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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02259-02

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02259-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA GENÉRICA DEL SERVICIO – falta de motivación de decisiones - no se configuró - Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda. Según la demanda, el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala fue vinculado a una investigación penal por el delito de lavado de activos, en la cual vio restringido su derecho a la libertad por cuenta de las decisiones proferidas en su contra, las cuales fueron dejadas sin efecto por la Corte Suprema de Justicia, tras considerar que carecían de absoluta motivación, circunstancia que, en criterio de los actores, tornó injusta la privación de la libertad y les causó perjuicios susceptibles de reparación. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia del 11 de octubre de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda. 2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 1º de octubre de 20151 por los señores Jorge Alfredo Santaella Ayala (afectado directo), María Consuelo 1 Según sello de presentación de la demanda visible a folio 44 reverso del cuaderno 1. 1 Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582) Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otra Referencia: Medio de control reparación directa Cuberos Gómez (esposa), María Juliana y Jorge Andrés Santaella Cuberos (hijos), Josefina, Rosa Marina, Luis Alberto, Hernando Alfonso, Hermes Alonso, Esperanza, Lilian Ismenia, Fabiola Inés y Jaime Eduardo Santaella Ayala (hermanos) y Josefina Ordoñez Santaella (prima y hermana de crianza), contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son los siguientes: Pretensiones 3. La parte actora pretende la declaratoria de responsabilidad de las demandadas por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala, entre el 19 de septiembre de 2011 y el 25 de julio de 2013, dentro del marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de lavado de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02259-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25000-23-36-000-2015-02259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial
Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – adecuación título de imputación –
FALLA GENÉRICA DEL SERVICIO – falta de motivación de decisiones - no se
configuró -

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Según la demanda, el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala fue vinculado a una
investigación penal por el delito de lavado de activos, en la cual vio restringido su
derecho a la libertad por cuenta de las decisiones proferidas en su contra, las cuales
fueron dejadas sin efecto por la Corte Suprema de Justicia, tras considerar que
carecían de absoluta motivación, circunstancia que, en criterio de los actores, tornó
injusta la privación de la libertad y les causó perjuicios susceptibles de reparación.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia del 11 de octubre de 2017, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 1º de octubre de 20151 por
los señores Jorge Alfredo Santaella Ayala (afectado directo), María Consuelo

1
Según sello de presentación de la demanda visible a folio 44 reverso del cuaderno 1.

1

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

Cuberos Gómez (esposa), María Juliana y Jorge Andrés Santaella Cuberos (hijos),
Josefina, Rosa Marina, Luis Alberto, Hernando Alfonso, Hermes Alonso, Esperanza,
Lilian Ismenia, Fabiola Inés y Jaime Eduardo Santaella Ayala (hermanos) y Josefina
Ordoñez Santaella (prima y hermana de crianza), contra la Nación – Rama Judicial
y la Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaratoria de responsabilidad de las demandadas
por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Jorge Alfredo
Santaella Ayala, entre el 19 de septiembre de 2011 y el 25 de julio de 2013, dentro
del marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de lavado de
activos derivado de actividades ilícitas de particulares.

4. Por lo anterior, la solicitud indemnizatoria se estimó en: i) 100 SMLMV por
concepto de perjuicios morales en favor del afectado, su esposa y cada uno de sus
hijos, y 50 SMLMV en favor de cada uno de los demás demandantes; ii) las mismas
cantidades por concepto de perjuicios inmateriales derivados del daño a la vida en
relación y iii) $457’862.986, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante, correspondientes a los salarios que el afectado dejó de percibir
durante el tiempo de la detención y los que devengará hasta su edad de vida
probable2.

Hechos

5. Señalaron que, el 22 de mayo de 2002, el señor Santaella Ayala presentó
denuncia penal ante la Dirección de Fiscalías Seccionales de Cúcuta en contra de
Saturnino Cáceres Bermúdez y su sobrino Jorge Cáceres, por el posible delito de
lavado de activos, denuncia en la que informó que el primero de los nombrados,
valiéndose de los vínculos de amistad, le pidió mover unos dineros a través de sus
cuentas bancarias; sin embargo, pese a los múltiples requerimientos para que le
informara el origen de los mismos, no obtuvo respuesta.

6. Indicaron que, con base en esa misma denuncia, la Fiscalía vinculó al señor
Santaella Ayala a la investigación y, en resolución del 3 de septiembre de 2004, le
impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Luego, en proveído del

2
Folios 21 a 28 del cuaderno 1.

2

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

25 de noviembre de 2005, calificó el sumario con resolución de acusación,
oportunidad en la que mantuvo la medida.
7. Argumentaron que, en sentencia del 19 de marzo de 2010, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado Adjunto de Cúcuta declaró penalmente
responsable al señor Santaella Ayala del delito de lavado de activos, en grado de
coautoría, y, como consecuencia, lo condenó a seis (6) años de prisión, fallo que
apeló el procesado alegando falta de motivación y que confirmó el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el 5 de noviembre siguiente.

8. Sostuvieron que, el 16 junio de 2011, en cumplimiento de la orden de captura
ratificada en la sentencia condenatoria, agentes de la INTERPOL detuvieron al
señor Santaella Ayala en Venezuela mientras se desempeñaba como Gerente de
Negocios del Banco de Crédito de ese país, luego de lo cual lo condujeron a
Colombia donde fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

9. Indicaron que contra la sentencia condenatoria y el fallo que la confirmó, la
parte actora interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto por
la Corte Suprema de Justicia en fallo del 24 de julio de 2013, oportunidad en la
cual declaró la nulidad de lo actuado, tras considerar que esas decisiones carecían
de motivación, yerro que también evidenció de la resolución de acusación; así,
retrotrajo la actuación penal hasta la etapa de instrucción, al lado de lo cual ordenó
la libertad provisional del señor Santaella Ayala.

10. Por lo anterior, sostuvieron que la pretensión indemnizatoria se soporta en la
arbitrariedad de la actuación judicial que determinó que el señor Jorge Alfredo
Santaella Ayala permaneciera privado injustamente de la libertad durante 25
meses, situación que les produjo perjuicios susceptibles de reparación.

La defensa

11. Notificado el auto admisorio de la demanda3, la Fiscalía General de la Nación,
única interviniente, consideró que la detención del actor no fue injusta, pues se
produjo en cumplimiento de una sentencia penal condenatoria dispuesta en su
contra, de manera que el daño no le resulta imputable. Agregó, que el actor recobró

3
En esta oportunidad el Tribunal aclaró que, si bien, el cómputo de la caducidad de la acción de reparación
directa cuando se alega la privación injusta de la libertad, como título jurídico de imputación, debe iniciar a partir
de la ejecutoria de la sentencia penal absolutoria -momento en el cual se consolida el daño-, lo cierto es que en
este caso el proceso penal no había concluido aún, por tanto, con el fin de garantizar el acceso a la
administración de justicia, ese cómputo debía iniciar a partir del momento en el que la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la actuación y ordenó la libertad del actor -24 de julio de
2013-.

