Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02296-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2015-02296-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02296-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02296-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – El término de caducidad se
contabiliza a partir del día siguiente de aquél en que se efectúe el pago o desde el
vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el Código Contencioso
Administrativo, lo que ocurra primero / CONDENA PATRIMONIAL AL ESTADO-
Procedencia de la acción de repetición. No toda condena constituye una afectación
patrimonial que genere el deber de iniciar una acción de repetición.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de repetición.
Según la demanda, el departamento de Cundinamarca fue condenado en un
proceso ordinario laboral por los perjuicios ocasionados a la señora Luisa
Hernández Ferro por haber declarado la insubsistencia de su nombramiento como
funcionaria de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, hecho atribuible a la
conducta gravemente culposa del demandado. Por esta razón, la entidad territorial
condenada inició un proceso de repetición en contra de Hernán Garzón Rodríguez,
con el fin de que reembolse la suma pagada por la demandante.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida el 29 de marzo de
2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró
probada la excepción de caducidad.
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 26 de junio de 20151,
mediante apoderado judicial, por el Departamento de Cundinamarca en contra del
señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez, cuyas pretensiones, hechos y
fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
3. Se solicitó que se declarara patrimonialmente responsable al señor Hernán
Humberto Garzón Rodríguez, por su actuación gravemente culposa, al expedir los
actos administrativos por los cuales fue retirada una funcionaria, hecho por el que
resultó condenado el departamento de Cundinamarca dentro de un proceso laboral.
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó que se le condenara a
reembolsar la suma de trescientos veintiocho millones ciento cincuenta mil
doscientos ochenta y seis pesos m/cte. ($328’150.286,00) que debió pagar la
demandante en cumplimiento de la referida condena2.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor
Hernán Humberto Garzón Rodríguez, en calidad de Presidente de la Asamblea de
Cundinamarca y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 617 de 2000 y su decreto
reglamentario -que ordenaron el ajuste presupuestal de las Asambleas
Departamentales a partir de la vigencia del año 2001-, expidió la Resolución 0826
de 29 de diciembre de 2000, mediante la cual se declararon insubsistentes unos
nombramientos, entre ellos, el de la funcionaria Luisa Fernanda Hernández Ferro,
quien estaba afiliada al Sindicato de Empleados de la Asamblea –SINDEASCUN-,
y de cuya afiliación tenía pleno conocimiento la Secretaría de la Presidencia de la
Asamblea, debido a que en días anteriores se había radicado un listado de afiliados
ante esa oficina.
5. Por este hecho, la señora Hernández Ferro promovió una demanda laboral, la
cual fue decidida mediante providencia del 12 de septiembre de 2003 por el Juzgado
Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en la que se condenó al reintegro de la
actora en las mismas condiciones de empleo que gozaba al momento de su
desvinculación y al pago de los salarios dejados de percibir. Dicho fallo fue
confirmado el 16 de diciembre de 2003 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá.
6. El 28 de junio de 2004, la entonces Presidenta de la Asamblea Departamental,
expidió la Resolución No. 0226 en la que dispuso que la Corporación no contaba
con planta de personal, de modo que no era posible reintegrar a la actora a un cargo
igual o de mejor categoría, razón por la cual, únicamente ordenó la liquidación y
pago de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos, en cumplimiento
1 Folios 1-12 c. 1.
2 Escrito de reforma de la demanda (folios 30-41 c. 1).
2
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
del referido fallo judicial. Así, se expidió la Resolución No. 2797 del 27 de julio de
2004 que ordenó pagar la suma de noventa y tres millones cuatrocientos setenta y
cinco mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cte. ($93’475.859,00) a la
demandante.
7. La señora Hernández Ferro inició proceso ejecutivo laboral por incumplimiento
de la obligación de reintegro, en el marco del cual, el 15 de octubre de 2004 el
Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá ordenó librar mandamiento de pago
por los conceptos de costas, perjuicios materiales compensatorios en caso de no
darse el reintegro con los respectivos intereses, y perjuicios morales
compensatorios3.
