Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-03037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-03037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2015-03037-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de marzo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1º) de marzo de dos mil veintitrés (2023).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Demandantes: RAFAEL EDUARDO OROZCO MARIÑO
Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Acción: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR
JURISDICCIONAL
Síntesis del caso: el señor Rafael Eduardo Orozco Mariño inició un proceso de reparación
directa en contra de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad a
la que fue sometido, la acción fue conocida en segunda instancia por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado quien, en sentencia del 29 de mayo de 2014,
declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la demandada y la condenó a
pagar una indemnización por concepto perjuicios materiales y morales. La parte
demandante considera que en la liquidación de perjuicios de la sentencia del 29 de mayo
de 2014 y en la decisión del 13 de agosto de 2014 que negó su aclaración y/o corrección
se incurrió en un error jurisdiccional y, por tanto, que se le causó un daño antijurídico que
debe ser reparado. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 112 a 123
cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 12 de julio de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A (fls. 99
a 108 cdno. apelación) que dispuso:
“PRIMERO: Se NIEGAN las pretensiones de la demanda conforme a la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: La parte demandante deberá cancelar a título de agencias
en derecho a favor de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, la suma de ocho
millones de pesos (…).” (fl. 108 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas
fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
1) Mediante escrito radicado el 18 de diciembre de 2015 (fl. 4 cdno. 3), el señor
Rafael Eduardo Orozco Mariño, por intermedio de apoderado judicial, promovió
demanda de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA contra la
Nación - Rama Judicial (fls. 4 a 23 cdno. 1) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA. Que se declare que la Nación-Rama Judicial le causó un daño
antijurídico al señor RAFAEL EDUARDO OROZCO MARIÑO con las
providencias que profirió la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado el 29 de mayo y el 13 de agosto de 2014 dentro del
proceso 25000232600020000066401 (26.959), por cuanto que en las
mismas se incurrió parcialmente en error judicial.
SEGUNDA. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se
condene a la Nación-Rama Judicial al pago de los perjuicios que se le
ocasionaron al señor RAFAEL EDUARDO OROZCO MARIÑO con
motivo de los errores judiciales cometidos en la expedición de las
providencias del 29 de mayo y del 13 de agosto de 2014 dentro del
proceso 25000232600020000066401 (26.959) (…).” (fls. 4 a 5 cdno. 1 -
mayúsculas fijas y negrillas del texto original).
2) En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda, se expuso lo
siguiente:
“1. Lucro cesante:
La suma de $789.329.456 por concepto de la diferencia entre el valor del
lucro cesante reconocido equivocadamente en la sentencia del 29 de
mayo de 2014 y el valor que ha debido reconocerse hasta dicha fecha
(abril de 2014) por este concepto de conformidad con las pruebas que se
encontraban en el expediente, discriminada así:
a) Lucro cesante erróneamente reconocido por el Consejo de
Estado:
• Periodo de detención según la sentencia del 29 de mayo de 2014: del
28 de junio de 1993 el 14 de febrero de 1994 = 7,55 meses.
• Salario devengado mensualmente:
i) Salario devengado en dólares: US $3.165.
ii) Tasa de cambio aplicable: COP $820,13
iii) Salario devengado mensualmente en pesos: COP $2.595.712.
• Actualización del salario mensual a valor presente: $15.183.844.
• Salario por todo el tiempo de detención más los intereses legales del
artículo 1617 del CC reconocidos por el Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de mayo de 2014:
Ingresos mensuales de la víctima el momento de su detención:
$15.183.844.
Periodo a indemnizar: 7,55 meses.
Periodo que una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber
obtenido su libertad según el SENA: 8,75 meses.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
Periodo consolidado: 16,3 meses.
• Valor del lucro cesante reconocido por el Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de mayo de 2014: $256.928.870.
b) Lucro cesante que debió reconocer el Consejo de Estado:
• Periodo de detención según se encuentra aprobado en el proceso: del
28 de junio de 1993 al 5 de junio de 1994 = 11,2 meses.