3

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

la libertad como consecuencia de la declaratoria de nulidad ordenada por la Corte
Suprema de Justicia, lo cual excluía el carácter injusto.

Alegatos

12. Al concluir la etapa probatoria4, el Tribunal corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto5.

13. En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación dijo que la privación de la
libertad del actor no se puede calificar de injusta, arbitraria o ilegal, porque en su
contra obraban pruebas determinantes de la responsabilidad penal que se le
reprochó6.

14. La parte demandante reiteró lo dicho en la demanda y enfatizó que la privación
de la libertad del señor Santaella Ayala fue injusta, pues, como lo sostuvo la Corte
Suprema de Justicia, las decisiones que las soportaron de instancia adolecían de
carencia absoluta de motivación7.

15. El Ministerio Público solicitó negar las pretensiones, dado que las razones que
expuso la Corte Suprema de Justicia en sede de casación no eran suficientes para

4
En audiencia del 15 de junio de 2017, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas y aportadas por las partes.
Respecto de la parte demandante: i) incorporó los documentados aportados con la demanda, entre ellos, copias
de los registros civiles, certificados laborales y comprobantes de nómina de Jorge Santaella expedidos por el
Banco de Crédito (Venezuela), denuncia penal ante el Director Seccional de Fiscalías de Cúcuta, resolución de
acusación de 25 de noviembre de 2005, sentencia proferida el 19 de marzo de 2010 por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Cúcuta, sentencia de 5 de noviembre de 2010 proferida por la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, sentencia del 24 de julio de 2013 proferida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Penal, comunicado de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, comunicación
del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela, Acta de Compromiso
suscrita el 25 de julio de 2013 por el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala, Historia Clínica Psicológica de Jorge
Alfredo Santaella Ayala, Informe de Valoración Psicológica de Jorge Andrés Santaella Cubreros, solicitud
Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta al INPEC., Certificación del Ministerio de Defensa,
Policía Nacional sobre la detención del señor Santaella Ayala, acta de conciliación extrajudicial de 7 de
septiembre de 2015 de la Procuraduría 144 Judicial II para asuntos administrativos, constancia de conciliación
de 5 de junio de 2015; ii) decretó dictamen pericial con el fin de establecer la pérdida de ingresos de cada uno
de los demandantes con ocasión de la detención del señor Jorge Alfredo Santaella Ayala, dictamen que se
allegó el 18 de julios de 2017 ; y, iii) decretó prueba testimonial que no se practicó porque los
testigos no concurrieron a la diligencia.
Respecto de la Fiscalía General de la Nación: i) ofició al Servicio Nacional de Administración Tributaria con el
fin de que remita la declaración de impuestos del señor Jorge Alfredo Santaella Ayala; ii) ofició al Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Cúcuta con el fin de que remita copia de la orden de captura emitida en contra
del señor Jorge Alfredo Santaella Ayala.
5
Folio 107 del cuaderno 1.
6
Folios 235 a 238 del cuaderno 2.
7
Folios 239 a 255 del cuaderno 2.

4

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

calificar injusta la detención; además, al retrotraerse la actuación por cuenta de la
declaratoria de nulidad, aún pendía sobre el actor la persecución penal del Estado8.

16. La Rama Judicial guardó silencio.

La decisión

17. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que el daño
por cuya indemnización reclaman los actores resultaba incierto o eventual.

18. Consideró que si bien en la demanda se alegó la supuesta privación injusta de
la libertad de Jorge Alfredo Santaella Ayala, lo cierto es que ese daño se tornaba
incierto, pues la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 24 de julio de 2013,
retrotrajo la actuación hasta la etapa instructiva, sin que se conociera cómo había
concluido el proceso, esto es, si con sentencia absolutoria o providencia preclusoria.

19. En esas condiciones, consideró que la petición indemnizatoria derivada de la
privación injusta de la libertad del actor se formuló antes de tiempo, si se tiene en
cuenta que el carácter injusto solo es posible establecer hasta tanto se concluya el
proceso penal9.

I. EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

20. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia recurrida y, en su lugar, acceder
a las pretensiones de la demanda.

21. Para el efecto sostuvo, en concreto que, a diferencia del error judicial -título que
pretende introducir el a quo- cuando se alega la privación injusta de la libertad, basta
con establecer que las decisiones que llevaron a restringir de este derecho fueron
arbitrarias, lo que ocurrió en este caso, pues, como lo sostuvo la Corte Suprema de
Justicia, las providencias proferidas por los jueces penales -sentencias penales de
primera y de segunda instancia- y por la Fiscalía General de la Nación -resolución
de acusación- carecían de absoluta motivación, lo que tornó injusta la detención.

8
Folios 256 a 261 del cuaderno 2.
9
Folios263 a 274 del cuaderno principal.

5

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

22. Agregó que imponerle al actor la carga de esperar que se profiera una sentencia
absolutoria definitiva lo revictimiza, porque tendría que dejar en manos de los
operadores judiciales la posibilidad de demandar los perjuicios causados con la
privación injusta de la libertad, de suerte que si los jueces nunca se pronuncian y
dejan abiertos los procesos penales no resultaría posible materializar el fundamento
de responsabilidad del Estado10.

23. En auto del 18 de enero de 201811, esta Corporación admitió el recurso
interpuesto y, encontrándose el asunto para correr traslado para alegar de
conclusión, la parte actora allegó, con fines probatorios, copia de la decisión del 8
de febrero de 2018, a través de la cual la Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal de
Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos12,
precluyó la instrucción en favor del procesado, por prescripción de la acción penal
y, como consecuencia, revocó la medida de aseguramiento impuesta en su contra
el 3 de septiembre de 200413.

24. A través de auto del 9 de abril de 2018, el Despacho consideró procedente la
solicitud probatoria, en virtud de lo previsto en el numeral 3 del artículo 212 del
CPACA, por cuanto el documento aportado “versa sobre hechos acaecidos con
posterioridad a la oportunidad para solicitar pruebas en primera y en segunda
instancia”; así, requirió a la Fiscalía en cuestión para que remitiera copia íntegra de
la decisión14, quien en cumplimiento de lo decidido, remitió lo solicitado15,
documento del que se le corrió traslado a la contraparte, quien guardó silencio16.

25. En el término para alegar de conclusión en esta instancia, la Fiscalía sostuvo
que el daño alegado era incierto, pues a la fecha de presentación de la demanda el
proceso penal no había concluido17.

26. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda y del recurso de

10
Folios 285 a 306 del cuaderno principal.
11
Folio 331 del cuaderno principal.
12
Sumario 78038 adelantado en contra el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala, por el delito de Lavado de
Activos.
13
Folios 338 a 343 del cuaderno principal.
14
Folios 350 a 343 del cuaderno principal.
15
Folios 354 a 364 del cuaderno principal.
16
Folio 267 del cuaderno principal.
17
Folios 171 a 177 del cuaderno principal.

6

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

apelación18, mientras que la Nación -Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron
silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

27. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
de oficio o a volver sobre la definición de su competencia, procede la Sala a resolver
el recurso de apelación.

28. Con carácter previo conviene definir el título de imputación con el cual se
decidirá la presente controversia, propósito para el cual deberá remitirse al
contenido de la demanda, pues, a no dudarlo, este acto procesal es el que permite
deducir el derecho que se reclama a partir de la existencia de un daño y su
antijuridicidad, de allí que el fallador no pueda definir el asunto basado en
circunstancias fácticas no ocurridas para la época en que aquélla fue introducida y,
por tanto, posteriores al daño que se reclama.

29. Este ejercicio se impone cuando se pide la aplicación del régimen de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad frente a una demanda
presentada varios años antes de que el proceso penal finalice con providencia
absolutoria ejecutoriada19, lo cual vino a ocurrir en este caso el 8 de febrero de 2018,
cuando la Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal de Distrito para la Extinción del
Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos precluyó la investigación, por
prescripción de la acción penal20.

30. En el sub lite, los actores alegaron la reparación de daños derivados de la
privación de la libertad del señor Jorge Alfredo Santaella Ayala, la cual calificaron
injusta por cuenta de unas decisiones que se profirieron en el marco del proceso
penal al cual fue vinculado por el delito de lavado de activos 21; sin embargo, se
evidenció que, al tiempo de la demanda -1º de octubre de 2015-, este proceso no
había concluido, toda vez que la Corte Suprema de Justicia, en sede de recurso de
casación y mediante providencia del 24 de julio de 2013, retrotrajo esa actuación
hasta la etapa instructiva.

18
Folios 388 405 del cuaderno principal.
19
En esta misma línea de pensamiento, ver, entre otras, sentencias del 23 de abril de 2021, actor: Arnoldo de
Jesús Holguín Muriel, expediente 50.226 y del 10 de septiembre de 2021, expediente 63.050, actor Eulogio
Cruz Trujillo.
20
Folios 338 a 343 del cuaderno principal.
21
Sumario 78038 adelantado en contra el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala, por el delito de Lavado de
Activos.

7

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

31. Dada esta especial circunstancia y como se ha expuesto, se torna improcedente
analizar el daño -restricción de la libertad del señor Santaella Ayala- bajo los
presupuestos del título de imputación de privación injusta de la libertad, por cuanto
la jurisprudencia de esta Sección22 ha precisado que la responsabilidad del Estado
edificada a partir de ese título, se predica frente a situaciones en que una persona
ha sido privada de la libertad de manera preventiva pero es absuelta mediante
sentencia o providencia definitiva, momento en el que se puede evidenciar el
carácter injusto de la detención.

32. Así, a partir del título jurídico de imputación de privación injusta de la libertad, la
consolidación del daño para el momento en que se presentó la demanda dependía
de un hecho futuro e incierto, esto es, la absolución del procesado en providencia
ejecutoriada, perspectiva desde la cual el daño se perfila como eventual o hipotético,
el cual no es susceptible de reparación, por carecer de certeza.

33. Por tanto, bajo la demanda, las pretensiones se orientaron a la declaratoria de
responsabilidad por la limitación del del derecho a la libertad del señor Jorge Alfredo
Santaella, la cual se produjo con causa en unas decisiones judiciales emitidas por
la Fiscalía General de la Nación -resolución de acusación del 25 de noviembre de
2005- y por los jueces penales de instancia -sentencia condenatoria de 19 de marzo
de 2010 y el fallo que la confirmó de 5 de noviembre de 2010-, las cuales, en criterio
de los actores, resultaron injustas y desproporcionadas, por ausencia de motivación,
de allí que el análisis de responsabilidad debiera enfocarse, en principio, desde la
óptica del error judicial, esto es, el cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional que, en ejercicio de este función, dicta una providencia contraria a la
ley.

34. No obstante lo anterior, recuerda la sala que este especial título de imputación
de responsabilidad parte de dos claros supuestos: i) la interposición de los recursos
de ley por parte del afectado -excepto en los casos de privación injusta de la libertad;
y ii) la firmeza de las providencias cuestionadas23.

35. Así, y aun cuando el reproche de responsabilidad subyace en un error judicial,
lo cierto es que las providencias cuestionadas fueron dejadas sin efecto por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en fallo de 24 de julio de 2013,

22
Entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de junio de 2005, expediente: 14740, C.P.
Ruth Stella Correa Palacio.
23
Artículos 66 y 67 de la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia-.

8

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

lo cual torna improcedente el análisis desde este específico título de imputación, por
cuanto se carece del requisito de firmeza exigido, de ahí que, en aplicación del
principio iura novit curia, el análisis se hará desde el régimen general de
responsabilidad de la falla en el servicio, sin que se observe que con tal derrotero
se modifique la causa petendi, ni los supuestos de la demanda, como tampoco la
valoración de los demás elementos de la responsabilidad deprecada a partir de los
elementos constitutivos de ella que son límites que se imponen al operador judicial
y a los sujetos comprometidos en el conflicto.

Problema jurídico

36. Precisado lo anterior, dentro del marco del recurso de apelación propuesto por
la actora, el debate jurídico se circunscribe a verificar si las pruebas que militan en
el proceso permiten acreditar que las decisiones adoptadas por la Fiscalía General
de la Nación, en concreto, la resolución de acusación de 25 de noviembre de 2005
y por la Rama Judicial, a través del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado Adjunto de Cúcuta y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la
misma ciudad, en sentencias de 19 de marzo de 2010 y 5 de noviembre siguiente,
respectivamente, fueron injustas o desproporcionadas, por falta de motivación, lo
que tornó injusta la limitación del derecho a la libertad del señor Jorge Alfredo
Santaella Ayala.

Lo probado

37. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados, como hechos relevantes, los siguientes:

• El 27 de mayo de 2002, el señor Jorge Alfredo Santaella Ayala puso en
conocimiento de la Fiscalía Seccional de Cali la posible comisión del delito de
lavado de activos en el que pudo incurrir el señor Saturnino Cáceres Bermúdez,
quien, valiéndose de los vínculos de amistad entre ellos, le solicitó trasladar unos
dineros que le adeudaban, a través de las cuentas que el denunciante tenía
aperturadas en el Banco Ganadero -hoy BBVA- y la Corporación COLMENA a
nombre del consorcio Bloque Samoré, en el que fungía como representante legal,
para, luego, entregarlos al señor Jorge Bermúdez -sobrino del señor Cáceres
Bermúdez-; pese a lo cual, como no recibió los soportes de las operaciones y perdió
contacto con aquéllos decidió denunciarlos24.

