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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01939-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-01939-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia proferida el 12 de octubre de 2016 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. 2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Nación - Rama Legislativa y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Nación – Rama Judicial. 3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-01939-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

16 de noviembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2015-01939-01 (58.496)
Demandante: ALFREDO CUELLO DÁVILA Y OTRA
Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL –
HECHO DEL LEGISLADOR

Síntesis del caso: en cumplimiento de la sentencia C-258 del 7 de mayo de 2013 dictada
por la Corte Constitucional, el Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
mediante Resolución no. 0443 del 12 de julio de 2013 ordenó realizar las modificaciones
pertinentes para que ninguna mesada pensional excediera el monto de veinticinco (25)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual, afirman los demandantes, condujo a
la reducción de la mesada pensional del señor Alfredo Cuello Dávila. La parte actora
considera que se incurrió en error jurisdiccional en la providencia C-258 del 7 de mayo de
2013, así como también se depreca el hecho del legislador por la expedición del artículo 17
de la Ley 4 de 1992 y, por tanto, que se le causó un daño antijurídico que debe ser reparado.
La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 312
a 323 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 12 de octubre de 2016
por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (fls. 268 a 283 cdno. apelación) que dispuso:

“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Congreso de la
República, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

TERCERO: Condenar en costas de primera instancia a Alfredo Cuello
Dávila y Marta Dolores Baute de Cuello en favor Nación – Congreso
de la República – Rama Judicial. Las costas deberán ser liquidada por
Secretaría. CONDENAR EN AGENCIAS EN DERECHO a Alfredo
Cuello Dávila y Marta Dolores Baute de Cuello y en favor Nación –
Congreso de la República – Rama Judicial en la suma de tres millones
novecientos sesenta y ocho mil pesos ($3.968.000) equivalente al
0.1% de las pretensiones reconocidas suma que será tenida en cuenta al
liquidar las costas procesales.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

CUARTO: En caso de no ser apelada la presente providencia,
ARCHIVAR, previas anotaciones secretariales de rigor.” (fls. 282 vuelto a
283 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 14 de agosto de 2015 (fl. 9 vuelto cdno. 1) y subsanado
el 11 de septiembre de 20151 (fls. 15 a 21 cdno. 1), los señores Alfredo Cuello Dávila
y Marta Dolores Baute de Cuello, por intermedio de apoderado judicial promovieron
demanda de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra
de la Nación - Rama Judicial y la Nación – Rama Legislativa (fls. 3 a 33 cdno. 1) con
las siguientes súplicas:

“1. Que se declare administrativamente responsable a las demandadas,
RAMA JUDICIAL – CORTE CONSTITUCIONAL y CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, por el daño antijurídico sufrido por ALFREDO CUELLO
DÁVILA y MARTHA DOLORES BAUTE DE CUELLO, por la abrupta
reducción de su mesada pensional, y que como consecuencia de dicho
reconocimiento de responsabilidad se le indemnice con el pago de los
daños materiales (daño emergente y lucro cesante), los daños morales
(objetivados y subjetivados), la alteración de las condiciones de existencia
y el daño a la vida de relación2.

2. Que se condene a la demandada a pagar los perjuicios irrogados a mis
mandantes con fundamento en la anterior declaración, de acuerdo con la
estimación que se hace en el capítulo de tasación de perjuicios.

3. Que el monto de las condenas, sea actualizado debidamente según el
CCA.

4. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del CCA.

5. Que se condene a la demandada a pagar las costas y agencias en
derecho a que haya lugar en favor del demandante”. (fl. 3 cdno. 1 -
mayúsculas fijas del texto original).

1 La demanda fue subsanada para especificar el valor de las pretensiones.
2
En la cuantificación de las pretensiones, los demandantes solicitaron: “por perjuicios morales
objetivados 100 smlmv; perjuicios morales subjetivados 100 smlmv; por afectación a la vida de
relación la suma de 400 smlmv; por daño emergente la suma de 200 smlmv, por lucro cesante la
suma de 5000 smlmv y por alteración en las condiciones de existencia, la suma de 400 smlmv” (fls.
18 a 19 cdno. 1).

3

Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) El artículo 17 de la Ley 4 de 1992 dispuso que el régimen de pensiones de los
Representantes y Senadores del Congreso de la República no puede ser inferior al
75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto
perciba el congresista, además, estableció que la pensión debe ser aumentada en
el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal mensual vigente.

2) El señor Alfredo Cuello Dávila fue congresista y, por ende, recibía una pensión
con un valor superior a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes
sin ningún tipo de tope.

3) A través del Acto Legislativo 01 de 2005 “se estableció que las pensiones no
podrían superar de 25 smlmv, e igualmente que se respetarían los derechos
adquiridos” (fl. 4 cdno. 1).

4) La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 “haciendo un estudio de la
Ley 4 de 1992, decide declarar inexequible el régimen pensional consagrado en
ella, y aplica retroactivamente el tope establecido en el acto legislativo 01 de 2005”
(fl. 4 cdno. 1), por lo cual se redujo las pensiones de los congresistas, entre ellas la
del señor Alfredo Cuello Dávila.

5) “La irresponsabilidad patrimonial que se imputa a las convocadas, por el daño
antijurídico sufrido por la convocante con ocasión de la absurda reducción de su
pensión, y del irrespeto a los derechos adquiridos, la confianza legítima y la
irretroactividad de la ley, tiene su fundamento en el artículo 90 de la Carta Política”3
(fl. 5 cdno. 1).