8. Según la demanda, el 19 de diciembre de 2009 el Juzgado profirió sentencia en
la que ordenó seguir adelante con la ejecución y nombró a un perito para que
cuantificara los perjuicios compensatorios materiales y morales, los cuales fueron
establecidos mediante auto del 18 de diciembre de 2012. Este último auto fue objeto
de apelación, el cual fue desatado el 28 de junio de 2013 por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó la suma correspondiente a los perjuicios
morales y costas y agencias en derecho y finalmente condenó al pago de doscientos
cuarenta y un millones ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte. ($241’150.500).
9. El 19 de mayo de 2014 la Secretaría Jurídica del Departamento expidió la
Resolución No. 029 por medio de la cual ordenó el pago de la sentencia del proceso
ejecutivo y las costas judiciales por la suma de doscientos cuarenta y un millones
ciento cincuenta mil quinientos pesos m/cte. ($241’150.500), el cual fue realizado el
5 de junio del mismo año. El 1 de julio de 2014 el Juzgado declaró terminado el
proceso por pago total de la obligación.
Fundamentos de derecho
10. La parte actora sostuvo que el comportamiento del señor Hernán Humberto
Garzón Rodríguez fue gravemente culposo, en tanto su descuido y negligencia al
no haber esperado el permiso del juez laboral para desvincular a la funcionaria
aforada, fueron la causa de la condena en contra del Departamento. En este
sentido, señaló que, el entonces Presidente de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca desconoció las disposiciones constitucionales y del Código
Sustantivo del Trabajo sobre la garantía del fuero sindical, además de lo dispuesto
en la Ordenanza 02 del 27 de febrero de 2001, la cual, si bien suprimió la planta de
empleos de la Asamblea Departamental, disponía la excepción del término previsto
para expedir los actos administrativos correspondientes a la supresión, retiro o
desvinculación de los empleados, en los casos de quienes estaban amparados por
fuero sindical, hasta la fecha en que se obtuviera la correspondiente autorización
legal.
3 En la demanda se señaló que el 30 de abril de 2010 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó
el auto de mandamiento de pago.
3
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
La defensa
11. El señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez contestó la demanda por
medio de apoderado judicial y se opuso a su prosperidad. Para ese efecto,
argumentó que obró de manera diligente en su calidad de Presidente de la
Asamblea Departamental, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000,
por la cual se dictaron normas tendientes a la racionalización del gasto público
nacional, y que, con el fin de definir la manera de aplicar dichas disposiciones,
promovió reuniones de la Mesa Directiva de la Asamblea, consultó con otras
autoridades y celebró un contrato de asesoría laboral con un abogado para que le
prestara asesoría jurídica a la Corporación en lo referente a la desvinculación de los
empleados con ocasión de la mentada ley4.
Los alegatos de conclusión de primera instancia
12. El departamento de Cundinamarca reiteró los argumentos planteados en la
demanda e insistió en el actuar negligente del demandado, quien obró de manera
ligera al omitir la calidad de fundadora del sindicato de la señora Hernández Ferro
y expedir el acto administrativo que declaró insubsistente su nombramiento, razón
por la cual adujo que el demandado actuó en violación manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho5.
13. El señor Garzón Rodríguez sostuvo que obró de manera diligente teniendo
en cuenta sus posibilidades y atendiendo a que no es profesional en Derecho,
motivo por el cual adelantó todas las actuaciones tendientes a cumplir con lo
dispuesto en la Ley 617 de 2000 y finalmente celebró un contrato de asesoría laboral
con un abogado para que le prestara asesoría jurídica a la corporación y, fue en
virtud de sus recomendaciones, que se expidió el acto administrativo en cuestión 6.
14. En concepto del Ministerio Público, se acreditó la conducta gravemente
culposa del demandado, debido a que tenía conocimiento de la condición de aforada
de la señora Hernández Ferro, pese a lo cual, adoptó la decisión en contravía de
las disposiciones legales. Agregó que no era suficiente alegar la falta de
conocimientos jurídicos, sino que debió haber obrado con la diligencia esperada de
su cargo7.
