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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-00363-01

Fecha
1 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-00363-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de junio de 2019, la cual quedará como sigue. SEGUNDO: DECLARAR el incumplimiento del contrato de obra nº. 03610 de 2013 celebrado entre el consorcio ACR-Herrán y la Secretaría de Educación Distrital de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia: TERCERO: DECLARAR que prosperan i) la pretensión segunda y decimosexta de condena por los intereses de mora por el pago tardío y/o no pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7, 11-17 y 19, por valor de $547.915.399; ii) la pretensión decimosexta por el no pago de las facturas n°. 17 y 19 por valor de $670.509.310; iii) la pretensión segunda de condena por la utilidad dejada de percibir por valor de $465.348.348 y iv) la pretensión décima primera de condena respecto de los materiales adquiridos y no pagados por valor de $310.714.686. Las anteriores cifras se incluyen en el balance final del contrato conforme a la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: NEGAR las excepciones de “excepción de contrato no cumplido”, existencia de sumas a cargo del contratista y en favor de la Secretaría de Educación Distrital” e “inexistencia de sobrecostos y perjuicios”. 41 Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518) Demandante: Consorcio ACR-Herrán Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación Acción: Controversias contractuales QUINTO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato nº. 03610 de 2013 celebrado entre el consorcio ACR-Herrán y la Secretaría de Educación Distrital., como sigue: VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $16.197.729.719 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 25 de agosto de 2015 DIFERENCIA RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL A FAVOR DE LA ENTIDAD Diferencia actualizada112 $981.523.634 RECONOCIMIENTOS Y CONDENAS QUE SE HACEN EN ESTA SENTENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO Facturas 17 y 19 actualizadas113 $670.509.310 Intereses moratorios $547.915.399114 Utilidad proyectada no percibida $465.348.348 Materiales de obra $310.714.686 TOTAL $1.994.487.743 DIFERENCIA A FAVOR DEL CONSORCIO $1.012.964.109 SEXTO: CONDENAR a Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital a pagar, en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-00363-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-HERRÁN y otros
Demandado: Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA – Principio de la autonomía de la voluntad /
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – Libertad probatoria / DICTAMEN PERICIAL –
Valoración / OBLIGACIÓN DE DAR – Retardo en el incumplimiento / INTERESES DE
MORA – Se causan por el incumplimiento de las obligaciones dinerarias / CONSTITUCIÓN
EN MORA – Ante la falta de mención expresa aplica lo previsto en el Código de Comercio
/ DEBER DE MITIGAR EL DAÑO – deriva del principio de buena fe objetiva y del deber de
colaboración de los contratistas del Estado.

Surtido el trámite de ley sin que advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante
en contra de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La controversia gira alrededor de los mayores costos que se le habrían causado a
los integrantes del Consorcio ACR-Herrán, como consecuencia de la falta de
planeación y la mayor permanencia en obra por incumplimientos que le atribuye a
la Secretaría Distrital de Educación, así como por la ocurrencia de otros eventos
cuyo reconocimiento se reclama a título de rompimiento del equilibrio económico
del contrato.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 19 de junio de 2019, por
medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR el incumplimiento del contrato Nº. 03610 de 2013
celebrado entre el Consorcio ACR-HERRÁN y la Secretaría de Educación
Distrital de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato Nº. 03610 de 2013 el
Consorcio ACR-HERRÁN y la Secretaría de Educación Distrital (sic).

TERCERO: CONDENAR al Consorcio ACR-HERRÁN a restituir a favor del LA
(sic) Secretaría de Educación Distrital la suma de $738.822.224.

