Barón
Gutiérrez, José Omar Barón Gutiérrez, Herminda Barón Gutiérrez, Isabel Barón
Gutiérrez, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez, Luz Dary Barón Gutiérrez, María Elsa
Barón Gutiérrez y Marisol Barón Gutiérrez44.
3.7. El 16 de febrero de 2004, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Facatativá abrió el folio de matrícula inmobiliaria No. 156-101302, en el que inscribió
la compraventa del lote de terreno que había sido enajenado por los señores Barón
Ayala y Gutiérrez de Barón. Este predio conservó la denominación de “El
Emparamado”45.
3.8. El 10 de noviembre de 2011, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos
Escobar Otálora compraron los derechos de cuota que todos los copropietarios
tenían sobre el inmueble “El Emparamado”, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 156-10130246.
3.9. El 22 de marzo de 2013, la CAR solicitó a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Facatativá inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria No. 156-101302
42 Acuerdo No. 18 del 7 de octubre de 1998 expedido por la CAR. Fl. 88 a 92 C. Ppal.
43 El mapa de localización del Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de
La Cuchilla “El Chuscal” puede consultarse también en:
//efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac7a3c8c0889.pdf
44 Escritura pública 2972 del 15 de diciembre de 2003 de la Notaría Segunda del Círculo de
Facatativá. Fl 32 a 41, C. de Pruebas.
45 Certificado de tradición del inmueble expedido el 2 de diciembre de 2014 por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Facatativá. Fl. 53 a 55, C. de Pruebas.
46 Escritura pública 2596 del 10 de noviembre de 2011 de la Notaría Segunda del Círculo de
Facatativá. Fl. 42 a 49, C. de Pruebas.
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
la afectación ambiental por la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de
Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”47.
3.10. En cumplimiento de lo anterior, el 2 de abril de 2013, la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Facatativá inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria
No. 156-101302 la afectación ambiental referida48.
3.11. El 8 de julio de 2014, Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y Juan Carlos Escobar
Otálora celebraron un contrato de promesa de compraventa con Carlos Alberto Ávila
Orjuela, en el que los primeros se comprometieron a venderle al último el predio
denominado “El Emparamado”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No.
156-101302. En este documento las partes acordaron que la escritura pública de
compraventa sería suscrita el 8 de septiembre de 2014 en la Notaría Segunda de
Facatativá49.
3.12. Mediante Resolución No. 2466 del 29 de octubre de 2014, la CAR adoptó el
Plan de Manejo para el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales
Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”, dividiendo el área en cuatro zonas: (i) zona
general de uso público, cuya área comprendía los espacios “definidos en el plan de
manejo” para alcanzar objetivos particulares de gestión a través de la educación, la
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la
investigación”; (ii) zona de uso sostenible, la cual incluía espacios para adelantar
actividades productivas y extractivas compatibles con los objetivos de conservación;
(iii) zona de preservación, en la que se priorizarían actividades forestales
protectoras con especies nativas y conservación de suelos, con usos compatibles
como recreación pasiva o contemplativa, investigación, educación ambiental y
rehabilitación ecológica; y condicionados como ecoturismo, servicios públicos e
infraestructura asociada; y (iv) zona de restauración, donde se estableció la
restauración vegetal con especies nativas y la conservación de suelos como uso
principal; la investigación, educación ambiental y recreación pasiva como
compatibles; y el ecoturismo, servicios públicos, aprovechamiento de especies
exóticas y recreación activa como condicionados.
En estas dos últimas zonas se prohibieron actividades agropecuarias, industriales,
institucionales, mineras y de urbanización, imponiendo restricciones al uso de los
predios. No obstante, se autorizaron ciertas actividades de bajo impacto y beneficio
social, como infraestructura rural de educación y salud, acueductos, senderismo y
recreación pasiva, y la instalación de antenas y electrificación rural.
47 Certificado de tradición del inmueble expedido el 2 de diciembre de 2014 por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Facatativá. Fl. 53 a 55, C. de Pruebas.
48 Certificado de tradición del inmueble expedido el 2 de diciembre de 2014 por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Facatativá. Fl. 53 a 55, C. de Pruebas.
49 Contrato de promesa de compraventa de bien inmueble. Fl. 50 a 52, C. de Pruebas.
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Radicado: 25000233600020150158402 (67108)
Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Igualmente, se permitió la expedición de licencias de urbanismo y construcción para
usos principales, compatibles y condicionados, así como permisos ambientales para
usos preexistentes, sujetos a medidas de conservación.
Por considerarlas de bajo impacto ambiental y de beneficio social, permitió, entre
otras, las siguientes actividades en el área del Distrito de Manejo Integrado de
Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El Chuscal”: (i) la construcción de
instalaciones rurales destinadas a brindar servicios de educación hasta el nivel de
básica secundaria, así como servicios de salud a la población rural; (ii) la
construcción de infraestructura para acueductos, junto con las obras de captación,
tratamiento y almacenamiento; (iii) el desarrollo de infraestructura para la recreación
pasiva, el senderismo y la interpretación paisajística que no involucrara estructuras
duras y; (iv) la instalación de torres para antenas de comunicaciones y de redes de
distribución de electrificación rural domiciliaria, sin variar sus especificaciones
técnicas ni su trazado.
A su vez, dispuso que los usos agropecuarios preexistentes debían adecuarse en
un plazo no superior a tres (3) años, mediante la implementación de prácticas de
manejo ambiental orientadas a la adecuada gestión y disposición final de los
residuos sólidos y líquidos derivados de dichas actividades. Igualmente, previó la
adopción de incentivos dirigidos al reconocimiento de las coberturas arbóreas en
buen estado y a la sustitución paulatina de las actividades no forestales, en especial
de aquellas que generaran mayores impactos sobre el entorno.
Finalmente, precisó que dicha regulación no generaba un impedimento o prohibición
para que los inmuebles que hicieran parte del distrito de manejo integrado pudieran
ser vendidos, comprados, arrendados, hipotecados, cedidos, permutados u objeto
de cualquier otro negocio permitido por el ordenamiento jurídico vigente50.
3.13. El 24 de julio de 2017, la Secretaria de Hacienda del municipio de La Vega
certificó que el predio denominado “El Emparamado”, de propiedad de los
demandantes, se hallaba avaluado catastralmente en la suma de $290.911.000 51.
