Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02872-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02872-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-02872-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
21 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: FLORES SAGARÓ S.A.
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CUNDINAMARCA
Tema: Responsabilidad del Estado por limitación del ejercicio del
derecho de propiedad privada. Declaratoria de Reserva
Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C.
“Thomas Van Der Hammen”. Limitantes ambientales a los usos
del suelo. El uso de los suelos no es un derecho adquirido.
Daño antijurídico por prohibición de ejercer la floricultura.
Inexistencia ante medidas compensatorias - régimen de
transición. El daño no es antijurídico. Niega pretensiones.
Condena en costas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación presentados por las partes demandante,
demandada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en contra de la
sentencia del 24 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante Acuerdo 011 de 2011 la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca - en adelante la CAR Cundinamarca - declaró, la Reserva Forestal
Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen”, en cuya área
se ubica la “Finca las Mercedes”, en donde la sociedad Flores Sagaró S.A.
desarrollaba su actividad floricultora. Posteriormente, mediante Acuerdo 021 del
23 de septiembre de 2014, la CAR Cundinamarca expidió el Plan de Manejo
Ambiental de dicha reserva forestal - en adelante PMA - y clasificó a la “Finca las
Mercedes”, como “zona de uso sostenible subzona de uso múltiple”, por lo que
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
ordenó que, dentro de los 7 años siguientes a la adopción del PMA, los cultivos de
flores existentes se debían reemplazar por otras actividades permitidas.
La sociedad demandante considera que la CAR Cundinamarca es
patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales causados con la
limitación impuesta a su actividad comercial, consistente en tener que sustituir la
actividad floricultora por disposición del Acuerdo 021 de 2014 y trasladar su
operación a otro lugar o darla por terminada.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 10 de diciembre de 20151, la sociedad Flores Sagaró S.A., mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó
demanda en contra de la CAR Cundinamarca para que se le declarara
patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales ocasionados con la
expedición del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, que le impuso una
limitación a su actividad comercial, consistente en tener que sustituir la actividad
floricultora y trasladar su operación a otro lugar o darla por terminada.
Como pretensiones de su demanda, la demandante solicita condenar a la
accionada a pagarle, por daño emergente, la suma de $39.836’000.000.
En apoyo de las pretensiones, la demandante afirma que, desde hace más de
treinta (30) años en la “Finca las Mercedes” ubicada en zona rural de Bogotá y de
propiedad de Inversiones Agropecuarias Jaramillo y CIA S.A. - en adelante
INAJAME S.A. -, ha desarrollado la actividad de cultivo de flores, propia del suelo
con vocación agropecuaria, cuenta con 413 empleados directos, “otros tantos
indirectos” y comercializa rosas y claveles en distintas partes del mundo, aunque
1 Páginas 6 a 13 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
no precisa en qué calidad ha explotado el inmueble.
Asegura que, realizó y pagó las construcciones, adecuaciones e instalaciones
requeridas para la actividad de cultivo de flores en la “Finca las Mercedes”, costos
que no asumió INAJAME S.A.
Mediante Resolución 475 de 2000, modificada por la Resolución 621 del mismo
año, el Ministerio de Ambiente definió que el borde norte de Bogotá tenía tres
clases de sectores, entre las que está la denominada franja de conexión,
restauración y protección, sobre la cual ordenó a la CAR Cundinamarca, declararla
como Reserva Forestal Regional y, adicionalmente, determinar sus usos y
desarrollos mediante la adopción de un PMA.
Señala que, en cumplimiento de lo anterior, a través del Acuerdo 011 de 2011, la
CAR Cundinamarca declaró la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá
D.C. “Thomas Van Der Hammen”, reserva que incluyó, entre otros predios, la
“Finca las Mercedes”, pero mantuvo los usos existentes, como la floricultura.
Sostiene que, mediante Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, la CAR
Cundinamarca, expidió el PMA de la Reserva Forestal Productora del Norte de
Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen”, en virtud del cual se definió la
zonificación y régimen de usos para los inmuebles incluidos en dicha Reserva.
Manifiesta que dicho Acuerdo, clasificó a la “Finca las Mercedes” como “zona de
uso sostenible subzona de uso múltiple” y ordenó que, dentro de los 7 años
siguientes a la adopción del PMA, los cultivos de flores existentes fueran
reemplazados por otros usos agropecuarios permitidos, distintos a la floricultura.
La sociedad demandante considera que la CAR Cundinamarca es patrimonialmente
responsable de los perjuicios materiales ocasionados con la expedición del Acuerdo
021 del 23 de septiembre de 2014, que le impuso una limitación a su actividad
comercial, consistente en tener que sustituir la actividad floricultora y trasladar su
operación a otro lugar o darla por terminada.
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2. Contestaciones
El 1 de febrero de 20162 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al ministerio público.
2.1. La CAR Cundinamarca 3 se opuso a las pretensiones de la demanda y como
fundamento de ello sostuvo que el PMA de la Reserva Forestal Productora del
Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen” no ordenó la terminación de la
actividad floricultora sino su sustitución, la cual sería a mediano plazo para
actividades de explotación permitida y compatible con los fines de conservación.
Propuso las excepciones que denominó: “no configuración de los elementos de la
teoría del daño especial”, “no existencia de un perjuicio real actual” y “falta de
legitimación en la causa por activa”.
3. Audiencia inicial
El 13 de febrero de 20174 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la
audiencia inicial, en la que al resolver las excepciones declaró que estas debían
resolverse con el fondo del asunto y, en cuanto a la falta de legitimación en la
causa por activa, sustentada en que la demandante no era propietaria de la “Finca
las Mercedes”, el a quo señaló que a la parte actora le asistía interés para
demandar, aunque no fuera propietario de esta.
Inconforme con lo anterior, la entidad demandada presentó recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Consejo de Estado mediante auto del 27 de marzo de
20175 que confirmó la decisión apelada, toda vez que la sociedad actora demostró
2 Páginas 17 a 19 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
3 Páginas 42 a 60 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL -
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
4 Páginas 4 a 7 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA -
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
5 Páginas 12 a 25 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA -
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
que realizaba la explotación de la “Finca las Mercedes” para su actividad
floricultora.
El 18 de julio de 20176 se reanudó la audiencia inicial en la que el a quo declaró
saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se
circunscribiría a determinar lo siguiente: “¿Es administrativamente responsable la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR de los perjuicios
ocasionados a los accionantes, con ocasión a la implementación del Acuerdo 021
de 2014 por medio del cual se adoptó el plan de manejo ambiental (PMA) de la
reserva forestal productora ‘Thomas Van Der Hammen’ en los predios donde se
encuentran los cultivos de Flores Sagaró S.A.?”
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 7 de diciembre de 20177 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La parte actora8 y la CAR Cundinamarca9 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y su contestación, respectivamente. Igualmente, la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10 señaló que no se acreditó un
daño especial, pues no existió una afectación anormal y excepcional causada a la
demandante, dado que se establecieron regímenes de transición a actividades
más respetuosas con el medio ambiente.
6 Páginas 48 a 55 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA -
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
7 Páginas 137 a 140 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA
INSTANCIA - RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
8 Páginas 143 a 149 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA
• RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
9 Páginas 150 a 159 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA
• RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
10 Páginas 161 a 197 del archivo “ED_C02_01 OTROS-ACTUACIONES DE PRIMERA INSTANCIA
• RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
4.2. El ministerio público guardo silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 24 de agosto de 202111 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda al constatar que, al
haber sido clasificada la “Finca las Mercedes” dentro de la Reserva Forestal
Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen”, se le impuso a
la demandante un sacrificio anormal de tener que sustituir su actividad floricultora
por otra permitida.