3 En la demanda no se esgrimió ni invocó un cargo en concreto por el cual la Nación – Rama
Legislativa debe ser declarada patrimonial y extra contractualmente responsable.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

3. Contestación de las entidades demandadas

Por auto del 13 de octubre de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó la notificación personal de los
representantes legales de las entidades demandadas (fl. 23 cdno. 1).

1) El 15 de diciembre de 2015, la Nación - Rama Legislativa – Congreso de la
República se opuso a las pretensiones de la demanda por estimar que no le asiste
responsabilidad patrimonial extracontractual por los hechos demandados y propuso
como excepciones i) “falta de integración del contradictorio”, pues, se debió vincular
al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República FONPRECON por
tratarse de la entidad que administra las pensiones de los congresistas y, ii) “falta
de legitimación material en la causa por pasiva”, toda vez que fue FONPRECON
quien realizó la reducción de la mesada pensional del excongresista (fls. 37 a 41
cdno. 1).

2) Por su parte, el 8 de febrero de 2016, la Nación – Rama Judicial manifestó no le
asiste responsabilidad patrimonial extracontractual porque i) no se encuentran
reunidos los presupuestos del error jurisdiccional; ii) la parte demandante se limita
a mencionar que el daño se encuentra en la supuesta reducción de su mesada
pensional, sin proporcionar una explicación sobre qué normas fueron desconocidas
por el alto tribunal en la sentencia C-258 de 2013, además, no adujo ningún
argumento que sustente sus pretensiones; iii) la sentencia objeto de controversia se
dictó como resultado de una acción pública de inconstitucionalidad, la cual tiene
efectos erga omnes y “que se constituyó en un parámetro de constitucionalidad” (fl.
57 cdno. 1) y, iv) es función de la Corte Constitucional velar porque el ordenamiento
jurídico se encuentre en consonancia con lo consagrado en la Carta Política de 1991
y, en ese sentido, no se puede predicar el error de una decisión judicial que tiene
una inferencia lógica, razonable, aceptada, jurídicamente admisible y correctamente
justificada. Propuso como excepciones “inexistencia del daño antijurídico” y “la
genérica” (fls. 51 a 58 cdno. 1).

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

4. Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en providencia del 12 de octubre de 2016 negó los requerimientos
de la demanda por estimar que no configuró un daño antijurídico4, conforme a los
siguientes argumentos:

1) Los demandantes sostienen que el daño surgió con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2005 que estableció que a partir del 31 de julio de 2010 no se
podían reconocer pensiones superiores a los 25 smlmv5, sin embargo, la pensión
del señor Alfredo Cuello Dávila se causó desde el 13 de diciembre de 1996 y, por
lo tanto, no fue afectada por dicho acto legislativo, aspecto que se evidencia en el
hecho de que su mesada pensional, por lo menos hasta el mes de julio de 2013, no
experimentó reducciones6.

2) La parte actora considera que la Corte Constitucional incurrió en un error judicial
en la sentencia C-258 de 2013, por cuanto la decisión ocasionó la disminución de
la mesada pensional con la cual vulneró el respeto de los derechos adquiridos y la
confianza legítima, empero, la reducción “no se constituye en antijurídico, en tanto
el mismo es producto de la cesión de los derechos particulares frente al interés
general” (fl. 280 vuelto cdno. apelación) y “el derecho a la seguridad social y por
ende a disfrutar la pensión de vejez tiene límites en su ejercicio, como ocurre con la
generalidad de derechos fundamentales, teniendo en cuenta que no existen
derechos absolutos que pueda derivar en un objetivo contrario al orden jurídico con
violación de los principios de dignidad humana, solidaridad y sostenibilidad
financiera tal como lo expuso la Corte Constitucional, en orden a salvaguardar el
sistema pensional” (fl. 281 cdno. apelación).

3) La decisión adoptada por la Corte Constitucional se sujetó a la facultad propia
que le otorgó la Constitución Política y, si bien un aparte del artículo 17 de la Ley

4 El magistrado Leonardo Torres Calderón aclaró el voto por estimar que existió un daño jurídico (fls.

284 a 285 cdno. apelación), mientras que el magistrado Alberto Vargas Bautista salvó el voto por
considerar que existió un daño antijurídico imputable a la Nación – Rama Judicial (fls. 286 a 304
cdno. apelación).
5 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
6 En el proceso se aportaron dos comprobantes de nómina, en la de junio de 2013 la mesada

pensional fue de $21.544.619 (sin descuentos - fl.11 cdno. pruebas) y en la de julio del mismo año
fue de $14.737.000 (sin descuentos – fl. 12 cdno. pruebas).

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

270 de 1996 fue declarado inexequible, fue porque contravenía el principio de la
sostenibilidad financiera.

4) Condenó en costas a la parte demandante en los términos expuestos al inicio de
esta providencia (fls. 268 a 283 cdno. apelación).

5. Recurso de apelación

El 1° de noviembre de 2016, la parte actora interpuso recurso de apelación, las
razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:

1) Se demostró que el señor Alfredo Cuello Dávila sufrió un daño antijurídico, pues,
experimentó una abrupta reducción de su mesada pensional7 y, tal como lo dice el
salvamento de voto del magistrado Carlos Vargas Bautista -del cual transcribe
varios apartes- este es imputable a la Rama Judicial, porque la disminución de las
pensiones de los congresistas se produjo como consecuencia de la decisión de la
Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013.