3.14. El 26 de julio de 2017, la CAR aportó a este proceso el memorando DGOAT,
en el que informó que el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 156-
101302 estaba ubicado dentro del área declarada por esa corporación como Distrito
de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El
Chuscal”. En el documento indicó que dicho inmueble había sido incluido en zonas
de preservación y de restauración, con usos determinados en el plan de manejo de
dicho distrito52.
3.15. La parte actora allegó un avalúo de bienes rurales rendido por el profesional
50 Resolución No. 2466 del 29 de octubre de 2014 expedida por la CAR. Fl. 93 a 100. C. Ppal.
51 Certificación expedida por la secretaria de hacienda del municipio de La Vega. Fl 193 a 194. C.
Ppal.
52 Memorando DGOAT expedido por la CAR. Fl. 180 a 184, C. Ppal.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
avaluador Raúl Castellanos Lozano, el cual fue decretado como prueba pericial por
el Tribunal53 y será objeto de valoración al abordar el análisis del caso concreto.
4. Recuento jurisprudencial sobre la responsabilidad patrimonial del Estado
por decisiones administrativas encaminadas a proteger el medio ambiente
pero que limitan el ejercicio del derecho de propiedad privada
La Sala considera necesario efectuar un recuento jurisprudencial en torno a la
responsabilidad del Estado por decisiones administrativas de protección ambiental
que comportan restricciones al derecho de propiedad privada, con el fin de precisar
la naturaleza del daño que en estos eventos ha sido alegado como fundamento de
la pretensión indemnizatoria y la forma en que la Sección Tercera de esta
Corporación ha abordado su análisis a la luz de los elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial de la Administración.
Así pues, en un primer momento, la jurisprudencia de la Sección Tercera entendió
que las limitaciones ambientales al derecho de dominio podían dar lugar a
responsabilidad estatal bajo la lógica de la denominada “ocupación jurídica”. Así, en
sentencia del 17 de febrero de 199254, al estudiar el caso de un inmueble incluido
en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Sala consideró que la
imposibilidad de disponer libremente del bien o de explotarlo económicamente
constituía una afectación indemnizable, en la medida en que la ocupación no se
reducía a la aprehensión material del inmueble, sino que también podía configurarse
cuando se impedía el ejercicio de derechos personales o reales sobre él. Este
criterio fue reiterado en la sentencia del 25 de junio de 199255, relacionada con la
inclusión de un predio dentro del Parque Nacional Natural Cordillera de los
Picachos.
Posteriormente, en sentencia del 10 de agosto de 200556, aunque el asunto versaba
sobre ocupación material con ocasión de una obra pública, la Sección reafirmó que
el daño antijurídico comprendía tanto la ocupación física como la jurídica, esto es,
aquella derivada de la limitación intensa de las facultades propias del derecho de
dominio. En esta etapa, por tanto, la restricción relevante del uso, goce o disposición
del bien tendía a asimilarse a una modalidad de ocupación generadora del deber de
indemnizar.
Sin embargo, esta línea comenzó a matizarse con la sentencia del 9 de mayo de
201257, en la que la Subsección A se apartó expresamente de la aplicación
automática de la teoría de la ocupación jurídica en casos de inclusión de inmuebles
en zonas de reserva forestal. En esa decisión se adoptó una interpretación más
armónica con el artículo 58 de la Constitución, al destacarse que la propiedad no
53 Fl. 22, C. Ppal y cuaderno número 3.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 17 de febrero de 1992, Rad.: 6643.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 25 de junio de 1992, Rad.: 6974.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto de 2005, Rad.: 15338.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de mayo de 2012, Rad.:
21906.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
era un derecho absoluto y que su función social y ecológica delimitaba el alcance
de las facultades de quien ejercía dominio sobre el bien. Allí se precisó que la mera
afectación de un bien al interés general no desbordaba, por sí sola, las cargas que
los ciudadanos estaban llamados a soportar, y se identificaron hipótesis
excepcionales en las que la limitación podría generar responsabilidad,
particularmente cuando la medida vaciara el núcleo esencial58 del derecho o
produjera efectos equivalentes a una expropiación.
Esta orientación fue consolidándose en decisiones posteriores. En la sentencia del
26 de agosto de 201559, la Subsección A analizó si las restricciones ambientales y
urbanísticas impuestas a un predio generaban una minusvalía indemnizable y
concluyó que, al no haberse suprimido el derecho de propiedad ni demostrado una
afectación singular y excesiva, no se configuraba un daño antijurídico. De manera
similar, en la sentencia del 29 de febrero de 201660, la Subsección B sostuvo que
solo ante la demostración de un daño que rompiera el equilibrio frente a las cargas
públicas cabría examinar la responsabilidad bajo el título de daño especial,
conclusión que no se alcanzó en ese caso.
En los años siguientes, la Sección Tercera profundizó este enfoque, exigiendo una
acreditación rigurosa del daño cierto y de su carácter antijurídico. Así, en sentencia
del 19 de febrero de 202161, la Subsección A precisó que la simple disminución del
valor comercial de un inmueble, como consecuencia de una medida legítima de
protección ambiental, no constituía por sí misma un daño antijurídico, si no se
demostraba la afectación concreta de actividades económicas desarrolladas en el
bien. En la sentencia del 13 de agosto de 202162 se reiteró que la mora en la
obtención de un beneficio económico esperado no implicaba necesariamente la
configuración de un daño especial, y en fallo del 22 de septiembre de 202163 la
Subsección C confirmó la negativa de las pretensiones ante la ausencia de prueba
cierta del detrimento patrimonial alegado.
58 Vgr. (i) cuando para el cumplimiento de las finalidades del Estado se afecta un determinado bien
sin adelantar el respectivo trámite expropiatorio; (ii) cuando la intervención estatal limita el derecho
a la propiedad de manera tan intensa que vacía de contenido su núcleo esencial y produce, en la
práctica, efectos expropiatorios; y (iii) cuando, sin vaciar dicho núcleo esencial, la Administración no
adopta medidas compensatorias frente a la restricción impuesta.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 26 de agosto de 2015, Rad.:
33113.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de febrero de 2016, Rad.:
33505.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021, Rad.:
63087.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 13 de agosto de 2021, Rad.:
50502.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 22 de septiembre de 2021,
Rad.: 51474.
