Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02617-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02617-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02617-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
27 de agosto de 2021
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / ACTO PRECONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / REQUISITOS HABILITANTES DEL PROPONENTE / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
[N]o le asiste razón a la parte demandante, y no están llamados a prosperar los argumentos del recurso de apelación, porque: (i) la inconsistencia entre la información financiera reportada en el RUP y la obrante en la matrícula mercantil del proponente Proalimentos Liber S.A.S., además de que no fue probada, al no recaer sobre aquellos requisitos que otorgaban puntaje, no podía servir de argumento suficiente para rechazar la propuesta, y (ii) aunque el recurrente cuestionó que el a quo centró el debate en el alcance y en la naturaleza del RUP, lo cierto es que la normativa vigente al momento de los hechos determinó que los requisitos habilitantes únicamente podían verificarse con este registro, por lo que, si con la información contenida en el mismo, Proalimentos Liber S.A.S. cumplía con lo descrito en el pliego de condiciones, se debía culminar con su proceso de evaluación. Bajo estos términos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, dado que no encontró acreditado algún vicio de ilegalidad relacionado con la adjudicación del grupo 7 de la licitación SPC-LP-03-2013 al proponente Proalimentos Liber S.A.S.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO PRECONTRACTUAL / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL
Se afirma la jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, teniendo en cuenta que, a través del medio de control instaurado, se pretende la nulidad y el restablecimiento del derecho en relación con un acto administrativo de carácter precontractual, como lo es el acto de adjudicación de un contrato expedido por una entidad pública. Por ello, en este caso, la jurisdicción se define por la naturaleza de la entidad que expidió el acto y por el contenido del mismo, de conformidad con el artículo 141 del C.P.A.C.A. […] Se precisa, además, que el artículo 138 del C.P.A.C.A. consagró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior”. Por otra parte, el artículo 104 del C.P.A.C.A. establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y los litigios originados en “[…] actos […] sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas”. […] Ahora bien, la competencia por razón de la cuantía se define a partir de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A., referido al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se trata de un acto administrativo precontractual que, de conformidad con lo dispuesto en el precitado inciso segundo del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, es demandable a través del referido medio de control.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
[E]l término de caducidad del medio de control empezó a correr en vigencia del C.P.A.C.A., de manera que aplicaba el plazo de 4 meses fijado en el artículo 138 del citado código, contado a partir del día siguiente a la notificación o comunicación del acto demandado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 164, numeral 2, literal c, para el caso particular de la pretensión de nulidad de los actos previos, razón por la cual, en el presente caso, ese término de 4 meses empezó a correr a partir del 5 de octubre de 2013. […] Según consta en el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial […], la parte actora radicó la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación […]. La constancia que declaró fallida la conciliación […] fue expedida el […]. Por lo tanto, el término de caducidad se reinició […]. Como este día fue interpuesta la demanda, puede colegirse que se presentó de manera oportuna.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL C
ACTO PRECONTRACTUAL / CLASES DE ACTO PRECONTRACTUAL / DEMANDA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Los actos precontractuales susceptibles de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son todos aquellos proferidos por una entidad pública, o por un particular en ejercicio de funciones administrativas, antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, y que produzcan efectos jurídicos definitivos, como -por ejemplo- el acto de adjudicación del contrato, el que declara desierta la convocatoria pública, el que revoca el acto de apertura, y, eventualmente, el que adopta el pliego de condiciones, o el que deniega en forma definitiva el acceso a la habilitación o a la calificación de un oferente o proponente. En vigencia de la Ley 1437 de 2011, los actos precontractuales pueden ser demandados por quienes han sido proponentes u oferentes en un procedimiento de contratación […].
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
[L]a Sala valorará las copias simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / CONTENIDO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / REQUISITOS PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
La Ley 1150 de 2007, además de introducir diferentes modificaciones relacionadas con los requisitos habilitantes del proponente y con aquellos ponderables de la propuesta, derogó el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, y asignó la labor de verificación de los primeros a las cámaras de comercio, a través de la inscripción de la información que diera cuenta de su cumplimiento en el Registro Único de Proponentes.
FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 22
PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA
[L]a entidad estatal contratante, en razón a su condición de directora del procedimiento de selección, se encuentra revestida de un amplio margen de autonomía en la elaboración del pliego de condiciones -siempre que lo haga dentro de los parámetros impuestos por el numeral 5 del artículo 24 y el ordinal segundo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993- y, en desarrollo de esa actividad, ostenta la facultad de introducir las exigencias y los requisitos que deben observar y reunir los oferentes. […] [L]a administración no puede establecer requisitos inanes, superfluos, caprichosos o arbitrarios, que en nada contribuyan al logro de los fines de la contratación, y que, por el contrario, obstaculicen la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad. Las reflexiones que se plasman hallan su respaldo normativo en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el cual prevé que las propuestas deben acatar las exigencias contempladas en el pliego de condiciones. Esta disposición debe armonizarse con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo. […] Se precisa, igualmente, que, además de aquellas causales de rechazo que con apego a estos dictados inserte la entidad pública en el texto precontractual, también se entenderán agregadas las que se desprendan directamente de la normativa constitucional y legal, en cuanto resulten aplicables al procedimiento de selección que corresponda, al margen de que no se hubiesen incluido expresamente en el catálogo negocial. Con base en lo expuesto, la Sala estima que una causal dirigida a sancionar con el rechazo a una propuesta que suministre información que no concuerde con la realidad resultará válida, en la medida en que comporta un desarrollo del principio constitucional de la buena fe (artículo 83 de la Constitución), que impone a las partes el deber de actuar con rectitud, lealtad y honestidad en su gestión negocial. También entraña una expresión del principio de selección objetiva, puesto que solo será posible la escogencia de la oferta más favorable a partir de la verificación de datos verdaderos, confiables y fidedignos que reflejen la real sujeción de la propuesta al interés que se pretende satisfacer con la celebración del contrato que se aspira a adjudicar. Sin embargo, en caso de que la información reportada que, en principio, no concuerda con la realidad recaiga sobre un aspecto que no otorga puntaje, la Sala considera que, en atención al mandato impuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, aquella no podrá aplicarse de plano, sin brindar un espacio a los oferentes para que rindan las aclaraciones del caso, evento en el cual la entidad, una vez escuchados, decidirá si las explicaciones se ajustan al catálogo constitucional, legal y reglamentario que sirve de base para el procedimiento de selección.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30 / LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 5
NOTA DE RELATORÍA: Sobre las causales para rechazar o descalificar una propuesta del proceso de selección, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de abril de 2021, rad. 64932, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
COSTAS PROCESALES / GASTOS DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / EFECTOS DE LA NORMA / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
De conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem, establece que las costas “[…] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 361 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 365 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno de (2021)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-02617-01(57572)
Actor: CONSORCIO ALIMESA (INTEGRADO POR FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO Y ARDIKO A&S LTDA. CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS)
Demandado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC-
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE 2011 (APELACIÓN SENTENCIA)
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia del 1 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (fls. 94 – 98, c. ppl.), en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 21 de marzo de 2014, los integrantes del Consorcio Alimesa presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, para solicitar que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 662 del 4 de octubre de 2013, por medio de la cual se le adjudicó a la sociedad Proalimentos Liber S.A.S. los grupos 7, 9 y 26 de la licitación pública No. SPC-LP-03-2013. Asimismo, solicitaron que se declarara que la oferta presentada por el Consorcio Alimesa era la más favorable para la adjudicación del grupo 7. Finalmente, pidieron, como restablecimiento del derecho, el pago de $1.086’024.920, que equivaldrían a la utilidad que hubieran obtenido de haber ejecutado el contrato derivado de la adjudicación del grupo 7.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda:
Mediante demanda radicada ante el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, el 21 de marzo de 2014 (fls. 1 – 13, c1), y a través de apoderado judicial (fl. 14, c1), el señor Francisco Javier Sandoval Buitrago y la sociedad Ardiko A&S Ltda. Construcciones, Suministros y Servicios, como integrantes del Consorcio Alimesa, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., demandaron a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
1. Que se declare parcialmente Nula la Resolución de Adjudicación 662 de fecha cuatro de Octubre de 2013 mediante la cual la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS adjudicó la licitación pública SPC-LP-03-2013 en cuanto a la Adjudicación realizada al proponente PROALIMENTOS LIBER S.A.S. de los grupos 7, 9 y 26 de la citada Licitación Pública.
