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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02538-01

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02538-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia del 22 de marzo de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2º) Condénase en costas de segunda instancia al señor Luis Guillermo Pérez Manrique y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de ETB SA ESP. 3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02538-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

25 de mayo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA- SUBSECCIÓN B

Bogotá, DC, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: LUIS GUILLERMO PÉREZ MANRIQUE
Demandado: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ SA ESP (ETB SA ESP)
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – DAÑOS POR
REPORTE DE MORA – AUSENCIA DE
PRUEBA

Síntesis: el demandante solicita que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la entidad demandada por registrar en sus bases de datos un reporte
errado de mora de pago del servicio de telefonía fija, lo cual le generó, según se aduce en
la demanda, múltiples daños por la imposibilidad de continuar vinculado laboralmente con
una sociedad canadiense y perjuicios morales. El tribunal de primera instancia negó las
súplicas de la demanda, sostuvo que el demandante no demostró el carácter cierto del daño
alegado, pues, la sociedad extranjera (empleadora) no estaba formalmente constituida en
Colombia. Inconforme con la decisión, la parte actora pide que se revoque el fallo apelado
y se acceda a las súplicas de la demanda, por considerar que la falla acreditada configuró
la causa adecuada de los daños invocados, con independencia de si la sociedad extranjera
estaba o no formalmente constituida para ejercer actos de comercio en Colombia.

Temas: responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado – elementos –carga de la
prueba de la responsabilidad – ausencia de prueba del daño – carácter cierto del daño – la
sola acreditación de una falla del servicio no genera responsabilidad.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 22 de marzo de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se resolvió
lo siguiente:

“FALLA

“PRIMERO.NEGAR las pretensiones de la demanda.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante.

Las agencias en derecho se fijan a cargo de la parte demandante por la
suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, que deberá pagar a favor de la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá SA ESP.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta sentencia, por Secretaría,
liquídense las costas del proceso, teniendo en cuenta los gastos en que
el demandado incurrió para su defensa. Y archívese el proceso” (fls. 159
y 160 cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito del 6 de noviembre de 2015 (fls. 2 a 30 cdno. 1), el señor Luis
Guillermo Pérez Manrique por intermedio de apoderado judicial (fl. 1 cdno. 1)
presentó demanda de reparación directa en contra de la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP (ETB SA ESP) para que se le declare
patrimonialmente responsable por no haber eliminado de manera oportuna un
reporte negativo de mora y, en consecuencia, se acceda a las siguientes
pretensiones:

“De conformidad con lo expuesto en los fundamentos fácticos y jurídicos
expuestos (sic), se pretende lo siguiente:

A. DAÑO EMERGENTE

El daño emergente corresponde al valor o precio de un bien o cosa que
ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la propiedad de una persona
ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente y
la indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o
destruido, sobre el concepto de daño emergente el profesor Ramón Meza,
ha manifestado que es ‘el daño emergente es la disminución o menoscabo
que el acreedor sufre en su patrimonio’.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE MI
REPRESENTADO EL SEÑOR LUIS GUILLERMO PÉREZ MANRIQUE Y
APD PRINTING & DESIGN (33 MESES DE HONORARIOS POR SUMA
DE 33´000.000 MILLONES DE PESOS MENSUALES) LO QUE
EQUIVALE A LA SUMA DE MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES DE
PESOS (1.088´000.000).

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

BONIFICACIÓN EXTRALEGAL DE TRANSPORTE: EQUIVALENTE A
CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
($113.310), 90% DEL VALOR TOTAL DEL VEHÍCULO AUDI.
PENALIDAD DE TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30´000.000),
POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CUPOS DE TAXI.

VENDIÓ SU TAXI PARA PAGAR DEUDAS, QUINCE MILLONES DE
PESOS ($15´000.000).

VENTA DEL CUPO DEL TAXI, CIENTO QUINCE MILLONES DE PESOS
($115´000.000).

CONSULTAS MÉDICO PSIQUIÁTRICAS inicial, DOSCIENTOS MIL
PESOS ($200.000) y controles CIEN MIL PESOS ($100.000) aunado a
esto por su patología a la fecha mi mandante se ha realizado 3 controles,
correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril. Por lo cual se ha
gastado en atención médica un total de QUINIENTOS MIL PESOS
($500.000).

MEDICAMENTOS. Quinientos cuarenta y ocho mil ($548.000) por 5
meses de medicación, lo cual da un valor de DOS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2´350.000).

El pago total por estos perjuicios asciende a la suma de MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.354´350.000).