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En la misma línea, la sentencia del 18 de noviembre de 2021 64 señaló que la
afectación de un inmueble a una zona de reserva forestal no era, en principio,
indemnizable cuando subsistía la posibilidad de aprovechamiento económico y no
se demostraba una carga singular y excepcional65. Esta postura fue reiterada en
decisiones posteriores, como las del 2 de julio 66 y 7 de septiembre de 202367-68, en
las que se enfatizó que la inclusión de predios en áreas protegidas no configuraba
un daño antijurídico si no se acreditaba la supresión efectiva de facultades
esenciales del dominio o la existencia de un perjuicio concreto derivado de la
medida.
Más recientemente, en las sentencias del 20 de septiembre de 2023 69, 18 de
noviembre de 202470, 9 de abril de 202571 y 28 de abril de 202572, las Subsecciones
de la Sección Tercera de la Corporación han insistido en que el análisis debe
comenzar por la verificación de la existencia de un daño cierto, pues solo si este se
demuestra procede examinar su antijuridicidad y la eventual imputación bajo el título
de daño especial. En estos pronunciamientos se ha reiterado que la función social
y ecológica de la propiedad comporta cargas que, en principio, deben ser
soportadas por los propietarios, salvo que se acredite un sacrificio particular, grave
y anormal que rompa el equilibrio frente a las cargas públicas.
Este recorrido pone en evidencia que la jurisprudencia ha ido evolucionando desde
una concepción inicial que tendía a asimilar las restricciones ambientales a
supuestos de ocupación jurídica indemnizable, hacia un entendimiento del derecho
de propiedad que privilegia la función social y ecológica que le asigna el artículo 58
constitucional, en el que la protección ambiental se reconoce como una
manifestación legítima del interés general y la responsabilidad estatal solo surge
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2021,
Rad.: 44670.
65 Vgr. (i) La limitación permitía la posibilidad de un aprovechamiento económico del bien, sujeto a la
autorización de la autoridad competente; (ii) No se probó un impacto negativo en el patrimonio del
propietario derivado de la restricción; y (iii) No se demostró la imposibilidad de enajenar el inmueble
afectado.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de julio de 2023, Rad.: 54620.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de septiembre de 2023, Rad.:
49472.
68 Esta decisión trajo a colación el informe de ponencia de la Asamblea Nacional Constituyente que
dio origen al texto del artículo 90 constitucional. Allí se señaló que: “[…] En otras palabras, se
desplaza el soporte de la responsabilidad administrativa del concepto subjetivo de la antijuridicidad
de la acción del Estado al concepto objetivo de la antijuridicidad del daño producido por ella. Esta
antijuridicidad habrá de predicarse cuando se cause un detrimento patrimonial que carezca de título
jurídico válido y que excede el conjunto de las cargas que normalmente debe soportar el individuo
en su vida social”.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 20 de septiembre de 2023,
Rad.: 58766.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 18 de noviembre de 2024,
Rad.: 68743.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025, Rad.: 66056.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 28 de abril de 2025,
Rad.:67939.
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cuando se acredita un daño cierto, antijurídico y singular que exceda las cargas que
los particulares están jurídicamente obligados a soportar.
5. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 16 de abril
de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la parte actora reprochó
la forma en que se formuló el problema jurídico en primera instancia, por cuanto, a
su juicio, este no debía circunscribirse a establecer la existencia de una limitación
al núcleo esencial del derecho a la propiedad ni a una simple verificación de las
actividades permitidas en el predio, sino a determinar aquellas que no podían
realizarse como consecuencia de la inclusión del inmueble en un Distrito de Manejo
Integrado. Recordó que su reclamación se originaba en daños imputables a la
Administración, derivados de limitaciones ostensibles al derecho de propiedad, ya
sea por la imposición de una carga que no estaban llamados a soportar, o por la
configuración de una falla del servicio por la inscripción tardía de la afectación en el
folio de matrícula inmobiliaria.
En sustento, alegó que el a quo fundamentó su decisión en la supuesta falta de
gestiones tendientes a obtener permisos y licencias, exigencia que, en su criterio,
constituía una carga sin sustento constitucional, legal o jurisprudencia. Sostuvo que
el daño era cierto, actual y futuro, pues el valor del bien había disminuido con
ocasión de la “medida ambiental restrictiva”.
Por otra parte, frente a la falla del servicio endilgada a las autoridades accionadas,
expuso que lo alegado en la demanda era el incumplimiento de una obligación legal
por parte de la Administración, y que el análisis realizado por el tribunal en torno a
ese título de atribución fue superficial, ligero y equivalente a una “denegación de
justicia”. Afirmó que, al momento de adquirir el inmueble, el certificado de libertad y
tradición no registraba medida alguna que indicara una afectación de tipo ambiental,
siendo esta posterior a la compra. Indicó que, por disposición legal vigente desde
1974, el Distrito de Manejo Integrado debía inscribirse en el respectivo folio de
matrícula inmobiliaria, obligación que, según su dicho, no fue cumplida y configuró
una falla en el servicio. Concluyó que, debido a la afectación que recaía sobre el
inmueble y del registro tardío de esta, el tercero con quien se había suscrito la
promesa de compraventa desistió del negocio jurídico por “encontrarlo
inconveniente”.
En síntesis, afirmó que el DAPRE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la CAR le ocasionaron unos daños que no estaba en la obligación de soportar
derivados de: i) la inclusión de su predio dentro del área ambiental protegida del
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El
Chuscal”; y ii) el registro tardío de la constitución de dicha área en el folio de
matrícula inmobiliaria.
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Así pues, como sólo la parte actora apeló la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en los términos del artículo 32873 del CGP, se analizará el caso
teniendo en cuenta únicamente los reparos concretos formulados por la recurrente.
Por ello, el análisis deberá centrarse en establecer si lo probado en el proceso
permitió establecer la causación de los daños consistentes en: i) la restricción del
derecho de dominio, ii) la desvaloración del inmueble y iii) “la imposibilidad de llevar
a cabo [sobre este] un negocio jurídico de compraventa”, como consecuencia de la
inclusión del bien dentro del área ambiental protegida del Distrito de Manejo
Integrado de Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El Chuscal”, así como
por el registro tardío de esta en el folio de matrícula inmobiliaria.