24
Folio 60 del cuaderno 3.

9

Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

• En ampliación de denuncia, el señor Santaella Ayala afirmó que los vínculos de
amistad no eran tan fuertes y que ocasionalmente se encontraba con el señor
Cáceres Bermúdez; además, informó que por su intermediación le ofrecieron una
comisión de $20’000.000 de los cuales solo recibió $11’000.00025.

• El 11 de junio de 2002, la Fiscalía Primera Especializada de Cúcuta decretó la
apertura de una investigación previa, con el fin de establecer la existencia del delito
y sus posibles autores, etapa en la cual no fue posible ubicar al señor Cáceres
Bermúdez ni identificar o individualizar al señor Jorge Bermúdez26.

• Luego de varias pesquisas y de evidenciar serias inconsistencias en sus
declaraciones, el 21 de noviembre de 2003, la Fiscalía decretó apertura de la
instrucción en contra del señor Santaella Ayala, por el delito de lavado de activos,
ordenando su vinculación mediante indagatoria, por lo que expidió la respectiva
orden de captura, la cual no se hizo efectiva, por lo que se le nombró persona
ausente; posteriormente, definió su situación jurídica con medida de aseguramiento
detención preventiva27

• El 25 de noviembre de 2005, la Fiscalía Octava, Unidad Nacional de Fiscalías
para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de Bogotá,
calificó el sumario con resolución de acusación en contra del señor Santaella Ayala,
como presunto coautor del delito de lavado de activos28.

Para el efecto, sostuvo que las labores investigativas permitieron identificar que,
entre el 28 de diciembre de 2001 y el 8 de febrero de 2002, en las cuentas del
Consorcio Bloque Samoré circularon $2.027’151.336, provenientes de: i) traslados
interbancarios ordenados por las comercializadoras Los Libertadores y El Colorado
y/o Jorge Enrique Colorado; ii) consignaciones en cheque provenientes de las
cuentas corrientes de Inversiones Mundial S.A. y Conavi Banco Comercial; y iii)
consignaciones en efectivo efectuadas por personas naturales.

25
Lo anterior se extrae de la providencia del 25 de noviembre de 2005 dictada por la Fiscalía Octava, Unidad
Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos
26
Ibidem
27
En el expediente no obran copias de estas actuaciones, pero se extraen de la sentencia del 5 de
noviembre de 2010 proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta
(folio 138 del cuaderno 3).
28
Esta decisión cobró ejecutoria el 30 de enero de 2006, luego de que se aceptara el desistimiento propuesto
por la defensa (página 3 de la sentencia de 24 de julio de 2013, proferida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia).

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

Para el ente acusador los referidos dineros circularon sin causa ni razón legal
atendible y fueron monetizados a través de la casa de cambios Fronteriza Nissi de
Cúcuta, lugar en el que se pretendió justificar su circulación con aparentes
operaciones de arbitraje internacional de divisas del señor Saturnino Cáceres.

Consideró que la conducta de lavado de activos está tipificada como el proceso o
conjunto de actos u operaciones desplegadas con el fin de ocultar, encubrir,
resguardar, transformar o dar apariencia de legalidad a bienes o recursos de origen
ilícito, conducta en la que pudo incurrir el procesado, pues, con base en el acopio
de pruebas recaudado durante la instrucción se logró inferir, en concreto, que:

i) Se colocó a disposición de la circulación de dineros las cuentas del consorcio
Bloque Samoré – aperturadas en el Banco Ganadero y la Corporación Colmena-,
las cuales se encontraban inactivas y solo tuvieron movimientos y saldos
disponibles en razón a las operaciones investigadas, lo cual se extrajo de las
certificaciones bancarias emitidas por los bancos respectivos;

ii) Los traslados interbancarios, en particular, se hicieron por orden de las
comercializadoras Los Libertadores y El Colorado, empresas de las que se podía
inferir eran empresas fachada o de papel, en tanto que se pudo verificar a través
de la información comercial que no existían físicamente en los domicilios
comerciales que fueron registrados ni cumplían su objeto social; además, se pudo
evidenciar que los traslados se realizaron a través de las cuentas de estas
compañías, las cuales, según el sistema de información bancaria tuvieron
seguimiento “… por sus operaciones sospechosas que llevaron a la cancelación de
sus productos financieros”.

iii) La monetización de dineros se efectuó a través de la Casa de Cambios Nissi,
sin que se hallara una justificación lícita, pues aunque en sindicado señaló que las
operaciones obedecían a actividades de arbitraje internacional de divisas del señor
Saturnino Cáceres Bermúdez, lo cierto es que esa actividad no encontró soporte
contable o financiero ni fueron certificadas por la DIAN; además, extrañamente, ese
establecimiento dejó de funcionar al tiempo que cesaron los movimientos de
dineros cuestionados;

iv) Los dineros que fueron canalizados fueron girados en cheques a nombre de
personas desconocidas y en uno de ellos figuraba como beneficiario el
representante legal de la comercializadora Los Libertadores, quien, según

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

certificación de la DIAN, no presentó declaraciones de renta, con lo cual se
desconocía su capacidad económica; y,

v) Se logró establecer que el señor Jorge Colorado de Pablos, representante de
la comercializadora El Colorado, presentó declaraciones de renta en los años 1998
a 2000, llamando la atención que durante 1998 y 1999 reportó ingresos no
superiores a 23 millones, pero en el año 2000 reportó ingresos superiores a más
de mil millones de pesos derivados de la misma actividad comercial.

Frente a los elementos de tipicidad subjetiva, señaló que las versiones del sindicado
son inverosímiles y contradictorias, pues inicialmente denunció que el señor
Saturnino Cáceres se aprovechó de los vínculos de amistad para solicitar el
traslado de unos dineros de origen desconocido, luego, dijo que no tenían vínculos
de amistad, pues esporádicamente se lo encontraba en los aeropuertos de Bogotá
o Caracas (Venezuela), posteriormente, afirmó que recibió una comisión por los
traslados de dinero y, finalmente, dijo que los dineros que circularon por sus
cuentas eran lícitos porque el referido señor era comerciante de ganado y recibía
pagos anticipados por exportaciones.

Consideró que resultaba paradójico que el señor Santaella Ayala, por su ejercicio
profesional en el sector bancario, facilitara sus cuentas para permitir unos traslados
interbancarios sin conocer el origen de los dineros y de manera concertada, acordar
una comisión por esa gestión, lo cual llevó a considerar su intención de captar
dineros y de facilitar su circulación, dejando al descubierto la conducta reprochada
como coautor del delito de lavado de activos.

