Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02376-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02376-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02376-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
27 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano
Referencia: Controversias contractuales – CPACA
TEMAS: INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – se configura cuando una de las partes incurre en la
inejecución total, parcial, tardía o defectuosa de las obligaciones asumidas en un contrato, contrariando
el contenido obligacional convenido. Habilita a la parte cumplida para exigir la correspondiente
indemnización de los perjuicios causados, siempre que se acrediten los elementos que estructuran la
responsabilidad contractual. BONIFICACIÓN DE ÉXITO PACTADA EN LOS CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - modalidad de remuneración variable pactada en
contratos de prestación de servicios, usualmente como complemento de una suma fija, cuyo pago
depende de la obtención de resultados favorables para el contratante. En el ámbito de la representación
judicial, suele consistir en un porcentaje calculado sobre el beneficio económico alcanzado. PRUEBA
ANTICIPADA – elemento de convicción recaudado antes de la oportunidad procesal ordinaria con
finalidad conservatoria. Cuando se practica con citación y comparecencia de la contraparte no requiere
ratificación posterior, por entenderse garantizado el principio de contradicción. DECLARACIÓN DE
EXREPRESENTANTE LEGAL DE ENTIDAD PÚBLICA – manifestación que, aunque no puede generar
efectos de confesión en virtud de la prohibición prevista en el artículo 217 del CPACA, al ser rendida
cuando ya no ostenta la calidad de representante legal debe apreciarse como testimonio y valorarse
conforme a las reglas de la sana crítica. PRINCIPIOS Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS
CONTRATOS - conjunto de criterios jurídicos previstos en el Código Civil para determinar el sentido y
alcance de las cláusulas contractuales cuando existe duda, ambigüedad o controversia. INTERESES
MORATORIOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES - prestación accesoria que surge cuando la
entidad pública incurre en mora en el pago de obligaciones contractuales, destinada a compensar el
retardo en el cumplimiento. Su cálculo se rige por lo pactado o, en su defecto, por las normas legales
que gobiernan el negocio jurídico celebrado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la
sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La controversia suscitada en el sub examine se circunscribe a determinar si el Instituto
de Desarrollo Urbano —en lo sucesivo, IDU— incumplió el contrato de prestación de
servicios de representación judicial 475 de 2002, celebrado con el abogado Felipe De
Vivero Arciniegas, al pagar de manera incompleta la bonificación de éxito pactada,
tras la terminación por vía conciliatoria de los procesos judiciales derivados de la
ejecución del contrato de obra pública 462 de 1997, suscrito entre dicha entidad e
Ingenieros Civiles Asociados S.A. —en adelante, ICA S.A.—.
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
El demandante afirma que el IDU realizó una interpretación errónea de los parágrafos
segundo y tercero de la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de
representación judicial, relativos a la forma de liquidar la bonificación de éxito, al
reconocer únicamente uno de los dos porcentajes previstos, esto es, el 2% asociado
a las sumas obtenidas a su favor en el acuerdo conciliatorio, y no efectuar el pago del
1% correspondiente a la diferencia entre las pretensiones formuladas por ICA S.A. en
los distintos procesos y los valores finalmente definidos por la jurisdicción.
En la sentencia de primera instancia el Tribunal concluyó que el IDU no reconoció de
manera integral la bonificación de éxito pactada, al considerar que los porcentajes del
1% y del 2% respondían a supuestos autónomos y concurrentes, y que la terminación
del litigio mediante conciliación no impedía su causación. En consecuencia, declaró el
incumplimiento de la obligación consistente en el pago del 1% sobre la diferencia entre
las súplicas formuladas por ICA S.A. y los valores finalmente definidos; tuvo por
satisfecho el 2% ya cancelado sobre el valor conciliado, y liquidó judicialmente el
contrato, fijando un saldo actualizado a favor del contratista de $696’603.674.
Ambas partes apelaron la decisión: (i) el IDU solicitó su revocatoria, señalando que la
interpretación adoptada desbordó el alcance del contrato; en su criterio, si los litigios
culminaban por conciliación, la bonificación de éxito debía liquidarse exclusivamente
sobre el 2% del valor acordado, porcentaje que fue reconocido y pagado en debida
forma; (ii) la parte actora pidió su modificación, al estimar que, aunque fue acertada la
declaratoria de incumplimiento, el monto reconocido fue inferior al que debía
liquidarse, pues el 1% no fue calculado por el a quo de manera individual respecto de
cada proceso, y el 2%, cuyo pago se tuvo por satisfecho, se determinó sobre una base
inferior a la pactada y no incluyó el IVA ni los intereses moratorios pactados.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. El 16 de octubre de 20151, el abogado Felipe De Vivero Arciniegas, actuando en
nombre propio, presentó demanda en contra del IDU, en ejercicio del medio de control
de controversias contractuales, con las pretensiones que se transcriben a
continuación, incluso con posibles errores:
«PRIMERA. Que se declare que el IDU incumplió el contrato 475 de 2002, al no
pagar las comisiones de éxito en la forma que fueron estipuladas en la cláusula
cuarta [del contrato 475 de 2002].
PRIMERA SUBSIDIARIA A LA PRIMERA PRINCIPAL. Que se liquide el contrato
475 de 2002 en los términos previstos tanto en el acuerdo de voluntades, como en
la Ley 80 de 1993.
SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se declare que el
IDU tiene la obligación de pagar a favor del suscrito la bonificación de éxito
establecida en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato 475 suscrito
el 27 de diciembre de 2002 entre el IDU y Felipe De Vivero Arciniegas, consistente
1 Folios 1 a 37 del cuaderno 1 y CD 1.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
en el pago del 1% de la diferencia entre las sumas pretendidas por la firma ICA S.A.
y aquellas efectivamente reconocidas en la conciliación que finalizó los procesos
objeto de representación judicial.
TERCERA. Que como consecuencia de la anterior pretensión y luego de
descontarse el valor recibido como pago parcial, se ordene al IDU pagar a mi favor
la suma de $917’637.060,14 actualizada al mes de agosto de 2015 más IVA o la
suma que resulte probada en el proceso.
CUARTA. Que se declare que el IDU tiene la obligación de pagar a favor del suscrito
la bonificación de éxito establecida en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta
del contrato 475 suscrito el 27 de diciembre de 2002, entre el IDU y Felipe De Vivero
Arciniegas, consistente en el pago del 2% de la suma reconocida por la firma ICA
S.A., a favor del IDU en la conciliación de los procesos objeto de representación
judicial.
QUINTA. Que como consecuencia de la anterior pretensión, se ordene al IDU pagar
como bonificación de éxito a mi favor, la suma de $496’624.359,40 actualizada al
mes de agosto de 2015 más IVA o la suma que resulte probada en el proceso.
SÉXTA. Que las sumas anteriormente mencionadas sean actualizadas a la fecha
en que efectivamente se realice el pago.
SÉPTIMA. Que sobre las sumas señaladas en los ordinales tercero y quinto se
liquiden intereses moratorios a la tasa equivalente al doble del interés legal
liquidados a partir del 21 de noviembre de 2014, de conformidad con la cláusula
quinta del Contrato 475 suscrito el 27 de diciembre de 2002 entre el IDU y Felipe De
Vivero Arciniegas».
1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:
1.2.1. El 27 de diciembre de 2002, el IDU y Felipe De Vivero Arciniegas celebraron el
contrato de prestación de servicios profesionales 475 de 2002, cuyo objeto consistió
en «prestar asesoría jurídica externa encaminada a representar judicialmente al
Instituto en los procesos que se adelantan en el Tribunal Contencioso Administrativo
de Cundinamarca con los números de radicado 2002-1985 y 2002-2337, y todos
aquellos que inicie la firma ICA S.A. con ocasión del contrato 462 de 1997 […]».
En dicho negocio se estableció como remuneración una suma fija de $464’000.000,
pagadera de manera escalonada conforme al avance procesal de cada uno de los
asuntos encomendados2, además de una bonificación de éxito, consistente en el
«pago del 1% de la diferencia entre la suma pretendida por ICA S.A. y la que
finalmente determine el Tribunal; en el caso de obtenerse unas sumas a favor del IDU
[…], se causará un pago equivalente al 2% de la suma a la que resulte condenada
dicha firma». Asimismo, se pactó que «en el evento de lograrse acuerdo conciliatorio
en cualquier etapa, solo se pagarán los valores ocasionados hasta ese momento; en
todo caso, sobre el valor conciliado se causará la bonificación de éxito antes
señalada».
2 La suma fija se pactó de la siguiente manera: un anticipo de $116’000.000 una vez perfeccionado
y legalizado el contrato, y siete pagos sucesivos de $58’000.000 cada uno, condicionados a hitos
procesales específicos, tales como la contestación de las demandas, el decreto de pruebas y la
expedición de las sentencias de primera y segunda instancia, con la precisión de que, en caso de
acumulación, los pagos se efectuarían según la etapa correspondiente del proceso acumulado.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
1.2.2. En atención al objeto contractual, el abogado De Vivero Arciniegas asumió la
defensa judicial del IDU en los procesos con los radicados 2002-1985, 2002-2337 y
2003-0655 —acumulados posteriormente—, respondiendo oportunamente a las
demandas de ICA S.A., presentando las excepciones de mérito correspondientes y
defendiendo los intereses de la entidad; adicionalmente, en uno de los procesos
promovió demanda de reconvención, solicitando el reconocimiento de diversas sumas
a favor del IDU, derivadas de presuntos incumplimientos contractuales por parte de
ICA S.A.
1.2.3. En el marco del contrato, el IDU pagó a favor de Felipe De Vivero, por concepto
de honorarios fijos, la suma de $290’000.000, discriminada así: (i) $116’000.000 como
pago inicial al perfeccionamiento y legalización del contrato; (ii) $58’000.000 por la
contestación de las demandas; (iii) $58’000.000 con ocasión de la expedición del auto
que decretó pruebas en uno de los procesos; y (iv) $58’000.000 por la expedición del
auto que decretó pruebas en otro de los procesos.
1.2.4. Las controversias judiciales concluyeron con la firma de un acuerdo conciliatorio,
que fue aprobado en su integridad por el Consejo de Estado, en el que se reconocieron
saldos a favor de ICA S.A. por la suma de $7.329’554.117,33 y a favor del IDU por
$14.582’565.813,31. Una vez practicado el cruce de cuentas y la correspondiente
actualización, se determinó un saldo final a cargo de ICA S.A. y en favor del IDU por
una suma de $11.846’032.685,62.
1.2.5. Tras el pago del saldo mencionado por parte de ICA S.A., el abogado De Vivero
Arciniegas solicitó al IDU el pago de la bonificación de éxito, así: el 2% sobre el monto
reconocido a favor del IDU en el acuerdo conciliatorio, y el 1% sobre la diferencia entre
las súplicas formuladas por ICA S.A. y la suma finalmente fijadas por la jurisdicción.
1.2.6. En respuesta a dicha solicitud y tras varias comunicaciones cruzadas, el IDU
reconoció, por concepto de bonificación de éxito, únicamente el 2% del monto recibido
con ocasión del acuerdo conciliatorio, debidamente actualizado, para un total de
$274’827.959, y desestimó el pago del 1% sobre la diferencia entre las pretensiones
formuladas por ICA S.A. y la suma finalmente determinada, alegando que este último
solo procedía cuando existiera una decisión judicial de fondo que resolviera la
controversia y fijara condenas, lo cual no se configuró dado que los procesos
culminaron por conciliación y no por sentencia judicial.
1.2.7. El 4 de diciembre de 2014, el abogado De Vivero Arciniegas aceptó la suma
ofrecida por el IDU como pago parcial de la bonificación de éxito pactada, pero dejó
constancia expresa de su desacuerdo con la liquidación realizada, argumentando que
el monto reconocido no correspondía a la totalidad de lo adeudado, razón por la cual
manifestó que recibía dicho valor «sin perjuicio de las acciones legales que se reserva
el derecho de ejercer respecto del saldo restante».
1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, el demandante sostuvo que, al
liquidar la bonificación de éxito, el IDU efectuó una interpretación errónea del parágrafo
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
segundo de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002, reconociendo únicamente el
2% sobre el valor efectivamente recibido por la entidad como resultado del acuerdo
conciliatorio —cuya base de liquidación también estimó incorrecta—, y omitiendo el
reconocimiento del 1% correspondiente a la diferencia entre las sumas pretendidas
por ICA S.A. en las distintas demandas y las finalmente determinadas por la
jurisdicción, bajo la justificación de que este último porcentaje solo procedía en el
evento en que los procesos terminaran con fallo judicial y no mediante conciliación,
interpretación que, en su criterio, no se ajustó al tenor contractual.
Argumentó que el hecho de que la prima de éxito hubiera sido pactada bajo dos
porcentajes distintos no implicaba que estos fueran excluyentes, en tanto cada uno
respondía a escenarios claramente diferenciados, susceptibles de concurrir. En
particular, indicó que el primer escenario se vinculaba a la labor de defensa
encaminada a reducir las pretensiones formuladas por ICA S.A. en contra del IDU, lo
que daba lugar al reconocimiento del 1% sobre la diferencia entre lo pretendido en
cada demanda y lo finalmente reconocido; mientras que el segundo escenario se
relacionaba con la obtención de un resultado económico favorable a la entidad,
derivado de la formulación de la demanda de reconvención, que habilitaba el pago del
2% sobre las sumas reconocidas a favor del IDU.
Adicionalmente, sobre este segundo escenario estimó que, si bien el IDU pagó por
concepto de bonificación de éxito el 2% sobre la suma efectivamente recibida en
virtud del acuerdo conciliatorio —$11.205’146.035,90—, lo cierto es que ello no se
ajustó a lo pactado, en la medida en que la base debía ser la suma total reconocida
a favor de la entidad —$14.582’565.813,31—, con independencia del cruce de
cuentas efectuado para extinguir las obligaciones recíprocas, pues ese valor
representaba el verdadero reconocimiento económico obtenido por el IDU y, en
consecuencia, el parámetro correcto para la liquidación de la bonificación de éxito.
Finalmente, sostuvo que la terminación de los procesos por vía conciliatoria no
alteraba la forma de liquidar la bonificación de éxito, dado que en el parágrafo
tercero de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 se pactó expresamente que,
en dicho evento, esta se causaría «en todo caso» conforme con los porcentajes
previamente pactados, de manera que la conciliación no suprimía ni modificaba los
escenarios previstos en el parágrafo segundo, sino que sustituía la sentencia como
mecanismo de definición del litigio, razón por la cual, a su juicio, debían reconocerse
ambos porcentajes pactados, en atención tanto a la reducción de las pretensiones
de ICA S.A. como al ingreso de recursos a favor del IDU, concluyendo así que en el
presente asunto «procede la liquidación de la bonificación de éxito en los términos
pactados contractualmente y no en los términos que el IDU la liquidó».
2. Contestación de la demanda
2.1. El IDU3 se opuso a las pretensiones de la demanda, salvo aquella encaminada a
obtener la liquidación del contrato 475 de 2002 en sede judicial. Afirmó que dio estricto
3 Folios 54 a 75 del cuaderno 1.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
y cabal cumplimiento a todas las obligaciones derivadas de dicho negocio jurídico, en
particular a la relacionada con la forma de pago de la bonificación de éxito, la cual fue
reconocida conforme con lo previsto en la cláusula cuarta, la cual, a su juicio, reguló
no dos sino tres escenarios distintos, autónomos y excluyentes para su causación,
cada uno condicionado a la ocurrencia de supuestos fácticos claramente
diferenciados:
(i) El primer escenario, previsto en la primera parte del parágrafo segundo de
la cláusula cuarta, contempló el pago del 1% de la diferencia entre la suma
pretendida por ICA S.A. y la que finalmente determinara el juez competente en los
respectivos procesos. Este supuesto, a su juicio, requería necesariamente la
existencia de una sentencia que resolviera las pretensiones formuladas por dicha
sociedad y permitiera establecer, con base en un pronunciamiento de fondo, la
diferencia económica correspondiente.
(ii) El segundo escenario, incluido en la segunda parte del parágrafo segundo
de la cláusula cuarta, estableció el reconocimiento de una bonificación equivalente
al 2% de la suma a la que resultara condenada ICA S.A. a favor del IDU. Este
supuesto, en criterio del IDU, exigía igualmente la existencia de una condena judicial
impuesta por un juez.
(iii) El tercer escenario, previsto en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta,
reguló el reconocimiento de la bonificación de éxito en caso de terminación de los
procesos por vía conciliatoria, disponiendo que solo se pagarían los valores
causados hasta ese momento y que, en todo caso, dicha bonificación se causaría
sobre el valor conciliado. En este evento era aplicable el porcentaje del 2%, en
cuanto el acuerdo conciliatorio generaba un ingreso económico a favor del IDU y el
parágrafo mencionado remitía expresamente a «la bonificación de éxito antes
señalada», sin que fuera necesario un pronunciamiento judicial de fondo.
A partir de esa estructura contractual, precisó que en el sub examine los procesos
judiciales culminaron mediante acuerdo conciliatorio aprobado por la autoridad judicial
competente, lo que activó el tercer escenario, previsto en el parágrafo tercero de la
cláusula cuarta del contrato. En consecuencia, sostuvo que, una vez aprobado dicho
acuerdo, ICA S.A. consignó a favor de la entidad la suma conciliada, debidamente
actualizada, y que sobre ese valor se liquidó y pagó la bonificación de éxito al abogado
De Vivero, en los términos contractualmente previstos, de ahí que, a su juicio, dio pleno
cumplimiento a la obligación, quedando a paz y salvo por dicho concepto.
Adicionalmente, señaló que no resultaba jurídicamente admisible asimilar el auto que
aprueba un acuerdo conciliatorio entre las partes a una sentencia judicial que dirime
de fondo las controversias suscitadas, pues aquella providencia se limita a verificar la
legalidad del acuerdo, la protección del interés público y la disponibilidad de los
derechos en discusión, sin decidir las pretensiones ni imponer condenas. En ese
contexto, anotó que carecía de sustento contractual y jurídico cualquier pretensión
orientada a reclamar el pago del 1% sobre diferencias entre pretensiones y valores
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
conciliados, en la medida en que dicha operación no fue pactada para el escenario de
conciliación y supondría un cobro de lo no debido.
En consonancia con lo expuesto, propuso las siguientes excepciones de fondo: (i)
«interpretación errónea del parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato 475
de 2002»; (ii) «eventos en los cuales era viable el reconocimiento de la bonificación
de éxito»; (iii) «pago total de la obligación»; (iv) «terminación del proceso por
conciliación entre las partes» y (v) «cobro de lo no debido».
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. El IDU4 reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda y agregó que la
controversia se circunscribía a un problema de interpretación contractual, el cual
debía abordarse de manera sistemática y conforme a la voluntad expresamente
consignada por las partes en el clausulado, en los términos del artículo 1618 del
Código Civil, atendiendo los escenarios allí previstos y diferenciados, sin extender
sus efectos a supuestos no regulados ni alterar el alcance propio de las
estipulaciones pactadas.
3.2. El accionante5 insistió en los argumentos de la demanda y añadió que la
controversia no radicaba en la forma de terminación de los procesos judiciales —
respecto de la cual no existía duda de que se produjo mediante conciliación—, sino
en la correcta interpretación de los parágrafos segundo y tercero de la cláusula
cuarta del contrato 475 de 2002, de la cual se desprendía que los porcentajes
pactados por concepto de bonificación de éxito respondían a supuestos fácticos
distintos según el rol procesal asumido por el IDU, de modo que procedía el
reconocimiento concurrente tanto del 1% como del 2%, interpretación que se
ajustaba a la literalidad del contrato y contaba con respaldo probatorio.
3.3. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
4.1. Mediante sentencia del 28 de septiembre de 20166, la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca —con salvamento de voto de
uno de sus integrantes7— resolvió: (i) declarar el incumplimiento del contrato 475 de
4 Folios 353 a 355 del cuaderno 1.
5 Folios 356 a 382 del cuaderno 1.
6 Folios 384 a 400 del cuaderno principal.
7 En el salvamento de voto, el magistrado se apartó de la decisión mayoritaria de la Sala al sostener
que la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002, relativa a la bonificación de éxito, debía interpretarse
en el sentido de que los porcentajes previstos eran excluyentes y no acumulables. Señaló que no
era posible acudir a las reglas subjetivas de interpretación contractual, pues ni la propuesta
presentada por el abogado, ni el memorando interno que dio origen al contrato, ni su propio texto
permitían establecer con claridad la intención común de las partes acerca de si los porcentajes del
1% y del 2% eran concurrentes o excluyentes; además, el testimonio de la exdirectora del IDU no
podía suplir el contenido contractual ni constituir confesión válida de la entidad. En consecuencia,
consideró necesario aplicar las reglas objetivas de interpretación contractual, las cuales conducían
a entender que se trataba de una única bonificación condicionada al resultado final de la gestión.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
2002 suscrito entre el IDU y Felipe De Vivero Arciniegas; (ii) declarar judicialmente
liquidado el contrato, con un saldo a favor del contratista y a cargo del IDU equivalente
a $696’603.674; (iii) condenar en costas a la entidad demandada; y (iv) negar las
demás pretensiones de la demanda.
4.1.1. Como fundamento de sus decisiones, el Tribunal señaló que en el presente
asunto era necesario dilucidar, de manera preliminar, «la voluntad de las partes
respecto de los parágrafos primero, segundo y tercero de la cláusula cuarta del
contrato 475 de 2002, que generó el conflicto objeto de análisis». Con este
propósito, acudió a algunas de las reglas de interpretación de los contratos previstas
en el Código Civil y, en particular, consideró lo siguiente:
De conformidad con lo previsto en el artículo 1618 del Código Civil, sostuvo que la
intención de las partes al pactar la bonificación de éxito en el contrato bajo estudio
fue consensuada, clara y expresa, en la medida en que, tanto la propuesta radicada
por el abogado Felipe De Vivero Arciniegas como el memorando DG-0000-0240,
suscrito por la directora del IDU, evidenciaban que por concepto de bonificación de
éxito «se pagaría el 1% de la diferencia entre la suma pretendida por la firma ICA
S.A. y la que finalmente se resolviera [en sede judicial]; y adicionalmente, pues no
existe en el texto objeto de estudio palabra de la que se desprenda disyunción
alguna, señalaron las partes que en el caso de obtenerse una suma a favor de la
entidad demandada, se causaría un pago equivalente al 2% de la suma a la que
resultara condenada la sociedad ICA S.A.».
Asimismo, indicó que, aun cuando en la definición de la bonificación de éxito fueron
planteados dos porcentajes distintos, lo cierto es que estos podían producir efectos
de manera concomitante, no solo porque se originaban en supuestos fácticos
diferentes, sino porque, de acuerdo con las prescripciones del artículo 1620 del
Código Civil, «debe preferirse el sentido en que dicha cláusula produce algún efecto,
a aquel en que no fuese capaz de producir efectos».
Finalmente, señaló que, a partir de un ejercicio de interpretación por comparación o
por aplicación práctica, en los términos del artículo 1622 del Código Civil, era posible
constatar —con fundamento en varios negocios jurídicos celebrados entre las
mismas y allegados al plenario— que la estructura de la bonificación de éxito era
sustancialmente similar. De ahí que, en el caso concreto, debían reconocerse los
dos porcentajes pactados en dicha cláusula, con independencia de que el proceso
hubiera culminado en virtud de un acuerdo conciliatorio, circunstancia que también
se presentó en otros contratos sin que hubiera sido objeto de controversia.
4.1.2. En atención a la hermenéutica realizada, estimó que debía declararse el
incumplimiento contractual del IDU, por cuanto omitió reconocer «a título de
bonificación de éxito al abogado de Vivero Arciniegas, el pago del 1% de la
Así, al haber culminado los procesos acumulados con acuerdo conciliatorio en el que ICA S.A. se
comprometió a pagar una suma a favor del IDU, la bonificación debía liquidarse solo respecto del
2% del valor conciliado, como lo hizo la entidad, por lo cual, a su juicio, debieron negarse las
pretensiones y declararse a las partes a paz y salvo. Folios 401 a 406 del cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
diferencia entre la suma pretendida por la firma ICA S.A. y la que finalmente fue
reconocida a la entidad por medio de acuerdo conciliatorio». Lo anterior, sin perjuicio
del pago efectivamente realizado y correspondiente al 2% del monto conciliado, el
cual había ascendido a $274’827.959.
4.1.3. De conformidad con lo anterior, procedió a liquidar judicialmente el contrato
de prestación de servicios 475 de 2002, incluyendo en la liquidación la suma dejada
de pagar por el IDU por concepto de prima de éxito, la cual, se reitera, «corresponde
al 1% de la diferencia entre la suma pretendida por la firma ICA S.A., esto es,
$78.179’127.165 y la que finalmente determinó el Consejo de Estado […], esto es,
$11.205’146.035,90, luego entonces, la diferencia entre esos valores corresponden
a $59.644’427.011,77, por lo que el 1% de esta suma es $596’444.270». En este
orden, la liquidación arrojó los siguientes valores:
ITEM VALORES VALORES POR VALORES DEL
PAGADOS PAGAR CONTRATO
Valor del contrato (Cláusula Tercera) $290´000.000 $290´000.000
1% (Bonificación por éxito) resultante $596’444.270 $596’444.270
de la diferencia entre la suma
pretendida por la firma ICA S.A y la
que finalmente determine el Tribunal
2% (Bonificación por éxito) de la $274’827959 $274’827959
suma resultante a favor del IDU
SALDO POR PAGAR $596’444.270
TOTALES VALOR CONTRATO $1.161’272.229
Finalmente, concluyó que de la liquidación judicial del contrato en cuestión se
desprendía una obligación a cargo del IDU por concepto del saldo insoluto
correspondiente al 1% de la prima de éxito, equivalente a $596’444.270, monto que,
actualizado desde la ejecutoria de la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio
—7 de noviembre de 2013— hasta la fecha de la sentencia —28 de septiembre de
2016—, ascendía a $696’603.674.
5. Recursos de apelación
5.1. Inconformes con la decisión anterior, ambas partes interpusieron recurso de
apelación, en los términos que a continuación se resumen:
5.2. El IDU8 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar
todas las pretensiones formuladas en la demanda, al considerar que el Tribunal, si
bien acudió a algunas reglas de interpretación contractual previstas en el Código Civil,
las aplicó de manera equivocada, lo que condujo a una indebida comprensión del
alcance de cláusula relativa a la bonificación de éxito.
5.2.1. En relación con la aplicación del artículo 1618 del Código Civil, sostuvo que el a
quo incurrió en error al concluir que la voluntad de las partes en torno a la bonificación
de éxito era clara, expresa e inequívoca. Indicó que, aun cuando el a quo consideró
8 Folios 412 a 422 del cuaderno principal.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
que de la propuesta presentada por el abogado De Vivero y del memorando suscrito
por la directora del IDU se desprendía una intención concordante respecto de los dos
porcentajes pactados, lo cierto es que en ninguno de dichos documentos se contempló
el supuesto que efectivamente se materializó durante la ejecución del contrato, esto
es, la terminación de los procesos judiciales por acuerdo conciliatorio.
En ese sentido, afirmó que el análisis efectuado en la sentencia apelada se concentró
indebidamente en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato en cuestión,
sin examinar el alcance del parágrafo tercero, que regulaba expresamente el evento
de la conciliación, razón por la cual no podía predicarse la existencia de una voluntad
inequívoca frente a un escenario no previsto ni analizado en el fallo.
5.2.2. En cuanto a la aplicación del artículo 1620 del Código Civil, adujo que resultaba
desacertado acudir al criterio de preferencia del sentido que produce efectos para
justificar el reconocimiento concomitante de ambos porcentajes relativos a la prima de
éxito, pues el contrato 475 de 2002 estableció supuestos claramente diferenciados
para su causación. Concretamente, reiteró que el 1% se encontraba condicionado a
la existencia de una sentencia judicial que resolviera las pretensiones formuladas por
ICA S.A. y que permitiera establecer la diferencia entre lo pretendido y lo reconocido;
mientras que el 2% exigía igualmente una condena judicial a cargo de dicha sociedad,
presupuestos que, en criterio de la entidad demandada, no se configuraron en el caso
concreto, habida cuenta de que los procesos terminaron por acuerdo conciliatorio, sin
pronunciamiento judicial de fondo.