En efecto, el Tribunal a quo señaló que “[…] se advierte que, se produjo un daño
especial a la parte demandada por rompimiento del principio de igualdad ante las
cargas públicas, pues en razón de un acto que puede beneficiar a la comunidad
en general, atribuye a Flores Sagaró una carga o sacrificio anormal y excepcional,
que no es otro que sustituir las actividades propias de su objeto social, del lugar
donde habitualmente las venía desempeñando. Por lo tanto, no existe duda que al
ser clasificada la Finca las Mercedes parte de la reserva forestal “Thomas Van Der
Hammen”, predio en el cual la empresa Flores Sagaró S.A., desarrolla su objeto
social principal de cultivo de especies florales, se encuentra afectada por tal
disposición”.
Finalmente, condenó en abstracto a la demandada a título de daño emergente, por
concepto del montaje de producción de flores y claveles. Por último, condenó en
costas a la entidad accionada.
6. Recursos de apelación
El 7 de octubre de 202112, las partes, así como la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron
11 Expediente digital, “Gestión otros despachos”, índice 53, Samai.
12 Expediente digital, “Gestión otros despachos”, índices 57, 58 y 59 Samai.
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concedidos el 7 de julio de 202213 y admitidos el 18 de noviembre de 202214.
6.1. La parte demandante15 afirmó que el a quo ha debido condenar tomando en
consideración la alternativa del cierre definitivo del cultivo, opción cuyos daños y
perjuicios están identificados y tasados en el dictamen pericial elaborado por la
firma Estructuras Financieras S.A.S., pero aún en el evento en que se aceptara la
posición del Tribunal, en el sentido que se puede realizar el traslado del cultivo,
solo toma en consideración algunos de los componentes de esta opción y
descarta otros ítems, como el hecho de que deben coexistir en forma temporal dos
cultivos para efectos de evitar la pérdida de productividad, la maquinaria y
equipos, invernaderos nuevos, camas y soportes para rosas y claveles.
6.2. La CAR Cundinamarca16 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, en
atención a que no existe un daño cierto ni antijurídico pues, si bien la reserva
impone una restricción al uso del suelo, lo cierto es que dicha afectación no
necesariamente produce un daño susceptible de ser reparado, en tanto solo
genera cambios en las actividades que se desarrollan en los predios, sin que se
produzca automáticamente una afectación económica, más cuando el uso del
suelo no crea derechos adquiridos. En ese orden, insistió en que la sustitución de
la actividad agrícola o económica no genera per se un daño antijuridico resarcible.
Por otro lado, la sociedad demandante no cuenta con un derecho adquirido de
ejecutar la actividad floricultora en la “Finca las Mercedes” y, en caso de
considerarse que ello constituye un daño, este es de aquellos que se está en la
obligación de soportar.
6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado17 solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, con fundamento en que, si bien con ocasión del
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 la sociedad demandante a partir del
13 Expediente digital, “Gestión otros despachos”, índice 61, Samai.
14 Índice 3, Samai.
15 Expediente digital, “Gestión otros despachos”, índice 57, Samai.
16 Expediente digital, “Gestión otros despachos”, índice 58, Samai.
17 Expediente digital, “Gestión otros despachos”, índice 59, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
2021 no podía ejercer su actividad y/o objeto social en la “Finca las Mercedes”,
ello no quiere decir que el daño sea cierto y menos antijurídico, de un lado, porque
la demanda se presentó antes de que culminara el periodo de transición y, de otro,
porque el daño alegado que el tribunal consideró como cierto, corresponde a los
valores en los que llegaría a incurrir la demandante en caso de hacer el traslado y
montaje del cultivo a otro lugar, pero sin que se acreditara que, efectivamente, la
demandante sufrió una disminución de su patrimonio.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202118 y habida cuenta que no se
decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.
El ministerio público19 presentó concepto y consideró que el plazo concedido por el
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 para la sustitución de la actividad
floricultora es una medida compensatoria que descarta la existencia de un daño
antijurídico, razón por la cual se debía revocar la sentencia de primera instancia.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia del 24 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
18 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que
concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos
procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás
intervinientes. 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la
presentación de alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso
contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia”.
19 Expediente digital, índice 15, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor20
de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación
de doble instancia ante esta Corporación21.
2. Acción procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14022 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación también ha precisado que la
reparación directa resulta en la vía judicial idónea en los casos en los que la causa
de las pretensiones se deriva de un acto administrativo, pero siempre que no se
cuestione su legalidad23, lo que se da en virtud del rompimiento del principio de
20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $39.836’000.000 y 500 SMLMV
para 2015 equivalían a la suma de $322’175.000.
22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la
acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o
a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 16079; sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 16421.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
igualdad ante las cargas públicas, como lo señaló recientemente la Sala en un
asunto similar, en el que se pretendía la indemnización de perjuicios causados por
el acto administrativo que declaró, reservó, delimitó y alinderó el Parque Natural
Regional Páramo de Santurbán24.
En este caso, la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño proveniente de un acto administrativo sobre el cual no se
discute su legalidad, esto es, el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014
expedido por la CAR Cundinamarca “por medio del cual se adopta el Plan de
Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C.
“Thomas Van Der Hammen””, sin que la parte actora cuestione su legalidad, de lo
cual se desprende que invoca la responsabilidad del Estado con fundamento en el
rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada
en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que
tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal
que, por ende, debe examinarse de oficio25.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 9 de abril de 2025, exp. 66056.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de
junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este
fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de
la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera
que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de
rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado
mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la
contestación de la misma, formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso
declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los
mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las
situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de la
26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial, en
tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso, la
caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure28 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia29,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción de límite
temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del accionado y en
contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues
implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo
puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo30, señala que el medio de control de reparación directa deberá
28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
30 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Pues bien, en el sub examine se observa que la parte actora alega que con la
expedición del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 se le impuso una
limitación a su actividad productiva, consistente en tener que sustituir su negocio de
floricultura y trasladar su operación a otro lugar o darla por terminada.
Siendo así, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo teniendo en
cuenta: i) que el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 expedido por la CAR
Cundinamarca, fue publicado en el diario oficial 49317 del 27 de octubre de 2014
(hecho probado 7.1.8); ii) que el 7 de septiembre de 2015 la parte demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la
Nación, la cual se declaró fallida el 22 de octubre de 201531; y, iii) que la demanda
se presentó el 10 de diciembre de 201532, esto es, dentro del plazo establecido en
la norma antes citada.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis33.
4.1. La demandante Flores Sagaró S.A. es la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y está legitimada en la causa por activa,
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero
de los estatutos mencionados.
31 Páginas 32 y 33 del archivo “ED_C04_01 ANEXOS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
32 Páginas 6 a 3 del archivo “ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL - RESERVADO(.pdf)
NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
33 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas
del libelo petitorio.”
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
pues acreditó ser la persona jurídica que realiza la actividad floricultora en la
“Finca las Mercedes”, ubicada en la avenida Suba – Cota, kilómetro 4.2, vereda
Tuna, localidad de Suba, Bogotá, misma dirección que aparece en su certificado
de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de
Bogotá (hecho probado 7.1.1.).