6.1. Los daños reclamados por la declaratoria del área protegida y la
inscripción tardía del registro
En el presente asunto, la parte actora afirma haber sufrido un “daño especial”
consistente en la restricción del ejercicio del derecho de dominio y la depreciación
del valor comercial del predio de su propiedad, identificado con el folio de matrícula
inmobiliaria No. 156-101302, como consecuencia de las limitaciones impuestas por
la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado Recursos Naturales Renovables La
Cuchilla “El Chuscal” como área ambiental protegida. Asimismo, aduce que el
registro tardío de dicha afectación en el folio de matrícula inmobiliaria le ocasionó
“la imposibilidad de llevar a cabo [sobre el inmueble] un negocio jurídico de
compraventa”.
Conviene precisar que, aunque la expresión “daño especial” incorpora el vocablo
“daño”, no por ello puede asimilarse a la lesión cuya reparación se reclama. En
efecto, una cosa es el daño antijurídico, entendido como la afectación cierta,
personal y jurídicamente relevante que da lugar a la pretensión indemnizatoria, y
otra, distinta, el título de imputación, esto es, el criterio jurídico de atribución con
fundamento en el cual se examina si ese daño resulta imputable al Estado. Así, el
daño especial no constituye la lesión en sí misma considerada, sino el régimen de
atribución desde el cual puede llegar a analizarse la responsabilidad. Desde esta
perspectiva, lo primero que debe acreditarse es la existencia cierta del daño y su
antijuridicidad y, solo después, establecer si este reviste las notas de anormalidad
y singularidad que permitan concluir la ruptura del principio de igualdad frente a las
cargas públicas y su consecuente atribución a la Administración74.
73 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
74 “Se ha reconocido por la doctrina y la jurisprudencia que se compromete la responsabilidad
patrimonial de la administración pública cuando ésta, en ejercicio de sus competencias y obrando
dentro del marco de las disposiciones legales, causa con su actuación un perjuicio de naturaleza
especial y anormal a un administrado, un daño que excede el sacrificio que el común de los
ciudadanos debe normalmente soportar en razón de la peculiar naturaleza de los poderes públicos
y de la actuación estatal.” Extractos de Jurisprudencia, Tomo III, Enero, Febrero y Marzo de 1989,
pág. 249 y 250, citado en Consejo de Estado, Sección Tercera, 1º de agosto de 1991, p. 13.
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En ese sentido, para que proceda la declaratoria de responsabilidad con
fundamento en el título de daño especial, es necesario demostrar que una actuación
lícita de la administración impuso al particular una carga superior a las que
ordinariamente deben soportarse en función del interés general. La anormalidad del
daño supone que el sacrificio sea desproporcionado frente a las exigencias
normales de la vida en sociedad, mientras que la singularidad exige que recaiga de
manera diferenciada sobre uno o algunos integrantes de un grupo sometido a la
misma actuación estatal. No basta, por tanto, con acreditar una afectación
cualquiera; se requiere que esta sea cierta y, además, excepcionalmente gravosa.
Con arreglo a lo anterior, la Sala abordará el estudio del caso en tres niveles
sucesivos: i) verificará si la restricción del ejercicio de derecho de dominio, impuesta
por las limitaciones impuestas por la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado
de los Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El Chuscal” constituye un daño
antijuridico; ii) establecerá si lo probado en el proceso permitió acreditar el
menoscabo consistente en la desvaloración del inmueble; y, iii) determinará si lo
probado en el proceso permitió establecer la “imposibilidad de llevar a cabo [sobre
el inmueble] un negocio jurídico de compraventa”.
Desde ahora se anticipa que no habrá lugar a declarar la responsabilidad estatal,
porque no se acreditaron los requisitos de resarcibilidad de los daños alegados.
6.1.1. Respecto a la restricción el derecho de dominio
Para comenzar, se observa que la declaración del Distrito de Manejo Integrado de
los Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El Chuscal” no generó una
restricción injusta al uso y goce del inmueble de propiedad de los demandantes, ni
eliminó toda posibilidad de aprovechamiento económico que configurara para ellos
una afectación antijurídica.
En efecto, el memorando DGOAT aportado por la CAR en este proceso permite
constatar que el predio materia del presente litigio, identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 156-101302, fue incluido dentro del área protegida del
Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales Renovables de La Cuchilla “El
Chuscal” con zonas de preservación y de restauración (hecho probado 3.14.)75.
De acuerdo con el Plan de Manejo del referido distrito de manejo integrado, las
zonas de preservación y restauración permitían usos compatibles como la
recreación pasiva, la investigación controlada de los recursos naturales, la
educación ambiental, la rehabilitación ecológica y la recreación contemplativa.
Asimismo, se autorizó el ecoturismo y la infraestructura asociada a los usos
principales, compatibles y condicionados, y en la zona de restauración se permitió
75 Este memorando será valorado, teniendo en cuenta que fue decretado por el Tribunal como prueba
documental (Fl. 175, C. Ppal) y estuvo a disposición de los sujetos procesales, quienes en el marco
de la audiencia de pruebas manifestaron no presentar ninguna tacha u objeción frente a este (Fl.
199, C.Ppal).
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además el aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes y la recreación
activa (hecho probado 3.12.).
Incluso, por considerarlas de bajo impacto ambiental y de beneficio social, permitió,
entre otras, las siguientes actividades en el área protegida por el distrito de manejo
integrado: i) la construcción de instalaciones rurales destinadas a brindar servicios
de educación hasta el nivel de básica secundaria, así como servicios de salud a la
población rural76; ii) la construcción de infraestructura para acueductos, junto con
las obras de captación, tratamiento y almacenamiento77; iii) el desarrollo de
infraestructura para la recreación pasiva, el senderismo y la interpretación
paisajística que no involucrara estructuras duras y; (iv) la instalación de torres para
antenas de comunicaciones y de redes de distribución de electrificación rural
domiciliaria, sin variar sus especificaciones técnicas ni su trazado (hecho probado
3.12.).
