Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02652-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02652-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02652-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Asunto: Sentencia
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR
JURISDICCIONAL – falta de legitimación en la causa por activa – Se configuró. -
interés para demandar la reparación de daños derivados de un error judicial
contenido en providencia dictada en un proceso en el cual la demandante no hizo
parte – Calidad de heredero no lo legitima per se para demandar – Derechos
patrimoniales trasmisibles por causa de muerte- Contenido de la sucesión- Acceso
a la administración de justicia y tutela judicial efectiva derechos personalísimos
intransmisibles por causa de muerte-
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver un
proceso de reparación directa en el que se pretendía la indemnización de perjuicios
con causa en la afectación de un predio comprometido en una reserva vial, cometió
un error por la aplicación indebida de normas, la falta de valoración probatoria y el
desconocimiento del precedente judicial.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 16 de noviembre de 2016, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, negó las
pretensiones de la demanda.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 25 de noviembre de
20151, por Andrea Quintana García, en calidad de heredera del señor Pablo Emilio
Quintana García q.e.p.d.2, en contra de la Nación – Rama Judicial-, cuyas
pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes:
1 Según sello de presentación personal visible a folio 8 reverso.
2 Para el efecto, allegaron los registros civiles de nacimiento y de defunción visibles a folios 18 y 19 del cuaderno
2, respectivamente.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Pretensiones
3. La actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y la
consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que le
fueron causados por el supuesto error jurisdiccional contenido en la sentencia de
22 de enero de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del proceso de reparación directa seguido bajo la radicación 25000-23-26-
000-1996-013159-01.
4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) $719’707.673 los cuales
corresponden al rendimiento anual que no se percibió durante el período de 1989
a 1996, como consecuencia de la imposibilidad de construir sobre el predio; ii)
$2’090.393.939 que corresponden a la actualización del IPC de la cifra anterior
hasta diciembre de 2001; y, iii) $168’606.907 por concepto del interés efectivo
anual3.
Hechos
5. Se indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció, en primera
instancia, la demanda de reparación directa promovida por el señor Pablo Emilio
Quintana García4, en contra del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en la cual se pretendía el pago
de perjuicios causados por la afectación de un predio de su propiedad el cual fue
incorporado en una zona de reserva legal.
6. El referido predio, ubicado en la Urbanización Los Álamos Sector Industrial, se
vio afectado con la construcción de la Avenida Regional Longitudinal, por lo cual,
con fundamento en la Ley 9 de 1989, el propietario le solicitó una compensación, lo
que fue negado por las autoridades distritales.
7. Al definir el asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia
del 29 de abril de 2004, declaró la indebida escogencia de la acción y negó las
pretensiones de la demanda, decisión última que confirmó la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante fallo del 22 de enero de 2014.
8. Indicó que la Sección Tercera aplicó los Decretos Distritales 619 de 2000, 469
de 2003 y 190 de 2004, los cuales eran posteriores a la fecha de los hechos de la
demanda. Por tanto, la controversia debía definirse al amparo de lo dispuesto en la
Ley 9 de 1989 y en el Acuerdo Distrital 6 de 1990, vigentes a la fecha de los hechos,
normativa que prohibía expedir licencias de construcción en predios que estuvieran
demarcados en zonas de reserva vial, al margen que la afectación estuviera
3 Folio 2 del cuaderno 1.
4 Padre de la actora y quien falleció el 28 de noviembre de 2007.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
documentada o no en el folio de matrícula inmobiliaria. Pese a esto, los decretos
aplicados en la sentencia cuestionada disponían todo lo contrario, esto es, que la
declaratoria de zonas de reserva vial no afectaba los predios demarcados en ellas.
9. Así, según la demanda, el Consejo de Estado optó por aplicar normas
posteriores que eran improcedentes y contrarias a las disposiciones legales que
regían la materia.
10. Agregó que en la sentencia se incurrió en una apreciación probatoria falsa,
porque afirmó que no se acreditó que el predio del señor Quintana García estuviera
afectado, lo que era contrario a la realidad probatoria que demostró la afectación
total por encontrarse dentro de una zona de reserva vial, de allí que desconoció la
prueba irrefutable del daño, esto es, que el Departamento Administrativo de
Planeación Distrital negó la delineación urbana, con lo que cerró la posibilidad de
obtener una licencia de construcción.
11. Añadió que el error jurisdiccional radicó en el desconocimiento de precedentes
jurisprudenciales que reconocen indemnizaciones por ocupación jurídica de bienes
y que opera cuando de una actuación administrativa se deriva la imposibilidad para
el propietario de ejercer su derecho de dominio.
La defensa
12. El 14 de diciembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la demanda5 y, notificado en debida forma el auto admisorio, la Rama Judicial
contestó extemporáneamente6.
Alegatos
13. Al concluir la etapa probatoria7, el Tribunal celebró audiencia de pruebas en la
cual incorporó las documentales aportadas8, sin contradicción alguna.