Además, también puede deducirse el desarrollo de la actividad floricultora por
parte de la demandante en dicho lugar, del hecho de que la CAR Cundinamarca le
otorgó concesiones de agua para que desplegara su actividad en el referido predio
(hechos probados 7.1.3. y 7.1.4.), para lo cual no obsta que en las respectivas
Resoluciones la CAR Cundinamarca no hubiera especificado en qué calidad
Flores Sagaró S.A. hacía uso de la “Finca las Mercedes”, pues ello explica por qué
la accionante alega verse afectada por la orden de sustitución de su actividad
floricultora desarrollada en esa propiedad, impuesta mediante el Acuerdo 021 del
23 de septiembre de 2014, dado que el predio se encuentra dentro del polígono de
la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der
Hammen”.
Adicionalmente, resulta importante precisar que en la demanda la sociedad actora
no alega la calidad de propietaria de la “Finca las Mercedes” como tampoco de
poseedora, arrendataria u otra en específico, en virtud de la cual ha venido
explotando y desarrollando su actividad floricultora en la “Finca las Mercedes”.
No obstante, la Sala considera que ello no es obstáculo para considerarla como
mera tenedora de la “Finca las Mercedes”, en virtud de que se probó el desarrollo
de su actividad floricultora en ese predio dado que, como antes se indicó, la CAR
Cundinamarca le otorgó concesiones de agua para que desarrollara su actividad
en ese inmueble, sin que se cuestionara en qué calidad hacia uso de este (hechos
probados 7.1.1., 7.1.3. y 7.1.4.). Además, porque la demandante, tal como lo
afirma en la demanda, reconoce que INAJAME S.A. es la propietaria del inmueble,
es decir, la actora ostenta la tenencia material del predio, pero sin el ánimo de ser
su dueña, aspectos que definen la mera tenencia como lo ha señalado la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, al indicar
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
que se llama mera tenencia “la sola detentación material de la cosa (corpus),
desprovista de toda intención de comportarse como señor y dueño (animus), por lo
que en su conciencia el mero tenedor siempre reconocerá dominio ajeno”.34
Para la Sala, aunque se desconoce a qué título y en qué forma (escrita o verbal),
lo cierto es que Flores Sagaró S.A. ha usado y desarrollado su objeto social en la
“Finca las Mercedes”, es decir, ha ejercido la tenencia del inmueble con fines
económicos, de la que simplemente se despliega un poder externo y material
sobre el bien, acorde con lo dispuesto en el artículo 77535 Código Civil, toda vez
que, como también lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil36, la mera tenencia se puede ejercer sobre una cosa, no como
dueña, sino en lugar o a nombre del dueño, como lo hace el acreedor prendario, el
secuestre, el usufructuario, el usuario o el habitador. En el sub examine, de
acuerdo con las pruebas del proceso, se sabe que Flores Sagaró S.A. tiene su
domicilio y desarrolla su actividad floricultora en la “Finca las Mercedes” (hechos
probados 7.1.1., 7.1.3. y 7.1.4.)., de modo que, aunque en este proceso se
desconozca bajo qué título, puede considerarse como su tenedora.
4.2. La CAR Cundinamarca se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues
es la entidad que expidió el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 (hecho
probado 7.1.8.), por el cual adoptó el PMA de la Reserva Forestal Productora del
Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen” y ordenó la sustitución de la
actividad floricultora en la “Finca las Mercedes”, declaración por la cual la
demandante considera que se le causó un daño.
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de julio de 2023, exp.
11001-31-03-005-2016-00045-01, MP: Hilda González Neira.
35 “Artículo 775. Mera tenencia. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como
dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario*, el secuestre, el usufructuario,
el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada,
secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece.
Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno”.
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de diciembre de 2020, exp.
25290310300220130026601, MP: Luis Armando Tolosa Villabona.
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5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la CAR Cundinamarca es patrimonialmente
responsable por la limitación impuesta a Flores Sagaró S.A. consistente en tener
que sustituir la actividad floricultora, trasladar su operación a otro lugar o darla por
terminada como consecuencia de lo dispuesto en el Acuerdo 021 de 2014.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199137 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que daño antijurídico es aquel que la
persona no tiene el deber jurídico de soportar. Se debe sumar a este elemento
estructural para hallar la responsabilidad del Estado otro componente necesario e
indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con
su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por
aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución
fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a
37 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste”.
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repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio
de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los
criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial38.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. Caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 24 de agosto de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las
pretensiones de la demanda, la parte demandante afirmó que el a quo ha debido
condenar por la totalidad de los perjuicios solicitados en el escrito introductorio,
tomando en consideración la alternativa del cierre definitivo del cultivo o, en su
defecto, todos los componentes de gastos que implica el traslado de la actividad
floricultora.
Por su parte la entidad demandada y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado coincidieron en solicitar la revocatoria del fallo, en atención a que el daño
alegado no reviste el carácter de cierto ni antijurídico.
En este sentido, y comoquiera que ambas partes presentaron recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 24 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el asunto se resolverá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso. Por ello, a
38Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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continuación, se analizará sin restricciones si la CAR Cundinamarca es
patrimonialmente responsable por la limitación impuesta a la actividad comercial
de la parte actora, consistente en tener que sustituir la actividad floricultora,
trasladar su operación a otro lugar o darla por terminada como consecuencia de lo
dispuesto en el Acuerdo 021 de 2014.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se comprobó que, mediante escritura pública 2628 del 6 de agosto de 1987,
otorgada en la Notaría 10 del Círculo de Bogotá, se constituyó la sociedad Flores
Sagaró Ltda., la cual fue transformada a sociedad anónima mediante escritura
pública 2819 del 28 de diciembre de 1992, otorgada en la Notaría 40 del Círculo
de Bogotá, con domicilio en la avenida Suba – Cota, kilómetro 4.2, vereda Tuna,
localidad de Suba, Bogotá, cuyo objeto social es, entre otras actividades, el cultivo
de todo tipo de especies florales; así como la importación, exportación y
comercialización, dentro o fuera de país, de flores, abonos, fumigantes,
insecticidas y, en general, de todos los elementos necesarios para dicho cultivo.
De ello da cuenta la copia auténtica de su certificado de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, sede
Norte.39
7.1.2. Se demostró que, el 23 de junio de 2000, INAJAME S.A. adquirió el predio
conocido como “Finca las Mercedes”, distribuido en los lotes A, B y C identificados
39Páginas 2 a 7 del archivo “ED_C04_01 ANEXOS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
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con matrículas inmobiliarias Nos. 20347297, 20347298 y 20347299, ubicado en la
avenida Suba – Cota, kilómetro 4.2, vereda Tuna, localidad de Suba, Bogotá. De
ello dan cuenta los correspondientes certificados de tradición expedidos por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá.40
7.1.3. Consta que, mediante Resolución 1320 del 12 de noviembre de 2002, la
CAR Cundinamarca inscribió en su registro de concesión de aguas, cuatro pozos
profundos ubicados en la “Finca las Mercedes”, situada en la avenida Suba –
Cota, kilómetro 4.2, vereda Tuna, localidad de Suba, Bogotá. Igualmente, le otorgó
a Flores Sagaró S.A. la concesión de aguas subterráneas en un caudal total de
14,7 l.p.s. para satisfacer necesidades de consumo doméstico, riego y abrevadero.
De ello da cuenta copia auténtica de dicha resolución.41
7.1.4. Se comprobó que, mediante Resolución 651 del 30 de junio de 2004, la
CAR Cundinamarca aceptó la solicitud de Flores Sagaró S.A. sobre aumento de
caudal de la concesión de aguas y requirió a dicha sociedad para que
implementara un sistema de tratamiento de aguas óptimo. De ello da cuenta copia
auténtica de dicha resolución.42
7.1.5. Se acreditó que, mediante Acuerdo 011 del 9 de agosto de 2011, la CAR
Cundinamarca declaró la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C.