Asimismo, insistió en que no era jurídicamente viable equiparar la providencia que
aprueba un acuerdo conciliatorio con una sentencia que dirime de fondo un litigio, pues
la primera se contrae a verificar la legalidad del acuerdo y el respeto de los derechos
involucrados, sin decidir las pretensiones formuladas en la demanda ni imponer
condenas en los términos propios de una decisión jurisdicción definitiva. En
consecuencia, en su criterio, el único supuesto que se concretó fue el previsto en el
parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato, relativo a la terminación por
conciliación judicial, evento en el cual la prima de éxito debía liquidarse exclusivamente
sobre el 2% del valor conciliado y, como dicho porcentaje había sido pagado en su
integridad, no se configuró incumplimiento contractual alguno.
5.2.3. Frente a la aplicación del artículo 1622 del Código Civil, refirió que resultaba
improcedente el ejercicio de interpretación por comparación o por aplicación práctica
efectuado por el Tribunal, en la medida en que los contratos tomados como referente,
aunque presentaban alguna similitud con el contrato 475 de 2002, regulaban de
manera distinta la bonificación de éxito. En particular, señaló que, mientras en el
contrato objeto de controversia se establecieron diversos escenarios de causación con
porcentajes diferenciados y sujetos al cumplimiento de condiciones específicas, en el
contrato 226 de 2002 se pactó una estructura unificada de la bonificación, aplicable
tanto en caso de sentencia como de conciliación, lo que impedía utilizarlo como
parámetro interpretativo y tornaba improcedente resolver la controversia con apoyo en
la interpretación sistemática por comparación.
10
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
5.2.4. A partir de lo expuesto, afirmó que la liquidación judicial efectuada no se ajustó
a lo pactado, pues «el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002
[plasmó] que en el evento de darse conciliación entre las partes la bonificación de éxito
se causaría sobre el valor conciliado […], quedando claro que si las partes trabadas
en litigio resuelven su situación jurídica mediante la conciliación, no puede el abogado
que defiende los intereses de la entidad entrar a realizar cuentas (sumas y restas) para
reclamar reconocimiento frente a los cuales no tiene derecho, dadas las condiciones
en que fueron resueltos los procesos judiciales para los que se le contrató». En ese
contexto, reiteró que la entidad quedó a paz y salvo por concepto de la bonificación de
éxito, la cual fue reconocida y pagada en su totalidad.
5.3. La parte actora9 solicitó la modificación de la sentencia de primera instancia. En
ese sentido, puso de presente que no tenía reparos frente a los «fundamentos que se
exponen en cuanto al incumplimiento del contrato por parte del IDU al no pagar la
bonificación de éxito», pasando así a precisar que su inconformidad radicaba en
cuanto a la forma como fue liquidada dicha bonificación.
5.3.1. Al respecto, indicó que la liquidación del porcentaje del 1% debía efectuarse de
manera individual respecto de cada uno de los procesos judiciales promovidos por ICA
S.A. —aunque hubieran sido acumulados posteriormente—, tomando como base la
diferencia entre las súplicas formuladas por esa sociedad y los valores efectivamente
reconocidos en el acuerdo conciliatorio, en los siguientes términos:
(i) En el proceso 2002-1985, las pretensiones ascendían a $40.015’510.103,
mientras que el monto reconocido en la conciliación fue de $7.329’554.117,33, por lo
que la diferencia entre esos valores corresponde a $32.685’955.985,67, suma que, a
su juicio, constituía la base para liquidar el 1% de bonificación de éxito, equivalente
a $326’859.559,86 a julio de 2002. Dicho valor, según lo pactado, debía actualizarse
desde enero de 2003 hasta agosto de 2014, arrojando un monto de
$530’948.804,63, más IVA.
(ii) En el proceso 2002-2337, las súplicas formuladas por ICA S.A. ascendían
a $31.100’000.000, sin que se reconociera suma alguna a su favor, de manera que la
diferencia coincidía con el valor total pretendido. Sobre dicha base, entonces, debía
liquidarse el 1%, equivalente a $310’000.000 a julio de 2002, monto que, actualizado
hasta agosto de 2014, ascendía a $505’186.606,06, más IVA.
(iii) En el proceso 2002-0655, las pretensiones ascendían a la suma de
$7.063’617.062, sin que se reconociera valor alguno a favor de ICA S.A.; en
consecuencia, el 1% debía liquidarse sobre dicha cantidad, lo que arrojaba una suma
de $70’636.170,62, calculada a julio de 2002, la cual, actualizada hasta agosto de
2014 conforme lo pactado contractualmente, equivalía a $114’740.992,65, más IVA.
A partir de los anteriores cálculos, concluyó que la prima de éxito correspondiente al
1% de la diferencia entre las pretensiones formuladas por ICA S.A. en los procesos
9 Folios 423 a 433 del cuaderno principal.
11
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referidos y los valores efectivamente reconocidos en el acuerdo conciliatorio asciende
a la suma total de $1.150’876.423,34, más IVA, cantidad que «debió ser reconocida
en el presente proceso de conformidad con los fundamentos planteados».
5.3.2. A su turno, arguyó que el valor reconocido en primera instancia por concepto
del 2% pactado resultaba inexacta, porque la base empleada para su liquidación no
era la contractualmente correcta.
Explicó que en el acuerdo conciliatorio le fue reconocido al IDU un valor total de
$14.582’565.813,31, a pesar de lo cual el Tribunal había tenido en cuenta solo el
monto efectivamente consignado por ICA S.A tras el cruce de cuentas efectuado y que
ascendió a $11.205’146.035,90. En ese sentido, afirmó que «el valor pagado por ICA
S.A. al IDU producto de la conciliación no debió ser la base para liquidar el porcentaje
del 2% equivalente a la bonificación de éxito, toda vez que el valor reconocido a favor
del IDU en la conciliación […] fue de $14.582’565.813,31», suma sobre la cual debía
calcularse dicho porcentaje, lo que arrojaba un valor de $291’651.316,27, que
actualizado a agosto de 2014 ascendía a $473’756.734,57, más IVA.
5.3.3. Finalmente, cuestionó que en la sentencia de primera instancia no se hubiera
efectuado pronunciamiento alguno respecto de los intereses moratorios solicitados
en la demanda, los cuales, en su criterio, deben ser reconocidos, pues la cláusula
quinta del contrato 475 de 2002 «es clara al señalar la obligación que surge para el
IDU de liquidar interés moratorios sobre las sumas correspondientes a la liquidación
de la bonificación de éxito de las cuales se debe descontar el valor cancelado por el
IDU como pago parcial, pero que de la suma a que aquí se fije se debe proceder a
actualizarla a la fecha de pago y sobre dicha suma liquidarse los correspondiente
intereses moratorios que en la demanda fueron solicitados se liquidaran a partir del 21
de noviembre de 2014 fecha en la cual el IDU realizó el desembolso como pago parcial
de la bonificación de éxito».
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. El IDU10 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y sostuvo
que el planteamiento de la parte demandante en su alzada se funda en una
interpretación fragmentada del contrato, al pretender la liquidación autónoma del
1% de la prima de éxito, pese a que dicho porcentaje no es aplicable para el caso
en que la controversia culminaba por conciliación, como aquí sucedió. Señaló que,
conforme con el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato en cuestión, en
ese escenario la bonificación de éxito se causaba únicamente sobre el valor
conciliado, lo que habilitaba únicamente el reconocimiento del 2% correspondiente
al resultado económico obtenido a favor de la entidad, de manera que, al haberse
ya pagado dicho porcentaje, no subsistía obligación adicional a cargo del IDU.
Finalmente, indicó que tampoco eran procedentes los intereses moratorios, por
cuanto el pago fue oportuno y la indexación no es compatible con su causación.
10 Folios 457 a 464 del cuaderno principal.
12
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
6.2. La parte actora11 también insistió en los argumentos expuestos en el recurso de
apelación y, en respuesta a lo planteado por el IDU, sostuvo que la interpretación
defendida por la entidad desconoce la voluntad inequívocamente consignada en los
parágrafos segundo y tercero de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002, en los
cuales se establecieron dos porcentajes de bonificación de éxito autónomos y
concurrentes, aplicables cuando los procesos culminaran tanto por sentencia como
por conciliación. Afirmó, además, que el parágrafo tercero de la referida cláusula no
suprimió ni restringió los escenarios contemplados en el parágrafo segundo, sino
que aseguró que la terminación anticipada de los litigios mediante conciliación no
afectara el reconocimiento integral de la prima pactada, como lo confirmó la prueba
documental y testimonial —en especial, la declaración de la entonces directora del
IDU—, así como la aplicación práctica del mismo esquema en contratos análogos
suscritos entre las partes.
Por último, insistió en que el 1% debía liquidarse respecto de cada proceso,
atendiendo a la diferencia entre lo pretendido y lo reconocido, y que el 2% debía
calcularse sobre la suma total reconocida a favor del IDU en el acuerdo conciliatorio,
sin atender al cruce de cuentas posterior.
6.3. El Ministerio Público12 rindió concepto desfavorable a los intereses de la parte
demandante, solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia.
Expuso que, a partir de una lectura sistemática de la cláusula que reguló la bonificación
de éxito en el contrato 475 de 2002, era posible concluir que los porcentajes allí
previstos tenían carácter excluyente. En este sentido, indicó, de un lado, que el
reconocimiento del 1% únicamente procedía si existía una condena judicial, escenario
que no se configuraba cuando el proceso terminaba por la vía de la conciliación; y, por
otro lado, expuso que el 2% solo se causaba cuando se obtenía una suma de dinero
a favor del IDU como consecuencia de una condena impuesta a ICA S.A. Con base
en ello, estimó acreditado que el IDU actuó de acuerdo con lo pactado
contractualmente, al «reconocer y pagar el porcentaje correspondiente al 2% sobre el
valor conciliado».
7. Impedimentos
7.1. El 18 de julio de 202313, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar
impedido para conocer del presente asunto, conforme lo dispuesto en los artículos 140
y 141.12 del CGP, por cuanto, en su condición de procurador primero delegado ante
esta Corporación, rindió concepto en los términos del numeral anterior.
7.2. El 13 de marzo de 202414, el magistrado William Barrera Muñoz también manifestó
estar impedido para conocer el fondo del presente asunto, con fundamento en lo
11 Folios 465 a 489 del cuaderno principal.
12 Folios 490 a 520 del cuaderno principal.
13 índice 31, Samai.
14 índice 35, Samai.
13
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
previsto en los artículos 141.9 del CGP, al considerar que ha coincidido en varias
oportunidades con el demandante en escenarios académicos.
7.3. Mediante auto del 23 de septiembre de 202415, se declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Nicolas Yepes Corrales y, en tal virtud, fue separado
del conocimiento del presente asunto16.
7.4. A través de proveído del 3 de febrero de 202617, tras la designación de conjueces,
se declaró infundado el impedimento formulado por el magistrado William Barrera
Muñoz, con lo cual quedó debidamente conformado el quorum de la Sala de decisión
llamada resolver la controversia.
III. CONSIDERACIONES
Para resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes, la Subsección
seguirá el siguiente orden metodológico: (1) presupuestos procesales; (2) objeto de
los recursos y problemas jurídicos a resolver; (3) hechos probados; (4) caso concreto;
(5) conclusión; y (6) costas.
1. Presupuestos procesales
1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10418 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA), a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el
conocimiento del presente asunto19, en tanto la controversia sometida a juicio tiene
origen en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002, celebrado entre el
abogado Felipe De Vivero Arciniegas y el IDU, establecimiento público de orden
distrital20.
15 índice 56, Samai.
16 Esta determinación la adoptó la Subsección C, en Sala Dual, integrada por el entonces magistrado
Jaime Enrique Rodríguez Navas y el magistrado William Barrera Muñoz.
17 índice 82, Samai.
18 CPACA. «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución
Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las
entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente, conocerá
de los siguientes procesos: […] 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en
los que sea parte una entidad pública […]».
19 Al caso sub examine resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— y
de la Ley 1564 de 2012 —CGP—, en virtud de lo previsto en el artículo 306 del primero de los
estatutos citado.
20 Acuerdo 19 de 1972 expedido por el Concejo Distrital de Bogotá. «Artículo 1º. Créase el Instituto
de Desarrollo Urbano (IDU) como establecimiento público, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente».
14
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
A su turno, de conformidad con los artículos 15021 y 152.522 del CPACA, al Consejo
de Estado le corresponde resolver los recursos de apelación interpuestos contra la
sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en atención a la vocación de
doble instancia del proceso, dado que la pretensión de mayor valor formulada en la
demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación23.
1.2. El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 14124 del CPACA, por cuanto en el presente asunto
se debate el incumplimiento del IDU en relación con la correcta liquidación y pago
de la bonificación de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 475 de
2002, al haberse desconocido, según alega el demandante, el alcance de las
estipulaciones contractuales acordadas por las partes.
1.3. La demanda presentada el 16 de octubre de 2015 fue interpuesta en tiempo, de
conformidad con lo previsto en el inciso v) de literal j) del numeral segundo del artículo
164 del CPACA25, tal como pasa a explicarse:
Según lo pactado en la cláusula octava del contrato 475 de 2002, su plazo de
ejecución se extendía hasta la finalización de los procesos promovidos por ICA S.A.,
con ocasión del contrato 462 de 199726. Dicho término culminó el 7 de noviembre de
201327, fecha en la cual quedó en firme el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio
suscrito entre el IDU e ICA S.A. A partir del 8 de noviembre de 2013 comenzó a
correr el término para la liquidación del contrato —que, conforme con la cláusula
21 CPACA. «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. [modificado
por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia
por los tribunales administrativos […]».
22 CPACA. «Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los
siguientes asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que
sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones
propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios
públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
23 En el sub examine, la pretensión mayor fue formulada por la suma de $917’637’060.14, monto que
supera los 500 SMLMV, los cuales, para el año de presentación de la demanda (2015), equivalían a
$322’175.000.
24 CPACA. «Artículo 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del
Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas […]». (subrayado añadido).
25 CPACA «Artículo 164. La demanda deberá ser presentada […] 2. En los siguientes términos, so
pena de que opere la caducidad […] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de
dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o
derecho que les sirvan de fundamento […]. En los siguientes contratos el término de dos (2) años se
contará así: v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se
practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses
contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto,
del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto
que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]».
26 La cláusula octava del contrato 475 de 2002 estableció que «el plazo término del presente contrato
es igual al término de duración de todos los procesos que instaure la firma ICA S.A. con ocasión del
contrato 462 de 1997 […]» (folios 1 a 5 del cuaderno 2).
27 Folio 189 del cuaderno 2 y folio114 del cuaderno 20 (reverso).
15
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
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decima octava del negocio jurídico y los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, era
de cuatro meses para la liquidación de bilateral y dos meses para la unilateral28—,
el cual venció el 8 de mayo de 2014 sin que se realizara bajo ninguna de esas
modalidades. En consecuencia, los dos años de caducidad del medio de control de
controversias contractuales iniciaron el 9 de mayo de 2014 y se extendieron hasta
el 9 de mayo de 2016, por lo que la demanda fue presentada oportunamente, incluso
sin necesidad de adicionar la suspensión derivada de la solicitud de conciliación
extrajudicial29.
1.4. Tanto Felipe De Vivero Arciniegas como el IDU se encuentran legitimados en
la causa por activa y pasiva, respectivamente, en la medida en que fueron las partes
del contrato 475 de 2002, cuyo incumplimiento se depreca.
2. Objeto de los recursos y problemas jurídicos a resolver
2.1. De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
interpuestos por ambas partes, que en conjunto controvierten de manera integral la
sentencia de primera instancia —en tanto el IDU pretende su revocatoria al cuestionar
la declaratoria de incumplimiento y la parte accionante solicita la revisión completa de
la liquidación judicial practicada—, la Sala se encuentra habilitada para examinar sin
limitaciones los aspectos sustanciales y económicos de la decisión, en los términos
del artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)30.
Así las cosas, en el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención de la Sala,
corresponde resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.1.1. Determinar si el IDU incumplió el contrato de prestación de servicios
profesionales de representación judicial 475 de 2002 celebrado con Felipe De
Vivero Arciniegas, al reconocer y pagar por concepto de bonificación de éxito
únicamente uno de los dos porcentajes pactados, bajo el entendimiento de que la
terminación de los procesos por vía conciliatoria —y no mediante sentencia— hacía
improcedente el reconocimiento concomitante de ambos porcentajes.
2.1.2. En el evento de concluirse la existencia de incumplimiento, definir si resulta
procedente modificar la liquidación efectuada por el Tribunal a quo respecto de la
bonificación de éxito, así como determinar si hay lugar a adicionar el IVA y reconocer
los intereses moratorios reclamados.
28 La cláusula décima octava del contrato 475 de 2002 estableció: «el presente contrato será objeto
de liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: si el asesor no
se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, el
IDU procederá a su liquidación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61 de la citada ley, para
lo cual proferirá Resolución motivada susceptible del recurso de reposición» (Folios 1 a 5 del
cuaderno 2).
29 Folios 203 a 205 del cuaderno 2. La solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de abril
de 2015 y se declaró fallida el 28 de julio de la misma anualidad.
30 CGP. «Artículo 328. El Juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
16
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
3. Hechos probados
A continuación, la Sala procederá a exponer los hechos que se encuentran probados
y que resultan relevantes para el análisis del presente asunto, a partir de la valoración
conjunta de los documentos allegados al expediente por las partes, incluso aquellos
que reposan en copia simple, en virtud de lo dispuesto en el artículo 24631 del CGP.
Demandas iniciales presentadas por ICA S.A. contra el IDU
3.1. El 24 de septiembre de 200232, ICA S.A. presentó demanda de controversias
contractuales contra el Distrito Capital – Secretaría de Obras Públicas y el IDU, con
ocasión de la ejecución y terminación del contrato de obra pública 462 de 1997.
En dicho proceso, que fue tramitado bajo el radicado 2002-1985, la sociedad actora
pretendió: (i) que se declarara la ocurrencia del desequilibrio económico del
contrato, el cual no había sido restablecido a su favor; (ii) que se declarara que las
entidades demandadas debían cancelar los sobrecostos asumidos por ICA S.A., en
virtud de ese desequilibrio contractual; (iii) que, con fundamento en las anteriores
declaraciones, se condenara a las entidades demandadas al pago de «la suma que
resulte probada en el proceso a título de restablecimiento del equilibrio económico
del contrato […] por la totalidad de los perjuicios sufridos y los sobrecostos asumidos
por ICA S.A. originadas en hechos no imputables al contratista»; y (iv) que se
liquidara judicialmente el contrato, con el correspondiente reconocimiento y pago de
las sumas adeudadas.
3.2. El 13 de noviembre de 200233, ICA S.A. promovió una segunda demanda de
controversias contractuales contra el Distrito Capital – Secretaría de Obras Públicas
y el IDU, con ocasión de la declaratoria de caducidad del contrato 462 de 1997.
En dicho proceso, que fue tramitado bajo el radicado 2002-2337, la parte actora
pretendió: (i) que se declarara la nulidad de la Resolución 3199 del 23 de mayo de
2002, mediante la cual se declaró la caducidad del contrato, así como de su
confirmatoria, la Resolución 554 del 2 de septiembre de 2002; (ii) que, a título de
restablecimiento del derecho, se declarara que ICA S.A. no se encontraba obligada
a cumplir las resoluciones demandadas y, en consecuencia, a pagar el valor de la
cláusula penal que se hizo efectiva, la cual ascendía a $11.000’000.000; (iii) que,
en caso de que ICA S.A. hubiese sido compelida a acatar dichos actos
administrativos y a pagar la cláusula penal pecuniaria impuesta, se ordenara el
reintegro de las sumas correspondientes junto con los interese moratorios; y (iv)
31 CGP. «Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio
del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente».
32 Folios 2 a 149 del cuaderno 5 y folios 2 a 149 del cuaderno 26.
33 Folios 28 a 108 del cuaderno 2 y folios 2 a 162 del cuaderno 27.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
que se condenara a las entidades demandadas a pagar a favor de ICA S.A. «la
indemnización de todos los perjuicios morales y materiales derivados de los actos
cuya nulidad se impetra, cuyo monto estimo en la suma de $20’000.000.000 o el
valor que resulte probado en el proceso»34.
En el acápite correspondiente a la estimación razonada de la cuantía, ICA S.A.
indicó que esta ascendía a $31.000’000.000.
Propuesta de asesoría jurídica, aceptación de la propuesta por parte del IDU
y suscripción del contrato de prestación de servicios profesionales 475 de
2002
3.3. El 3 de diciembre de 200235, Felipe De Vivero Arciniegas presentó «propuesta
de asesoría jurídica encaminada a acompañar tanto al IDU como al Distrito Capital
– Secretaría de Obras Públicas en los procesos judiciales que ha iniciado ICA S.A.
ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, con ocasión del
contrato 467 de 1997», en la cual se precisó, entre otros aspectos, lo siguiente:
«[…] El alcance de dicha defensa incluye las dos instancias de cada uno de estos
procesos, así como la presentación de demandas de reconvención en aquellos
casos en que se considere procedente. […].
Los honorarios totales correspondientes a esta asesoría ascienden a la suma de
$400’000.000 […].
Teniendo en cuenta que estos procesos podrían ser acumulados en uno solo dada
la naturaleza de la controversia y las partes involucradas, en el evento en que eso
suceda, las sumas serán pagaderas en la oportunidad procesal correspondiente al
proceso acumulado y que fuese mencionada para cada uno de los procesos
aludidos.
A título de bonificación de éxito se causará el pago del 1% de la diferencia entre la
suma pretendida por la firma ICA S.A. y la que finalmente se resuelva por parte de la
jurisdicción. En el evento de obtenerse unas sumas a favor del Distrito/IDU, se causará
un pago equivalente al 2% de la suma a la que resulte condenada ICA S.A.
Los valores que se causen con posterioridad al año 2003 deberán ser actualizados
conforme al IPC de la fecha de pago.
A todos los valores aquí descritos deberá adicionársele el IVA del cual soy responsable
en el régimen común […]».
3.4. El 23 de diciembre de 200236, la directora general del IDU aceptó la propuesta
presentada por el abogado De Vivero Arciniegas y, consecuencialmente, remitió el
memorando DG-0000-0240 a la directora técnica legal del Instituto, en el cual
solicitó la elaboración de un contrato intuito personae, de conformidad con lo
previsto en el literal d) del numeral 1º del artículo 24 de la ley 80 de 1993, para que
34 En la demanda mencionada se presentaron, además, tres grupos de pretensiones subsidiarias.
35 Folios 4 a 7 del cuaderno 3.
36 Folios 1 a 3 del cuaderno 3.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
aquel asumiera la representación judicial del IDU en los procesos iniciados por ICA
S.A., con ocasión del contrato 462 de 1997. En dicho documento se lee lo siguiente:
«El mencionado profesional ha venido colaborando con el Instituto en los temas
relacionados con los negocios jurídicos ejecutados con la firma ICA S.A., en los
contratos 102 de 2002, 012 y 473 de 2001 y 226 de 2002. De acuerdo con lo anterior,
el doctor de Vivero es la persona más idónea no solo por su amplio curriculum sino
también por la asesoría permanente que le ha prestado al Instituto en asuntos
relacionados con la firma mencionada.
La asesoría comprendería la defensa judicial de los intereses del Distrito Capital –
Secretaría de Obras Públicas y del IDU en todas las acciones judiciales que
emprenda la firma ICA S.A., con ocasión del contrato 462 de 1997. El alcance de
dicha defensa incluye las dos instancias de cada uno de estos procesos, así como
la presentación de demandas de reconvención en aquellos casos en que se
considere procedente.
[…] La contraprestación económica del doctor de Vivero sería así:
• La suma de cien millones de pesos pagaderos una vez se suscriba el respectivo
contrato y en forma previa al inicio de labores.
• La suma de cincuenta millones de pesos una vez se contesten las demandas de
los dos procesos que cursan ante el Tribunal, previa acreditación de tal hecho
ante el IDU.
• La suma de cincuenta millones de pesos pagaderos una vez se profiera en uno
cualquiera de los procesos mencionados, auto en el que se decreten pruebas.
• La suma de cincuenta millones de pesos una vez se profiera auto que decrete
pruebas en el segundo de los procesos mencionados.
• La suma de cincuenta millones de pesos una vez se profiera sentencia de
primera instancia en alguno de los procesos mencionados.
• La suma de cincuenta millones de pesos una vez se profiera sentencia de
primera instancia en el segundo de los procesos mencionados.
• La suma de cincuenta millones de pesos una vez se profiera sentencia de
segunda instancia en el último de los procesos iniciados por la firma ICA S.A.
Es pertinente tener en cuenta que estos procesos podrían ser acumulados en uno
solo dada la naturaleza de la controversia y las partes involucradas, en el evento en
que eso suceda, las sumas serán pagaderas en la oportunidad procesal
correspondiente al proceso acumulado y que fuese mencionada para cada uno de
los procesos aludidos
A título de bonificación de éxito se causará el pago del 1% de la diferencia entre la
suma pretendida por la firma ICA S.A. y la que finalmente se resuelva por parte del
Tribunal. En el caso de obtenerse unas sumas a favor del Distrito/IDU, se causará
un pago equivalente al 2% de la suma a la que resulte condenada dicha firma.
A los valores aquí descritos deben adicionársele el IVA por ser el doctor de Vivero
responsable del régimen común […]».
3.5. El 27 de diciembre de 200237, el IDU y Felipe De Vivero Arciniegas celebraron
el contrato de prestación de servicios profesionales 475 de 2002, cuyo objeto
consistió en «prestar asesoría jurídica externa encaminada a representar
judicialmente al Instituto […] en los procesos que se adelantan en el Tribunal
Contencioso Administrativo de Cundinamarca con los números de radicado 2002-
1985 y 2002-2337, y todos aquellos que inicie la firma ICA S.A. con ocasión del
37 Folios 1 a 5 del cuaderno 2 y folio 12 a 16 del cuaderno 3.
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contrato 462 de 1997, de conformidad con la propuesta presentada el 3 de
diciembre de 2002 y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato».
En dicho negocio se pactaron, entre otras, las siguientes cláusulas relevantes:
3.5.1. En cuanto a las obligaciones del asesor, la cláusula segunda contempló, entre
otras, las siguientes: (i) ejecutar de manera idónea el objeto contractual; (ii) poner
al servicio del IDU todos sus conocimientos, estudios, experiencias y diligencia en
el análisis, interpretación y desarrollo de los problemas jurídicos que se suscitaran
con ocasión del objeto contractual; (iii) atender las consultas formuladas por el IDU
en relación con el contrato; (iv) preparar y presentar informes trimestrales sobre las
actividades desarrolladas; (v) defender los intereses del IDU en toda las instancias
judiciales y presentar demandas de reconvención cuando resultare viable; y (vi)
ejercer la representación judicial del IDU en todas las demandas promovidas por
ICA S.A. con ocasión del contrato 462 de 1997.
3.5.2. Frente al valor, la cláusula tercera estipuló que «para efectos legales el valor
del presente contrato incluido IVA es la suma de $464’000.000 […]».