Posteriormente corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera concepto, oportunidad en la cual la parte actora, como
única interviniente, ratificó los argumentos de la demanda.
5 Folio 11 del cuaderno 1.
6 Folios 34 a 40 del cuaderno 1.
7 En audiencia inicial celebrada el 18 de agosto de 2014 (folio 52), Tribunal decretó las pruebas aportadas y
solicitadas por la parte demandante, por lo cual: i) incorporó al proceso los documentos allegados con la
demanda, que comprenden: sentencia del 22 de enero de 2014, información judicial del proceso 1996-013159,
registro civil de nacimiento de Andrea Quintana González, registros civiles de defunción de Pablo Emilio
Quintana García y María Niobe González, folio de matrícula inmobiliaria 50C-407417 y certificación conciliación
extrajudicial ante Procuraduría General de la Nación, y ii) ofició a la Secretaría de Planeación Distrital, para que
emitiera certificaciones y allegara documentación relacionada con los hechos de la demanda, lo que remitió
esta entidad el 20 de septiembre de 2016 (folios 59 a 66).
8 Folios 69 a 71 del cuaderno 1.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
La decisión
14. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, negó las pretensiones de la demanda.
15. Con carácter previo, indicó que la actora se encontraba legitimada para
demandar la reparación de daños derivados del error judicial que alegó, en la
medida en que probó ser la hija del señor Pablo Emilio Quintana – demandante en
el proceso primigenio-, al paso que probó que aquél falleció antes de promoverse la
acción de reparación directa de su conocimiento.
16. Luego, aclaró que para definir si una providencia adolece de error jurisdiccional,
la contrariedad no tiene que enmarcarse en una vía de hecho, sino que se debe
evidenciar el incumplimiento de las obligaciones y deberes del juez en aquellos
casos en que no aplica la ley vigente o se desatiende injustificadamente los
precedentes jurisprudenciales o los principios que rigen la materia o niega
injustificadamente el derecho dentro de las posibilidades y límites del razonamiento
jurídico, de suerte que no cualquier discordancia entre la realidad fáctica o jurídica
del proceso y la providencia determinan este vicio.
17. Sobre esa base señaló que se pudo establecer que el señor Pablo Emilio
Quintana García presentó una demanda de reparación directa para obtener el pago
de los perjuicios causados por la afectación que pesaba sobre su predio desde
1974, pretensiones que negó el Tribunal en sentencia del 29 de abril de 2004, en la
que se consideró improcedente la acción, porque el actor atacó el Acuerdo Distrital
159 de 1974; por tanto, debió promover la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, acción que, con todo, se encontraba caducada.
18. En sede de apelación, la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró
procedente la acción de reparación directa incoada, pues la pretensión se dirigió a
obtener la indemnización de perjuicios por la afectación del predio del actor con
causa en la construcción de la Avenida Cundinamarca sin controvertir acto
administrativo alguno. Luego de abordar el análisis de fondo, negó las pretensiones
dada la inexistencia de un daño indemnizable.
19. La Sección Tercera consideró que el predio en cuestión si bien fue demarcado
como una zona de reserva vial según lo previsto en el Acuerdo 6 de 1990, no fue
afectado mediante un acto administrativo en los términos de los Decretos 619 de
2000, 469 de 2003 y 190 de 2004, los cuales, aunque derogaron el referido acuerdo,
mantuvieron la figura de reserva vial; así, no hubo limitación del derecho de
propiedad y en tal medida el propietario pudo solicitar licencias de construcción o
transferir el bien a cualquier título.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
20. Al tenor de estas normas, la declaratoria de una zona de reserva vial no traía
limitaciones al derecho de propiedad como se sostuvo en el fallo cuestionado,
puesto que esa figura no se podía equiparar a la afectación de predios por cuenta
de una obra pública, afectación que no se avizoró, pues de ella no dio cuenta el
certificado de tradición y libertad del predio.
21. Por lo anterior, encontró que la sentencia de 22 de enero de 2014 explicó de
manera coherente y razonada los motivos por los cuales procedía negar las
pretensiones, dada la ausencia de daño antijurídico. En criterio del a quo, la
providencia no incurrió en error judicial, por aplicación indebida de la ley si se tiene
en cuenta que el Acuerdo 9 de 1989 -que reguló las zonas de reservas para futuras
afectaciones- fue derogado por el Decreto 619 de 2000 y recopilado en el Decreto
190 de 2004 -Plan de Ordenamiento Territorial- última norma que conservó la figura
de reserva vial como la contemplada el referido Acuerdo.
22. Añadió que no se podía aceptar la existencia de un error jurisdiccional a partir
de un supuesto error de interpretación, en tanto que el ejercicio de la actividad
jurisdiccional le permite al juez moverse con amplitud en esa labor, la cual debe
observar reglas mínimas de coherencia que justifiquen razonablemente la decisión,
lo cual se evidenció en la sentencia cuestionada.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
23. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el cual manifestó que “… la decisión perpetúa la injusticia porque
repite los errores de la sentencia acusada y ocurre porque la transcribe como
motivación”; así, no se analizaron los puntos de derecho planteados en la demanda
ni se valoraron las pruebas recaudadas, por tanto, el fallo apelado es incongruente
e incoherente con el caso debatido.
