Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02035-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02035-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02035-03
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Demandado: Edificio Suite Crown Building y Armando Escobar Arango
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por el Instituto de
Desarrollo Urbano y el Edificio Suite Crown Building en contra de la sentencia
dictada el 10 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la
demanda, y condenó en costas a la entidad demandante.
La Sala es competente para proferir esta providencia porque decide recursos de
apelación interpuestos contra una sentencia dictada por un tribunal
administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso
en primera instancia en razón a la cuantía estimada en la demanda.
SÍNTESIS
El Instituto de Desarrollo Urbano solicita la declaración de responsabilidad
patrimonial extracontractual del Edificio Suite Crown Building PH y del señor
Armando Escobar Arango, copropietario de esa propiedad horizontal, porque
obstaculizaron la realización de obras públicas en un área que había sido
expropiada para la ejecución de las obras del deprimido de la calle 94 en la ciudad
de Bogotá D.C. La Sala revoca la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, condena al señor Armando Escobar
Arango, puesto que está acreditada su responsabilidad civil extracontractual por
impedir las obras referidas, circunstancia que generó sobrecostos al consorcio
contratista del contrato de obra, los cuales finalmente fueron asumidos por el IDU
con ocasión de un fallo arbitral.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El Instituto de Desarrollo Urbano, en adelante “IDU”, formuló, el 26 de agosto
de 2015, demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en
contra del Edificio Suite Crown Building PH y del señor Armando Escobar Arango,
de acuerdo con las siguientes pretensiones:
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02035-03 (66951)
Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
2.1. Que se declare que la copropiedad del EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING,
son responsables extracontractualmente de los perjuicios materiales ocasionados
al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO
ESCOBAR ARANGO, con ocasión a la perturbación e imposibilidad de ejecución
de la obra civil denominada construcción de la intersección a desnivel de la
Avenida Laureano Gómez (AK 9) por Calle 94 y su conexión con la Avenida Santa
Bárbara (AK 19) en Bogotá, D.C., correspondiente al proyecto con código de obra
104 del Acuerdo de Valorización 180 de 2005 "proyecto del Deprimido de la Calle
94".
2.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las
demandadas EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING, son responsables
extracontractualmente de los perjuicios materiales ocasionados al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO,
a pagar la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
MONEDA LEGAL ($2.448'047.517.oo), correspondiente al daño o perjuicio
material emergente de los costos directos e indirectos causados por no permitir el
desarrollo de la obra mencionada en la pretensión anterior "proyecto del Deprimido
de la Calle 94".
2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a las
demandadas EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING, son responsables
extracontractualmente de; los perjuicios materiales ocasionados al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO,
a pagar la suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL
($400'000.000.oo), correspondiente al daño o perjuicio material emergente
presente de los costos por concepto de mayor permanencia de obra causados al
no permitir el desarrollo de la obra en comento "proyecto del Deprimido de la Calle
94".
2.4. Que la suma a que se refiere la condena solicitada se actualice
monetariamente tomando como base el Índice de Precios al Consumidor-IPC, de
manera que representen el valor adquisitivo equivalente a la fecha en que se
realice el pago de la sentencia que así lo ordene, de acuerdo con la disposición
contenida en el inciso 4° del art. 187 de C.P.A. C.A.
2.5. Que se condene a las sociedades EDIFICIO SUITE CROWN BUILDING, son
responsables extracontractualmente de los perjuicios materiales ocasionados al
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO —IDU—, y el señor ARMANDO
ESCOBAR ARANGO, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE
PESOS ($839.462.514.00), por concepto de perjuicio material o daño emergente
futuro con ocasión a lo indicado respecto al "proyecto del Deprimido de la Calle
94".
2.6. Que la suma a que se refiere la condena solicitada se actualice
monetariamente tomando como base el Índice de Precios al Consumidor-IPC, de
manera que representen el valor adquisitivo equivalente a la fecha en que se
realice el pago de la sentencia que así lo ordene, de acuerdo con la disposición
contenida en el inciso 4° del art. 187 de C.P.A.C.A.
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
2.7. Que se condene en costas a las sociedades comerciales y las personas
naturales demandadas.1. (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
2. La parte demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo
siguiente:
2.1. El IDU inició, en diciembre de 2009, una actuación administrativa para la
adquisición por enajenación voluntaria o por expropiación de 47.39 m 2 de terreno
de propiedad del Edificio Suite Crown Building PH. La referida área era necesaria
para la ejecución de obras de la intersección a desnivel de la avenida Laureano
Gómez (AK 9) por la calle 94 y su conexión con la avenida Santa Bárbara (AK
19) en la ciudad de Bogotá D.C.; obra conocida como el deprimido de la calle 94.
2.2. El IDU, por Resolución 2304 del 22 de julio de 2010, realizó una oferta de
compra por la suma de ciento setenta y nueve millones doscientos noventa y
cuatro mil quinientos once pesos ($179.294.511); pero, el Edificio Suite Crown
Building PH informó en oficio del 23 de agosto de 2010 que en el área se
encontraba el tanque de reserva de agua de la copropiedad. El IDU le solicitó al
edificio que aportara una cotización para el traslado del tanque, lo cual no ocurrió
y, por ello, modificó la oferta de compra e incluyó el valor del tanque.
2.3. El Edificio Suite Crown Building PH no se pronunció sobre la oferta de compra,
por lo que el IDU, a través de la Resolución 2383 del 18 de mayo de 2011, ordenó
la expropiación del área por un valor total de ciento noventa y cuatro millones
cuatrocientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y cuatro pesos
($194.496.754).
2.4. El Edificio Suite Crown Building PH solicitó, vía reposición, que se revocara la
resolución expropiatoria o que se desafectara el área de terreno de la
copropiedad para la obra pública. No obstante, el IDU confirmó la decisión
mediante la Resolución 3397 del 21 de julio de 2011.
2.5. El IDU pagó el área expropiada mediante orden de pago 3649 del 4 de octubre
de 2011. Posteriormente se programó una diligencia de entrega para el 29 de
febrero de 2012, pero, se suspendió debido a que se instauró una acción de
tutela; el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá negó el amparo mediante
sentencia del 7 de marzo de 2012, y finalmente, la entrega del área se materializó
el 23 de marzo de 2012.
2.6. La construcción del tanque de reserva de agua por parte del Edificio Suite
Crown Building PH fue ilegal, razón por la que el IDU presentó en el año 2013
una querella policiva por infracción del régimen urbanístico, que cursó en la
Alcaldía Local de Chapinero. La existencia de dicho tanque constituye un
obstáculo que impide la adecuación del espacio público que se debe ejecutar
1 Folios 4 a 37 cuaderno 1.
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
según el contrato de obra número 05 de 2012 suscrito entre el IDU y el consorcio
AIA-CONCAY para la ejecución de las obras del deprimido de la 94.
2.7. Los demandados retrasaron la obra y afectaron el presupuesto de la entidad
por los sobrecostos que se han generado en su desarrollo; “algunos de los
copropietarios como es el caso particular del señor ARMANDO ESCOBAR
ARANGO, el cual siempre que se va a empezar a realizar trabajos atraviesa su
automóvil, lanzando palabras injuriosas y de grueso calibre en contra de algunos
funcionarios del IDU”.
2.8. La canalización de las redes de las empresas de servicios públicos en el
espacio público frente al Edificio Suite Crown Building PH, que era obstaculizado
por la comunidad, solo pudo ejecutarse el 22 de junio de 2015 gracias al
acompañamiento de la Alcaldía de Chapinero y de la Policía Metropolitana de
Bogotá.