B. LUCRO CESANTE

El concepto de lucro cesante, como perjuicio se define como, la ganancia
dejada de percibir con ocasión del daño sufrido o en palabras del profesor
Ramón Meza Barros, ‘el lucro cesante es la privación de la legítima
ganancia que le habría reportado el cumplimiento de la obligación’ de lo
anterior se colige que el lucro cesante hace referencia al dinero, la
ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia
del perjuicio o el daño que se le ha causado (…).

El producido del taxi, que tuvo que vender, según certificación de taxis a
la mano un vehículo taxi en la ciudad de Bogotá produce TREINTA
MILLONES DE PESOS MENSUALES ($30´000.000) y tiene una vida útil
de 6 años, por lo cual mi representado dejó de percibir NOVENTA
MILLONES DE PESOS M/CTE ($90´000.000).

C. DAÑO EMERGENTE CONSOLIDADO

EXPECTATIVA DE RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO ENTRE MI
REPRESENTADO Y ADP PRINTING & DESIGN INC. Por lo cual mi
representado perdió la oportunidad de renovación de un contrato de MIL
CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.088´000.000).

Fórmula médica por un valor mensual de quinientos cuarenta y ocho mil
pesos, ($548.000) al referido tratamiento de un año, a partir del mes de

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

junio de 2015, toda vez que los medicamentos correspondientes a los
meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por lo cual por concepto de
daño emergente consolidado se le adeuda a mi representado la suma de
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
($3´836.000).

D. LUCRO CESANTE FUTURO

CONTRATO LABORAL OFRECIDO AL SEÑOR LUIS GUILLERMO
PÉREZ MANRIQUE POR ADP PRINTING & DESIGN INC. EL 1 DE
ABRIL DE 2015, POR UN TÉRMINO DE 36 MESES PRORROGABLES,
CON UNA ASIGNACIÓN MENSUAL DE OCHO MILLONES DE PESOS
($8´000.000) MÁS PRESTACIONES SOCIALES, CARGO DE NÓMINA,
SALARIO PRIMA JUNIO, PRIMA DE DICIEMBRE.

PRIMA EXTRALEGAL (…)

ABSTRACT 14, APORTES POR CESANTÍAS Y VACACIONES.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, FACTOR NO SALARIAL ASIGNADO
AL CARGO EQUIVALENTE A ($1´000.000)

TOTAL: EN SUELDO $288´000.000
PRIMAS EN TOTAL: $72´000.000
CESANTÍAS Y VACACIONES: $112´000.000
PARA UN VALOR TOTAL EQUIVALENTE A: $508´000.000

E. DAÑO MORAL

Acorde a los hechos aquí narrados y a las pruebas aportadas que
demuestran que hoy mi mandante ha sufrido un enorme daño o perjuicio
de índole moral y que dicho daño fue ocasionado a causa del actuar
irregular de ETB (…) solicitamos el pago de los perjuicios morales en una
cuantía de 100 salarios mínimos mensuales vigentes (…)” (fls. 24 a 26
cdno. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1) El 21 de agosto de 2014, la empresa canadiense ADP Printing & Design Inc le
ofreció al señor Luis Guillermo Pérez Manrique el cargo de Director Regional para
Colombia y Latinoamérica, motivo por el cual este aceptó de manera inmediata la
propuesta y suscribió el contrato laboral el 1º de septiembre de ese mismo año por
un término fijo de tres (3) años.

2) Un requisito indispensable para ejercer y mantener la posición empresarial
propuesta era el siguiente: “Son requerimientos de obligatorio cumplimiento contar

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
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con solvencia económica y/o calificación A, o lo que esté homologado para tal efecto
en Colombia con entidades financieras y privadas (…)” (fls. 2 y 3 cdno. 1).

3) En el contrato laboral celebrado se pactó un periodo de prueba de 60 días, es
decir, de dos meses.

4) El 10 de noviembre de 2014, las partes suscribieron un otrosí al contrato laboral
inicial para acordar el pago de un salario integral mensual de $33´000.000
pagaderos a partir de enero de 2015; además, el señor Luis Guillermo Pérez
Manrique eligió como vehículo a adquirir, con el bono extrasalarial de la empresa
para transporte, un automóvil marca Audi para lo cual solicitó un préstamo para
cubrir el saldo restante al banco comercial Davivienda.

5) La empresa ADP Printing & Design Inc encomendó al señor Luis Guillermo Pérez
Manrique que realizara las gestiones encaminadas a la adquisición de varias líneas
telefónicas con características específicas, para lo cual el demandante acudió ante
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP (ETB SA ESP) para la
contratación del correspondiente servicio.

6) ETB SA ESP respondió al demandante que no podía celebrar ningún tipo de
negocio jurídico con él, pues, en el sistema interno aparecía reportado con una mora
por concepto de uso de la línea telefónica fija número 2137388, la cual
efectivamente correspondía a una vivienda en la cual residió el señor Luis Guillermo
Pérez Manrique, pero, la línea había sido cancelada a partir del mes de abril de
2014.