24. Recalcó que se citaron normas posteriores a los hechos, esto es, los Decretos
POT 190 de 2004, 619 de 2000 y 469 de 2003, los cuales fueron incorporados sin
los ritos propios de la prueba, pues se introdujeron en la intimidad del despacho
cuando se elaboró el fallo, lo que implica el decreto de una nulidad constitucional.
25. Agregó que la sentencia cuestionada es una manifestación abusiva del debido
proceso “… llanamente porque se aplicaron normas que no existían, que no estaban
vigentes por la época de los hechos”; además, el a quo calificó como válida la
sentencia a la cual se le endilgó el yerro porque se trataba de un error de
interpretación, lo cual es piadoso ante la evidencia plena de la utilización de normas
que no eran aplicables.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
26. Insistió en que el fallo del Consejo de Estado debió aplicar el Acuerdo 6 de 1990
que prohibía expedir licencias de construcción con anterioridad al
perfeccionamiento de las afectaciones, mientras que Decreto 190 de 2004 disponía
que se podían solicitar licencias donde se hayan demarcado zonas de reserva; a
renglón seguido, el apelante trazó un parangón entre lo previsto en el acuerdo y el
decreto, para concluir que, antes del 2000, la sola indicación en la cartografía de la
existencia de reserva legal impedía el trámite de la licencia de construcción.
27. Sostuvo que si bien en el folio de matrícula no se registró la afectación, ello
ocurrió por la actuación ladina de la Administración Distrital que no la formalizó; sin
embargo, el juez de la administración no observó la prueba palmaria de la ese
hecho, pues, en oficio del 27 de octubre de 1998, el IDU formuló oferta de compra
bajo amenaza de expropiación -anotación 3 del folio de matrícula inmobiliaria-;
además, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital negó la delineación
urbana porque el predio se encontraba ubicado dentro de la zona de reserva vial
para la construcción de la Avenida Cundinamarca.
28. Reiteró que la situación del señor Pablo Emilio Quintana se encajó
perfectamente en la horma de la construcción jurisprudencial sobre la ocupación
jurídica, por lo tanto, el precedente invocado debió ser aplicado, aspecto que no
analizó el a quo.
29. Finalmente, dijo que no procedía la condena de agencias en derecho, por
cuanto la Rama Judicial no contestó a tiempo la demanda9.
30. En proveído del 27 de febrero de 201710, esta Corporación admitió el recurso
de apelación y, el 3 de mayo siguiente, corrió traslado a las partes para presentar
alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto11.
31. La parte actora reiteró que la sentencia objeto de recurso trascribió literalmente
el fallo cuestionado como contentivo de error jurisdiccional, por lo que, desconoció
que se aplicaron normas con las cuales no se podía definir la litis12.
32. La Rama Judicial alegó que no están dados los presupuestos del error
jurisdiccional que se alegó y, por el contrario, lo pretendido es que a través de la
presente acción se indemnicen millonarios perjuicios que ya fueron negados en
cada una de las instancias ordinarias del proceso primigenio, de allí que se busque
convertir la acción incoada en una tercera instancia, lo cual es inadmisible.
9 Folios 96 a 99 del cuaderno principal.
10 Folio 115 del cuaderno principal.
11 Folio 119 del cuaderno principal.
12 Folios 221 a 226 del cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
33. Agregó que “… las baterías de su defensa [refiriéndose a la parte actora] se
enfilan en contra del criterio interpretativo que tuvieron tanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado, al decidir la demanda
de reparación directa, pero recuérdese que en materia interpretativa el juez goza de
una libertad más amplia” 13.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
Legitimación en la causa por activa
34. En el evento sub examine la señora Andrea Quintana González alegó una
vocación hereditaria - en condición de condición de sucesora y única heredera de
su padre Pablo Emilio Quintana García, quien falleció el 28 de noviembre de 200714,
esto es, antes de la presentación de la demanda- con la cual deprecó la
materialización de los daños derivados del supuesto error jurisdiccional contenido
en la sentencia del 22 de enero de 2014, a través de la cual la Sección Tercera del
Consejo de Estado definió, en sede de apelación, la demanda presentada por su
padre – radicación 1996 13159-, quien en ejercicio de la acción de reparación
directa pretendió obtener la indemnización de perjuicios con causa en la aparente
afectación de un predio de su propiedad.
35. Con carácter previo conviene pronunciase sobre la legitimación en la causa por
activa, cuestión que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, debe
analizarse al margen de lo resuelto por el a quo o del alcance del recurso de
apelación propuesto; así, en términos de lo previsto en el artículo 187 del CPACA15
-norma aplicable a la presente acción- le corresponde al juzgador de instancia
pronunciarse sobre todas las excepciones hayan sido propuestas o no o al margen
del silencio del inferior.