3.5.3. En relación con la forma de pago, en la cláusula cuarta se convino lo siguiente:
«El IDU pagará al ASESOR la suma establecida en la cláusula anterior de la
siguiente manera: 1) un pago anticipado por la suma de $116’000.000 una vez se
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización de presente contrato; 2)
la suma de $58’000.000 contra constancia de contestación de las demandas que
cursan por los procesos 2002-1985 y 2002-2337; 3) la suma de $58’000.000
pagaderos una vez se profiera en uno cualquiera de los procesos mencionados,
auto en el que se decreten pruebas; 4) la suma de $58’000.000 una vez se profiera
auto que decrete pruebas en el segundo de los procesos mencionados; 5) la suma
de $58’000.000 una vez se profiera sentencia de primera instancia en alguno de los
procesos mencionados; 6) la suma de $58’000.000 una vez se profiera sentencia de
primera instancia en el segundo de los procesos mencionados; 7) la suma de
$58.000.000 una vez se profieran las sentencias de segunda instancia; 8) en el
evento que los procesos mencionados se acumulen, las sumas señaladas en los
anteriores numerales se pagarán en la oportunidad procesal correspondiente al
proceso acumulado.
PARÁGRAFO PRIMERO: En el evento que se instauren otras demandas
relacionadas con la ejecución del contrato 462 de 1997, los honorarios fijos pactados
se entienden incorporados a los pagos señalados en la presente cláusula, por lo
tanto no habrá lugar a un pago adicional por dicho concepto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A título de bonificación de éxito se causará el pago del
1% de la diferencia entre la suma pretendida por la firma ICA S.A. y la que finalmente
determine el Tribunal. En el caso de obtenerse unas sumas a favor del IDU y el Distrito
Capital – Secretaría de Obra Públicas se causará un pago equivalente al 2% de la
suma a la que resulte condenada dicha firma.
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de lograrse acuerdo conciliatorio en cualquier
etapa, solo se pagarán los valores ocasionados hasta ese momento. En todo caso,
sobre el valor conciliado se causará la bonificación de éxito antes señalada.
PARÁGRAFO CUARTO: Los valores que se causen con posterioridad al año 2002 se
actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago […]».
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
3.5.4. Frente a los intereses moratorios, la cláusula quinta estableció: «teniendo en
cuenta el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, cuando el IDU no cancele
al asesor las sumas pactadas dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de
radicación de la factura debidamente elaborada y radicada en el IDU, reconocerá
como intereses de mora la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el
valor histórico actualizado con base en el IPC».
3.5.5. En lo concerniente al plazo, la cláusula octava dispuso que la vigencia del
contrato se extendería por el mismo término de duración de todos los procesos
judiciales promovidos por ICA S.A. con ocasión del contrato 462 de 1997.
3.5.6. Respecto de la liquidación, la cláusula décima octava estableció que el
contrato sería objeto de liquidación en los términos previstos en el artículo 60 de la
Ley 80 de 1993 y, en caso de que el asesor no compareciera para tal efecto o no
se lograra acuerdo entre las partes, el IDU quedaría facultado para efectuar la
liquidación unilateral conforme al artículo 61 ibidem, mediante acto administrativo
motivado susceptible del recurso de reposición.
Ejercicio de la representación judicial a cargo del contratista y formulación de
una nueva demanda por parte ICA S.A.
3.6. El 24 de febrero de 2003, el abogado De Vivero Arciniegas, en representación
del IDU, contestó la demanda dentro del proceso con radicado 2002-198538, con
oposición a las pretensiones atinentes al restablecimiento del equilibrio económico
del contrato 462 de 1997 en favor de ICA S.A.
Adicionalmente, presentó demanda de reconvención39, con la que, en síntesis,
formuló las siguientes súplicas: (i) que se declarara que ICA S.A. incurrió en
demoras en la ejecución del contrato; (ii) que se ordenara a ICA S.A. la devolución
de los ajustes pagados, «por haber operado la condición que le impedía acceder al
pago de dichos ajustes», en los términos del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80
de 1993; (iii) que se declarara que ICA S.A. incumplió la obligación de
mantenimiento rutinario, que daba lugar a la imposición de multas; (iv) que se
ordenara a ICA S.A. el pago de las multas impuestas por el anterior incumplimiento,
desde el 16 de agosto de 2000 hasta el 12 de junio de 2001, fecha de finalización
del término de ejecución del contrato; (v) que se condenara a ICA S.A. al pago de
intereses moratorios sobre la anterior suma; (vi) que se declarara «que como
consecuencia del incumplimiento en las especificaciones, diseño y procedimientos
por parte del contratista, tal y como lo declaró el Tribunal de arbitramento en laudo
de 29 de abril de 2002, el IDU sufrió perjuicios consistentes en la necesidad de
intervenir vías cuya duración no cumple los requisitos contractuales con ocasión de
la deficiente ejecución por parte del contratista»; (vii) que, como consecuencia de
la declaración anterior, se ordenara que la liquidación de dichos perjuicios se
efectuara conforme al procedimiento fijado por el Tribunal de Arbitramento y que el
38 Folios 1 a 236 del cuaderno 22.
39 Folios 1 a 174 del cuaderno 4.
21
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valor resultante fuera debidamente actualizado, con reconocimiento de intereses a
una tasa del 12 % anual; (viii) que se ordenara la devolución de la suma pagada
durante 24 meses por concepto de mantenimiento rutinarios; (ix) que se ordenara
«la devolución de los valores resultantes de las correcciones a las actas mensuales
de obra informadas por el interventor en el informe final», de conformidad con el
numeral 8 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993; y (x) que se efectuara la liquidación
judicial del contrato, «teniendo en cuenta todas las declaraciones anteriores, los
actos administrativos mediante los cuales se declaró la caducidad del contrato y se
ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo».
3.7. El 18 de marzo de 200340, ICA S.A. interpuso una tercera demanda de
controversias contractuales contra el Distrito Capital – Secretaría de Obras Públicas
y el IDU, con ocasión de la decisión de hacer efectiva una garantía contractual. En
dicho proceso, tramitado bajo el radicado 2003-0655, ICA S.A. pretendió: (i) que
se declarara la nulidad de las Resoluciones 4790 de 2001 y 10437 de 2002,
mediante las cuales se hizo efectiva dicha garantía; (ii) que, a título de
restablecimiento del derecho, se declarara que ICA S.A. «no está obligada a cumplir
las resoluciones demandadas»; (iii) que, en caso de que «ICA S.A. hubiere sido
forzado a cumplir las resoluciones demandadas y, en consecuencia, a pagar el valor
del amparo de anticipo que se hizo efectivo mediante los actos administrativos
impugnados, se condene al IDU a reintegrar a la parte actora los dineros
transmitidos forzadamente junto con los intereses moratorios»; y (iv) que se
condenara al IDU al pago de todos los perjuicios morales y materiales irrogados con
los actos administrativos cuya nulidad pretendía. En el acápite de estimación
razonada de la cuantía, ICA S.A. indicó que esta ascendía a $7.063’617.062.
3.8. El 25 de abril de 200341, el abogado De Vivero Arciniegas, en representación
del IDU, contestó la demanda en el proceso con radicado 2002-2337, con oposición
a todas las pretensiones formuladas por ICA S.A., dirigidas a obtener la nulidad de
la resolución mediante la cual se declaró la caducidad del contrato 462 de 1997.
3.9. El 30 de enero de 200442, el abogado De Vivero Arciniegas, en representación
del IDU, contestó a la demanda en el proceso con radicado 2003-0655,
oponiéndose a las pretensiones formuladas por ICA S.A., encaminadas a obtener
la nulidad de la resolución mediante la cual se hizo efectiva una garantía en el
contrato 462 de 1997.
Acumulación de procesos y trámite conciliatorio
3.10. El 9 de diciembre de 200443, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
decidió, a petición de ICA S.A.44, acumular al expediente 2002-1985 los procesos
con radicado 2002-2337 y 2003-0655.
40 Folios 109 a 156 del cuaderno 2 y folios 2 a 96 del cuaderno 21.
41 Folios 192 a 227 del cuaderno 4 y folios 169 a 204 del cuaderno 27.
42 Folios 5 a 40 del cuaderno 7 y folio 1 a 36 del cuaderno 19.
43 Folios 156 a 157 del cuaderno 7.
44 Folios 362 a 366 del cuaderno 26.
22
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
3.11. El 12 de febrero de 201045, ICA S.A. remitió al IDU una carta en la que expresó
su intención de llegar a un acuerdo sobre las controversias planteadas en los litigios
originados en la ejecución y terminación del contrato 462 de 1997, en los siguientes
términos (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
«[…] mediante este escrito queremos formalizar la intención firme y definitiva de
lograr un acuerdo que atienda el interés general, así como los de ambas partes,
tanto con respecto a la totalidad de procesos que se encuentran en curso ante la
jurisdicción colombiana, así como sobre todos aquellos asuntos que aun estuvieren
por resolverse. Para lograr el objetivo descrito, someteremos a su consideración una
propuesta que tenga la potencialidad de poner fin a los conflictos y desavenencias
entre las partes y a los litigios producto de estos desacuerdos […].
Para tal efecto, se podrá acudir a dos instituciones jurídicas altamente empleadas
en razón de su eficacia y celeridad, como lo son la conciliación judicial y el contrato
de transacción, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 80 de
1993, vigente aún, que exhorta a las partes de los contratos estatales a valerse de
mecanismos ágiles y directos para solucionar las controversias surgidas con ocasión
de la actividad contractual. Las figuras jurídicas aquí expuestas pueden constituirse
en caminos viables que permitan implementar unas soluciones definitivas, sólidas y
justas para las partes.
[…] estimamos conveniente que una vez discutida, ajustada y aceptada por ustedes
la propuesta de arreglo que se presentará, sería adecuado solicitar el
acompañamiento previo del Ministerio Público, con el objeto de conocer su posición
y poder tener en cuenta sus recomendaciones desde el inicio».
3.12. El 15 de febrero de 201046, la directora general del IDU expresó su
conformidad frente a la posibilidad de «buscar mediante las vías de solución
alternativa de conflictos cualquier mecanismo que resulte idóneo para poner fin a
los litigios que actualmente subsisten entre ICA S.A y el Instituto».
3.13. El 29 de marzo de 201047, ICA S.A. informó al IDU su disposición de pagar
USD1’500.000 «por el arreglo integral de los procesos en curso, sin que medie
responsabilidades aplicables a las partes y sin que se discutan responsabilidades
mutuas».
3.14. El 28 de diciembre de 201148, el Comité Técnico de Conciliación del IDU se
reunió para, entre otros aspectos, analizar si era procedente conciliar los aspectos
que se discutían en los procesos acumulados. En el acta de la reunión se plasmó:
«[…] 4.6. Presentación de ficha de conciliación No. 306
Nro. de proceso 2002-1985 [acumulado]
Tipo de proceso contractuales
Despacho actual Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A
45 Folios 39 a 42 del cuaderno 8.
46 Folios 51 a 52 del cuaderno 8.
47 Folios 53 a 56 del cuaderno 8.
48 Folios 27 a 149 del cuaderno 23.
23
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Abogado a cargo Dr. Felipe de Vivero Arciniegas
HECHOS
1. Problema jurídico
Proceso 2002-1985 ¿Es procedente el restablecimiento del equilibrio económico del
contrato 462 de 1997?
Proceso 2002-2337 ¿Es procedente la nulidad de la resolución mediante la cual se
declaró la caducidad, se ordena hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria y se hace efectiva la garantía única de cumplimiento,
por haberse declarado después de finalizado el plazo del
contrato?
Proceso 2003-0655 ¿Está viciada de nulidad la resolución mediante la cual se hizo
efectivo el amparo de anticipo, cubierto por la Garantía Única de
Cumplimiento?
2. pretensiones de la demanda
Proceso 2002-1985 - Restablecimiento del equilibrio económico del contrato 462 de
1997 […].
Proceso 2002-2337 - Nulidad de la resolución mediante la cual se declaró la
caducidad del contrato 462 de 1997.
• Restablecimiento del derecho por los perjuicios derivados de
la declaratoria de caducidad.
Proceso 2003-0655 - Nulidad de la resolución mediante la cual se declaró el siniestro
cubierto por el amparo de anticipo del contrato 462 de 1997.
• Restablecimiento del derecho por los perjuicios derivados de
la declaratoria del siniestro.
3. Descripción clara de los perjuicios. Las pretensiones de las demandas de ICA
en los procesos acumulados ascienden a la suma de $65.563’606.179,47 […].
[…] 4. Relación clara de los hechos
Proceso 2002-1985 En el proceso están demostrados los siguientes hechos: a) La
ejecución de obras por parte de ICA, usando un ítem diferente a
los contractuales, lo cual se demuestra con el dictamen pericial
presentado durante el proceso […]. Igualmente, se encuentra
probado, de acuerdo con lo indicado en los laudos proferidos en
los Tribunales de Arbitramento que cursaron entre ICA y el IDU,
que el ítem ejecutado se asimila al ítem contractual ‘reciclado y
carpeta de sello’ […]; b) la ejecución de obras por parte de ICA
[…], lo cual se demuestra con las Actas de obra suscritas con el
interventor y con el informe final presentado por el perito […]. El
IDU no pagó en su momento la factura presentada por ICA,
porque no se adjuntaron los documentos complementarios
previstos en el contrato que debían acompañar la factura, y a
pesar de ser requeridos, no fueron presentados por el
contratista; y c) La ejecución de obras por parte de ICA que no
fueron facturadas y cobradas al IDU. Estas obras están
probadas en el informe final de interventoría […].
Proceso 2002-2337 El peritaje rendido en el proceso por el perito Carlos Fernando
Luna estableció que ICA había ejecutado el 78.24%, al momento
de abandonar las obras.
Proceso 2003-0655 El valor del monto total de anticipo pendiente de amortización
durante la ejecución del contrato 462 de 1997, asciende a la
suma de $4.781’474.777,12 a origen de contrato consta en el
certificado emitido el 11 de julio de 2001 por la directora técnica
financiera de la Secretaría de Obras Públicas.
24
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
ANÁLISIS Y CONCEPTO PARA CONCILIAR. […] En el presente caso, las partes
están transando sobre derechos patrimoniales, de manera que es viable conciliar
sobre estos.
[…] RECOMENDACIONES. Se recomienda realizar la conciliación, en los siguientes
términos:
Concepto Valor
Mejoramiento de bases. $3.950’727.595,49
Acta del mes de diciembre de 1999. $1.907’429.002,97
Obra ejecutada no facturada. $1.467’782.715,79
Obra recibida en febrero de 2000 $0
TOTAL A RECONOCER A ICA $7.329’554.117,33
Concepto Valor
Devolución de anticipo no amortizado. $7.909’563.526,77
Reparación de segmentos pagados como MB y fallados. $1.092’497.203,14
Reparación de otras áreas falladas por no ejecución del MR. $1.450’736.436,49
Cláusula penal pecuniaria. $3.995’512.734,15
Saldos del contrato según interventor. $83’227.421,10
Correcciones a los pagos por MB. $41’196.615,40
Correcciones a los pagos por ajustes. $9’831.876,26
TOTAL A FAVOR DEL IDU $14.582’565.813,31
FEIPE DE VIVERO ARCINIEGAS
Abogado del IDU’.
DELIBERACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ. De lo expuesto por el apoderado
dentro de la ponderación de la situación procesal contenida en la ficha presentada
a consideración del comité, los miembros en deliberación, analizaron la propuesta y
de común acuerdo proceden a aceptarla en los términos [de la recomendación]. //
Así las cosas los miembros del Comité aprueban la formula conciliatoria que se
someterá a consideración del Tribunal Administrativo, Sección Tercera, en audiencia
de conciliación en la segunda instancia.
DECISIÓN. Por unanimidad los miembros del comité deciden acoger los
planteamientos expuestos por el apoderado y deciden que se presente formula de
conciliación» (negrilla incluida en el texto original, subrayado añadido).
3.15. El 26 de septiembre de 201249, la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia de conciliación
dentro de los procesos previamente acumulados. En dicha audiencia, el apoderado
judicial del IDU —Felipe De Vivero Arciniegas— e ICA S.A. presentaron acuerdo
conciliatorio50 para su aprobación, en el que consignaron lo siguiente:
«[…] 5. RESUMEN
Los montos a reconocer al ICA serían:
REF CONCEPTO VALOR A JULIO
DE 2002
4.1.1. Pago del valor descontado por concepto de obras $3.950’727.595,49
ejecutadas y pagadas a través de mejoramiento de
bases [súplica incluida en el proceso 2002-1985]
4.1.2. Falta de pago del acta del mes de diciembre de 1999 $1.907’429.002,97
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
49 Folios 26 a 27 del cuaderno 2.
50 Folios 6 a 25 del cuaderno 2.
25
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
4.1.3. Pago por obra ejecutada no facturada [súplica incluida $1.467’782.715,79
en el proceso 2002-1985]
4.1.4. Cobro por obra ejecutada y recibida en febrero de 2000 $0
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
4.1.5. Sobrecostos derivados de la reconstrucción de pozos y $0
tuberías [súplica incluida en el proceso 2002-1985]
4.1.6. Intereses de mora sobre las actas de noviembre y $0
diciembre de 1999 y enero de 2000 [súplica incluida en
el proceso 2002-1985]
4.1.7. Mora en el pago de ajustes de las actas mensuales de $0
junio de 1998 y junio de 1999 [súplica incluida en el
proceso 2002-1985]
4.1.8. Reconocimiento del pago de primas [súplica incluida en $0
el proceso 2002-1985]
4.1.9. Indemnización derivada de lluvias extraordinarias $0
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
4.1.10. Devolución por concepto de pagos del 2 por mil [súplica $0
incluida en el proceso 2002-1985]
4.1.11. Reintegro del IVA por compras de madera y publicidad $0
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
4.1.12. Liquidación del contrato (Ajustes actas de 1998 y 1999) $0
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
4.2.4.1. Liquidación contrato - Correcciones a las actas de obra $3’614.803,08
[súplicas incluida en la demanda de reconvención]
4.3. Perjuicios causados por la imposición de caducidad $0
[súplica incluida en el proceso 2002-2337]
TOTAL A RECONOCER A ICA $7.329’554.117,33
Los montos a favor del IDU serían:
REF CONCEPTO VALOR A JULIO
DE 2002
4.2.1. Devolución de los ajustes, conforme a la cláusula sexta $0
del contrato [súplicas incluida en la demanda de
reconvención]
4.2.2. Pagos por multas impuestas por concepto de $0
incumplimiento del mantenimiento rutinario [súplicas
incluida en la demanda de reconvención]
4.2.2. Pago de perjuicios originados en la mala calidad de los $0
diseños que implicó la contratación de mantenimiento
[súplicas incluida en la demanda de reconvención]
4.2.2.2. Valor del mantenimiento rutinario [súplicas incluida en la $1.450’736.436,49
demanda de reconvención]
4.2.3. Devolución de valores por concepto de mantenimiento $1.092’497.203,14
rutinario [súplicas incluida en la demanda de
reconvención]
4.2.4. Devolución de dinero por concepto de corrección de $0
actas de obra [súplicas incluida en la demanda de
reconvención]
4.2.4.2. Devolución de dinero por concepto de corrección de $83’227.421,10
actas de obra. Corrección a los pagos por recuperación
[súplicas incluida en la demanda de reconvención]
4.2.4.3. Devolución de dinero por concepto de corrección de $41’196.615,40
actas de obra. Corrección a los pagos por ajuste a
mantenimiento rutinario [súplicas incluida en la
demanda de reconvención]
4.2.4.4. Devolución de dinero por concepto de corrección de $9’831.876,26
actas de obra. Correcciones a los pagos por ajustes de
precios unitarios [súplicas incluida en la demanda de
reconvención]
4.2.5. Liquidación del contrato [súplicas incluida en la $0
demanda de reconvención]
4.2.5.1. Cláusula penal pecuniaria [súplicas incluida en la $3.995’512.734,15
demanda de reconvención]
26
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
4.2.5.2.
Devolución del anticipo no amortizado [súplicas incluida $7.909’563.526,77
en la demanda de reconvención]
TOTAL A FAVOR DEL IDU $14.582’565.813,31
Compensando los montos a favor del ICA y a favor del IDU descritos, se obtiene un
saldo a favor del IDU y a pagar por ICA de $7.253’011.695.98, que, ajustado a julio
de 2011 con los índices de empalme del DANE, arrojan un total a pagar por parte
del contratista ICA al IDU de $11.205’146.035,90.
6. ACUERDOS
[…] ICA y el IDU llegan a los siguientes acuerdos:
6.1. ICA pagará al IDU la suma de $11.205’146.035,90 […], debidamente
actualizada con el IPC del mes anterior a aquel en que se aprueba la conciliación.
6.2. El pago se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación
de la conciliación por parte del juez competente.
6.3. Una vez realizado el pago se radicarán los memoriales de desistimiento de los
siguientes procesos ejecutivos iniciados por el IDU, frente a los cuales ICA solicitará
concomitantemente, que no haya condena en costas.
• DEMANDA EJECUTIVA DEL IDU CONTRA ICA Y CHUBB, PARA EL COBRO
DE LA RESOLUCIÓN 3199 DE 2002 – CADUCIDAD […].
• PROCESO EJECUTIVO DEL IDU CONTRA ICA CHUBB, PARA EL COBRO DE
LA RESOLUCIÓN 4790 – ANTICIPO […].
6.4. Con el presente acuerdo se da por liquidado el contrato 462 de 1997.
6.5. El pago de la suma aquí indicada implicará que las partes quedan a paz y salvo
por todo concepto.
6.6. Los acuerdos contenidos en este documento tienen los efectos de cosa juzgada,
una vez impartida la aprobación correspondiente, por lo tanto, se darán por
terminados, en su totalidad, lo siguientes procesos:
• Proceso No: 2002-1985
• Proceso No: 2002-2337
• Proceso No: 2003-0655»
(negrilla y subrayado incluidos en el texto original).
3.16. El 28 de febrero de 201351, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó
parcialmente el citado acuerdo conciliatorio, en los siguientes términos:
«PRIMERO: APROBAR los siguientes acuerdos conciliatorios logrados por los
sujetos procesales, respecto de los cuales se entiende finalizada la
controversia, en relación con las pretensiones de la demanda incoada en el
proceso acumulado 2002-1985:
• Sobrecostos pozos y tuberías, intereses; pagos actas noviembre de 1999 y
enero de 200; intereses de mora sobre las actas de ajuste de octubre y
noviembre de 1999 y enero de 2000; mora en el pago de ajuste mensuales de
junio de 1998 y junio de 1999; reconocimiento de pago de primas por concepto
de la garantía de devolución de los ajustes de precios; indemnización por la
51 Folios 1 a 55 del cuaderno 20.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
ocurrencia de lluvias extraordinarias; devolución de impuestos del dos por mil;
liquidación del contrato – ajustes actas de junio de 1998 y 1999, sin saldo a favor
ni en contra de ninguno de los sujetos procesales, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: IMPROBAR los demás acuerdos conciliatorios logrados por los
sujetos procesales respecto de las pretensiones incoadas en la demanda del
proceso acumulado 2002-1985, que asciende a la suma de $7.329’554.117,33;
respecto de los cuales sigue la controversia en el proceso de la referencia, de
conformidad con la parte motiva de esta providencia, que se circunscriben a:
• Pago del valor descontado por concepto de obras ejecutadas y pagadas a través
de mejoramiento de bases; falta de pago del acta del mes de diciembre de 1999;
pagos por obra ejecutada no facturada; cobro de obra ejecutada y recibida en
febrero de 2000; y correcciones acta de obra, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: APROBAR el siguiente acuerdo conciliatorio logrado por los
sujetos procesales, respecto del cual se entiende finalizada la controversia, en
relación con las pretensiones de la demanda de reconvención incoada en el
proceso acumulado 2002-1985:
• Devolución de los ajustes, conforme a la cláusula sexta del contrato, junto con
los intereses moratorios o indexación correspondiente, sin saldo a favor ni en
contra de ninguno de los sujetos procesales, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: IMPROBAR los demás acuerdos conciliatorios logrados por los
sujetos procesales respecto de las pretensiones incoadas en la demandada
reconvención del proceso acumulado 2002-1985, que asciende a la suma de
$14.582.565.813,31; respecto de los cuales sigue la controversia en el proceso
de la referencia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, que
se circunscriben a:
• Pago de las multas impuestas y en firme, por concepto de incumplimiento del
mantenimiento rutinario y pago de los perjuicios originados en la mala calidad de
los diseños, que implicó la contratación de mantenimiento de las vías
intervenidas por ICA S.A; devolución de los valores pagados por concepto de
mantenimiento rutinario; liquidación del contrato – Clausula penal; devolución de
dinero por concepto de corrección de actas de obra y devolución de anticipo
pendiente de amortización, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
QUINTO: IMPROBAR los acuerdos conciliatorios logrados por los sujetos
procesales respecto de las pretensiones incoadas en las demandas de los
procesos acumulados 2002-2337 y 2003-0655, respecto de los cuales sigue la
controversia en el proceso de la referencia, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
SEXTO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaria de la Sección
ingrésese el expediente al despacho, a fin de proveer lo pertinente para su impulso».
(Negrilla incluida en el texto original).
3.17. El 8 de marzo de 201352, tanto ICA S.A. como el IDU interpusieron recurso de
apelación contra la decisión adoptada en la providencia anterior, al considerar que
el acuerdo conciliatorio presentado era válido y debía ser entendido como un arreglo
52 Folios 308 a 315 del cuaderno 20 (ICA S.A) y folios 316 a 326 del cuaderno 20 (IDU).
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
integral y definitivo de todas las controversias surgidas con ocasión de la ejecución
y terminación del contrato 462 de 1997.
3.18. El 24 de octubre de 201353, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al resolver los recursos de apelación interpuestos contra el auto del 28
de febrero de 2013, decidió aprobar integralmente el acuerdo conciliatorio celebrado
entre las partes. Esta decisión quedó ejecutoriada el 7 de noviembre de 2013 54.
3.19. El 28 de marzo de 201455, el representante legal de ICA S.A. remitió a la
Dirección de Tesorería del IDU la copia del comprobante de la transferencia
realizada en esa misma fecha por la suma de $11.846’032.685,62, correspondiente
al valor actualizado de la obligación a su cargo, de conformidad con la providencia
que aprobó íntegramente el acuerdo conciliatorio.
Solicitud de pago de la bonificación de éxito por parte del contratista y su
trámite ante el IDU
3.20. El 1º de abril de 201456, Felipe De Vivero Arciniegas radicó la factura de venta
0628 por concepto de «honorarios por asesoría jurídica conforme a los parágrafos
segundo, tercero y cuarto de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002», por un
valor de $927’613.718 más IVA, para un total de $1.076’031.913, según liquidación
adjunta57, así: (i) el 1% sobre la diferencia entre las pretensiones formuladas por
ICA S.A. —que a julio de 2002 ascendían a $42.438’858.086 y, actualizadas a
octubre de 2013, equivalían a $69.131’528.478— y la suma finalmente reconocida
por el Tribunal —que fueron $0—, lo que arrojaba $691’315.285; y (ii) el 2% sobre
el monto que ICA S.A. se obligó a pagar al IDU en virtud de la demanda de
reconvención, es decir, $11.205’146.035,90, equivalentes a $11.814’921.683 a
octubre de 2013, cuyo resultado fue $236’298.434.
3.21. El 28 de abril de 201458, el subdirector jurídico del IDU respondió la solicitud
de pago presentada por Felipe De Vivero Arciniegas, en los siguientes términos:
«[…] En desarrollo de este proceso se ha evidenciado que la liquidación efectuada
no corresponde con los parámetros dados en la cláusula tercera del contrato del
asunto. Por lo anterior procedo a realizar las siguientes precisiones:
[…] En cuanto a la suma referida por bonificación de éxito, en su porcentaje del 2%
sobre la totalidad de la suma conciliada le reitero que se están realizando las
gestiones necesarias para solicitar los recursos que permitan dar cumplimiento a
este compromiso.
Por su parte, la suma tasada con el porcentaje del 1% sobre la diferencia entre las
pretensiones de la demanda y la suma finalmente conciliada con la firma ICA S.A
no puede ser aplicada en este caso concreto, ya que los procesos a cargo fueron
53 Folios 157 a 188 del cuaderno 2 y folios 83 a 114 del cuaderno 20.
54 Folio 189 del cuaderno 2 y folio114 del cuaderno 20 (reverso).
55 Folios 197 a 198 del cuaderno 2.
56 Folio 93 del cuaderno 9.
57 Folios 89 a 93 del cuaderno 9.
58 Folio 190 del cuaderno 2 y folio 97 del cuaderno 9.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
acumulados y su terminación obedeció a un acuerdo conciliatorio y no a una
condena como claramente lo establece el contrato de asesoría externa
especializada.