La sentencia de primera instancia
15. En el fallo proferido en audiencia inicial, el Tribunal declaró de oficio la
excepción de caducidad de la acción de repetición y dio por terminado el proceso.
Para tal efecto, señaló que la sentencia del proceso de fuero sindical que ordenó el
4 Folios 76-82 c. 1.
5 Audiencia inicial realizada el 29 de marzo de 2017.
6 Audiencia inicial realizada el 29 de marzo de 2017.
7 Audiencia inicial realizada el 29 de marzo de 2017.
4
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
reintegro de la señora Luisa Hernández y el pago de los salarios dejados de percibir
fue expedida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá el 12 de
septiembre de 2003 y confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá - Sala Laboral, el 16 de diciembre de ese mismo año.
16. Sostuvo que, si bien no obraba prueba de la ejecutoria del fallo de segunda
instancia, el edicto para la notificación fue fijado el 14 de enero de 2004, por lo que
se deducía que quedó ejecutoriado el 22 de enero de 2004 y, como el pago de la
condena ordinaria se hizo el 2 de noviembre de 2004 –dentro del término de los 18
meses previsto en el C.C.A.-, con la cancelación de la suma correspondiente a los
salarios y prestaciones sociales, concluyó que desde esa fecha debía contabilizarse
el término de caducidad, el cual corrió hasta el 3 de noviembre de 2006.
17. Agregó que la fecha para contabilizar la caducidad no podía ser la del pago
efectuado el 5 de junio de 2014 en cumplimiento del proceso ejecutivo iniciado por
la señora Hernández tras el incumplimiento por parte del Departamento de la orden
de reintegrarla, dado que se trataba de un asunto atribuible a la hoy demandante y
no a la conducta del demandado, quien con su obrar sólo habría dado lugar a la
condena en el proceso ordinario, pagada efectivamente el 2 de noviembre de 20048.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
18. El departamento de Cundinamarca sostuvo que el a quo desconoció el nexo
causal directo existente entre la conducta del demandado y los dos fallos laborales
y el ejecutivo proferidos con posterioridad. Señaló que, si el señor Garzón hubiera
respetado el fuero sindical de la funcionaria Hernández Ferro y, en consecuencia,
no hubiera proferido el acto administrativo que declaró insubsistente su
nombramiento, no se hubiera condenado al ente territorial, primero dentro del
proceso laboral y, posteriormente, dentro del proceso ejecutivo.
19. Agregó que el proceso ejecutivo laboral no era un proceso nuevo ni diferente
al ordinario, sino que se derivaba del mismo actuar gravemente culposo del señor
Hernán Humberto Garzón como Presidente de la Asamblea de Cundinamarca, al
omitir sus funciones; de manera que no es posible analizar de forma independiente
el proceso declarativo del ejecutivo, pues del segundo se derivó el último pago con
el que se dio cumplimiento a la sentencia ordinaria9, a partir del cual debe
contabilizarse el término de caducidad.
Los alegatos de conclusión de segunda instancia
8 Folios 156-159 c. del Consejo de Estado.
9 Folios 160-163 c. del Consejo de Estado.
5
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
20. El señor Hernán Humberto Garzón Rodríguez adujo que la acción de
repetición se encuentra caducada y, además, no se dieron las condiciones
dispuestas en la ley para condenarlo10.
21. El departamento de Cundinamarca insistió en la inoperancia de la caducidad
y argumentó que la Ley 678 de 2001 no particularizó en circunstancias procesales
para darle interpretación al término de caducidad y lo dejó circunscrito a la fecha del
último pago, independientemente si este se logra por vía judicial o extrajudicial11.