“Thomas Van Der Hammen” ubicada en las localidades de Suba y Usaquén del
Distrito Capital, dispuso que se expediría el PMA para diagnosticar, zonificar y
definir el régimen de usos y programas dentro de la reserva y que, hasta tanto ello
ocurriera, se mantendrían los usos agropecuarios ya existentes. De ello da cuenta
copia auténtica de dicho acto administrativo.43
40 Páginas 8 a 21 del archivo “ED_C04_01 ANEXOS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
41 Páginas 22 a 26 del archivo “ED_C04_01 ANEXOS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
42 Páginas 27 y 28 del archivo “ED_C04_01 ANEXOS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
43 Páginas 111 a 125 del archivo “ED_C01_01OTROS-CUADERNO1PRINCIPAL-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
7.1.6. Consta que la “Finca las Mercedes” quedó comprendida dentro del polígono
de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der
Hammen”, tal como se observa en el plano anexo al Acuerdo 011 del 9 de agosto
de 2011 elaborado por la CAR Cundinamarca. De ello da cuenta dicho anexo.44
7.1.7. Se probó que, el 31 de enero de 2013, la CAR Cundinamarca inscribió ante
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Norte la afectación de
la “Finca las Mercedes” por la declaración de la Reserva Forestal Productora del
Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen”, de conformidad con lo
dispuesto en el Acuerdo 011 del 9 de agosto de 2011. Así consta en la anotación
No. 2 de cada uno de los certificados de tradición correspondientes a las
matrículas inmobiliarias Nos. 20347297, 20347298 y 20347299.45
7.1.8. Se demostró que, mediante Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014,
publicado en el Diario Oficial No. 49317 del 27 de octubre de 2014, el Consejo
Directivo de la CAR Cundinamarca adoptó el PMA de la Reserva Forestal
Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen” clasificándola
en varias zonas, entre ellas, la “zona de uso sostenible subzona de uso múltiple”
destinada al uso principal forestal protector, a usos compatibles como el
aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque y; a usos condicionados
como la infraestructura de servicios públicos domiciliarios, de administración y
seguridad ciudadana, dotacional, residencial, agropecuaria, de especies forestales
nativas protectoras bajo cubiertas, de comercio y servicios, entre otras (artículo
12). Igualmente, el PMA prohibió nuevos cultivos bajo invernaderos, cultivos de
flores bajo cubierta, entre otros, dentro de los predios ubicados en el polígono de
la reserva. De ello da cuenta copia auténtica de dicho acto administrativo.46
44
Archivo “Anexo Acuerdo 11 de 2011 plano zona norte” de la carpeta “antecedentes
declaratoria RFRP” del archivo “ED_C01_TESTIGO DOCUMENTAL CE - CD02 FOLIO
84-ANTECEDENTES ADM INISTRATIVOS ACUERDO 11 DE 2011(.pdf) NroActua
25(.pdf) NroActua 25 .pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
45 Páginas 8 a 21 del archivo “ED_C04_01 ANEXOS - CUADERNO 4 PRUEBAS Y ANEXOS-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
46 Páginas 61 a 110 del archivo “ED_C01_01OTROS-CUADERNO1PRINCIPAL-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
7.1.9. Se acreditó que el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 dispuso que
la actividad floricultora debía ser sustituida al interior de la reserva en un plazo
máximo de 7 años siguientes a la publicación de dicho Acuerdo. Así consta en el
artículo 2 de mencionado acto administrativo el cual reza:47
“[…] ARTÍCULO 14°. Lineamientos adicionales para los usos condicionados
dentro de la zona de uso sostenible. Además de las exigencias generales
anteriores, se establecen los siguientes parámetros para cada uno de los usos
condicionados dentro de la Zona de Uso Sostenible: […] Dado que la
floricultura deberá ser sustituida al interior de la reserva, el carácter
condicionado de la misma se orienta a la obligación de cumplir los parámetros
establecidos en este plan, y reemplazar los cultivos existentes en la zona por
otras actividades previstas en el régimen de usos respectivo, dentro de los
siete (7) años siguientes a la fecha de publicación del presente acto. […]”.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración48-49, en tanto la prueba de todos los elementos de
47 Páginas 61 a 110 del archivo “ED_C01_01OTROS-CUADERNO1PRINCIPAL-
RESERVADO(.pdf) NroActua 25.pdf”, expediente digital, índice 25, Samai.
48 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
49 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de
Justicia considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin
daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica
como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
la responsabilidad extracontractual es indispensable e ineludible para que nazca la
obligación resarcitoria.
7.2.1. Ausencia del daño antijurídico
Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación
que no está amparada por la ley o el derecho50, que contraría el orden legal51 o
que está desprovista de una causa que la justifique52, resultado que se produce
sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al
lesionar una situación reconocida o protegida53, violando de manera directa el
principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico
dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula
reducida, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber
jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en términos generales el
fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.
Pues bien, en el sub examine se observa que el daño alegado por la parte actora
comprende la limitación impuesta a su actividad comercial consistente en tener
que sustituir la actividad floricultora, trasladar su operación a otro lugar o darla por
terminada como consecuencia de lo dispuesto en el Acuerdo 021 de 2014.
inoficiosa cualquier acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil.
Sentencia del 4 de abril de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este
particular lo siguiente: “La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir
daños y perjuicios, parte de un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto,
independientemente del esmero en su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de
él, o de su certidumbre o su advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay
obligación, y el aserto, por demás obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de
la responsabilidad en el derecho de tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del
derecho de daños”, Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32,
enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
51 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
53 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
Como lo ha señalado reciente jurisprudencia de esta Sección54, las limitaciones a
la propiedad por la inclusión de inmuebles en una zona de reserva forestal
protectora no implican un vaciamiento del derecho de dominio, pues para que la
inscripción de la reserva cause un daño antijurídico, tiene que demostrarse una
afectación total a la propiedad, para lo cual se pueden tener en cuenta factores
como los usos permitidos según la zonificación interna de la reserva y las
respectivas anotaciones inscritas en los certificados de tradición.
Lo anterior, en armonía con lo señalado por la Corte Constitucional, que de tiempo
atrás precisó55 que uno de los límites que se han reconocido en el ordenamiento
jurídico a través de los cuales el legislador restringe los derechos, entre ellos, el
derecho a la propiedad privada, lo constituyen las reservas forestales protectoras.
De todas maneras, dada la función social y ecológica que debe cumplir la
propiedad, se tiene que las limitaciones que se impongan en virtud de la definición
de zonas de reserva forestal protectora, si bien constituyen restricciones de los
derechos de los propietarios, no implican un vaciamiento del derecho de propiedad
puesto que el ordenamiento jurídico mantiene posibilidades de aprovechamiento
económico del bien, en tanto no restringe todas las actividades económicas sobre
este, de modo que se tratan de limitaciones razonables y proporcionadas que no
afectan el núcleo esencial de ese derecho.56
En ese sentido, la Corte Constitucional ha establecido que ese núcleo esencial del
derecho de dominio se determina a través de algunos parámetros, con miras a
conservar los atributos de uso, goce y disposición del bien, en los siguientes
términos:57
“[…] Por ello, esta Corporación ha admitido que no se desconoce el citado núcleo
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 50502, CP: José Roberto Sáchica Méndez; Subsección
B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 44670 y sentencia del 7 de septiembre de 2023,
exp. 49472, CP: Martín Bermúdez Muñoz; Subsección C, sentencia del 22 de septiembre de 2021,
exp. 51474, CP: Guillermo Sánchez Luque.