36. En cuanto a la competencia del ad quem para pronunciarse, de oficio, sobre
aquellas cuestiones necesarias para emitir una decisión de mérito, la Sala Plena de
esta Sección, en sentencia de unificación del 6 de abril de 201816, indicó lo siguiente:
13 Folios 127 a 130 del cuaderno principal.
14 Como lo confirma el registro civil de defunción visible a folio 19 del cuaderno 2.
15 “ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un
breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos
con brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
“En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
“Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas.
“Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor.
16 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, del 6 de abril de 2018, exp: 46.005. M.P. Danilo Rojas
Betancourth.
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Radicación: 25000-23-36-000-2015-02652-01 (58.614)
Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala
acoge y reitera, de manera que, si se apela un aspecto global de la
sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que
hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se
haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio
de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre
todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión
de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y
la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos
por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada” (subrayas fuera de texto).
37. Ha de considerarse que la legitimación en la causa debe analizarse desde dos
dimensiones, la de hecho y la material. La primera -la de hecho- surge de la
formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, de manera que
quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el
sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva. La
segunda – la material- alude a la participación real de las personas en el hecho que
origina la demanda y es condición necesaria para, según corresponda, obtener
decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al
momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio
debidamente incorporado a la actuación; así, la falta de legitimación material en la
causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido,
como sí lo hace una excepción de fondo17.
38. En torno a la legitimación en la causa por activa en los eventos en los que se
depreca la responsabilidad del Estado en ejercicio de la acción de reparación
directa, resulta oportuno remitirse al pronunciamiento emitido por la Corte
Constitucional que, en sede de acción de tutela18, señaló lo siguiente:
“La titularidad de la acción de reparación directa19, está en cabeza de
cualquier persona, entendiéndose para tal efecto, ‘toda persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, mayor o menor de edad20, cuestión diferente
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001; exp: 10973, C.P. María Elena
Giraldo Gómez.
18 Sentencia T-097/09
19 El profesor Eduardo J. Couture, ha considerado que el derecho de acción debe ser entendido como la facultad
de provocar la actividad de la jurisdicción. “[S]e habla, entonces, de un poder jurídico que tiene todo individuo
como tal, y en nombre del cual le es posible acudir ante los jueces en demanda de amparo a su pretensión. El
hecho de que esta pretensión sea fundada o infundada no afecta la naturaleza de poder jurídico de accionar;
pueden promover sus acciones en justicia aun aquellos que erróneamente se consideran asistidos de razón.
(…) Entendemos, pues, por acción no ya el derecho material del actor ni su pretensión a que ese derecho sea
tutelado por la jurisdicción, sino su poder jurídico de acudir ante los órganos jurisdiccionales”.
Fundamentos del derecho procesal civil. Ediciones Depalma, tercera edición póstuma, 1981 (nota original de la
sentencia).
20 Lecciones de Derecho Procesal Administrativo. Juan Carlos Galindo Vácha, Edit. Pontificia Universidad
Javeriana, segunda edición, Pág. 551, 2006 (nota original de la sentencia).
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Actor: Andrea Quintana González
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de la legitimación en la causa por activa21, en virtud de la cual quien busca
la reparación de un daño antijurídico ocasionado por cualquier autoridad
pública debe tener ‘un interés directo en la pretensión indemnizatoria, sea
porque efectivamente sufrió el daño causado por la entidad pública, sea
porque obtuvo los derechos para esgrimirlos en juicio por razones
sucesorales o de negociación por acto entre vivos”22.
“Este aspecto no ha sido ajeno al desarrollo jurisprudencial efectuado por el
Consejo de Estado, que al respecto ha considerado que ‘[e]l ordenamiento
contencioso administrativo (art. 86 C. C. A.) en materia de la acción de
reparación directa, otorga el derecho de acción a la persona interesada y no
condiciona su ejercicio a la demostración con la presentación de la
demanda, de su real interés porque éste es objeto de probanza en juicio’23.
“Así mismo, ha dispuesto que para estar legitimado en la causa por activa
por esta cuerda procesal, únicamente es necesario que esté demostrada la
condición de damnificado por el daño antijurídico provocado por una
autoridad pública, para imputar la titularidad del derecho subjetivo, la cual
no se puede deducir de la calidad de heredero o pariente. Al respecto, el
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, ha indicado:
‘Es pertinente aclarar que en las acciones de reparación directa la
legitimación en la causa por activa la tiene todo aquel que alega la
condición de damnificado con el hecho que se imputa al demandado,
la cual no deriva de la condición de heredero, y es la condición de
damnificado la que se debe acreditar en el curso del proceso para tener
derecho a la indemnización que se reclama’24 (Subrayas y negrillas por fuera
del texto original)25.