7) El señor Luis Guillermo Pérez Manrique no pudo cumplir con el mandato asignado
por la sociedad empleadora, porque aparecía reportado con una deuda por
concepto del servicio de telefonía fija por un valor de $170.402.

8) ADP Printing & Design Inc le comunicó al señor Luis Guillermo Pérez Manrique
que su situación de mora con ETB SA ESP denotaba un incumplimiento de las

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
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obligaciones del contrato laboral celebrado, razón por la cual el 14 de diciembre de
2014 la sociedad dio por terminado el vínculo contractual.

9) El 15 de diciembre de 2014, ETB SA ESP aclaró que efectivamente el señor Luis
Guillermo Pérez Manrique no había incurrido en mora y se disculpó por los
inconvenientes causados.

10) Debido a esta situación, el señor Luis Guillermo Pérez Manrique sufrió una
profunda depresión que ha tenido que ser controlada por médico psiquiatra y con
medicamentos.

Como fundamentos jurídicos de la demanda la parte actora invocó los artículos 4,
6, 15, 23, 83, 86, 90 y 209 de la Constitución Política, indicó que la empresa
demandada es patrimonial y extracontractualmente responsable de los daños
irrogados a los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data del señor
Luis Guillermo Pérez Manrique, por cuanto ETB SA ESP reportó en sus bases de
datos una obligación inexistente lo cual constituyó una falla del servicio.

2. La admisión y la contestación de la demanda

1) Mediante auto del 3 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (fl. 34 cdno. 1) admitió la demanda interpuesta y ordenó su
notificación a la sociedad demandada.

2) ETB SA ESP se opuso a las pretensiones de la demanda para lo cual propuso
como excepciones previas las de (i) “indebida escogencia de la acción”, (ii) “no
agotamiento del requisito de procedibilidad” y, (iii) “caducidad de la acción” y, de
otra parte, como excepciones de mérito las de (i) “inexistencia de los elementos de
la responsabilidad”, (ii) “inexistencia del daño antijurídico” y, (iii) “ausencia de nexo
causal y de falla del servicio”.

En primer lugar, la sociedad demandada adujo que el medio de control jurisdiccional
que debió ejercerse era el de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
acto administrativo que negó la celebración de cualquier tipo de contrato en el que
interviniera el señor Luis Guillermo Pérez Manrique, sobre la base de sostener que

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
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este tipo de manifestaciones constituyen verdaderos actos administrativos de
conformidad con el artículo 54 de la Ley 1341 de 2009 y, por lo tanto, el requisito de
procedibilidad debió agotarse en relación con la validez de ese acto, más aún si
contra la decisión de la ETB no se interpusieron los recursos obligatorios en los
términos señalados en el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011
(CPACA); finalmente, manifestó que la demanda fue interpuesta por fuera del
término establecido en el literal d) del artículo 164 ibidem, según el cual cuando se
pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente de la
correspondiente comunicación, notificación, ejecución o publicación del respectivo
acto.

Ahora bien, en relación con el fondo del asunto, la parte demandada sostuvo que
las súplicas eran improcedentes, dado que la parte actora no demostró la existencia
del contrato laboral, en tanto que no aparecen las constancias de vinculación al
régimen contributivo de salud ni al sistema de pensiones ni tampoco al de riesgos
profesionales; agregó que la relación jurídica que aduce el demandante se trató de
un negocio jurídico de mandato sin representación que no reviste la calidad de
contrato laboral.

Finalmente, manifestó que no se lesionaron los derechos al buen nombre y de
habeas data del señor Luis Guillermo Pérez Manrique ya que, nunca se dio
circulación a la información contenida en sus bases de datos, pues, simplemente se
contrató a la firma Sistemcobro SA para que adelantara cobros prejurídicos, de allí
que el reporte de mora nunca salió de la órbita de control de la empresa de
telecomunicaciones.

3. El trámite de primera instancia y los alegatos de conclusión

1) El 23 de mayo de 2017 se adelantó la audiencia inicial de que trata el artículo 180
de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), oportunidad en la cual (fls. 85 a 87 cdno. 1) se
declararon no probadas las excepciones previas propuestas por ETB SA ESP; se

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produjo el saneamiento del proceso, se fijó el litigio1 y se decretaron las pruebas
solicitadas por las partes.

2) El 27 de septiembre de 2017 se cumplió la audiencia de pruebas y ese mismo
día se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 118 cdno. 1).