2) Tan inadecuada fue la decisión de la Corte Constitucional que la Procuraduría
General de la Nación solicitó la nulidad de la sentencia, toda vez que se
desconocieron los derechos adquiridos, la confianza legítima y la irretroactividad de
la ley.

3) La Corte Constitucional “tomó una decisión salida de toda juricidad, irrespetando
su amplia jurisprudencia sobre los derechos adquiridos, vulnerando la retroactividad
de la ley y violando la confianza legítima de los ciudadanos” puesto que i) “la Corte
Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 dejó en claro que el régimen especial
de los congresistas consagrado en la Ley 4 de 1992 (…) no impone en forma
expresa, ni tácita, límite en la cuantía de la pensión”; ii) “la pensión que devenga el
demandante se reconoció mediante la Resolución no. 1492 del 13 de diciembre de
1996, con aplicación integral del régimen pensional especial consagrado en la Ley
4 de 1992 y los decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, en consideración que era
beneficiario del régimen de transición, es decir, que no procede la aplicación de los
topes señalados en la Ley 100 de 1993”; iii) en la sentencia C-258 de 2013, la Corte

7
Aspecto que, se dicen en la demanda se evidencia con los comprobantes de pago

7

Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

Constitucional haciendo un estudio de la Ley 4 de 1992, decide declarar inexequible
él régimen pensional consagrado en ella, y aplica retroactivamente el tope
establecido en el acto legislativo 01 de 2005” de manera que “se desconoció el
principio rector de seguridad jurídica, puesto que se modificó un derecho causado
17 años atrás, y de confianza legítima, toda vez que el demandante confío en que
el Estado y los jueces respetarían los derechos adquiridos confirme a un régimen
que no impone tope” y, iii) “lo correcto, jurídicamente, es entender que el tope de los
25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, solo se aplica a las pensiones
causadas a partir del 31 de julio de 2010, conforme con lo indicado en el Acto
Legislativo 01 de 2005, así el régimen especial no consagre tope pensional y sin
perjuicio de los derechos adquiridos” (fls. 314 a 321 cdno. apelación).

4) De igual modo, le asiste responsabilidad a la Nación – Rama Legislativa porque
“la responsabilidad endilgada no se predica por la expedición del AL 01 de 2005,
sino por la expedición de la Ley 4 de 1992, la cual fue el origen de la pensión que
le fue reducida abruptamente a la parte actora al ser declarados inexequibles los
apartes que le beneficiaban” (fl. 313 cdno. apelación), de manera “que en caso de
se considere que la Corte Constitucional obró dentro de sus mandatos
constitucionales, la responsabilidad recaería íntegramente en el Legislador”
(ibidem).

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 14 de diciembre de 2017 (fl. 352 cdno. apelación) se admitió el recurso
de apelación, el 13 de marzo de 2018 (fl. 360 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal, la Nación – Rama Legislativa solicitó confirmar la
decisión impugnada y agregó que debía declararse la caducidad de la acción, pues,
i) si se estima que se demandó por los daños causados con el Acto Legislativo 01
de 2005, este fue publicado el 25 de julio de 2005 y, ii) si se considera que el daño
se generó con la sentencia C-258 de 2013, esta quedó vigente el 7 de mayo de
2013 (fls. 363 a 372 cdno. apelación), de modo que sea por una u otra razón, la
demanda presentada el 14 de agosto de 2015 fue extemporánea.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

La Nación – Rama Judicial, la parte demandante y el Ministerio Público guardaron
silencio (fl. 373 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna8, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso i) la Nación – Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable por la decisión proferida por la Corte
Constitucional el 7 de mayo de 2013 en el marco de una acción pública de
inconstitucionalidad promovida en su momento por los señores Germán Calderón
España y Dioniso Enrique Araújo Angulo, la cual se acusa de haber incurrido en
error judicial con el que se causó un daño antijurídico a los aquí demandantes y, ii)
si existe responsabilidad de la Nación - Rama Legislativa por el hecho de que la
mesada pensional del señor Alfredo Cuella Dávila fue reducida en su monto
económico.

La sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda será
confirmada, debido a que i) no se acreditó la existencia de un error judicial y, ii)
respecto de la Nación – Rama Legislativa no se elevó en la demanda un fundamento
concreto de responsabilidad y, aún si en gracia de discusión se dijera que se

8 Los demandantes manifiestan que el daño se encuentra en la reducción de la mesada pensional

del señor Alfredo Cuello Dávila, aspecto que se configuró desde la declaratoria de inexequibilidad
de un aparte del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 en la sentencia C-258 de 2013, en ese sentido, el
daño alegado por los demandantes se hizo evidente con la providencia enjuiciada C-258 de 2013
que se profirió el 7 de mayo de 2013 y que quedó ejecutoriada el 14 de junio de 2013 (aunque en el
proceso no reposa la constancia de ejecutoria de esta última decisión, la misma puede consultarse
en la página de la Corte Constitucional). El término para formular la demanda de reparación directa
se suspendió entre el 5 de mayo de 2015 y el 5 de agosto de 2015 mientras se surtió la conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación (fls. 13 a 18 cdno. 2) y, en la medida el medio
de reparación directa se formuló el 14 de agosto de 2015 (fl. 10 cdno. 1), se advierte que fue radicada
en tiempo de conformidad con el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

deprecó la existencia de un daño por la expedición de la Ley 4 de 1992, lo cierto es,
que no es antijurídico.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

2.1 Examen de los presupuestos del error judicial

1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad.

ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”

Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) que el
interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

2) La Sala encuentra probados los cinco primeros requisitos, por cuanto la decisión
acusada de error jurisdiccional, esto es, la de 7 de mayo de 2013 proferida en el
proceso de acción pública de inconstitucionalidad promovido por los señores
Germán Calderón España y Dioniso Enrique Araújo Angulo i) fue expedida por la
Corte Constitucional; ii) la Corte Constitucional actuó como juez de la causa y iii) la
sentencia de control de constitucionalidad número C-258 de 2013 quedó
ejecutoriada el 14 de junio de 20139.

3) En cuanto corresponde al último requisito, esto es, que se trate de providencia
contrariara a la ley, la Sala observa que este no se encuentra acreditado, como se
explica a continuación.

2.2 Examen concreto del error judicial alegado

1) Superados los requisitos antes referidos, se procede a determinar las alegadas
irregularidades en que pudo incurrir la autoridad jurisdiccional en el momento de
proferir la decisión cuya legalidad se reprocha con la demanda.

Para tal fin, es preciso tener en cuenta que el error judicial se concreta en “una
decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las pruebas -
error de hecho- o que provenga de aplicaciones normativas indebidas -error de
derecho-”10, se trata de falencias en las que se incurre en providencias judiciales al
punto de contraponerse al ordenamiento jurídico. Esta Sección de tiempo atrás lo
ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad
de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión”11.

2) En el presente caso, frente a la sentencia del 7 de mayo de 2013 dictada por la
Corte Constitucional se alega, en síntesis, que se incurrió en error judicial por el
hecho de haber puesto un límite de máximo veinticinco (25) smlmv12 al monto de
las mesadas pensionales de los congresistas.

9
De conformidad con el sistema de gestión de la Rama Judicial y en particular la página web de la
Corte Constitucional.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,

expediente 38.229, MP Ramiro Pazos Guerrero.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128,

MP Ramiro Saavedra Becerra.
12 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

3) Sobre el particular, la revisión a la sentencia C-258 de 2013 da cuenta que la
Corte Constitucional, con ocasión de una acción pública de inconstitucionalidad,
examinó el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 y resolvió, entre otros aspectos, que el
monto económico de la mesada correspondiente a las pensiones de los
congresistas reconocidas en el régimen especial dispuesto en dicha ley no podían
superar los veinticinco (25) smlmv con fundamento, entre otros, en los siguientes
argumentos:

a) Los topes pensionales se encontraban señalados en otros regímenes
pensionales y, si bien es cierto el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no estableció de
manera expresa un límite, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional sugería la
aplicación de aquel pese a que algunas autoridades administrativas y judiciales
entendieron que no existía; en concreto, se dijo lo siguiente:

“El artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no establece un tope expreso en
el valor mensual de las mesadas pensionales de los Congresistas y
Magistrados, en otras palabras, guarda silencio al respecto. Ante el
vacío del precepto, algunos operadores jurídicos han entendido que
las pensiones de los beneficiarios del régimen especial no están
sometidas a ningún tope, otros, por el contrario – como por ejemplo
Cajanal, según obra en las pruebas remitidas- han considerado su
aplicación general, lo que ha suscitado problemas en su
interpretación, como a continuación se explica:

El establecimiento de topes no fue una figura novedosa dentro de
nuestro sistema pensional; por el contrario, ya desde el año 1976, el
ordenamiento jurídico los consagraba.

Por ejemplo, la Ley 4 de 1976, ‘por la cual se dictan normas sobre materia
pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan
otras disposiciones’, fijó un tope mínimo y máximo para las pensiones de
origen público, éste último de 22 salarios mínimos mensuales. La norma
consagró además que ‘Las pensiones a que se refiere el Artículo anterior
no podrán ser inferiores al salario mínimo mensual más alto, ni superiores
a 22 veces este mismo salario.’

Posteriormente, la Ley 71 de 1988 en su artículo 2 modificó tal disposición
y consagró que ‘Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto
en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.’

El artículo 18 de la Ley 100 estableció un tope de 20 smmlv para el ingreso
base de liquidación de los afiliados al régimen de prima media (…).

En la Sentencia C-089 de 1997 se realizó un análisis del tránsito
legislativo en relación con los topes máximos de las pensiones. Allí se
explicó que la sola existencia de un régimen especial no implica que las
mesadas pensionales adquiridas bajo su amparo queden

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Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
Reparación directa
Apelación sentencia

automáticamente excluidas de los topes consagrados en las normas
generales (…).
Posteriormente, en la Sentencia C-155 de 1997, la Corporación resaltó la
importancia del establecimiento de topes pensionales en aras de
garantizar la distribución equitativa de los recursos limitados en seguridad
social.
En la referida ocasión, la Corte estudió la consagración de topes
pensionales previstos en los artículos 2º de las Leyes 4 de 1976 y 71 de
1988. Para el demandante ello contravenía los criterios de justicia, pues
no existía justificación para que existieran regímenes diferentes, máxime
si se tenía en consideración que la pensión no constituye una concesión
graciosa a su beneficiario, sino que se define como un verdadero derecho
laboral.
Para resolver el problema jurídico, la Sala consideró que ‘el Estado debe
garantizar el reajuste periódico de las pensiones y de los recursos en este
campo, los cuales deben mantener su poder adquisitivo razón por la cual
es menester que el legislador tenga en cuenta una realidad de
trascendencia en este examen, los recursos económicos para satisfacer
el pago de las mesadas pensionales, los cuales no son infinitos, sino que
ellos son limitados; el legislador puede, por razones de política legislativa,
señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse
para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones,
tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su
capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos
existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53).’
(…).