22. El Ministerio Público guardó silencio12.
III. CONSIDERACIONES
23. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
El objeto del recurso de apelación
24. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si la acción de
repetición fue presentada oportunamente, teniendo en cuenta la fecha en la que se
hizo el pago efectivo de las condenas. No obstante, previo a realizar dicho análisis,
la Sala estima necesario estudiar la procedencia de la acción de repetición en lo
que respecta a la “obligación de hacer” ordenada en la sentencia del proceso laboral
consistente en reintegrar a la funcionaria Hernández Ferro al cargo, por cuyo
incumplimiento fue condenado el departamento en proceso ejecutivo. Así pues, una
vez verificados estos asuntos, se procederá a indagar sobre los elementos que
sustentan la acción de repetición en el caso concreto.
Análisis probatorio
25. Con base en los elementos de convicción allegados en legal forma al
proceso, se tienen por acreditados los siguientes hechos relevantes:
26. El 12 de septiembre de 2003 el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de
Bogotá dictó sentencia en el proceso de la acción de reintegro adelantada por la
señora Luisa Fernanda Hernández Fierro, en la que resolvió “ordenar al
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (…) a reintegrar a la señora LUISA
FERNANDA HERNÁNDEZ FERRO (…) al mismo cargo que desempeñaba al
momento de la desvinculación o a uno de igual categoría y al pago de los salarios
dejados de percibir, a razón de $1’000.000,oo mensuales con los aumentos legales
10 Folios 176-179 c. del Consejo de Estado.
11 Folios 180-181 c. del Consejo de Estado.
12 Folio 182 c. del Consejo de Estado.
6
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
o convencionales causados hasta el momento del reintegro, a efecto de lo cual se
declara sin solución de continuidad el contrato de trabajo entre las partes”13.
27. Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá en fallo del 16 de diciembre de 200314.
28. Según consta en el reverso del folio 23 del cuaderno 2, para la notificación
de la anterior decisión se fijó edicto el 14 de enero de 200415.
29. El 28 de junio de 2004 la Asamblea Departamental de Cundinamarca expidió
la Resolución No. 0226 “Por la cual se decide el cumplimiento de un fallo de
reintegro proferido por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito confirmado por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral” firmada por la
Presidenta de dicha corporación, Yisell Amparo Hernández Sandoval, en la que
resolvió no reintegrar a la señora Luisa Fernanda Hernández Ferro y ordenó la
liquidación y pago de salarios, prestaciones y demás emolumentos, de conformidad
con lo establecido en las decisiones previamente citadas, desde la fecha de
supresión del cargo y hasta la fecha en que se comunicara el presente acto
administrativo.
30. Como fundamento de dicha decisión, la Asamblea sostuvo que la Ordenanza
02 del 27 de febrero de 2001 suprimió la planta de empleos de la Asamblea
Departamental en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 617 del 2000 de ajuste
presupuestal, de manera que dicha corporación no contaba con la planta de
personal que permitiera reintegrar a la señora Hernández en el cargo que
desempeñaba al momento de su retiro. Argumentó que la expedición del acto de
acatamiento o no de la orden de reintegro emitida por funcionarios judiciales era
competencia de la Asamblea Departamental y que, ante la imposibilidad de
reintegro, el derecho del demandante encuentra satisfacción en el reconocimiento
de los salarios dejados de percibir desde el momento de la supresión del cargo
hasta la notificación del acto administrativo que determine las causas que
imposibilitan el reintegro ordenado16.
31. El 27 de julio de 2004 la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Cundinamarca expidió la Resolución No. 002797 “Por la cual se reconoce y ordena
el pago de una sentencia judicial a favor de LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ
FERRO” en la que se indicó que la Dirección de Procesos Judiciales y
Administrativos de la Secretaría Jurídica del Departamento efectuó la liquidación de
salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir por la señora
Hernández desde el 1 de enero de 2001 hasta el 29 de junio de 2004 –fecha en que
se comunicó la Resolución No. 0226-, cuyo valor total ascendió a la suma de
13 Folios 7-12 c. 2.
14 Folios 16-23 c. 2.
15 Folio 23 c. 2 (reverso).
16 Folios 24-27 c. 2.
7
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
noventa y tres millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y
nueve pesos m/cte. ($93’475.859,oo), de los cuales resolvió reconocer y ordenar
pagar a la señora Hernández Ferro la suma de setenta y siete millones trescientos
sesenta y cuatro mil ochocientos cinco pesos m/cte. ($77’364.805,oo) por concepto
de salarios, prestaciones y demás emolumentos, y autorizó que la suma restante
fuera pagada como correspondía a favor de COOMEVA y COLFONDOS.