3) La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el libelo petitorio, agregó que
la falla del servicio consistente en el reporte de mora en la base de datos fue la
causa determinante de los daños sufridos por el demandante, ya que afectó su
derecho al buen nombre porque la información contenida en el sistema de la ETB
SA ESP no era cierta ni veraz (fls. 120 a 144 cdno. 1).

4) Por su parte, la ETB SA ESP insistió en el hecho de que no se demostró que la
sociedad APD Printing & Design Inc tuviera representación legal en Colombia ni
tampoco las facultades del señor Luis Guillermo Pérez Manrique para obligarla, más
aún si no se acreditó que esa empresa hubiera dado cumplimiento al artículo 471
del Código de Comercio que prevé que toda sociedad extranjera que pretenda
emprender negocios en el país debe constituir una sucursal en el territorio nacional,
protocolizar las copias del documento de fundación, de sus estatutos y del acto que
acredite su existencia, así como obtener también un permiso de funcionamiento de
las Superintendencias de Sociedades o Financiera, según el caso (fls. 145 a 152
cdno. 1).

5) El Ministerio Público guardó silencio.

4. La sentencia impugnada

El 22 marzo de 2018 la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda (fls. 153 a 160
cdno. ppal.); los fundamentos de la decisión apelada fueron los siguientes:

1
“Establecer si la negativa inicial de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB de
prestarle al señor Luis Guillermo Pérez Manrique el servicio de telefonía por causa de una mora que
no se produjo, determinó el daño aludido por el demandante consistente en no poder ejecutar una
relación contractual. Las partes manifestaron estar de acuerdo con la propuesta de fijación del litigio”
(fl. 86 cdno. 1).

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
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1) La parte actora no acreditó el carácter cierto del daño alegado toda vez que para
la fecha de los hechos objeto de análisis, la sociedad extranjera no estaba
debidamente constituida en Colombia.

2) El demandante debió aportar los documentos que demostraran que la sociedad
extranjera cumplía con los requisitos establecidos por las normas comerciales para
su funcionamiento legal y operación (artículos 58 Ley 1564 de 2012 – CGP, 471 y
486 del Código de Comercio).

3) Ante la falta de prueba sobre la existencia y representación legal de la sociedad
ADP Printing & Design Inc., debe concluirse que la parte demandante no acreditó la
relación contractual cuya terminación se habría producido por causa del registro
errado generado por la ETB SA ESP.

4) Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el certificado de la
Cámara de Comercio de Bogotá DC, en el cual se demuestra que el registro de la
matrícula comercial de la sociedad extranjera se produjo el 14 de marzo de 2016,
es decir, de manera muy posterior a los hechos materia objeto de este proceso.

5) Por lo tanto, a pesar de que existió una inconsistencia en el cobro de una
obligación inexistente al demandante por parte de la ETB SA ESP, lo cierto es que
el daño reclamado se hizo consistir en la terminación de una relación contractual
laboral que nunca se demostró.

5. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación que
fue concedido mediante auto del 1º de febrero de 2018 (fl. 393 cdno. ppal.) y
admitido por esta Corporación en providencia del 3 de mayo del mismo año (fl. 401
cdno. ppal.).

Los fundamentos del recurso de apelación son, en síntesis, los siguientes (fls. 162
a 175 cdno. ppal.):

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

1) No debió ser objeto de discusión para la Sala la existencia y representación legal
de una empresa extranjera, sino la falla del servicio producida por la entidad
demandada que derivó en la terminación unilateral del contrato de trabajo en
perjuicio del demandante, pues, la información errónea suministrada por el ETB fue
la causa determinante de la desvinculación del señor Luis Guillermo Pérez
Manrique.

2) En el proceso se demostró que la ETB se negó a suministrar los servicios de
telefonía y de internet bajo un supuesto inexistente, esto es, la supuesta mora en el
pago de una factura de telefonía a cargo del señor Luis Guillermo Pérez Manrique.

3) La falla del servicio quedó plenamente demostrada con el oficio no. CUN-4347-
14-0004034411 del 15 de diciembre de 2014 mediante el cual la ETB reconoció
expresamente su error.

4) La falla del servicio es ajena a la relación laboral, de modo que no se debieron
negar las pretensiones con el argumento de que no se acreditó la existencia y
representación legal de la referida sociedad extranjera.

5) No puede exigirse que la sociedad estuviera formalmente constituida para operar
en Colombia si, precisamente, se contrató al señor Luis Guillermo Pérez Manrique
para que realizara un análisis de mercado que permitiera establecer la viabilidad
para la empresa de invertir en el país, de allí que el yerro de la ETB fue lo que
impidió que el demandante abriera una sucursal de la sociedad en Colombia y
procediera a la inscripción en la Cámara de Comercio.

6) Finalmente, la condena en costas es excesiva porque la actuación del apoderado
judicial de la ETB SA ESP se limitó a presentar los escritos de contestación de la
demanda y de alegatos de conclusión.