2. Que se declare que la propuesta presentada por el proponente PROALIMENTOS LIBER S.A.S. no estaba habilitada en la Licitación Pública SPC-LP-03-2013 por encontrarse incursa en la causa [sic] de rechazo del Ordinal 12 del Numeral 4.12 CAUSALES DE RECHAZO del Pliego de Condiciones de la Citada Licitación Pública.
3. Que se declare que la Propuesta presentada por el CONSORCIO ALIMESA es la propuesta habilitada más favorable para ser adjudicataria del GRUPO NÚMERO SIETE (7) de la Licitación Pública SPC-LP-03-2013.
4. Que se reconozca como restablecimiento del derecho a favor del CONSORCIO ALIMESA la suma de MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($1.086.024.920.oo) equivalente a la utilidad esperada en la Ejecución del Contrato en caso de haberse adjudicado el Grupo Siete (7) al CONSORCIO ALIMESA.
5. Que la suma reconocida sea indexada a la fecha en que se realice el pago por parte de la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.
6. Que se condene en costas a la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.
1.1 Los fundamentos de hecho:
La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos, que, en síntesis, se expresan a continuación:
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- adelantó la licitación pública SPC-LP-03-2013, que tenía por objeto suministrar el servicio de alimentación para los internos de los centros de reclusión del nivel nacional, los cuales están a cargo del INPEC.
El Consorcio Alimesa, conformado por el señor Francisco Javier Sandoval Buitrago y la sociedad Ardiko A&S Ltda., presentó propuesta para los grupos 7, 13 y 23 de la precitada licitación. Por su parte, la sociedad Proalimentos Liber S.A.S. presentó propuesta para los grupos 7, 9 y 26 de la misma licitación.
El numeral 12 del título 4.12 del pliego de condiciones estableció, como causal de rechazo de las propuestas, que los documentos presentados por los oferentes contuvieran información que, de cualquier manera, se evidenciara que no correspondía con la realidad.
La USPEC, por medio del informe de evaluación publicado en el SECOP el día 16 de septiembre de 2013, habilitó la propuesta de Proalimentos Liber S.A.S. En el periodo de observaciones a dicho informe, el demandante formuló algunos reparos a la propuesta de este oferente, señalando que existía disparidad en la información financiera inscrita en la matrícula mercantil y en el registro único de proponentes. Ciertamente, mientras en la primera se indicaba que el capital pagado de la sociedad ascendía a $8.000´000.000, en el RUP se establecía que este valor era igual a $4.000´000.000. Para el demandante, dicha inconsistencia configuraba la causal de rechazo previamente mencionada.
Adicionalmente, el demandante afirmó que la información contenida en el RUP aportado por la sociedad en la licitación SPC-LP-03-2013 era diferente a la del aportado en otro proceso adelantado por la Secretaría de Educación de Bogotá en abril de 2013. Estos datos eran, además, diferentes a los registrados ante la Superintendencia de Sociedades.
El comité evaluador, al responder esta observación, acogió lo planteado por el demandante, rechazando la propuesta de Proalimentos Liber S.A.S. en el informe publicado el 3 de octubre de 2013. No obstante, en la audiencia de adjudicación, celebrada el día 4 de octubre de 2013, y sin que mediara justificación alguna, la USPEC habilitó a Proalimentos Liber S.A.S., y le adjudicó los grupos 7, 9 y 26. Como la propuesta del Consorcio Alimesa había sido habilitada para el grupo 7, era a este a quien se le debió adjudicar dicho grupo.
2. Actuaciones procesales en primera instancia:
A través del auto del 16 de octubre de 2014 (fls. 19 – 20, c1), el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá admitió la demanda, y ordenó notificarla al representante legal de la USPEC, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Asimismo, vinculó a Proalimentos Liber S.A.S. como litisconsorte necesario del proceso.
2.1 Contestación de la demanda:
El 19 de junio de 2015, la USPEC contestó la demanda (fls. 1 – 18, c2), y se opuso a todas las pretensiones, por carecer de fundamento jurídico. Afirmó que la resolución de adjudicación había sido expedida conforme a la normativa vigente, por lo que no se había configurado ningún vicio de ilegalidad. Sumado a ello, sostuvo que el proponente Proalimentos Liber S.A.S. subsanó los documentos de orden jurídico que, en un principio, no se encontraban acordes con lo solicitado en el pliego de condiciones. Por ello, como estos documentos se rigen por el principio de la buena fe, señaló que no era competente para determinar si los mismos eran o no falsos.
Ahora bien, indicó que no era cierto que la propuesta del demandante fuera la más beneficiosa para la entidad, dado que Proalimentos Liber S.A.S. tenía un capital de trabajo más alto, lo cual quedó registrado en la evaluación financiera respectiva. Además, aseveró que no era cierto que el grupo 7 de la licitación se hubiera adjudicado sin razón aparente, puesto que el apoderado de Proalimentos Liber S.A.S. defendió la validez de su propuesta en la audiencia de adjudicación, oportunidad en la que el demandante también hubiera podido defender la suya.
Reiteró que el proceso de selección cumplió con los principios de la contratación, resaltando el cumplimiento de los principios de transparencia y de selección objetiva.