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

CUARTO: Condenar en costas a la parte demandante. Se fija por concepto de
agencias en derecho a favor de la parte demandada, la suma equivalente al 1%
de la condena, por valor de $ 7.388.222.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección,
liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes devuélvanse al
interesado. Pasados dos años sin que la parte demandante los haya reclamado,
la mencionada secretaría declarará la prescripción a favor del Consejo Superior
de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o de la entidad
que haga sus veces.”1

2. El anterior proveído decidió la demanda y su reforma2 presentadas el 10 de
febrero de 2016 y el 10 de junio siguiente, respectivamente,3 por el Consorcio ACR-
Herrán integrado por ACR Constructora S.A.S. (30%), Construcciones ACR
Sucursal Colombia (50%) y Construcciones Javier Herrán S.L. (20%) (en adelante,
el consorcio, el contratista o, simplemente, el demandante) , cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos jurídicos se desarrollan, a continuación:

Pretensiones

3. La demandante formuló las siguientes pretensiones declarativas y de
condena4:

PRIMERA.- Que se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, incumplió el Contrato de Obra No. 03610 de
2013 celebrado con el CONSORCIO ACR-HERRÁN, por todas o cualquiera de las
siguientes causas:

a) La falta de adopción de las medidas necesarias y suficientes para mantener el
equilibrio económico y financiero del contrato, así como la equivalencia prestacional,
lo que se manifestó en la no legalización de la prórroga necesaria para finalizar el
objeto del contrato.
b) La inobservancia del principio de planeación.
c) La no entrega y/o entrega tardía de áreas libres para intervención.
d) La no entrega y/o entrega tardía de las definiciones técnicas y estudios y diseños
completos necesarios para dar continuidad al proyecto.
e) La no contratación oportuna de la interventoría de obra.
f) El pago tardío de las actas mensuales de obra.
g) El no pago de obras ejecutadas dentro y fuera del plazo del contrato, las cuales
eran necesarias para concluir el objeto del contrato o finalizar ciertos capítulos de
obra.
h) todo aquello que resulte probado en el proceso

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la prosperidad de todas, algunas o una de
las declaraciones anteriores, se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- a pagar al CONSORCIO ACR-
HERRÁN Y/O sus miembros, el valor de los sobrecostos y/o perjuicios de todo orden
padecidos por el contratista por la ocurrencia de hechos o circunstancias que no le

1
Folios 383 y 384, cuaderno del Consejo de Estado.
2
Folios 92 a 126, cuaderno 1.
3
De conformidad con el acta de recibo suscrita por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
la demanda fue presentada el 10 de febrero de 2016 (folio 49, cuaderno 1) y la reforma de la demanda el 10 de
junio de 2016 (folio 126, cuaderno 1).
4
Folios 92 a 95, cuaderno 1.

2

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

son imputables y que generaron una excesiva onerosidad para el cumplimiento de
las prestaciones a su cargo, tales como, improductiva, intereses moratorios por pago
extemporáneo de facturación y, en general, por todo aquello que resulte probado en
el proceso.

PRETENSIÓN EN RELACIÓN CON LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DEL
CONTRATO

TERCERA. - Que se declare que el Contrato de Obra No. 03610 de 2013 terminó
por vencimiento del plazo sin que el objeto del contrato haya podido concluir, por
causas que no le son imputables al CONSORCIO ACR-HERRÁN.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON LAS OBRAS EJECUTADAS DENTRO Y
FUERA DEL PLAZO DEL CONTRATO.

CUARTA. - Que se declare que una vez concluido el plazo del Contrato de obra N.
03610 de 2013 celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -
SED- y el CONSORCIO ACR-HERRAN, el contratista ejecutó obras que contaban
con respaldo presupuestal y eran necesarias para la culminación de ciertos
capítulos de obra; por las cantidades que resulten probadas en el proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que
subsidio de la pretensión cuarta, se declare que la ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, se ha enriquecido sin justa
causa a costa del correspondiente empobrecimiento del CONSORCI ACR-HERRÁN
Y/O sus miembros como consecuencia de la ejecución de obra por parte del
contratista una vez concluido el plazo del contrato, las cuales contaban con respaldo
presupuestal y eran necesarias para la culminación de ciertos capítulos de obra; por
las cantidades que resulten probadas en el proceso.