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
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6. El trámite de segunda instancia

Por auto del 28 de septiembre de 2018 se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión en esta instancia y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 188
cdno. ppal.).

1) La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
indicó que la protección al buen nombre consiste, precisamente, en que la
información que reposa en bases de datos sea cierta y veraz, esto es, que no se
consigne de manera errada, tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la
sentencia T-658 de 2011; agregó igualmente que en este caso ETB transgredió los
principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica (fls. 203 a 228 cdno.
ppal.).

2) A su turno, ETB SA ESP alegó que el demandante confunde las nociones de falla
del servicio con daño antijurídico, dado que en este caso concreto si bien operó la
primera no ocurrió igual con el segundo, en tanto que no se demostró la lesión o
afectación invocada con la demanda, por cuanto “para demostrar que el contrato
laboral, en cuya terminación consistió el daño pretendido por el actor, era necesario
acreditar que las partes en dicho negocio jurídico existían jurídicamente (sic) y que
quienes manifestaron el consentimiento tenían la facultad de obligarlas. En el caso
que nos ocupa no se probó que la sociedad (…) existiera ni que el señor Luis
Guillermo Pérez tuviera la capacidad de obligarla jurídicamente” (fls. 192 a 202
cdno. ppal.).

3) El Agente Delegado del Ministerio Público ante esta Corporación rindió concepto
en el que solicitó que se confirme la sentencia apelada, con apoyo en el siguiente
razonamiento:

a) En atención al principio consagrado en el artículo 167 del CGP, el demandante
debe demostrar la ocurrencia, causación y/o existencia del daño cierto, directo,
personal y no indemnizado.

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Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
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b) Según lo dispuesto por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, el
contrato a término fijo debe celebrarse por escrito, se trata de un contrato solemne
que debe contener, entre otros aspectos, el nombre y la identificación de las partes;
el negocio jurídico aportado con la demanda no contiene la identificación de la
sociedad empleadora ni el registro comercial ni su domicilio, y tampoco se aportó el
certificado de existencia y representación legal, tanto así que el registro comercial
de la sociedad se efectuó el 14 de marzo de 2016, es decir, en fecha posterior a los
hechos que se discuten en este proceso y aparece como representante legal la
señora Milena Casa Aguilar, esto es, una persona diferente a quien suscribió el
contrato de trabajo allegado.

c) Las sociedades extranjeras que pretendan realizar actos de comercio de manera
permanente en Colombia deben cumplir lo prescrito por los artículos 469 a 486 del
Código de Comercio, por consiguiente, la prueba de la existencia de la persona que
fungía como empleador requería la verificación de que podía operar en el país,
sobre la base de que para la acreditación del contrato de trabajo se requiere que los
sujetos contratantes sean capaces y, en el caso de las sociedades, que estén
legalmente constituidas.

d) Así las cosas, la parte actora desatendió su deber probatorio por no demostrar
como cierto el daño reclamado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala resuelve el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis
del caso concreto, 3) conclusión general y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El objeto de la controversia consiste en establecer si el daño alegado en la demanda
está debidamente acreditado o, por el contrario, si el daño no quedó demostrado tal
como lo concluyó el tribunal de primera instancia.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

La Sala confirmará la sentencia apelada, porque el análisis del acervo probatorio
permite validar las conclusiones a las que llegó el a quo, en tanto que la parte actora
no acreditó el daño alegado.

2. Análisis del caso concreto

1) El daño constituye el primer elemento en el juicio de responsabilidad patrimonial
del Estado, pues, con la expedición de la Constitución Política de 1991 se acogió
un régimen resarcitorio basado en la lesión o afectación y su antijuricidad, de modo
que con el sistema actual de daños lo relevante no es la ilegalidad o antijuricidad
del comportamiento estatal sino, que la víctima sufra una afectación que no esté en
el deber jurídico o normativo de soportar, debido a que el Estado no está habilitado,
por ningún título, para imponerle a ella dicha carga.

De modo que la sola acreditación de una falla del servicio atribuible a la
administración o a la entidad estatal no es suficiente para desatar el deber
resarcitorio en cabeza del Estado, por cuanto, es indispensable que se verifique de
antemano la existencia de una vulneración o afectación a un bien jurídicamente
tutelado, pues, el daño es precisamente el objeto de la reparación y, por lo tanto,
ante la ausencia de este no hay lugar a hacer al Estado ninguna imputación, por
sustracción de materia.

2) En este caso concreto, la parte actora no demostró el daño alegado en la
demanda, por cuanto no hay prueba fehaciente que acredite que al demandante le
terminaron el contrato suscrito con la sociedad extranjera por el registro de mora de
la ETB, de modo que la parte acrtora no demostró las afirmaciones de la demanda.