Presentó como excepciones, las que denominó: (i) “falta de competencia”, debido a que la cuantía del proceso excedía los 500 salarios mínimos, lo cual hacía que la competencia recayera en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, e (ii) “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales”, en atención a que el demandante no designó correctamente a la parte demandada, no expresó con precisión y claridad las pretensiones, y no indicó los fundamentos de derecho ni el concepto de violación de las disposiciones supuestamente violadas.
El 2 de octubre de 2015, Proalimentos Liber S.A.S. contestó la demanda (fls. 66 – 70, c1). No obstante, tal y como fue reconocido en la primera instancia, la misma fue extemporánea, razón por la cual, si bien se hizo mención de ella en otras actuaciones procesales, no será tenida en cuenta.
2.2 Audiencia inicial:
El 12 de noviembre de 2015, el Juzgado 34 Administrativo de Bogotá llevó a cabo la audiencia inicial (fls. 79 – 80, c1), en la cual declaró probada la excepción de falta de competencia en razón de la cuantía, y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3. La sentencia impugnada:
Al continuar con la audiencia inicial (fls. 94 – 98, c. ppl.), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca llevó a cabo la etapa de saneamiento, determinando que no existían vicios que invalidaran lo actuado. Al analizar la excepción previa de inepta demanda, consideró que, si bien la misma no contemplaba normas concretas y específicas que sustentaran el concepto de violación, al contestarla, tanto la accionada, como Proalimentos Liber S.A.S., se opusieron al cargo que, de un ejercicio interpretativo, se desprendía de lo planteado por el accionante, esto es, la falsa motivación del acto de adjudicación.
De este modo, de lo plasmado en las pretensiones, se colegía que las disposiciones invocadas como violadas fueron los pliegos de condiciones de la licitación pública No. SPC-LP-03-2013, especialmente, el numeral 12 del punto 4.12, que contemplaba como causal de rechazo de la propuesta que la información de los proponentes no correspondiera con la realidad. Igualmente, declaró como no probadas las demás excepciones previas formuladas por la demandada y por el litisconsorte necesario, así como algunas que analizó de manera oficiosa.
Ahora bien, el tribunal de primera instancia fijó el litigio en los siguientes términos: “¿Constituye falsa motivación del acto demandado, que la licitación de esta controversia se adjudicara a la propuesta de Proalimentos Liber SAS que fue inicialmente rechazada por el comité evaluador, ante la falta de coincidencias de la información sobre la capacidad financiera contenida en el registro único de proponentes versus el registro mercantil y la información reportada ante la Superintendencia de Sociedades?” (fl. 95, reverso, c. ppl.).
Como no existían pruebas por practicarse, y por tratarse de un asunto de puro derecho, el a quo, en aplicación del artículo 179 del C.P.A.C.A., prescindió de la segunda etapa, y procedió a continuar con la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Una vez conformada la Sala, se dio traslado a la parte demandante para alegar de conclusión, dado que los apoderados de la parte demandada y del litisconsorte no se presentaron a la audiencia. Aquella reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Posteriormente, el Ministerio Público, al rendir su concepto, solicitó que se negaran las pretensiones.
De esta forma, el a quo, por medio de la sentencia del 1 de junio de 2016, falló:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante a pagar a favor de Proalimentos Liber SAS y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la suma de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($10.860.249) para cada una, por concepto de agencias en derecho.
TERCERO: Esta sentencia se notifica por estrados de conformidad con lo establecido en el artículo 202 del CPACA.
CUARTO: Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, dentro de los 10 días siguientes a su notificación en estrados.
Para sustentar la anterior determinación, recordó que el artículo 27 del Decreto 1510 de 2013 disponía que, cuando se adelantara un proceso licitatorio, la entidad podría conformar un comité evaluador, que estaría encargado de evaluar las ofertas, y cuyas decisiones podrían ser o no tenidas en cuenta por el representante legal de la entidad pública. De esta manera, como las decisiones de este comité no eran vinculantes, no existía impedimento para que fueran desconocidas.
Explicó, además, que la decisión inicial de rechazar la propuesta de Proalimentos Liber S.A.S. no se fundó en su falta de capacidad financiera, sino en la falta de coincidencia en los capitales registrados en el certificado de existencia y representación legal y en el registro único de proponentes. Sin embargo, esta situación no tenía la virtualidad de generar el rechazo de la propuesta. Lo anterior, por cuanto, según el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, en el proceso de inscripción ante las cámaras de comercio, a estas entidades les corresponde verificar la documentación presentada por el interesado.
Ahora bien, señaló que el RUP se caracteriza porque: “[…] i) es único y permanente; ii) es obligatorio para contratar con el Estado, salvo excepciones; iii) es impugnante [sic] y cancelable; iv) es público; v) a través suyo clasifica el proponente; y vi) la información suministrada debe ser veraz y verificada por la cámara de comercio” (fl. 97, c. ppl.). Por lo tanto, el RUP es la prueba idónea para que la entidad pública verifique las condiciones exigidas en el pliego de condiciones, siendo inadecuado valorar documentos adicionales.
Bajo estos términos, el RUP era el único documento a través del cual se podía evaluar la capacidad financiera de Proalimentos Liber S.A.S., situación que avaló el comité evaluador al habilitar posteriormente su propuesta y al recomendar su adjudicación. Por lo mismo, era claro que la resolución de adjudicación no incurrió en falsa motivación.
4. Recurso de apelación:
El 16 de junio de 2016, la parte demandante interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 100 – 105, c. ppl.), por medio del cual solicitó que se revocara la providencia de primera instancia y, en consecuencia, se concedieran las pretensiones. Sustentó el recurso en lo siguiente:
Reiteró que la USPEC no aplicó la causal de rechazo contenida en el numeral 12 del título 4.12 del pliego de condiciones, a pesar de que se demostró que Proalimentos Liber S.A.S. tenía, para el momento del cierre, discrepancias en la información financiera contenida en el certificado de existencia y representación legal y en el RUP, aun cuando esta debía ser idéntica. En este punto, afirmó que dicha causal de rechazo era clara para todos los proponentes, por lo que no había lugar a interpretaciones o aplicaciones parciales, como las de la entidad demandada.
Señaló que la información financiera que se usa para actualizar el RUP es la misma empleada en el registro mercantil, por lo que debe existir una equivalencia entre ambos documentos, y máxime si se tiene en cuenta que los dos son expedidos por la cámara de comercio.
Precisó que, en este caso, no se debate que el RUP sea prueba de la capacidad financiera de los oferentes, sino la inconsistencia o diferencia de información financiera inscrita por Proalimentos Liber S.A.S. en el registro mercantil y en el RUP, y la no aplicación de la ya mencionada causal de rechazo del pliego de condiciones. Aunque la USPEC y el a quo reconocieron que existían diferencias entre ambos documentos, desviaron el centro del litigio a la naturaleza del RUP, argumentando que este es el único medio para acreditar la información financiera de los proponentes.