Estas disposiciones permiten concluir que no se acreditó un daño antijurídico
derivado de la limitación al ejercicio del derecho de dominio de los demandantes,
pues el distrito de manejo integrado no afectó el núcleo esencial de dicha
prerrogativa en la medida que: i) no comportó un trámite expropiatorio en relación
con el bien inmueble de su propiedad, identificado con matrícula inmobiliaria No.
156-101302, ii) no implicó una prohibición total de las actividades susceptibles de
ser desarrolladas en los predios comprendidos dentro del área protegida; y iii) la
autoridad ambiental adoptó medidas compensatorias y un régimen de transición
frente a la restricción impuesta, esto es, el otorgamiento de tres (3) años para la
adecuación de los usos agropecuarios preexistentes –si los hubiere–, junto con la
implementación de incentivos dirigidos al reconocimiento de las coberturas arbóreas
en buen estado y a la sustitución paulatina de las actividades no forestales (hecho
probado 3.12.).
En este tipo de eventos, esta Sección de la Corporación78 ha señalado que, cuando
la autoridad administrativa introduce limitaciones al ejercicio del derecho de
propiedad con el propósito de proteger el medio ambiente, corresponde al juez
verificar si las medidas de compensación o mitigación adoptadas resultan idóneas
y suficientes para preservar el equilibrio entre el interés general que se pretende
salvaguardar y los derechos patrimoniales de los particulares potencialmente
afectados.
En el caso concreto, la Sala advierte que el plazo otorgado para la adecuación de
los usos preexistentes, junto con los incentivos previstos para la conservación y
sustitución de actividades incompatibles con la finalidad ambiental del área
protegida, constituyen instrumentos razonables para mitigar los efectos económicos
76 La construcción para servicios de educación podía llevarse a cabo hasta en un área de una
hectárea.
77 Estas obras podían realizarse en una superficie de una hectárea. El trazado de la infraestructura
de conducción no podía tener un ancho superior a dos metros.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de febrero de 2021, Rad.:
63087.
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derivados de la medida. Tales mecanismos permitían la adaptación progresiva de
las actividades económicas desarrolladas en el predio –en caso de que existieran–
a las condiciones propias del área protegida, lo cual denota que la restricción no
comportó una privación sustancial del derecho de propiedad y, por ende, un daño
susceptible de reparación.
En consecuencia con lo expuesto, se advierte, entonces, que la limitación impuesta
no puede calificarse de antijurídica, pues se trató de una medida legítima adoptada
en ejercicio de las potestades de ordenación ambiental del Estado, en desarrollo de
los lineamientos previstos en el artículo 5879 de la Constitución Política, que
encuentra justificación en la función social y ecológica de la propiedad. De este
modo, la restricción cuestionada no vulneró el núcleo esencial del derecho de
dominio de los demandantes.
De igual modo, se observa que, aunque el acto administrativo que declaró el Distrito
de Manejo Integrado dispuso que todo proyecto de infraestructura o actividad
económica que fuera a ser desarrollada dentro del área requería licencia ambiental
o permiso de aprovechamiento (hecho probado 3.5.), posteriormente, el Plan de
Manejo del Distrito de Manejo Integrado La Cuchilla “El Chuscal” permitió la
expedición de licencias de urbanismo y de construcción para usos principales,
compatibles y condicionados, así como permisos ambientales para usos
preexistentes sujetos a medidas de conservación (hecho probado 3.12.).
Así pues, este marco normativo denota que la afectación ambiental no comportó un
trámite expropiatorio, ni eliminó por completo la utilidad privada del inmueble. De
hecho, los usos compatibles y condicionados en las zonas de preservación y
restauración -a las que estaba afectado el inmueble (hecho probado 3.12.)- no
excluían la posibilidad de aprovechamiento del predio, en la medida en que la
recreación pasiva y contemplativa podía traducirse en ingresos derivados de
servicios ecoturísticos de bajo impacto; la investigación controlada y la educación
ambiental habilitaban la celebración de convenios o contratos con entidades
académicas o institucionales para la preservación de la naturaleza, la protección de
la biodiversidad; y la rehabilitación ecológica podía dar lugar a incentivos por
servicios ambientales. Asimismo, el ecoturismo y la infraestructura asociada a los
usos principales, compatibles y condicionados abrían la posibilidad de desarrollar
actividades organizadas de turismo de naturaleza con fines lucrativos; el
aprovechamiento forestal de especies exóticas existentes resultaba susceptible de
generar rendimientos económicos, en la medida en que dichas especies podían ser
objeto de comercialización de subproductos forestales, e incluso de su sustitución
por coberturas vegetales más adecuadas, actividades que, bajo manejo autorizado,
comportan un valor económico. Finalmente, la recreación activa, podía vincularse a
79 Constitución Política de Colombia. “Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
la prestación de servicios turísticos, representativos de ganancia patrimonial.
En ese orden, la afectación ambiental no representó una privación absoluta del
derecho de dominio, dado que los accionantes conservaron las facultades de uso y
goce que, aunque condicionadas, entre otras, por la función ecológica que debe
cumplir la propiedad, garantizaban la viabilidad económica del bien, dentro de un
esquema que además contempló medidas de adecuación e incentivos con el fin de
mitigar los efectos derivados de la medida de protección ambiental.
6.1.2. Frente la desvalorización del inmueble
Debe señalarse que para que exista responsabilidad no basta con acreditar el hecho
dañoso en sí mismo ni con demostrar la conducta del agente que presuntamente lo
causó, se exige, además – y ello constituye un presupuesto indispensable – que
quien la haya invocado en efecto haya sufrido un daño80. Dicho de otra manera, la
sola comprobación del hecho generador o de la conducta atribuida a su autor no
resulta suficiente para que emerja un deber resarcitorio, pues es primer test que
debe superarse es el de la verificación del daño que debe satisfacer ciertos
requisitos para ser tenido como indemnizable81.
Asi, el daño resarcible ha de ser cierto82, esto es que su existencia sea real y
demostrada, y no meramente eventual. La certeza del daño supone un conocimiento
claro y seguro de su ocurrencia, de modo que aparezca como efectivamente
causado, pues si se trata de una simple posibilidad o hipótesis, no puede erigirse
como daño indemnizable.
Precisado lo anterior, corresponde determinar si, en el presente asunto, el perjuicio
reclamado por la desvalorización del inmueble satisface el requisito de certeza, para
lo cual se examinarán las pruebas decretadas y practicadas en el proceso.