QUINTA. - Que como consecuencia de la declaración solicitada en la pretensión
cuarta principal se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARIA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, a pagar a favor del CONSORCIO ACR-
HERRÁN Y/O sus miembros el valor de las obras ejecutadas una vez concluido el
plazo del contrato las cuales contaban con respaldo presupuestal y eran necesarias
para la culminación de ciertos capítulos de obra; por las cantidades que resulten
probadas en el proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión quinta, y en el evento en que prospere la pretensión
subsidiaria a la cuarta pretensión principal, se condene a ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ- SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL -SED- a compensar al
CONSORCIO ACR-HERRÁN Y/O sus miembros, en los valores que se logren
probar en el proceso, como consecuencia de la ejecución de obras por parte del
contratista una vez concluido el plazo del contrato, las cuales contaban con respaldo
presupuestal, y eran necesarias para la culminación de ciertos capítulos de obra;
por las cantidades que resulten probadas en el proceso.

SEXTA. - Que se declare que, durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 03610
de 2013 celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- y el
CONSORCIO ACR-HERRÁN, el contratista ejecutó obras y actividades no incluidas
en el alcance inicial del objeto contractual las cuales, a pesar de no contar con
respaldo presupuestal, eran necesarias para la culminación del objeto del contrato

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

y la puesta al servicio de la obra pública, por las cantidades que resulten probadas
en el proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión sexta, se declare que la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ-
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL -SED-, se ha enriquecido sin justa
causa a costa del correspondiente empobrecimiento del CONSORCIO ACR-
HERRAN Y/O miembros como consecuencia de la ejecución de obras y actividades
ejecutadas durante el desarrollo del contrato, no incluidas en el alcance inicial del
objeto contractual las cuales, a pesar de no contar con respaldo presupuestal eran
necesarias para la culminación del objeto del contrato y la puesta al servicio de la
obra pública, por las cantidades que resulten probadas en el proceso.

SEPTIMA. Que como consecuencia de la declaratoria solicitada en la pretensión
sexta principal se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, a pagar a favor del CONSORCIO ACR-
HERRÁN Y/O sus miembros el valor de las obras y/o actividades ejecutadas durante
el desarrollo del contrato, no incluidas en el alcance inicial del objeto contractual las
cuales, a pesar de no contar con respaldo presupuestal eran necesarias para la
culminación del objeto del contrato y la puesta al servicio de la obra pública, por las
cantidades que resulten probadas en el proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA SÉPTIMA PRETENSION PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión séptima, y en el evento en que prospere la pretensión
subsidiaria a la sexta pretensión principal, se condene a ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- a compensar al
CONSORCIO ACR-HERRÁN Y/O sus miembros, en los valores que se logren
probar en el proceso, como consecuencia de la ejecución de obras y actividades
ejecutadas durante el desarrollo del contrato, no incluidas en el alcance inicial del
objeto contractual las cuales, a pesar de no contar con respaldo presupuestal eran
necesarias para la culminación del objeto del contrato y la puesta al servicio de la
obra pública, por las cantidades que resulten probadas en el proceso.

OCTAVA. - Que se declare que, durante el desarrollo del Contrato de Obra No.
03610 de 2013 celebrado entre la SECRETARÍA DE EDUCACION DISTRITAL -
SED- y el CONSORCIO ACR-HERRAN, el contratista ejecutó obras y actividades
incluidas en el alcance inicial del objeto contractual las cuales, a pesar de contar
con respaldo presupuestal no fueron reconocidas y pagas por la interventoría de
obra, por las cantidades que resulten probadas en el proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA OCTAVA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión octava, se declare que la ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, se ha enriquecido
sin justa causa a costa del correspondiente empobrecimiento del CONSORCIO
ACR-HERRÁN Y/O sus miembros como consecuencia de la ejecución, durante el
desarrollo del contrato, de obras y actividades incluidas en el alcance inicial del
objeto contractual las cuales, a pesar de contar con respaldo presupuestal no fueron
reconocidas y pagas por la interventoría de obra, por las cantidades que resulten
probadas en el proceso.