La Fiscalía concluyó que “… no se ha logrado demostrar dentro la presente
investigación la existencia de la suficiente prueba indiciaria que permita predicar el
origen lícito de los dineros canalizados por el señor SANTAELLA AYALA a través
de las cuentas del CONSORCIO BLOQUE SAMORÉ y refrendar su carácter ilícito
producto de su actividad delictiva de Enriquecimiento Ilícito de Particulares, pues
se ha logrado desvirtuar que dichos dineros provienen de fuentes legítimas de
dinero … el expediente cuenta con prueba documental que logra demostrar que
gran parte de los recursos objeto de averiguación provienen en forma directa de
una actividad que por sí misma constituye infracción al Código Penal, como lo son
las exportaciones ficticias, conducta reprochada en artículo 310”29.

29
Folios 133 a 194 del cuaderno 3.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

• El 19 de marzo de 2010, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
Adjunto del Distrito Judicial de Cúcuta profirió sentencia condenatoria en contra del
señor Santaella Ayala, como coautor del delito de lavado de activos proveniente de
actividades ilícitas de particulares, por lo cual le impuso la pena mínima de prisión
de seis años y la multa mínima de 500 salarios vigentes para el año 2002, al lado
de lo cual reiteró la orden de captura dispuesta en su contra, en tanto que la misma
no se había materializado.

Para el juez, resultó cuestionable que el procesado facilitara sus cuentas bancarias
a una persona que poco frecuentaba y de quien desconocía exactamente a qué se
dedicaba, para la recepción de consignaciones de una cantidad elevada de dinero
de origen desconocido, dinero que, como lo demostró de manera clara el informe
rendido por el CTI, giró a través de cheques a personas que ni siquiera existían, sin
que en sus versiones ofreciera una justificación coherente sobre tal proceder.

Señaló que de la prueba recaudada se obtuvo certeza que, para la concreción del
delito investigado, se utilizaron empresas fachada o de papel como las
comercializadores El Libertador y El Colorado, las cuales nunca funcionaron en los
domicilios comerciales que reportaron, además, se comprobó que el señor César
Ruíz González, quien figuraba como representante legal de la primera de ellas, fue
beneficiario de algunos de los cheques girados por el procesado, pese a lo cual
aquél nunca presentó declaraciones de renta que permitieran identificar su
capacidad económica.

Indicó que la comercializadora El Colorado fue inscrita en la Cámara de Comercio
de Cúcuta desde 1998; sin embargo, entre los años 1999 y 2000 presentó
movimientos financieros desmedidos que no guardaron relación con su capacidad
económica y de endeudamiento.

A lo anterior agregó que la misma comercializadora intentó justificar que los
recursos que nutrieron sus cuentas provenían de pagos de anticipos por
exportaciones realizadas a Venezuela, lo cual no encontró respaldo en la
certificación que emitió la DIAN el 6 de julio de 2005, oportunidad en la cual la
División de Estadística, Oficina de Estudios Económicos, informó que tales
operaciones no se realizaron, situación que llevó a colegir de manera clara que los
dineros recaudados en las cuentas del consorcio Bloque Samoré eran producto de
enriquecimiento ilícito proveniente de particulares.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

Sostuvo que la comercializadora Los Libertadores, según las escrituras de
constitución, fue creada en 1985; sin embargo, desde esa fecha permaneció inactiva
y fue reactivaba solo para los traslados de los dineros que circularon por el
consorcio, a lo que se sumó que su representante legal fue beneficiario de algunos
de los cheques girados con los dineros que circularon por las cuentas del consorcio;
sin embargo, esta persona nunca presentó declaraciones de renta que permitieran
determinar de dónde provenía su patrimonio y su capacidad económica.

Para el juzgador, se evidenció un cúmulo de hechos indicadores que llevaron a
inferir que el procesado realizó conductas propias del delito de lavado de activos,
pues prestó su nombre e intermediación para que circularan sumas importantes de
dinero cuyo origen no encontró justificación lícita, de allí que su participación fuera
atribuible a título de coautoría, encajándose dentro del tipo penal investigado, a lo
que agregó que está demostrado que “… obró con culpabilidad en el ilícito … pues,
conforme a sus condiciones socioculturales, le era exigible un comportamiento
acorde con el ordenamiento jurídico y, estando en condiciones de hacerlo, optó por
facilitar sus cuentas bancarias para legalizar dineros de procedencia ilícita”30.

• La defensa del sentenciado interpuso recurso de apelación contra la sentencia
anterior, el cual fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cúcuta en sentencia del 5 de noviembre de 2010 que la confirmó en su
integridad. Inicialmente, señaló que el planteamiento del apelante dirigido a
cuestionar una nulidad de la sentencia, por una supuesta falta de motivación no
tenía vocación de prosperidad, pues, además de que no desarrolló adecuadamente
esa argumentación, se evidenció que el juez a quo valoró las pruebas y con base
en ellas fundamentó su decisión, específicamente, en lo relacionado al origen ilícito
de los dineros que circularon por las cuentas del procesado, de allí que no existió la
falta de motivación con la cual se pretendía edificar la nulidad.

Luego, indicó que, en esencia, la apelación se dirigió a cuestionar que no se
demostró el origen ilícito de los dineros que circularon por las cuentas bancarias del
procesado y, por el contrario, se estableció que provenían de actividades legales
por pago de anticipos por exportaciones. Sin embargo, para el Tribunal, los hechos
probados demostraron plenamente que, durante 2001 y 2002, en esas cuentas se
recibieron consignaciones por $2’027.000.000, dineros que no provenían de
ninguna actividad propia del consorcio Bloque Samoré, sino de empresas sin
relación con este tipo de asociación. Para el ad quem, si bien en un principio fue el

30
Folios 124 a 135 del cuaderno 3.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
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Referencia: Medio de control reparación directa

mismo condenado quien denunció los hechos, lo cierto es que desde ese momento
se mostró ajeno a los mismos aduciendo que había sido engañado, luego, admitió
que recibió utilidades por prestar sus cuentas, y, finalmente, optó por evadirse,
actitud que mantuvo durante el proceso.

Afirmó que probatoriamente se estableció que las transacciones que dieron lugar a
los depósitos cuestionados correspondían a operaciones sin soporte legal o con
demostración de provenir de actividades lícitas, más bien, fueron realizadas por
personas que decían representar empresas de papel o fachada, sin ninguna
actividad comercial o industrial real demostrable, aspecto medular de la acusación
y de la condena, ya que los investigadores lograron identificar que aquéllas solo
aparecían en los documentos de soporte, pero que realmente nunca existieron
como verdaderas asociaciones de índole comercial dedicadas a actividades lícitas.