32. El 29 de septiembre de 2004 la Dirección del Departamento Administrativo
del Talento Humano del Departamento de Cundinamarca expidió la Resolución No.
000577 “Por la cual se reconoce Cesantía a Luisa Fernanda Hernández Ferro” en
la que se resolvió reconocer a favor de la funcionaria la suma de nueve millones
seiscientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y un pesos m/cte.
($9’634.981,oo) por concepto de cesantía definitiva en virtud de los servicios
prestados al Departamento en la Asamblea de Cundinamarca, durante el tiempo
comprendido entre el 3 de enero de 1995 y el 29 de junio de 200417.
33. En lo que respecta a los valores previamente referidos, se allegó al
expediente certificación expedida por la Directora de Tesorería de la Secretaría de
Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca que da cuenta de que se efectuaron
los siguientes pagos a favor de la señora Luisa Hernández Ferro: (i) el 11 de agosto
de 2004 un pago por el valor de $77’364.805 y (ii) el 2 de noviembre de 2004 un
pago por el valor de $9’634.98118.
34. Ante el incumplimiento de la orden de reintegro, la señora Hernández Ferro
demandó al departamento de Cundinamarca para que a través de proceso ejecutivo
laboral se librara mandamiento de pago a su favor. Como pretensión principal
solicitó que se obligara a la demandada a reintegrarla al cargo que ocupaba en el
momento del despido o a otro de igual categoría y salario en el último lugar donde
prestó sus servicios, y subsidiariamente, pidió que, de no cumplirse la obligación de
hacer, se librara mandamiento de pago por concepto de perjuicios compensatorios
materiales y morales19.
35. El 15 de octubre de 2004 el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá
libró mandamiento ejecutivo a favor de la señora Luisa Hernández para que el
departamento de Cundinamarca procediera al reintegro de la demandante al cargo
que ocupaba en el momento del despido o a otro de igual categoría, así como
ordenó el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta
la fecha en que se hiciera efectivo el reintegro; en subsidio libró mandamiento de
pago por la suma de doscientos siete millones novecientos veintiocho mil ciento
veinticuatro pesos ($207’928.124,oo)20.
17 Folios 42-43 c. 2.
18 Folio 44 c. 2.
19 Folios 45, 48 y 49 c. 2.
20 Folios 45-46 c. 2.
8
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
36. El proceso ejecutivo siguió su curso y, finalmente, el 28 de junio de 2013, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, resolvió la apelación
presentada por la parte ejecutada contra el auto del 18 de diciembre de 2012 en el
que Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá tasó los perjuicios
compensatorios. En la decisión, sostuvo que en el sub lite fue verificado el
incumplimiento de la demandada de la obligación de hacer, es decir la obligación
de reintegrarla a su cargo, pues se había suprimido la planta de empleos de la
Asamblea Departamental, por lo que procedía el pago de los perjuicios
compensatorios materiales y morales conforme a los términos del mandamiento
ejecutivo; los cuales estableció en doscientos veintitrés millones cuatrocientos
veintiséis mil doscientos sesenta pesos m/cte. ($223.426.260) por concepto de
perjuicios materiales y dieciséis millones setecientos veinticuatro mil doscientos
cuarenta pesos m/cte. ($16’724.240) por concepto de perjuicios morales 21.
Mediante auto del 4 de diciembre de 2013 el Juzgado aprobó la liquidación del
crédito por valor de doscientos cuarenta millones ciento cincuenta mil quinientos
pesos ($240’150.500) e incluyó, para efectos de agencias en derecho, la suma de
$1’000.00022.