Pues bien, además de los elementos de prueba que fueron descritos en el acápite
de hechos probados, en el presente trámite judicial se aportó con la demanda un
avalúo de bienes rurales decretado como prueba pericial por el Tribunal y rendido
por el profesional avaluador Raúl Castellanos Lozano83.
En su experticia el perito explicó que el valor comercial del predio de los
demandantes, identificado con matrícula inmobiliaria No. 156-101302, ascendía a
la suma de $984.240.000, la cual fue discriminada así:
Valor terreno $962.040.000.00
Valor cercas, jagüeyes y cultivos $5.400.000.00
80 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil, tomo I. Editorial Ibáñez, Pp. 247.
81 HENAO PÉREZ, JUAN CARLOS. El daño, Bogotá. 1998, p.35. Universidad Externado de
Colombia.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 19 de
mayo de 2025, Rad.: 64873.
83 Fl. 22, C. Ppal y cuaderno número 3.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
Valor construcciones y anexos $16.800.000.00
Valor maquinaria equipo 0
Avalúo total $984.240.000.00
El dictamen estimó el valor comercial intrínseco del terreno con base en las
categorías agrológicas del predio y en sus características físicas como el relieve y
la pendiente, sin que en dicha caracterización el perito advirtiera alguna limitante.
No obstante, afirmó que dicha suma correspondía al valor del inmueble sin ninguna
limitación, dado que la afectación ambiental impuesta por la CAR redujo el valor
comercial del bien a cero (0) pesos. En efecto, al respecto el avalúo consignó:
“Observaciones: Es importante mencionar que el valor estipulado en el anterior
recuadro es en condiciones normales, sin la afectación realizada por la CAR
(CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL) registrada en la anotación No. 3 de Abril
2/2013.
Pero desafortunadamente con esta afectación el valor comercial es nulo es decir -0-
pesos. A pesar de que (sic) de acuerdo a la Factura de cobro de Impuesto Predial
Nro. 2015008949 Expedida por el Municipio de La Vega Cundinamarca, el predio con
cedula Catastral No. 00-02-0001-0070-000 registra un avalúo Catastral para el 2015
de $274.212.000.00 (se anexa dicha Factura al presente informe)”.
El Tribunal realizó audiencia de contradicción del dictamen pericial84, en la que el
experto expuso que para determinar el valor comercial del predio aplicó el método
de comparación de mercado previsto en la Resolución No. 620 de 2008 85 por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Señaló que, conforme a dicho método, realizó
un estudio de mercado con personas que ofrecían predios en venta en la misma
vereda, obteniendo una media aritmética que aplicó multiplicando el número de
hectáreas del predio ubicadas en cada categoría agrológica.
Respecto al valor estimado de las construcciones indicó que, para su cálculo, utilizó
el método de reposición, aplicando una depreciación por vetustez, es decir, por los
años de construcción y el estado de conservación. En ese sentido, afirmó que,
según “su saber real y entender ese inmueble tenía un valor de $16.800.000”; y en
relación con las mejoras, señaló que ascendían a $5.400.000.
En la diligencia, el perito manifestó que la inclusión del inmueble en el Distrito de
Manejo Integrado de La Cuchilla “El Chuscal” redujo su valor comercial, en la
medida que el uso de su suelo fue destinado principalmente a la reforestación y a
la preservación de las cuencas hídricas, sin que pudiera ser aprovechado para otras
actividades.
84 Fl. 197 a 199, C. Ppal.
85 “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la
Ley 388 de 1997”.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
La CAR objetó por error grave la pericia, aduciendo que las categorías agrológicas
del suelo no podían ser establecidas por el perito 86. En punto a esta objeción, el a
quo concluyó que la experticia no había incurrido en tal defecto, porque las
categorías agrológicas podían ser utilizadas por el perito como herramienta auxiliar
para la cuantificación de la indemnización, siempre que estas resultaran coherentes
con los demás medios probatorios y con las normas que regulan el uso del suelo.
De ahí que, como este aspecto ya fue resuelto por el Tribunal y no hubo
cuestionamiento al respecto en sede de apelación, la Sala no reabrirá el debate
relacionado con este reparo.
Ahora bien, se advierte que el peritaje rendido por Raúl Castellanos Lozano carece
de eficacia probatoria, pues sus conclusiones no ofrecen la solidez y precisión
exigidas por la ley procesal – artículo 22687 del CGP - para denotar la depreciación
que supuestamente sufrió el inmueble de los demandantes.
En efecto, el dictamen no contiene una justificación técnica que permita comprender
por qué el experto optó por esa metodología de valoración y no por las demás
contempladas en la Resolución No. 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.88. Asimismo, omitió aportar información sobre ofertas o transacciones
recientes de los predios que afirmó haber tenido en cuenta para el avalúo, lo que
conforme al método empleado era necesario para probar el valor comercial del
terreno. Es más, se advierte que el perito ni siquiera identificó cada uno de esos
lotes ni anexó ningún documento que precisara su ubicación o cédula catastral, lo
que al menos habría permitido verificar si alguno de ellos correspondía a los
terrenos incorporados en el área protegida del Acuerdo No. 18 de 1998. Y si bien
junto con el dictamen pericial se allegaron algunas fotografías, estas no pueden ser
valoradas como prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 24489 del CGP,
86 Fl. 197, C.1.
87 “Artículo 226. […] Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se
explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. […]”.
88 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) expidió la Resolución No. 620 del 23 de septiembre
de 2008, con la que definió el procedimiento para realizar avalúos dentro del marco de la Ley 388 de
1997. En esa regulación quedaron establecidas cuatro metodologías para determinar el valor
comercial de un bien: i) método de comparación o de mercado, que se centra en el estudio de las
ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo; ii)
método de capitalización de rentas o ingresos, en el que se parte de las rentas o ingresos que se
puedan obtener del mismo bien, o inmuebles semejantes y comparables por sus características
físicas, de uso y ubicación, trayendo a valor presente la suma de los probables ingresos o rentas
generadas en la vida remanente del bien objeto de avalúo, con una tasa de capitalización o interés;
iii) método de costo de reposición, en el que se estima el costo total de la construcción a precios de
hoy, entre un bien semejante y el que es objeto de avalúo, para que luego se le reste la depreciación
acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor correspondiente al terreno; y iv) método
(técnica) residual, en el que se tasa el monto total de las ventas de un proyecto de construcción,
acorde con la reglamentación urbanística vigente y de conformidad con el mercado del bien final
vendible, en el terreno objeto de avalúo.