• Salario devengado mensualmente de conformidad con lo certificado por
el Banco de la República y el dictamen pericial practicado en el proceso:
i) Salario Marcos Alemanes: DM 13.608,60
ii) Tasa de cambio aplicable: COP 628, 86.
iii) Salario devengado mensualmente en pesos: COP 8.557.904.
• Actualización a valor presente del salario mensual, desde junio de 1993
hasta abril de 2014 (que son las mismas fechas que tomó la sentencia):
$50.060.207.
• Salario por todo el tiempo de detención más los intereses legales del
artículo 1617 del CC, reconocidos por el Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de mayo de 2014:
Ingresos mensuales de la víctima al momento de su detención
$50.060.207.
Periodo a indemnizar: 11,2 meses.
Periodo que una persona requiere para conseguir trabajo luego de haber
obtenido su libertad según el SENA: 8,75 meses.
Periodo consolidado: 19,95 meses.
$1.046.258.326.
c) Diferencia entre la suma que debió reconocer el Consejo de
Estado y la efectivamente reconocida a abril de 2014:
Lucro cesante faltante: $1.046.258.326 - $256.928.870.
Lucro cesante faltante: $789.329.456
2. Daño emergente:
La suma de $195.495.557 por concepto de la diferencia entre el valor del
daño emergente reconocido equivocadamente en la sentencia del 29 de
mayo de 2014 y los honorarios pagados al doctor Luis Enrique Cuervo
según certificación que obraba como prueba en el proceso, debidamente
actualizados hasta dicha fecha (abril 2014), así:
a) Daño emergente reconocido erróneamente por el Consejo de
Estado:
• Suma reconocida por daño emergente: 15 SMLMV a la fecha ejecutoria
de la sentencia.
• Salario mínimo del año 2014: COP $616.000.
• Valor del daño emergente: COP $9.240.000.
b) Daño emergente que debió ser reconocido por el Consejo de
Estado:
• Valor certificado por el doctor Luis Enrique Cuervo: COP $35.000.000.
• Actualización: $204.735.557.
c) Diferencia entre la suma que debe reconocer el Consejo de Estado
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
y la efectivamente reconocida a abril de 2014:
Daño emergente faltante = $204.735.557 - $9.240.000.
Daño emergente faltante = $195.495.557
3. Actualización de intereses sobre los perjuicios materiales
causados desde la fecha de la sentencia hasta noviembre 2015:
a) Cálculo de los perjuicios materiales causados abril de 2014:
Perjuicios materiales = Daño emergente + lucro cesante.
Perjuicios materiales = $195.495.557 + $789.329.456.
Perjuicios materiales = $984.825.013
b) Actualización de los perjuicios materiales causados hasta
noviembre de 2015:
$1.062.177.493.
c) Cálculo de la actualización con los intereses legales del artículo
1617 del CC hasta noviembre del 2015:
• Fecha de la sentencia: 29 de mayo de 2014.
• Meses transcurridos hasta 29 de noviembre de 2015: 18 meses.
• Capital: $162.177.493.
• Tasa: 6% anual.
• Intereses: $1.062.177.493 *6% = $63.730.649
$63.730.649/12 = $5.310.887.
$5.310.887 *18 = $95.595.966.
4. Total perjuicios actualizados e intereses de noviembre de 2015:
• Capital actualizado a noviembre de 2015: $1.062.177.493.
• Intereses de noviembre de 2015: $95.595.966.
• Total: $1.157.773.459 (…).” (fls. 18 a 22 cdno. 1 - mayúsculas fijas y
negrillas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 29 de mayo de 2014, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad del señor Rafael Eduardo Orozco
Mariño y, en consecuencia, la condenó al pago de perjuicios materiales por
concepto de lucro cesante y daño emergente, así como también perjuicios morales.
