Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01859-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01859-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-01859-03
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
22 de mayo de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Actor: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
Demandado: Bogotá D.C. – Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público y Alcaldía Local de Ciudad
Bolívar; y Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
Medio de control: Reparación directa
Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia – se limita a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.
Subtema 1.1. Ocupación jurídica de bien inmueble. Subtema 1.2. Término de caducidad del medio
de control de reparación directa en eventos de ocupación jurídica. Subtema 1.3. Conocimiento de la
existencia del daño. Subtema 1.4. Ocupación material permanente – término de caducidad debe
contabilizarse desde el conocimiento del daño. Subtema 1.5. Caducidad – configurada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, el dos (2) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Luis Eduardo Rodríguez Jiménez procura la reparación de los perjuicios irrogados
con ocasión de la ocupación permanente a un bien inmueble de su propiedad que
dijo perpetrada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y el Fondo de Desarrollo Local de
Ciudad Bolívar, circunstancia que, afirmó, le privó de la posibilidad de construir
cuatro apartamentos en el predio. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B, en el fallo de primera instancia, negó las súplicas
de la demanda porque encontró que se configuró la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima. En el recurso de apelación, la parte
actora censuró el juicio de imputación.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Luis Eduardo Rodríguez Jiménez presentó demanda1, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, el seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), con
la que pretende que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo de
Bogotá D.C. – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar
por la ocupación “permanente, violenta e irregular” de un bien de su propiedad.
1 Folio 1 a 12, cuaderno 1.
1
Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
Para la parte actora, las entidades demandadas vulneraron su derecho a la
propiedad privada y la Ley 388 de 1997. En su sentir, el Distrito Capital de Bogotá
posee de manera irregular el predio, pues aun cuando la Administración expidió una
resolución en la que “integró el predio como de uso comunal”, acto que no fue
inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo cierto es que la cesión
jamás se realizó y, en ese orden de ideas, solo existió una expectativa de ceder el
bien.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B, en auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015)2, admitió la
demanda; decisión que fue notificada a las entidades demandadas3.
2.2.2. El Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía
Local de Ciudad Bolívar – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar 4
contestó la demanda y se opuso a las pretensiones.
Destacó que no es posible atribuirle responsabilidad alguna, puesto que el actuar
de la entidad se circunscribió, simplemente, a la construcción de una obra bajo el
entendido de que el inmueble tiene la calidad de bien público. Adicionó que la
condición del inmueble fue establecida debidamente en un proceso de legalización
urbano, del que tomaron parte la comunidad y otros organismos.
En último término, adujo que no existió ocupación violenta, arbitraria o irregular,
dado que existen actos administrativos claros e idóneos que respaldan la
intervención en el inmueble. Con todo, precisó que la identificación del bien que
reclama el demandante es inconsistente, en tanto la cabida, los linderos y la
ubicación real del inmueble referido no es coincidente con los documentos
presentados, de ahí que no sea viable determinar claramente la titularidad de este.
2.2.3. El Distrito Capital de Bogotá – Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público5, al pronunciarse sobre la demanda, pidió que se
resuelvan desfavorablemente las pretensiones formuladas.
Adujo que no ocupó ni perturbó la propiedad del señor Rodríguez Jiménez, ya que
las gestiones desplegadas observaron el “señalamiento urbanístico que pesa a la
fecha sobre el predio objeto de análisis”. Explicó que el entonces Departamento
Administrativo de Planeación Distrital legalizó el desarrollo “Estrella del Sur” y que,
con posterioridad, la Procuraduría de Bienes procedió a aprehender los lotes
destinados al uso público y a registrarlos en el inventario del patrimonio inmobiliario
del Distrito.
En su criterio, la construcción del salón comunal sobre el inmueble materia de
discusión en este trámite responde a que, con anterioridad, la dependencia
competente lo declaró de uso comunal, y comoquiera que los señalamientos
urbanísticos efectuados por el Departamento Administrativo de Planeación no han
sido revocados o modificados, dicha entidad no puede desincorporar los bienes
destinados al uso público.