Así las cosas, se solicita adecuar su solicitud de pago, según lo expresado
anteriormente y en la cuantía establecida».
3.22. El 14 de mayo de 201459, el accionante manifestó su desacuerdo frente a la
interpretación realizada por el IDU en el oficio transcrito anteriormente, por los
siguientes motivos:
«[…] el contrato 475 de 2002 estableció que la bonificación de éxito en caso de
conciliación seguiría las mismas reglas que la bonificación de éxito en caso de
terminar los procesos con una sentencia, así: el 1% sobre la diferencia entre lo
pretendido por ICA y la suma reconocida a favor de esta; y el 2% sobre las sumas
que hayan resultado a favor del IDU.
En este sentido, es equivocado afirmar que la bonificación del 2% no se causa por
ausencia de condena, y que por tratarse de una conciliación se causa una
bonificación del 1%, pues esta interpretación no surge de la lectura de ninguna de
las cláusulas del contrato 475 de 2002.
Lo anterior, pues la redacción del parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato
475 de 2002, prevé que la bonificación en caso de conciliación sigue las mismas
reglas de la bonificación en caso de terminar el proceso con una sentencia.
Por la misma razón es improcedente afirmar que como los procesos fueron
acumulados no se causa la bonificación del 2%, pues de ninguna manera se
condicionó la bonificación a que los procesos siguieran de manera independiente y
el contrato 745 de 2002 contemplaba todos los procesos que se iniciaran. De hecho,
el proceso 2002-1985 donde se presentó la demanda de reconvención que resultó
en el reconocimiento de sumas a favor del IDU y al cual se acumularon los demás
procesos, estaba expresamente contemplado en el contrato 475 de 2002.
En conclusión, el hecho de haberse terminado los procesos objeto de
representación judicial en virtud del contrato 475 de 2002 suscrito con el IDU, por
una conciliación, no implica una diferencia en el cálculo de la bonificación de éxito,
pues el mismo contrato señaló que en caso de lograrse un acuerdo conciliatorio, se
causaría ‘la bonificación de éxito antes señalada’, esto es, la prevista en el parágrafo
segundo de la cláusula cuarta, que contemplaba los dos escenarios; el primero, una
bonificación por la menor condena al IDU, respecto de las pretensiones de ICA y el
segundo, una bonificación por las sumas obtenidas a favor del IDU.
Quedo a la espera de su respuesta respecto de la posición del IDU en aras de evitar
el inicio de una controversia contractual».
3.23. El 26 de mayo de 201460, el subdirector jurídico del IDU realizó las siguientes
apreciaciones sobre el pago de la bonificación de éxito requerida:
«En primera instancia se debe tener en cuenta que el parágrafo segundo de la
cláusula cuarta ‘Forma de pago’, del contrato 475 de 2002 […], establece dos
bonificaciones de éxito diferentes sujetas a condiciones también diferentes y
excluyentes entre sí […].
59 Folios 82 a 85 del cuaderno 9.
60 Folios 86 a 87 del cuaderno 9.
30
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Ahora bien […], se observa que, para el pago de la bonificación de éxito, debe
aplicarse el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del contrato IDU 475-2002, ya
que el proceso objeto del contrato terminó por conciliación.
En la liquidación adjunta a su solicitud de pago de la bonificación de éxito se
establecen como valores los siguientes:
Diferencia entre las pretensiones de ICA y la condena al IDU $69.131’528.478
Porcentaje comisión $1.0%
Valor de la comisión $691’315.285
Condena en contra de ICA S.A. a favor del IDU – valor a $11.814’921.683
pagar según conciliación
Porcentaje comisión $2.0%
Valor de la comisión $236’298.424
Así las cosas, se verifica que la bonificación de éxito correspondiente al 1% de la
diferencia entre la suma pretendida por ICA S.A. y la que finalmente determine el
Tribunal, aplica únicamente en caso de que la condena sea a favor de ICA.
Por tanto, se aclara el memorando del 28 de abril de 2014, en el sentido de
establecer que la suma que el IDU se encuentra gestionando para pago es la que
corresponde al 2% sobre la totalidad de la suma conciliada, como contractualmente
se pactó y que según la liquidación anexa a su comunicación corresponde a la suma
de $236’298.434.
En este sentido y teniendo en cuenta el acuerdo sobre la prima de éxito
correspondiente al 2% sobre la totalidad de la suma conciliada y con el fin de evitar
vulneraciones de derechos tanto de la entidad como del contratada, le solicito
comedidamente radicar su cuenta a partir del 25 de junio hasta el 8 de julio de 2014
[…]».
3.24. El 25 de agosto de 201461, el abogado De Vivero Arciniegas radicó una nueva
factura de venta, en sustitución de la presentada el 1º de abril de 2014, identificada
con el número 0643, por concepto de la bonificación de éxito pactada en el contrato
de prestación de servicios 475 de 2002, por un valor bruto de $1.037’065.858, más
IVA, para un total facturado de $1.202’996.395.
3.25. El 28 de agosto de 201462, el subdirector general del IDU devolvió sin tramitar
la factura allegada por el abogado De Vivero Arciniegas, por los siguientes motivos:
«[…] De conformidad con el auto aprobatorio proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 28 de febrero de 2013, el cual fue modificado posteriormente,
a través de auto expedido por el Consejo de Estado el 24 de octubre de 2013,
ejecutoriado según certificación expedida por la Secretaría de dicho Despacho, el 7
de noviembre de 2013, se encuentra demostrado que el proceso culminó de manera
anormal, mediante acuerdo conciliatorio, por lo que atendiendo a la literalidad de la
segunda parte del parágrafo segundo en consonancia con lo pactado en el parágrafo
tercero, procede el reconocimiento y pago así:
a) El 2% sobre la suma de $11.205’146.035,90 […], debidamente actualizada con
el mes anterior a aquel en que se apruebe la conciliación, tal como consta en el
folio 9 del auto proferido por el Consejo de Estado, por concepto de condena en
favor del IDU.
61 Folio 59 del cuaderno 9.
62 Folio 100 del cuaderno 9.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
b) El pago de los valores ocasionados hasta ese momento tal como consta en las
órdenes de pago ya tramitadas ante esta subdirección.
Como consecuencia de lo anterior, es necesario devolver sin tramitar la factura de
venta 0643 suscrito por usted, por lo que deberá radicarla oficialmente con la suma
debidamente corregida, con el fin de realizar el proceso de pago correspondiente».
3.26. El 16 de septiembre de 201463, el abogado De Vivero Arciniegas presentó ante
el IDU una nueva solicitud de pago por concepto de bonificación de éxito, esta vez
por la suma de $1.624’633.158, explicando que la metodología que debía emplearse
para su liquidación era la siguiente:
«[…] 4. CÁLCULO DE LA BONIFICACIÓN DE ÉXITO.
Para calcular la bonificación de éxito, se tiene que:
4.1. Si el IDU debía pagar un monto inferior al valor de las pretensiones de ICA, la
bonificación sería del 1% sobre la diferencia.
El valor de las pretensiones de ICA ascendió a la suma de $78.179’127.165. A este
valor, se resta el valor reconocido que ascendió a $7.329’554.177,33, dando como
diferencia entre lo pretendido y lo reconocido, la suma de $70.849’573.947,67.
Sobre la diferencia en mención, se calcula el 1% a título de bonificación de éxito,
dando como resultado $708’495.730 del año 2002.
4.2. Que, si el IDU obtenía a su favor alguna suma, la bonificación sería del 2%.
Al IDU le fue reconocida la suma de $14.582’565.813,31. Sobre esta suma se
calcula el 2% a título de priman de éxito, dando como resultado $291’651.316,27 de
año 2002.
5. ACTUALIZACIÓN
El parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 estableció: ‘los
valores que se causen con posterioridad al año 2002 se actualizarán conforme al
IPC de la fecha de pago’.
Dando aplicación a lo anterior, al actualizar las sumas antes indicadas desde 2003
hasta 2014, se tiene lo siguiente:
• La suma de $708’495.730 de 2002, actualizada desde enero de 2003
(IPC=72,23) hasta agosto de 2014 (IPC=117,33), da un total de $1.150’876.422.
• La suma de $291’651.316,27 del año 2002, actualizada desde enero de 2003
(IPC=72,23) hasta agosto de 2014 (IPC=117,33), da un total de $473’756.734.
Sumado lo anterior, se llega a un total de $1.624’633.158».
3.27. El 14 de octubre de 201464, la Subdirección General jurídica del IDU presentó
como respuesta a la solicitud de pago precedente, un informe ejecutivo sobre cómo
se debía calcular la prima de éxito contenida en el contrato 495 de 2002:
63 Folios 192 a 196 del cuaderno 2 y folios 103 a 110 del cuaderno 9.
64 Folios 2 a 67 del cuaderno 9.
32
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
«[…] 4.4. Posición de la Subdirección General Jurídica
De conformidad con la literalidad del contrato, el reconocimiento y pago de la
bonificación de éxito comprendía tres supuestos diferentes y excluyentes, así:
4.4.1. El primer supuesto, en virtud del cual el pago del 1% se efectuaría
respecto de la diferencia entre la suma pretendida por la firma demandante y
la suma que finalmente determine el tribunal.
De la lectura de esta cláusula se desprende claramente la exigencia de una decisión
judicial en primera instancia, caso que no se configura […].
Al hacer la operación aritmética de manera hipotética, los valores a tener en cuenta
serían la cuantía inicial de las pretensiones del actor frente a la suma definida por el
Tribunal, que en el presente caso no aplicaría dado que no se emitió un fallo por
parte del mismo, sino que se dio una circunstancia especial en virtud de la cual las
partes lograron un acuerdo conciliatorio y definieron los valores que fueron
posteriormente sometidos a la aprobación de dicha autoridad, en cumplimiento de
disposiciones legales. Si bien el acuerdo fue aprobado parcialmente por el Tribunal,
fueron las partes las que definieron el contenido del arreglo. Se insiste que el tribunal
no fue quien de manera unilateral decidió las pretensiones de la Litis. Fueron las
mismas partes quienes en virtud del principio de autonomía de la voluntad,
decidieron la forma de terminar el proceso.
Así las cosas, carece de fundamento fáctico y jurídico la reclamación elevada
respecto del 1% de la diferencia entre el monto de las pretensiones del actor y la
suma determinada por el Tribunal.
4.4.2. El segundo supuesto, en virtud del cual el pago del 2% se haría sobre la
suma a la que resulte condenada la parte demandante en el caso de obtenerse
una suma a favor del IDU y Distrito Capital – Secretaría de Obras Públicas.
La exigencia para proceder al reconocimiento y pago de este porcentaje es la
existencia de una condena a la parte demandante, situación que no aplica en este
caso teniendo en cuenta que la autoridad judicial no emitió un fallo en tal sentido,
sino que fueron las partes quienes establecieron de mutuo acuerdo la forma en la
que resolverían de manera anormal el proceso judicial, esto es, la conciliación
propiamente dicha.
4.4.3. El tercer supuesto, caso en el cual se logra el acuerdo conciliatorio en
cualquier etapa y sólo se pagarán los valores ocasionados hasta ese
momento. En todo caso, sobre el valor conciliado se causará la bonificación
de éxito antes señalada.
En este contexto, aplica el pago fijo de los honorarios conforme se pactaron en el
contrato de prestación de asesoría externa especializada, causado hasta el
momento en que las partes procuraron la conciliación de mutuo acuerdo en el
escenario judicial.
La regla que trae el contrato, en este punto, es incluir sobre el valor conciliado la
bonificación de éxito en los términos que trae la segunda regla, cuando enuncia que:
‘en todo caso, sobre el valor conciliado se causará la bonificación de éxito antes
señalada’.
Así las cosas, se aplica el porcentaje del 2% respecto de la suma de
$11.846’032.685,62, que fue consignada por el demandante en el mes de marzo de
2014. […] En este estado de cosas, también se precisa que, conforme a la propuesta
presentada por el contratista, a la solicitud de la directora general de la época y a lo
señalado en el Estatuto Tributario, Art. 429, literal c), se entiende que a la suma
33
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
anotada anteriormente deberá adicionársele el valor del IVA por el contratista
responsable del Régimen común.
Así las cosas, el valor final que se debe cancelar al Dr. Felipe de Vivero es la suma
de $274’827.959, por lo que esta Subdirección procederá a cancelar el valor
correspondiente a tal suma como resultado del acuerdo conciliatorio celebrado por
las partes».
3.28. El 7 de noviembre de 201465, con sustento en el informe ejecutivo elaborado
y previamente transcrito, el subdirector jurídico del IDU formuló al abogado Felipe
De Vivero Arciniegas una oferta de pago por la suma de $274’827.959, por concepto
de bonificación de éxito, bajo el siguiente entendimiento:
«En mi calidad de coordinador del contrato de asesoría externa especializada de la
referencia, me dirijo a usted con el fin de realizar el pago de la bonificación de éxito
consagrada en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta del citado contrato […].
Dado que los procesos asignados, fueron terminados mediante conciliación,
cumpliéndose la condición prevista en el parágrafo tercero de la cláusula cuarta […],
me permito realizar oferta de pago por valor de $274.827.959, discriminados así:
• Valor prima de éxito: $236’920.654
• IVA: $37’907.304
• Total: $274.827.959
Lo anterior teniendo en cuenta que los procesos objeto del contrato, fueron
terminados mediante acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes el 26 de
septiembre de 2012 y aprobado mediante auto proferido por el Consejo de Estado
el 24 de octubre de 2013, el cual quedó debidamente ejecutoriado el 7 de noviembre
del mismo año.
En fecha 29 de marzo de 2014, en virtud al acuerdo conciliatorio antes citado, la
firma CV. S.A. transfirió a la cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda, la suma
de $11.205.146.035,90, en calidad de pago.
Por lo anterior y en respuesta a sus solicitudes de pago de la prima de éxito en
diferentes cuantías, el IDU envió varias comunicaciones, en las cuales se realizó el
ofrecimiento de pagar la prima correspondiente pactada en el contrato […]. En el
evento de no aceptarse la presente oferta de pago, se entenderá que está en mora
de recibir conforme lo establecido en el artículo 1658 del Código Civil».
3.29. El 4 de diciembre de 201466, el abogado De Vivero Arciniegas aceptó la suma
ofrecida por el IDU como pago parcial de la bonificación de éxito pactada en el
contrato de prestación de servicios 475 de 2002 y, en consecuencia, radicó la
factura de venta 0644 por $274’827.959. No obstante, dejó constancia expresa de
su desacuerdo con la liquidación efectuada por la entidad, al sostener que el monto
reconocido no correspondía a la totalidad de lo adeudado por dicho concepto, razón
por la cual manifestó que recibía dicha suma «sin perjuicio de las acciones legales
que se reserva el derecho de ejercer respecto del saldo restante».
65 Folio 199 del cuaderno 2 y folio 136 del cuaderno 9.
66 Folios 200 a 202 del cuaderno 2.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
3.30. El 5 de diciembre de 201467, el subdirector jurídico del IDU expidió la
Resolución 106462 de 2014, mediante la cual reconoció y ordenó el pago a favor
del abogado De Vivero Arciniegas de la suma de $274’827.959, IVA incluido, por
concepto de la bonificación de éxito pactada en la cláusula cuarta del contrato de
prestación de servicios 475 de 2002. Dicho pago se hizo efectivo el 23 de diciembre
de 201468.
Prueba testimonial anticipada
3.31. El 5 de septiembre de 201469, el Juzgado 19 Administrativo de Descongestión
del Circuito Judicial de Bogotá celebró audiencia pública con el fin de recibir, como
prueba anticipada solicitada por el abogado De Vivero Arciniegas y con
comparecencia del IDU, el testimonio de María Isabel Patiño Osorio, quien se
desempeñó como directora general de dicha entidad entre el 1º de enero de 2001 y
el 31 de diciembre de 2003.
La prueba tuvo por objeto que la mencionada señora depusiera «sobre o en relación
con la forma como fue pactada la remuneración del contrato 475 del 2002 celebrado
entre el IDU y Felipe de Vivero Arciniegas». Al respecto, en su declaración la testigo
manifestó (se transcribe in extenso por su pertinencia):
«PREGUNTA LA JUEZ: informe al despacho si usted conoce o conoció al doctor
Felipe de Vivero Arciniegas, en caso afirmativo, indique en qué circunstancias y
hace cuánto tiempo lo conoce. CONTESTÓ: conozco a Felipe de Vivero Arciniegas
desde el año 2001 […] y él fue el apoderado que yo contraté para resolver unas
controversias que se dieron entre la empresa ICA y el IDU.
PREGUNTA LA JUEZ: informe al despacho si usted conoció de la existencia del
contrato 475 del 27 de diciembre de 2002 que se suscribió entre el IDU y el señor
Felipe de Vivero Arciniegas, en caso afirmativo, indique cual era el objeto de dicho
contrato. CONTESTÓ: sí, yo conocí ese contrato y el objeto del contrato era que
Felipe actuara como apoderado del IDU para resolver las controversias, eran varias,
teníamos controversias de demandas mutuas entre ICA y el IDU, y se le contrató
precisamente para que representara al Instituto en los varios procesos que se
adelantaban entre las dos entidades.
PREGUNTA LA JUEZ: informe al despacho si usted conoce o recuerda cómo se
pactó la forma de pago en el referido contrato […]. CONTESTÓ: recuerdo que el
contrato tenía un valor fijo y una bonificación por éxito […], bueno había varios
procesos, me parece que eran cuatro procesos y lo que nosotros estábamos
organizando era que Felipe representara los intereses del IDU en cada uno de esos
procesos. Entonces había un valor fijo que se pactaba y se remuneraba con cada
etapa procesal […] y había un valor variable que eran dos porcentajes que eran las
comisiones de éxito que se daban en dos valores diferentes: había un 1% que se
reconocía en caso de la diferencia entre lo que se pretendiera por parte de ICA y lo
que determinara el Tribunal. En esa diferencia entre la pretensiones de ICA y lo que
hipotéticamente terminara condenado el IDU había un porcentaje; y había otro
porcentaje que era independiente y aparte, porque como había varios procesos en
ese momento en curso, había otro porcentaje en el caso de las condenas a favor
del IDU […] que era del 2%. La idea era tratar de organizarnos con esa cantidad de
67 Folios 137 a 138 del cuaderno 9.
68 Folios 145 del cuaderno 9.
69 Folios 113 a 115 del cuaderno 9 y CD denominado «Prueba Anticipada».
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
procesos que teníamos para que fueran independientes y tuviéramos muy claro que
él tenía una gestión por defender a la entidad frente a las demandas de ICA pero
tenía que hacer, también, la gestión por asegurarse que los intereses de la entidad
se lograran frente al ICA.
PREGUNTA EL SOLICITANTE DE LA PRUEBA ANTICIPADA: […] indique cómo
se calculaba esa bonificación en caso de que hubiese conciliación, teniendo en
cuenta el parágrafo segundo y tercero del contrato. CONTESTÓ: en ese momento,
en la relación que teníamos con ICA que era bastante complicada, entre otras ICA
tenía otro contrato sobre la calle 80, este era el contrato de la malla vial, preveíamos
que posiblemente pudiese haber un intento de conciliación por parte de ICA, es que
eran muchas las demandas que iban y venían de lado y lado. Entonces […] siempre
pensamos que había que identificar e independizar, por la naturaleza de las
pretensiones que teníamos, lo que ICA reclamaba del IDU frente a lo que el IDU
reclamaba del ICA, porque es que eran, repito, varios contratos. Entonces, lo que
pactamos […] en el parágrafo del acuerdo conciliatorio era que las mismas
consecuencias respecto de la bonificación de éxito que hubiesen tenido en caso de
que los Tribunales hubiesen proferido sentencia se aplicaban de igual manera en
caso de una conciliación, porque de lo contrario la mención que se hace en el
parágrafo tercero, era que los valores se pagaran teniendo en cuenta la bonificación
de éxito antes señalada, y la bonificación de éxito antes señalada hacía referencia
a las demandas contra el IDU y a las demandas que el IDU fuera a presentar. De
hecho quiero decirles que la negociación fue bastante fuerte y buscando siempre
los intereses de la entidad, porque lo que nosotros queríamos dejar muy claro era si
en un momento dado nosotros queremos que usted maneje una bonificación de
éxito enrutada a la situación donde el IDU no termine condenado y otro porcentaje
en el caso en donde ICA terminara condenada. Y era precisamente porque eran dos
cosas completamente diferentes que tenemos dos porcentajes diferentes […],
porque de lo contrario hubiéramos pactado un solo porcentaje. Entonces nosotros
dijimos, un porcentaje Felipe va e inclusive fue difícil negociar que un porcentaje era
más bajo que el otro porque en la valoración que yo ya tenía de la situación […]
entendía muy bien lo que le estaba pasando al IDU y teníamos como un
reconocimiento de manifestarle al apoderado que el porcentaje tenía que ser
diferencial y que era menor en un caso precisamente procurando defender y
asegurarnos que los intereses de la entidad estuvieran por delante, porque su labor
frente a una cosa y otra era diferente, eran condiciones completamente diferentes.
Entonces, la interpretación en el caso de conciliación, y por eso queda dentro de la
misma cláusula como un parágrafo, era: Felipe si usted […] hace como si un Tribunal
hubiese fallado, los porcentajes son los mismos y se respetan en el acuerdo
conciliatorio de la misma manera.
PREGUNTA EL SOLICITANTE DE LA PRUEBA ANTICIPADA: […] entonces, los
dos porcentajes eran compatibles y se debía reconocer tanto el porcentaje en caso
en que no se accediera a las pretensiones de ICA y en caso de que hubiera
pretensiones al IDU. CONTESTÓ: pues sí, obviamente era así […]. Repito, la
naturaleza de las controversias que fueron muy fuertes para el IDU y muy fuertes
para la ciudad con ICA, que entre otras después se le declaró la caducidad, suponía
una labor para defender los intereses del IDU y eso tenía un porcentaje que era
concurrente con otro porcentaje que se debe pagar de manera independiente. Dicho
de otra forma, si usted tiene en el proceso una condena por determinado valor en
contra del IDU, es decir, las pretensiones de ICA y lo que finalmente se hubiese
condenado había un porcentaje de éxito en la medida en que el lograra que la
pretensión de ICA se redujera, es decir, la condena contra el IDU fuera menor, ahí
había un porcentaje; y por otra parte, porque la naturaleza de las controversias eran
diferentes, en los diferentes procesos, que eran varios procesos […] en caso de que
el IDU, como efectivamente ocurrió […], fuese reconocida su pretensión la labor era
de otro porcentaje, es que eso eran argumentos, pruebas, cosas completamente
diferentes. […] ICA es una empresa tremendamente poderosa en México […] y me
parece que francamente el Instituto salió muy bien librado y estos honorarios fueron
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
pactados de manera muy conservadora […]. Esa es la interpretación que se le quiso
dar cuando se pactaron los honorarios.
PREGUNTA LA REPRESENTANTE DEL IDU: […] por qué se estableció o por qué
se consagró en el contrato una cláusula específica en el evento en que se diera una
conciliación. CONTESTÓ: porque los parágrafos primero y segundo hablan de las
instancias donde los jueces se pronuncian y hay una condena o una sentencia
judicial. El siguiente parágrafo se pensó, porque […] en el momento en que este
contrato se celebró ya había habido varias aproximaciones de ICA para tratar de ver
si lográbamos conciliar. Entonces, lo que se pensó es, la conciliación que implica
unas sumas que son unas a favor y otras en contra […] que eso es lo mismo que
hubiese pasado con una condena y hablamos de la conciliación porque un proceso
se puede terminar porque haya una sentencia o porque las partes concilien,
entonces como esa posibilidad procesal existe por eso está ese parágrafo para
explicar que aun cuando hubiese conciliación […] se aplicará la bonificación de éxito
anteriormente señalada […], de tal manera que no pasara lo que está pasando
ahorita que hubiese la más mínima duda que aunque se hubiese conciliado él no se
iba a ver desmejorado porque entonces hubiera habido un estímulo adverso al
abogado, que si hubiese entendido o interpretado que él pierde bonificación de éxito
por conciliar pues el abogado litigioso hubiese querido no conciliar para proteger su
bonificación de éxito y llevar esto a un término de una sentencia que de pronto no le
hubiere resultado tan bien al Instituto […].
PREGUNTA LA REPRESENTANTE DEL IDU: […] teniendo en cuenta lo que dice
el parágrafo tercero […] se reconocerán los porcentajes solo sobre el valor que se
concilió. CONTESTÓ: Los porcentajes se pagan sobre los valores que se concilien
pero no sobre cuáles son los valores que se concilian. Los valores que se concilian
son dos: uno a favor de la entidad, que ya tenemos un porcentaje en ese caso, y
otro en contra de la entidad, esos dos son los valores conciliados porque la
conciliación es la expresión o la forma en que las partes llegan a un acuerdo sobre
las acreencias mutuas, entonces, claramente el valor de la bonificación aquí
pactada, es decir, la contenida tanto en el parágrafo primero como en el parágrafo
segundo se aplican en el caso de una conciliación como si se hubiese llegado a una
sentencia pero como no se llegó a la sentencia ese estimulo, vuelvo y explico, no se
vería afectado con la conciliación. Entonces los valores conciliados son dos: lo que
el IDU gana cuando ICA reconoce darle un dinero y lo que el IDU digamos tiene que
reconocerle al ICA, cada uno tiene su bonificación de éxito independiente
coexistiendo de manera concurrente […].
PREGUNTA LA REPRESENTANTE DEL IDU: […] para realizar el pago
consagrado en el parágrafo segundo se requiere fallo judicial. CONTESTÓ: no, lo
que está diciendo el parágrafo segundo es otra cosa, lo que está diciendo el
parágrafo segundo es: la bonificación de éxito será del 2% de la suma a la que
resulte condenada dicha firma, es decir, es la bonificación que corresponda cuando
se dé esa circunstancia, pero no quiere decir que solo si se llegase a que un Tribunal
condenara o profiriera sentencia se paga la bonificación, precisamente porque el
parágrafo tercero para eso se escribió, para explicar y creo que lo voy a volver a
repetir con mucho gusto, las bonificación se pactan sobre unos valores que están
determinados en el parágrafo primero y segundo suponiendo que el proceso termine
con una sentencia proferida por un Tribunal, pero para que no hubiera confusión,
duda, cuestionamiento, respecto de que pasa si no hay fallo, que es donde creo
usted quiere ir, usted quiere que yo le diga que ese 2% solo se pagaría si hubiese
una sentencia de un Tribunal y que en cambio si hubiese una conciliación no habría
lugar a pagar ese 2%. Entonces, quiero ser súper clara diciéndole, sí hay lugar a
pagarlo. Cuando redacté esto, en esta cláusula, nosotros dijimos ¿qué pasa si
conciliamos, pierdo mi bonificación de éxito? tiene sentido pactar en un contrato un
párrafo para decirle a un abogado, mira vamos a hacer la tarea, vas a trabajar en
este proceso pero si se concilia usted pierde sus bonificaciones de éxito. Si uno llega
a interpretar que las bonificaciones de éxito solo eran pagables o reconocibles en
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
caso de sentencia de un Tribunal estuviera generando un contrato bastante extraño,
porque estuviera un abogado pactando algo así, como no voy a conciliar porque si
concilio pierdo mi bonificación de éxito. La conciliación y el parágrafo tercero se
escribieron a conciencia y claridad en que no se pierde la bonificación de éxito por
conciliar y se estimula al abogado para que concilie y no vea afectada su
remuneración, por efectos de que logra una cosa que creo que es eficiente para la
administración pública, que es eficiente para los jueces, que es eficiente para el
sistema, que es muy valiosa para el IDU, que era lograr conciliar con ICA de México
[…]. La interpretación que el IDU pueda tener distinta a esto no es una interpretación
que corresponde a lo que yo interpreté y redacté cuando firme este contrato como
directora de la entidad. Es que lo tengo muy claro, no quería de ninguna manera
desconocer los intereses del abogado en cuanto a su remuneración porque
conciliara, interpretarlo de otra forma es desconocer los derechos del abogado a
recibir su remuneración».