2) En la liquidación del lucro cesante, de manera errónea, se precisó como fecha en
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
la que el señor Orozco Mariño recuperó su libertad el 14 de febrero de 1994 cuando
en realidad lo fue el 5 de junio de 1994; además, se señaló de manera equivocada
que devengaba un salario mensual de tres mil ciento sesenta y cinco dólares (USD
3.165), cuando en realidad percibía trece mil seiscientos ocho marcos alemanes
(DM 13.608).
3) En la liquidación del daño emergente, de manera errada, se incorporaron apartes
de otra decisión judicial, de modo que se señaló que únicamente había lugar a
reconocer 15 SMLMV1 en favor de la señora “Sonia Magaly Urrea Ordóñez” -quien
era ajena al proceso de reparación directa- porque no había más información que
permitiera determinar la totalidad de los gastos en que incurrió por concepto de pago
de honorarios de abogado. El señor Orozco Mariño, a diferencia de lo que pudo
haber ocurrido en el caso de la señora Urrea Ordóñez, sí demostró los costos en
los que incurrió por concepto de su defensa técnica en el proceso penal.
4) El 17 de junio de 2014, presentó solicitud de corrección y/o aclaración de la
sentencia la cual fue negada en providencia del 13 de agosto de 2014, a pesar de
que los elementos materiales probatorios obrantes en el expediente demostraban
claramente los yerros cometidos.
5) La autoridad judicial, en la liquidación de perjuicios, incurrió en errores judiciales
por los cuales el señor Orozco Mariño no obtuvo una indemnización justa e integral
(fls. 4 a 23 cdno. 1).
3. Contestación de la entidad demandada
Por auto del 26 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A admitió la demanda y ordenó la notificación personal
del Director Ejecutivo de Administración Judicial (fls. 28 a 29 cdno. 1).
Mediante escrito radicado el 20 de junio de 2016, la Nación - Rama Judicial se opuso
a las pretensiones de la demanda y esgrimió los siguientes argumentos de réplica:
1
Salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
1) La parte actora no allegó la documentación respectiva para probar el término de
duración de la detención que adujo en la demanda, por ende, el periodo de privación
de la libertad que fue tomado en cuenta para la liquidación del perjuicio material por
lucro cesante se hizo de acuerdo con las decisiones proferidas por la Fiscalía
General de la Nación.
2) La certificación anexada para demostrar el pago de los honorarios de abogado
no era la prueba idónea para probar el perjuicio material por daño emergente, en
consecuencia, se tuvo que recurrir a los precedentes jurisprudenciales para su
reconocimiento.
3) La parte actora pretende crear una tercera instancia de manera que desconoce
el juicioso análisis que se efectuó en la sentencia del 29 de mayo de 2014 (fls. 41 a
46 cdno. 1).
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A en
providencia del 12 de julio de 2018 negó los requerimientos de la demanda; como
argumentos de la decisión el a quo señaló lo siguiente:
1) Si bien la parte actora en el proceso de reparación directa por privación injusta
de la libertad sostuvo que el señor Orozco Mariño quedó en libertad el 5 de junio de
1994, lo cierto es que no se allegó ningún elemento material probatorio que lo
acreditara, de modo que la respectiva autoridad judicial que tuvo a su cargo el
proceso se vio en la necesidad de acudir a la resolución del 14 de febrero de 1994
que concedió la libertad provisional.
2) Para realizar la liquidación de la indemnización del perjuicio material por concepto
de lucro cesante en favor del señor Orozco Mariño, se tuvo en cuenta la resolución
número 0388 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se
precisó el salario que aquel percibía en el ejercicio del cargo de Ministro
Plenipotenciario de la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Francia.