2.9. “La obstrucción del espacio público por parte de los demandados ocasionó un
retraso de cuatro (4) meses en la ruta crítica del proyecto del Deprimido de la
calle 94; concretamente en las actividades de: construcción de canalizaciones y
traslado de redes de las Empresas de Servicios Públicos; hincado de tablestaca
metálica, pilotes y estructuras box piles, vigas y placas en concreto; la excavación
de la rotonda deprimida; la instalación de pasos provisionales en la línea férrea y
la construcción del box culvert para la red matriz de acueducto Tibitoc”.
2.10. Existe una relación de causalidad entre el daño y la conducta de los
demandados quienes deben indemnizar los sobrecostos estimados por el
consorcio AIA-CONCAY, contratista del contrato de obra número 5 de 2012, que
eventualmente le reclamaría al IDU, así: i) dos mil cuatrocientos cuarenta
millones de pesos ($2.440.000.000) correspondientes a los costos directos e
indirectos causados por no permitir el desarrollo de la obra; ii) cuatrocientos
millones de pesos ($400.000.000) por concepto de mayor permanencia de obra,
y iii) ochocientos cuarenta millones de pesos ($840.000.000) por el costo de la
maquinaria en “stand by”2.
B. Inadmisión y subsanación de la demanda
3. El tribunal, por auto del 21 de septiembre de 20153, inadmitió la demanda para
que la entidad demandante precisara las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que los copropietarios del Edificio Suite Crown Buiding PH obstaculizaron la
realización de las obras públicas. El IDU en el escrito de subsanación de la
demanda manifestó lo siguiente:
2 Según lo explicado en el juramento estimatorio de la demanda.
3 Folio 40 cuaderno 1.
4
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
En relación a precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los
copropietarios del EDIFICIO SUITE CROWN BUIDING PH, han impedido la
realización de las obras se aporta con el presente escrito las pruebas
documentales que soportan los actos tendientes a la obstaculización tanto en
cabeza de la Representante Legal de la Copropiedad, quien actúa conforme a
la delegación de funciones y responsabilidades que en cabeza de la misma se
han encomendado conforme a la designación realizada en la asamblea de
copropietarios donde fue designada. Es así que las circunstancias de tiempo
datan desde marzo 25 de 2015, tal y como consta en la [prueba] documental
aportada con el presente escrito. (…).
Adicionalmente y como se indicó en el texto de la demanda, lo que se
persigue con la presente acción administrativa, es el resarcimiento
patrimonial a la Entidad, con ocasión a los actos de obstaculización en el
desarrollo de la ejecución de la obra denominada Construcción de la
intersección a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (AK9) por Calle 94 y su
conexión con la Avenida Santa Bárbara (AK19) en Bogotá D.C.4 (negrillas de
la Sala).
C. Posición de la parte demandada
4. El Edificio Suite Crown Building PH se opuso a las pretensiones de la demanda,
por estimar que5: i) no hay prueba de la obstaculización, pues de haberse
bloqueado el espacio público por un lapso de cuatro (4) meses debió adelantarse
un procedimiento de contravención policial, lo cual nunca ocurrió; ii) actuaron
legítimamente a través de estudios técnicos que desaconsejaban el traslado del
tanque de reserva de agua por riesgo estructural al edificio, y de derechos de
petición para advertir sobre el peligro que implicaba la realización de trabajos en
el tanque, gestiones que finalmente permitieron la canalización de las redes de
las empresas de servicios públicos sin la necesidad de intervenir el tanque.
5. Adicionalmente, propuso las excepciones de previas de falta de jurisdicción y
de caducidad de la acción, y las excepciones de mérito de: i) “daño hipotético”,
porque no se demostró ningún egreso o pago relacionado con los perjuicios
reclamados; ii) “inexistencia de vínculo causal” entre las acciones que se le
atribuyen y el retraso de la obra del deprimido de la 94, y iii) “ausencia de culpa”,
pues el edificio no actuó de forma imprudente ni violó alguna norma.
6. El señor Armando Escobar Arango contestó la demanda en términos similares
al documento de respuesta del edificio. No obstante, una diferencia significativa
corresponde a la respuesta que dio al hecho número 17 relacionado con los actos
de obstrucción, en la que expuso lo siguiente:
No se puede afirmar que siempre que se iban a empezar a realizar los trabajos
sobre la fachada del Edificio SUITE CROWN BUILDING y por 4 meses las 24
horas del día, mi poderdante ARMANDO ESCOBAR ARANGO atravesaba su
4 Folios 45 a 47 cuaderno 1
5 Folios 160 a 190 cuaderno 1
5
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
automóvil y lanzaba palabras injuriosas y de grueso calibre contra funcionarios
del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Esto es falso, de toda falsedad.
Mi representado ARMANDO ESCOBAR ARANGO en una primera vez el 19
de marzo de 2015 de manera individual (ver video que el demandante anexó
como única prueba), y una segunda vez el 13 de Abril de 2015 de manera
colectiva (con otros miembros de la Copropiedad) atravesaron sus carros
sobre la fachada del Edificio SUITE CROWN BUILDING, por un lapso de
tiempo que no superó las 6 horas por día por la acción del IDU de romper
la entrada del edificio sin solución alguna al suministro de agua y acceso
al edificio.
Es importante señalar que las actuaciones de mi representado ARMANDO
ESCOBAR ARANGO de manera individual el 19 de marzo del 2015, y de
manera colectiva con otros miembros de la Copropiedad el 13 de abril del
mismo año, se realizaron para la protección del derecho al agua potable de la
Copropiedad y en representación de ésta como miembro del Comité de Obra
nombrado por asamblea de Copropietarios6. (negrillas de la Sala).
D. Trámite relevante en primera instancia
7. El IDU solicitó la medida cautelar de inscripción de la demanda en los folios de
las matrículas inmobiliarias números 50N-261212 y 50C-01324731
correspondientes a los bienes de uso común de la copropiedad y del apartamento
de propiedad del señor Escobar Arango. El tribunal decretó la medida cautelar y
ordenó la inscripción de la demanda en los citados folios de matrículas
inmobiliarias mediante providencia del 23 de marzo de 2017, aclarada en auto
del 8 de junio de 20177.
E. Sentencia de primera instancia
9. En sentencia del 10 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones
de la demanda con base en las siguientes consideraciones8:
9.1. La oposición de los demandados mediante vías administrativas y judiciales
fue legítima, pues demostraron a través de pruebas técnicas que la destrucción
del tanque de agua para la instalación de las redes secas de la obra pública
generaba riesgo estructural al edificio, y que las redes se podían canalizar
mediante una tubería flexible, que fue la metodología que finalmente se utilizó y
por ello no fue necesaria la intervención del referido tanque.
6 Folios 327 a 346 cuaderno 1
7 La Sala advierte que no obra prueba en el expediente que acredite que la medida se hizo efectiva, toda
vez que la oficina de instrumentos de registros públicos de Bogotá remitió nota devolutiva (folios 82 a 88
cuaderno 5).
8 Archivo denominado “012015-2035IDU(4)(1)(2)(1)SENTENCIA.pdf” que obra en el vínculo electrónico al
que remite el índice 140 Samai del tribunal.
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9.2. Se demostró que el señor Armando Escobar Arango “parqueó su vehículo en
la rampla de ingreso [al edificio] impidiendo la ejecución de una actividad que
venía desempeñando uno de los funcionarios del contratista y usando un
vocabulario ofensivo contra los encargados de la obra, pero este suceso
trascurrió unas horas y no se tiene conocimiento o pruebas que permitan
establecer que está situación se hubiera prolongado por un tiempo significativo”.
9.3. El dictamen elaborado por el arquitecto William Hernando Alfonso, que fue
allegado con la contestación de la demanda del edificio, y la declaración rendida
en el proceso por el mencionado perito demuestran que los inconvenientes del
Edificio Suite Crown Building PH no impactaron la obra mayor que se
desarrollaba entre la calle 94 y la avenida NQS y, por ende, la demora de la obra
no es atribuible a la conducta a los demandados.