55 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-189 del 15 de marzo de 2006, MP: Rodrigo
Escobar Gil.
56 Ibídem.
57 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C – 189 de 2006, MP: Rodrigo Escobar Gil.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
esencial cuando se imponen por el legislador prohibiciones temporales de
enajenación sobre algunos bienes, o en ciertos casos, limitaciones intemporales o
por extensos períodos de tiempo, siempre y cuando se acredite que las mismas,
además de preservar un interés superior orientado a realizar los fines del Estado
Social de Derecho, mantienen incólume los atributos de goce, uso y explotación que
le permitan a su titular -de acuerdo con las limitaciones previstas en el ordenamiento
jurídico- obtener algún tipo de utilidad económica que justifique la presencia de un
interés privado en la propiedad”
Por otro lado, al decidir recientemente un asunto similar58 al de la referencia, la
Sección Tercera de esta Corporación recordó que en la Constitución Política se
consagró como un derecho de todas las personas el poder gozar de un ambiente
sano, por ello se previó como una obligación del Estado, la preservación de las
riquezas naturales de la Nación59, así como salvaguardar la diversidad e
integralidad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia
ecológica60, mediante instrumentos como el de la planificación del manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar el desarrollo
sostenible y controlar y prevenir factores de deterioro ambiental.61
Así, señaló esta Sección62 que, en ejecución de dichas obligaciones, las
autoridades respectivas en el marco de la reglamentación frente al uso del suelo y
a las limitaciones impuestas con ocasión de la protección del medio ambiente, en
algunos eventos, afectarán la propiedad privada, la cual también goza de
protección constitucional; no obstante, este derecho no puede ser considerado
como absoluto, en tanto que la misma Constitución prevé que cuando se
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2024, exp. 69205.
59 “Articulo 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.”
60 “Articulo 79. todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.
61 “Articulo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas.”
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2024, exp. 69205.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
presentan conflictos en los que estén en riesgo intereses públicos o sociales, el
interés privado debe ceder.63
Por tanto, de manera general, puede decirse que el Estado está facultado para
limitar el derecho de propiedad, ya sea ocupando materialmente el bien inmueble
privado, despojando al propietario de su posesión material o mediante la
constitución de afectaciones que delimiten su ejercicio, por razones de diversa
índole y con distintos alcances, cuestión que aun cuando puede ocasionar un
daño, no en todos los casos constituye un daño antijurídico resarcible, debido a
que corresponde a cargas que el asociado está en el deber de soportar por lo que
no está llamado a comprometer la responsabilidad del Estado.
Ahora, en cuanto a la afectación a particulares por cambios en los usos del suelo,
frente a un asunto similar al de la referencia, en sentencia de 2015, la Subsección
A de esta Sección consideró que, por regla general, la sola modificación de los
usos del suelo, per se, no tiene la virtualidad de constituirse en un daño
antijurídico, en la medida en que se trata de una carga que, de ordinario, los
particulares se encuentran en el deber jurídico de soportar. En esa oportunidad se
desestimaron las pretensiones de la demanda. Al respecto, se concluyó:64
“[…] Sin embargo, tal y como se indicó en el acápite correspondiente, en
criterio de la Sala, en casos como el sub lite se deben aplicar las siguientes
premisas: i) la pérdida de valor de un bien o su depreciación frente a los
valores del mercado no es un elemento suficiente para entender configurada
la responsabilidad patrimonial de la autoridad reguladora de los usos del
suelo, es decir la sola depreciación de un predio no es indicativa de un
perjuicio excepcional o singular en cabeza de su propietario; ii) en principio,
todos los habitantes de un territorio deben soportar los cambios en la
regulación de los usos del suelo; en consecuencia, iii) no existe, por regla
general, un derecho adquirido a que se mantenga determinada clasificación de
usos del suelo, índice de edificabilidad y/o cualquier beneficio de construcción
que establezca una norma, en tanto no se cuente con una autorización
63 “Articulo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social,
resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al interés público o social […]”.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, exp. 33113.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
administrativa para su desarrollo, es decir hasta que se haya adquirido o
patrimonializado –siguiendo la denominación española- el referido derecho; iv)
no se le debe imputar, necesariamente, a la Administración la determinación
de los precios de mercado puesto que ello depende tanto de la dinámica de la
economía local –y aún nacional- como del específico desarrollo que el
propietario o el interesado hayan hecho de los instrumentos que el
ordenamiento jurídico ha establecido para ejercer concretamente el derecho
de propiedad; y, v) con el fin de determinar, la configuración o no de la
responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente del valor concreto
de la depreciación, se requiere analizar el contenido concreto del derecho de
propiedad y sí se respetó –o en qué medida se vulneró o cómo se afectó- el
núcleo esencial del referido derecho, despojando o limitando excesivamente
ese mínimo de explotación económica que le corresponde.
En esta línea argumentativa, lo primero que evidencia la Sala es que el
cambio en la regulación del uso del suelo, las limitaciones ambientales y viales
que afectaron la zona en la que se encuentran los predios de la sociedad
demandante, como la determinación concreta de la existencia de un ‘parque
municipal’ en dicha área, no son constitutivas per se de un daño especial, en
la medida en que dichas concretas determinaciones no son susceptibles de
calificarse como excepcionales o singulares frente a las cargas que deben
asumir los particulares en su propiedad como contraposición a la competencia
que el ordenamiento jurídico le ha radicado a las autoridades locales para
gestionar el territorio. […]”
También cabe precisar, que estas limitaciones impuestas por el Estado para
proteger el interés general y el medio ambiente no afectan el derecho a la libertad
de empresa, siempre que sean proporcionales y razonables, para no afectar el
núcleo esencial de este, como lo ha señalado la Corte Constitucional:65
“[…] La definición de cuál es el núcleo esencial de las libertades económicas no es
una tarea sencilla; en materia de libertad de empresa, entre otros contenidos, se
pueden mencionar los siguientes: (i) el derecho a un tratamiento igual y no
discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la misma
posición; (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la libertad de
organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la
empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión; (iv) el derecho
a la libre iniciativa privada; (v) el derecho a la creación de establecimientos de
comercio con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley; y (vi) el derecho a
recibir un beneficio económico razonable. Respecto a cómo evaluar la razonabilidad
y proporcionalidad de una medida que limita las libertades económicas, la Corte ha
indicado los siguientes criterios: En primer lugar, la Corte ha expresado que el
Legislador debe tener en cuenta el tipo de actividad que desarrollan las empresas a
las que va dirigida la regulación, su estructura organizativa, el mercado en el que se
65Corte constitucional, Sala Plena, sentencia C-263 del 6 de abril de 2011, MP: Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
insertan, el tipo de financiamiento al que apelan, el servicio que prestan o el bien
que producen o distribuyen, etc. En segundo lugar, la Corte suele apelar al juicio de
proporcionalidad, mediante el cual se examina la finalidad de la medida, la
idoneidad del medio elegido y su proporcionalidad en estricto sentido. […]”.
De lo anterior se desprende que, en el entendido de que la libertad de empresa es
una prerrogativa con una función social que puede limitarse por el interés social, el
medio ambiente y el patrimonio cultural de la Nación, debe soportar las cargas que
le imponga el bien común.