3) En relación con la indemnización del daño emergente se observa que, si bien se
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
allegó una certificación suscrita por el abogado Luis Enrique Cuervo en la que
sostuvo que recibió por concepto de honorarios la suma de $35.000.000, lo cierto
es que no se demostró que ese valor fue efectivamente pagado y, en ese sentido,
no resultó caprichoso que la autoridad judicial haya liquidado la indemnización de
conformidad con las tarifas legales de la corporación Colegio Nacional de Abogados
(fls. 99 a 108 cdno. apelación).
5. Recurso de apelación
El 3 de agosto de 2018, la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones
de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:
1) El a quo perdió de vista el error que se pretende atribuir en la decisión dictada
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado pues, en esta al
momento de liquidar el lucro cesante se sostuvo que el señor Rafael Eduardo
Orozco Mariño quedó en libertad el 14 de febrero de 1994, cuando en realidad lo
fue el 5 de junio de 1994, en todo caso, era un hecho que su detención se prolongó,
por lo menos, hasta el 20 de mayo de 1994, fecha en la que quedó ejecutoriada la
resolución en la que la fiscalía aceptó sustituir la caución prendaria para acceder al
beneficio de la libertad provisional por caución juratoria.
2) En la sentencia impugnada no se tuvo en cuenta que la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado ignoró por completo la certificación DCIN-
SO-10808 del 20 de abril de 1999 expedida por el Banco de la República, que
permitía establecer el salario mensual que devengaba el señor Rafael Eduardo
Orozco Mariño en un mayor valor que el reconocido en la sentencia que se
cuestiona con la demanda.
3) La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado desconoció la
certificación suscrita por el abogado Luis Enrique Cuervo, en la que declaró haber
recibido del señor Orozco Mariño la suma de $35.000.000 por concepto de
honorarios profesionales; además, calculó el valor con base en las tarifas de la
corporación Colegio Nacional de Abogados no porque rechazó dicha certificación
sino, por el error que cometió en la sentencia de incluir párrafos de otro proceso.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
4) La condena por agencias en derecho fue desproporcionada si se tiene en cuenta
que durante el trámite del proceso se actuó de buena fe y sin temeridad, además,
el servicio prestado por los apoderados de la parte demandada fue deficiente (fls.
112 a 123 cdno. apelación).
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 6 de noviembre de 2018 (fl. 131 cdno. apelación) se admitió el recurso
de apelación y el 13 de febrero de 2019 (fl. 135 cdno. apelación) se corrió traslado
a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común
de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera
concepto.
En dicha oportunidad procesal, la Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público
solicitaron que se confirme la sentencia de primera instancia (fls. 137 a 148, 155 a
161 cdno. apelación), mientras que la parte actora reiteró los argumentos
planteados durante el trámite del proceso (fls. 152 a 154 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna2, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Nación - Rama Judicial es patrimonial y
extracontractualmente responsable por las decisiones proferidas por la Subsección
2
La providencia enjuiciada se profirió el 29 de mayo de 2014 y cobró ejecutoria el 25 de agosto de
2014 según constancia secretarial (fl. 70 cdno. 2), la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó
el 4 de agosto de 2015 (fl. 3 cdno. 2), mientras que la demanda se formuló el 18 de diciembre de
2015 (fl. 4 cdno. 3), de modo que se interpuso en tiempo de conformidad con el literal i) numeral 2
del artículo 164 del CPACA.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 29 de mayo de 2014 y el 13 de
agosto de 2014 en el proceso de reparación directa con radicación número
25000232600020000066401 promovido en su momento por el señor Rafael
Eduardo Orozco Mariño y otro y que se acusan de haber incurrido en un error
jurisdiccional con el que se causó un daño antijurídico al demandante.
La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de
pretensiones, debido a que el demandante pretende reclamar en este proceso las
mismas peticiones que en su momento formuló en el proceso de reparación directa
por privación injusta de la libertad que culminó con la referida sentencia del 29 de
mayo de 2014 acusada de error jurisdiccional, es decir, la parte actora no solicitó
una pretensión específica y diferente sobre el daño que ocasionó la decisión judicial
que adolece de error, razón por la cual sus argumentos se orientaron a reabrir el
debate del proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad que ya
hizo tránsito a cosa juzgada, lo cual no es procedente porque el presente proceso
no es una tercera instancia de aquel otro proceso judicial.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:
“ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.
ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.
2) Previamente a efectuar el análisis sobre el cumplimiento de estos requisitos en
el presente caso, los cuales pertenecen a la imputación, es necesario precisar la
concreción del daño derivado de la sentencia enjuiciada por ser el primer elemento
de la responsabilidad de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.
La Sala observa que las pretensiones de la demanda de reparación directa por
privación injusta de la libertad y las del proceso de la referencia son casi idénticas
toda vez que, en ambos casos se solicitó, entre otros aspectos, lo siguiente: i) el
pago del lucro cesante como consecuencia de los dineros dejados de percibir por el
señor Rafael Eduardo Orozco Mariño durante el tiempo en que estuvo detenido y,
ii) el pago del daño emergente como consecuencia de los honorarios de abogado
que se tuvo que cancelar por la defensa técnica del señor Orozco Mariño. En la
demanda de reparación directa por privación injusta de la libertad se concibieron y
redactaron las súplicas en los siguientes términos:
“PRIMERA: Que se declare que la Nación (Ministerio de Relaciones
Exteriores, Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de la
República) son responsables por la totalidad de los daños y perjuicios
ocasionados a Rafael Eduardo Orozco Mariño (…) por las actuaciones
ilegales y omisiones que se presentaron en las investigaciones
disciplinaria, penal y fiscal en contra de Rafael Eduardo Orozco Mariño.
SEGUNDA: Que se condene a la Nación (Ministerio de Relaciones
Exteriores, Fiscalía General de la Nación y Contraloría de la República) a
pagar el valor de los perjuicios materiales, incluyendo el daño emergente
y el lucro cesante, causados a mis poderdantes, Rafael Eduardo Orozco
Mariño (…), por valor superior a la suma de $1.000.000.000 moneda
corriente, o la que aparezca demostrada en el curso de la actuación,
según la siguiente desagregación y la prueba pericial que se practique
dentro del proceso:
2.1. El valor de los ingresos, según el salario que tenía Rafael Eduardo
Orozco Mariño como Ministro Plenipotenciario Grado Ocupacional 6EX,
en la Embajada de Colombia en Francia, dejados de percibir por causa de
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
la suspensión en el ejercicio de su cargo, obligado por la declaratoria de
insubsistencia de su nombramiento y posterior destitución, así como por
la medida de detención preventiva que fue formulada en su contra.
Estas sumas deberán ser pagadas con la adición de los salarios caídos
entre las fechas en que se debieron haber percibido y la fecha en que
efectivamente lo reciba.
Subsidiariamente, la fecha última de corte para los dos anteriores
conceptos será la fecha hasta la cual permaneció el doctor Álvaro Gómez
Hurtado, embajador de Colombia en Francia.
2.2. El valor de los gastos propios y que tuvo que hacer su familia, para
atender sus necesidades personales durante el tiempo en que estuvo
vigente la medida de detención preventiva, hasta cuando se prestó
efectivamente la caución juratoria, así como todos los gastos y costos que
implicó su defensa en la investigación ante la Contraloría General de la
República y la Fiscalía General de la Nación.
2.3. El valor equivalente al salario mensual que devengaría una persona
que posea una hoja de vida y una formación profesional como la de Rafael
Eduardo Orozco Mariño, según estimación pericial al respecto, por todos
los meses durante los cuales permaneció sin trabajo remunerado, por
causa de no encontrar quien lo empleara en razón de los hechos de esta
demanda, y por lo que, sin tener trabajo, ha dejado de percibir por el daño
en su hoja de vida profesional.
2.4. El valor equivalente a diez mil gramos oro, como compensación por
los daños causados a la vida y a sus condiciones materiales de existencia,
pagaderos a cada uno de los demandantes.