9.4. El contrato de obra pública número 05 de 2012 que el IDU suscribió con el
Consorcio AIA CONCAY fue prorrogado; pero, no se demostró que la única causa
de ello fue la demora en resolver la canalización de las redes frente al Edificio
Suite Crown Building PH, pues existieron otras dificultades en la obra
relacionadas con restricciones en el horario de trabajo, demoras en la
construcción del paso de la línea férrea y la afectación a la fachada de otro
edificio.
9.5. Condenó en costas al IDU, y, por concepto de agencias en derecho, determinó
que debía pagar a los demandados la suma de ocho millones trecientos noventa
y cuatro mil seiscientos veinticinco pesos ($8.394.625) correspondiente al uno
por ciento (1%) del valor de las pretensiones negadas.
F. Recursos de apelación
10. El IDU solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia por las
siguientes razones9:
10.1. El tribunal estimó que no se demostró que la actuación de los demandados
fue la única causa del retraso de la obra, pues existieron otras dificultades. De lo
anterior, se deduce una concurrencia de causas por lo que procede la declaración
de la responsabilidad patrimonial extracontractual de los demandados, y su
condena de acuerdo con el porcentaje de influencia de su actuación en el daño.
10.2. No es correcto estimar como legítimas las actuaciones de los demandados.
Está demostrado que los demandados comunicaron de forma tardía la existencia
del tanque de reserva de agua en el área a adquirir por el IDU e incurrieron en
vías de hecho para impedir los trabajos públicos, por lo que debe declararse su
9 Archivo denominado 242015-2035RECURSODEAPELACIÓN.pdf que obra en el vínculo electrónico al que
remite el índice 140 Samai del Tribunal
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responsabilidad sin que sea relevante la temporalidad de los actos de
obstaculización de la obra.
10.3. No procede la condena en costas, pues en el proceso se ventila un interés
público.
11. El Edificio Suite Crown Building PH impugnó la decisión de primera instancia
para que se incremente el valor de la condena en costas, toda vez que en la
demanda se pretendieron de forma infundada la indemnización de unos
perjuicios cuantiosos10.
G. Actuación surtida en segunda instancia
12. Los recursos fueron admitidos, en vigencia de la Ley 2080 de 2021, mediante
auto del 27 de agosto de 202111. El Ministerio Público no rindió concepto.
13. La Sala, por auto de mejor proveer del 18 de julio de 2025, decretó como
prueba de oficio el recaudo del laudo dictado el 28 de agosto de 2020 en el
proceso arbitral 5515 adelantado por el consorcio AIA-CONCAY 2012 en contra
del Instituto de Desarrollo Urbano IDU12. La prueba fue allegada de forma digital
por la Cámara de Comercio de Bogotá13, y de esta se corrió traslado a las
partes14.
14. Durante el término de ejecutoria del auto del 18 de julio de 2025, el Edificio
Suite Crown Building PH solicitó que se decretara como prueba la demanda y la
contestación del proceso arbitral adelantado por el consorcio AIA-CONCAY 2012
en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU15. Sin embargo, en providencia
del 13 de agosto de 2025 se negó la solicitud probatoria porque la etapa
probatoria excepcional prevista en el artículo 213 de la Ley 1437 de 201116,
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en
adelante “CPACA”, solo era procedente para refutar la prueba de oficio decretada
y en este caso no se cumplía tal requisito.
10 Archivo denominado 272015-2035APELACIÓNEDIFICIOSUITE.pdf que obra en el vínculo electrónico al
que remite el índice 140 Samai del Tribunal.
11 Folio 500 cuaderno principal
12 índice 28 Samai
13 índice 42 Samai
14 índice 44 Samai
15 índice 38 Samai
16 ARTÍCULO 213. PRUEBAS DE OFICIO. (…) En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que
decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre
que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso,
serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.
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II. CONSIDERACIONES
H. Aspectos procesales
15. Se estudiará el fondo del asunto porque la demanda es oportuna. En la
subsanación de la demanda el IDU precisó que imputaba responsabilidad por los
actos de obstrucción y obstaculización que los demandados efectuaron sobre la
obra del deprimido de la 94 “desde marzo de 2015”, y la demanda de este proceso
se presentó el 26 de agosto de 201517, es decir, oportunamente.
16. La demanda es procedente en atención a que el numeral 3 del artículo 140 del
CPACA18 habilita a las entidades públicas para promover la pretensión de
reparación directa “cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular
o de otra entidad pública”. Adicionalmente, esta jurisdicción es la competente,
pues el artículo 104 del CPACA dispone lo siguiente en relación con el objeto de
la jurisdicción contencioso-administrativa:
ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y
en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos,
contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo,
en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. (…) (negrillas de la Sala).
17. La norma citada combina los criterios orgánico y material para asignar a esta
jurisdicción el juzgamiento de controversias, a diferencia de lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo con la modificación introducida por la Ley
1107 de 2006 que estableció un criterio eminentemente orgánico de
competencia19. El alcance de la norma es posible desentrañarlo de la exposición
de motivos del proyecto de ley que culminó con la aprobación y promulgación del
CPACA, a partir de la cual es evidente que la intención del legislador fue asignar
el conocimiento de asuntos como el presente a esta jurisdicción:
Con el fin de afianzar el criterio de especialización, el proyecto en el artículo
100 [que corresponde al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011] considera que
para la definición del objeto, es necesario acudir a un criterio material que hace
que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conozca de actos, hechos,
operaciones y omisiones relacionados con el ejercicio.
17 Folios 4 a 37 cuaderno 1.
18 ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción
u omisión de los agentes del Estado. (…) Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión
cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. (…)
19 “ARTÍCULO 1°. El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 30 de la
Ley 446 de 1998, quedará así: “Artículo 82. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La
jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados
en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de
conformidad con la Constitución y la ley. (…)”.
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Sin embargo, la dinámica de las actividades societarias hace que en
ocasiones se tenga que acudir al criterio orgánico para que el
administrado tenga claridad frente a aquellos temas en donde podrían
presentarse controversias sobre la jurisdicción competente, como
sucede en casos de responsabilidad extracontractual y contractual, cuyo
conocimiento se asigna a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo siempre que una de las partes del litigio sea una entidad
pública.20 (resalta la Sala).
18. Así, esta jurisdicción es la competente para conocer de las demandas de
reparación directa que formulen las entidades públicas21; sin embargo, es
importante precisar que la competencia de esta jurisdicción para conocer del
asunto no modifica “el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las
pretensiones formuladas en contra de los particulares, toda vez que, al margen
de que el proceso lo conozca el juez de lo contencioso administrativo, no les
resultan aplicables las reglas de la responsabilidad estatal, sino las del derecho
privado”22. Es decir que en este caso el alcance de la responsabilidad
extracontractual de los demandados debe estudiarse conforme a las normas del
Código Civil y no bajo la óptica del artículo 90 constitucional.
I. Sentido de la decisión
19. La Sala revocará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda y, en su lugar, condenará al señor Armando Escobar Arango,
puesto que está acreditada su responsabilidad civil extracontractual por
obstaculizar las obras del deprimido de la calle 94, circunstancia que generó
sobrecostos al consorcio contratista del contrato de obra no. 5 de 2012, los cuales
finalmente fueron asumidos por el IDU con ocasión de un fallo arbitral.
20. La Subsección no se pronunciará sobre los argumentos del recurso de
apelación relativos a la indebida construcción del tanque de reserva de agua del
edificio o a su ocultamiento durante la actuación administrativa de expropiación,
pues el IDU precisó, en el escrito de subsanación de la demanda, que la
imputación de responsabilidad se restringía a los actos de obstaculización de la
obra pública por parte de los demandados, por lo que el análisis de la Sala se
limita a esa imputación de responsabilidad.