5. Trámite en segunda instancia:
Por medio del auto del 27 de junio de 2016 (fl. 109, c. ppl.), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso, y ordenó el traslado del expediente a esta Corporación, para que se pronunciara sobre la admisibilidad del mismo.
En auto del 25 de agosto de 2016 (fls. 115 – 116, c. ppl.), el despacho admitió el recurso. A través de providencia del 29 de septiembre de 2016 (fl. 118, c. ppl.), se dio traslado a las partes, por el término de 10 días, para que presentaran sus alegaciones finales. Vencido este término, se ordenó darle traslado al Ministerio Público para que rindiera su concepto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A.
El 21 de octubre de 2016, la parte demandada presentó sus alegatos de conclusión (fls. 119 – 135, c. ppl.), reiterando que los documentos aportados por los oferentes se rigen por el principio de la buena fe, por lo que la USPEC no era la entidad competente para determinar si un documento era o no apócrifo. Por lo mismo, aseguró que el acto administrativo de adjudicación no se encontraba viciado de nulidad.
La parte demandante presentó sus alegatos el día 26 de octubre de 2016 (fls. 155 – 158, c. ppl.), en los que reiteró los argumentos del recurso de apelación. El Ministerio Público, por su parte, guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia del Consejo de Estado:
Se afirma la jurisdicción y competencia para conocer del presente asunto, teniendo en cuenta que, a través del medio de control instaurado, se pretende la nulidad y el restablecimiento del derecho en relación con un acto administrativo de carácter precontractual, como lo es el acto de adjudicación de un contrato expedido por una entidad pública.
Por ello, en este caso, la jurisdicción se define por la naturaleza de la entidad que expidió el acto y por el contenido del mismo, de conformidad con el artículo 141 del C.P.A.C.A., que, en su inciso segundo, prescribe: “[…] Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso”.
Se precisa, además, que el artículo 138 del C.P.A.C.A. consagró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior”.
Por otra parte, el artículo 104 del C.P.A.C.A. establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo se encuentra instituida para juzgar las controversias y los litigios originados en “[…] actos […] sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas”.
Se colige la jurisdicción y la competencia del Consejo de Estado para conocer de las pretensiones de la demanda, toda vez que la resolución cuya nulidad se solicitó constituye un acto administrativo proferido por parte de una entidad pública; en este caso, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC-.
Ahora bien, la competencia por razón de la cuantía se define a partir de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A., referido al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto se trata de un acto administrativo precontractual que, de conformidad con lo dispuesto en el precitado inciso segundo del artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, es demandable a través del referido medio de control.
En este caso, se observa que la pretensión incoada comprende la nulidad y el restablecimiento del derecho, y que la cuantía del litigio se estimó con base en la utilidad dejada de percibir que el demandante reclama como perjuicio económico derivado del acto administrativo, por la afectación de su supuesto derecho a la adjudicación del contrato.
Toda vez que la pretensión de la demanda fue estimada por la parte actora en la suma de $1.086’024.920, y que este monto es superior a los 300 SMMLV a la fecha de presentación de la demanda, se concluye que la cuantía del litigio permite establecer que el proceso tiene vocación de doble instancia ante el Consejo de Estado.
2. Ejercicio oportuno del medio de control:
La caducidad es la consecuencia jurídica prevista en la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda, pudiendo ser declarada, incluso, de oficio.
La resolución cuya nulidad se pretende con la demanda se entiende comunicada a la parte actora el día 4 de octubre de 2013, fecha en la que se celebró la audiencia de adjudicación, puesto que, de la lista de asistencia a dicha diligencia (pág. 18 – 32 del CD, c2), se desprende que el Consorcio Alimesa asistió y participó en la mencionada audiencia, lo cual le permitió conocer el contenido de la Resolución 662.
De acuerdo con ello, el término de caducidad del medio de control empezó a correr en vigencia del C.P.A.C.A., de manera que aplicaba el plazo de 4 meses fijado en el artículo 138 del citado código, contado a partir del día siguiente a la notificación o comunicación del acto demandado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 164, numeral 2, literal c, para el caso particular de la pretensión de nulidad de los actos previos, razón por la cual, en el presente caso, ese término de 4 meses empezó a correr a partir del 5 de octubre de 2013.
De este modo, el medio de control caducaba el día 5 de febrero de 2014. Según consta en el acta de la audiencia de conciliación extrajudicial (fl. 10, c3), la parte actora radicó la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación el día 31 de enero de 2014, fecha para la cual habían transcurrido 3 meses y 25 días, es decir, que faltaban 5 días para el vencimiento del plazo de caducidad. La constancia que declaró fallida la conciliación (fl. 11, c.3) fue expedida el día 20 de marzo de 2014. Por lo tanto, el término de caducidad se reinició el día 21 de marzo de 2014. Como este día fue interpuesta la demanda, puede colegirse que se presentó de manera oportuna.
3. Legitimación en la causa:
La Sala considera que le asiste legitimación en la causa por activa a los integrantes del Consorcio Alimesa, al haber conformado el otro proponente habilitado del grupo 7 de la licitación SPC-LP-03-2013, y al ver truncadas sus expectativas de resultar favorecidos con la adjudicación, por cuenta del acto administrativo que se cuestiona. Sin embargo, no le asiste legitimación en la causa frente a la pretensión de nulidad de los artículos de la resolución que le adjudicaron a Proalimentos Liber S.A.S. los grupos 9 y 26, en tanto no se identifica un interés legítimo para solicitar dicha declaratoria, dado que el actor no presentó propuesta para estos grupos.
En este caso, cabe aclarar, no es aplicable la jurisprudencia contenida en la Sentencia de Unificación del 25 de septiembre de 2013, que concluyó que los consorcios podían participar de los procesos judiciales por intermedio de sus representantes, pues, como se señaló en el recuento del trámite procesal, y sin perjuicio de que el apoderado de la parte actora fuese quien fungió como representante del consorcio, el poder fue otorgado por cada uno de sus integrantes, siendo estos quienes constituyen el extremo demandante.
Ahora bien, la Sala encuentra que la USPEC está legitimada por pasiva, al ser la entidad pública que adelantó el proceso licitatorio objeto de la controversia, y al ser quien expidió la Resolución 662 de 2013, cuya nulidad parcial se solicita.
Finalmente, Proalimentos Liber S.A.S., quien fue vinculado como litisconsorte necesario del proceso, está legitimado por pasiva, debido a que fue el oferente que resultó adjudicatario del grupo 7 de la licitación SPC-LP-03-2013.