2 Folio 16 a 18, cuaderno 1.
3 Folio 21 a 24, cuaderno 1.
4 Folio 1 a 17, cuaderno 3.
5 Folio 5 a 13, cuaderno 5.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
Adicionalmente, llamó en garantía 6 a la Secretaría Distrital de Planeación en
calidad de autoridad urbanística que desempeña las funciones del entonces
Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
2.2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B, mediante providencia del siete (7) de marzo de dos mil dieciséis (2016)7, negó
el llamamiento en garantía que al momento de contestar la demanda hiciere el
Distrito Capital de Bogotá – Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público.
2.2.5. Agotada la etapa probatoria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección B, durante la audiencia de pruebas llevada a cabo
el veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017)8, prescindió de la diligencia de
alegaciones y juzgamiento y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo;
oportunidad que fue aprovechada por el demandante9 y por el Distrito Capital de
Bogotá 10 para reiterar los argumentos expuestos en la demanda y en la
contestación, respectivamente.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, en
sentencia del dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017) 11 , negó las
pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, consideró que el señor Rodríguez Jiménez tenía
conocimiento de los actos administrativos que destinaban el inmueble al uso público
y ordenaban su cesión al Distrito Capital de Bogotá de manera gratuita, de ahí que
se configurara la culpa exclusiva de la víctima.
Denotó que, en atención a que los actos administrativos que determinaron la
naturaleza y el uso del inmueble adquirieron firmeza, y estos fueron conocidos por
el actor, la cesión gratuita del bien era inevitable y, por ende, el aquí recurrente
estaba en el deber legal de soportar dicha situación.
Finalmente, sostuvo que el señor Rodríguez Jiménez, al no demandar los actos
administrativos que sirvieron de fundamento para la supuesta ocupación ilegal del
inmueble, incurrió en un proceder omisivo que fue decisivo para que el predio
pudiera ser usado por el Distrito Capital de Bogotá.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, el catorce (14) de agosto de dos mil diecisiete (2017)12.
En su escrito, expuso que no tenía posibilidad alguna de demandar los actos
administrativos mencionados por el a quo, en consideración a que aquellos no
incluyeron expresamente el lote 11 de la manzana Q, esto es, su propiedad, dentro
6 Folio 4, cuaderno 5.
7 Folio 42 a 44, cuaderno 4. Esta Corporación, en proveído del primero (1) de julio de dos mil dieciséis (2016),
confirmó la decisión de primera instancia.
8 Folio 95 a 98, cuaderno 1.
9 Folio 119 a 121, cuaderno 1.
10 Folio 122 a 128, cuaderno 1.
11 Folio 130 a 147, cuaderno principal.
12 Folio 156 a 161, cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
de los bienes destinados a uso público, por ende, al no estar siendo transgredido
su derecho a la propiedad, no era procedente ejercer el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
En criterio suyo, si bien los actos administrativos hicieron referencia a los mojones
“583,582, A, B,583, que según indican los demandantes, corresponden al lote 11 de
la manzana Q”, lo cierto es que dichos mojones no aparecen en el certificado de
tradición y libertad ni en la escritura, luego, no tenía forma de enterarse que esos
términos correspondían a su predio.
Manifestó que las Actas de Aprehensión números 21 de 1997 y 055 del 2009 no
fueron registradas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, lo que
conlleva a un incumplimiento del principio de publicidad, así como tampoco le fueron
notificadas como supuesto afectado.
En suma, en la medida en que los bienes afectados con el acto administrativo no
fueron plenamente identificados, el gravamen no fue inscrito en el folio de matrícula
inmobiliaria y las decisiones que dicen restringir el uso del bien tampoco le fueron
notificadas, se preguntó: ¿cómo podría defender unos derechos que no le estaban
siendo conculcados?
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
2.5.1. Esta Corporación, en auto del treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete
(2017)13, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Más
adelante, en proveído del veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)14, corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión y al Ministerio
Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue utilizada por la
actora15 y por el Distrito Capital de Bogotá16, quienes insistieron en los argumentos
expuestos en las distintas etapas procesales. Por su parte, la Procuraduría General
de la Nación pidió que se confirme la decisión apelada17.
2.5.2. El magistrado Nicolás Yepes Corrales, en escrito del veintiuno (21) de mayo
de dos mil diecinueve (2019)18, con fundamento en el numeral 12 del artículo 141
del Código General del Proceso, expresó impedimento para conocer el proceso de
la referencia; impedimento que, en providencia del veintinueve (29) de julio de la
misma anualidad19, fue declarado fundado por la Sala.