De lo anterior se deduce que (i) desde el año de 1976 todas las
mesadas de los funcionarios públicos se encontraban sometidas a
topes pensionales, (ii) el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 no consagró
un límite máximo en el valor de la pensión, es decir, no existía
claridad si las pensiones adquiridas de conformidad con este
régimen estaban sometidas a las reglas generales sobre topes, (iii) a
pesar de que la jurisprudencia constitucional sugería la aplicación
general de límites, ciertas autoridades administrativas y algunas
judiciales interpretaron que el régimen dispuesto por el artículo 17
de la Ley 4 de 1992 no estaban sometido a ningún valor máximo”.
(negrillas de la Sala).

b) El sistema de seguridad social no solo es un derecho, también es un servicio
público a cargo del Estado que tiene la responsabilidad de garantizar la cobertura
universal, para lo cual debe contar con la sostenibilidad financiera, en ese sentido,
se deben eliminar los altos subsidios públicos financiados por el Estado para liberar
recursos que permitan cumplir con los fines de la seguridad social.

c) Los subsidios que el Estado gira para el pago de pensiones terminan
destinándose a pagar las mesadas más altas lo cual es inequitativo y vulnera los
principios de igualdad y seguridad social; la Corte Constitucional expuso lo
siguiente:

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“(…) recuerda la Sala que la ausencia de una disposición expresa
sobre el valor máximo de las mesadas que pueden reclamar los
favorecidos por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, ha conducido a
que en la actualidad tales mesadas se paguen sin un tope máximo.
La ausencia de topes en el régimen especial al que da lugar el
artículo 17 de la Ley 4 de 1992, entre otras causas, conduce a la
existencia de pensiones con mesadas muy por encima del promedio
nacional, financiadas con recursos públicos en un porcentaje también
muy superior al de los subsidios que se destinan al pago de otras
pensiones, y que además favorecen a un grupo de personas que no
pertenece a los sectores más pobres, vulnerables y débiles, sino que, por
el contrario, incluso podría afirmarse, hace parte de los sectores en las
mejores condiciones socio-económicas.

En vista de lo anterior, parte del espíritu del Acto Legislativo 01 de
2005 fue establecer topes para todas las mesadas pensionales con
cargo a recursos de naturaleza pública, con el propósito de limitar y
reducir los subsidios que el Estado destina a la financiación de las
pensiones más altas, muchas de ellas originadas en los regímenes
pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley 100
de 1993.
Esa preocupación por fijar límites a los subsidios que el Estado destina al
pago de las más altas pensiones por medio del establecimiento de topes,
existía además desde antes de la expedición del Acto Legislativo 01 de
2005, e incluso con anterioridad a la promulgación de la Ley 100 de 1993.
Como se indicó en apartes anteriores, desde la Ley 4 de 1976, el
Legislador ha sometido a topes mínimos y máximos el valor que una
persona puede recibir por razón de su pensión; así, esa normativa
estableció un valor máximo de 22 smmlv. Posteriormente, la Ley 71 de
1988 disminuyó el tope a 15 smmlv y la Ley 100 de 1993 lo elevó, en su
artículo 18, a 20 smmlv para los afiliados al régimen de prima media. Más
recientemente, el artículo 5 de la Ley 797 de 2003 elevó el tope a 25
smmlv; ese mismo criterio fue luego acogido por el Acto Legislativo 01 de
2005.
En concordancia con la anterior preocupación y para el caso específico
de los regímenes especiales de pensiones, en las sentencias C-089 de
1997 y C-155 de 1997, esta Corporación también sostuvo que en caso de
que las normas especiales de tales regímenes no dispusieran un límite
cuantitativo para las mesadas, debía aplicarse el tope señalado en las
reglas generales, específicamente en la Ley 100 y las disposiciones que
la modifican en lo pertinente.
Por las anteriores razones la Sala no puede mantener en el
ordenamiento la regla de la ausencia de topes en el régimen de
pensiones materia de análisis. Hacerlo, como en el caso de los
anteriores elementos del régimen, (i) vulneraría el principio de
igualdad en tanto conduce a la transferencia de subsidios públicos
excesivos a un grupo de personas que no sólo no están en condición
de vulnerabilidad o debilidad, sino que, por el contrario, por regla
general pertenecen a un sector privilegiado de la población;
y (ii) avalaría la continuidad de un sacrificio desproporcionado de los
principios y finalidades de la seguridad social”. (resalta la Sala).

d) Los subsidios que el Estado dirige para el pago de las pensiones más elevadas
también socavan el principio de la solidaridad y obstaculizan el cumplimiento de los