A la par, sostuvo que se demostró que los dineros que nutrieron las cuentas fueron
a parar a manos de unas personas vinculadas a la casa de cambios NISSI, negocio
totalmente irregular, de lo que se concluía que los mismos se introdujeron al flujo
comercial como dinero en efectivo, de todo lo cual sabía el procesado como
profesional financiero, luego, tenía que saber que estaba incurriendo en actividades
irregulares, como inclusive lo admitió tácitamente al denunciar los hechos, diciendo
haber sido engañado, afirmación carente de veracidad31.

Sobre este aspecto señaló que afirmación presente en la resolución de acusación y
en la sentencia de condena sobre el origen ilícito de los dineros que circularon en
las cuentas del señor Santaella Ayala no fue gratuita ni especulativa sino que fue
producto de una juiciosa construcción indiciaria hecha por la Fiscalía en la
acusación, la cual no fue desvirtuada por la defensa en la etapa de juicio.

31
ARTÍCULO 323. “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes
que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión,
enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la
administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir,
relacionada con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les de a los bienes
provenientes de dichos actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto
para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducto <sic>, en prisión de seis a quince años
y multa de quinientos a cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la
mitad cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior,
o se introdujeren mercancías al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de
contrabando al territorio nacional”.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

Finalmente, dijo que “demostrado como está por vía de inferencia lógica que los
dineros consignados en las cuentas manejadas por el procesado provenían de
Enriquecimiento Ilícito y comprobada igualmente la tipicidad subjetiva de la
conducta, en cuanto es muy evidente que el procesado, debido a su preparación
profesional, forzosamente sabía del origen ilegal de dinero y voluntariamente se
prestó para su blanqueo, se impone la CONFIRMACIÓN integral de la Sentencia”32.

• Contra el fallo anterior, se interpuso recurso extraordinario de casación, con
fundamento en la causal tercera prevista en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000,
esto es, haberse dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, ello por cuanto
las sentencias penales de primera y de segunda instancia carecían de motivación
en cuanto a la procedencia ilícita de los dineros cuestionados33.

• En sentencia del 24 de julio de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia resolvió el recurso extraordinario de casación, en los siguientes
términos.

Indicó que, desde la acusación, se le atribuyó al procesado el delito de lavado de
activos originado en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares; sin embargo,
en su sentir, los jueces de instancia no se ocuparon de la demostración clara,
precisa y razonada de los elementos estructurales de esa conducta delictiva, así
como de la tipicidad subjetiva del aludido comportamiento, lo cual vició sus
decisiones por ausencia absoluta de motivación, lo que se pudo evidenciar también
de la resolución de acusación que profirió la Fiscalía en contra del procesado.

Según la Corte, la hipótesis acusatoria partió del hecho de que en las cuentas del
consorcio Bloque Samoré, cuyo representante legal era el procesado, circularon
$2’027.000.000, dineros que para ente acusador y para los jueces de instancia
tenían origen delictivo por unas serie de hechos indicadores, entre ellos: i) que las
cuentas del referido consorcio se encontraban inactivas y solo se nutrieron producto
de las dineros cuestionados; ii) los fondos provenían de empresas fachada o de
papel – comercializadoras Los Libertadores y El Colorado-; iii) hubo malas
justificaciones sobre el origen y destinación de los fondos; y, iv) se acreditó la
actividad delictiva derivada de exportaciones ficticias que sustentaron las
operaciones.

32
Folios 136 a 157 del cuaderno 3.
33
Folios 105 a 154 del cuaderno 3

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

Sin embargo, en criterio de la Corte, no se indicaron los elementos probatorios de
donde se extrajeron las afirmaciones de la acusación y de la condena, además, el
a quo dejó de ocuparse de la demostración clara, precisa y razonada de los
elementos estructurales de la conducta delictiva reprochada, así como de la
tipicidad subjetiva del aludido comportamiento, acudiendo a citas inconclusas y
aisladas de las consideraciones de los pliegos de cargos, sin ofrecer el propio
ejercicio de la estimación probatoria que estaba obligado agotar, luego, el ad quem
dejó de responder, así fuera de manera sucinta pero motivada, las razones de
oposición, lo cual evidenció una ausencia total de motivación y denotó capricho y
arbitrariedad de los falladores de instancia, en tanto que no adelantaron un estudio
serio y objetivo de las pruebas allegadas a fin de responder a la defensa en cuanto
se opuso a la pretensión punitiva del Estado.

Argumentó que el yerro evidenciado tuvo una connotación más amplia a la solicitada
por el casacionista, pues desde la propia resolución de acusación el instructor de
manera confusa expresó que la totalidad de los fondos que circularon por las
cuentas del consorcio tenían origen mediato o inmediato en el delito de
enriquecimiento ilícito de particulares, en tanto que provenían de traslados
efectuados por las comercializadoras Los Libertadores y El Colorado; pese a lo cual,
no todos los traslados provenían de estas empresas sino de personas naturales y
de Inversiones Mundial, sin que se razonara sobre el vínculo de estos fondos con el
referido delito y solo se aludió que todos los traslados tuvieron unidad espacio
temporal con el mismo propósito.

Lo anterior, según el juez de la casación, con el fin de buscar una solución menos
traumática que implicaría declarar una nulidad parcial frente a la acusación y
condena que tuvo como fuente el traslado de la totalidad de los dineros provenientes
de las mencionadas comercializadoras, debía considerarse que las decisiones del
instructor y de los jueces de instancia, de manera integral, carecían de absoluta
motivación, por lo cual resultaba procedente invalidar lo actuado desde que se
dispuso el cierre de la instrucción, con el fin de que el ente instructor adoptara las
medidas conducentes en orden a enmendar las irregularidades reseñadas.

Al lado de lo anterior, indicó que, al quedar la actuación penal en la etapa instructiva,
resultaba procedente ordenar la libertad provisional del procesado, por vencimiento
de términos de la instrucción previstos en el numeral 4 del artículo 365 de la Ley
600 de 2000, lo anterior teniendo en cuenta que el señor Santaella Ayala fue
capturado el 20 de septiembre de 2011, en cumplimiento de la orden de captura
librada para ejecutar la condena.

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Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

En consecuencia, casó la sentencia recurrida, decretó la nulidad de lo actuado, a
partir inclusive del cierre de la investigación y concedió libertad provisional al
procesado.

• Retomando el curso de la actuación tras la declaratoria de nulidad, el 12 de
agosto de 2015 se reinició la instrucción ordenándose la práctica pruebas, luego,
el 10 de octubre de 2016, la Fiscalía corrió traslado a los sujetos procesales de la
inspección judicial realizada el 6 de octubre anterior en el Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Cúcuta,
posteriormente, el 4 de noviembre de ese mismo año, decretó la práctica de pruebas
testimoniales y documentales solicitadas por la defensa del procesado y, finalmente,
se decretó el cierre de la instrucción34.