39. En línea con lo anterior puede afirmarse que se encuentra legitimado en la
causa para demandar del Estado la materialización de un daño antijurídico en
ejercicio de la acción de reparación directa, quien tenga un interés directo en la
pretensión indemnizatoria, pues de allí surge la condición de afectado o de
damnificado con el hecho que se le imputa a la administración; por tanto, la simple
condición de heredero no legitima per se para ejercer la referida acción, pues de lo
21 Este presupuesto de la sentencia es la misma institución que los doctrinantes conocieron con el nombre de
personería sustantiva. La misma que Rocco nombra como legitimación para obrar cuando la contrapone o
parangona con la que él mismo denomina legitimatio ad processum. Es la que menciona Carnelutti como
legitimación para pretender o para resistir a la pretensión y la que Hernando Devis Echandía enuncia como
legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito (Teoría General del Proceso. Beatriz Quintero, Eugenio
Prieto, Edit. Temis, 2000) (nota original de la sentencia).
22 Lecciones de Derecho Procesal Administrativo. Juan Carlos Galindo Vácha, Edit. Pontificia Universidad
Javeriana, segunda edición, Pág. 551, 2006 (nota original de la sentencia).
23 Sentencia del 27 de noviembre de 2002, M. P. María Elena Giraldo Gómez, Rad. 52001-23-31-000-1994-
3090-01 (13090) (nota original de la sentencia).
24 Sentencia del 26 de abril de 2006, M. P. Ruth Stella Correa Palacio, Rad. 20001-23-31-000-1996-03050-01
(14908) (cita original de la sentencia).
25 Debe resaltarse que, si bien en esta sentencia la Corte analiza la titularidad de la acción de reparación directa
desde lo previsto en el artículo 86 del C.C.A., lo cierto ese aspecto no varió al tenor de lo reglado en el artículo
140 del C.P.A.C.A., codificación que rige el presente asunto.
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Actor: Andrea Quintana González
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
que se trata es de establecer el interés para reclamar un daño con la posibilidad de
que sea resarcido.
40. Ahora bien, al punto de la legitimación para demandar la reparación de daños
con causa en el ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad
jurisdiccional que se materializa en una providencia judicial, esta Subsección 26 ha
considerado que, bajo los supuestos del título de imputación del denominado error
judicial, tal legitimación deriva respecto de: i) quienes gozan de la calidad de parte
en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva del supuesto yerro, esto es,
quienes hicieron parte de la relación jurídica procesal en el proceso primigenio, o ii)
frente a quienes le son extensibles u oponibles los efectos jurídicos de la providencia
cuestionada. Lo anterior, por cuanto frente estas personas el error judicial se
proyecta como una afrenta a sus derechos de acceso a la administración de justicia
y tutela judicial efectiva que, a no dudarlo, cimientan y están en la base de la
pretensión indemnizatoria que se persigue a través de este especial título de
imputación.
41. Con estos lineamientos ha de considerarse que la señora Andrea Quintana
González no cuenta con legitimación para demandar en esta causa, en la medida
en que, en primer lugar, no fue parte de la relación jurídico procesal que se trabó en
el proceso de reparación directa que promovió su padre fallecido con miras a
obtener la indemnización de perjuicios por la afectación de un predio de su
propiedad, de allí que no intervino como sujeto procesal de la litis que se definió en
la sentencia que hoy cuestiona como contentiva del supuesto yerro.
42. Al lado de lo anterior, debe precisarse que si bien durante el curso de la
actuación primigenia se produjo el fallecimiento del demandante Pablo Emilio
Quintana García27, lo concreto es que el hecho de la muerte no le confirió a la señora
Andrea Quintana González la condición de sucesora procesal de su causante en
esa litis y, por tanto, no integró, por cuenta de la sucesión procesal, la relación
jurídica dentro del proceso de reparación directa que promovió su padre. Lo anterior,
por las razones que pasan a exponerse:
43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del C. de P. C. -aplicable al
asunto-, que trata sobre la sucesión procesal, “Fallecido un litigante o declarado
ausente o interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con
tenencia de bienes, los herederos, o el correspondiente curador”. Al lado de ello, la
norma dispone que “El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es
apelable”.
26 Ver, sentencias del 4 de noviembre y del 17 de febrero de 2022, expedientes 53873 y 59.399
27 Según su registro civil de defunción falleció el 28 de noviembre de 2007 y la sentencia que definió el proceso
de reparación directa promovida por él se profirió el 22 de enero de 2014.
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44. Por su parte, la Corte Constitucional28 ha señalado que la sucesión procesal no
constituye una intervención de terceros sino un medio encaminado a permitir la
alteración de las personas que integran la parte o quienes actúan en calidad de
interviniente. Asimismo, ha considerado que esta institución, por ser un fenómeno
de índole netamente procesal, no modifica la relación jurídica material29 y, por tanto,
le corresponde al funcionario jurisdiccional pronunciarse sobre ella como si la
sucesión procesal no se hubiese presentado; sin embargo, el sucesor procesal
tiene el deber adicional de presentarse al proceso para que el juez le
reconozca su calidad, de allí que tal reconocimiento permite a los intervinientes en
el litigio recurrir la decisión que admita o rechace al sucesor procesal.