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mandatos del artículo 48 de la Constitución Política, pues, mientras la mayor parte
de los recursos disponibles se orientan a pagar las pensiones con montos altos -de
más de 16 smlmv-, el promedio de la población pensionada percibe mesadas que
oscilan entre 1 y 2 smlmv, además, las pensiones de mayor valor i) se financian en
gran parte con un porcentaje muy significativo con recursos del erario, sin guardar
una relación proporcional con las cotizaciones efectuadas por los beneficiarios
durante su vida laboral, ii) benefician a personas que pertenecen a los sectores con
mejor condición socio económica y, iii) son otorgadas a un reducido número de
beneficiarios en comparación con la cantidad de personas pensionadas, que ha ido
en aumento sin que se vea compensado en un incremento de cotizantes.

e) La existencia de prerrogativas injustificadas en favor de un grupo reducido de
personas en detrimento del patrimonio público carece de justificación y
razonabilidad, al margen de que varias de ellas se reconocieron con apego a las
normas y sin abuso del derecho; en concreto, frente a las pensiones reconocidas
por la confianza legítima y la buena fe se precisó lo siguiente:

“(…) Pensiones amparadas por la confianza legítima y la buena fe
En esta categoría se encuentran incluidos todos aquellos beneficiarios del
régimen especial dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que se
encontraban vinculados a este régimen, de conformidad con la
normatividad vigente, al momento de entrar a regir la Ley 100 de 1993,
esto es, al 1 de abril de 1994.
Cabe aclarar, como se explicó al hacer el recuento normativo del régimen
especial de Congresistas, se encuentran incluidos como beneficiarios en
el régimen de transición a su favor, quienes fueron elegidos para la
legislatura del 20 de julio de 1994, en los términos del parágrafo del
artículo 3 del Decreto 1293 de 1994.
Además de esta condición, el derecho pensional fue adquirido cumpliendo
todos los requisitos legales, atendiendo los criterios jurisprudenciales
vigentes, bajo la convicción de estar actuando de buena fe y bajo los
factores salariales de cotización establecidos por el Gobierno Nacional,
no por voluntad del cotizante.
Estas mesadas, deben ser ajustadas, sin necesidad de hacer
reliquidaciones caso por caso, hasta bajar a 25 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, tope pensional que fue dispuesto por el
Constituyente como razonable. Es decir, aquí no se trata de una
reliquidación sino de un ajuste hacia el futuro.
En este orden de ideas, disminuir aún más su monto aplicando en forma
retroactiva las consideraciones de esta providencia en relación con el
ingreso y los factores de liquidación atentaría contra los derechos
adquiridos y el principio de confianza legítima de quienes accedieron a
ellas dentro de las condiciones especiales de un régimen vigente, que
incluso había sido declarado exequible por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-608 de 1992.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
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Son varias las razones que justifican esta decisión:
En primer lugar, tal y como se desarrolló en la parte motiva de esta
providencia, en virtud del principio de confianza legítima que encuentra
respaldo en el principio de buena fe, las autoridades y los particulares
tienen que respetar sus actuaciones, así como también honrar los
compromisos adquiridos, a fin de garantizar la estabilidad y durabilidad
del sistema.
En efecto, de acuerdo con el entendimiento que le ha dado la Corte a la
confianza legítima, se trata de un principio con raigambre constitucional
que, entre otros efectos, tiene el de prohibirles a las autoridades públicas
y a los poderes privados que prestan servicios públicos ‘contravenir sus
actuaciones precedentes y [d]efraudar las expectativas que generan en
los demás, a la vez que compelen a las autoridades y a los particulares a
conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los
compromisos adquiridos y una garantía de estabilidad y durabilidad de las
situaciones que objetivamente permitan esperar el cumplimiento de las
reglas propias del tráfico jurídico’.
Esto mismo es predicable en relación con los factores salariales que se
tuvieron en cuenta al momento de liquidar la pensión. Frente a ellos
resultaría abiertamente irrazonable aplicar de forma retroactiva lo aquí
decidido en relación con dichos factores. Si bien es cierto que los
beneficiarios del régimen dispuesto por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992
accedieron a estas pensiones después de haber cotizado sobre factores
salariales diferentes que no permiten que se produzca una relación de
correspondencia entre lo cotizado y el monto de la mesada, esta situación
obedece a decisiones adoptadas por la rama ejecutiva del poder público,
mediante decretos que desarrollaron la Ley 4 de 1992 y a otras
determinaciones de autoridades administrativas o judiciales. Los
pensionados se sujetaron a dichas reglas, cotizaron sobre los factores que
el Gobierno Nacional había establecido y prestaron sus servicios como
Congresistas, Magistrados o los demás cargos que por disposición
normativa les era aplicable el régimen dispuesto por el artículo 17 de la
Ley 4 de 1992. Es por ello que es imposible pretender que sus
cotizaciones hayan logrado acumular un capital que financie, sin subsidio
alguno, su pensión como si estuvieran inscritos en un régimen pensional
diverso como el régimen general, o peor aún, un régimen de ahorro
individual.
En segundo lugar, como quedó evidenciado en los capítulos
precedentes, uno de los fines del Estado Social de Derecho es garantizar
un mínimo vital a todos asociados. En este orden de ideas, una reducción
adicional a los 25 salarios, podría implicar una disminución
manifiestamente desproporcionada de su ingreso representado en sumas
de dinero a las cuales acceden conforme a derecho, puesto que tales
pensiones fueron reconocidas dentro de las condiciones especiales
dispuestas por el artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Esto puede poner en
grave riesgo el mínimo vital de los interesados que tiene, como lo ha dicho
la jurisprudencia constitucional, una dimensión cualitativa y de
conformidad con las condiciones particulares.
Consustancial al derecho a recibir la prestación periódica o mesada
pensional, es el derecho que le asiste a su titular a que ésta sea
proporcional a las condiciones económicas que le aseguraban una
existencia digna para aquél y su familia durante su vida productiva se
mantengan y se prolonguen en la etapa en que sus capacidades laborales
se ven disminuidas o han desaparecido, y en la cual requiere del
necesario sosiego o descanso.