4. Presupuestos procesales de la demanda contra los actos previos en vigencia del C.P.A.C.A.:
Los actos precontractuales susceptibles de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son todos aquellos proferidos por una entidad pública, o por un particular en ejercicio de funciones administrativas, antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, y que produzcan efectos jurídicos definitivos, como -por ejemplo- el acto de adjudicación del contrato, el que declara desierta la convocatoria pública, el que revoca el acto de apertura, y, eventualmente, el que adopta el pliego de condiciones, o el que deniega en forma definitiva el acceso a la habilitación o a la calificación de un oferente o proponente.
En vigencia de la Ley 1437 de 2011, los actos precontractuales pueden ser demandados por quienes han sido proponentes u oferentes en un procedimiento de contratación, bajo las siguientes reglas:
(i) De acuerdo con el inciso segundo del artículo 141 del C.P.A.C.A., los actos proferidos antes de la celebración del contrato, es decir, los actos precontractuales, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 del mismo Código. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en esta última disposición, procederá la demanda del acto precontractual de adjudicación en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por parte del proponente que se crea lesionado en un derecho suyo, porque, a pesar de haber presentado la mejor oferta, fue injusta e ilegalmente privado de la adjudicación del contrato.
(ii) Los presupuestos procesales de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho sobre actos previos se rigen por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos de los ya referidos artículos 137 y 138 del C.P.A.C.A.
(iii) En la demanda que se formule contra los actos previos, el factor de competencia por la cuantía se rige por el numeral 3 del artículo 152 del C.P.A.C.A., es decir, que los tribunales administrativos conocen en primera instancia, y el Consejo de Estado en segunda instancia, cuando la pretensión de restablecimiento del derecho exceda de 300 SMMLV.
(iv) En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos previos, el término de caducidad es de cuatro (4) meses, de conformidad con el numeral 2, literal c), del artículo 164 del C.P.A.C.A., contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso.
(v) En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el adjudicatario debe ser citado, aunque respecto del mismo no se exige el requisito de procedibilidad de la conciliación previa, siempre y cuando no existan pretensiones incoadas en contra del contrato correspondiente.
5. Hechos probados y material probatorio relevante:
En el sub-lite se aportó el siguiente material probatorio, que resulta relevante para el estudio del caso. Es de aclarar que, para estos efectos, la Sala valorará las copias simples aportadas al proceso, toda vez que no fueron tachadas de falsas en el desarrollo del mismo. Lo anterior, en cumplimiento de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera.
5.1 En el CD del cuaderno 2 del expediente, reposa el pliego de condiciones de la licitación SPC-LP-03-2013, que, en el título 3.3.3., disponía que los oferentes debían aportar el RUP (Registro Único de Proponentes), “[…] con el fin de verificar la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes” (pág. 26). Asimismo, en el título 3.5, requisitos habilitantes de carácter financiero, se señalaba: “Los proponentes o los integrantes, para el caso de consorcio o unión temporal, interesado(s) en participar en este proceso deberá(n) demostrar que cumple(n) con los siguientes indicadores financieros acreditados con base en la información financiera del Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio, información que deberá estar actualizada a 31 de diciembre de 2012, la cual deberá estar vigente y en firme conforme a lo señalado en el Decreto 734 de 2012”.
5.2 La USPEC expidió la Adenda 02 (fls. 129 – 146, c2), que modificó la causal de rechazo contenida en el numeral 12 del título 4.12, la cual quedó así: “Será motivo de Rechazo de una Propuesta la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: […] 12. Cuando los documentos presentados por el Proponente contengan información que de cualquier manera se evidencie que no corresponde con la realidad, situación que adicionalmente será reportada ante la autoridad respectiva, para que adelante las acciones correspondientes”.
5.3 En el documento denominado “CONSOLIDADO FINAL DE EVALUACIÓN” (fls. 23 – 29, c2), la USPEC determinó que el proponente Proalimentos Liber S.A.S., quien presentó propuesta para los grupos 7, 9 y 26, no se encontraba habilitado en el componente jurídico, por lo que su propuesta fue rechazada (fl. 24, c2). Por su parte, el Consorcio Alimesa, quien se presentó a los grupos 7, 13 y 23, resultó habilitado, sin observaciones adicionales (fl. 28, c2).
No obstante, en la evaluación jurídica (fls. 55 – 120, c2) se definió que Proalimentos Liber S.A.S. se encontraba habilitado jurídicamente (fls. 65 – 66, c2). Sumado a ello, en el documento denominado “CONSOLIDADO FINAL DE EVALUACIÓN” del CD del cuaderno 2, que es un formato digital del documento mencionado anteriormente, se determinó, diferente a lo indicado en el documento físico, que el oferente Proalimentos Liber S.A.S. se encontraba habilitado en los componentes técnico, financiero y jurídico (pág. 2). Como estas versiones del consolidado final de evaluación no tienen fecha, no es posible determinar a cuál instancia del proceso licitatorio pertenece cada una.
5.4 En la evaluación financiera (fls. 30 – 32, c2), la accionada determinó que el proponente Proalimentos Liber S.A.S. se encontraba habilitado, sin observaciones. Lo mismo ocurrió con el demandante, quien se encontró habilitado en el componente económico y financiero.
5.5 El 4 de octubre del 2013, se llevó a cabo la audiencia de adjudicación (CD, c2), momento en el cual el proponente Proalimentos Liber S.A.S. presentó algunas intervenciones, las cuales fueron transcritas en el acta de la audiencia, así:
2.1. Acorde con la solicitud del proponente, la UNIDAD recibió información directamente del Director General de la Dirección General de Impuestos Nacional [sic] (DIAN), Dr. Ricardo Ortega, quien confirmó la afirmación del oferente, en el sentido de que la sociedad PROALIMENTOS LIBER SAS, no tiene deudas ni sanciones con la DIAN, por lo que calificó como falsa la información allegada en sentido contrario. En este sentido, la entidad dará el trámite correspondiente para poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación.
2.2. Frente a las inconformidades presentes en el RUP presentado por el proponente dentro de la presente licitación pública, de conformidad con los principios constitucionales y legales de buena fe, teniendo en cuenta que el RUP representa plena prueba legal de las condiciones habilitantes en los procesos de contratación del Estado, y en atención a que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha exigido que la inexactitud o inconsistencia provenga de actos de mala fe o con intención fraudulenta, la SPC, modifica la evaluación en este sentido y en consecuencia el proponente cumple con este requisito (pág. 9).
Por su parte, la intervención del Consorcio Alimesa en esta audiencia fue registrada en el acta por la entidad demandada de la siguiente manera: “10.1. La Unidad reitera la evaluación realizada a la experiencia mínima específica del proponente, en el sentido que el oferente se encuentra habilitado por el valor en smmlv de los contratos aportados, lo cual se verificó en los documentos nuevamente. Frente a la mayor cantidad de smmlv, se tuvo en cuenta lo observado y se ajustó la evaluación” (pág. 14).