III. PROBLEMA JURÍDICO
La Sala, procederá, en función de los cargos de la alzada y la competencia que le
asiste, a dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿La parte actora ejerció el medio de control de reparación directa dentro de la
oportunidad establecida en el Código Contencioso Administrativo, norma aplicable
cuando empezó a correr el término correspondiente?
Si la contestación es afirmativa, avanzará al juicio de imputación y, de ser necesario,
pasará a establecer si el señor Luis Eduardo Rodríguez Jiménez allegó los
13 Folio 178, cuaderno principal.
14 Folio 185, cuaderno principal.
15 Folio 201 a 204, cuaderno principal.
16 Folio 187 a 200, cuaderno principal.
17 Folio 208 a 212, cuaderno principal.
18 Folio 246, cuaderno principal.
19 Folios 248 y 249, cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
elementos necesarios para una tasación en concreto de los perjuicios cuyo
resarcimiento depreca.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos procesales
4.1.1. Competencia
La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de doble
instancia20.
4.1.2. Ejercicio oportuno del medio de control
En este caso, el demandante pretende la declaración de responsabilidad del Estado
“por la ocupación permanente, violenta e irregular del lote de terreno número once
(11) manzana Q (…) identificado con la matrícula inmobiliaria n° 50S-40149644,
cedula catastral n BS R 24530, y se localiza entre los mojones 583-582.A-B-583
(…)”. En el escrito de demanda, la parte afirmó que el hecho que dio lugar a la
ocupación del bien ocurrió el veintidós (22) de octubre del dos mil trece (2013),
cuando los demandados “desarrollaron una obra de construcción con destinación a
salón comunal”, sin embargo, puso de presente unas “gestiones administrativas que
no fueron objeto de registro ni tampoco interfirieron en la posesión del bien”.
4.1.2.1. Esta Corporación 21 ha distinguido dos clases de ocupación de un bien
inmueble en función del hecho dañoso, así: (i) ocupación material con efectos
permanentes o con efectos temporales; y (ii) ocupación jurídica con efectos
permanentes o con efectos temporales; además, ha reconocido que existen
afectaciones causadas a los atributos de la propiedad: posesión, uso, usufructo o
habitación, ocasionadas con la ejecución de una obra pública y que no se
encuentran dentro de las hipótesis anteriores.
En un principio, un análisis desprevenido de los fundamentos fácticos de la
demanda mueve a entender que estos dan cuenta de una ocupación material
permanente derivada del contrato de obra pública COP-123-2012 celebrado entre
el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y el Consorcio Bolívar 2012 con el
objeto de “contratar por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajusta la construcción de salones comunales ubicados en la localidad de Ciudad
Bolívar”. En línea con ese entendimiento, el cómputo del plazo para la presentación
oportuna de la demanda habría corrido desde el momento en que la obra finalizó, o
desde aquel en que el actor advirtió la cesación de la obra si es que no la pudo
conocer en un momento anterior.
No obstante, una lectura más detenida de la demanda permite apreciar que dicha
obra pública sobrevino con motivo de una limitación jurídica impuesta al bien con
anterioridad. Al respecto, resulta oportuno recordar que la ocupación jurídica
responde a cualquier acción de la Administración con efectos limitantes de los
20 La cuantía determinada por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda supera el monto de 500
SMLMV, considerados al momento de presentación de la demanda, prescrito en el artículo 152 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que un proceso de reparación directa
sea susceptible de doble instancia ante esta Corporación.
21 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,
sentencia del doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-23-36-000-2017-00278-
01.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
derechos reales que un particular ejerce sobre un bien inmueble, sin que se cumplan
los requisitos y las formalidades establecidas en la ley para tal fin. Tal ocupación
tiene lugar en virtud de una restricción intangible, de orden legal, que priva al titular
de la cosa del ejercicio de los derechos de dominio que le corresponden conforme
con las leyes civiles 22 .La jurisprudencia ha establecido que, “cuando la
Administración no adelante el procedimiento señalado en la ley para obtener la
enajenación voluntaria del inmueble, ni tramite el proceso de expropiación ni profiera
los actos mediante los que afecte el bien por causa de una obra pública, ni tampoco
lo ocupe materialmente, pero tampoco expida las autorizaciones administrativas
necesarias para que el propietario pueda usar, gozar o disponer libremente del
mismo, esto es cuando lo ocupa jurídicamente”23, el afectado deberá adelantar el
medio de control de reparación directa.