3) Adicionalmente, el daño debe revestir las características de ser personal, cierto,
directo, lícito y que no haya sido previamente reparado; en relación con el carácter
o elemento cierto del daño la Corte Suprema de Justicia ha precisado2:

2
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 21 de enero de 2013,
exp. 2002-00358, MP Fernando Giraldo Gutiérrez.

14

Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

“El daño es todo menoscabo sufrido por la persona en los intereses
tutelados, vinculados con su esfera patrimonial o extrapatrimonial, y será
indemnizable cuando su causación es imputable a un sujeto distinto al
afectado, siempre que sea cierto y personal, condiciones necesarias para
su existencia. // La certeza atañe a la materialidad de la lesión, puesto que
es la real y efectiva conculcación del derecho, interés o valor protegido
jurídicamente, ya sea actual o bien potencial e inminente, mas no
eventual, de ahí que si está fundado en la posibilidad remota de obtener
un beneficio en el caso de que la acción dañina no se hubiere producido
será hipotético. Y la exigencia de ser personal implica que solo el que lo
ha sufrido debe ser resarcido, sin que impida el ejercicio de la acción
indemnizatoria por sus herederos o por los terceros afectados con el daño
reflejo”.

Por su parte, el daño cierto ha sido analizado por la jurisprudencia de esta
Corporación en los siguientes términos3:

“Conviene precisar que el daño, a efectos de que sea indemnizable,
requiere estar plenamente estructurado, por tal motivo, resulta
imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión
o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea antijurídico,
esto es, que la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; (ii) que el
daño sea lícito, que se lesione un derecho, bien o interés protegido por el
ordenamiento legal y, iii) que el daño es cierto, es decir, que se puede
apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limite a una mera
conjetura”.

En síntesis, el daño será cierto en la medida en que se acredite que no constituye
una hipótesis, una conjetura, sometido al azar, es decir, que si la lesión es eventual
o hipotética no revestirá el carácter de certeza; contrario sensu, si la afectación o
vulneración al interés jurídico o a la situación protegida es real, efectiva, actual o
potencial, se tendrá por establecido el elemento de certidumbre necesario para la
configuración del primer elemento del juicio de responsabilidad, esto es, afectación
o vulneración a un interés jurídicamente protegido, por el hecho de tener una
correspondencia necesaria con la realidad.

4) En este caso concreto la Sala advierte que el daño invocado en la demanda no
es cierto porque no se acreditó su materialidad, es decir, que real y efectivamente
se haya configurado, toda vez que el contrato laboral aportado con la demanda no
permite establecer la capacidad de una de las partes y, por lo tanto, su existencia y

3
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 17.412.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

eficacia, sobre la base de considerar que la empresa que fungió como empleadora
no podía operar en Colombia por tratarse de una sociedad extranjera que, para la
fecha de celebración del contrato laboral, no había cumplido con los requisitos
establecidos por el ordenamiento jurídico interno para que pudiera celebrar actos y
negocios jurídicos.

Es importante señalar que el daño que se alegó en la demanda consistió en la
terminación del vínculo contractual entre el demandante y la sociedad extranjera,
mientras que la afectación al buen nombre y al habeas data se invocaron como
perjuicios inmateriales desencadenados de esa lesión o afectación, de allí que la
Sala no pueda interpretar o manejar estos últimos como el daño alegado, por cuanto
ello implicaría una grave y significativa modificación de la causa petendi de la
demanda.

En efecto, al proceso se allegaron los siguientes medios de convicción relacionados
con la acreditación del daño alegado:

a) Propuesta laboral del 21 de agosto de 2014 firmada por el señor Gregorio Pérez,
en calidad de representante legal de ADP Printing & Design Inc y dirigida al señor
Luis Guillermo Pérez Manrique para que asumiera el cargo de Director Regional
para Colombia y Latinoamérica con una asignación mensual de $18´000.000, con
un periodo de prueba de 60 días a partir del cual se evaluaría la posibilidad de
incrementar el salario a $30´000.0000 (fl. 6 y 7 cdno. 2).

b) Contrato individual de trabajo a término fijo del 1º de septiembre de 2014, suscrito
entre Gregorio Pérez en la condición de representante legal de ADP Printing &
Design Inc, como sociedad empleadora, y el señor Luis Guillermo Pérez Manrique
en calidad de empleado; en este negocio jurídico se acordó que el salario sería de
$18´000.000 y las funciones del empleado eran las de “manejar el presupuesto de
la empresa, ejecutar y supervisar la planificación y ejecución de las inversiones,
evaluar los proyectos y determinar su valor para la empresa, crear un entorno
eficiente y positivo para los empleados, crear las políticas para llevar a cabo las
acciones específicas de la empresa” (fls. 8 a 10 cdno. 2).