37. El 19 de mayo de 2014 el Secretario Jurídico del Departamento de
Cundinamarca expidió la Resolución No. 0029 “Por la cual se ordena un pago a
favor de la señora LUISA FERNANDA HERNÁNDEZ FERRO en cumplimiento de
una sentencia” en la que se reconoció y se ordenó pagar a la señora Hernández la
suma de doscientos cuarenta y un millones ciento cincuenta mil quinientos pesos
($241’150.500) por concepto de perjuicios materiales, perjuicios morales y costas
del proceso ejecutivo, de conformidad con lo decidido por el Tribunal en providencia
del 28 de junio de 201323.
38. Finalmente, se observa la certificación expedida el 12 de junio de 2014 por
la Directora de Tesorería de la Secretaría de Hacienda en la que se hizo constar
que el 5 de junio de 2014 se efectuó el pago a la señora Hernández Ferro, por la
suma de doscientos cuarenta y un millones ciento cincuenta mil quinientos pesos
($241’150.500)24.
Procedencia de la acción de repetición respecto de obligaciones de hacer
39. Como es sabido, la responsabilidad patrimonial de los servidores del Estado
bajo la Constitución Política y la Ley 678 de 2001, no es de carácter sancionatoria,
sino reparatoria, en tanto que la acción de repetición tiene como finalidad principal
la recuperación del patrimonio público, razón por la cual se ejerce con el propósito
de reintegrar al Estado el valor correspondiente a la condena efectivamente pagada
como consecuencia del daño antijurídico causado. En ese orden de ideas, puede
21 Folios 55-66 c. 2.
22 Folio 68 c. 2.
23 Folios 74-77 c. 2.
24 Folio 78 c. 2.
9
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
afirmarse que la acción de repetición tiene como características, cumplir con una
función resarcitoria25, una función preventiva26 y una función retributiva27.
40. Así, la acción de repetición gravita única y exclusivamente sobre una
condena que implique una afectación patrimonial del Estado, es por ello que el daño
atribuible al agente contra quien se repite no compromete el pago de obligaciones
o valores que son ajenos al comportamiento del mismo, pues en tal hipótesis se
estaría adelantando un cobro sin fundamento e implicaría un deliberado e
inadmisible enriquecimiento sin causa.
41. En este punto, la Sala llama la atención sobre el análisis que los operadores
administrativos deben efectuar para que la acción de repetición no se transforme en
una herramienta opresora y abusiva, propiciadora de un enriquecimiento injusto en
favor del Estado.
42. En el sub examine, de la relación probatoria que antecede, se observa que
en la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá el
12 de septiembre de 2003 en el marco de la acción de reintegro, se condenó al
departamento de Cundinamarca al pago de los salarios dejados de percibir por la
señora Luisa Hernández Ferro y, además, se le impuso una obligación de hacer
consistente en su reintegro al mismo cargo que desempeñaba al momento de la
desvinculación o a uno de igual categoría. Dicha decisión fue confirmada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de diciembre del 2003.
43. Sobre la condena al pago de los salarios dejados de percibir por la señora
Hernández, la Sala observa que la misma constituye una condena patrimonial que
implicó una afectación patrimonial al Estado al tenor de lo contemplado en el artículo
2 de la Ley 678 de 2001, de manera que puede ser susceptible de la presente
pretensión reversiva y, en ese sentido, se procederá posteriormente a realizar el
correspondiente análisis de caducidad objeto del recurso de apelación, con base en
la fecha en la que se realizó el pago de dicha condena.
44. De otra parte, en cuanto a la obligación de hacer, correspondiente al reintegro
de la señora Hernández Ferro al cargo que desempeñaba al momento de la
desvinculación o a uno de igual categoría, en criterio de la Sala, la obligación
compensatoria de pago no es susceptible de ser reclamada al demandado mediante
acción de repetición.