De la antedicha circunstancia – limitación jurídica del bien – dan cuenta, entre otros,
los siguientes elementos de prueba: (i) Resolución 1765 de 199324, por medio de la
que se reconoció y reglamentó el desarrollo incompleto denominado “La Estrella del
Sur”; y (ii) Acta 053 del 200925, que subrogó el Acta de Recibo 016 de 1970 y el Acta
de Aprehensión 21 de 1997.
La Resolución 1765 de 1993 reconoció oficialmente la existencia del desarrollo
nominado como “La Estrella del Sur”, y lo incorporó a los planos oficiales del Distrito
Capital de Bogotá según la delimitación realizada en los planos que hicieron parte
de dicha reglamentación26. En el artículo 6 de dicha resolución27 se aceptaron los
planos urbanísticos del desarrollo, en los que se definieron y desligaron las zonas
de uso público de las áreas privadas; por su parte, los parágrafos primero 28 y
segundo29 del artículo 10 establecieron que la localización y la dimensión de estas
zonas a ceder gratuitamente al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, libres de todo
gravamen, eran las que aparecían en el cuadro de mojones y cesiones de zonas en
los planos adjuntos, y que dichas zonas de uso públicos indicadas en los planos
aprobados estarían siempre destinadas a dicho fin específico. Concretamente, en
el plano CB 42/4-7 quedó consignado el cuadro que sigue:
22 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del
cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-23-26-000-2006-10312-01.
23 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del once (11) de agosto de dos mil once (2011), radicación número 76001-23-24-000-1996-03045-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia
del nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014), radicación número 25000-23-26-000-2000-00076-01.
24
Folio 114 a 136, cuaderno 2.
25 Folio 144 a 152, cuaderno 2.
26 “Artículo 1. Reconocer oficialmente la existencia e incorporar a los Planos oficiales del Distrito Capital de
Santafé de Bogotá, el desarrollo la Estrella del Sur, delimitado según los planos que hacen parte de la presente
reglamentación”.
27 “Artículo 6. Se aceptan como Planos Urbanísticos del Desarrollo, en los cuales se definen y desligan las zonas
de uso público de las áreas privadas, los Planos Nos. CB 42/4-00, CB 42/4-01, CB 42/4-02, CB 42/4-03, CB
42/4-04, CB 42/4-5, CB 42/4-6 y CB 42/4-7”.
28 “Parágrafo 1. La localización y dimensión de estas zonas a ceder gratuitamente al Distrito Capital de Santafé
de Bogotá, libres de todo gravamen, son las que aparecen en el cuadro de mojones y cesiones de zonas, en
los Planos CB 42/4-00, CB 42/4-01, CB 42/4-02, CB 42/4-03, CB 42/4-04, CB 42/4-5, CB 42/4-6 y CB 42/4-7”.
29 “Parágrafo 2. Las zonas de uso público señaladas en los planos aprobados, estarán siempre destinadas a
dicho fin específico en virtud de lo dispuesto por esta resolución”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
La tabla que enseña esta imagen permite apreciar, sin equívocos, que el predio
ubicado en los mojones 583-582-A-B-583 del sector La Estrella, manzana Q, fue
destinado para uso de una zona comunal en la Resolución 1765 de 1993.
De la misma manera se puede percibir en el plano 42/4-03, en el que es posible
observar que en el sector La Estrella, manzana Q, el bien que debería corresponder
al número 11 aparece como “propiedad de la comunidad”:
A su vez, el Acta 053 del cuatro (4) de marzo de dos mil nueve (2009) resolvió que
el cuadro de cesiones y mojones del desarrollo “La Estrella del Sur” quedaba
conformado por lo allí señalado, de modo que, al rompe, podía apreciarse que el
predio ubicado en los mojones 583-582-A-B-583 del sector La Estrella, manzana Q,
bien que el actor identifica como aquel que fue ocupado permanentemente 30, fue
destinado para uso de una zona comunal, así:
En función de lo expuesto, no cabe duda de que, desde la Resolución 1765 de 1993,
el inmueble que ahora pertenece al señor Rodríguez Jiménez fue objeto de una
restricción en cuanto destinado a la función específica, como zona comunal; y la
realización de la obra pública instalada sobre ese inmueble sobrevino a
consecuencia evidente de la limitación jurídica, así impuesta.