TERCERA: Que se condene a la Nación (Ministerio de Relaciones
Exteriores, Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de la
República, a pagar el valor compensatorio del daño moral causado a mi
poderdante, Rafael Eduardo Orozco Mariño, por concepto de daños
morales (…)” (fls. 542 a 543 cdno. 5 - mayúsculas fijas y negrillas del texto
original).
3) Como puede fácilmente observarse, estas pretensiones se asemejan a lo
requerido al inicio de la presente providencia, esto es, a las formuladas por vía de
reparación directa por privación injusta de la libertad.
En ese orden de ideas, por medio de la acción de reparación directa que dio origen
a este otro proceso el demandante pretende, indebidamente, reabrir el debate del
proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad, el cual ya fue
tramitado y decidido en su momento por el juez competente del caso.
Al margen de que hubiera existido el error jurisdiccional alegado o no, la Sala
encuentra que el demandante busca crear, caprichosamente, una tercera instancia
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
para la misma controversia ya resuelta puesto que no identificó el daño cuya
indemnización reclama que se repare, sino que, persigue la misma finalidad del
primigenio proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad ya
definido y concluido con antelación a este.
4) La Nación - Rama Judicial no puede responder por los daños causados por otras
personas (jurídicas o naturales) sino, exclusivamente, por aquellos causados por
los agentes judiciales en cumplimiento de su función jurisdiccional, de manera que
en este caso no se debía solicitar lo mismo que se le solicitaba a la Fiscalía General
de la Nación, esto es, el pago de los perjuicios materiales por concepto de lucro
cesante y daño emergente, sino, un daño autónomo, distinto, derivado de la decisión
judicial, pues, ello equivaldría a una instancia adicional frente a una jurisdicción que
carece de competencia para hacerlo.
5) En un caso similar a este y estudiado por esta misma Subsección, se explicó que
en los asuntos de error jurisdiccional no se puede invalidar la garantía del juez
natural, se hizo en los siguientes términos:
“No puede olvidarse que, en este escenario, se pretende, justamente, el
resarcimiento de un daño antijurídico autónomo y no, por sí sola la
‘detección’ de los errores judiciales para que, a título de reparación, se
satisfagan las pretensiones del primer proceso, en este caso, del proceso
laboral, olvidando con ello, la garantía de especialidad del juez y
convirtiendo al juez de la reparación directa en un juez que defina todas
las controversias sin importar su naturaleza.
Entrar a discutir si se cometió un error al concluir que no se demostró una
relación laboral continua por el periodo pedido porque no se allegaron la
totalidad de contratos que la demostraban o que debió accederse a las
pretensiones respecto de los periodos en los que sí se había aportado los
contratos, sin establecer primero, el daño que causó esa Sentencia y que
se pretende reparar, implica que el juez de reparación directa, en lugar de
estudiar la responsabilidad del Estado se limite a ser un juzgador de la
Sentencia adoptada en sede ordinaria laboral con el riesgo de invadir su
competencia y anular la garantía de juez natural”3.
Por consiguiente, la acción de reparación directa por error jurisdiccional no es un
medio para acudir a una instancia adicional y afectar la competencia del juez del
primer proceso judicial, no se constituyó para que el afectado insista en los
3
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 18 de noviembre de
2021, proceso no. 25000-23-26-000-2011-01397-01 (51.247), MP Alberto Montaña Plata.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
argumentos que no prosperaron en aquel, como en el sub judice donde se solicita
que se reconozca y se pague una indemnización integral por la privación injusta de
la libertad del señor Rafael Eduardo Orozco Mariño; por el contrario, su finalidad es
la de resarcir los perjuicios derivados del daño antijurídico causado con una
providencia judicial ejecutoriada que fue violatoria de la ley, esto es, el causado
exclusivamente por el Estado en su función de administrar de justicia, el cual debe
ser identificado y probado en esta jurisdicción de lo contencioso administrativo4.