89 “Artículo 244. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya
el documento. […]”.
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pues tan solo dan cuenta del registro de varias imágenes frente a las cuales no
existe certeza de la persona que las realizó, ni tampoco de las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron.
Para efectos de acreditar la depreciación del valor comercial del inmueble
ocasionada por las limitaciones normativas a las que ya se ha hecho mención, al
perito le correspondía verificar la manera en la que, en otros predios comparables
con el que era objeto de avalúo, se disminuyó el valor comercial de la porción del
terreno situada en el área declarada como de protección. Sumado a ello, era
necesario constatar la manera en que los usos del suelo, compatibles,
condicionados y prohibidos con los objetivos de conservación y protección por el
Distrito de Manejo Integrado de La Cuchilla “El Chuscal” causaban una minusvalía
en el valor comercial del inmueble. Esto, porque el método de comparación que
utilizó el experto en el dictamen, más allá de un estudio de mercado, imponía la
necesidad de demostrar contextos asimilables a la situación del predio de los
accionantes, que trajeran consigo la reducción del valor comercial de los predios
examinados. Se requería, entonces, demostrar la situación particular de los
inmuebles que, según el dicho del experto, habían sido puestos en venta por sus
propietarios “en esa vereda”, lo cual no se acreditó ni se sustentó en modo alguno
en la experticia.
Adicionalmente, pese a que el perito dijo haber utilizado el método de reposición
para calcular el valor de las construcciones ubicadas en el inmueble, pasó por alto
la antigüedad de las edificaciones que allí dijo que se habían construido. Este
componente, conforme a su propia explicación, era necesario para determinar la
efectividad o certeza del método utilizado. Al efecto, se tiene que en la audiencia el
perito aseguró que en su “entender ese inmueble tenía un valor de $16.800.000”,
pero de esta afirmación no hay prueba en el expediente que la respalde y, en ese
sentido, el dictamen pericial carece de una clara y adecuada justificación de la
metodología utilizada para emitir el concepto técnico, lo que recrea un escenario de
incertidumbre frente a la objetividad e imparcialidad de las conclusiones a las que
arribó.
Lo mismo sucede con el valor de las mejoras mencionadas en el informe, pues este
no se halla corroborado por ninguno de los medios de prueba obrantes en el
expediente.
En definitiva, el dictamen pericial allegado al plenario no resulta suficiente para
demostrar la lesión patrimonial que los demandantes afirman haber sufrido por
causa de la inclusión de su predio en el área protegida, pues incluso la factura de
cobro del impuesto predial allegada por el experto, lejos de una depreciación,
muestra un crecimiento en su avalúo catastral luego de la inscripción de la
afectación en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria90. Esta conclusión se
encuentra respaldada por la certificación expedida el 24 de julio de 2017 por la
secretaria de hacienda del municipio de La Vega (hecho probado 3.13.), en la cual
90 Fl. 13. C.3.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
se indicó que el predio denominado “El Emparamado”, de propiedad de los
demandantes, se hallaba avaluado catastralmente en una suma superior al
registrado en la factura allegada por el perito.
En el dictamen pericial referido91 el perito indicó, igualmente, que el 28 de junio de
2015 efectuó una visita al inmueble de propiedad de los demandantes, lo que le
permitió advertir que este se encontraba cultivado en “pasto kikuyo, poa y carretón
rojo igualmente una parte en montaña nativa”.
Luego, en la audiencia de contradicción del dictamen pericial 92, el experto indicó
que “la finca por tradición años atrás siempre ha sido de uso agropecuario”, aunque
posteriormente fue reclasificado como de uso forestal y de protección ambiental
debido a la afectación realizada por la CAR.
No obstante, se advierte que las conclusiones del perito resultan vagas e imprecisas
en este punto para demostrar una improductividad del inmueble que condujera
también a su depreciación, pues esta circunstancia únicamente podría acreditarse
con la prueba de la destinación económica que tenía el predio antes de la afectación.
Sin embargo, el dictamen no aportó elementos que permitieran establecer si, con
anterioridad a la declaratoria del Distrito de Manejo Integrado de la Cuchilla “El
Chuscal” y a la correspondiente inscripción de dicha área protegida en el folio de
matrícula inmobiliaria, el municipio de La Vega autorizaba o permitía el desarrollo
de actividades agrícolas o agropecuarias en el terreno objeto del litigio; y, además,
si estas eran desarrolladas por los accionantes.
La Sala no pasa por alto que, si bien en la demanda se afirmó que el inmueble
generaba rendimientos económicos derivados de actividades agrícolas y de la
crianza de semovientes, el dictamen no precisa cuáles actividades se realizaban en
el lugar ni cuántos ingresos producían. En otras palabras, no se demostró el
ejercicio de actividades que hubiesen sido afectadas por la inscripción de la
afectación ambiental sobre el inmueble ni que el registro tardío de esta en el folio
de matrícula inmobiliaria hubiera impedido la realización de alguna actividad
económica sobre el bien.
Según lo expuesto, los accionantes no demostraron que la inscripción de la
afectación ambiental en el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 156 –
101302, ni el registro tardío de esta en el respectivo folio, frustraran una ganancia
que percibían o hubieran disminuido el valor del inmueble.
6.1.3. Sobre “la “imposibilidad de llevar a cabo [sobre el inmueble] un negocio
jurídico de compraventa”.
91 Fl. 22, C. Ppal y C.3.
92 Fl. 197 a 199, C. Ppal.
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En el caso en concreto, el daño reclamado deriva de la imposibilidad de celebrar un
negocio jurídico de compraventa sobre el inmueble, a causa de la afectación del
predio y del registro tardía de esta en el respecto de folio de matrícula inmobiliaria.