30 “(…) Declarar administrativa y solidariamente responsables por la ocupación permanente, violenta e irregular
del lote de terreno número once (11) manzana q, ubicado en la carrera dieciocho B Bis A (18B BIS A) número
setenta y tres A cero cuatro sur (73ª-04) sur de la ciudad de Bogotá con un área del terreno (…) identificado con
la matrícula inmobiliaria N° 50S-40149644, cédula catastral N° BS R 24530 y se localiza entre los mojones 583-
582.A-B-583 (…)”. Acápite de declaraciones y condenas del escrito de demanda.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente
cuando empezó a correr el término de caducidad 31 , dispone que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) daños, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
Tratándose del cómputo del término de caducidad en eventos en los que un bien
resulta afectado por una decisión legal o administrativa – ocupación jurídica –, la
jurisprudencia de esta Colegiatura no ha sido pacífica y las subsecciones de esta
Sección se han pronunciado en distinto sentido; por ejemplo, algunas decisiones
han indicado que el término transcurre desde el momento en que el propietario tuvo
conocimiento de la restricción impuesta32, mientras que otras estiman que este tiene
como punto de partida el momento en que se efectúa el registro de la limitación
administrativa en el folio de matrícula inmobiliaria del bien sobre el que pesa la
medida33 y, al margen de estas posturas, también subsiste aquella que sugiere que
el término de caducidad debe iniciar desde la publicación en el diario oficial del acto
administrativo general que impuso la restricción34.
Sobre el particular, la Subsección C de la Sección Tercera se ha inclinado por
aquella interpretación que observa el momento en que el propietario tiene
conocimiento de la limitación impuesta al bien inmueble.
En armonía con esa línea de entendimiento de la preceptiva del numeral 8 del
artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en este caso, dado que en el
certificado de libertad y tradición no consta registro de limitación alguna, el momento
a partir del cual pudo el aquí accionante demandar en reparación directa el
resarcimiento del daño que esa ocupación le produjo coincide con el día siguiente
a aquel en que entró en vigor la Resolución 1765 de 199335, pues fue a partir de su
vigencia que el predio quedó jurídicamente afectado. Sin embargo, en ese
momento, no era él su propietario.
4.1.2.2. Entonces, procede la aplicación al caso de la fórmula residual que
contemplaba el artículo 136 en su numeral 8, para aquellos casos en que el
lesionado no tuvo conocimiento de la afectación que le fue impuesta a su predio, y
ello nos lleva a dilucidar el momento en que la parte demandante conoció la
31 El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, dispone que “(…)
los términos que hubieren comenzado a correr (…) se regirán por las leyes vigentes cuando (…) empezaron a
correr los términos (…)”.
32 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,
sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), radicación número 25000-23-26-000-1992-
07753-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número 25000-23-26-000-2005-01459-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencias
del veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) y del cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020),
radicación números 05001-23-31-000-1998-00311-01 y 05001-23-31-000-2009-01092-01.
33 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016)
y del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), radicación números 25000-23-26-000-1993-04137-01,
47001-23-31-000-2002-00215-01 y 25000-23-26-000-2007-00138-01, respectivamente; y Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del dieciocho (18) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-23-26-000-2007-00294-01.
34 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) y del veintisiete (27) de agosto de dos mil
veintiuno (2021), radicación números 70001-23-31-000-2015-00275-01 y 15001-23-33-000-2015-00667-01; y
salvamento de voto del magistrado Alberto Montaña Plata al interior del proceso con radicado número 25000-
23-26-000-2007-00294-01.
35 “Por medio del cual se adopta el “Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Fusagasugá”, se aprueba
en toda su extensión el documento técnico de soporte y los planos generales y se determinan sus componentes
y contenidos”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
restricción impuesta al bien inmueble de su propiedad por medio de la Resolución
1765 de 1993, que derivó en la construcción de un salón comunal en su predio.