20 Gaceta del Congreso No. 1173, del 17 de noviembre de 2009.
21 “Es propio de esta jurisdicción conocer de la acción de reparación directa iniciado por una entidad de
derecho público contra un particular, ya que la administración es susceptible de daños ya sea por la acción
o por la omisión de una particular o de otra entidad. Por lo cual es ajustado a derecho que se inicie un
proceso por las posibles acciones lesivas de particulares contra entidades administrativas” Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 23 de julio de 2018, expediente 61.277, CP Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de julio de 2020, expediente 52.337,
CP Marta Nubia Velásquez Rico.
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J. Análisis de la responsabilidad civil extracontractual de los particulares
demandados
21. El daño alegado consistió, según la pretensión primera de la demanda, en la
“perturbación e imposibilidad de ejecución de la obra civil” del deprimido de la 94
que se ejecutaba con ocasión del contrato de obra número 05 de 2012 suscrito
entre el IDU y el Consorcio AIA-CONCAY.
21.1. El referido daño no es hipotético o eventual, sino cierto, toda vez que está
demostrado que el señor Armando Escobar Arango impidió la ejecución de la
mencionada obra pública. En efecto, el señor Escobar Arango aceptó en la
contestación de la demanda, a diferencia del escrito de respuesta del Edificio,
que impidió la ejecución de la obra al atravesar un vehículo los días 19 de marzo
y 13 de abril de 2015 por un lapso que no superó las seis (6) horas cada día. Al
respecto, en la contestación señaló lo siguiente:
Mi representado ARMANDO ESCOBAR ARANGO en una primera vez el 19
de marzo de 2015 de manera individual (ver video que el demandante anexó
como única prueba), y una segunda vez el 13 de Abril de 2015 de manera
colectiva (con otros miembros de la Copropiedad) atravesaron sus carros
sobre la fachada del Edificio SUITE CROWN BUILDING, por un lapso de
tiempo que no superó las 6 horas por día por la acción del IDU de romper
la entrada del edificio sin solución alguna al suministro de agua y acceso
al edificio. (negrillas de la Sala)
21.2. El daño, esto es, la perturbación de la obra está igualmente probado con el
acta del 22 de octubre de 2015, en la que el IDU y el consorcio AIA-CONCAY
suscribieron la prórroga número tres (3) del contrato de obra por un término de
nueve (9) meses. En esta se indicó que la prórroga obedeció a varias
circunstancias, y, entre estas, a “Afectaciones del Edificio Suite Crown Building”
ya que “desde febrero de 2015 se ha debido realizar la intervención frente al
Edificio, y solamente se ejecutó hasta junio de 2015, debido a inconvenientes con
la Copropiedad”23.
21.3. Por otro lado, el consorcio AIA-CONCAY formuló demanda arbitral en contra
el IDU24, en la que solicitó indemnización por los sobrecostos en la ejecución de
la obra que dieron lugar a la prórroga número tres (3) del contrato. Este proceso
arbitral culminó con laudo del 28 de agosto de 202025 en el que se accedió a las
pretensiones relacionadas con la mayor permanencia de obra por los hechos
relacionados con la prórroga número tres (3) del contrato26, y, entre estos las
23 Prueba allegada por el testigo Milton Eugenio Zuluaga Marín en audiencia de pruebas. (Folios 475 a 478
cuaderno ppal)
24 Folios 465 a 472 cuaderno principal
25 Índice 42 Samai
26 La Sala advierte que la condena arbitral en contra del IDU por la prórroga no. 3 del contrato que es la
relacionada, entre otras razones, con los inconvenientes del Edificio Suite Crown Building PH únicamente
ascendió a mil trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos diez pesos
($1.354.896.610). Sin embargo, en la demanda arbitral se formularon otras imputaciones a las cuales se
accedió parcialmente, y, por ende, la condena arbitral es por un monto mucho mayor.
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afectaciones generadas por los problemas relacionados con el Edificio Suite
Crown Building PH27.
21.4. Finalmente, la Sala destaca que la condena arbitral se relaciona con el
perjuicio a indemnizar y no con el daño entendido como la perturbación a la obra
pública. No obstante, se hace alusión a esta con el fin de ilustrar las
consecuencias económicas derivadas del hecho dañoso, las cuales, en todo
caso, se analizarán en el acápite correspondiente a la indemnización de
perjuicios, a efectos de determinar la imputación de dichos perjuicios a la
conducta del demandado Escobar Arango.
22. Estando acreditado el daño en los términos planteados en la demanda resulta
procedente analizar la imputación de este a los particulares demandados,
aspecto frente al cual, de conformidad con las pruebas válidamente aportadas al
proceso, se encuentran demostrados los siguientes hechos:
22.1. El IDU inició una actuación administrativa para la adquisición por enajenación
voluntaria o por expropiación de un área de terreno de propiedad del Edificio Suite
Crown Building PH localizado en la ciudad de Bogotá DC, con destino a la obra
“Avenida Laureano Gómez, en el tramo comprendido entre la Carrera 9 y la Calle
94. Código de obra 104”28.
22.2. El IDU, mediante Resolución 2304 del 22 de julio de 2010, realizó una oferta
de compra de 47.39m2 del edificio, de los cuales 33.21 m2 correspondían a zona
dura, 5.67 m2 a escaleras y 8.51 m2 a zona verde. La oferta de compra fue por la
suma de ciento setenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil
quinientos once pesos ($179.294.511)29
22.3. La copropiedad en oficio del 23 de agosto de 2010 le informó al IDU que en
el área a adquirir se encontraba el tanque de reserva de agua de la
copropiedad30. El IDU le solicitó al edificio el traslado del tanque de agua31, y
posteriormente, ante la falta de acuerdo, modificó la oferta de compra para un
monto total de ciento noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil
setecientos cincuenta y cuatro pesos ($194.496.754) que incluía la adquisición
de 20.56m3 del tanque subterráneo de reserva de agua32.
27 Se advierte que la Cámara de Comercio de Bogotá en el oficio de remisión del laudo arbitral precisó que
no podía certificar la ejecutoria del laudo, toda vez que dicha función le correspondía era a los árbitros, y “al
no encontrarse en funciones, el extinto Tribunal no podría emitir constancias de ejecutoria, toda vez que la
función transitoria de administrar justicia ya fue finalizada”. La Sala evidencia que la ausencia de dicha
certificación corresponde a factores propios del funcionamiento de los tribunales arbitrales y no a que el
laudo arbitral no esté en firme; además, durante el traslado de la prueba no se contraprobó nada sobre el
particular.
28 Folios 158 a 170 cuaderno 2
29 Folios 383 a 387 cuaderno 2
30 Folio 197 cuaderno 1
31 Folios 285 a 290 cuaderno 2
32 Folios 323 a 329 cuaderno 2. El valor indemnizatorio correspondía a $188.877.866 por el área a adquirir
y $5.618.868 por concepto de daño emergente.
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22.4. El IDU, por Resolución 2383 del 18 de mayo de 2011, ordenó la expropiación
del área33; el edificio recurrió la decisión oponiéndose al avalúo e indemnización,
además, solicitó que el Instituto trasladara el tanque de reserva de agua y/o que
desafectara el área para la obra34. Sin embargo, la entidad confirmó el acto de
expropiación por Resolución 3397 del 21 de julio de 201135.
22.5. El IDU pagó el área expropiada mediante orden de pago 3649 del 4 de
octubre de 201136; posteriormente, la expropiación se registró en el folio de
matrícula 50C-261212 correspondiente a los bienes de uso público del edificio37
y, finalmente, el 23 de marzo de 2012 se entregó al IDU el área adquirida38.
22.6. La copropiedad del edificio, en documento del 19 julio de 2012, remitió al IDU
un informe técnico elaborado en marzo de 2012 por el ingeniero civil Milton
Germán Salinas Lozano, según el cual la intervención del tanque de reserva de
agua podría afectar la cimentación del Edificio Suite Crown Building PH, por lo
que recomendaba su no intervención39.