Sobre este punto, debe recordarse que los demandantes afirmaron en la demanda
que “el negocio jurídico de compraventa no puedo ser llevado a cabo por la
existencia [de la afectación] en el registro de tradición del bien”, circunstancia que
fue reiterada por la parte actora en el recurso de apelación, en el sentido de que “el
promitente comprador se sustrajo de la celebración del contrato, después de
analizado el registro de libertad del bien, por encontrar inconveniente el negocio
jurídico”.
Al punto, debe anotarse que un menoscabo con carácter eventual o hipotético,
fundado en suposiciones o conjeturas no es susceptible de ser reparado, pues, los
conceptos de eventualidad y certeza son opuestos y el daño, se insiste, debe ser
cierto para que satisfaga los requisitos para ser indemnizable93. En otras palabras,
en los juicios de responsabilidad civil, el daño será cierto cuando el juzgador pueda
reconocer, con plena evidencia y a partir del acervo probatorio, la existencia de una
afectación comprobada o un desmedro verificable94.
Pues bien, en el caso en concreto la única prueba obra en el plenario tendiente a
acreditar del daño por la imposibilidad de celebrar dicho negocio es el contrato de
promesa de compraventa del 8 de julio de 2014, suscrito entre Carlos Alfredo Barón
Gutiérrez y Juan Carlos Escobar Otálora, como promitentes vendedores, y Carlos
Alberto Ávila Orjuela, como promitente comprador, respecto del predio denominado
“El Emparamado”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 156-101302,
en el que las partes acordaron formalizar la escritura pública el 8 de septiembre
siguiente ante la Notaria Segunda de Facatativá (hecho probado 3.11).
Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala advierte que la parte
demandante no demostró la imposibilidad de celebrar el negocio jurídico de
compraventa sobre el inmueble. En efecto, para que este menoscabo pueda tenerse
por acreditado no basta con afirmar que el contrato prometido no se perfeccionó,
sino que es necesario demostrar, con suficiente evidencia, que ello efectivamente
ocurrió y las razones que lo motivaron.
En ese sentido, si bien al proceso fue arrimado el citado acuerdo de voluntades, lo
cierto es que dicho documento, por sí solo, únicamente acredita la existencia de un
pacto previo entre las partes, de manera que no constituye prueba de que el negocio
jurídico no pudo perfeccionarse, ni de que el promitente comprador se hubiera
negado a suscribir la escritura pública por las razones aducidas, o manifestado su
intención de no continuar con el negocio. Fuera de ese acuerdo, no se aportó
93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.: 70774.
94TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil – Tomo II. Editorial Ibáñez – 10ª
Reimpresión.
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comunicación, documento, declaración de parte, testimonio ni ningún otro medio de
prueba que diera cuenta de las circunstancias en que el contrato prometido dejó de
perfeccionarse, ni de las razones que motivaron tal determinación.
Así pues, la afirmación según la cual el promitente comprador encontró
inconveniente el negocio jurídico tras consultar el registro de libertad del bien
constituye una simple alegación de parte, que en ningún momento fue respaldada
con elemento probatorio alguno. Dicha afirmación no fue corroborada con la
declaración del propio promitente comprador, ni con ningún otro medio de
convicción que permitiera verificar su veracidad. Al respecto, vale reiterar que,
conforme lo ha señalado en reiteradas oportunidades esta Subsección, no puede la
propia parte acreditar un hecho con su simple dicho95.
En conclusión, el daño reclamado por la imposibilidad de celebrar el negocio jurídico
de compraventa reposa exclusivamente en afirmaciones de parte que permanecen
en el plano de la conjetura y la suposición, de modo que, por carecer de respaldo
probatorio y estar desprovista de la certeza que se exige en el juicio de
responsabilidad, no es posible su indemnización.
Así las cosas, de conformidad con el análisis expuesto, se impone modificar la
sentencia del 16 de abril de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Nación – Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República; y mantener la negativa de las pretensiones de la demanda, por cuanto
el material probatorio allegado al proceso, valorado en su conjunto, no permite
establecer que los daños reclamados satisfagan los requisitos para su
resarcibilidad. De ahí que, ante la ausencia de dicho presupuesto de la
responsabilidad patrimonial pública resulta inane avanzar al juicio de atribución de
dicho menoscabo, ya sea bajo la óptica de la falla del servicio o del daño especial96.
7. Conclusión
En el marco de los cargos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia del 16 de abril de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Sala concluye que no se acreditó la existencia
de un daño indemnizable, pues no se demostró que la inclusión del inmueble en el
Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables La Cuchilla “El
Chuscal” ocasionara una limitación injusta del derecho de dominio ni una
depreciación cierta y concreta del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria
No. 156-101302. Tampoco se acreditó que la alegada “imposibilidad de llevar a cabo
[sobre el inmueble] un negocio jurídico de compraventa”, atribuida al registro tardío
95 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 28 de octubre de 2024, Rad.: 65651.
96 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 16 de junio de 2025, Rad.:
65459.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
de dicha afectación en el folio de matrícula inmobiliaria, comportara un daño
resarcible.
8. Costas
El numeral 1° del artículo 365 del CGP97 dispone que se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la
medida de su comprobación98. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en
costas en segunda instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.
Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por
el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del
CGP99, para lo cual deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y otras circunstancias especiales.
En el sub-lite, la Sala, teniendo en cuenta que la CAR desplegó actuación en
segunda instancia pues presentó alegatos de conclusión, fijará por concepto de
agencias en derecho la suma equivalente al 1% del valor total de las pretensiones
que fueron negadas en la sentencia, de conformidad con las tarifas establecidas en
el Acuerdo No. 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura100.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
97 Aplicable en virtud de lo previsto en el artículo 188 del CPACA, a cuyo tenor se expone: “[…] la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil […]”.
98 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […] 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
99 “Artículo 366. Liquidación […]. 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un
mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
100 Acuerdo No. 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que para los medios de control
promovidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia para
los asuntos con cuantía será “hasta del (5) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o
negadas”.
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Demandante: Carlos Alfredo Barón Gutiérrez y otro
MODIFICAR la sentencia del 16 de abril de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR que los intereses de la Nación no están debidamente
representados por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las consideraciones
expuestas en este proveído.
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de origen, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del CGP. FIJAR, como agencias en derecho
en favor de la CAR, la suma equivalente al 1% del valor total de las pretensiones
negadas en la sentencia.
CUARTO: En firme esta providencia ENVIAR el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto
EJRC
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