Para el efecto, conforme a los medios de convicción que obran en el expediente,
está acreditado, entre otras cosas, lo siguiente:
(i) El señor Luis Eduardo Jiménez Rodríguez, en el año 2007 36 , adquirió, por
adjudicación en remate, el cincuenta por ciento (50%) del bien con matrícula 50S-
40149644 y, posteriormente, en el año 2013 37 , mediante compraventa, hizo lo
propio por el porcentaje restante.
(ii) El señor Luis Eduardo Rodríguez Jiménez, el primero (1) de julio de dos mil ocho
(2008), solicitó la revocación directa parcial de la Resolución 1765 de 1993, “para
que se le reintegre en su derecho de propiedad, en relación con el predio de la
Carrera 18 Bis A 73ª-04 Sur”38. La Secretaría Distrital de Planeación, en Resolución
0510 del once (11) de marzo de dos mil nueve (2009)39, negó el requerimiento
radicado por el aquí actor.
(iii) El Juzgado Cuarenta y Seis Civil Municipal de Bogotá D.C., en sentencia del
diecisiete (17) de julio de dos mil nueve (2009)40, resolvió declarar improcedente la
acción de tutela interpuesta por Luis Eduardo Rodríguez Jiménez, con el fin de que
se amparara “su derecho fundamental a la propiedad privada y sus limitaciones”41.
En el acápite de “antecedentes y petición”, consta que el tutelante afirmó que su
derecho fundamental fue conculcado por la Secretaría Distrital de Planeación de
Bogotá D.C. dado que “no ha podido ejercer su facultad de disposición por cuanto
el distrito le notificó una resolución en la que se le indica que el mencionado predio
corresponde a zona comunal”42.
(iv) El Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, el diecisiete (17) de mayo de
dos mil once (2011)43, solicitó licencia para construir un salón comunal en el predio
ubicado en la Carrera 18B BIS A 73ª - 04 S. En virtud de ello, fue instalado un aviso
en el terreno en el que se pretendía iniciar la obra, en el que la curadora urbana 3
de Bogotá D.C. informaba que “mediante radicación n° 11-3-1209, de fecha 17 de
mayo de 2011, el señor: Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, presentó
ante esta curaduría urbana solicitud de licencia de construcción para este predio en
las (sic) modalidad de obra nueva con las siguientes características básicas. USO:
DOT. Equipamiento colectivo – cultural altura: 2 pisos (…)”44.
(v) El señor Luis Eduardo Rodríguez Jiménez, el veintiuno (21) de junio de dos mil
once (2011)45, en ejercicio del derecho de petición, radicó escrito ante la Curaduría
Urbana 3 de Bogotá D.C., en el que pidió que no se concediera la licencia de
construcción. Una vez fue otorgada la autorización para el proyecto, interpuso
36 Auto del veintiséis (26) de febrero del dos mil siete (2007), proferido por el Juzgado Octavo Civil Municipal de
Bogotá D.C. Anotación número 5 del dieciocho (18) de abril de dos mil siete (2007), certificado de tradición y
libertad.
37 Escritura 3296 del dieciocho (18) de septiembre de dos mil trece (2013). Anotación número 8 del veintiséis
(26) de septiembre de dos mil trece (2013), certificado de tradición y libertad.
38 Página 1 de la Resolución 0510 del 11 de marzo de 2009, “por medio de la cual se decide la solicitud de
revocatoria directa parcial de la Resolución 1765 del 13 de diciembre de 1993, expedida por el entonces
Departamento Administrativo de Planeación Distrital - hoy Secretaría Distrital de Planeación”.
39 Folio 153 a 159, cuaderno 2.
40 Folio 178 a 180, cuaderno 2.
41 Página 1 de la sentencia referida.
42 Ibidem.
43 Folio 85, cuaderno 3.
44 Folio 92 a 96, cuaderno 3.
45 Folio 101 a 103, cuaderno 3.
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recurso de reposición y, en subsidió, de apelación, el quince (15) de diciembre de
dos mil once (2011)46.