Por tanto, las restricciones a la libertad de empresa tienen como límite la
afectación del núcleo esencial de ese derecho, que se configuraría por un
tratamiento discriminatorio, una restricción injustificada para entrar o salir del
mercado, una intervención del Estado en su organización y gestión, un
impedimento a la iniciativa privada o a recibir un beneficio económico razonable,
entre otras situaciones, de acuerdo con lo indicado por la jurisprudencia de la
Corte Constitucional.
Como antes se advirtió, en el sub judice no se alega la afectación directa al
derecho de propiedad, dado que Flores Sagaró S.A. no es propietaria de la “Finca
las Mercedes” donde desarrolla su actividad comercial, sino que hace consistir el
daño en tener que sustituir la floricultura, trasladar su operación a otro lugar o
darla por terminada como consecuencia de lo ordenado en el Acuerdo 021 de
2014.
Pues bien, cabe advertir que el primer elemento que se debe constatar en cuanto
a la responsabilidad patrimonial del Estado es el daño, el cual, además, debe ser
cierto, personal y antijurídico. Lo anterior impone establecer la existencia de una
afectación a un interés legítimo y lícito y, luego, verificar que no se trate de
restricciones que deban ser toleradas, en cuanto el ordenamiento jurídico le
imponga a la víctima la obligación de soportarlas. Es este último requisito lo que
determina la antijuridicidad del daño y no el comportamiento del Estado.
De modo que para determinar si tal afectación constituye un daño antijurídico,
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Demandante: Flores Sagaró S.A.
debe establecerse, a partir del estudio conjunto de todas las pruebas, si en el caso
concreto se cumplen tales características.
En el sub examine, las pruebas del proceso permiten evidenciar que la sociedad
Flores Sagaró S.A. ha desarrollado su objeto social en la “Finca las Mercedes”
consistente en el cultivo de todo tipo de especies florales y su comercialización,
actividad económica que ha llevado a cabo al menos durante los últimos treinta
años en calidad de tenedora del bien, como antes se explicó.
Se acredito que, mediante Acuerdo CAR 11 del 19 de julio de 2011, el Consejo
Directivo de la CAR declaró la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá
D.C. “Thomas Van Der Hammen”, y ordenó expedir el respectivo PMA de esa
zona, en el cual debía incluir el diagnóstico, la zonificación ambiental con su
régimen de usos, programas y proyectos orientados al mantenimiento de los
objetos de conservación de la reserva (hecho probado 7.1.5.).
Se probó también que la “Finca las Mercedes” quedó comprendida dentro del
polígono de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas
Van Der Hammen”, pero conservó los usos agropecuarios existentes para
entonces (hechos probados 7.1.5., 7.1.6. y 7.1.7.).
En cumplimiento de lo anterior, el 23 de septiembre de 2014, el Consejo Directivo
de la CAR Cundinamarca expidió el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014
por el cual adoptó el PMA de la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá
D.C. “Thomas Van Der Hammen”, en el que se incorporaron los programas,
proyectos y acciones necesarias para conservar, preservar y recuperar los valores
ambientales y ecológicos de esa área, teniendo en cuenta sus potencialidades,
sus usos actuales, las alteraciones, degradaciones, entre otros aspectos, de ahí
que se establecieran unos usos permitidos y otros prohibidos, en procura de la
sostenibilidad del territorio (hecho probado 7.1.8.).
Como consecuencia, dicho Acuerdo determinó que, para efectos de garantizar los
objetivos de conectividad pretendidos con esa declaratoria de reserva forestal,
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
resultaba necesario ordenar la sustitución paulatina, en el plazo de 7 años, de los
cultivos de flores existentes en la zona de reserva, dado que esta actividad no
permitía generar la conectividad por los altos índices de ocupación requeridos
para su viabilidad económica, el enorme impacto paisajístico y el aprovechamiento
intensivo del recurso hídrico (hecho probado 7.1.9.).
Esta medida afectó directamente a la demandante Flores Sagaró S.A., pues como
quedó acreditado en este proceso, la “Finca las Mercedes” donde desarrolla su
actividad floricultora no solo quedó dentro del polígono de la Reserva Forestal
Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen”, sino que es
parte de la “zona de uso sostenible subzona de uso múltiple”, cuyos lineamientos
según el artículo 14 del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, imponen la
sustitución paulatina de dicha actividad (hechos probados 7.1.6. y 7.1.8.).
En ese orden de ideas, se comprobó que el uso que hasta la fecha de la
expedición del acto administrativo en mención se venía dando a esa zona por la
sociedad demandante, consistente en el cultivo de flores, de conformidad con el
nuevo régimen de uso del suelo adoptado en el PMA de la Reserva Forestal
Regional Productora del Norte de Bogotá D.C., “Thomas Van Der Hammen”,
quedó prohibida dicha actividad, aunque no de manera inmediata, dado que, para
ese propósito, se concedió un plazo de 7 años a partir de la publicación del
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014.
En ese período la sociedad demandante debía reemplazar la actividad floricultora
por alguna otra que fuera compatible con los usos permitidos o condicionados en
la zona respectiva, incluso, esta podía ser similar o compatible con su objeto,
como la “producción agropecuaria sostenible” en la que se contempla el proyecto
de “floricultura sostenible”, consagrada en el artículo 18 del Acuerdo 021 del 23 de
septiembre de 2014 como parte integral del PMA de la Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá D.C., “Thomas Van Der Hammen”.
Así las cosas, se tiene que el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 fue
publicado el 27 de octubre de 2014 en el diario oficial 49.317 (hecho probado
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
7.1.8.), por lo que el plazo de 7 años concedido para la actividad floricultora se
cumplió el 27 de octubre de 2021.
De ahí que, en efecto, desde el 27 de octubre de 2021, la sociedad demandante
ya no tenía permitido desarrollar su actividad de la misma forma en que lo venía
haciendo hasta antes de esa fecha, en la “Finca las Mercedes”, dado que el
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 modificó los usos del suelo en el
sentido de que debían sustituirse los cultivos de flores existentes en la zona de
reserva, lo que incluye los sembrados por la demandante para su objeto
comercial.
Aunque a este proceso no se allegó prueba de a qué título (escrito o verbal la
sociedad Flores Sagaró S.A. es tenedora del uso y goce de la “Finca las
Mercedes”, pues se probó que tiene su domicilio y ha desarrollado su objeto social
en el mencionado predio, consistente en el cultivo de todo tipo de especies florales
y su comercialización, como se deriva de las concesiones de aguas para la
realización de esa actividad en dicho predio por parte de la CAR Cundinamarca
(hechos probados 7.1.1., 7.1.3. y 7.1.4.), en concordancia con el reconocimiento
que hace la misma demandante, de que la propietaria de la “Finca las Mercedes”,
es INAJAME S.A.
Siendo así, para la Sala, el daño alegado tiene un carácter cierto, pues consiste en
la cesación definitiva de la actividad floricultora desarrollada por la sociedad actora
en la “Finca las Mercedes” que, aunque no se dio de forma automática, tenía un
plazo cierto de configuración a partir del 27 de octubre de 2021, como producto de
una decisión administrativa expedida por la CAR Cundinamarca, con el propósito
de cumplir sus cometidos institucionales para la protección del medio ambiente.
Como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en un asunto similar 66,
que la materialización de los efectos de esa decisión se hubiese sujetado al
66Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 63087.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
cumplimiento de un plazo, no obsta para que desde la expedición del PMA que
estableció el régimen de usos del suelo hubiera emergido la limitante respecto del
ejercicio de la actividad floricultora, lo que habría de conducir a que en 7 años se
culminara el proceso de sustitución de aquella por otra que estuviera permitida a la
luz de la nueva normativa ambiental.