45. Ciertamente, el tenor literal del artículo 90 superior y el carácter resarcitorio
del medio de control de repetición apunta a que el servidor público deba ser llamado
a responder por la cuantía equivalente a la de la condena impuesta al Estado. Se
25 Cfr. Artículo 2° de la Ley 678 de 2001.
26 Cfr. Artículo 3° de la Ley 678 de 2001.
27 Cfr. Sentencias C-309 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-484 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) y
C-338 de 2006 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández)”.
10
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
trata de restituir el patrimonio del Estado ante su afectación por la vía de una
condena económica que colocó en su cabeza una obligación de pago, cuyo fin es
el de restablecer el derecho o resarcir el perjuicio. No se trata entonces de recuperar
un objeto distinto, como sería, por ejemplo, el representado en las acciones
encaminadas a cumplir una obligación de hacer, pues en tal hipótesis no se está en
presencia de una condena judicial que implique de manera directa una afectación
patrimonial al Estado.
46. Así, la condena impuesta en el proceso ejecutivo adelantado por la señora
Hernández Ferro ante el incumplimiento de la obligación de hacer, consistente en
reintegrarla al cargo que venía desempeñando cuando fue declarada insubsistente,
no tuvo origen en una acción u omisión del ahora demandado, sino en la omisión
del departamento de Cundinamarca de cumplir la obligación antes referida.
47. En el mentado proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
sostuvo que se verificó el incumplimiento por la demandada de su obligación de
hacer impuesta en el mandamiento de pago, dada la imposibilidad de hacerlo por la
supresión del cargo de la planta de personal, por lo que procedía el pago de los
perjuicios compensatorios materiales y morales conforme a los términos del
mandamiento ejecutivo.
48. En la base de esta determinación, el juez consideró que la supresión del
cargo abría paso a la condena por perjuicios compensatorios, considerando que
ante la imposibilidad física y jurídica para dar cumplimiento a la orden original de
reintegro, el cumplimiento debería tener lugar a través de un subrogado de tipo
pecuniario, como forma de indemnizar los perjuicios causados a la persona
afectada28.
49. Así, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en aplicación de lo
dispuesto en el segundo inciso del artículo 495 y en el artículo 504 del Código de
Procedimiento Civil, procedió a la orden de pago de los perjuicios compensatorios.
50. En este sentido, las sumas que debió pagar el departamento a causa del
proceso ejecutivo correspondieron a perjuicios compensatorios materiales y
morales y agencias en derecho, por la decisión posterior del ente administrativo de
no reintegrar a la señora Hernández Ferro, conducta que, no está relacionada ni
puede imputarse a la realizada por el señor Garzón Rodríguez al expedir el acto
administrativo mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la
funcionaria Luisa Fernanda Hernández Ferro. Desde este punto de vista, no está
presente la conexidad alegada por la entidad pública recurrente, pues no obra un
nexo causal entre la conducta que dio origen a la providencia que declaró la nulidad
del acto administrativo mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento
de la funcionaria Hernández Ferro y la sentencia que en contra del departamento
28 Corte Constitucional. Sentencia T-216 del 17 de abril de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
11
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
de Cundinamarca se profirió años después, condenándola al pago de perjuicios
compensatorios por incumplir la orden de reintegrar a la citada funcionaria.
51. Con estas precisiones, la Sala declarará improcedente la presente acción
reversiva en lo que respecta a los hechos relacionados con el proceso ejecutivo
laboral y el pago realizado por concepto de perjuicios morales, materiales y
agencias en derecho en dicho proceso. Así las cosas, se procederá a continuación,
al estudio de la caducidad, únicamente, respecto del pago de la condena impuesta
al departamento, relativa al pago de los salarios dejados de devengar por la señora
Hernández Ferro.
La contabilización de la caducidad respecto del pago de los salarios dejados
de devengar por la señora Hernández Ferro
52. En relación con el término de caducidad para demandar en repetición, el
Código Contencioso Administrativo, norma vigente para la época en que
acontecieron los hechos que precedieron a la demanda –año 2000-, dispone en el
numeral noveno del artículo 136 que “La de repetición caducará al vencimiento del
plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago total
efectuado por la entidad”.