5.6 La USPEC expidió la Resolución 662 del 4 de octubre de 2013 (fls. 121 – 128, c2), por medio de la cual adjudicó los diferentes grupos de la licitación pública SPC-LP-003-2013. En la parte motiva de este acto administrativo, se señaló que los oferentes habilitados para el grupo 7 fueron Proalimentos Liber S.A.S., con un puntaje de 1000 puntos, y el Consorcio Alimesa, con un puntaje de 996,85 puntos. Ahora bien, el artículo séptimo de la resolución adjudicó el precitado grupo a Proalimentos Liber S.A.S., por un valor de $10.860’249.224.
6. El Registro Único de Proponentes en la contratación estatal:
La Ley 1150 de 2007, además de introducir diferentes modificaciones relacionadas con los requisitos habilitantes del proponente y con aquellos ponderables de la propuesta, derogó el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, y asignó la labor de verificación de los primeros a las cámaras de comercio, a través de la inscripción de la información que diera cuenta de su cumplimiento en el Registro Único de Proponentes. De las disposiciones de la Ley 1150, y de la reglamentación vigente al momento de los hechos, se desprende lo siguiente:
(i) En el RUP debe constar la información habilitante relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente, así como la relacionada con la calificación y la clasificación del mismo.
(ii) Las condiciones de experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente, así como su calificación y clasificación, que fueren verificadas y certificadas por la cámara de comercio, constituyen plena prueba de las circunstancias que ante ella se hicieran constar, por lo que los requisitos habilitantes del oferente se demostrarán, exclusivamente, con el respectivo certificado del RUP.
(iii) Se enlistaron los tipos contractuales y las situaciones en las que el RUP no es obligatorio.
(iv) Se previno que la información debía mantenerse actualizada en el RUP y renovarse en los plazos previstos en el reglamento.
De esta manera, y tal como lo ha indicado la doctrina, las entidades estatales no pueden exigir, ni los proponentes aportar, documentos que deban ser verificados por las cámaras de comercio para la inscripción y para la renovación del RUP, pues este registro es, se reitera, el único medio idóneo para verificar la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad financiera y de organización de los oferentes.
7. Caso concreto:
Le corresponde a la Sala determinar si la Resolución 662 del 4 de octubre de 2013, proferida por la USPEC, se encuentra viciada de nulidad frente al grupo 7 de la licitación pública SPC-LP-03-2013, por haberlo adjudicado al proponente Proalimentos Liber S.A.S., en lugar de haber rechazado su propuesta, en ejercicio de la causal prevista en el numeral 12 del título 4.12 del pliego de condiciones.
Para este fin, es necesario estudiar la competencia de las entidades estatales para definir el contenido de los pliegos de condiciones y, especialmente, el de las causales de rechazo de las ofertas.
Ciertamente, la entidad estatal contratante, en razón a su condición de directora del procedimiento de selección, se encuentra revestida de un amplio margen de autonomía en la elaboración del pliego de condiciones -siempre que lo haga dentro de los parámetros impuestos por el numeral 5 del artículo 24 y el ordinal segundo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993- y, en desarrollo de esa actividad, ostenta la facultad de introducir las exigencias y los requisitos que deben observar y reunir los oferentes.
No obstante, la potestad configuradora, lejos de comportar un poder ilimitado, encuentra su lindero en el apego y sujeción a las reglas y principios de orden constitucional y legal que orientan la contratación estatal, premisa que se concreta en la definición de requisitos y exigencias que resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público que se pretende satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato.
De este modo, la administración no puede establecer requisitos inanes, superfluos, caprichosos o arbitrarios, que en nada contribuyan al logro de los fines de la contratación, y que, por el contrario, obstaculicen la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad.
Las reflexiones que se plasman hallan su respaldo normativo en el numeral 6 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el cual prevé que las propuestas deben acatar las exigencias contempladas en el pliego de condiciones. Esta disposición debe armonizarse con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que establece que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de propuestas, no servirán de título suficiente para el rechazo.
En esos mismos términos ha sido entendido por la jurisprudencia de esta Subsección, al manifestar que, para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad pública debe actuar de conformidad con reglas concebidas para que las causales que determinen esa consecuencia se hallen previamente establecidas en la ley o la desarrollen.
De ahí que la incorporación de una causal de rechazo que justifique la exclusión de alguna propuesta del procedimiento de selección debe encontrar el apoyo normativo que la dote de sustento jurídico, al tiempo que debe referirse a la ausencia de requisitos o documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y, a la luz de la Ley 1150 de 2007, debe aludir a aspectos que afecten la asignación de puntaje.
Se precisa, igualmente, que, además de aquellas causales de rechazo que con apego a estos dictados inserte la entidad pública en el texto precontractual, también se entenderán agregadas las que se desprendan directamente de la normativa constitucional y legal, en cuanto resulten aplicables al procedimiento de selección que corresponda, al margen de que no se hubiesen incluido expresamente en el catálogo negocial.
Con base en lo expuesto, la Sala estima que una causal dirigida a sancionar con el rechazo a una propuesta que suministre información que no concuerde con la realidad resultará válida, en la medida en que comporta un desarrollo del principio constitucional de la buena fe (artículo 83 de la Constitución), que impone a las partes el deber de actuar con rectitud, lealtad y honestidad en su gestión negocial.
También entraña una expresión del principio de selección objetiva, puesto que solo será posible la escogencia de la oferta más favorable a partir de la verificación de datos verdaderos, confiables y fidedignos que reflejen la real sujeción de la propuesta al interés que se pretende satisfacer con la celebración del contrato que se aspira a adjudicar.
Sin embargo, en caso de que la información reportada que, en principio, no concuerda con la realidad recaiga sobre un aspecto que no otorga puntaje, la Sala considera que, en atención al mandato impuesto en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, aquella no podrá aplicarse de plano, sin brindar un espacio a los oferentes para que rindan las aclaraciones del caso, evento en el cual la entidad, una vez escuchados, decidirá si las explicaciones se ajustan al catálogo constitucional, legal y reglamentario que sirve de base para el procedimiento de selección.
En esta oportunidad, la USPEC determinó, luego de escuchar la intervención de Proalimentos Liber S.A.S. en la audiencia de adjudicación, que las supuestas inconsistencias entre la información del RUP y del certificado de existencia y representación legal no tenían la virtualidad de generar el rechazo de la propuesta, dado que la información del RUP se presume válida, y ella no era la entidad competente para establecer su veracidad.