• Mediante resolución del 15 de marzo de 2017, la Fiscalía Octava Delegada de la
Dirección Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos calificó el sumario con
resolución de acusación en contra del señor Jorge Alfredo Santaella Ayala como
posible autor del delito de lavado de activos, decisión que apeló la defensa del
procesado, impugnación que conoció la Fiscalía 48 Delegada ante el Tribunal de
Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos,
autoridad que, en providencia del 8 de febrero de 2018, precluyó la instrucción
adelantada, por considerar que había prescrito la acción penal.

• Obra en la foliatura la certificación emitida por el Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería -SAIME- de Venezuela, en la cual informó que
el ciudadano colombiano Jorge Alfredo Santaella Ayala fue detenido en ese país el
19 de septiembre de 2011 en cumplimiento de la solicitud de captura emitida por la
Fiscalía Especializada de Cúcuta, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado
de activos y puesto a disposición de las autoridades colombianas35.

• Asimismo, obra diligencia de compromiso suscrita por el señor Santaella Ayala el
25 de julio de 2013, con el fin de dar cumplimiento a la orden de libertad provisional
dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en sentencia
del 24 de julio anterior36.

34
Lo anterior se extrajo de la providencia del 8 de febrero de 2018, proferida por la Fiscalía 48 Delegada ante
el Tribunal del Distrito para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos (folio 349 del
cuaderno principal), prueba que se incorporó en esta instancia.
35
Folio 228 del cuaderno 3.
36
Folio 229 del cuaderno 3.

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Referencia: Medio de control reparación directa

38. En contexto con la realidad probatoria y con miras a definir si, como lo consideró
el demandante, la resolución de acusación y las sentencias penales de instancia
dictadas en el juicio penal seguido en contra del señor Jorge Alfredo Santaella Ayala
por el delito de lavado de activos derivado de enriquecimiento ilícito de particulares
comprenden decisiones injustas y arbitrarias, por falta absoluta de motivación, la
Sala encuentra oportuno efectuar las siguientes precisiones:

39. Según la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, la
motivación de las decisiones judiciales constituye un elemento esencial del debido
proceso y se erige como un mecanismo de control frente a la arbitrariedad judicial,
de allí que se le exija al operador de justicia exponer de manera clara y concreta las
razones probatorias y los juicios lógico jurídicos con base en los cuales funda su
decisión, so pena de que su incumplimiento conlleve a la nulidad de la providencia37.

40. Con enfoque constitucional, la Corte Constitucional ha señalado que la función
del juez radica en la definición del derecho y en ese ejercicio emerge el imperativo
de que sus providencias estén clara y completamente motivadas, por tanto, la
arbitrariedad radica cuando resuelve un asunto sin hacer explícito el porqué de su
resolución38; asimismo, ha considerado que la motivación de las decisiones
constituye una garantía constitucional que busca salvaguardar los derechos al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva, de manera que si se desconoce tal
imperativo se lesionan de manera directa esos derechos39.

41. Por su parte, esta Corporación, en sede de recurso extraordinario de revisión40,
ha sostenido que la falta absoluta de motivación, esto es, cuando el juez no expone
en su pronunciamiento las razones de hecho o derecho que le permiten arribar a
una decisión da lugar a la configuración de la causal sexta de revisión prevista en
el artículo 188 del C.C.A., y, por tanto, a la nulidad del pronunciamiento. A la par, ha
considerado que, con fundamento en dicha causal, resulta improcedente alegar
situaciones relacionadas la estimación errada de los hechos, con las pruebas o las
normas jurídicas aplicadas41.

37
Ver entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 7 de marzo de 2012,
radicación 37047 y de 23 de mayo de 2018, expediente 1783.
38
Corte Constitucional, sentencia T-259 del 6 de marzo del 2000
39
Corte Constitucional, sentencia T-589 del 26 de julio de 2010
40
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 20 de octubre de 2009,
expediente: 2003-00133-00
41
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, M.P. Dr. RAFAEL ROMERO SIERRA, sentencia
No. 374 de 8 de noviembre de 1989.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
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42. A su turno, vía doctrinal, se ha definido que, el deber de motivar las decisiones
es un imperativo ineludible que se verifica a través de argumentos que articulen los
hechos y las pruebas del caso con las normas, valores y principios atinentes; así,
motivar implica la exteriorización de la justificación razonada que permita al juzgador
arribar a una conclusión42.

43. Ahora, el Código Iberoamericano de Ética Judicial43, consagra como principio
rector de la actividad judicial la motivación de las decisiones judiciales 44, marco
dentro del cual consagró que “… motivar supone expresar, de manera ordenada y
clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión”, asimismo,
dispuso que una decisión carente de motivación es, en principio, una decisión
arbitraria que riñe con el correcto desarrollo de la actividad jurisdiccional45.

44. Con estos enfoques, resulta válido afirmar que la falta absoluta de motivación
da lugar a la arbitrariedad de una decisión judicial, falta que se evidencia a partir de
la ausencia absoluta de exposición de las razones de hecho o de derecho en las
cuales se funda el pronunciamiento o cuando no se exteriorizan de manera clara y
concreta las razones probatorias y los juicios lógico jurídicos que dan sustento a la
decisión, en otras palabras, cuando se resuelve un asunto sin hacer explícito el
porqué de la resolución.

45. Ahora, como en este asunto se le imputó al señor Santaella Ayala el delito de
lavado de activos46, ha de señalarse que, en línea con los pronunciamientos de la
Corte Suprema de Justicia, este tipo penal es autónomo respecto de las actividades
delictivas que dieron origen, mediato o inmediato, a los bienes sobre los que recae
la conducta, por tal razón, no se requiere que exista una sentencia condenatoria por
un delito en específico del que se hayan derivado dichos bienes o ganancias.
Tampoco es exigible, en criterio de la Corte, la demostración de que el delito se
cometió en específicas circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni que la persona a

42
Fernando Alberto Castro Caballero. Tomado de Comentarios Código
43
Adoptado por la cumbre judicial iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana, el 22 de junio de
2006, y modificado en la XVII reunión plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el 2 de abril de 2014, en
Santiago de Chile.
El Consejo Superior de la Judicatura impuso a los operadores judiciales adoptar el Código Iberoamericano de
Ética Judicial, que consagra como principios éticos básicos los establecidos en la Segunda Cumbre
Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia.
44
Capitulo III, artículos 18 a
45
Ver entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 7 de marzo de 2012,
radicación 37047 y de 23 de mayo de 2018, expediente 1783.
46
Artículo 323 de la Ley 599 de 2000

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Referencia: Medio de control reparación directa

la que se le atribuye el delito haya participado en alguna de las actividades ilícitas
que dieron origen a esos capitales47.