Al respecto, en cuanto a la carga de individualizar el daño en estos casos esta sala
de decisión ha puesto de presente lo siguiente:
“[E]n los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error
judicial, además de demostrar el error judicial, la parte demandante tiene
la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización
pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en
el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error,
porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo
que se puede solicitar ahora es la reparación del sufrido como
consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo
que implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su
causación”5.
6) Asimismo, es pertinente anotar que la figura del error jurisdiccional, como fuente
de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, no está instituida para
quebrantar el principio de la cosa juzgada toda vez que el objeto, la causa y las
partes son distintos a los del proceso inicial, esto es, mientras que en el proceso
contencioso administrativo se busca el resarcimiento de los perjuicios derivados de
un daño antijurídico provocado en el ejercicio de la función jurisdiccional, concretado
en una decisión judicial ejecutoriada, en el proceso originario su objeto y causa es
cualquier otra distinta a ella. Por esta razón, ambas demandas no pueden pretender
lo mismo, como ocurrió en el presente caso, en el que el demandante no debía
reclamar una indemnización por la privación injusta de la libertad ante esta
jurisdicción por cuanto el juez administrativo no tiene competencia para analizarlos,
todo con el propósito de disertar la valoración y cuantificación de unos perjuicios
4
En similar sentido, ver: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida
el 26 de julio de 2021, proceso no. 47001-23-31-000-2009-00365-01(51784), MP Alberto Montaña
Plata.
5
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 9 de julio de 2021,
proceso no. 25000-23-26-000-2009-00744-01(47.042), MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
que ya definió el juez de la causa original y cuya decisión hizo tránsito a cosa
juzgada.
7) En consecuencia, ante la ausencia de individualización y acreditación del daño y
la evidente intención de obtener una instancia adicional del proceso de repación
directa por privación injusta de la libertad, que ya culminó con una decisión que ya
hizo tránsito a cosa juzgada, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda, no porque no se hubiere
configurado el error jurisdiccional sino, porque, se insiste, no se determinó el daño
cuya reparación reclama el demandante.
Igualmente, se advierte que en la providencia del 13 de agosto de 2014 mediante la
cual la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud
de aclaración y/o complementación de la sentencia solicitada por la parte actora en
la que se señalaron los mismos argumentos expuestos en el presente proceso, se
adujo que lo que se pretendía no era cuestionar un mero error aritmético sino fijar
una nueva forma de liquidación del perjuicio material (fls. 6 a 13, 63 a 69 cdno. 2).
3. Conclusión
Por no haberse individualizado y probado un daño cierto derivado de la providencia
acusada de contener error jurisdiccional se impone la confirmación del fallo apelado
por ser denegatorio de pretensiones.
4. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 del CPACA6 y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP7, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante. En los
términos del numeral 3.1.3. del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo
6
Artículo 188: “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
7
Artículo 365: “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia
la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…).
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código (…).”
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
Superior de la Judicatura8, se fija en seis (6) salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de esta providencia, por concepto de agencias en derecho.
Por otro lado, frente a la condena en costas de primera instancia se procederá a
confirmar la decisión del a quo en la medida que el demandante fue la parte vencida
en el proceso de la referencia y las agencias en derecho tasadas se encuentran
dentro de los parámetros del aludido Acuerdo 1887 de 2003.
Los gastos del proceso serán liquidados de manera concentrada por la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el artículo 366 del
Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia del 12 de julio de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A que negó las
pretensiones de la demanda por las razones expuestas en esta providencia.
2°) Condénase en costas de segunda instancia a la parte actora y fíjanse agencias
en derecho a su cargo en cuantía equivalente a seis (6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de esta providencia.
8
“Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
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Expediente 25000-23-36-000-2015-03037-01 (62.614)
Actor: Rafael Eduardo Orozco Mariño
Reparación directa
Apelación sentencia
3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad
con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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