Debe resaltarse que en el expediente no reposan el certificado de estar inscrito en el RUP ni la matrícula mercantil aportados por Proalimentos Liber S.A.S. en la licitación de la referencia, tampoco el RUP aportado por este en el proceso llevado a cabo por la Secretaría de Educación de Bogotá, ni la información reportada ante la Superintendencia de Sociedades. Por lo mismo, no es posible dilucidar cuál es la supuesta inconsistencia alegada por el actor. En todo caso, de reposar estas pruebas, no sería acertado declarar la nulidad de la Resolución 662 de 2013, pues la USPEC obró adecuadamente al no rechazar la propuesta de Proalimentos Liber S.A.S., toda vez que la información reportada en el RUP, que se presume verdadera, era suficiente para que este se habilitara en el proceso. Como la ley y el reglamento le exigen a la entidad verificar la capacidad financiera con este documento, mal habría hecho la USPEC al desconocer tal obligación, dejando de lado la información que, previamente, ya había sido verificada por la cámara de comercio.
Aunque, en principio, la información de la matrícula mercantil y del RUP debe ser idéntica, las eventuales inconsistencias entre ambos registros no obedecen, necesariamente, a un actuar fraudulento del oferente, pues podrían deberse a errores de la cámara de comercio o a la aplicación de parámetros diferenciados para cada documento. De todas formas, el que esta disparidad no influyera en la comparación de las ofertas, imposibilitaba que se aplicara, de manera automática e irreflexiva, la causal de rechazo prevista en el numeral 12 del título 4.12 del pliego de condiciones.
Además, la causal de rechazo operaba cuando los documentos presentados por el proponente contuvieran información que, de cualquiera manera, se evidenciara que no correspondía con la realidad, y en el presente caso, tal circunstancia no se dio, puesto que no se evidenció que los documentos no correspondieran a la situación financiera del proponente, sino que su contenido era distinto al de otros registros -que, se insiste, no fueron aportados al expediente-, lo cual no es lo mismo.
En conclusión, no le asiste razón a la parte demandante, y no están llamados a prosperar los argumentos del recurso de apelación, porque: (i) la inconsistencia entre la información financiera reportada en el RUP y la obrante en la matrícula mercantil del proponente Proalimentos Liber S.A.S., además de que no fue probada, al no recaer sobre aquellos requisitos que otorgaban puntaje, no podía servir de argumento suficiente para rechazar la propuesta, y (ii) aunque el recurrente cuestionó que el a quo centró el debate en el alcance y en la naturaleza del RUP, lo cierto es que la normativa vigente al momento de los hechos determinó que los requisitos habilitantes únicamente podían verificarse con este registro, por lo que, si con la información contenida en el mismo, Proalimentos Liber S.A.S. cumplía con lo descrito en el pliego de condiciones, se debía culminar con su proceso de evaluación.
Bajo estos términos, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, dado que no encontró acreditado algún vicio de ilegalidad relacionado con la adjudicación del grupo 7 de la licitación SPC-LP-03-2013 al proponente Proalimentos Liber S.A.S.
8) Costas:
De conformidad con el artículo 188 del C.P.A.C.A., en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta la conducta de las partes, sino los supuestos decantados por la norma.
Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; sin embargo, el artículo 361 ibídem, establece que las costas “[…] están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición.
Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso, y otras circunstancias especiales, si las hubiere. En ese sentido se observa que:
Se trata de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya pretensión ascendía a la suma de $1.086’024.920, a título de restablecimiento del derecho, asunto en el que la parte demandante resultó vencida en segunda instancia, porque no se accedió a lo pretendido con el recurso de apelación.
Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de la fijación de las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, acerca de la duración y la complejidad de la gestión procesal, se observa que, además del seguimiento propio que amerita un caso como el presente, la USPEC presentó, de manera oportuna, los alegatos de conclusión. Sin embargo, el litisconsorte necesario no presentó sus alegaciones finales, ni reposan en el expediente actuaciones de su parte en esta instancia.
En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de tarifas de agencias en derecho, se tiene en cuenta lo siguiente:
ACUERDO 1887 DE 2003
(junio 26)
Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho
[…] Artículo 2—Concepto. Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación […].
Artículo 3—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
[…] Artículo 5—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.
Artículo. 6—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho: […]
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO […]
3.1.3. Segunda instancia.
Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
Como el a quo condenó al demandante a pagar, por concepto de agencias en derecho, el 1% de las pretensiones para cada uno de los demandados, se fijarán las agencias en derecho de la segunda instancia en el 0.4% de las pretensiones, es decir, en la suma de $4’344.099,68, cifra que le corresponderá exclusivamente a la USPEC, dado que el apoderado del litisconsorte no intervino en esta instancia. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia del 1 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas del proceso. Como consecuencia, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho en esta instancia, se fija la suma equivalente a $4’344.099,68, cifra que le corresponderá exclusivamente a la USPEC.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVUÉLVASE al tribunal de origen para lo de su competencia.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado, y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACLARACIÓN DE VOTO / REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / INFORMACIÓN DEL PROPONENTE / CONTENIDO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / INCONISTENCIA EN EL CONTENIDO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES / RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
[C]onsidero importante aclarar mi posición frente a la siguiente afirmación que se hizo en el fallo: “En todo caso, de reposar estas pruebas [las que demostrarían las inconsistencias], no sería acertado declarar la nulidad de la Resolución 662 de 2013, pues la USPEC obró adecuadamente al no rechazar la propuesta de Proalimentos Liber S.A.S. [sociedad adjudicataria], toda vez que la información reportada en el RUP, que se presume verdadera, era suficiente para que este se habilitara en el proceso”. Lo anterior, porque tal aserto parece dar a entender que no pasa nada si se advierten inconsistencias en el contenido de la información del RUP, desconociéndose, de esa manera, lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, norma que le permitía a la entidad demandada Uspec, en caso de inexactitudes en la información del RUP, suspender la licitación para verificar aquello ante las Cámaras de Comercio. En estos términos dejo expresadas las razones que sustentan la presente aclaración de voto.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno de (2021)
Radicación número: 25000-23-36-000-2015-02617-01(57572)
Actor: CONSORCIO ALIMESA (INTEGRADO POR FRANCISCO JAVIER SANDOVAL BUITRAGO Y ARDIKO A&S LTDA. CONSTRUCCIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS)
Demandado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC-
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LEY 1437 DE 2011 (ACLARACIÓN DE VOTO)
ACLARACIÓN DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por los fallos de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, me permito, a continuación, justificar las razones de esta aclaración de voto frente a la sentencia aprobada por la Sala el 27 de agosto de 2021, en la cual se confirmó el fallo de primera de instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.
Coincido con la decisión adoptada, en tanto no se aportaron las pruebas que demostrarían las irregularidades e inconsistencias entre la información del RUP y la del certificado de existencia y representación legal de la sociedad adjudicataria, lo cual, en mi criterio, bastaba para negar las pretensiones de la demanda.