3.31.1. La declaración rendida por quien ejerció el cargo de directora general del IDU
y suscribió el negocio jurídico objeto de controversia podría sugerir, prima facie, la
configuración de una confesión, en la medida en que proviene de quien ostentó la
representación legal de la entidad al momento de los hechos; no obstante, tal
entendimiento no resulta jurídicamente viable, habida cuenta de que el artículo 217
del CPACA establece expresamente que «no valdrá la confesión de los
representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que
pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas».
En consecuencia, aun cuando la declarante hubiese ostentado la calidad de
representante legal para la época de celebración del contrato, sus manifestaciones
no pueden producir los efectos propios de la confesión judicial, al tratarse de una
prohibición legal de carácter absoluto que impide atribuir el carácter de confesión a
tales declaraciones, con independencia del momento en que se rindan.
Ahora bien, se constata que, para la fecha en que la señora Patiño Osorio rindió su
declaración70 ya no se encontraba en ejercicio del cargo, razón por la cual sus
manifestaciones deben apreciarse como prueba testimonial anticipada, en los
términos del artículo 187 del Código General del Proceso, que dispone que «quien
pretenda aducir en un proceso el testimonio de una persona podrá solicitar que se
le reciba declaración anticipada, con o sin citación de la contraparte».
Sobre la naturaleza de este medio de prueba, la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha señalado que «las pruebas de producción anticipada son aquellas cuya
práctica ocurre antes de la oportunidad legal prevista para tal fin en un proceso
judicial. Dado su carácter conservatorio, la función principal de la prueba anticipada
es procurar que las partes puedan obtener la conservación de elementos
probatorios respecto de los cuales, si se espera el momento de su producción legal,
se corre el riesgo de que se pierdan por el transcurso del tiempo o por la alteración
artificiosa de la situación de hecho o de las cosas»71.
70 Consejo de Estado, Subsección C, sentencia del 16 de diciembre de 2020, exp. 42717. «La
declaración de parte y el testimonio son especies del género probatorio denominado declaración.
Difieren en cuanto a la calidad de la persona que declara. El testimonio proviene de un tercero ajeno
a la controversia y la declaración de parte de quienes conforman uno de los extremos de la Litis».
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de octubre de 2014, exp.
30789. Criterio reiterado por la Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Así las cosas, se observa que la declaración objeto de análisis fue recibida bajo la
gravedad del juramento y con comparecencia del IDU, de modo que no se advierte
vulneración del principio de contradicción ni resulta exigible su ratificación posterior,
a la luz de lo dispuesto en los artículos 18872 y 22273 del CGP.
Dicho lo anterior, se precisa que, en la audiencia de pruebas74, el a quo indicó que
dicho testimonio solamente sería valorado para acreditar hechos distintos de la
interpretación de la cláusula contractual controvertida, por haberse practicado
cuando la declarante ya no era funcionaria del IDU; no obstante, en criterio de esta
Sala de Subsección, no resulta jurídicamente atendible lo señalado por el Tribunal
en aquella oportunidad, dado que, aun cuando la interpretación del contrato
constituye una labor que corresponde al juez, ello no impide que el testimonio sea
valorado como elemento de juicio, junto con los demás medios de prueba
recaudados en el proceso, para reconstruir el contexto negocial, la intención común
de las partes y las circunstancias que rodearon la celebración del acuerdo de
voluntades, aspectos que constituyen hechos susceptibles de prueba y que pueden
ilustrar el proceso hermenéutico, sin sustituir la función jurisdiccional.
En consecuencia, la declaración será apreciada como testimonio, bajo las reglas de
la sana crítica y en armonía con los demás elementos de prueba obrantes en el
expediente. Precisado este punto, la Sala encuentra que la señora Patiño Osorio
expuso de manera coherente, clara y completa la finalidad perseguida con la
estipulación de la bonificación de éxito en el contrato de prestación de servicios
suscrito con el hoy demandante, indicando que se buscaba incentivar no solo la
defensa judicial de la entidad, sino también una gestión activa mediante la
formulación de demandas de reconvención, y que desde la etapa precontractual se
contemplaba la eventual acumulación de procesos judiciales.
Estas manifestaciones, provenientes de quien tuvo participación y conocimiento
directo de los hechos, no presentan contradicciones internas y encuentran respaldo
en los documentos de propuesta y aceptación que antecedieron la firma del negocio
jurídico; tampoco se advierten elementos objetivos que permitan cuestionar la
credibilidad e imparcialidad de la testigo, por razón de un interés directo en el
resultado del proceso o de vínculos que comprometan su credibilidad, pues su
72 CGP. «Artículo 188. Los testimonios anticipados para fines judiciales o no judiciales podrán
recibirse por una o ambas y se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento, circunstancia
de la cual se dejará expresa constancia en el documento que contenga la declaración. Este
documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto en el artículo 221. // Estos testimonios, que
comprenden los que estén destinados a servir como prueba sumaria en actuaciones judiciales,
también podrán practicarse ante notario o alcalde. // A los testimonios anticipados con o sin
intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra quien se aduzcan en el proceso, se
aplicará el artículo 222. Si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá
valor».
73 CGP. «Artículo 222. Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos cuando
se hayan rendido en otro o en forma anticipada sin citación o intervención de la persona contra quien
se aduzcan, siempre que esta lo solicite. // Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma
establecida».
74 Folios 350 del cuaderno 1.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
anterior vinculación con la entidad demandada no conduce a inferir, por sí sola, una
inclinación en favor del demandante ni desvirtúa la consistencia de su relato.
En tales condiciones, la Sala otorgará valor probatorio a la declaración en calidad
de testimonio y la apreciará de manera armónica con las demás pruebas, sin
atribuirle valor de confesión, pero reconociéndole aptitud para ilustrar el iter negocial
y el contexto bajo el cual se produjo el acuerdo de voluntades objeto de la
controversia.
4. Caso concreto
La Subsección anticipa que modificará parcialmente la decisión de primera instancia,
por cuanto, si bien se estima que la decisión de declarar el incumplimiento del contrato
475 de 2002 por parte del IDU se encuentra ajustada al recaudo probatorio, así como
la procedencia de la pretensión de llevar a cabo su liquidación judicial, se advierte que
el monto reconocido a favor del contratista por concepto de bonificación de éxito no se
acompasa con la correcta interpretación de los parágrafos segundo y tercero de la
cláusula cuarta del negocio jurídico en cuestión, en lo concerniente a la metodología
empleada y a las bases de su liquidación adoptadas, según pasa a exponerse.
Con el propósito de desarrollar los fundamentos que conducen a las conclusiones
anunciadas, la Subsección abordará los siguientes aspectos: (i) los criterios jurídicos
que orientan la interpretación de la cláusula relativa a la bonificación de éxito pactada
en el contrato 475 de 2002 y, particularmente, la forma en que debe liquidarse; (ii) la
verificación de la existencia de incumplimiento contractual a partir de la conducta
desplegada por el IDU frente a su obligación de pagar la bonificación de éxito; y (iii) la
liquidación judicial definitiva del contrato, con determinación del saldo adeudado, su
actualización y los intereses moratorios a que haya lugar.
4.1. Los criterios jurídicos que orientan la interpretación de la cláusula relativa
a la bonificación de éxito pactada en el contrato 475 de 2002 y, particularmente,
la forma en que debe liquidarse
4.1.1. Sea lo primero recordar que el problema que se somete a consideración de la
Sala se circunscribe a determinar la forma como debe liquidarse la bonificación de
éxito pactada en el contrato de prestación de servicios profesionales 475 de 2002 en
favor del abogado Felipe De Vivero Arciniegas y, a partir de ello, establecer si la suma
reconocida y pagada por el IDU, por dicho concepto, fue calculada conforme con la
correcta interpretación de los parámetros contractuales o si, por el contrario, el pago
efectuado resultó ser incompleto y, por tanto, constitutivo de un incumplimiento
susceptible de indemnización.
En ese marco, la parte actora sostiene que la bonificación de éxito debía liquidarse,
de un lado, sobre el 1% de la diferencia entre las sumas pretendidas por ICA S.A. en
los distintos procesos promovidos contra el IDU con ocasión del contrato 462 de 1997
y los valores finalmente determinados en sede judicial, porcentaje que, según afirma,
no fue reconocido por la entidad; y, de otro, sobre el 2% de las sumas a las que resultó
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
obligada dicha sociedad como consecuencia de la demanda de reconvención incoada
por el Instituto, componente que —asevera— fue objeto de pago parcial al haberse
tomado como base un cifra inferior a la contractualmente prevista75. A su juicio, ambos
porcentajes eran autónomos y concurrentes, por lo que debían reconocerse de
manera simultánea, incluso cuando, como ocurrió, los procesos hubieran culminado
mediante la aprobación de un acuerdo conciliatorio.
En contraposición, la entidad demandada aduce que, dado que los procesos fueron
acumulados y finalizaron mediante un acuerdo conciliatorio, la bonificación de éxito
únicamente debía calcularse sobre el 2% de la suma que ICA S.A. pagó al IDU como
resultado de la conciliación, una vez efectuado el cruce de cuentas allí previsto, en
tanto el reconocimiento del 1% sobre la diferencia entre la suma inicialmente
pretendida por dicha sociedad y la finalmente determinada solo procedía en el evento
de haberse proferido sentencia judicial, situación que no ocurrió76.
4.1.2. Estas posturas interpretativas divergentes sobre la forma de calcular la prima
de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios 475 de 2002 imponen a la
Sala la necesidad de adelantar un ejercicio hermenéutico77 a la luz de las pautas de
interpretación contractual previstas en el Código Civil, aplicables cuando el sentido de
una cláusula genera incertidumbre, duda o discrepancia78. Tales pautas, aplicables
también a los contratos estatales79, se encuentran consagradas en los artículos 1618
75 Esta posición no solo fue presentada por el demandante en el presente proceso judicial, sino que
ha sido expresada por este con anterioridad, al solicitarle al IDU la bonificación de éxito pactada en
el contrato bajo análisis, como se puede extraer de los numerales 3.20, 3.22, 3.24, 3.26 y 3.29 de
los hechos probados.
76 Esta posición no solo fue refrendada por la demandada dentro de las actuaciones judiciales
realizadas en el presente proceso judicial, sino que ha sido expresada por este con anterioridad, al
responderle las diferentes solicitudes al abogado sobre el pago de la bonificación de éxito pactada
en el contrato bajo análisis, como se puede extraer de los numerales 3.21, 3.23, 3.25, 3.27 y 3.28 de
los hechos probados.
77 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de mayo de 1972. «cuando
el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas
claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así
concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos, y que, por lo mismo, se torna innocuo
cualquier intento de interpretación. Los jueces tienen facultad amplia para interpretar los contratos
oscuros, pero no puede olvidar que dicha atribución no los autoriza, so pretexto de interpretación, a
distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y terminante, ni muchísimo menos para
quitarles o reducirles sus efectos legales».
78 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1991, exp. 5973. «El poder
de interpretación que tienen las partes de un contrato no se discute, ni en el derecho privado ni en
el público. El mismo código civil en sus artículos 1618 y siguientes trae una serie de normas
orientadoras a ese respecto. Y es obvio que así sea porque en la ejecución y cumplimiento de los
contratos pueden surgir discrepancias o dudas sobre el alcance de ciertas cláusulas o frases que
entorpezcan su desarrollo. Discrepancias o dudas que deben ser despejadas en primer término por
las mismas partes y que en última instancia será el juez el que las despeje cuando aquéllas no hayan
logrado un acuerdo y como consecuencia se haya producido el rompimiento de la relación negocial.
Pero ese poder interpretativo que en el derecho privado es equivalente y no coercitivo, como que
una de las partes no le podrá imponer a la otra una determinada interpretación, en el derecho público
presenta unas características diferentes». Criterio reiterado en: Sección Tercera, sentencia del 30
de junio de 2011, exp. 38619.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 22714;
«[…] las reglas legales de interpretación de los contratos resultan válidamente aplicables en el ámbito
de la contratación estatal puesto que […], los principios orientadores que recoge y consagra el
artículo 28 de la Ley 80 para la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica en materia
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
a 1624 ejusdem, y según la doctrina80 y la jurisprudencia81, comprenden dos principios
rectores y seis reglas de interpretación82.
Los principios rectores son los siguientes: (i) la búsqueda de la común intención de las
partes —communis intentio o voluntas spectanda— y (ii) la buena fe negocial o
contractual. Por su parte, las reglas abarcan: (i) la especificidad o especialidad; (ii) la
interpretación efectiva, útil o conservatoria; (iii) la interpretación naturalista o fundada
en la naturaleza del contrato, y de la interpretación usual; (iv) la interpretación
contextual, extensiva y auténtica; (v) la interpretación incluyente o explicativa; y (vi) la
interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor, y en contra del estipulante.
En relación con el primero de dichos principios, el artículo 1618 del Código Civil
dispone que, «conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a
ella más que a lo literal de las palabras». Esta regla ha sido reconocida por esta
Sección83 como la primera y cardinal directriz que debe orientar al juez en su labor
interpretativa, pues, cuando de contratos se trata, esta labor no tiene como objeto
primario establecer el querer dispositivo e individual de cada uno de los contratantes,
sino la intención común de todos ellos, toda vez que el contrato es el resultado de la
convergencia de sus designios negociales.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado:
contractual, cuando de vínculo de naturaleza estatal se trata, en realidad no se ocupan de desarrollar
con detalle y de manera específica la forma en la cual han de ser interpretados los aludidos contratos
estatales y, por ello mismo, no habría lugar, en los términos del artículo 13 de la citada Ley 80, a
excluir por completo la aplicación de las normas legales correspondientes que sobre esas precisas
materias contienen los estatutos mercantil y civil sobre la base, que obviamente resultaría
equivocada, de considerar el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado a través de
la norma propia del Estatuto de Contratación Pública (Artículo 28)».
80 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Principios rectores y reglas de interpretación de los contratos. Grupo
Editorial Ibáñez, 2016.
81 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353.
82 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. Cit., páginas 84 a 86. El autor refiere que, además de las reglas
tradicionales, existen unas reglas modernas que son aplicables en casos específicos. Al punto
afirma: «teniendo en cuenta y en consideración las profundas transformaciones experimentadas en
la esfera contractual en el siglo XX y en lo corrido del siglo XXI […] han surgido diversas
fenomenologías que implican puntuales cambios en relación con la concepción y con la dinámica del
contrato (visión clásica), v.gr: los contratos por adhesión, las condiciones generales de contratación,
y la floración del apellido ‘derecho del consumo’, tan solo para aludir a algunas de ellas, cambios
que, en la órbita de su interpretación, igualmente se han hecho evidentes y actuantes, sin que por
ello se puedan entender abolidas las reglas convencionales […]. Lo anterior justifica que, en puridad,
con todas las cautelas que ello supone, se pueda aludir a una nueva lectura y, por tanto,
aproximación al contrato en la actualidad, y con fundamento en ella a unas nuevas reglas
interpretativas de la relación contractual que, en sentido lato, pueden denominarse ‘reglas modernas’
-o contemporáneas- por oposición a las mencionadas ‘reglas tradicionales’ […]. tales reglas
modernas […] principalmente son las siguientes: contra proferentem y pro consumatore; de la
estipulación más beneficiosa; de la preferencia de las estipulaciones concertadas o negociadas
sobre las cláusulas predispuestas; de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las
condiciones generales de contratación; de la interpretación de las condiciones generales de
contratación; de la conexidad contractual; de la interpretación de los contratos atípicos y regla o
criterio de la interpretación más razonable».
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2011, exp. 38619; Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de junio de 2011, exp. 18762; Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 7 de diciembre de 2016, exp. 37959; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
10 de febrero de 2021, exp. 47068.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
«[…] la interpretación que se predica de los negocios jurídicos existentes, es ulterior
a la existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y precisar la
relevancia normativa de su sentido conformemente a la ‘reciproca intención de las
partes’ (art. 1618 C.C), de ordinario plasmada en las cláusulas, párrafos,
condiciones o estipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce ni se supedita,
por cuanto, aun siendo ‘claro’ el sentido idiomático, literal o textual de las palabras,
en toda divergencia a propósito, impónese reconstruirla, precisarla e indagarla
según el marco de circunstancias, materia del negocio jurídico, posición, situación,
conocimiento, experiencia, profesión u oficio de los sujetos, entorno cultural, social,
económico, político, geográfico y temporal en una perspectiva retrospectiva y
prospectiva, esto es, considerando además de la celebración, ejecución y conducta
práctica negocial, la fase prodrómica, de gestación o formación teniendo en cuenta
que los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la
producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el
contrario, una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su
importancia se traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera
intención de las partes cristalizada en las cláusulas del contrato»84.
Desde esta perspectiva, el ordenamiento jurídico colombiano privilegia un sistema
subjetivo de interpretación contractual, orientado a la identificación de la intención
común de las partes, por encima de un criterio puramente objetivo centrado en la
literalidad de la declaración contractual85-86.
Ahora bien, la buena fe contractual, como segundo principio rector, atraviesa
transversalmente el ejercicio interpretativo orientado a desentrañar la recíproca
intención de las partes. Este postulado, consagrado de manera general en el artículo
8387 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 160388 del Código Civil
y 87189 del Código de Comercio, adquiere especial relevancia en el ámbito de la
contratación estatal, en la medida en que «obliga a la administración pública y a los
84 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, exp.
2001,06915-01.
85 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353.
«La doctrina (local y foránea) y la jurisprudencia nacional reconocen que existe jerarquía entre los
criterios de interpretación del contrato y, en esa medida, han señalado que el subjetivo prevalece
sobre el objetivo, a partir de la idea de que el principio de la búsqueda de la real voluntad de los
contratantes es fundamental dentro de la labor hermenéutica y que los demás principios y reglas son
subsidiarios». Criterio reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 10 de febrero de 2021, exp. 47068.
86 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. Cit., página 342. «En el Derecho colombiano, y en general, en el
Derecho continental, se enseñorea el sistema subjetivo de interpretación contractual, que propende
por la solicita búsqueda de la intención de las partes, la que puede ser hallada acudiendo a diversos
expedientes e instrumentos, v.gr: a los hechos anteriores, concomitantes y posteriores a la
celebración del contrato y hasta donde racionalmente sea posible, toda vez que no puede forzarse
dicho objetivo, puesto que terminaría por distorsionarse su laborío, que conoce límites. De allí que,
si dicha búsqueda se torna infecunda, como a menudo sucede tratándose de la contratación
predispuesta, adhesiva y de consumo, sin sobresaltos debe procurar el hermeneuta la interpretación
contractual en consideración al sistema objetivo, acudiendo, en tal virtud, a reglas de estirpe objetiva,
como la ya señaladas antes (arts. 1619, 1620, 1621, 1623 y 1624)».
87 Constitución Política. «Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante éstas».
88 CC. «Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no
solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza
de la obligación, o que por ley pertenecen a ella».
89 CCO. «Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda
a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural».
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
particulares contratistas, a tener en cuenta las exigencias éticas que emergen de la
mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de los
contratos»90.
A partir de lo expuesto, podría afirmarse que cualquier ejercicio hermenéutico debe
iniciarse desentrañando y averiguando la verdadera intención, la voluntad genuina de
las partes contratantes, apreciada a la luz del principio de la buena fe contractual, y
que solamente cuando dicha indagación no permita esclarecer el sentido de la cláusula
controvertida debe acudirse a las directrices de interpretación previstas en los artículos
1619 a 1624 del Código Civil, que tienen «un carácter subsidiario, instrumental o de
apoyo, en la labor de fijación del contenido contractual»91.
Con todo, esta secuencia metodológica no puede entenderse de manera rígida. Si bien
la búsqueda de la intención común de la voluntad constituye la regla general y el punto
de partida del análisis, en determinados eventos una aproximación exclusivamente
subjetiva puede resultar insuficiente para auscultar plenamente el alcance de una
estipulación contractual. Ello obedece a que la voluntad común no es una realidad
meramente interna, sino una construcción jurídica que adquiere relevancia en la
medida en que se exterioriza de forma objetiva a través de la declaración y de la
conducta negocial de las partes92. De ahí que, cuando el contexto, el tenor del
90 Corte Constitucional, sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001.
91 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 20008, exp
2000-00075-01.
92 Betti J. Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos. Grupo Editorial Olejnik, 2018,
páginas 436 a 438 «De los criterios metodológicos derivan, sobre todo, consideradas como
diferentes, las generales orientaciones interpretativas en las que se refleja la finalidad político-
legislativa de la interpretación. Tales orientaciones se identifican con las diversas teorías sostenidas
en torno a la voluntad y a la declaración en el negocio en orden al tratamiento de los vicios del
elemento subjetivo, o sea en relación con el criterio para resolver el conflicto entre la exigencia de
imputabilidad al declarante y la exigencia de recognosibildad por parte de los demás. Así, teoría de
la voluntad, de la declaración, de la confianza y de la responsabilidad. Estas teorías pecan, unas
más, otras menos, de unilateralidad en la visión del problema, bien que le planteen en términos
equivocados, bien que se limiten a considerarlo solo bajo un aspecto singular, o ya que generalicen
indebidamente en relación con todos los negocios, criterios, que tienen su sentido y valor solamente
en relación con algunas categorías de negocios. Plantean en términos equivocados el problema las
dos teorías extremas, que representan soluciones en sentido opuesto: la teoría de la voluntad y la
teoría de la declaración –la primera dirigida a dar prevalencia a la voluntad real del declarante tanto
en la interpretación como en la calificación sobre la validez del negocio; la segunda, por el contrario,
dirigida a dar prevalencia a la declaración abstractamente considerada, tal y como puede ser
recognoscible por el destinatario o en el ambiente social-. La cuestión de si la voluntad interna
(porque esta es la voluntad verdadera) debe prevalecer sobre la declaración, o si la declaración deba
prevalecer sobre la voluntad interna, expresa una alternativa inadmisible en el plano jurídico, por lo
que es evidente que está mal planteada. Porque la voluntad de las partes no adquiere relevancia
jurídica, sino, precisamente, en cuanto sea recognoscible bajo la forma de declaración o de
comportamiento, por lo que no puede ser colocada en el mismo plano de esta forma, ni asumir un
valor por sí misma, en antítesis con aquella. Cuando la Ley (art 1362 C.C. it.) atiende a dar relevancia
al intento común de las partes frente al sentido literal de las palabras, entiende por tal la intención
común, no la voluntad de cada una de las partes, que permanece inexpresada en la esfera interna
de la conciencia, sino el concorde interno que se ha formado entre las partes en cuanto aparece
como recognoscible en su común o congruente declaración y conducta. Entendiéndose por ello que
esta común o congruente declaración o conducta, interpretada por otro no según la muerte y
abstracta letra de las palabras, sino según su espíritu, es interpretada en función del reciproco
comportamiento de las partes de las que proviene y de la situación de hecho, en la que aparece en
concreto encuadrada. Los mismos criterios que explican la construcción de la declaración emitida y
comunicada, deben gobernar también la interpretación, ya que por ello mismo no es más que su
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
clausulado o la dinámica de ejecución así lo exijan, se imponga un examen integral y
sistemático del contrato que articule los planos subjetivo y objetivo de la interpretación.
En ese contexto, la Sala abordará el análisis de la cláusula controvertida —relativa a
la bonificación de éxito— a la luz de los principios y reglas de interpretación contractual
previamente expuestos, con el fin de precisar su verdadero alcance normativo, su
función dentro de la estructura remuneratoria pactada y las consecuencias jurídicas
que de ella se derivan para las partes.
4.1.3. Los principios de la búsqueda de la común intención de las partes y la
buena fe contractual
Tal como se indicó en el apartado precedente, la búsqueda de la recíproca intención
de las partes y la buena fe contractual deben orientar de manera transversal la labor
del intérprete, a quien le corresponde la tarea de reconstruir la voluntad que animó a
los contratantes al momento de pactar la cláusula que suscita controversia, atendiendo
no solo a su tenor literal, sino también a su exteriorización objetiva, leal y coherente,
conforme con las exigencias de la buena fe negocial.
Para acometer dicho propósito, se observa que obran al expediente algunos medios
de prueba que contribuyen a esclarecer la genuina intención de los extremos
negociales, en lo concerniente al pacto de la bonificación de éxito estipulada en el
contrato de prestación de servicios de representación judicial 475 de 2002. Entre esos
medios de prueba, la Sala destaca los siguientes:
• La propuesta presentada por el abogado De Vivero Arciniegas al IDU93,
en la cual: (i) se precisó que el objeto de la asesoría comprendería tanto la defensa
judicial del Instituto en las controversias derivadas del contrato de obra 462 de 1997
celebrado con ICA S.A., en ambas instancias, como la eventual presentación de
demandas de reconvención; (ii) se estructuró remuneración bajo dos modalidades
concurrentes, una suma fija, pagadera por etapas procesales, y una bonificación de
éxito calculada, de un lado, sobre el 1% de la diferencia entre las pretensiones
formuladas por ICA S.A. y la condena finalmente impuesta al IDU, y, de otro, sobre el
2% de las sumas a cuyo pago resultara obligada ICA S.A. como consecuencia de las
demandas de reconvención; y (iii) se previó expresamente la posibilidad de que
ocurriera una acumulación de los procesos judiciales originados en dichas
controversias.
reconstrucción. Los criterios objetivos de valoración que esclarecen, en relación con el marco de las
circunstancias, el significado social de las palabras usadas y del comportamiento observado –así el
uso del lenguaje hablado, como los usos del tráfico y las concepciones dominantes en la conciencia
social- gobiernan también la interpretación, porque en la normalidad de los casos (según el id quod
plerumque accidit) concurren esencialmente a determinar también la concreta situación subjetiva de
las partes […]. Ahora bien, la ley no se separa de aquellos criterios objetivos (art. 1362, C.C. it.)
cuando pone junto al sentido literal de las palabras la común intención de las partes, porque también
esta común intención va genéticamente reconstruida en su objetiva recognosibildad y por ello bajo
la medida de aquellos criterios […] (subrayado propio).
93 Hecho probado 3.3.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
• El memorando DG-0000-0240 suscrito por la directora general del IDU94,
mediante el cual se aceptó la propuesta presentada, destacando lo siguiente: (i) la
idoneidad profesional del abogado para representar los intereses del Instituto, dada su
experiencia previa en los litigios suscitados entre el instituto e ICA S.A.; (ii) el alcance
integral de la representación judicial, que incluía la defensa en las dos instancias y la
presentación de demandas de reconvención; (iii) la aceptación del esquema de
honorarios propuesto, tanto en su componente fijo como en la bonificación de éxito; y
(iv) la previsibilidad de la acumulación de los procesos, atendiendo a la identidad de
partes, objeto y causa.
• El testimonio rendido por María Isabel Patiño Osorio95, directora general
del IDU para la época de los hechos, quien de manera consistente y detallada explicó
lo siguiente: (i) el contrato se estructuró para cubrir tanto la defensa frente a las
pretensiones de ICA S.A. como la obtención de resultados favorables mediante
demandas de reconvención; (ii) la bonificación de éxito pactada comprendía dos
porcentajes diferenciados —1% y 2%— que se causarían de forma independiente y
concurrente, según los resultados obtenidos; (iii) la complejidad del litigio hacía
previsible la terminación del conflicto mediante conciliación; (iv) la anterior
circunstancia dio lugar a que se incluyera un parágrafo específico destinado a
garantizar que, en caso de acuerdo conciliatorio, la bonificación de éxito se causara
en los mismos términos que tendrían lugar si el proceso hubiese concluido mediante
sentencia judicial; y (v) dicha previsión respondía al propósito de evitar incentivos
adversos para el apoderado y de promover una solución conciliada eficiente y
beneficiosa para la entidad.