53. Dicha disposición fue estudiada por la Corte Constitucional en sentencia C-
832 de 2001 en la que la declaró exequible de forma condicionada, en el entendido
que el término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de
la fecha en que efectivamente se realice el pago total o, a más tardar, desde el
vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del
Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la
ejecutoria de la providencia que ordena el pago29.
54. En el sub examine, como se vio, el 12 de septiembre de 2003 el Juzgado
Décimo Laboral del Circuito de Bogotá expidió sentencia que fue confirmada por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 16 de diciembre del 2003.
55. Ahora, si bien no obra en el expediente la constancia de ejecutoria del
proveído del Tribunal, se allegó un informe secretarial del Juzgado Décimo Laboral
del Circuito del 12 de febrero de 2004, en el que se da cuenta de que la providencia
quedó ejecutoriada antes de esa fecha. Como consta que se fijó edicto el 14 de
enero 200430, la providencia del Tribunal debió cobrar ejecutoria el 22 de enero de
200431.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
30 Folio 23 c. 2 (reverso).
31 El edicto debió permanecer fijado por tres días (artículo 323 del C.P.C.), de manera que la decisión cobró
ejecutoria el 22 de enero de 2004, tres días después de su notificación (artículo 331 del C.P.C.).
12
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
56. Así, los 18 meses para su cumplimiento, según refiere el artículo 177 del
C.C.A., se contabilizarán desde la ejecutoria en mención; de manera que el plazo
de los 18 meses se cumplió el 23 de julio de 2005.
57. Por su parte, la entidad demandante, allegó al expediente certificación
expedida por la Directora de Tesorería de la Secretaría de Hacienda de la
Gobernación de Cundinamarca en la que consta que se efectuaron dos pagos para
dar cumplimiento a la condena impuesta en el proceso seguido por la acción de
reintegro, el segundo -correspondiente al pago de las cesantías reconocidas a la
señora Hernández- se efectuó el 2 de noviembre de 2004 por el valor de
$9’634.981.
58. Dado que el hecho que ocurrió primero en el tiempo fue el pago, cuyo último
desembolso se hizo el 2 de noviembre de 2004, será este el que determinará el
momento a partir del cual se deben contabilizar los dos años del término de
caducidad. Así las cosas, el plazo debe contarse desde el día siguiente al pago, es
decir, a partir del 3 de noviembre de 2004, de manera que, el mismo se extendió
hasta el 3 de noviembre de 2006.
59. En el sub examine, como la demanda se presentó el 26 de junio de 2015 32,
se impone concluir que la acción de repetición se presentó cuando el término
establecido en la ley se encontraba ampliamente vencido.
60. Por todas las razones expuestas, se confirmará la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto declaró de oficio la excepción
de caducidad de la acción impetrada y se declarará la improcedencia del medio de
control de repetición en lo que respecta a la condena en el proceso ejecutivo por el
incumplimiento de la mentada obligación de hacer.
Costas
61. El artículo 188 del C.P.A.C.A. establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil” (negrilla por fuera del texto).
62. De la lectura de la norma, se desprende que la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, excepto en los procesos en que se ventilan intereses públicos.
63. Claramente, el proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de
repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este
se busca la protección del patrimonio público. Sobre este particular, la Corte
32 Reverso folio 12 c. 1.
13
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02296-01 (59.385)
Actor: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Hernán Humberto Garzón Rodríguez
Referencia: Medio de control de repetición
Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de interés
público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger
integralmente para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social
de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la Constitución Política”33.
64. Así, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. y en razón a
que en el proceso de la referencia se persigue un interés público, en este caso no
hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, es decir, a la parte actora.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida en audiencia
inicial el 29 de marzo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia del medio de control de repetición
respecto de la obligación de hacer, por las razones expuestas en esta sentencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
33 Corte Constitucional. Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.