Sin embargo, considero importante aclarar mi posición frente a la siguiente afirmación que se hizo en el fallo: “En todo caso, de reposar estas pruebas [las que demostrarían las inconsistencias], no sería acertado declarar la nulidad de la Resolución 662 de 2013, pues la USPEC obró adecuadamente al no rechazar la propuesta de Proalimentos Liber S.A.S. [sociedad adjudicataria], toda vez que la información reportada en el RUP, que se presume verdadera, era suficiente para que este se habilitara en el proceso”. Lo anterior, porque tal aserto parece dar a entender que no pasa nada si se advierten inconsistencias en el contenido de la información del RUP, desconociéndose, de esa manera, lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, norma que le permitía a la entidad demandada Uspec, en caso de inexactitudes en la información del RUP, suspender la licitación para verificar aquello ante las Cámaras de Comercio.
En estos términos dejo expresadas las razones que sustentan la presente aclaración de voto.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
El Juzgado 34 Administrativo de Bogotá, en el acta de la audiencia inicial, señaló “Como la demandada PROALIMENTOS LIBER SAS, contesto [sic] la demanda por fuera del término, de las excepciones propuestas no se corrió traslado y por lo tanto no serán objeto de estudio” (fl. 80, c1). Asimismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuando fijó la fecha de la continuación de la audiencia inicial, a través del auto del 10 de febrero de 2016, indicó: “El 19 de junio de 2015 la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios contestó oportunamente la demanda […]. En cambio, Proalimentos Liber S.A.S., lo hizo de forma extemporánea el 2 de octubre de 2015 […]” (fl. 88, reverso, c1). Aunque esta contestación, como ya se señaló, no será tenida en cuenta, es pertinente referir lo planteado por el contratista, debido a que el a quo sí lo valoró al momento de expedir la sentencia de primera instancia. Proalimentos Liber S.A.S. se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo como excepciones: (i) “inepta demanda por falta de los requisitos de procedibilidad”, dado que el demandante no interpuso los recursos de la vía administrativa en contra del acto administrativo de adjudicación, e (ii) “inepta demanda por falta de requisitos de contenido”, ya que el actor no manifestó los hechos y omisiones que le servían de fundamento a las pretensiones, ni explicó cuál era el cargo de ilegalidad en el que incurrió la Resolución 662 de 2013, es decir, no expuso los fundamentos de derecho ni el concepto de violación. El 21 de marzo de 2014, fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo ascendía a la suma de $616.000, que, multiplicado por 300, es igual a $184.800.000.
“Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los siguientes términos so pena de que opere la caducidad: […] c) Cuando se pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 25 de septiembre de 2013, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Rad.: 25000-23-26-000-1997-03930-01 (19.933). En esta providencia, se precisó: “A juicio de la Sala, en esta ocasión debe retomarse el asunto para efectos de modificar la tesis jurisprudencial que se ha venido siguiendo y, por tanto, debe puntualizarse que si bien las uniones temporales y los consorcios no constituyen personas jurídicas distintas de quienes integran la respectiva figura plural de oferentes o de contratistas, lo cierto es que además de contar con la aptitud para ser parte en el correspondiente procedimiento administrativo de selección de contratistas –comoquiera que por ley cuentan con capacidad suficiente para ser titulares de los derechos y obligaciones derivadas tanto de los procedimientos administrativos de selección contractual como de los propios contratos estatales─, también se encuentran facultados para concurrir a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del mencionado procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución del contrato estatal respectivo –legitimatio ad processum-, por intermedio de su representante”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 29 de octubre de 2018, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 25000-23-36-000-2015-00860-01 (57.597). Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de agosto de 2013, C.P.: Enrique Gil Botero. Rad.: 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022). Originalmente, esta causal de rechazo señalaba: “Cuando los documentos presentados por el Proponente contengan información que de cualquier manera no corresponda a la realidad, caso en el cual se iniciarán las acciones correspondientes, si a ello hubiere lugar”.
Según la Resolución 662 de 2013, la licitación pública SPC-LP-003-2013 se abrió el día 26 de julio de 2013, lo cual significa que, para esta fecha, estaba vigente el Decreto 734 del 13 de abril de 2012. Lo anterior, por cuanto el Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, según su artículo 161, entró a regir el 15 de agosto de 2013. De esta forma, debe dársele aplicación al régimen de transición previsto en el artículo 162 del Decreto 1510, que, en el numeral tercero, dispone: “[…] 3. Transición de los Procesos de Contratación en curso. Independientemente de si la Entidad Estatal consideró necesario seguir aplicando el Decreto número 734 de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, en los procesos de selección en curso en los cuales se haya expedido el acto de apertura del Proceso de Contratación o, en el concurso de méritos cuando se haya expedido el acto de conformación de la lista de precalificación, la Entidad Estatal debe continuar el Proceso de Contratación con las normas vigentes en el momento en que expidió el acto de apertura del Proceso de Contratación o el acto de conformación de la lista de precalificación”. En relación con este tema, el inciso tercero del artículo 6.1.2.1 del Decreto 734 de 2012 prescribe: “[…] La certificación expedida digitalmente o en físico por las Cámaras de Comercio es plena prueba de la información que haya sido verificada documentalmente y que esté en firme, relacionada con la clasificación del proponente y los requisitos habilitantes que en ella constan e información adicional, según el presente decreto. En consecuencia, las entidades estatales no podrán solicitar información que se deba verificar en el Registro Único de Proponentes”. Rico Puerta, Luis Alonso (2009). Teoría General y Práctica de la Contratación Estatal, Sexta Edición. Bogotá: Leyer.
“5. En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación. c) Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren. e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad. f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados”.
“2º La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5o. del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2021, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. Rad.: 05001-23-33-000-2014-00332-01 (64.932). En el expediente reposa un certificado de existencia y representación legal de Proalimentos Liber S.A.S., del 24 de marzo de 2015 (fls.
31 – 41, c1), por lo que este no es el documento aportado en la licitación pública, que se llevó a cabo en el año 2013. De igual manera, con la contestación extemporánea de la demanda, Proalimentos Liber S.A.S. aportó un certificado de existencia y representación legal del 28 de septiembre de 2015 (fls. 71 – 73, c1), fecha que tampoco concuerda con la del proceso licitatorio. Si bien en la grabación de la audiencia de alegaciones y juzgamiento de la primera instancia (fl. 99, c. ppl.), la magistrada ponente, al referirse a las inconsistencias presentadas entre el RUP y la matrícula mercantil, pareciese comparar dos documentos (minutos 45:45 – 47:01), refiriéndose, incluso, a información particular de los mismos, como su fecha de expedición o la fecha de corte de la información financiera, la Sala, se reitera, no identificó estos documentos al interior del expediente. El numeral 3 del artículo 365 del CGP dispone: “[…] 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
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