(vi) El curador urbano 3 encargado de Bogotá D.C., en Resolución 12-3-0027 del
once (11) de enero de dos mil doce (2012)47, resolvió desfavorablemente el recurso
de reposición formulado por el señor Rodríguez Jiménez. En aquel acto, tomó en
consideración que había de tener en cuenta “que desde el punto de vista jurídico, la
expedición de licencias no conlleva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad
de derechos reales ni de la posesión sobre el inmueble o inmuebles objeto de ella
y que desde el punto de vista urbanístico, el predio corresponde a la zona
comunal identificada en el acto administrativo de legalización del Desarrollo
La Estrella del Sur de la Localidad de Ciudad Bolívar (Resolución No. 1765 del
13 de diciembre de 1993), en el cuadro de zonas de cesiones inscrito en el
plano CB 42/4-7 y en la parte gráfica del plano CB 42/4-03 como Sector La
Estrella MZ (Q), lote comunal localizado dentro de los mojones 583-582-a-b-
583 (…)”. (negrillas fuera del texto).
(vii) La Secretaría Distrital de Planeación, en Resolución 0255 del veinticuatro (24)
de febrero de dos mil doce (2012)48, decidió negativamente el recurso de apelación
propuesto contra la decisión que concedió la mentada licencia de construcción.
Como fundamento, esgrimió que “el predio localizado en la Carrera 18B bis A
No. 73 A-04 Sur, se encuentra ubicado en una zona que es de “propiedad de
la comunidad”, por tal motivo dicha zona se rige por las normas contenidas
en la Resolución 1765 del 13 de diciembre de 1993 (…) dicho predio desde su
reconocimiento a la fecha no ha tenido modificación que altere la naturaliza
del mismo, es decir, es una zona comunal afecta a uso público y por tal motivo
su administración le corresponde al Distrito Capital por medio del Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (…) no existe duda que el
predio objeto de licenciamiento corresponde a un bien de uso público, sin
importar que la titularidad de éste se encuentre un (sic) cabeza de un particular
como sucede en el presente caso (…)”. Decisión que fue notificada por edicto fijado
desde el seis (6) de marzo de dos mil doce (2012) hasta el veinte (20) del mismo
mes y año49.
Los anteriores medios de prueba permiten advertir que el recurrente conoció la
afectación a su propiedad el primero (1) de julio de dos mil ocho (2008), fecha en la
que solicitó la revocación directa de la Resolución 1765 de 1993. Por lo tanto,
comoquiera que la demanda fue instaurada el seis (6) de agosto de dos mil quince
(2015), debe concluirse que el medio de control de reparación directa fue ejercido
fuera del plazo prescrito en el Código Contencioso Administrativo, sin que en el
cálculo pudiere incidir la solicitud de conciliación extrajudicial porque fue presentada
cuando ya se había configurado la caducidad50.
Incluso, si esta Sala tomara en consideración el último de los documentos referidos
anteriormente, también habría lugar a llegar a la misma decisión. Ello lo que
demuestra es que aun si se pasara por alto la afectación jurídica que pesaba sobre
el bien al momento de iniciar la obra pública, que fue la razón para que el Distrito
Capital de Bogotá D.C. contratara la construcción de un salón comunal, y solo se
tuviera en cuenta la supuesta ocupación permanente que aduce el demandante en
46 Folio 217 a 219, cuaderno 3.
47 Folio 223 a 233, cuaderno 3.
48 Folio 246 a 254, cuaderno 3.
49 Folio 256, cuaderno 3.
50 El convocante Luis Eduardo Rodríguez Jiménez presentó solicitud de conciliación judicial el once (11) de
junio de dos mil catorce (2014), según lo consignado en la constancia del dos (2) de septiembre de dos mil
catorce (2014), expedida por la Procuraduría Ciento Treinta y Dos Judicial II para Asuntos Administrativos.
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Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
su escrito inicial, lo cierto es que él tuvo plena certeza, el veinte (20) de marzo de
dos mil doce (2012), cuando le fue notificada la decisión que desató el recurso de
apelación interpuesto contra el acto que concedió la licencia de construcción, de
que la edificación del salón comunal ocurriría y los términos en que fue concedida
la licencia.
Sobre el particular, importa denotar que una cosa es el daño y otra su posterior
agravación, y comoquiera que la institución de caducidad tiene sus bases en la
seguridad jurídica y el interés público esta no puede quedar sujeta al arbitrio del
interesado y a su voluntad de invocar el daño. Lo anterior, en atención a que,
mientras el afectado tenga pleno conocimiento del daño y tenga la capacidad de
ponderarlo, nace para él un interés actual y vigente de reclamar su indemnización.