La valoración conjunta de los elementos probatorios permite concluir que, desde la
etapa de gestación y formación del contrato 475 de 2002, las partes tuvieron claridad
sobre el carácter integral de la representación judicial encomendada —que
comprendía tanto la defensa como la formulación de demandas de reconvención—,
así como sobre la probabilidad de acumulación de los procesos y de su eventual
terminación por la vía conciliatoria. En ese marco, previeron expresamente la
regulación de los honorarios para tal escenario, con el propósito de incentivar la
consecución de un acuerdo, sin afectar la remuneración pactada.
La Sala resalta la especial relevancia que revisten los medios probatorios reseñados
al momento de desentrañar la intención convergente de las partes, permitiendo
evidenciar las expectativas que asistían a los sujetos negociales desde la fase de
gestación del acuerdo de voluntades y el resultado concreto o función práctica y
económica procurada por estos con la celebración del negocio jurídico. No en vano de
vieja data se ha reconocido que «[…] los actos, tratos o conversaciones preliminares
enderezados a preparar la producción de un consentimiento contractual no son
intrascendentes; por el contrario, una vez formado el consentimiento son parte
integrante de él, y su importancia se traduce en servir de medios auxiliares para
94 Hecho probado 3.4.
95 Hecho probado 3.31.
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interpretar la verdadera intención de las partes, cristalizada en las cláusulas del
contrato»96.
De ello se sigue que el IDU y el contratista convinieron una bonificación de éxito atada
a los resultados favorables obtenidos por la entidad, tanto frente a las demandas
promovidas por ICA S.A. como respecto de las que el IDU formulara en reconvención,
sin que su causación dependiera exclusivamente de la expedición de una sentencia
judicial ni se viera alterada por la acumulación de procesos o por su terminación
mediante conciliación.
Este entendimiento se armoniza con el tenor literal y sistemático del contrato en
cuestión, particularmente con la cláusula cuarta y sus parágrafos segundo y tercero,
relativos a la forma de pago, cuyo contenido se reproduce nuevamente a continuación
con fines de precisión argumentativa:
«CLÁUSULA CUARTA: El IDU pagará al ASESOR la suma establecida en la
cláusula anterior de la siguiente manera: 1) un pago anticipado por la suma de
$116’000.000 una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y legalización
de presente contrato; 2) la suma de $58’000.000 contra constancia de contestación
de las demandas que cursan por los procesos 2002-1985 y 2002-2337; 3) la suma
de $58’000.000 pagaderos una vez se profiera en uno cualquiera de los procesos
mencionados, auto en el que se decreten pruebas; 4) la suma de $58’000.000 una
vez se profiera auto que decrete pruebas en el segundo de los procesos
mencionados; 5) la suma de $58’000.000 una vez se profiera sentencia de primera
instancia en alguno de los procesos mencionados; 6) la suma de $58’000.000 una
vez se profiera sentencia de primera instancia en el segundo de los procesos
mencionados; 7) la suma de $58.000.000 una vez se profieran las sentencias de
segunda instancia; 8) en el evento que los procesos mencionados se acumulen, las
sumas señaladas en los anteriores numerales se pagarán en la oportunidad
procesal correspondiente al proceso acumulado.
[…] PARÁGRAFO SEGUNDO: A título de bonificación de éxito se causará el pago
del 1% de la diferencia entre la suma pretendida por la firma ICA S.A. y la que
finalmente determine el Tribunal. En el caso de obtenerse unas sumas a favor del
IDU y el Distrito Capital – Secretaría de Obra Públicas se causará un pago
equivalente al 2% de la suma a la que resulte condenada dicha firma.
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de lograrse acuerdo conciliatorio en
cualquier etapa, solo se pagarán los valores ocasionados hasta ese momento. En
todo caso, sobre el valor conciliado se causará la bonificación de éxito antes
señalada […]».
De la interpretación sistemática de la cláusula cuarta se advierte que la bonificación de
éxito fue concebida como una remuneración variable vinculada al resultado de los
procesos en los cuales el contratista ejerció la representación judicial del IDU, sin que
su causación quedara restringida exclusivamente a la expedición de una sentencia. En
efecto, en el parágrafo segundo se estructuraron dos supuestos diferenciados pero
concurrentes de pago, como manifestaciones autónomas del éxito alcanzado en el
96 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de junio de 1989.
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litigio, al prever el reconocimiento del 1% sobre la diferencia entre la suma pretendida
por ICA S.A. y la que finalmente se determinara —en los procesos en los que la entidad
actuaba como demandada—, así como del 2% sobre las sumas que resultaren a favor
del IDU —en aquellos en los que actuaba como demandante—.
Por su parte, el parágrafo tercero de la cláusula no estableció una base distinta de
liquidación de la bonificación de éxito, sino que reguló el evento en que el proceso
culminara mediante conciliación, al disponer, de un lado, que «solo se pagarán los
valores ocasionados hasta ese momento», lo cual se refiere a los honorarios fijos
asociados a los hitos procesales —como efectivamente fue pagado este concepto97—
y, de otro, que «sobre el valor conciliado se causará la bonificación de éxito antes
señalada», expresión que, contrario a lo que discutió el IDU, no sustituye los criterios
definidos en el parágrafo segundo, sino que remite a ellos, en cuanto dispone que la
bonificación que se causa es la antes señalada, esto es, la del 1% y del 2%.
En este contexto, hay que señalar que en este caso el IDU, en estricto sentido, alegó
que la bonificación de éxito no se causaba si los procesos terminaban con acuerdo
conciliatorio, sin que sus argumentos se centraran en el entendimiento de la expresión
«valor conciliado» como base para el cálculo de la bonificación de éxito. No obstante,
para la Sala de Subsección, tal expresión «valor conciliado», incluida en el parágrafo
tercero de la cláusula cuarta del contrato, no puede concebirse como una base
autónoma y excluyente de cálculo, ni restringirse a las sumas reconocidas a favor del
IDU en el acuerdo conciliatorio, sino como el resultado económico definido en dicho
acuerdo respecto de cada una de las pretensiones debatidas por las partes en los
distintos procesos acumulados. En tal virtud, la conciliación, contrario a lo sostenido
por el IDU en el litigio, no altera la estructura de la remuneración variable ni sustituye
las reglas de cálculo del 1% y del 2% por una base distinta, sino que constituye
simplemente el mecanismo a través del cual se define el resultado del litigio, al cual se
aplican los mismos criterios de causación previstos en el parágrafo segundo.
Bajo ese entendimiento, la acumulación de los procesos y su finalización mediante un
único acuerdo conciliatorio implica que la bonificación de éxito del 1% deba calcularse
respecto de la diferencia resultante entre las súplicas formuladas por ICA S.A. en cada
una de las demandas promovidas y el resultado económico definido en el acuerdo
conciliatorio para cada proceso. Por su parte, el 2% debe calcularse con base en las
sumas efectivamente reconocidas a favor del IDU en el acuerdo conciliatorio, como
resultado de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención.
97 En el numeral 1.2.3. de los antecedentes, correspondiente a los hechos de la demanda, se dejó
consignado que la parte actora reconoció haber recibido la suma de $290’000.000 por concepto de
honorarios fijos, correspondientes al anticipo y a los pagos causados por la contestación de las
demandas y por la expedición de los autos que decretaron pruebas. Tal manifestación confirma que
la remuneración fija no se devengaba en bloque ni sobre el valor total pactado, sino de manera
escalonada y condicionada al cumplimiento de hitos procesales específicos, lo que resulta coherente
con la previsión contractual según la cual, en caso de conciliación, «solo se pagarán los valores
ocasionados hasta ese momento», expresión que necesariamente remite a los pagos ya causados
por etapas efectivamente cumplidas y no a la bonificación de éxito.
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Así las cosas, la Sala considera que fue el propio texto contractual el que equiparó,
para efectos de la causación de la bonificación de éxito, el resultado definido mediante
sentencia a aquel alcanzado por vía conciliatoria. En tal virtud, la estipulación debe
interpretarse en el sentido de que el derecho a obtener la bonificación de éxito —y la
correlativa obligación de pago— surge cuando se obtiene un resultado económico
favorable para la entidad en cada uno de los procesos, ya fuere por sentencia proferida
por la autoridad judicial competente o mediante acuerdo que pusiera fin a las disputas,
en los términos expresamente pactados por las partes.
Esta interpretación resulta coherente con el régimen legal aplicable, en tanto los
artículos 6598, 6699 y 70100 de la Ley 446 de 1998 —vigentes para la fecha en que se
surtieron los procesos judiciales— reconocen expresamente a las entidades públicas
la facultad de conciliar controversias de contenido económico, tanto en sede judicial
como prejudicial, y le otorgan al acuerdo conciliatorio efectos de cosa juzgada y mérito
ejecutivo, equiparándolo, en sus consecuencias sustanciales, a una sentencia. En ese
orden, entender que la bonificación de éxito solo se causaba en caso de mediar un
fallo judicial y no cuando el conflicto culminaba mediante conciliación, implicaría
desincentivar un mecanismo legalmente promovido y funcionalmente equivalente,
desconociendo no solo la intención común de las partes, sino también los principios de
eficacia, economía y solución directa de controversias que orientan la contratación
estatal.
En síntesis, contrario a lo sostenido por el IDU en su recurso de apelación, para la Sala,
tanto la conducta precontractual de las partes como la interpretación integral del
clausulado, evidencian que la bonificación de éxito fue concebida para operar en dos
supuestos susceptibles de concurrir —la disminución de las súplicas formuladas por
ICA S.A. en contra del Instituto y la obtención de condenas a favor del IDU—, los
cuales, de verificarse simultáneamente, daban lugar al pago total de la remuneración
acordada, sin quedar supeditada de manera exclusivamente a la expedición de una
sentencia judicial, en tanto las partes convinieron expresamente que la conciliación
produciría los mismos efectos de cara a su causación.
Ahora bien, aunque la reconstrucción de la intención común de las partes permite
perfilar con suficiente nitidez el alcance de la estipulación debatida, resulta
metodológicamente adecuado contrastar esta conclusión con las demás reglas de
interpretación contractual previstas en el ordenamiento jurídico. Ello no solo garantiza
la coherencia del entendimiento adoptado con la finalidad económica del negocio, su
tenor literal y su estructura sistemática, sino que también se impone en el sub examine
en atención a que en primera instancia el Tribunal acudió a varias de esas pautas
98 Ley 446 de 1998. «Artículo 65. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción,
desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley».
99 Ley 446 de 1998. «Artículo 66. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de
conciliación presta mérito ejecutivo».
100 Ley 446 de 1998. «Artículo 70. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991, quedará así: ‘Artículo 59.
Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de
derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre
conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85,
86 y 87 del Código Contencioso Administrativo’».
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hermenéuticas para fundamentar su decisión, algunas de las cuales fueron objeto de
cuestionamiento en sede de apelación. De esta manera, el examen integral de tales
directrices permite resolver de forma completa las inconformidades planteadas y
asegurar una interpretación armónica con los principios que gobiernan la contratación
estatal.
4.1.4. La regla de la interpretación contextual, extensiva y auténtica
El artículo 1622 del Código Civil contempla una regla de carácter subjetivo que, en
estricto sentido, integra tres pautas hermenéuticas diferenciadas: (i) la interpretación
contextual, conforme con la cual «las cláusulas de un contrato se interpretarán unas
por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su
totalidad»; (ii) la interpretación extensiva, que autoriza acudir a las cláusulas «de otro
contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia», cuando ello resulte útil
para esclarecer el alcance del negocio controvertido; y (iii) la interpretación auténtica,
que permite determinar el sentido de la estipulación «por la aplicación práctica que
hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra
parte».
Estas pautas, aunque comparten un fundamento común en la reconstrucción del
sentido negocial a partir del contexto y la conducta de las partes, operan con
presupuestos distintos y deben examinarse separadamente en relación con la cláusula
cuarta del contrato 475 de 2002 y sus parágrafos, en cuanto regulan la bonificación de
éxito objeto de controversia, como se pasa a exponer:
4.1.4.1. La interpretación contextual supone que el contrato debe leerse como un
todo orgánico, de manera que el sentido de cada cláusula no se determine
aisladamente, sino a partir de su relación sistemática con las demás estipulaciones y
con la finalidad global del negocio jurídico. Bajo esta pauta interpretativa, el significado
de una disposición se esclarece a la luz del conjunto del clausulado, evitando
fragmentaciones que desarticulen la coherencia interna del acuerdo.
En esa línea, esta Sección ha precisado que «este criterio interpretativo pone de
presente la correlación que existe entre las partes constitutivas del discurso, como
de cada manifestación del pensamiento, y su referencia común al todo del que hacen
parte: correlación y referencia que hacen posible la iluminación recíproca del
significado entre el todo y los elementos constitutivos. Constituye un principio
evidente de técnica de interpretación textual, que al dirigirse a aclarar el sentido de
una declaración de índole jurídica, ordena que el significado de las declaraciones no
puede ser segmentado, sino que debe ser atribuido al conjunto de la intención del
declarante; es decir, que en presencia de una o varias cláusulas, dentro de un
contrato, se debe considerar que hacen parte de un todo, y es por medio de la luz
de cuanto emerge del conjunto de la declaración entera, que se determina el sentido
jurídico propio del objeto interpretado»101.
101 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp. 16100. Criterio
que se encuentra en lineamiento con lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de
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De ello se desprende que la pauta contextual impone al intérprete integrar cada
estipulación dentro del entramado contractual en su conjunto, de modo que su alcance
no se determine de manera fragmentada, sino a partir de la coherencia interna del
negocio y de su finalidad económica global. Así, como este asunto concierne sobre la
cláusula relativa a la bonificación de éxito, su sentido debe definirse atendiendo al
diseño contractual integral y a la lógica funcional del encargo profesional asumido.
Bajo ese enfoque, la referida lectura sistemática conduce a integrar los parágrafos que
regulan la bonificación de éxito con el objeto contractual y las obligaciones asumidas
por el contratista en el contrato 475 de 2002. Así, entonces, conforme con su cláusula
primera, el objeto consistía en la representación judicial del IDU en los diferentes
procesos promovidos por ICA S.A. con ocasión del contrato de obra 462 de 1997102.
A su turno, la cláusula segunda estableció, entre otras obligaciones, no solo la defensa
técnica de la entidad en todas las instancias, sino también la formulación de demandas
de reconvención cuando ello resultara jurídicamente viable, así como el despliegue de
actuaciones estratégicas orientadas a la protección integral de sus intereses103.
Este diseño contractual pone de relieve que el contratista asumió prestaciones de
naturaleza diversa: (i) de un lado, el ejercicio del derecho de contradicción y defensa
frente a las pretensiones formuladas contra el IDU; (ii) de otro, el ejercicio del derecho
de acción mediante la reconvención, encaminado a obtener condenas a favor de la
entidad. Si bien ambas actuaciones podían desarrollarse dentro de un mismo proceso
por razones de economía procesal, su fundamento y finalidad eran diferenciados, pues
la primera se dirigía a desvirtuar o aminorar las pretensiones del demandante,
mientras que la segunda implicaba la formulación autónoma de reclamaciones en su
contra, configurando una relación procesal recíproca de demandante y demandado.
En ese contexto, resulta coherente que la prima de éxito se hubiese estructurado sobre
dos supuestos fácticos distintos —la disminución de las pretensiones formuladas
contra el Instituto y la obtención de condenas a su favor—, a cada uno de los cuales
se asignaron porcentajes específicos susceptibles de operar de manera concurrente.
Así lo corroboró la entonces directora del IDU al señalar que este aspecto fue objeto
de particular deliberación durante la negociación contractual, con el propósito de dejar
claramente fijado que ambas hipótesis podían generar remuneración simultánea104.
Casación Civil, sentencia del 15 de marzo de 1965, G.J. T.CXI y CXII, No 2276-2277, incluido
también, en la sentencia del 15 de junio de 1972, G.J CXLII, No. 2352-2357. «El juzgador, al acudir
a las reglas hermenéuticas, debe observar, entre otras, aquella que dispone examinar de conjunto
las cláusulas, analizando e interpretando unas por otras, de modo que todas ellas guarden armonía
entre sí, que se ajusten a la naturaleza y finalidad de la convención y que concurran a satisfacer la
común intención de las partes. El contrato es un concierto de voluntades que por lo regular constituye
una unidad y en consecuencia sus estipulaciones deben apreciarse en forma coordinada y armónica
y no aislando unas de otras como partes autónomas, porque de esta suerte se podría desarticular y
romper aquella unidad, se sembraría la confusión y se correría el riesgo de contrariar el querer de
las partes, haciéndole producir a la convención efectos que estas acaso no sospecharon».
102 Hecho probado 3.5.
103 Hecho probado 3.5.1.
104 Hecho probado 5.4.1.3.
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De igual modo, la interpretación contextual permite advertir que la eventual
terminación de los litigios mediante conciliación no fue una circunstancia
sobreviniente ni ajena al diseño negocial, sino un escenario expresamente
contemplado por las partes, pues el clausulado reguló los efectos remuneratorios
de dicha hipótesis y la incorporó dentro de la lógica del encargo profesional, cuya
finalidad era obtener el mejor resultado económico posible para la entidad. Por ello,
no puede entenderse que la causación de la bonificación hubiera quedado limitada
al evento en que el litigio fuera decidido mediante sentencia, sino que debe leerse
en consonancia con la previsión expresa del acuerdo conciliatorio, al cual el contrato
atribuyó efectos equivalentes para efectos del reconocimiento de tal bonificación.
En definitiva, la interpretación contextual confirma que la prima de éxito fue
concebida como un componente variable de la remuneración, vinculado al resultado
económico favorable obtenido por el IDU, con independencia de que este se
alcanzara mediante fallo judicial o a través vez de un acuerdo conciliatorio.
4.1.4.2. La interpretación extensiva, por su parte, permite acudir a otros contratos
de igual naturaleza que eventualmente hubieran celebrado las mismas partes, con
el fin de esclarecer el sentido del negocio jurídico controvertido. Ello obedece a que
las relaciones contractuales previas del mismo tipo pueden generar una expectativa
razonable acerca de la forma en que las partes estructuran sus obligaciones, en la
medida en que la conducta desplegada en contratos anteriores proyecta efectos
interpretativos sobre los posteriores105.
Al respecto, se observa que al expediente fueron allegados los contratos de
prestación de servicios profesionales de representación judicial 102 de 2000106, 473
de 2001107, 012 de 2001108, 476 de 2002109 y 226 de 2002110, suscritos también
entre el IDU y el abogado Felipe De Vivero Arciniegas. No obstante, de su revisión
se desprende que, aunque en algunos de ellos se pactó una bonificación de éxito,
las obligaciones allí asumidas se limitaban a la defensa judicial del IDU y no
comprendían la formulación de demandas de reconvención, circunstancia que
impide trasladar automáticamente los criterios remuneratorios de esos negocios al
aquí examinado, pues los supuestos fácticos y jurídicos no son equivalentes.
En consecuencia, esta pauta no conduce a una interpretación distinta de la ya
alcanzada.
4.1.4.3. Finalmente, la interpretación auténtica parte de la premisa según la cual
el sentido de una cláusula puede esclarecerse a partir de la forma como las propias
105 Monsalve C., Vladimir. Responsabilidad precontractual. Grupo editorial Ibáñez, 2010, páginas 236
y 237. «Las relaciones contractuales anteriores del mismo tipo entre las partes de un contrato
generan una expectativa de que ellas se obligarán en los mismos términos. Así las cosas, ni el tiempo
logra borrar la conducta de los hombres, pues es notable que las actitudes manifiestas en una
relación contractual pasada prolongan sus efectos en los contratos venideros».
106 Folios 170 a 173 del cuaderno 1.
107 Folios 174 a 177 del cuaderno 1.
108 Folios 178 a 181 del cuaderno 1.
109 Folios 182 a 186 del cuaderno 1.
110 Folios 225 a 227 del cuaderno 1.
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partes contratantes la han ejecutado, en tanto la aplicación práctica del contrato
constituye, en principio, una manifestación objetiva y dinámica de la voluntad
negocial, salvo que se demuestre que dicha conducta obedeció a un error.
En la misma línea, la Sección Tercera ha manifestado que «la ejecución que se ha
dado a la cláusula, cuyo sentido hoy se controvierte, es su interpretación viva y
animada; es la confesión misma de las partes; y a menos de probar que la ejecución
que le han dado es el resultado de un error, es lógico y equitativo que no se les
admita modificar su hecho propio»111. Igualmente, sobre este tipo de interpretación,
se ha dicho que proviene del comportamiento de las mismas partes contratantes, del
cual se deduce su voluntad real y mutuo entendimiento acerca del contenido y del
alcance de las estipulaciones consignadas en el negocio jurídico112.
En el sub judice, si bien las partes sostienen interpretaciones divergentes acerca de
la forma como debe calcularse la bonificación de éxito, la ejecución del contrato
demuestra que Felipe De Vivero Arciniegas, en su condición de apoderado del IDU,
desempeñó un papel activo y determinante en el trámite conciliatorio adelantado con
ICA S.A., acuerdo que no solo evitó que la entidad asumiera el pago de significativas
sumas de dinero pretendidas por esa sociedad en los diferentes procesos judiciales,
sino que además permitió el reconocimiento de un saldo a su favor, en virtud de las
pretensiones formuladas en reconvención, supuestos ambos expresamente
contemplados en la estructura de la bonificación pactada. En efecto, el profesional
propuso la fórmula de arreglo ante el comité de conciliación113, intervino en la
audiencia judicial celebrada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 114 y
ejerció los recursos pertinentes hasta lograr la aprobación definitiva del acuerdo115.
Desde esta perspectiva, no cabe duda de que las actuaciones desplegadas se
inscriben plenamente dentro del objeto contractual y resultan coherentes con la
finalidad económica que justificaba la bonificación de éxito, orientada a retribuir la
disminución del pasivo contingente del IDU y la obtención de un beneficio económico
a su favor, por lo que no es admisible desconocer su causación bajo el argumento
de que el proceso culminó por voluntad de las partes, cuando precisamente la
conciliación fue prevista contractualmente como un mecanismo idóneo para alcanzar
los resultados que daban lugar a la remuneración variable convenida.
4.1.5. La regla de la especificidad o especialidad
El artículo 1619 del Código Civil consagra la denominada regla de la especificidad o
especialidad, al establecer que «por generales que sean los términos de un contrato,
solo se aplicarán a la materia sobre [la] que se ha contratado». Se trata, entonces, de
111 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp. 22714.
112 Ver, entre otras, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 63438, Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, parafraseando «Luis Claro Solar. Explicaciones de Derecho Civil
Chileno y Comparado. Editorial Temis S.A. y Editorial Jurídica de Chile. 1992. Vol. VI. De las
Obligaciones. Num. 1291».
113 Hecho probado 3.14.
114 Hecho probado 3.15.
115 Hecho probado 3.18.
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una pauta de carácter objetivo según la cual las estipulaciones contractuales deben
interpretarse dentro del ámbito material propio del negocio jurídico celebrado, de modo
que expresiones amplias o genéricas no pueden extenderse más allá del objeto
efectivamente convenido.
La doctrina ha precisado que esta regla «aboga por circunscribir la interpretación al
contenido del negocio jurídico particular, sin que el intérprete, motu proprio, pueda
amplificar el alcance de los derechos y de las obligaciones a que él se refiere —que no
son de latex—, so capa de la amplitud o generalidad de los términos empelados por
los contratantes, pues el tipo contractual, en concreto, por de pronto a manera a ancla
o de polo a tierra, debe servir para acotar el alcance de lo acordado, que no puede
pretender abarcarlo todo. De lo contrario, podrían quedar borradas las fronteras
tipológicas, en grave desmedro de lo realmente querido por los celebrantes, al mismo
tiempo que de la esencia contractual e individual propiamente dichas»116.
En el asunto bajo examen, se constata que los parágrafos que regularon la prima de
éxito no constituyen cláusulas de alcance abierto que requieran ser restringidas
mediante esta pauta, sino estipulaciones diseñadas a la medida de un contrato de
prestación de servicios para la representación judicial en un litigio complejo y
determinado. Allí se definieron de manera expresa los supuestos de causación —
disminución de las pretensiones en contra del IDU y obtención de sumas a su favor—
y los porcentajes aplicables a cada uno de ellos, en función de resultados económicos
concretos.
Por tanto, la aplicación de la regla de especialidad conduce a afirmar que el alcance
de la bonificación debe ceñirse estrictamente a los eventos expresamente previstos en
el contrato, sin extensiones que desborden la materia pactada, pero tampoco con
restricciones que desnaturalicen o reduzcan indebidamente lo que los extremos
negociales estipularon con precisión.
4.1.6. La regla de la interpretación efectiva, útil o conservatoria
El artículo 1620 del Código Civil contempla la regla de la interpretación efectiva, útil o
conservatoria, al disponer que «el sentido en que una cláusula puede producir algún
efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno». Esta
pauta se funda en el reconocimiento del contrato como fuente normativa obligatoria
para las partes y en la presunción de que estas lo celebran con la finalidad de que sus
estipulaciones generen consecuencias jurídicas reales y prácticas. En tal virtud, el
intérprete está llamado a privilegiar aquella comprensión que mantenga la eficacia de
la cláusula y a descartar interpretaciones que la vacíen de contenido, la tornen inocua
o frustren la finalidad económica perseguida por los contratantes.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «cuando el artículo 1620
del CC sienta la regla según la cual debe desecharse la interpretación que lleve a
pregonar que la cláusula objeto de hermenéutica es ineficaz, o que no produce
116 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit., página 346. La regla de especificad o especialidad
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efectos, en beneficio de aquella otra que si lo reconoce, no hace otra cosa que
reconocer el valor normativo que —lato sensu— tienen los contratos, en el entendido
que ellos han sido ajustados de buena fe por las partes, para que rijan su
comportamiento negocial, de suerte que los jueces, caprichosa o generalizadamente,
no pueden cercenar esos efectos, so capa de interpretación aislada que conducen a
predicar la invalidez de la estipulación, laborío que, de suyo, tiene carácter
absolutamente restricto»117.
En este asunto, la cláusula relativa a la bonificación de éxito previó de manera expresa
dos supuestos fácticos diferenciados para su cálculo, cada uno asociado a un
porcentaje específico, lo que demuestra que las partes asignaron relevancia jurídica
autónoma tanto a la disminución de las pretensiones formuladas contra el IDU como
a la obtención de sumas a su favor mediante la reconvención. Una interpretación que
suprima uno de estos eventos o que condicione su operatividad exclusivamente a la
expedición de una sentencia judicial —pese a la previsión expresa del acuerdo
conciliatorio— desarticularía el esquema remuneratorio diseñado por las partes.
En ese orden, reconocer únicamente el 2% sobre el valor efectivamente recibido
por el IDU —como lo sostuvo en reiteradas ocasiones la entidad al responder las
solicitudes de pago presentadas por el abogado contratista118— implicaría dejar sin
efecto práctico el componente del 1% pactado para remunerar la disminución de las
pretensiones formuladas por ICA S.A. Tal entendimiento desconocería la labor de
defensa encomendada al apoderado y vaciaría de contenido una de las hipótesis
de causación previstas en el contrato, contrariando la regla de conservación.
Por el contrario, la interpretación que admite la concurrencia de ambos supuestos y
reconoce la equivalencia funcional entre sentencia y conciliación preserva la
coherencia interna de la cláusula y mantiene incólume la lógica económica que la
informa. En tal virtud, la regla de conservación conduce a preferir el entendimiento que
permita a la estipulación desplegar íntegramente los efectos previstos por las partes y
no aquella que los restrinja sin respaldo en el texto contractual.
4.1.7. La regla de la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del
contrato, y de la interpretación usual.
El artículo 1621 del Código Civil incorpora dos reglas hermenéuticas distintas: (i) la
denominada interpretación naturalista, conforme con la cual «en aquellos casos en que
no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre
con la naturaleza del contrato»; y (ii) la interpretación usual, según la cual «las
cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen».