22.7. Algunos copropietarios del Edificio Suite Crown Building PH promovieron en
acciones de tutela; pero, las solicitudes de amparo fueron negadas: i) la señora
Ada Molano de Loliger solicitó la protección de sus derechos de propiedad y
calidad de vida infringidos con la resolución expropiación; pero, el Juzgado 47
Civil Municipal de Bogotá en sentencia del 7 de marzo de 2012 negó la
protección, porque la vía procesal idónea era la acción de nulidad o de nulidad y
restablecimiento40; ii) el señor Armando Escobar Arango pidió dejar sin efectos
la resolución expropiatoria por los graves perjuicios que la obra generaría al
edificio; no obstante, el Juzgado 17 Penal de Control de Garantías de Bogotá en
sentencia del 13 de abril de 2012 declaró improcedente la acción porque se
pretendía desvirtuar la legalidad de un acto administrativo41.
22.8. El IDU suscribió el contrato de obra número 05 del 20 de febrero de 2012 con
el consorcio AIA-CONCAY, cuyo objeto fue la ejecución de las obras de la
intersección a desnivel de la Avenida Laureano Gómez (AK 9) con la calle 94 y
su conexión con la Avenida Santa Bárbara (AK 19) en la ciudad de Bogotá DC;
el valor del contrato se fijó en ochenta y cinco mil doscientos sesenta y seis
millones seiscientos dieciséis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos
($85.266.616.484), y se pactó a un término de veinte (20) meses que fueron
prorrogados por siete (7) mediante prórroga número uno (1) del 20 de junio de
33 Folios 232 a 237 cuaderno 2
34 Folios 212 a 224 cuaderno 2
35 Folios 192 a 209 cuaderno 2
36 Folios 101 a 103 cuaderno 2
37 Folios 76 a 79 cuaderno 2
38 Hecho 1.13 de la demanda, admitido en las contestaciones de la demanda por los demandados.
39 Folios. 206 a 234 cuaderno 1.
40 Folios 44 a 55 cuaderno
41 Folios 35 a 43 cuaderno 2)
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2014 y, por nueve (9) más mediante prórroga número dos (2) del 22 de enero de
201542.
22.9. El señor Armando Escobar Arango aceptó en la contestación de la demanda
que los días 19 de marzo y 13 de abril de 2015 atravesó su vehículo en el área
que iba a ser intervenida por un lapso que no superó las seis (6) horas cada día.
Asimismo, al proceso se allegaron audiencias adelantadas por la Personería de
Bogotá ante diferentes problemáticas que surgieron con ocasión de la obra
pública, y en diligencia del 19 de mayo de 2015 intervino el señor Escobar
Arango, quien señaló que “la señora Barbanti [refiriéndose a Carolina Barbanti
Mansilla, directora técnica de construcciones del IDU] dice que nosotros hemos
tomado vías de hecho, sí y las vamos a seguir tomando (…) si nosotros como
ciudadanos tenemos que pasar a vías de hecho para hacer respetar nuestros
derechos lo vamos a hacer”43. El demandado también absolvió interrogatorio de
parte en este proceso a petición del IDU, en los siguientes términos:
(…) PREGUNTADO: Señor Escobar, cuando empiezan las obras del
deprimido de la 94 realizó usted alguna actividad que pudiera entenderse
como perturbadora del normal trasegar de la obra. CONTESTÓ: Para hacer
un recuento muy rápido, hubo un comunicado por parte del IDU de una
expropiación al antejardín en el 2010, en ese momento nosotros informamos,
porque, yo vivo en el edificio desde esa fecha, aunque he estado muchos
lapsos de tiempo fuera del país, pero, estaba en esos momentos en Colombia.
Se le informó al IDU de la localización del tanque de agua potable y que
realizaran el proceso de expropiación, el recuento es amplio, pero, se lo voy a
resumir muy rápidamente, desde el 2010 empezamos una labor institucional,
siguiendo las leyes, siguiendo los procedimientos o las institucionales
disponibles para nosotros como personas naturales, disponibles dentro de la
legislación colombiana. En 2010 el Consejo de la administración informa al IDU
de la localización del tanque, en el 2011 se nombra un comité de obra por parte
de la copropiedad (…), el comité de obra tenía la única función de ser un
interfase entre entidades como el IDU, personería y veeduría y la copropiedad,
un comité que no tenía voto, sino simplemente era una interfase que
comunicaba al consejo de administración en propiedad, cumpliendo con los
lineamientos del reglamento de propiedad horizontal para votación y esa era la
función del comité, del 2011 al 2015 se agotaron todas las instancias
disponibles legalmente para nosotros como copropiedad: veeduría,
personería, defensoría y una serie de instituciones a las cuales se acudió para
demostrar básicamente que el tanque no se podía construir en lugar diferente
a su localización actual en ese momento y en este momento. Que si yo
perturbé la obra en el 2015 después de acudir desde el 2010 a muchas
instituciones del Estado, personería 22 audiencias, veeduría de un tiempo
aproximado de 6 o 8 meses, corporaciones civiles, etc., ninguna
institución ni la personería, ni la veeduría nos dieron garantías por escrito
el derecho del agua. Siempre se había indicado de parte del IDU que iban a
demoler el tanque, en marzo de 2015 entra la obra a romper la fachada del
edificio sin nosotros tener confirmación por parte de ninguna entidad de
que se nos iba a respetar el derecho al agua potable, inclusive una tutela
tampoco nos favoreció, hubo una intervención por parte mía de parquear
el carro, usted anexó o el IDU anexó un video de 8 minutos de una
42 Folios 475 a 478 cuaderno ppal. Según acta de prorroga no. 3 del 22 de octubre de 2015
43 cd. Folio 256 cuaderno 1. Minuto 25 y siguientes del archivo 110115_002.mp3.
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intervención mía en marzo de 2015 y la hice de manera independiente, que
fue básicamente por desesperación de estar luchando y tratando de mostrar
técnicamente, porque nosotros a diferencia de muchos informes que se han
presentado por parte de ustedes, sí anexamos un informe técnico pericial por
parte de un ingeniero y de un tercero, independiente de la copropiedad y de las
entidades oficiales, mi acción en marzo tuvo una duración aproximada de
4 horas, a eso se limitó yo llamé a la Policía, e IDU no lo hizo; hay otra
intervención donde varios copropietarios en abril, un solo día por algunas horas
parqueamos los carros y esas son las dos intervenciones, una mía en marzo
de 2015 y una conjunta con otros copropietarios (…)44 (negrillas de la Sala).
22.10. A través del acta del 22 de octubre de 2015, el IDU y el consorcio AIA-
CONCAY suscribieron la prórroga número tres (3) del mencionado contrato por
un término de nueve (9) meses. En esta se indicó que la prórroga del plazo era
necesaria ante “hechos imprevisibles relacionados con las restricciones en el
horario de trabajo particularmente para el hincado, la demora de los trámites
necesarios para la construcción del paso de la línea férrea, la interferencia de
redes secas para el proceso de hincado y actividades subsiguientes, la afectación
del Edificio Torres del Chicó Pijao y el paso de las redes secas por la zona del
espacio público al frente de Edificio Suite Crown, situaciones que no son
imputables al Contratista, interventoría e IDU”45.
22.11. En el laudo arbitral del 28 de agosto de 2020 se accedió parcialmente a las
pretensiones del consorcio AIA-CONCAY relacionadas con la mayor
permanencia de obra por los hechos relacionados con la prórroga número tres
(3) del contrato referenciado. En el laudo se condenó al IDU al pago de mil
trescientos cincuenta y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos
diez pesos ($1.354.896.610) correspondientes a los sobrecostos por maquinaria
en “stand by” para las actividades de hincado de tablestaca que se derivaron de
demoras relacionadas con la limitación al horario de trabajo, daños en el Edificio
Torres del Chicó Pijao y situaciones presentadas con el Edificio Suite Crown
Building PH. Sobre los inconvenientes del edificio demandado se consideró lo
siguiente:
En criterio del Tribunal, hay acuerdo entre las partes sobre el hecho de las
demoras en las labores de hincado de tablestaca y en que esas demoras fueron
atribuibles a hechos calificados conjuntamente por las partes como "ajenos al
contratista".