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

c) Certificación de estado de negocio expedida el 25 de febrero de 2015 por
Colwagen SA en la que se consignó: “Informo que vehículo objeto del negocio
correspondiente a un (1) Audi A6 se encuentra disponible para realizar facturación,
previo a giro del dinero correspondiente a la cuota inicial y valores de matrícula pues
los documentos fueron entregados en su totalidad por parte del Sr. Luis Guillermo
Pérez” (fl. 27 cdno. 2).

d) Carta de cobro del 5 de febrero de 2014 elaborada por la sociedad Sistemcobro
SA dirigida al señor Luis Guillermo Pérez Manrique en la que se le puso de presente
lo siguiente: “actualmente tiene una deuda con la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ (ETB) con número de cuenta 199298500
por un valor de $170.402 más honorarios e intereses con más de 22 días de mora”
(fl. 45 cdno. 2).

e) Carta de terminación del contrato individual de trabajo del 14 de diciembre de
2014 mediante la cual el señor Gregorio Pérez, en calidad de representante legal
de la sociedad extranjera, dio por finalizado el vínculo laboral y suspendió de
manera inmediata el trámite de las garantías extralegales correspondientes a un
crédito de emprendimiento; pago del vehículo por valor de $125´000.000; gastos de
representación por valor de $3´000.000 mensuales y el valor del reajuste del
contrato a $30´000.000 (fls. 48 y 49 cdno. 2).

f) Comunicación CUN 4347 del 15 de diciembre de 2014, a través de la cual la
representante de soluciones al cliente de ETB SA ESP contestó al señor Luis
Guillermo Pérez Manrique lo siguiente:

“En atención a su queja de verificación de los cobros generados en la línea
telefónica 2137388 por concepto de retiro de servicios en el mes de abril
de 2014, le informamos que bajo CUN (…) se generaron los ajustes
respectivos y el valor de $144.559,62 incluido IVA fue reportado a la
agencia de cobro Sistemcobro con el fin de quedar a paz y salvo.

(…) Le informamos que ETB SA ESP no ha efectuado reporte alguno a
centrales de riesgo y aclaramos que las casas gestoras de cobranza
actúan únicamente como agentes recaudadores de la cartera morosa.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

(…) Finalmente, ofrecemos disculpas por los inconvenientes generados y
agradecemos su interés al poner en conocimiento la situación presentada,
dado que ello nos permite mejorar día a día en la atención brindada a
nuestros clientes” (fl. 52 cdno. 2).

g) Certificado mercantil del 2 de junio de 2016, expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá en el cual se hace constar que el establecimiento de comercio “ADP
Printing Colombia” fue registrado el 14 de marzo de 2016 y la representante legal
es la señora Sandra Milena Casas Aguilar (fl. 33 y 34 cdno. 3).

3) De la valoración conjunta del referido material probatorio, la Sala advierte que la
parte actora no demostró que la sociedad extranjera ADP Printing & Design Inc, con
domicilio en Ontario (Canadá), haya realizado las gestiones y trámites jurídicos para
adelantar actos de comercio en Colombia; por el contrario, quedó plenamente
acreditado que solo hasta el 14 de marzo de 2016 se registró en la Cámara de
Comercio de Bogotá el establecimiento de comercio denominado ADP Printing
Colombia.

Así las cosas, la sociedad extranjera, supuesta empleadora del señor Luis Guillermo
Pérez Manrique, no podía adelantar actos de comercio en el país, así como tampoco
celebrar negocios jurídicos, pues, era requisito indispensable que antes de designar
un director para Colombia y Latinoamérica se hubiera dado cumplimiento a lo
prescrito por los artículos 469 a 497 del Código de Comercio, especialmente a las
siguientes disposiciones:

“ARTÍCULO 471. <REQUISITOS PARA EMPRENDER NEGOCIOS
PERMANENTES EN COLOMBIA>. Para que una sociedad extranjera
pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una
sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo cual cumplirá los
siguientes requisitos:

1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el
país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos,
la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los
que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus
representantes, y

2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según
el caso, permiso para funcionar en el país.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

ARTÍCULO 472. <CONTENIDO DEL ACTO POR EL CUAL SE
ACUERDA ESTABLECER NEGOCIOS PERMANENTES EN
COLOMBIA>. La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme
a la ley de su domicilio principal establecer negocios permanentes en
Colombia, expresará:

1) Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las
exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del
objeto social;

2) El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras
fuentes, si las hubiere;

3) El lugar escogido como domicilio;

4) El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la
terminación de los mismos;

5) La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes,
que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga
desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para
realizar todos los actos comprendidos en el objeto social, y tendrá la
personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos
legales, y

6) La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con
residencia permanente en Colombia”.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 58 de la Ley 1564 de
2012 (CGP), 116 y 117 del Código de Comercio, normas que establecen:

“Artículo 58. Representación de personas jurídicas extranjeras y
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. La
representación de las sociedades extranjeras con negocios permanentes
en Colombia se regirá por las normas del Código de Comercio.