Aunque ambas pautas parten de la idea de que el contrato debe comprenderse en
armonía con su contexto objetivo —esto es, con su naturaleza y con las prácticas que
117 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias del 28 de febrero de 2005 y del 13
de mayo de 2014, exp. 7504 y 5851.
118 Hechos probados 3.21, 3.23, 3.25, 3.27 y 3.28.
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le son propias—, cada una responde a supuestos diferentes y, por tanto, exige un
examen separado.
4.1.7.1. La regla naturalista impone preferir, entre varias interpretaciones plausibles,
aquella que mejor se armonice con la naturaleza del negocio jurídico celebrado. Así,
cuando los términos contractuales admiten más de un entendimiento razonable, debe
adoptarse el que resulte más coherente con el tipo contractual y con la función
económica que este está llamado a cumplir, en la medida en que la naturaleza del
contrato opera como criterio objetivo de orientación para delimitar sus efectos y
proyectar sus consecuencias jurídicas, procurando siempre un resultado útil,
sistemático y acorde con la finalidad práctica del acuerdo119.
En el sub examine, se reitera, la controversia versa sobre el alcance de una cláusula
inserta en un contrato cuyo objeto consistía en la representación judicial del IDU en
procesos derivados del contrato 462 de 1997. Se trata, entonces, de un contrato de
prestación de servicios, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993120,
celebrado por una entidad estatal para desarrollar actividades relacionadas con su
funcionamiento y defensa institucional, modalidad contractual que se justifica en la
necesidad de acudir a conocimientos especializados y competencias profesionales
externas121.
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que, en contratos de
representación judicial, pueden concurrir elementos propios de la prestación de
servicios, del mandato y del apoderamiento judicial, en la medida en que la gestión
encomendada al profesional del derecho comporta deberes específicos de diligencia,
lealtad y técnica jurídica, así como reglas particulares en materia de remuneración y
revocatoria del poder, sin perjuicio del derecho del apoderado a percibir los honorarios
causados por su gestión122.
119 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit., página 363. Frente a la regla naturalista expresó:
«precisamente en consideración a que si no hay evidencia que las partes acordaron otra cosa, es
menester arribar a un resultado hermenéutico de carácter objetivo: el que este más a tono con el tipo
y con el contrato que acordaron celebrar, concretamente con su naturaleza, como tal llamada a
traducirse en la carta de navegación para de ella derivar las consecuencias pertinentes, siempre en
el entendido de que se procurará que el resultado será positivo, y no negativo, frustráneo, o
inhibitorio, como quiera que ello no lo quiere el legislador, obviamente procediendo con mesura».
120 Ley 80 de 1993. «Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así
como los que, a título enunciativo, se definen a continuación […]. // 3. Son contratos de prestación
de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con
la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o
requieran conocimiento especializados. // En ningún caso estos contratos generan relación laboral
ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
121 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, exp. 14651.
122 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2013, exp. 32720. «Se tiene
presente que en el mandato para representación judicial y en el apoderamiento judicial se predican
unas notas características propias de la gestión de los profesionales del derecho, con unas reglas
especiales sobre los deberes en relación con la gestión encomendada y la remuneración cobrada,
así como el derecho a la revocatoria del poder instituida por nuestro Código de Procedimiento Civil
en favor del poderdante, sin perjuicio de la obligación de pagar los honorarios y gastos causados al
apoderado».
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No obstante, en el ordenamiento jurídico colombiano no existen tarifas legales
imperativas para fijar los honorarios en este tipo de contratos celebrados con
entidades estatales, razón por la cual su determinación queda, en principio, librada a
la autonomía de la voluntad de las partes, conforme al artículo 40 de la Ley 80 de
1993123. En ese contexto, resulta admisible que la remuneración se estructure
mediante una combinación de suma fija y componente variable, este último
representado en una bonificación porcentual asociada al beneficio económico
obtenido por el mandante como resultado de la gestión profesional. Este esquema
responde a la lógica propia de la representación judicial, en la que el abogado asume
obligaciones de medio y despliega una actividad técnica orientada a maximizar el
resultado favorable para su representado; por tal razón, la prima de éxito opera como
un incentivo legítimo vinculado a la consecución de dicho resultado económico,
cualquiera sea la vía procesal que lo materialice.
En el sub examine, el abogado De Vivero Arciniegas asumió una representación
integral del IDU, que comprendía tanto el ejercicio del derecho de contradicción y
defensa como el del derecho de acción a través de la formulación de pretensiones por
la vía de demanda de reconvención frente a ICA S.A., mientras que la entidad se obligó
a pagar una suma fija y, adicionalmente, una bonificación de éxito vinculada a la
obtención de resultados económicos favorables para el Instituto. En esa medida, una
interpretación que limite la causación de la bonificación exclusivamente al evento de
sentencia judicial, o que excluya alguno de los supuestos expresamente previstos,
desnaturalizaría el diseño remuneratorio pactado y se apartaría de la lógica funcional
y económica que caracteriza este tipo de contratos de representación judicial.
4.1.7.2. La regla de la interpretación usual, por su parte, tiene lugar en los eventos
en los cuales la controversia recae sobre aspectos que, siendo propios del tráfico
ordinario en contratos de la misma naturaleza, no fueron expresamente regulados por
las partes. En tales eventos, las cláusulas de uso común se presumen incorporadas
al negocio jurídico y producen los efectos correspondientes124. Se trata, en esencia,
de un mecanismo de integración contractual que opera frente a vacíos del clausulado,
a partir de prácticas reiteradas y generalmente aceptadas en el ámbito del tipo
contractual de que se trate.
123 Ley 80 de 1993. «Artículo 40. Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con
las normas civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza.
// Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. // En los contratos que celebren las entidades
estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administración […]».
124 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit., página 369. «[…] a los usos contractuales, o como los llama
el legislador nacional: cláusulas de uso común, que son objetos de expresa presunción, en procura
de entender lo usual, lo que comúnmente hace parte del entramado contractual […]. La razón de
esta regla estriba en que si son cláusulas tan utilizadas en la práctica, si flotan en la atmosfera
negocial, no se observa un motivo valedero enderezado a restarles franca aplicación, cuando se
estima que las partes, por la acentuada tradición imperante en esta materia, en todo caso las
entendían incorporadas […]».
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Sin embargo, en el caso estudiado no se configura tal hipótesis, pues la bonificación
de éxito fue expresa y detalladamente estipulada en el contrato 475 de 2002, con
definición concreta de sus supuestos de causación y de los porcentajes aplicables, por
lo que no existe omisión que deba suplirse mediante la incorporación de usos, razón
por la cual esta regla hermenéutica no resulta aplicable en el presente caso.
4.1.8. La regla de la interpretación incluyente o explicativa
El artículo 1623 del Código Civil consagra la regla de la interpretación incluyente o
explicativa, al establecer que «cuando en un contrato se ha expresado un caso para
explicar la obligación, no se entenderá por solo eso haberse querido restringir la
convención a ese caso, excluyendo los otros a que naturalmente se extienda». Esta
disposición tiene por objeto impedir que la referencia a un supuesto particular —
incluido con finalidad ilustrativa o aclaratoria— sea entendida como una delimitación
exhaustiva del alcance de la obligación, cuando del contexto contractual se infiera que
la estipulación puede proyectarse razonablemente a otros eventos análogos125.
La aplicación de esta pauta presupone, entonces, que el contrato contenga un ejemplo
o caso específico incorporado con carácter explicativo y no limitativo. En el asunto bajo
examen, no se presenta tal circunstancia, pues la cláusula relativa a la bonificación de
éxito no enuncia supuestos a título meramente ilustrativo, sino que define de manera
directa y precisa las hipótesis de causación y los porcentajes correspondientes. Los
eventos allí previstos no cumplen una función ejemplificativa, sino que constituyen
verdaderas condiciones contractuales autónomas.
En consecuencia, al no configurarse el presupuesto que habilita la operatividad de
esta regla hermenéutica, no resulta procedente su aplicación en el presente caso.
4.1.9. La regla de la interpretación de cláusulas ambiguas en favor del deudor
y en contra del estipulante o predisponente
El artículo 1624 del Código Civil prevé una regla hermenéutica de carácter residual, al
disponer que «no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de
interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor, pero las
cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea
acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella».
En esta disposición convergen dos criterios enlazados, a saber: (i) el principio favor
debitoris, que impone optar por la interpretación menos gravosa para quien resulta
125 Jaramillo J., Carlos Ignacio. Op. cit., página 402. Respecto de la regla de interpretación incluyente
o explicativa manifestó: «la referencia que, in concreto, hagan las partes a un casus, con el
confesado propósito de servirse de él a modo de estribo o apoyatura, no debe ser interpretado
restrictivamente, como si la voluntad de los extremos de la relación jurídica fuera la de excluir otros
supuestos, en la inteligencia de que si lo hicieron así, en efecto, no fue para cercenar la posibilidad
de ensanchar el crédito y correlativamente el débito a partir de ese concreto supuesto que, se itera,
se concibió como mero ejemplo o como un recurso típicamente didáctico —explicativo o gráfico—
de las pates».
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obligado cuando persista una ambigüedad insuperable; (ii) la regla contra
proferentem, según la cual las estipulaciones ambiguas deben interpretarse en contra
de quien las redactó o impuso, siempre que la oscuridad le sea imputable. Sin
embargo, el propio tenor normativo evidencia su carácter subsidiario, pues únicamente
procede cuando las demás reglas de interpretación no permiten esclarecer el sentido
de la cláusula controvertida126. Se trata, en consecuencia, de un mecanismo de cierre
del sistema hermenéutico.
En el asunto bajo examen, no se configura dicho presupuesto, dado que el alcance de
la cláusula relativa a la bonificación de éxito pudo determinarse mediante la aplicación
sistemática de los principios y de algunas reglas previstas en los artículos 1618 a 1623
del Código Civil. Por ello, no resulta necesario acudir a esta pauta residual.
4.1.10. Conclusión del ejercicio hermenéutico
Como resultado del análisis efectuado a la luz de los principios de la búsqueda de la
recíproca intención de las partes y de la buena fe, así como de las pautas de
interpretación previstas en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil —contextual,
efectiva, naturalista, de especialidad y demás pautas examinadas—, la Sala concluye
que la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002 y sus parágrafos consagraron un
esquema remuneratorio dual, compuesto por dos hipótesis autónomas de causación
de la bonificación de éxito, susceptibles de operar de manera concomitante y no
excluyente.
En efecto, de una parte, el IDU quedó obligado a pagar al demandante el 1% de la
diferencia entre el monto de las pretensiones económicas formuladas por ICA S.A. en
los procesos radicados 2002-1985, 2002-2337 y 2003-0655 y el valor finalmente
determinado por la jurisdicción, porcentaje que retribuye la gestión de defensa
encaminada a disminuir o neutralizar las reclamaciones formuladas contra la entidad.
De otra parte, la entidad asumió la obligación de reconocer el 2% de las sumas que
ICA S.A. se comprometió a pagar al Instituto como resultado de las pretensiones
formuladas en la demanda de reconvención, obligación que quedó reflejada en el
acuerdo conciliatorio bajo el rubro «monto a favor del IDU», en cuanto expresión del
resultado económico obtenido por la entidad mediante el ejercicio del derecho de
acción, que se materializó por la vía de la demanda de reconvención.
Asimismo, quedó claramente establecido que la causación de ambos porcentajes no
se encontraba supeditada a que los procesos culminaran mediante sentencia judicial,
toda vez que el propio contrato previó expresamente la hipótesis de terminación por
conciliación y le atribuyó efectos remuneratorios equivalentes. En tal virtud, cualquier
interpretación que restrinja la operatividad de uno de los componentes o que altere la
base de cálculo definida contractualmente por las partes desconoce no solo el tenor
literal del clausulado, sino también su coherencia sistemática y la finalidad económica
que orientó el acuerdo de voluntades, además la verdadera intención de las partes.
126 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de julio de 2013, exp. 25642.
59
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
4.2. La verificación de la existencia de incumplimiento contractual a partir de la
conducta desplegada por el IDU frente a su obligación de pagar la bonificación
de éxito
Definido el alcance de la bonificación de éxito asumida por el IDU en el contrato 475
de 2002, la Sala establecerá si dicha obligación fue cumplida en los términos del
artículo 1626 del Código Civil, conforme con el cual «el pago es la prestación de lo que
se debe», y si este se realizó de manera íntegra y oportuna, de acuerdo con los
artículos 1627 y 1634 ejusdem.
4.2.1. Antes de abordar el examen propuesto, resulta pertinente recordar que el
incumplimiento contractual constituye uno de los presupuestos de la responsabilidad
derivada del contrato estatal y se configura cuando una de las partes, mediante una
conducta jurídicamente imputable, deja de ejecutar total, parcial o defectuosamente
las obligaciones asumidas, en contravía de lo pactado.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido pacíficamente que el
incumplimiento «tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los
contratantes, el cual asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al
celebrar el contrato y, como efecto principal, causa con ello un daño antijurídico a la
parte contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar»127. Su
fundamento descansa, entonces, en la fuerza vinculante del contrato, como expresión
de la autonomía de la voluntad y del principio pacta sunt servanda, consagrado en el
artículo 1602 del Código Civil, según el cual todo contrato legalmente celebrado es
ley para las partes y debe ejecutarse de buena fe.
Ahora bien, la configuración de la responsabilidad contractual exige la acreditación
concurrente de tres presupuestos, a saber: (i) el incumplimiento de una obligación
válida y exigible —sea por cumplimiento defectuoso o tardío o por inejecución
definitiva—; (ii) la causación de un daño antijurídico a la parte cumplida; y (iii) la
existencia de un nexo causal entre la conducta incumplida y el perjuicio alegado128. El
retardo se presenta cuando el deudor no satisface la prestación dentro del término en
que era exigible; el cumplimiento defectuoso ocurre cuando la ejecución no se ajusta
a las condiciones pactadas, legales o derivadas de la buena fe; y el incumplimiento
definitivo tiene lugar cuando la omisión es total o cuando, aun siendo posible la
ejecución tardía, está ya no resulta idónea para satisfacer el interés del acreedor129.
Desde el punto de vista procesal, quien pretende la declaratoria de incumplimiento y
la consecuente indemnización debe probar de manera suficiente los hechos
constitutivos de la responsabilidad, conforme con el principio de la carga de la prueba
—onus probandi—, que impone a las partes demostrar el supuesto fáctico de las
normas que invocan. A su vez, el juez debe fundar su decisión en las pruebas regular
127 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp.
24169.
128 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 17552.
129 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de marzo de 2006, exp. 15898.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
y oportunamente allegadas al proceso, de modo que solo cuando se acreditan los
elementos señalados procede la condena al cumplimiento o al pago de los perjuicios
correspondientes, en los términos solicitados y probados.
4.2.2. A partir del marco conceptual expuesto, corresponde examinar si el IDU ejecutó
en debida forma la obligación de pagar la bonificación de éxito pactada en la cláusula
cuarta del contrato de prestación de servicios 475 de 2002, esto es, si realizó la
prestación debida en los términos convenidos y por la totalidad del monto exigible.
De las pruebas obrantes en el expediente se encuentra acreditado, en síntesis, lo
siguiente: (i) una vez culminado el objeto contractual, el abogado De Vivero Arciniegas
radicó factura por valor de $1.076’031.913, suma que comprendía, de un lado, el 1%
de la diferencia entre las pretensiones formuladas por ICA S.A. en los distintos
procesos y los valores finalmente determinados en el acuerdo conciliatorio y, de otro,
el 2% de la suma reconocida a favor del IDU como resultado de la demanda de
reconvención130; (ii) el IDU manifestó que solo procedía el reconocimiento del 2% de
lo efectivamente recibido por la entidad, al estimar que no se configuraban los
supuestos para la liquidación del 1%, por cuanto, según su interpretación, este solo se
causaba en caso de sentencia judicial131; (iii) el contratista reiteró su solicitud y sostuvo
que ambos componentes estaban causados conforme al texto contractual, por lo que
insistió en el reconocimiento integral de la bonificación132; (iv) la entidad mantuvo su
posición, explicando nuevamente las razones por las que consideraba improcedente
el pago del 1% y rechazó la liquidación radicada por el apoderado133; (v) en desarrollo
de esa controversia, el abogado presentó nuevas facturas por valores de
$1.202’996.395134 y posteriormente por $1.624’633.158135, en las que mantuvo su
postura acerca de la procedencia de los dos porcentajes pactados; (vi) el IDU devolvió
las facturas, indicando que la entidad solo estaba obligada a pagar el 2% sobre el valor
efectivamente recibido luego del cruce de cuentas efectuado en la conciliación136; (vii)
con fundamento en un informe ejecutivo interno137, el instituto ofreció finalmente el
pago de $274’827.959, suma que correspondía al 2% calculado sobre el monto neto
resultante de la compensación realizada en la conciliación138; (viii) el contratista
aceptó dicho pago, pero dejó expresa constancia de que lo recibía como abono parcial,
reservándose el derecho de reclamar judicialmente la diferencia que consideraba
adeudada139; y (ix) el IDU profirió resolución en la que ordenó el pago $274’827.959,
por concepto de prima de éxito en favor del abogado De Vivero Arciniegas140.
130 Hecho probado 3.20.
131 Hecho probado 3.21.
132 Hecho probado 3.22.
133 Hecho probado 3.23.
134 Hecho probado 3.24.
135 Hecho probado 3.26.
136 Hecho probado 3.25.
137 Hecho probado 3.27.
138 Hecho probado 3.28.
139 Hecho probado 3.29.
140 Hecho probado 3.30.
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Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
En atención a lo descrito y a la luz de lo concluido en el análisis hermenéutico de la
cláusula contractual, se desprenden dos conclusiones diferenciadas en relación con
el cumplimiento de la obligación, las cuales se desarrollan a continuación.
4.2.3. Incumplimiento total respecto del 1%
Con respecto al componente de la bonificación de éxito equivalente al 1% de la
diferencia entre las pretensiones formuladas por ICA S.A. en los diferentes procesos
promovidos y los valores finalmente reconocidos en sede jurisdiccional, se encuentra
acreditado, de manera suficiente, que el IDU no efectuó reconocimiento ni pago alguno
en favor del abogado Felipe De Vivero Arciniegas.
Como ha quedado visto, la entidad, en forma categórica y reiterada, se negó a
reconocer la procedencia misma de este rubro, pues, como se evidenció en los oficios
y comunicaciones cruzadas entre las partes, el IDU sostuvo que dicho componente
solo se causaba cuando los procesos culminaban mediante sentencia judicial y no
cuando finalizaban por conciliación. Sin embargo, tal postura fue descartada en el
acápite 4.1 de este fallo, tras el análisis sistemático de la cláusula cuarta y sus
parágrafos, en el que se concluyó que el contrato expresamente contempló la
hipótesis de terminación por vía conciliatoria y le atribuyó efectos equivalentes a los
de una sentencia para efectos de la causación de la bonificación de éxito. Además, se
determinó que el cálculo del 1% debía efectuarse individualmente respecto de cada
proceso y no de manera global.
Así las cosas, se concluye que el IDU, al abstenerse de reconocer este porcentaje,
incurrió en una inejecución total de esta prestación, por lo que, desde la perspectiva
de la teoría general de responsabilidad contractual, se configura aquí un supuesto de
incumplimiento definitivo respecto de ese componente, pues aquella no fue ejecutada
ni aun parcialmente, pese a ser exigible y estar claramente determinada en el contrato.
4.2.4. Incumplimiento parcial respecto del 2%
Distinta es la situación frente al componente de la bonificación de éxito equivalente
al 2%, asociado a las sumas reconocidas a favor del IDU como consecuencia de las
pretensiones formuladas en la demanda de reconvención, toda vez que, si bien la
entidad sí reconoció y efectuó un pago equivalente a $274’827.959, formalizado
mediante la Resolución 106462 de 2014 —circunstancia que descarta la existencia
de una inejecución absoluta—, lo cierto es que el problema radica en la base
utilizada para liquidar dicho porcentaje.
Al punto, se recuerda, como se explicó en el análisis interpretativo, que el 2% debía
calcularse sobre el valor total reconocido a favor de la entidad en el acuerdo
conciliatorio, identificado expresamente como «monto a favor del IDU», el cual
ascendió a $14.582’565.813,31. Sin embargo, el IDU tomó como base la suma
resultante del cruce de cuentas efectuado en la conciliación —$7.253’011.695,98,
que actualizado a julio de 2011 ascendía a $11.205’146.035,90—, esto es, el valor
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
neto obtenido luego de compensar las obligaciones recíprocas y no el monto total
reconocido en el acuerdo.
Esa metodología alteró sustancialmente el resultado del cálculo, pues redujo la base
imponible del porcentaje pactado, generando una liquidación inferior a la debida. Se
configura, entonces, un supuesto de cumplimiento defectuoso o parcial, en tanto la
obligación fue ejecutada, pero no conforme con las condiciones pactadas ni a la
base de cálculo prevista en el contrato.
Desde la óptica de la responsabilidad contractual, esta modalidad también
constituye incumplimiento, pues la prestación ejecutada no satisface íntegramente
el interés del acreedor ni se ajusta al contenido obligacional asumido.
4.2.5. Conclusiones sobre el incumplimiento contractual advertido
A partir de lo expuesto, forzoso resulta concluir que el IDU incurrió en un doble
incumplimiento contractual respecto de su obligación de reconocer y pagar la
bonificación de éxito al abogado Felipe De Vivero Arciniegas: (i) uno total respecto
del 1%, al no reconocer ni pagar suma alguna por este concepto; y (ii) otro parcial
respecto del 2%, al liquidarlo sobre una base distinta a la pactada.
En criterio de la Sala, la conducta desplegada por la entidad no puede considerarse
una mera divergencia interpretativa inocua, sino una ejecución contraria al
contenido obligacional determinado mediante el ejercicio hermenéutico desarrollado
en esta providencia, ya que se acreditó la existencia de una obligación válida y
exigible, su inejecución total o defectuosa y la consecuente afectación patrimonial
del contratista, consistente en la no percepción íntegra de la bonificación de éxito.
En consecuencia, se configuran los presupuestos del incumplimiento contractual, lo
que habilita a la Sala a corregirlo en sede judicial mediante la liquidación definitiva
del contrato, asunto que se aborda en el siguiente acápite.
4.3. La liquidación judicial definitiva del contrato, con determinación del saldo
adeudado, su actualización y los intereses moratorios a que haya lugar
En el contrato 475 de 2002 las partes pactaron que, una vez culminado su objeto,
el negocio sería liquidado conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993141. No
obstante, dicha liquidación no se realizó en sede administrativa, razón por la cual el
Tribunal de primera instancia procedió a efectuarla judicialmente142.
Ahora bien, aun cuando la decisión del a quo de liquidar judicialmente el contrato
referido no fue cuestionada en cuanto a su procedencia y, por ende, se mantendrá
incólume, lo cierto es que ambas partes interpusieron recurso de apelación contra
la sentencia, circunstancia que habilita a esta Sala para revisar integralmente la
providencia. En ese contexto, a la Subsección le corresponde examinar el alcance
141 Hecho probado 3.5.6.
142 Numeral 4.1 y subsiguientes de los antecedentes.
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
y la cuantificación de la liquidación practicada, en particular la metodología
empleada y las bases de cálculo de la bonificación de éxito, aspectos que inciden
directamente en la determinación del saldo definitivo del contrato.
Como consecuencia de lo anterior, se procederá a efectuar una liquidación judicial
definitiva que refleje con exactitud el contenido obligacional del negocio jurídico,
conforme con la interpretación fijada en los acápites anteriores. Para el efecto, se
desarrollarán las siguientes etapas metodológicas:
(i) Se determinarán las bases correctas para liquidar la bonificación de éxito,
reiterando que esta comprende dos componentes diferenciados —el 1% asociado
a la disminución de las pretensiones formuladas por ICA S.A. y el 2% vinculado a
las sumas reconocidas a favor del IDU como consecuencia de la reconvención—,
los cuales operan de manera autónoma y concurrente.
(ii) Con fundamento en dichas bases, se establecerán los montos históricos
correspondiente a cada componente y se procederá a su actualización hasta
diciembre de 2014 —fecha en que se efectuó el pago parcial—.
(iii) Determinado el valor total actualizado a dicha fecha, se fijará el saldo
insoluto mediante la deducción del monto efectivamente pagado por la entidad
demandada.
(iv) Se actualizará el saldo resultante desde diciembre de 2014 hasta la fecha
de la presente providencia, aplicando los índices oficiales certificados por el DANE.
(v) Se examinará la procedencia y cuantificación de los intereses moratorios,
en los términos previstos en el contrato y en el régimen legal aplicable,
(vi) Finalmente, se consolidará el cuadro resumen que integre los valores
que conforman la liquidación definitiva del contrato de prestación de servicios 475
de 2002.
4.3.1. Liquidación del porcentaje equivalente al 1%
La primera parte del parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato 475 de 2002
establecía que, por concepto de bonificación de éxito, se causaría «el pago del 1% de
la diferencia entre la suma pretendida por ICA S.A. y la que finalmente determine el
Tribunal». Ahora bien, como las demandas que afrontó el IDU fueron presentadas de
manera individual y una vez acumuladas las disputas judiciales estas finalizaron
mediante acuerdo conciliatorio, la diferencia referida en dicho texto se deberá calcular
con base en el monto de las pretensiones contenidas en cada una de las demandas y
aquel que fue efectivamente reconocido en la conciliación, como se procede a realizar:
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
4.3.1.1. Proceso 2002-1985
ICA S.A. promovió dicho proceso judicial con el propósito de que se restableciera el
equilibrio económico del contrato 462 de 1997 y, en consecuencia, se condenara al
IDU al pago de las sumas que resultaran probadas durante el trámite procesal143; no
obstante, al concluir el litigio mediante acuerdo conciliatorio, las partes procedieron a
cuantificar de manera expresa y consensuada el valor de tales pretensiones, según
consta en el acta de conciliación por ellas suscrita, de modo que el monto que debe
servir de base para el cálculo de la bonificación de éxito es el allí fijado144, en cuanto
corresponde a la estimación económica definitiva aceptada para poner fin a la
controversia, y que para efectos metodológicos se pasa a transcribir:
«[…] 3. PROPUESTA DE CONCILIACIÓN PRESENTADA POR ICA Y
VALORACIÓN DE LA MISMA.
ICA señala que antes de hacer la presentación de la propuesta de acuerdo, para
cada una de sus pretensiones, presentará la valoración de sus pretensiones, basada
en la revisión que de ella hiciera el señor perito Jaime Rojas Garzón, revisión esta
consistente en que el perito revisa los valores presentados por ICA, sin emitir ningún
concepto al respecto; esta presentación con el fin de que se tenga claridad sobre
las pretensiones discriminadas y la sumatoria de dicha pretensiones al momento de
la presentación de las demandas.
3.1. La siguiente es la verdadera valoración de las pretensiones que presenta ICA,
basada en la revisión que de la misma realizó el perito Jaime Rojas Garzón […]. El
perito en su respuesta explica claramente a que se refiere y como calcula las
diferentes opciones.