45. En esta línea, es deber del sucesor procesal presentarse al proceso; incluso la
Corte Suprema de Justicia30 ha considerado que esa institución no procede de oficio
sino que el interesado debe solicitarla al juez que conoce el proceso, para lo cual
está obligado a allegar los documentos que acrediten los hechos que den lugar a la
misma; así,“… quien pretenda actuar en el proceso en una de las condiciones
señaladas, deberá acreditar cuando menos que se ha presentado el hecho del
fallecimiento de la parte (registro civil de defunción) y de la condición en que
comparece, pues el juez no lo puede establecer oficiosamente”.
46. Bajo esta óptica, la Sala advierte que no obran elementos de juicio que permitan
evidenciar que la señora Andrea Quintana González alegó la calidad de heredera
en el proceso de reparación directa de su causante, como tampoco que en esa
actuación el juez se pronunció sobre una eventual intervención de aquélla en esa
calidad o que en el referido asunto se haya tenido información relacionada con el
hecho de la muerte del demandante y de la vocación hereditaria de la referida
señora -que hoy alega en el presente juicio de reparación-, de allí que resulte
atendible su falta de legitimación para actuar, por cuanto, se insiste, no integró la
relación jurídica procesal dentro la litis que definida en el fallo que cuestiona como
contentivo de error.
47. De otra parte, desde la perspectiva de los efectos jurídicos de la decisión
cuestionada, la Sala encuentra que la referida señora tampoco se encuentra
legitimada en la causa, pues no es posible concluir que tales efectos jurídicos le
resultaron extensibles u oponibles.
48. En efecto, se ha advertido que la sentencia que reprochó como contentiva del
supuesto yerro negó las pretensiones indemnizatorias que invocó el señor Pablo
Emilio García con miras a lograr la reparación de daños por la afectación de un bien
de su propiedad, por manera que esta decisión no incorporó un derecho de
contenido patrimonial cierto trasmisible por causa de muerte. En otras palabras, la
28 Sentencia T-553 de 2012
29 Sentencia T-553 de 2012
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de marzo de 2018, expediente 37948.
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sentencia por ser negatoria de las pretensiones de contenido económico no hizo
parte del haber patrimonial del demandante en el proceso primigenio y que fuera
susceptible de ser trasmitido mortis causa por la acá demandante, quien alegó para
el efecto vocación hereditaria.
49. Al punto de la transmisión de derechos patrimoniales por causa de muerte ha
de señalarse que, según la doctrina especializada, fallecida una persona su
patrimonio no desaparece ni se extingue, sino que se trasmite a sus herederos – de
tal condición surge la vocación hereditaria-31, de manera que las situaciones
jurídicas de carácter patrimonial en cabeza del cujus (causante) tienen vocación de
transmitirse a los causahabientes (herederos), quienes serán los continuadores del
patrimonio de aquél32.
50. Ahora bien, el patrimonio que por causa de muerte se trasmite a sus herederos
comprende, de conformidad con el artículo 1008 del Código Civil, “… todos sus
bienes, derechos y obligaciones transmisibles”, de lo cual surge una
universalidad que se conoce como herencia y frente a la que, en armonía con lo
dispuesto en el artículo 665 del Código Civil33, se ejerce un derecho real, es decir,
aquel que se tiene “sobre una cosa sin respecto a determinada persona”, derecho
que, por mandato de la ley lo tienen los herederos, pues, según lo dispuesto en el
artículo 757 ibídem34: “En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella
se confiere por ministerio de la ley al heredero”.
51. Sin embargo, no todos los derechos o situaciones de que una persona es titular
son susceptibles de transmisión por causa de muerte. En esta línea, la doctrina en
materia de sucesiones35 distingue los derechos transmisibles y los intransmisibles.
Los primeros, comprenden los derechos patrimoniales -susceptibles de
evaluación económica- los cuales clasifica en: i) reales, como la propiedad,
exceptuando los derechos cuya duración se condiciona con la vida como el
usufructo, uso o habitación; ii) los personales o derechos de crédito, salvo las
obligaciones personalísimas o de hacer; iii) los inmateriales o los que recaen sobre
derechos inmateriales como los derechos de autor (propiedad intelectual) y los
derechos industriales (propiedad industrial); y, iv) los universales, los que recaen
sobre ciertas universalidades jurídicas, a saber, los derechos hereditarios y cuyo
contenido es la herencia. En esta escala se encuentran también los derechos sobre
el patrimonio de personas jurídicas disueltas y los que recaen sobre la masa de
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de marzo de 1967.