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
Actor: Alfredo Cuello Dávila y otra
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Apelación sentencia

A juicio de la Corte, ‘es comprensible que ello sea así, puesto que, si el
concepto de mínimo vital no se identifica con el salario mínimo ni con una
valoración numérica de las necesidades biológicas mínimas por satisfacer
o para subsistir, entonces el reconocimiento de una mesada por un valor
inferior al que por ley corresponde al pensionado le impide disponer de
unas condiciones de vida acordes con la apreciación material del valor del
trabajo realizado antes de obtener la jubilación y de las necesidades y
propósitos que la persona se plantea para él y su familia’
En tercer lugar, esta reducción abrupta se traduciría en una trasgresión
de los fines propios del Estado Social de Derecho que esta misma
sentencia pretende proteger, especialmente un desconocimiento de la
obligación estatal de resguardar en forma especial los derechos de las
personas de la tercera edad. Así, la mayoría de los pensionados del
régimen especial de Congresistas hace parte de esta población, que ya
no encuentra acogida en el mercado laboral y es en esta etapa de la vida
en donde requiere de un ingreso que le permita solventar sus obligaciones
e incluso hacer frente a las contingencias que la vejez acarrea.
El ajuste de las mesadas debe ocurrir a partir del 1 de julio de 2013, con
el fin de permitir ajustes en la nómina y no exponer a los funcionarios
públicos de las entidades competentes a la imposibilidad de cumplir el
fallo, con los riesgos jurídicos que ello tendría.
De igual manera, resulta prohibido para las entidades administradoras de
estas pensiones, suspender los pagos de las mesadas pensionales por
demoras administrativas en la realización de este reajuste” (negrillas y
subrayado del original).

3) En este caso objeto de análisis, los demandantes consideran que en la
mencionada sentencia C-258 de 2013 se incurrió en un error jurisdiccional porque
se vulneraron los derechos adquiridos, la confianza legítima y se aplicó de manera
retroactiva una ley cuando no había lugar a ello13.

13 Lo antedicho tal como se expresa en el recurso de apelación y como se deduce de la demanda,

en la cual los actores expresaron que “la pensión de la cual es beneficiario mi mandante se encuentra
regulada bajo dicha normatividad, lo cual tenía un valor superior a 25 SMLMV, sin estar sujeto a
ningún tope, debido a que así lo estipuló la ley (…) la Corte Constitucional haciendo un estudio de la
Ley 4 de 1992, decide declarar inexequible el régimen pensional consagrado en ella y aplica
retroactivamente el tope establecido en el acto legislativo 01 de 2005, con esta decisión la Corte
Constitucional redujo de un plumazo las pensiones de los congresistas, sin respetar los derechos
adquiridos (…) la responsabilidad patrimonial que se imputa a las convocadas, por el daño
antijurídico la irresponsabilidad patrimonial que se imputa a las convocadas, por el daño antijurídico
sufrido por la convocante con ocasión de la absurda reducción de su pensión, y del irrespeto a los
derechos adquiridos, la confianza legítima y la irretroactividad de la ley, tiene su fundamento en el
artículo 90 de la Carta Política, dado que el daño infligido a mi mandante con estos hechos, reviste
la naturaleza de antijurídico y le es imputable a las convocadas, puesto que la promulgación de la
ley generó derechos que se vieron disfrutando hasta el año 2013, cuando la Corte Constitucional
decidió borrar los derechos de mi mandante profiriendo la sentencia C-258 de 2013 (…) la reducción
de la pensión de mi mandante en casi una tercera parte, causó en ella daño moral, material y la vida
de relación y en las condiciones de existencia; perjuicios que vienen como consecuencia de la
disminución abrupta de los ingresos pensionales que consideraba adquiridos vitaliciamente, y que
sin mediar un proceso adecuado, fueron arrebatados mediante una providencia judicial (…) la
antijuricidad de esos daños y el título de imputación de los mismos a la demanda, en los términos
del artículo 90 de la Carta Política, viene como consecuencia de la actitud descuidada y negligente
de las instituciones del Estado que generaron unas expectativas de vida, que fueron vulneradas ya
sea por la inadecuada promulgación de la ley, o por la vulneración que de sus derechos hizo el
órgano judicial (…)”. (fls. 3 a 4 cdno. 1).

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Expediente 25000-23-36-000-2015-01939-00 (58.496)
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Apelación sentencia

4) Al respecto, como se puede apreciar en los apartes transcritos, la Corte
Constitucional se pronunció sobre las situaciones jurídicas consolidadas y explicó
las razones por las cuales se debía tener un tope de veinticinco (25) smlmv.