CONCEPTO VALOR
PRESENTADO
POR PERITO
Reclamo No. 1. Reintegro de valores descontados por
concepto de mejoramiento de bases [súplica incluida en el
proceso 2002-1985]
Opción 1: $5.452’346.904,00
Opción 2: $5.552’845.787,00
Opción 3: $6.182’359.843,00
Reclamo No. 2. Pago del acta de estimación mensual
correspondiente a DIC./99 [súplica incluida en el proceso 2002-
1985]
Opción 1: $2.712’449.501,00
Opción 2: $2.393’113.352,00
Opción 3: $2.497’722.426,00
Reclamo No. 3. Pagos correspondientes a la obra ejecutada
no facturada [súplica incluida en el proceso 2002-1985]
Avenida Boyacá
Opción 1: $909’840.890,00
Opción 2: $976’920.334,00
Vías intervenidas incluidas en acta de junio de 1999
Opción 1: $2.486’874.666,00
Opción 2: $2.761’603.632,00
Otras vías intervenidas
Opción 1: $3.122’474.005,00
143 Hecho probado 3.1.
144 Folios 6 a 25 del cuaderno 2.
65
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Opción 2: $3.462’133.331,00
Reclamo No. 4. Obra ejecutada recibida en febrero de 2000
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
Opción 1: $127’484.336,00
Opción 2: $134’199.818,00
Reclamo No. 5. Sobrecostos derivados de la reparación de
pozos de inspección, instalación y protección de tuberías
[súplica incluida en el proceso 2002-1985]
Opción 1: $1.004’869.591,00
Opción 2: $1.114’178.212,00
Reclamo No. 6. Intereses de mora por pago extemporáneo de
las actas de ajuste de estimaciones de octubre y noviembre
de 1998 y enero de 2000 [súplica incluida en el proceso 2002-
1985]
Opción 1: $64’023.222,00
Opción 2: $42’682.148,00
Reclamo No. 7. Ajustes de las actas mensuales de junio de
1998 y 1999 [súplica incluida en el proceso 2002-1985]
Opción 1: $426’284.404,00
Opción 2: $558’131.037,00
Opción 3: $487’428.914,00
Reclamo No. 8. Reintegro de primas pagadas para garantizar
la devolución de ajustes de precios [súplica incluida en el
proceso 2002-1985]
Opción 1: $94’410.533,00
Opción 2: $83’013.747,00
Opción 3: $85’033.398,00
Reclamo No. 9. Indemnización económica derivada de la
ocurrencia de lluvias extraordinarias [súplica incluida en el
proceso 2002-1985]
Opción 1: $3.908’046.715,00
Opción 2: $3.524’640.189,00
Reclamo No. 10. Devolución de valores pagados por
concepto de la contribución del 2% [súplica incluida en el
proceso 2002-1985]
Opción 1: $410’301.917,00
Opción 2: $381’785.880,00
Reclamo No. 11. Reintegro de valores pagados por concepto
de IVA sobre maderas y servicios de publicidad [súplica
incluida en el proceso 2002-1985]
Valor $60’099.991,00
Reclamo de los perjuicios derivados de la declaratoria de la $20.000’000.000,00
caducidad del contrato [súplica incluida en el proceso 2002-
2337]
SUBTOTALES A VALORES DE JULIO DE 2002
SEGÚN OPCIONES DE MAYOR VALOR $42.438’858.086,00
SEGÚN OPCIONES DE MENOR VALOR $40.015’510.103,00
SUBTOTALES A VALORES DE JULIO DE 2011
SEGÚN OPCIONES DE MAYOR VALOR $65.563’606.179,47
SEGÚN OPCIONES DE MAYOR VALOR $61.819’786.483,12
Como se advierte del cuadro transcrito, en aquel se discriminaron once reclamaciones
correspondientes al proceso 2002-1985 y, adicionalmente, una reclamación propia del
proceso 2002-2337, concerniente a «los perjuicios derivados de la declaratoria de la
caducidad del contrato». Igualmente, se observa que para cada uno de los ítems se
plantearon distintas alternativas de liquidación —opciones de menor valor y de mayor
valor—, a partir de las cuales se efectuó una sumatoria global que, a julio de 2002, el
total era de $42.438’858.086 bajo las opciones de mayor valor y de $40.015’510.103
bajo las de menor valor, cifras que incluían la totalidad de los conceptos allí indicados.
66
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Ahora bien, en el recurso de apelación la parte accionante sostuvo —con apoyo en el
cálculo efectuado en el marco del acuerdo conciliatorio— que las súplicas económicas
de ICA S.A. en el proceso judicial 2002-1985 ascendían a $40.015’510.103; sin
embargo, al adoptar dicha cifra pasó por alto que en esa sumatoria se incluyó el
reclamo por los perjuicios derivados de la declaratoria de caducidad, concepto que no
corresponde a ese proceso sino al radicado 2002-2337 —cuyo análisis se abordará
en el numeral 4.3.1.2. de esta providencia—. En consecuencia, el valor asignado a
ese reclamo concreto de los perjuicios derivados de la caducidad —
$20.000’000.000— debe excluirse del inicialmente considerado por la parte actora, lo
que arroja como resultado $20.015’510.103, cifra que refleja con exactitud la cuantía
de las pretensiones económicas formuladas exclusivamente en el proceso 2002-1985.
Sobre esa base, se advierte que de las once reclamaciones allí indicadas únicamente
tres fueron reconocidas en el acuerdo conciliatorio debidamente aprobado145, por un
total de $7.325’939.314,25, discriminado así: (i) el reintegro de valores descontados
por concepto de mejoramiento de bases, por $3.950’727.595,49; (ii) el pago del acta
de estimación mensual de diciembre de 1999, por $1.907’429.002,97; y (iii) el pago
relacionado con la obra ejecutada no facturada, por $1.467’782.715,79.
En consecuencia, si las pretensiones económicas ascendían a $20.015’510.103 y se
reconocieron $7.325’939.314,25, la diferencia entre lo reclamado y lo efectivamente
reconocido equivale a $12.689’570.788,75. En tales condiciones, la bonificación de
éxito pactada a favor del abogado Felipe De Vivero Arciniegas por las actuaciones
desplegadas en el proceso 2002-1985 corresponde al 1% de dicha diferencia, esto es,
$126’895.707,88, suma a la que debe adicionarse el 16% por concepto de IVA146, para
un total de $147’199.021,14 a valores de julio de 2002.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta
del contrato 475 de 2002 —según el cual «los valores que se causen con posterioridad
al año 2002 se actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago»—, esta suma debe
ser indexada desde enero de 2003 hasta diciembre de 2014 —fecha en la cual se
efectuó el pago incompleto por parte del IDU147—, con base en los índices certificados
por el DANE —tabla de empalme—, aplicando la siguiente fórmula:
VP = (VH × índice final) / índice inicial
En donde: (i) VP corresponde al valor presente o actualizado; (ii) VH al valor histórico
—$147’199.021,14—, (iii) el índice inicial al IPC vigente para enero de 2003 —
50,42—; y (iv) el índice final al IPC correspondiente a diciembre de 2014 —82,47—.
145 Hecho probado 3.15.
146 Como se plasmó en la propuesta presentada por el abogado como en el memorando que ordenó
realizar el contrato al ser aquel responsable del régimen común (numerales 3.3. y 3.4 de los hechos
probados). Este tema, además, no admite controversia por las partes, pues como se observa el IDU
reconoció el IVA en la Resolución por medio de la que ordenó el pago de la bonificación de éxito que
ahora se discute (hechos probados 3.28 y 3.30).
147 Hecho probado 3.30.
67
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Al efectuar la operación —($147’199.021,14 × 82,47) / 50,42— se obtiene como
resultado la suma de $240’767.617,48, monto que corresponde al valor que debió
reconocer y pagar la entidad accionada el abogado Felipe De Vivero Arciniegas por
concepto de la bonificación de éxito pactada en relación con la representación
judicial ejercida en el proceso 2002-1985.
4.3.1.2. Proceso 2002-2337
En este proceso, ICA S.A. pretendió la nulidad de la resolución mediante la cual el IDU
declaró la caducidad del contrato 462 de 1997, así como del acto que la confirmó. A
título de restablecimiento del derecho, dicha sociedad solicitó, de un parte, el reintegro
de los dineros que hubiere debido pagar con ocasión de la efectividad de la cláusula
penal, estimados en $11.100’000.000; y de otra, la indemnización de los perjuicios
derivados de la declaratoria de caducidad, cuantificados en $20.000’000.000148.
En consecuencia, la cuantía total de las pretensiones económicas formuladas en dicho
proceso ascendía a $31.100’000.000 para diciembre de 2002 —fecha de presentación
de la demanda—; de las cuales, en el acuerdo conciliatorio, no fue reconocida suma
alguna por estos conceptos, de modo que la diferencia entre lo pretendido y lo
efectivamente reconocido se mantiene incólume en dicha cifra.
Así las cosas, la bonificación de éxito pactada a favor del abogado Felipe De Vivero
Arciniegas por las actuaciones desplegadas en el proceso 2002-2337 corresponde al
1% de $31.100’000.000, esto es, $311’000.000, suma a la que debe adicionarse el
16% por concepto de IVA, para un total de $360’760.000 a valores de diciembre de
2002.
Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta del
contrato 475 de 2002 que prevé la actualización de los valores causados con
posterioridad al año 2002 conforme al IPC vigente a la fecha de pago—, la suma
histórica de $360’760.000 debe traerse a valor presente desde enero de 2003 hasta
diciembre de 2014 —momento en que el IDU efectuó el pago incompleto—, con
fundamento en los índices certificados por el DANE, aplicando la siguiente fórmula:
VP = (VH × índice final) / índice inicial
En donde: (i) VP corresponde al valor presente o actualizado; (ii) VH al valor histórico
—$360’760.000 —, (iii) el índice inicial al IPC vigente para enero de 2003 —50,42—;
y (iv) el índice final al IPC correspondiente a diciembre de 2014 —82,47—.
Al efectuar la operación —($360’760.000 × 82,47) / 50,42— se obtiene como
resultado la suma de $590’080.864,73, monto que corresponde al valor que debió
reconocer y pagar la entidad accionada el abogado Felipe De Vivero Arciniegas por
concepto de la bonificación de éxito pactada en relación con la representación
judicial ejercida en el proceso 2002-2337.
148 Hecho probado 3.2.
68
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
4.3.1.3. Proceso 2003-0655
ICA S.A. promovió el proceso judicial mencionado con la súplica de que se declarara
la nulidad de la resolución que declaró la ocurrencia de un siniestro cubierto por el
amparo de anticipo y del acto que lo confirmó. A título de restablecimiento del derecho,
solicitó que el IDU le reintegrara el dinero que hubiere tenido que pagar por la decisión
de hacer efectiva dicha garantía, que ascendía a $7.063’617.062149.
De lo anterior se desprende que la totalidad de las pretensiones formuladas en este
proceso ascendía a $7.063’617.062 para marzo de 2003 —fecha de presentación de
la demanda—; de las cuales, en el acuerdo conciliatorio aprobado, no se reconoció
suma alguna por este concepto, razón por la cual la diferencia entre lo reclamado y lo
efectivamente reconocido permanece inalterada en ese mismo valor.
En tales condiciones, la bonificación de éxito pactada a favor del abogado Felipe De
Vivero Arciniegas por las actuaciones desplegadas en el proceso judicial 2003-0655
corresponde al 1% de $7.063’617.062, esto es, $70.636’170,62, suma a la que debe
adicionarse el 16% por concepto de IVA, para un total de $81’937.957,91 a valores de
marzo de 2003.
Así las cosas, y en aplicación de lo dispuesto en el parágrafo cuarto de la cláusula
cuarta del contrato 475 de 2002 —que establece que «los valores que se causen con
posterioridad al año 2002 se actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago»—, la
suma correspondiente debe actualizarse desde marzo de 2003 hasta diciembre de
2014, fecha en la cual el IDU efectuó el pago incompleto. Para ello, se emplearán los
índices de precios al consumidor certificados por el DANE, aplicando la siguiente
fórmula de indexación:
VP = (VH × índice final) / índice inicial
En donde: (i) VP corresponde al valor presente o actualizado; (ii) VH al valor histórico
—$81’937.957,91—, (iii) el índice inicial al IPC vigente para marzo de 2003 —51,51—;
y (iv) el índice final al IPC correspondiente a diciembre de 2014 —82,47—.
Al efectuar la operación —($81’937.957,91 × 82,47) / 51,51— se obtiene como
resultado la suma de $131’186.631,50, monto que corresponde al valor que debió
reconocer y pagar la entidad accionada el abogado de Felipe De Vivero Arciniegas
por concepto de la bonificación de éxito pactada en relación con la representación
judicial ejercida en el proceso 2003-0655.
4.3.2. Liquidación del porcentaje equivalente al 2%
La segunda parte del parágrafo segundo de la cláusula cuarta del contrato 475 de
2002 establecía que, por concepto de bonificación de éxito, se causaría a favor del
149 Hecho probado 3.7.
69
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
abogado De Vivero Arciniegas el 2% de la suma a la que resultara condenada ICA
S.A., las cuales, tal como se precisó en párrafos anteriores, tenían su génesis en las
pretensiones formuladas por el IDU en la demanda de reconvención150.
En este sentido, se advierte que, conforme con el acta de conciliación151, ICA S.A.
debía reconocer al IDU la suma de $14.582’565.813,31 a julio de 2002, con
independencia del valor neto que finalmente resultara a su cargo luego del cruce de
cuentas en el que operó la compensación de obligaciones recíprocas, líquidas y
exigibles152, el cual ascendió a $7.253’011.695,98. No obstante, fue sobre esta última
suma —previamente actualizada— que el IDU liquidó el porcentaje del 2%, proceder
que no se ajusta a la base prevista contractualmente.
En tales condiciones, la bonificación de éxito que debió reconocerse al abogado Felipe
De Vivero Arciniegas por el ejercicio del derecho de acción a través de la demanda de
reconvención corresponde al 2% de la suma de $14.582’565.813,31, esto es,
$291’651.316,26, valor al que debe adicionarse el 16% por concepto de IVA, para un
total de $338’315.526,86 a precios de julio de 2002.
Igualmente, de conformidad con lo previsto en el parágrafo cuarto de la cláusula cuarta
del contrato 475 de 2002 —según el cual «los valores que se causen con posterioridad
al año 2002 se actualizarán conforme al IPC de la fecha de pago»—, esta suma debe
ser indexada desde enero de 2003 hasta diciembre de 2014 —fecha en la cual se
efectuó el pago incompleto por parte del IDU153—, con base en los índices certificados
por el DANE —tabla de empalme—, aplicando la siguiente fórmula:
VP = (VH × índice final) / índice inicial
En donde: (i) VP corresponde al valor presente o actualizado; (ii) VH al valor histórico
—$338’315.526,86—, (iii) el índice inicial al IPC vigente para enero de 2003 —
50,42—; y (iv) el índice final al IPC correspondiente a diciembre de 2014 —82,47—.
Al efectuar la operación —($338’315.526,86 × 82,47) / 50,42— se obtiene como
resultado la suma de $553’369.327,65, monto que corresponde al valor que debió
reconocer y pagar la entidad accionada el abogado Felipe De Vivero Arciniegas por
concepto de la bonificación de éxito pactada en relación con el ejercicio del derecho
de acción en la demanda de reconvención incoada en el proceso 2002-1985.
150 Hecho probado 3.6.
151 Hecho probado 3.15.
152 CC. «Artículo 1714. Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una
compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse. || Artículo
1715. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los
deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde
el momento que una y otra reúnen las calidades siguientes: || 1.) Que sean ambas de dinero o de
cosas fungibles o indeterminadas de igual género y calidad. || 2.) Que ambas deudas sean líquidas;
y || 3.) Que ambas sean actualmente exigibles. […]».
153 Hecho probado 3.30.
70
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
4.3.3. Resumen de los montos que el IDU debía cancelar al abogado De Vivero
Arciniegas por concepto de bonificación de éxito y su actualización
De conformidad con lo expuesto en los numerales precedentes, los valores que
debieron ser reconocidos y cancelados al profesional para la fecha en que el IDU
efectuó el pago incompleto —diciembre de 2014— ascienden a: (i) $240’767.617,48,
por las actuaciones desplegadas en el proceso 2002-1985; (ii) $590’080.864,73, por
las correspondientes al proceso 2002-2337; (iii) $131’186.631,50, por las realizadas
en el proceso 2003-0655; y (iv) $553’369.327,65, por el ejercicio del derecho de acción
mediante la demanda de reconvención en el proceso 2002-1985.
La suma de tales conceptos equivale a $1.515’404.441,36. De este total debe
descontarse el valor que el IDU efectivamente pagó por concepto de bonificación de
éxito, esto es, $274’827.959154, lo que arroja un saldo insoluto de $1.240’576.482,36,
monto que, a su vez, deberá ser indexado desde diciembre de 2014 —fecha en que
se realizó el pago parcial— hasta la fecha de la presente providencia, con base en los
índices certificados por el DANE (tabla de empalme), aplicando la siguiente fórmula
de indexación:
VP = (VH × índice final) / índice inicial
En donde: (i) VP corresponde al valor presente o actualizado; (ii) VH al valor histórico
—$1.240’576.482,36—, (iii) el índice inicial al IPC vigente para diciembre de 2014 —
82,47—; y (iv) el índice final al IPC correspondiente al mes anterior de la fecha de la
presente providencia, esto es, marzo de 2026 —156,94—.
Al efectuar la operación —($1.240’576.482,36 × 156,94) / 82,47— se obtiene como
resultado la suma de $2.360’810,878,39, monto que corresponde al valor que debe
reconocer y pagar la entidad accionada el abogado Felipe De Vivero Arciniegas por
concepto de la bonificación de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios
de representación judicial 475 de 2002.
4.3.4. Los intereses moratorios
En relación con este punto, debe acudirse a la cláusula quinta del contrato de
prestación de servicios 475 de 2002, en la cual se estableció que: «teniendo en
cuenta el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, cuando el IDU no cancele
al asesor las sumas pactadas dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles
siguientes a la fecha de radicación de la factura debidamente elaborada y radicada
en el IDU, reconocerá como intereses de mora la tasa equivalente al doble del
interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC».
Dicha estipulación resulta concordante con lo previsto en el numeral 8 del artículo 4
de la Ley 80 de 1993, a cuyo tenor «sin perjuicio de la actualización o revisión de
precios, en caso de no haberse pactada intereses moratorios, se aplicará la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado». En
154 Ibidem.
71
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
este sentido, el artículo 1617 del Código Civil fija el interés legal en el 6% anual,
razón por la cual la tasa moratoria aplicable en el presente asunto corresponde al
12% anual.
Ahora bien, en principio, la mora se configuraría una vez vencido el término de 45
días hábiles contados desde la radicación de la factura presentada por el abogado
—1° de abril de 2014155—, pues, conforme con el artículo 1608 del Código Civil156,
el deudor incurre en mora cuando no cumple la obligación dentro del plazo
estipulado, por lo que al existir un término contractual expreso para el pago, la
exigibilidad de la obligación y, por ende, la mora, se producirían automáticamente
al vencimiento de dicho plazo sin necesidad de requerimiento adicional.
No obstante, en el sub examine se advierte que, con posterioridad a la radicación
de la factura, surgió una controversia objetiva entre las partes contractuales frente
a la correcta metodología para liquidar la bonificación de éxito, particularmente en
lo concerniente a la base de cálculo y a los valores que debían reconocerse. Esta
divergencia interpretativa —que originó el presente proceso— impidió que el monto
exacto de la obligación quedara pacíficamente determinado en ese momento, lo que
condujo a que la entidad efectuara un reconocimiento y pago en diciembre de 2014
bajo su propia interpretación contractual, la cual fue aceptada por el contratista de
manera parcial.
En tales condiciones, aunque la obligación era exigible con anterioridad, el pago
parcial realizado en diciembre de 2014 delimitó con precisión la existencia de un
saldo insoluto cierto y cuantificado, que, como se dejó plasmado en líneas
anteriores, ascendió a $1.240’576.482,36. Por tanto, los intereses moratorios se
liquidarán respecto de dicho saldo a partir de diciembre de 2014 hasta la fecha de
expedición de la providencia, aplicando para ello una tasa equivalente al doble del
interés legal civil, esto es, el 12 % anual, toda vez que en el contrato no se pactó
una tasa de intereses moratorios diferentes.
Entonces157:
155 Hecho probado 3.20.
156 CC. «Artículo 1608. El deudor está en mora: 1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del
término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para
constituirlo en mora […]».
157 Para la liquidación de los intereses moratorios, se adoptó el método desarrollado por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencias del 29 de enero de 2004, exp. 10779. Criterio reiterado por
esta Subsección en las sentencias del 2 de julio de 2021 y 16 de junio de 2025, exp. 51163 y 55030,
respectivamente.
72
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
Variación Tasa
Fecha Capital
Fecha final Días Valor insoluto IPC año de Intereses
inicial actualizado
anterior interés
23/12/2014 31/12/2014 8 $ 1.240’576.482 0,04 $1.241’072.713 0,27 $3’350.896
1/01/2015 31/12/2015 360 $1.241’072.713 3,66 $1.286’495.974 12,00 $154’379.517
1/01/2016 31/12/2016 360 $1.286’495.974 6,77 $1.373’591.752 12,00 $164’831.010
1/01/2017 31/12/2017 360 $1.373’591.752 5,75 $1.452’573.277 12,00 $174’308.793
1/01/2018 31/12/2018 360 $1.452’573.277 4,09 $1.511’983.524 12,00 $181’438.023
1/01/2019 31/12/2019 360 $1.511’983.524 3,18 $1.560’064.601 12,00 $187’207.752
1/01/2020 31/12/2020 360 $1.560’064.601 3,80 $1.619’347.055 12,00 $194’321.647
1/01/2021 31/12/2021 360 $1.619’347.055 1,61 $1.645’418.543 12,00 $197’450.225
1/01/2022 31/12/2022 360 $1.645’418.543 5,62 $1.737’891.065 12,00 $208’546.928
1/01/2023 31/12/2023 360 $1.737’891.065 13,12 $1.965’902.373 12,00 $235’908.285
1/01/2024 31/12/2024 360 $1.965’902.373 9,28 $2.148’338.113 12,00 $257’800.574
1/01/2025 31/12/2025 360 $2.148’338.113 5,20 $2.260’051.695 12,00 $271’206.203
1/01/2026 27/04/2026 117 $2.260’051.695 1,66 $2.297’568.553 3,90 $89’605.173
TOTAL INTERESES MORATORIOS $2.320’355.026
En consecuencia, el IDU deberá reconocer y pagar al abogado De Vivero Arciniegas
la suma $2.320’355.026, por intereses de mora.
4.3.5. Liquidación definitiva del contrato de prestación de servicios 475 de
2002 suscrito entre el IDU y Felipe De Vivero Arciniegas
Finalmente, y de conformidad con todo lo expuesto, la Sala resumirá en el siguiente
cuadro las sumas monetarias que se derivaron del contrato de prestación de servicios
475 de 2002, cuáles de ellas fueron efectivamente pagadas y, consecuentemente,
cuál es el saldo adeudado.
VALORES VALORES SALDO
CONCEPTO
CAUSADOS PAGADOS ADEUDADO
Suma fija del contrato
$290’000.000158 $290’000.000159 $0
más IVA
Bonificación de éxito total
$1.515’404.441,36 $274’827.959 $1.240’576.482,36
(diciembre 2014)
Indexación de la parte de
$1.120’234.396,03160 $0 $1.120’234.396,03
la bonificación insoluta
Intereses de mora $2.320’355.026 $0 $2.320’355.026
TOTAL $5.245’993.863,39 $564’827.959 $4.681’165.904,39
En definitiva, tal como quedo plasmado en el cuadro precedente contentivo de la
liquidación definitiva del contrato, el IDU debe reconocer y pagar al abogado Felipe
De Vivero Arciniegas la suma de $4.681’165.904,39.
158 Aunque la remuneración fija ascendía a $464’000.000, solo se causaron $290’000.000, dado que
los pagos restantes estaban condicionados a hitos procesales que no llegaron a configurarse, en
atención a la acumulación de los procesos y a su terminación por conciliación.
159 No existe controversia entre las partes en relación con el pago de la suma de $290’000.000 por
concepto de honorarios fijos, pues el propio demandante reconoció expresamente dicho pago en el
escrito de la demanda (numeral 1.2.3. de los antecedentes).
160 La suma de $1.120’234.396,03 corresponde a la indexación del capital insoluto de la bonificación
de éxito y se obtiene como la diferencia entre su valor actualizado ($2.360’810.878,39) y el capital
histórico adeudado ($1.240’576.482,36).
73
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
5. Conclusión
Luego de adelantar el correspondiente juicio hermenéutico, la Sala concluyó que la
bonificación de éxito debe reconocerse de conformidad con los dos componentes
expresamente consagrados en el parágrafo segundo de la cláusula cuarta, aplicables
—incluso— cuando los procesos culminaran mediante conciliación, según lo dispone
el parágrafo tercero. En consecuencia: (i) era procedente el pago del 1% de la
diferencia entre las pretensiones económicas formuladas por ICA S.A. y los valores
finalmente reconocidos en sede jurisdiccional, cálculo que debía efectuarse de manera
individual respecto de cada uno de los procesos promovidos por dicha sociedad y no
sobre una sumatoria global; e (ii) igualmente, era exigible el 2% de las sumas
reconocidas a favor del IDU como consecuencia de la demanda de reconvención,
porcentaje que debía liquidarse sobre el monto total reconocido en el acuerdo
conciliatorio y no sobre la cifra resultante del cruce de cuentas efectuado al momento
del pago.
En ese orden de ideas, se modificará la sentencia proferida el 28 de septiembre de
2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, particularmente en lo que se
refiere a la liquidación judicial del contrato, determinando correctamente el saldo
adeudado por concepto del 1%, fijando la base adecuada del 2%, y reconociendo la
actualización e intereses moratorios a que hay lugar, en los términos pactados y
conforme con el régimen legal aplicable.
6. Costas
6.1. El artículo 361 del CGP dispone que «las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho». A su turno, los artículos 365 (numerales 1 y 8)161 y 366162
ejusdem —aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del
artículo 188 del CPACA163— establecen que se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, siempre que en el expediente se acredite su causación; y,
161 CPG. «Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 1. Se condenará en costas
a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación
[…]. // 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación […]».
162 CGP. «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor
de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte
beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador
o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas».
163 CPACA «Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
CPC».
74
Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
en tal evento, su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría
del Tribunal a quo, correspondiéndole a este juzgador únicamente la fijación de las
agencias en derecho de segunda instancia, conforme con las tarifas fijadas por el
Consejo Superior de la Judicatura.
6.2. En este contexto, este juzgador impondrá condena en costas al IDU, en su
condición de parte vencida en el proceso, habida cuenta de que su contraparte
intervino activamente en el trámite de la segunda instancia mediante la presentación
de recurso de apelación y alegatos de conclusión. Para tal efecto, corresponderá al
Tribunal de origen efectuar la liquidación y tasación de las costas, debiendo
considerar que, en esta instancia, se reconocen agencias en derecho equivalentes
al 0,5% del valor de las pretensiones acogidas, de conformidad con las tarifas fijadas
en el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura164.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 28 de septiembre de 2016, la cual
quedará de la siguiente manera:
PRIMERO: DECLARAR que el Instituto de Desarrollo Urbano incumplió el contrato de
prestación de servicios profesionales 475 de 2002, suscrito con el abogado Felipe De
Vivero Arciniegas, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: LIQUIDAR judicialmente el contrato de prestación de servicios de
representación judicial 475 de 2002, suscrito entre el Instituto de Desarrollo Urbano y
el abogado Felipe De Vivero Arciniegas, con un saldo a favor de este último equivalente
a cuatro mil seiscientos ochenta y un millones ciento sesenta y cinco mil novecientos
cuatro pesos con treinta y nueve centavos ($4.681’165.904,39).
TERCERO: CONDENAR al Instituto de Desarrollo Urbano a pagar a Felipe De Vivero
Arciniegas la suma de cuatro mil seiscientos ochenta y un millones ciento sesenta y
cinco mil novecientos cuatro pesos con treinta y nueve centavos ($4.681’165.904,39),
por concepto del saldo insoluto a su favor, resultante de la liquidación judicial efectuada
en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al Instituto de Desarrollo Urbano, en su calidad
de parte demandada, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el a quo,
teniendo en cuenta que, en esta ocasión, se fijan agencias en derecho equivalentes
al 0,5% del valor de las pretensiones reconocidas de la demanda.
164 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.3 establece que, para los medios de control
promovidos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la tarifa en segunda instancia será «hasta
del (5) por ciento del valor de las pretensiones reconocidas o negadas».
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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02376-01 (58542)
Demandante: Felipe De Vivero Arciniegas.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
CT2
76
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