(…).
La Convocada tampoco cuestiona la mayor parte de los hechos 215 a 239,
relacionados con la situación del Edificio Suite Crown Building. La
Convocada cuestiona parcialmente el hecho 237, indicando que "si bien se
presentó un atraso en el cronograma de obra este es imputable al contratista".
Con esto, hay acuerdo entre la Convocante y la Convocada en que la
situación relacionada con este edificio "ocasionó un atraso de cuatro (4)
meses en la ruta crítica del proyecto".
44 Declaración obrante en el archivo denominado “14.1AUDIENCIA DEPRUEBAS.mp4” que obra en el link
al que remite el índice 22 Samai.
45 Prueba allegada por el testigo Milton Eugenio Zuluaga Marín en audiencia de pruebas. (Folios 475 a 478
cuaderno ppal)
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La Convocada no explicó en sus alegatos las razones por las cuales considera
que este atraso es imputable a la Convocante. A partir de la narración de los
hechos contenida en la Demanda Reformada, que es aceptada por la
Convocada, así como la narración recogida en las declaraciones recibidas en el
proceso y los documentos que constan en el expediente, en especial la Prórroga
No 3 ya citada, el Tribunal concluye que el retraso fue causado por una
actuación de hecho de los copropietarios de ese edificio, situación que es
ajena a las partes y no puede tenerse como imputable a la Convocante. Al
contrario, tal como quedó consignado en la Prórroga No. 3, suscrita por ambas
partes, se trata de "situaciones que no son imputables al Contratista,
interventoría e IDU".
(…).
El Tribunal despachará favorablemente las pretensiones Septuagésima
Séptima, Septuagésima Octava y Septuagésima Novena, dado que,
efectivamente se encontró que por las demoras relacionadas con el
traslado del tanque de agua del Edificio Suite Crown Building, se ocasionó
una mayor permanencia, que las partes aceptaron que se derivaron de
hechos ajenos e imprevisibles para ellas.
Por lo anterior, el Tribunal también despachará favorablemente las pretensiones
Sexagésima Cuarta, Sexagésima Quinta, Octogésima y Octogésima Primera,
debido a que se encontró que, efectivamente, la Convocante sí celebró el
contrato con Galante S.A., que hubo un stand by que fue reclamado por el
subcontratista Galante S.A., y que los hechos que dieron lugar a esa reclamación
no son imputables a la Convocante, sino que obedecen a las causas tratadas
por las anteriores pretensiones declarativas.
(…).
En lo que se refiere a la cuantificación del sobrecosto, el Tribunal encontró que
solo se puede reconocer el valor de $1.354.896.610,92, razón por la cual se
declarará la prosperidad parcialmente de la pretensión Octogésima Segunda,
que se refirió a un mayor valor ($2.026.846.047), el cual no resultó probado en
su totalidad en este trámite arbitral.46 (negrillas de la Sala)
23. Precisado el anterior contexto fáctico y probatorio, la Sala advierte que en este
caso se configura la responsabilidad civil extracontractual del señor Armando
Escobar Arango, la cual, en términos de la Corte Suprema de Justicia, requiere
de la prueba del daño, la culpa y el nexo causal:
El título XXXIV del Código Civil regula el régimen de la «responsabilidad
común por los delitos y las culpas», cuyo sustento es el principio general
concerniente a que todo daño ocasionado debe repararse. En ese sentido, al
tenor del artículo 2341 ibídem, «[e]l que ha cometido un delito o culpa, que ha
inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena
principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido».
Para el éxito de la pretensión indemnizatoria soportada en la citada
disposición, es menester que el reclamante acredite la existencia de los
elementos estructurales de la responsabilidad endilgada, esto es, el daño, la
culpa del obligado a responder y el nexo de causalidad entre ellos. 47
46 Índice Samai 42
47 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 7 de marzo de 2019, expediente SC665-
2019, MP Octavio Augusto Tejeiro Duque.
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24. La conducta del demandado encaja en lo dispuesto en el artículo 2341 del
Código Civil48, porque el señor Escobar Arango confesó que impidió la ejecución
de los trabajos públicos mediante la obstaculización del área con un vehículo. El
área expropiada, en la cual se encontraba el tanque de reserva del agua, era de
propiedad del IDU, la cual se requería para la ejecución de una obra pública
necesaria para el desarrollo de la ciudad, y no existía ninguna justificación legal
que amparara la actuación de este demandado.
25. Ante la Personería de Bogotá se adelantaron varias audiencias en las que se
analizaron diferentes problemáticas de la obra pública, pero, no se evidencia que
dicha autoridad hubiese prohibido la intervención del área. De igual manera, las
decisiones judiciales de procesos de acción de tutela negaron los amparos
deprecados por los copropietarios del edificio, por no ser esa la vía judicial para
controvertir la resolución de expropiación.
26. La legalidad de la resolución expropiatoria, de la cual se derivaba la
legitimación y habilitación para el uso y disposición del área por parte del IDU,
no fue controvertida. Por el contrario, el señor Escobar Arango se opuso a la obra
pública mediante el uso de violencia, pues atravesó un vehículo para obstaculizar
los trabajos públicos e insultó con palabras soeces al funcionario que dirigía la
intervención, según el video que la entidad demandante allegó con la demanda49.
27. La Sala destaca que la jurisprudencia constitucional avala el derecho a la
resistencia como forma excepcional, pero legítima, de oposición al cumplimiento
de una disposición inconstitucional bajo ciertas circunstancias:
De este modo, a los ciudadanos podría asistirles el derecho a resistir el
cumplimiento de una disposición, si ésta es abierta y claramente contraria
a las normas constitucionales, o si dicha resistencia propugna por el
cumplimiento de principios superiores de justicia, equidad, dignidad,
entre otros, como forma de protesta y manifestación de inconformidad.
Por supuesto, tratándose de ejercer el derecho de resistencia respecto del
cumplimiento de una norma, por ser contraria a las normas constitucionales o
porque busca la implementación efectiva de principios de rango constitucional,
debe demostrarse una y otra situación. Esto, en el sentido de que el derecho
de resistencia no comporta una justificación para el incumplimiento de
las normas, sino una forma excepcional de protesta que presupone la
aceptación de los principios estructurales de la organización política y
jurídica, y no pretende subvertirlos sino lograr que se implemente de
manera adecuada. (…).
De lo anterior se desprenden igualmente, dos características definitorias del
ejercicio del derecho de resistencia: su carácter no violento, y la necesidad de
que pretenda la pública exaltación de principios constitucionales establecidos.
48 Artículo 2341. Responsabilidad Extracontractual. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido
daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa
o el delito cometido.
49 Folio 37A del cuaderno no. 1.
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Sobre el primero cabe señalar que el desobediente civil debe abstenerse de
realizar cualquier lesión en las personas o menoscabo de sus derechos, así
como de hacer daño a las cosas. Y, sobre el segundo, debe entenderse que
“aquellas manifestaciones de insumisión al derecho (…), no obstante ilegales,
deben guardar un mínimo de lealtad al régimen político, y (…) esa lealtad debe
cifrarse en la aceptación de que el cambio de política o de sociedad que se
propugna ha de obtenerse a través del consentimiento de la mayoría, no
mediante la imposición”, esto es, en respeto de las reglas democráticas y del
principio mayoritario. 50 (destacado de la Sala)
28. Sin embargo, la Corte Constitucional ha proscrito el uso de la violencia o vías
de hecho como manifestaciones del derecho a la resistencia cuando existen vías
legales adecuadas para controvertir las disposiciones u ordenes que se
consideran vulnerantes. Al respecto ha señalado lo siguiente:
La Constitución rechaza expresamente el uso de la violencia dentro del
marco del Estado de derecho. Cuando existen instrumentos idóneos para
expresar la inconformidad, como el estatuto de la oposición, la revocatoria
de mandato, el principio de la soberanía popular, el control de
constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las
acciones populares, o las manifestaciones pacíficas, pierden sustento los
posibles motivos usados para legitimar la confrontación armada o las
actitudes violentas de resistencia a la autoridad. Para la Corporación, “[…].