32 Sucesión Mortis Causa. Facultad de Derecho, Universidad de los Andes.
33 Art. 665. “Derecho real. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.
“Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación los de servidumbres
activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen obligaciones reales”.
34 ARTICULO 757. “POSESION DE BIENES HERENCIALES. En el momento de deferirse la herencia, la
posesión de ella se confiere por ministerio de la ley al heredero …”.
35 VALENCIA, A. Derecho Civil Sucesiones. Editorial TEMIS -1992-. Páginas 4 - 8.
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gananciales. Si el causante era socio de una determinada sociedad, al morir.
trasmite a sus herederos el interés social que le correspondía en ella.
52. Existen, en voces de la doctrina, otro tipo de derechos patrimoniales que
resultan transmisibles por causa de muerte, ellos son: i) los derechos en formación,
esto es, cuando se han cumplido los supuestos para el nacimiento de un derecho y
muere el acreedor, los sucesores pueden exigir el derecho si se cumplen con los
demás supuestos de formación del mismo. Ello ocurre, por ejemplo, cuando se ha
celebrado una promesa de contrato, los sucesores pueden exigir la celebración del
negocio si cumplen con los requisitos restantes de formación del derecho; ii) la
posesión -o el que recae frente a situaciones de hecho-. El poseedor puede ejercer
acciones posesorias o de conservación y de recuperación, luego, al morir, se
trasmite a los herederos el derecho a continuar ejerciendo la posesión y a obtener
el dominio por prescripción adquisitiva.
53. Al lado de los anteriores existen otros derechos que también son transmisibles
por causa de muerte como el derecho a ejercer acciones de contenido patrimonial
que se hallaban en cabeza del causante; así, por ejemplo, se puede suceder el
derecho a demandar una venta por lesión enorme, la reivindicación, la nulidad o la
simulación de un contrato; en otras palabras, “… todas las acciones de contenido
patrimonial se transmiten a los herederos”, excepto el derecho que nace en el pacto
de retroventa o las acciones que se relacionan del estado civil, pues son acciones
de carácter estrictamente personal que se extinguen con la muerte del causante
como el caso del divorcio o la separación de cuerpos, entre otras.
54. En este punto, ha de señalarse que si bien existen acciones en las que la ley
legitima su ejercicio a los herederos, como en el caso de la impugnación de
paternidad o maternidad -Ley 1060 de 2006-, lo cierto es que el derecho a accionar
del heredero del presunto progenitor no surge de la vocación hereditaria -iure
hereditario- sino de uno derecho propio - iure propio- derivado de su interés jurídico
de salvaguardar su derecho sucesoral, situación de la cual se infiere entonces que
la trasmisibilidad del derecho de accionar depende del interés del heredero de
accionar o no en torno a un derecho propio.
55. En cuanto a los derechos intransmisibles o los que se extinguen con la muerte,
la doctrina ha distinguido dos clases: los derechos políticos (derecho al voto y a ser
elegido) y los derechos extrapatrimoniales, entre ellos: i) los derechos de la
personalidad o aquellos inherentes a la persona y que de ella no pueden separarse;
algunos, como el honor trascienden a la persona pero no se extienden a sus
herederos; ii) los derechos familiares, como la fidelidad, ayuda o socorro mutuos
entre cónyuges, lo que también comprende las acciones ejercidas o las que puedan
ejercerse, como el divorcio; y, iii) los derechos patrimoniales que no se radicaron en
cabeza del causante.
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56. Sobre la base de lo expuesto ha de considerarse que por los efectos jurídicos
de la sentencia cuestionada, la señora Andrea Quintana González no se encuentra
legitimada para demandar en sede de la presente acción la reparación de daños
bajo los supuestos del título jurídico de imputación de error jurisdiccional, en la
medida en que, tal como se anunció, la referida decisión no le otorgó un derecho de
contenido patrimonial, pues bien por el contrario negó las pretensiones
indemnizatorias invocadas por su causante en el proceso primigenio, de suerte que
no hizo parte de un derecho o una situación particular y concreta que le fuera
trasmisible mortis causa y que, por lo mismo, haya integrado el haber sucesoral del
causante o haya hecho parte del contenido de la sucesión; en otras palabras, la
decisión cuestionada en sí misma no formó parte del patrimonio herencial de la
víctima directa del daño, es decir, del señor Pablo Emilio Quintana, sujeto de la
relación jurídico procesal definida a través de la decisión que se acusa contentiva
de error.
57. Ahora bien, debe señalarse que dentro de la concepción del título jurídico de
imputación invocado, lo que se busca es la reparación de daños con causa en el
ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad judicial, daño
que se materializa en una decisión judicial que se proyecta como una afrenta a los
derechos de acceso de administración de justicia y tutela judicial efectiva36,
derechos que han de ser concebidos como personalísimos -inherentes a la
personalidad- y de carácter extrapatrimonial -y, de este modo, ajenos a la trasmisión
hereditaria-, en tanto que solo le entrañen al individuo -quien formará parte de la
relación jurídica procesal- de reclamar a los jueces la protección de los derechos
36 El acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de
que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que
consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con
el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique.
Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013]. Este
derecho es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues
no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el
legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares
que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que
los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan
efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de
2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren].
Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo
colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha
sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos - como un derecho fundamental que comprende el
derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación
correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los
jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione. Para la doctrina colombiana, este derecho dispone
la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez
o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses
propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo
como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su
realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R
(2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión
de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]
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consagrados en la Constitución y la Ley y a que esos derechos se materialicen en
forma real y efectiva.
58. Con todo, ha de señalarse que, conforme se ha expuesto, el derecho a accionar
o a ejercer las acciones que, eventualmente, podía ejercer el causante son
trasmisibles mortis causa siempre que se trate de acciones de contenido patrimonial
o económico, interés jurídico que no puede predicar la señora Quintana González,
pues, como se ha dicho, la sentencia cuestionada no reconoció un derecho de
contenido económico, en tanto que negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa primigenia y, además, de manera basilar, debe considerarse que
los bienes jurídicos que se busca proteger a través del ejercicio de la acción de
reparación directa, al amparo del título jurídico de imputación por error judicial, es el
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, siendo claro que
lo perseguido no puede contraerse a un interés económico verbi gratia a que se
acceda a las pretensiones indemnizatorias que negó el juez de la reparación del
proceso original, decisión esta que no varía con el ejercicio de la acción reparatoria
por error judicial, dada la inmutabilidad de la decisión derivada de los efectos de
cosa juzgada.
59. Corolario de lo expuesto, el evento sub examine, la señora Andrea Quintana
González carece de legitimación en la causa para actuar, por cuanto no fue parte
de la jurídica procesal que concluyó con la providencia que cuestiona ser genitora
de un error judicial ni los efectos de la misma decisión le fueron extensibles u
oponibles, razón que impone confirmar la sentencia objeto de recurso, por cuanto
negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
60. En primer lugar, ha de señalarse que, en la sentencia de primera instancia, el a
quo condenó en costas a la parte actora -comprendidas en la totalidad de expensas
y gastos sufragados durante el proceso-, para lo cual señaló que, en firme esa
decisión, las mismas debían ser liquidadas por la Secretaría, atendiendo lo
dispuesto en el C.G.P. y en el Acuerdo 1887 de 2003. Dicho aspecto fue
cuestionado en apelación por la parte actora, para lo cual consideró que dicha
condena carece de respaldo “… si se tiene en cuenta que la demandada no contestó
la demanda porque fue extemporánea, no asistió a las audiencias, no formuló
alegatos de conclusión”.
61. Al respecto, es menester señalar que, en sede del recurso de apelación contra
la sentencia de primera instancia, no es dable controvertir la condena en costas
impuestas por el a quo, toda vez que el artículo 366 numeral 5 del C.G.P.37 es claro
37 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
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en señalar taxativamente la forma como las partes pueden controvertir la liquidación
de dicho gravamen38, esto es, mediante la interposición de los recursos de
reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.
62. Con todo, es del caso precisar que, en materia de costas, las normas aplicables
-Ley 1437 de 2011 y Código General del Proceso-, emplean, para su procedencia,
un factor objetivo a partir del hecho de ser vencido en el juicio, por tanto, en estos
eventos, no se analizan las conductas desplegadas por los sujetos procesales en el
curso de la actuación.
63. Ahora bien, frente a la condena en costas en esta instancia, ha de señalarse
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil (CGP). En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral 1 del artículo 365 del CGP., la Sala condenará en costas en esta
instancia a la parte demandante, toda vez que en esta providencia se resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación por ella interpuesto.
64. Adicionalmente, considerando que el artículo 361 ejusdem prevé que las costas
están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados
durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las
cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo No. 1887 de 200339, en esta instancia, se fijan las
agencias en la suma de once millones doscientos noventa y cinco mil pesos
($11’295.000.oo), a cargo de la parte demandante y a favor de la Nación – Rama
Judicial, que corresponden al 0.5% del valor de las pretensiones negadas en la
sentencia40.
65. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso.
IV. PARTE RESOLUTIVA
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
“(…).
“5. La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse mediante
los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se
concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo”.
38 Así también lo dispuso la Sala de Subsección en la sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 25001-23-36-
000-2016-01307-02 (62255), frente a un cuestionamiento del recurso de apelación que se refería a las costas
impuestas en primera instancia.
39
Norma que se aplica en consideración a la fecha de presentación de la demanda -25 de noviembre de 2015-
40
La sumatoria de las pretensiones asciende $2.259’000.036.oo.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 16
de noviembre de 2016, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma de once millones
doscientos noventa y cinco mil pesos ($11’295.000.oo), a favor de la Nación – Rama
Judicial, que corresponden al 0.5% del valor de las pretensiones negadas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salva Voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclara Voto
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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