5) De igual manera, no se vulneraron los derechos adquiridos ni la confianza
legítima, pues, como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia, precisamente
existía una discusión entre autoridades administrativas y judiciales sobre si la falta
de pronunciamiento expreso del legislador llevaba a considerar que no existía
ningún tope, no obstante, la Corte Constitucional explicó que aunque en la Ley 4 de
1992 no existió un pronunciamiento expreso lo cierto es que, tal como se dijo en las
sentencias C-089 de 1997 y C-155 de 1997, cuando la norma especial no disponga
un límite cuantitativo para la mesada debe aplicarse el tope señalado en las reglas
generales, específicamente en la Ley 100 de 1993, aspecto que de igual manera
sigue el artículo 48 de la Constitución modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005,
norma de rango constitucional que establece límites al reconocimiento y pago de
las pensiones.

6) Tampoco existió una aplicación retroactiva de la ley, por el contrario, la
inexequibilidad de un apartado del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 llevó a que la
Corte Constitucional explicara que no se trataba de desconocer los montos ya
pagados ni mucho menos disminuir la mesada pensional de manera retroactiva,
sino que, por el contrario, era a partir del 1° de julio de 2013 -esto es, a futuro- que
se debía hacer el ajuste de la mesada pensional.

7) Finalmente, la parte actora solicita se tengan en cuenta los argumentos
plasmados en el salvamento de voto de la sentencia de primera instancia, punto
sobre el cual debe advertirse que estos no atan a la Sala y, lo cierto es que las
consideraciones señaladas desvirtúan lo consignado en el salvamento sobre la
supuesta afectación de derechos adquiridos.

8) En consecuencia, la Sala no encuentra acreditada la existencia de un error
judicial en la sentencia C-258 de 2013 dictada por la Corte Constitucional, de allí a
que se deba confirmar la decisión que negó las pretensiones de la demanda.

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2.3 La responsabilidad endilgada a la Nación – Rama Legislativa del Poder
Público

1) El examen del escrito de la demanda y de su subsanación dan cuenta que los
actores no elevaron un cargo concreto en contra de la Nación - Rama Legislativa y
simplemente se limitaron a manifestar que existe responsabilidad de la parte pasiva
de la litis porque la mesada pensional se redujo en su monto económico.

2) El tribunal de primera instancia entendió que los demandantes accionaban en
contra de la Nación – Rama Legislativa por estimar que el Congreso de la República
se había equivocado con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005.

3) La parte demandante en el recurso de apelación adujo que en ningún momento
accionó por la expedición de dicho acto, sino por la promulgación de la Ley 4 de
1992, que fue el punto de origen de la pensión que luego fue reducida.

4) En relación a este aspecto de la controversia, la Sala observa que la parte actora
en el recurso de apelación planteó razones de atribución de responsabilidad
diferentes a las propuestas o endilgados en la demanda, aspecto este que lleva a
negar las pretensiones de la demanda, pues, estudiarlas conlleva la afectación del
principio de congruencia y el derecho de defensa de la parte demandada.

5) No obstante, aún si en gracia de discusión se dijera que la ambigüedad de la
demanda da lugar a que esta se interprete y se considere que los demandantes
accionaron porque estimaron que existió una equivocación por parte del Congreso
de la República en la expedición de la Ley 4 de 1992, lo cierto es que de igual
manera las pretensiones deben ser negadas, pues, i) estas debieron ser
presentadas de manera subsidiaria, porque resulta contradictorio imputar el daño a
un error judicial de la Corte Constitucional por una indebida interpretación de la ley
y simultáneamente imputar el daño a un hecho del Legislador y ii) en todo caso, la
orden de reducción de la mesada pensional no fue con ocasión de la expedición de
la Ley 4 de 1992 sino como consecuencia de la sentencia C-258 de 2013, de la cual,
como ya fue explicado, no es fundado predicar la existencia de un error judicial.

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3. Conclusión

Se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, por cuanto i) no se configuró un error judicial en la sentencia C-258 de
2013 dictada por la Corte Constitucional, porque la decisión estuvo debidamente
ajustada al ordenamiento jurídico y, ii) no existió un cargo concreto en contra de la
Nación – Rama Legislativa y, aún si en gracia de discusión se dijera que se accionó
por la expedición de la Ley 4 de 1992, lo cierto es que esta no fue la que causó la
disminución de la mesada pensional.

4. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA14 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP15 se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del numeral 3.1.3 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
Superior de la Judicatura16 se fija por concepto de agencias en derecho el valor de
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta providencia
en favor de la Nación – Rama Legislativa y tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Nación – Judicial
debido a que la primera asistió y participó en forma activa en las actuaciones
procesales, mientras la segunda entidad estuvo representada por apoderado
judicial quien no presentó alegatos de conclusión.

Por otro lado, frente a la condena en costas de primera instancia se procederá a
confirmar la decisión del a quo en la medida que el demandante fue la parte vencida
en el proceso de la referencia.

Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del
Código General del Proceso.

14 Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
15 Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia

la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”
16 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.”.

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En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia proferida el 12 de octubre de 2016 por la Subsección
B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda.

2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia en favor de la Nación - Rama
Legislativa y tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta
providencia en favor de la Nación – Rama Judicial.

3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente decisión fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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