La vía de hecho no puede, bajo ningún aspecto, conducir al
restablecimiento del orden, no sólo por falta de legitimidad in causa para
ello, sino porque siempre es, dentro del Estado de Derecho, un medio
inadecuado, desproporcionado y generador de desorden51. (negrillas de la
Sala).
29. El señor Escobar Arango manifestó en la audiencia ante la Personería de
Bogotá que los bloqueos y obstaculizaciones a la obra los efectuó como vía de
protección de sus derechos. La Sala no comparte tal afirmación, pues los
particulares deben colaborar con la administración en el cumplimiento de sus
funciones, y, a partir de lo precisado con anterioridad, cualquier oposición debió
efectuarse a través de las vías legales pertinentes, lo cual no ocurrió.
30. Por otro lado, existe nexo causal entre el daño demostrado y la conducta del
demandado Escobar Arango, porque es evidente que la referida obstaculización
de los trabajos públicos por un lapso de doce (12) horas, según lo aceptado en
la contestación de la demanda, repercutió en el retraso de la ejecución de las
obras del deprimido de la calle 94 que se adelantaban con ocasión del contrato
número 5 de 2012.
31. Adicionalmente, los trabajos públicos de canalización de redes de servicios
públicos al frente del Edificio Suite Crown Building PH, que fueron obstaculizados
por el demandado, sí afectaron las actividades de hincado de tablestaca por las
50 Corte Constitucional, T- 571 de 2008, MP Humberto Antonio Sierra Porto.
51 Corte Constitucional, sentencia C-742 de 2012, MP Vladimiro Naranjo Mesa.
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cuales el fallo arbitral condenó en sobrecostos al IDU, aspecto sobre el cual se
destaca lo siguiente:
31.1. El tribunal a quo concluyó que los inconvenientes del Edificio Suite Crown
Building PH no impactaron la obra mayor del deprimido de la calle 94 con
fundamento en el dictamen pericial elaborado por el arquitecto William Hernando
Alfonso, allegado con la contestación del edificio, según el cual la canalización
de redes no formaba parte de la ruta crítica del deprimido de la calle 94 y que en
la “zona no hay hincado de tablestacas o box piles porque no hay excavación
aún”52; asimismo el perito indicó, en la audiencia de pruebas del 11 de agosto de
2020, que la intervención frente al edificio no afectaría otros frentes de obra en
los siguientes términos:
PREGUNTA: señor perito, ese espacio de la zona adyacente al Edificio Suite
Crown Building, en cuanto a su intervención tiene la virtualidad de afectar otros
frentes de obra, como lo ha descrito el IDU, el hincado de tablestaca metálica,
pilotes, estructuras box piles, bigas, placas potenciadas, excavación de la
rotonda deprimida, instalación de pasos provisionales en la línea férrea y
construcción del box culvert para la red matriz de acueducto, esa zona afecta
esos otros frentes de obra; RESPONDE: definitivamente no, está la calle 94 y
estamos hablando que todas esas obras tienen que ver es con la NQS con 94,
pero todas son a 150 metros por lo menos, del sitio, hay fotos tomadas desde
el edificio para poder mostrar que son más de 150, de hecho en el punto donde
están las redes ferroviaria y de acueducto son 200 metros y es otro tipo de obra
(…) no tiene nada que ver, son 150 metros, como les digo no tiene tampoco
nada que ver con la excavación, que uno dijera que desde ahí se tiene que
hacer, las tablestacas y todas estas formas de contener el suelo es mientras se
está haciendo una excavación profunda, esta se hizo donde la zona tiene
mayor desnivel que es en la 94 con NQS, en los otros lados no, cuando estaba
saliendo donde entrega la 94 se utilizó momentáneamente mientras se hacía
un mejoramiento del suelo, pero ni siquiera afectó aquí frente al edificio (…)53
31. 2. En oposición a lo anterior, en la audiencia del 19 de mayo de 2015 ante la
Personería de Bogotá, la señora Carolina Barbanti Mansilla, directora técnica de
construcciones del IDU, indicó que la imposibilidad de instalar las redes de
servicios públicos al frente del Edificio Suite Crown Building PH implicaba el
retraso en las labores del hincado de tablestaca en dicha zona. Sobre el particular
la señora Barbanti Mansilla manifestó:
El tema con el Edificio Suite Crown Building, como es de conocimiento de todos,
el tanque de agua potable se encuentra sobre la zona de antejardín. En este
momento todo el sector, toda la zona occidental, noroccidental, se encuentra
intervenida porque se están haciendo las instalaciones de las redes secas; sin
embargo, los copropietarios del Edificio Suite Crown Building no solamente nos
han impedido la instalación de esas redes en la zona que corresponde a la
parte del tanque, que es la zona de antejardín y una parte de la rampa, sino
que nos han impedido la instalación en todo el frente del edificio de ellos.
52 (fl. 15 cuaderno no. 3)
53 Declaración obrante en el minuto 1:14 y siguientes del archivo denominado
“AUDIENCIADEPRUEBAS.mp4” que obra en el vínculo electrónico al que remite el índice 22 Samai
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Esto qué implica, si nosotros no instalamos las nuevas instalaciones de
las redes secas en esa zona, no se puede hacer el traslado de las redes
viejas que existen del otro costado y no se puede iniciar la actividad de
tablestaca; sin esa definición, pues no es posible para que a través de la
interventoría y del contratista se pueda establecer una fecha donde
nosotros podamos terminar; lo que se están mirando es que se establezcan
como fechas de hitos, pero hasta tanto no se haga la posibilidad de
intervención, porque ya ahora no solamente es la intervención sobre la zona
del tanque, que era, digamos, el punto en cuestión que siempre habíamos
tratado; ahora, también la intervención no nos la permite hacer la comunidad
sobre todo el frente de su edificio, y esta situación genera graves temas porque
no se pueden adelantar unas cámaras, no se pueden instalar las tuberías y no
se puede dar la conexión respectiva.
Con respecto a eso, incluso ahora les muestro un video donde se evidencia lo
que está sucediendo; no estamos haciendo intervención del tanque porque,
más aún el contratista ha propuesto no toquemos el tanque, dejémoslo de esa
manera, pues finalmente va a quedar un obstáculo en el espacio público y será
responsabilidad a quien corresponda; pero, hagamos la instalación de las
redes a las que hay y podamos nosotros hacer el traslado e iniciar la
tablestacas; sin embargo, pues se han tomado vías de hecho, la comunidad,
del Edificio Suite Crown Building se ha opuesto (…)”54 (negrilla de la Sala).
31.3. La Sala se aparta de la conclusión del Tribunal, pues las afirmaciones del
perito en relación con la falta de influencia de la intervención del área frente al
edificio y las labores de hincado de tablestaca corresponden únicamente a
opiniones de aquel que no descartaron por completo que se fuera a efectuar el
hincado. Por el contrario, se le otorga credibilidad la manifestación efectuada por
la señora Carolina Barbanti Mansilla, en atención a que se efectuó de forma
espontánea durante una audiencia pública, con anterioridad a que la entidad
demandante formulara la demanda de la referencia y, además, se trata de una
evidencia aportada por la copropiedad demandada, a la que adhirió el otro
demandado; además, encuentra respaldo en otras pruebas como la condena
arbitral por los sobrecostos en las actividades de hincado de tablestaca.