Así, los efectos de la decisión de la CAR bien podrían consistir en: i) el reemplazo
de los cultivos de flores por otra actividad agropecuaria dentro del plazo
concedido, ii) el traslado del cultivo a otro lugar durante ese período o iii) el cierre
definitivo de la actividad floricultora junto con el pago de indemnización a
trabajadores por despido injusto, hipótesis que, aun cuando son variadas,
emergen de una misma raíz, que no es otra que la certeza frente al hecho de que
existía una decisión administrativa que prohibía la ejecución de la referida
actividad una vez finalizara el término otorgado para su desmonte.
Igualmente, el daño alegado tiene un carácter personal, pues afecta directamente
a la sociedad demandante que no podrá realizar la actividad floricultora en los
términos en que lo venía haciendo, toda vez que los usos del suelo del lugar
donde desarrollaba su actividad fueron modificados por el Acuerdo 021 del 23 de
septiembre de 2014.
En este punto, y antes de abordar la siguiente característica del daño para
establecer si este se configuró, cabe advertir que, aunado a los hechos probados,
en el proceso se allegaron tres dictámenes con la finalidad de determinar el valor
comercial de las acciones de Flores Sagaró S.A., la viabilidad del traslado de la
empresa a otra localización, la cuantificación de los perjuicios emanados del
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, las indemnizaciones laborales que por
despido la demandante estaría obligada a reconocer a sus trabajadores en el
evento de cerrar la empresa y el valor de demolición de las construcciones
existentes en la “Finca las Mercedes”, esto es, el objeto de los dictámenes se
contrae a establecer la cuantía de los perjuicios reclamados por la demandante,
por los aspectos antes referidos.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
Sin embargo, la Sala solo encontraría pertinente, de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, apreciar si los peritajes antes mencionados cumplen los requisitos de
solidez, claridad, exhaustividad y calidad, según lo dispuesto en los artículos 232 y
235 del Código General del Proceso, en caso de ser necesaria la determinación
de una indemnización de perjuicios, pues el objeto de dichos dictámenes no es la
demostración del daño.
No obstante, pese a que el daño en los términos estudiados en precedencia se
considera cierto, pues, aunque en un determinado plazo, consiste en la cesación
definitiva de la actividad floricultora y; personal, dado que afecta directamente a la
sociedad demandante que desarrolla dicho cultivo, lo cierto es que no se configura
su carácter de antijurídico, como pasa a explicarse.
Para la Sala, el daño no puede considerarse antijurídico, toda vez que el plazo de
siete años concedido para el desmonte y sustitución de la actividad floricultora,
constituye un régimen de transición en el marco de la modificación del régimen del
uso del suelo de la reserva, que resulta ajustado y razonable para mantener el
principio de igualdad frente a las cargas públicas respecto de aquellos que
resultaran afectados en sus derechos patrimoniales individuales, como es el caso
de la sociedad demandante.
De hecho, dicha consideración no es ajena a lo que la Sección Tercera de esta
Corporación ha sostenido recientemente, pues en un asunto de similares
características al que aquí se debate, la Subsección A indicó que, en efecto, el
otorgamiento de un plazo para que los propietarios, tenedores y/o usufructuarios
de los predios ubicados dentro de la Reserva Forestal Regional Productora del
Norte de Bogotá, “Thomas Van Der Hammen”, puedan ajustarse a los nuevos
usos del suelo, es un régimen de transición que les permite tomar las decisiones
más convenientes respecto de sus patrimonios, que no rompe el principio de
igualdad frente a las cargas públicas. Textualmente, en esa oportunidad se dijo:67:
67Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 63087.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
“[…] Según se vio en los antecedentes que llevaron a la adopción del Plan de
Manejo Ambiental contenido en el Acuerdo No. 021 de 2014, la declaratoria de la
Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C., ‘Thomas Van der
Hammen’, se erigió como la expresión de la función social y ecológica del derecho
de propiedad que debe ceder ante el interés general como garantía de la protección
del medio ambiente, sin que con ello se pretenda desconocer que, de haber
causado un daño antijurídico a algún asociado, este deba ser reparado. En
consonancia con lo dicho y en atención al análisis jurisprudencial expuesto en
acápite precedente, la Sala estima que en este caso el supuesto daño no adquirió la
condición de excepcional o anormal y tampoco vulneró el núcleo esencial de la
propiedad privada, habida cuenta de que la conducta de la CAR se encuadró en los
lineamientos del artículo 58 de la Constitución Política. Ello se justifica en que la
concesión de los siete años para la sustitución de los floricultivos, además de
identificarse con la implementación de un régimen de transición para que, de
manera paulatina, se adecuara esa actividad a otras compatibles con las medidas
de protección ambiental adoptadas, se concibió como una herramienta de mitigación
del impacto que ello pudiera causar en el patrimonio de quienes ya venían
desarrollando esa actividad de tiempo atrás. En efecto, puede ocurrir que, al generar
una afectación en la propiedad privada impuesta en procura de la protección
ambiental, la misma autoridad que adopta la limitante al tiempo determine medidas
compensatorias tendientes a mantener el equilibrio de las cargas públicas que
puede verse alterado con ocasión de la decisión restrictiva, caso en el cual
concernirá al juez indagar si la compensación resulta ser idónea y suficiente para
proteger los derechos individuales posiblemente afectados. En este contexto, la
Sala considera que el plazo de siete años concedido para el desmonte de la
actividad floricultora, entendido como medida compensatoria en el marco de la
modificación del régimen del uso del suelo de la reserva, resultó ajustado para
mantener el principio de igualdad frente a las cargas públicas respecto de aquellos
que resultaran afectados en sus derechos patrimoniales individuales. […]”
Además, en el caso concreto de la actividad floricultora que se estaba adelantando
a la fecha de expedición del Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014 y que
debía ser desmontada dentro de los 7 años siguientes, el mismo acto
administrativo previó que esta podía ser reemplazada por otros usos permitidos o
condicionados, entre ellos, el agropecuario, siempre que se cumplieran los
requisitos dispuestos en la misma norma. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto
en el parágrafo final del artículo 12 del mencionado Acuerdo, según el cual:
“[…] Previa autorización impartida por parte de la CAR, se podrán cambiar las
actividades desarrolladas dentro de la zona de Uso Sostenible (Subzona de Uso
Múltiple y Subzona de Alta Densidad de Uso) por otras previstas en el régimen
establecido para cada subzona cuando se demuestre para cada interesado que el
nuevo uso produce un menor impacto ambiental y ecológico al existente, y permite
cumplir de mejor manera los objetivos de conservación previstos en este plan. […].
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
De modo que, si bien la modificación del régimen de usos del suelo conducía a
que sobre el inmueble no se podría continuar con la actividad empresarial de
cultivo de flores, ello implicaba que el bien podía ser explotado de manera
diferente, pero no significaba la imposibilidad para la empresa demandante de
continuar desarrollando su objeto social y cumplir con su propósito empresarial en
otro bien o modificar la clase de explotación de la “Finca las Mercedes”, ni
tampoco que solo podía hacer un uso pasivo de contemplación del mismo.
A ello se suma que en este proceso se desconoce hasta cuándo Flores Sagaró
S.A. ejercería la tenencia del bien para el uso de la “Finca las Mercedes” en su
actividad floricultora, para siquiera determinar que contaba con el plazo de 7 años
otorgado por el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, pues incluso pudo ser
menos, dependiendo de lo que hubiera pactado con la propietaria del predio.