Las demás personas jurídicas de derecho privado y las organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que
establezcan negocios o deseen desarrollar su objeto social en Colombia,
constituirán apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.
Para tal efecto protocolizarán en una notaría del respectivo circuito la
prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas
jurídicas y del poder correspondiente. Además, un extracto de los
documentos protocolizados se inscribirá en la oficina pública
correspondiente.

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan negocios permanentes
en Colombia estarán representadas en los procesos por el apoderado que
constituyan con las formalidades previstas en este código. Mientras no lo
constituyan, llevarán su representación quienes les administren sus
negocios en el país.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

“……………………………………………………………………………………

“ARTÍCULO 116. <REGISTRO MERCANTIL - REQUISITO PARA
INICIAR ACTIVIDADES>. Las sociedades no podrán iniciar actividades
en desarrollo de la empresa social sin que se haga el registro mercantil
de la escritura de constitución y el civil cuando haya aportes de inmuebles,
ni sin haber obtenido el permiso de funcionamiento de la
Superintendencia de Sociedades, cuando se trate de sociedades que
conforme a la ley requieran dicho permiso antes de ejercer su objeto.

PARÁGRAFO. Los administradores que realicen actos dispositivos sin
que se hayan llenado los requisitos exigidos en este artículo, responderán
solidariamente ante los asociados y ante terceros de las operaciones que
celebren o ejecuten por cuenta de la sociedad, sin perjuicio de las demás
sanciones legales.

ARTÍCULO 117. <PRUEBA DE LA EXISTENCIA, CLÁUSULAS DEL
CONTRATO Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD>. La existencia
de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación
de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que constará el
número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas
del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha y el
número de la providencia por la cual se le concedió permiso de
funcionamiento y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se
halla disuelta.

Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de
la cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes,
de las facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las
limitaciones acordadas a dichas facultades, en su caso”.

En ese orden de ideas, por corresponder a la normativa específica que regula la
materia objeto de análisis, la Sala comparte el razonamiento contenido en la
sentencia impugnada, en la medida que la sociedad ADP Printing & Design Inc no
tenía capacidad ni representación legal en Colombia para contratar líneas
telefónicas ni internet con ETB SA ESP, de allí que el daño supuestamente irrogado
al demandante es meramente eventual o hipotético, pues, sus labores no eran las
de analizar el mercado para identificar si se podía invertir o no en Colombia, tal
como lo manifestó en el recurso de apelación, sino que, sus funciones eran las
propias de un representante legal, para lo cual ha debido cumplirse con los
requisitos previstos por el Código de Comercio para que la sociedad extranjera
pudiera operar legalmente en el territorio nacional, concretamente con lo prescrito
por el artículo 471 ibidem.

20

Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

Por consiguiente, el daño reclamado no tiene el carácter de cierto y, por lo tanto, se
impone la negativa de las pretensiones de la demanda, por cuanto la sola
constatación de la falla del servicio no permite declarar la responsabilidad
patrimonial del Estado.

3. Conclusión general

La Sala confirmará la sentencia apelada porque la parte actora desatendió los
mandatos del artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) en relación con la
acreditación fehaciente del daño alegado, de su real causación y su magnitud. En
este caso concreto la supuesta lesión o afectación es eventual o hipotética porque
la sociedad empleadora no podía operar comercialmente en Colombia.

4. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 prevé que salvo que se ventile un interés
público4 la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, a su turno,
el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida”.

En el presente caso la parte vencida es la parte demandante, señor Luis Guillermo
Pérez Manrique, por lo que en cuanto se refiere a los gastos del proceso estos serán
liquidados de manera concentrada por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.

Sobre las agencias en derecho se fijan agencias en derecho en el equivalente a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los términos del Acuerdo
PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016.

4
Al respecto consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, del 11
de octubre de 2021, expediente 63.217.

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Expediente No. 25000-23-36-000-2015-02538-01 (61.745)
Actor: Luis Guillermo Pérez Manrique
Medio de control de reparación directa-apelación sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia del 22 de marzo de 2018 proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2º) Condénase en costas de segunda instancia al señor Luis Guillermo Pérez
Manrique y fíjanse agencias en derecho a su cargo en cuantía equivalente a tres
(3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de ETB SA ESP.

3º) Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
Salva voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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