32. Finalmente, no se puede concluir que únicamente la actuación del señor
Armando Escobar Arango dio lugar a la prórroga número tres (3) de contrato de
obra, pues solo se demostró que impidió la ejecución de la obra durante doce
horas; además, el acta de la prórroga número tres (3) del contrato mencionó otras
circunstancias por las cuales procedía, a saber: restricciones en el horario de
trabajo, demora de los trámites para la construcción del paso de la línea férrea, y
afectación del Edificio Torres del Chicó Pijao. No obstante, la mayor o menor
incidencia que la conducta del señor Armando Escobar Arango tuvo en el retraso
de la obra no puede ser una circunstancia para que se le exonere de
responsabilidad, como concluyó el tribunal, sino que, es un aspecto que debe
analizarse al momento de liquidar el perjuicio, como se efectuará más adelante.
54 cd. fl. 256. cuaderno no 2. Minuto 1:08:47 y siguientes del archivo 110115_001.mp3
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33. El daño no es imputable al Edificio Suite Crown Building PH porque este
demandado no aceptó los actos de obstrucción y la entidad demandante no
allegó prueba que acredite la obstrucción de la obra por parte de otros de sus
copropietarios55. El IDU incorporó, con la subsanación de la demanda diversos
oficios en los que solicitó a la Alcaldía Local de Chapinero y a la Policía
Metropolitana de Bogotá colaboración para intervenir el área frente al edificio ante
amenazas de pobladores del sector y oposición del edificio; pero, no se acreditó
alguna obstaculización específica a los trabajos públicos.
J. Indemnización de perjuicios
34. En la demanda se solicitó el pago de: i) $2.440.000.000 correspondientes a
los costos directos e indirectos causados con el retraso de la obra; ii)
$400.000.000 por concepto de mayor permanencia de obra, y iii) $840.000.000
al costo de la maquinaria en “stand by” del contratista.
35. La Sala accederá parcialmente a las pretensiones indemnizatorias, pues se
demostró que el fallo arbitral condenó al IDU al pago de mil trescientos cincuenta
y cuatro millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos diez pesos
($1.354.896.610) por sobrecostos por maquinaria en “stand by” para las
actividades de hincado de tablestaca; sin embargo, la condena al señor Armando
Escobar Arango deberá limitarse a la proporción que le resulte imputable de tal
condena, de acuerdo con el siguiente razonamiento:
35.1. La condena arbitral se compuso de dos rubros: i) $409.215.360
correspondiente a un total de quinientas treinta y tres (533) horas conjuntas de
sobrecostos por “stand by” de dos (2) equipos (LS 118 y Equipo SC 65) entre el
27 de septiembre de 2014 y el 31 de agosto de 2015, y ii) $945.681.250 por
cincuenta (50) días de mayor permanencia de obra entre el 19 de febrero de 2015
y el 27 de abril de 2015 debido a afectaciones del Edificio Torres de Chicó Pijao,
es decir, un edificio diferente al de la demanda.
35.2. Al demandado Escobar Arango solo le es imputable el primer rubro, y en
proporción al tiempo de obstrucción de la obra, el cual correspondió a dos (2)
días (19 de marzo y 13 de abril del 2015) por un lapso de seis (6) horas cada día,
esto es, un total de doce (12) horas.
55 En el proceso rindió declaración Luz Esperanza Arenas Rodríguez, representante legal del edificio, quien
manifestó que el edificio actuó por “conducto regular y [vías] legales”; además rindió declaración el señor
Andrés Montoya, propietario del apartamento 701 del edificio, quien señaló que el IDU finalmente intervino
el área el 22 de junio de 2015 y que dicho día se pusieron dos vehículos “en uno estaba el carro de Armando
Escobar y en el otro había otro vehículo que si mi memoria no me falla era el del administrador”; sin embargo,
la fecha mencionada por este testigo corresponde a un día diferente a los confesados por el señor Armando
Escobar Arango y respecto del cual en la demanda se señaló que era el día que se logró iniciar la
intervención del área (índice 22 Samai / archivos denominados 14.1AUDIENCIA DEPRUEBAS.mp4 y
14.2AUDIENCIA DEPRUEBAS.mp4).
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35.3. El total de la condena del tribunal arbitral por el total de quinientas treinta y
tres (533) horas de sobrecostos por maquinaría en “stand by”, finalmente
ascendió a $447.906.047 debido a la indexación del rubro para la fecha de
proferir el fallo arbitral.
35.4. En consecuencia, aplicando una regla de tres simple, por las doce (12) horas
de obstrucción de la obra al demandado Escobar Arango le corresponde
indemnizar un total de $10.084.188, suma que será actualizada de acuerdo con
la siguiente fórmula matemática:
Ipc (f)
va = vh
Ipc (i)
Donde:
va: valor presente de la renta:
vh: capital histórico o suma que se actualiza.
Ipc (f): índice final certificado por el DANE para octubre de 2025 (151.76)56.
Ipc (i): índice inicial certificado por el DANE, correspondiente a agosto de 2020
(104.96) fecha del fallo arbitral.
35.5. Así las cosas, se reconocerá un total de catorce millones quinientos ochenta
mil quinientos sesenta y siete pesos ($14.580.567) en favor de la entidad
demandante.
36. La Sala advierte que, en el proceso se practicó un peritaje técnico, elaborado
por la dirección técnica de construcciones del IDU, y un peritaje financiero,
rendido por el contador público Miguel Rodríguez Valbuena quien rindió
declaración en este proceso en la audiencia de pruebas del 28 de julio de 202057.
En las referidas pruebas se cuantificaron los perjuicios por los sobrecostos en el
contrato de obra número 5 de 2012 en un total de cuatro mil quinientos ochenta
y dos millones ciento cinco mil setenta y tres pesos ($4.582.105.073); no
obstante, dichas pruebas no acreditan ningún perjuicio cierto, porque, según la
demanda, los perjuicios correspondían a los sobrecostos que el contratista
reclamaría al IDU, y lo único demostrado en tal sentido fue la condena arbitral ya
referenciada que debe asumir el señor Armando Escobar Arango solo en la
proporción de su influencia en el daño causado.
K. Condena en costas
37. Como el recurso de apelación prosperó y se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, se revocará la condena en costas de primera
instancia al IDU y, en su lugar, se condenará a Armando Escobar Arango a pagar
56 Último disponible a la fecha de expedición de esta sentencia.
57Archivos denominados “2. Informe técnico de peritazgo”, “3. Dictamen pericial financiero” y ”14.1
AUDIENCIADEPRUEBAS.mp4” que obran en el link al que remite el índice 22 Samai.
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las costas y agencias en derecho de ambas instancias, de conformidad con lo
ordenado en el numeral primero del artículo 188 del CPACA58; estas deberán ser
tasadas y liquidadas de forma concentrada por el tribunal de primera instancia,
de acuerdo con el artículo 366 del CGP59.
38. Por lo anterior no es procedente estudiar los argumentos de las partes en
relación con la condena en cosas de primera instancia (el IDU solicitó su
revocatoria porque el proceso ventila un interés público, y el edificio demandado
solicitó el incremento).
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la
cual queda así:
PRIMERO: Declárase la responsabilidad patrimonial civil extracontractual del
señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO por el daño causado al Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) con el retraso de la obra del deprimido de la 94 los días
13 de abril y 19 de mayo de 2015.
SEGUNDO: Condénase al señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO al pago de
catorce millones quinientos ochenta mil quinientos sesenta y siete pesos
($14.580.567) en favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).
TERCERO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas y agencias en derecho de primera y
segunda instancia al señor ARMANDO ESCOBAR ARANGO, las cuales se
fijarán y liquidarán por el tribunal de primera instancia de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
58 “ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En todo caso,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
59 “ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior (…)”.
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Demandante: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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