Igualmente, cabe advertir que desde la expedición del Acuerdo 011 del 9 de
agosto de 2011, se produjo la declaratoria de Reserva Forestal Regional
Productora del Norte de Bogotá, “Thomas Van Der Hammen”, en la que se
encuentra ubicada la “Finca las Mercedes” y, tal como como lo señaló esta
Sección en un asunto similar68, si bien en ese acto no se estableció la limitante a
los usos del suelo, pues esto solo vino a ocurrir con la adopción del PMA mediante
el Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, es claro que en aquella decisión sí
se puso de presente que la permanencia de los usos agropecuarios en esa área
se supeditaba a que se sujetara su compatibilidad con el PMA que en lo sucesivo
se adoptaría y en el que se habrían de establecer las determinantes ambientales
en materia de usos del suelo. De modo que puede concluirse entonces que la
declaratoria de la reserva forestal constituyó una circunstancia previa que, no
obstante, no definir limitaciones en un principio, sí alertó sobre su próxima y futura
ocurrencia.
De ahí que, incluso, desde la declaratoria de la Reserva Forestal Productora del
68Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de febrero de 2021, exp. 63087.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der Hammen” en 2011, se imponía a los
propietarios, tenedores y/o usufructuarios de los inmuebles que allí se ubicaban, y
en los que existía algún tipo de explotación económica, el deber de precaver y
adoptar medidas contingentes para salvaguardar su patrimonio frente a la
posibilidad de que en el futuro y bajo la premisa de que no existen derechos
adquiridos en relación con los usos del suelo, estos sufrieran algún tipo de
modificación sustancial que impactara negativamente el ejercicio de sus derechos
económicos, como en efecto ocurrió en este caso, y no hay nada que indique que
Flores Sagaró S.A. tomó las medidas conducentes con miras a disminuir los
efectos de las restricciones que por el hecho de encontrarse en una zona de
reserva, aunque no de forma específica, ya estaban anunciadas.
Adicionalmente a dicha precaución, en el plazo otorgado por el PMA contenido
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2014, Flores Sagaró S.A. no cumplió sus
deberes de mitigación con miras a proteger su patrimonio económico desde el
punto de vista de la gestión de gastos por sustitución o traslado de la actividad
floricultora, es decir, no actuó desde el momento en que debía hacerlo para evitar
los efectos adversos que le podía a generar el cambio de los usos del suelo en
relación con su objeto social, al trascurrir el plazo impuesto en la decisión
administrativa.
De ahí que los gastos de traslado de la actividad floricultora o su sustitución es
algo que la sociedad demandante tuvo tiempo de prever, pues no tenía un
derecho adquirido para realizar dicha explotación económica en la “Finca las
Mercedes” de manera indefinida, es más, ni siquiera se conoce hasta cuándo
tenía la explotación del inmueble.
Finalmente, no sobra precisar que la medida impuesta en el Acuerdo 021 del 23
de septiembre de 2014, la cual ordenó sustituir la actividad floricultora al interior de
la Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der
Hammen”, dentro de la cual quedó incluida la “Finca las Mercedes”, no afecta el
núcleo esencial del derecho a la libre empresa de la sociedad Flores Sagaró S.A.,
dado que la finalidad de protección de los recursos naturales identificados en el
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
área de la Reserva, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo No. 011 del 9 de
agosto de 2011, es una medida idónea para dicho objetivo y beneficia el interés
general, disposición que, además, la demandante no cuestiona. Igualmente, se
trata de una medida proporcional, dado que no estableció restricciones absolutas
o arbitrarias, sino el cambio de los usos de suelo y en un plazo de 7 años para el
caso de la actividad floricultora, dando tiempo a los afectados como la
demandante, para adaptarse a estos nuevos usos y realizar las gestiones
pertinentes para ese propósito.
Valga decir igualmente que la medida de sustitución de los usos del suelo en la
Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá D.C. “Thomas Van Der
Hammen”, por buscar un interés superior de preservación de los recursos
naturales, y en general, del cuidado del medio ambiente que beneficia a todos los
habitantes del territorio, tampoco crea restricciones de las que pueda derivarse
una afectación del núcleo esencial del derecho a la libre empresa de la
demandante por un tratamiento discriminatorio, una restricción injustificada para
entrar o salir del mercado, una intervención del Estado en su organización y
gestión, un impedimento a su iniciativa privada o a recibir un beneficio económico
razonable, de acuerdo con lo indicado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional atrás citada, pues como también se explicó, el uso del suelo no
genera derechos adquiridos, mucho menos para la demandante en calidad de
arrendataria del bien ubicado en la referida Reserva.
Corolario de todo lo anterior, la Sala concluye que el plazo de 7 años concedido
por el Acuerdo 021 de 2014 para el desmonte de la actividad floricultora y su
reemplazo por otras actividades compatibles con los usos del suelo o su
reubicación, corresponde a una medida compensatoria adecuada que impide
predicar el carácter antijurídico del alegado daño.
De ahí que el daño que se reclama no resulta antijurídico, dado que la afectación
invocada por la parte actora es una carga que estaba en la obligación de soportar
y que, por ende, no es susceptible de ser indemnizada.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
Como consecuencia se revocará la sentencia del 24 de agosto de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones
de la demanda, para, en su lugar, negarlas, dado que no se demostró la existencia
de un daño antijurídico.
8. Condena en costas
De conformidad con el artículo 18869 del CPACA y con la disposición especial del
artículo 365 del CGP, numeral 470, para el caso particular se condenará en costas
a la parte demandante por ambas instancias, habida cuenta de la revocatoria total
de la sentencia de primera instancia. La liquidación de las costas la hará de
manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP71
y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir,
teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan
efectivamente probadas en el proceso.
En el presente caso, en ambas instancias se encuentra acreditada la gestión del
apoderado de la entidad demandada CAR Cundinamarca que, además, presentó
recurso de apelación buscando la revocatoria de la sentencia de primera instancia.
En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la
fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de las
demandadas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP.
69 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
70 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos
en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas (...). 4. Cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias”
71 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
En cuanto a las agencias en derecho en primera instancia, para los declarativos
en general con cuantía, deben fijarse hasta el 20% del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 672 del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
En ese sentido, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma
de $3’983.600 en favor de la CAR Cundinamarca, con fundamento en la relación
porcentual del 0.01% de las pretensiones que fueron formuladas en este litigio,
que ascienden a la cantidad de $39.836’000.000.
Por otra parte, frente a las agencias en derecho en segunda instancia, estas
podrán fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en
la sentencia, según lo dispuesto en el artículo 673 del ya referido Acuerdo.
En tal virtud, se fijan las agencias en derecho de segunda instancia en suma de
$3’983.600 en favor de la CAR Cundinamarca, con fundamento en la relación
porcentual del 0.01% de las pretensiones que fueron formuladas en este litigio,
que ascienden a la cantidad de $39.836’000.000, las que serán liquidadas por
Secretaría según los parámetros previstos en la normativa ya citada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
72 “Artículo. sexto. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
3.1. ASUNTOS. […] 3.1.2. Primera instancia. […] Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
73 “Artículo. sexto. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
3.1. ASUNTOS. […] 3.1.3. Segunda instancia. […] Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia.
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Radicado: 25000233600020150287202 (69201)
Demandante: Flores Sagaró S.A.
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de agosto de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR EN COSTAS, por ambas instancias, a la parte
demandante, en favor de la entidad demandada.
Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma
de $3’983.600 en favor de la CAR Cundinamarcal, monto que deberá pagar la
parte actora.
Como agencias en derecho en esta instancia, se fijan en suma equivalente a
$3’983.600, en favor de la CAR Cundinamarca.
CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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