Es más, el conocimiento tardío no puede tener como explicación el abandono o
descuido del derecho que se aduce como transgredido, lo que impone al juez la
carga de verificar la razonabilidad y justificación de esa circunstancia51.
Entonces, en este caso, a juicio de esta Subsección, no hay lugar a colegir cosa
distinta que el señor Rodríguez Jiménez estaba convencido no solo de que sus
atribuciones como propietario de un bien inmueble habían sido limitadas por el
Distrito Capital de Bogotá a través de la Resolución 1765 de 1993, sino, además,
que la demandada obtuvo una licencia de construcción para intervenir su predio, y
que esa licencia era expresión del desconocimiento de su propiedad que tenía
origen en la destinación urbanística vigente. Por este motivo no hay lugar a
supeditar el inicio del término de caducidad hasta que fue notoria la obra pública,
pues, aunado a que no existe prueba alguna que compruebe un impedimento para
acudir a esta jurisdicción, no es de recibo que el señor Rodríguez Jiménez asegure
que las acciones realizadas con anterioridad al inicio de la obra no interfirieron en la
posesión del bien, en tanto, como quedó demostrado en el proceso, fueron las
actuaciones previas a la construcción del salón comunal las que dieron lugar a esa
edificación, distinto es que las restricciones solo se tornaran visibles materialmente
una vez empezó el trabajo en el predio.
Tanto es así que el señor Rodríguez Jiménez, el catorce (14) de mayo de dos mil
nueve (2009)52, esto es, unos meses después de solicitar la revocación directa de
la Resolución 1765 de 1993, interpuso querella ante la Secretaría General de
Inspecciones de Policía de Ciudad Bolívar contra el presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio La Estrella del Sur, en la que informó que “he querido ejercer
sobre el mismo lote los actos de señor y dueño; entre ellos poderlo vender o
enajenar ya sea a través de una permuta o una compraventa como tal, ofreciendo
el lote para su venta, pero me he encontrado con las difamaciones del señor
presidente de la junta de acción comunal del barrio La Estrella del Sur (…) en las
cuales el mismo expresó que ese lote no me pertenece, y que dicho lote fue
donado por el distrito para un salón comunal (…) con la conducta difamatoria
del mencionado señor me ha entorpecido vender el lote en mención,
arrendarlo o permutarlo (...)" (negrillas fuera del texto). De modo que, lejos de que
las actuaciones precedentes a la construcción del salón comunal no interfirieran en
las facultades inherentes a la propiedad, es manifiesto que sí existió una
perturbación a sus atributos como propietario y, en esa fecha, el aquí recurrente ya
conocía la Resolución 1765 de 1993, por lo que debía siquiera inferir que todo
provenía de lo resuelto en dicho acto administrativo.
51 Al respecto, entre otras providencias: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección A, sentencia del cinco (5) febrero de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-
23-26-000-2006-10312-01.
52 Folio 163 a 165, cuaderno 2.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
En consecuencia, esta Subsección modificará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, y declarará, de
oficio, la caducidad del medio de control de reparación directa.
V. COSTAS
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 53 y 36654
ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 55 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera
concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera
instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias
en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado que
sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca deberá efectuar la correspondiente liquidación y
tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fijarán agencias en derecho
por el 0.1% del valor total de las pretensiones56 negadas a favor del Distrito Capital
de Bogotá, de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 3.1.3. del
artículo sexto57 del Acuerdo 1887 de 200358, expedido por el Consejo Superior de
la Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, el dos (2) de agosto de dos mil
diecisiete (2017), y, en su lugar, se dispone:
53 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe. (…)”.
54 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
55 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. (…)”.
56 El total de las pretensiones corresponde a $1.144.350.000.
57 “Artículo sexto. Tarifas. Fijas las siguientes tarifas de agencias en derecho: (…) III. Contencioso
Administrativo. 3.1. Asuntos. (…) 3.1.3. Segunda instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. (…)”.
58 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-01859-03 (60077)
Demandante: Luis Eduardo Rodríguez Jiménez
PRIMERO: DECLÁRASE la caducidad del medio de control de reparación directa,
por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la parte demandante, que
serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso,
teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la parte
demandada por la suma de 0.1% del valor total de las pretensiones negadas.
TERCERO: En firme este proveído, ENVÍESE el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para lo de su cargo, previas las anotaciones de
rigor.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP
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