46. Lo que sí se exige es que el origen ilícito de los recursos se encuentre
debidamente probado, ya sea a través de prueba directa o indirecta, punto en el
cual ha sostenido que, ante la falta de una prueba expedita y directa frente a los
elementos constitutivos del tipo penal, los jueces pueden recurrir en sus fallos, con
miras a estructurar la conducta punible “… a la construcción de indicios a partir de
la concurrencia, convergencia y concordancia, de hechos indicadores, a fin de
alcanzar el estándar de conocimiento consistente en el nivel de certeza –racional-
sobre la existencia de la conducta y la responsabilidad de los procesados”.

47. Dentro de esta construcción se torna necesario “… la presencia de datos
indicadores, tales como la importancia de la cantidad del dinero blanqueado; la
vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados
con ellas; lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial de los sujetos
intervinientes; la naturaleza y características de las operaciones económicas
llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en efectivo; la
inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas
operaciones; la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos
capitales; y, la existencia de sociedades «pantalla» o entramados financieros que
no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas”48.

48. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que las decisiones
cuestionadas por el actor -resolución de acusación y sentencias penales de
instancia- no adolecen de falta de absoluta de motivación y, por tanto, no pueden
calificarse injustas o arbitrarias, pues, con suficiencia argumentativa, tanto el órgano
de instrucción como los falladores de instancia expusieron de manera ordenada,
clara y concreta las razones de hecho y de derecho que llevaron a adoptar sus
respectivas determinaciones y plantearon las razones probatorias y los juicios lógico
jurídicos que justificaron la decisión.

49. En efecto, se evidencia que, desde la acusación, la Fiscalía articuló, a través de
juicios lógicos jurídicos, el reproche de responsabilidad que le atribuyó al procesado,
a partir de las pruebas recaudadas durante la instrucción y desde las cuales efectuó

47
CSJ SP, 28 nov. 2007, rad. 23.174, CSJ, SP, 9 abr. 08, rad. 23.754, CSJ SP, 5 ago. 2009, rad. 28.300, CSJ
SP, 2 feb. 2011, rad. 27.144, CSJ SP6613-2014, entre otras.
48
CSJ SP282-2017, 18 ene. 2017, rad. 40120.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

una construcción indiciaria que la llevó a inferir la existencia del tipo penal del delito
de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, así como la posible
participación del procesado en la comisión de esa conducta, en grado de coautoría.

50. Particularmente, el órgano de instrucción infirió que el procesado, sin una razón
atendible, dada la contradicción en sus versiones, permitió que a través de las
cuentas inactivas del consorcio Bloque Samoré, las que se encontraban bajo su
administración y manejo, circularan unos dineros que consideró de naturaleza ilícita,
pues provenían, entre otras fuentes, de las transacciones efectuadas por las
comercializadores Los Libertadores y El Colorado, las cuales, como lo expuso de
manera clara y explícita, correspondían a empresas fachada o de papel que no
cumplían con su objeto social, empresas a las que, según el sistema de información
bancaria, les fueron cancelados sus productos financieros por operaciones
sospechosas; transacciones que, se pretendió justificar con operaciones de arbitraje
internacional de divisas que no fueron certificadas por la DIAN.

51. Luego, el juez penal de primera instancia halló en la construcción indiciaria del
órgano instructor los hechos indicadores que lo condujeron a la certeza racional de
la responsabilidad penal que le reprochó al procesado, discernimiento que
exteriorizó de manera clara, coherente y suficiente.

52. Es de precisar que los datos indicadores que dieron soporte a la decisión,
además de que fueron expuestos de manera explícita, van en línea con el
razonamiento de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el cual, cuando
se trata de la comprobación del delito de lavado de activos con causa en una
actividad ilícita de particulares, el juez puede lograr la certeza racional a través de
un cúmulo de datos indicadores, entre ellos, la importancia de la cantidad del dinero
circulado, lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial de los sujetos
intervinientes, la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la
realización de esas operaciones, la debilidad de las explicaciones acerca del origen
lícito de esos capitales, la existencia de sociedades «pantalla» o entramados
financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas,
todo lo cual se evidenció en la causa penal que definió el fallador de instancia.

53. Al lado de lo anterior, aunque de manera capital para la solución de este
proceso, la Sala no encuentra que la decisión del ad quem adolezca de falta
absoluta de motivación, puesto que, mediante un juicio motivado, esgrimió de
manera concreta las razones de confrontación frente a los planteamientos de la

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

apelación y, en dicho ejercicio, convalidó la construcción indiciaria del instructor y la
inferencia lógica del a quo a que dio sustento a la acusación y a la condena.
54. Así las cosas, el examen de las decisiones cuestionadas no conduce a concluir
la carencia de total motivación, comoquiera que se evidenció que los operadores
judiciales emplearon juicios lógicos y jurídicos que atendieron la realidad fáctica y
probatoria, ejercicio que estaba obligado a cumplir.

55. Ahora bien; se encuentra que las razones de la Corte Suprema de Justicia, en
sede casación, en torno a la falta de motivación, no se sobreponen a las
consideraciones antes expuestas dirigidas a sopesar la argumentación de los
operadores judiciales de cara a dar sustento a sus pronunciamientos; de allí que no
sea dable deducir que los lineamientos de la Corte Suprema por sí mismos atan a
esta Sala a definir el asunto conforme a sus planteamientos, pues, a no dudarlo, en
términos de lo previsto en los artículos 22849 y 23050 de la Constitución Política, los
jueces son autónomos e independientes en sus decisiones y gozan de
discrecionalidad para valorar el derecho que sea aplicable al caso concreto, tal y
como en este caso se explicita.

56. Lo anterior impone confirmar la sentencia objeto de recurso que negó las
pretensiones de la demanda.

Condena en costas

57. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP51, la Sala condenará en costas en esta instancia
a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.

49
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
50
“Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la
jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”
51
“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código”.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

58. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las
costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en
derecho, las cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el
Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200352, en esta
instancia, se fijan las agencias en diez millones trescientos setenta y siete mil
setecientos setenta y ocho pesos ($10’377.778.00) a cargo de la parte demandante
y a favor, en partes iguales, de la Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la
Nación, que corresponden al 1% del valor de las pretensiones negadas en la
sentencia53.

59. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso54.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 11
de octubre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, diez millones trescientos setenta
y siete mil setecientos setenta y ocho pesos ($10’377.778.00) a favor, en partes
iguales, de la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación que
corresponden al 1% del valor de las pretensiones negadas en la sentencia.

52
“CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
“3.1.3. Segunda instancia.
“Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
53
El cual corresponde a la suma de $1.037’777.986.
54
A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

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Radicación: 25001-23-36-000-2015-22259-02 (60.582)
Actor: Jorge Alfredo Santaella Ayala y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y otra
Referencia: Medio de control reparación directa

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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