NOVENA. Que como consecuencia de la anterior declaratoria se condene a la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -
SED-, a pagar a favor del CONSORCIO ACR-HERRÁN Y/O sus miembros el valor
de las obras y actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato incluidas en

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

el alcance inicial del objeto contractual las cuales, a pesar de contar con respaldo
presupuestal no fueron reconocidas y pagas por la interventoría de obra, por las
cantidades que resulten probadas en el proceso.

PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA NOVENA PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que en
subsidio de la pretensión novena, y en el evento en que prospere la pretensión
subsidiaria a la octava pretensión principal, se condene a ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTA- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- a compensar al
CONSORCIO ACR-HERRÁN Y/O sus miembros, en los valores que se logren
probar en el proceso, como consecuencia de la ejecución de obras y actividades
ejecutadas durante el desarrollo del contrato, incluidas en el alcance inicial del
objeto contractual las cuales, a pesar de contar con respaldo presupuestal no fueron
reconocidas y pagas por la interventoría de obra, por las cantidades que resulten
probadas en el proceso.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES ADQUIRIDOS PARA
LA OBRA.

DÉCIMA.- Que se ordene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, a recibir de parte del CONSORCIO ACR-HERRÁN
Y/O sus miembros la totalidad de los materiales que fueron adquiridos con destino
al Contrato de Obra No. 03610 de 2013, por las cantidades y valores que resulten
probados en el proceso, y que no fueron instalados debido a la finalización del plazo
del contrato sin que se haya suscrito la prórroga requerida para terminar los trabajos
contratados.

DÉCIMA PRIMERA.- Que como consecuencia de lo anterior se condene a la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -
SED-, a pagar a favor del CONSORCIO ACR-HERRÁN Y/O sus miembros el valor
de los materiales que fueron adquiridos por éste con destino al Contrato de Obra
No. 03610 de 2013, por las cantidades y valores probados en el proceso, y que no
fueron instalados debido a la finalización del plazo del contrato sin que se haya
suscrito la prórroga requerida para terminar los trabajos contratados.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON LAS OBRAS Y/O EJECUTADAS
PARCIALMENTE

DÉCIMA SEGUNDA. - Que se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED-, está obligada a pagar la
totalidad de las obras y/o actividades ejecutadas parcialmente durante el desarrollo
del Contrato de Obra No. 03610 de 2013, en proporción a su grado de avance, las
cuales no pudieron concluirse debido a la finalización del plazo del contrato sin la
suscripción de la respectiva prórroga.

DECIMA TERCERA. - Que como consecuencia de lo anterior se condene a la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -
SED-, a pagar a favor del CONSORCIO ACR-HERRÁN Y/O sus miembros el valor
proporcional de las obras y/o actividades ejecutadas parcialmente por parte del
contratista durante el desarrollo del Contrato de Obra No. 03610 de 2013, las cuales
no pudieron concluirse debido a la finalización del plazo del contrato sin la
suscripción de la respectiva prórroga.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON LAS OBRAS Y/O ACTIVIDADES
EJECUTADAS CON DEFECTOS.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

DÉCIMA CUARTA. - Que se declare que la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- impidió al CONSORCIO ACR-
HERRÁN ejercer su derecho/obligación contractual de corregir los defectos de que
adolecían algunas obras y/o actividades ejecutadas durante el desarrollo
del contrato.

DÉCIMA QUINTA. - Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -
SED- a pagar el valor total de las obras y/o actividades que adolecían defectos al
momento de la finalización del plazo del contrato, y que no pudieron ser corregidas
por impedimento de la entidad.

PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN PRINCIPAL
DÉCIMA QUINTA. - Que en subsidio de la pretensión principal décima quinta, se
ordene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL -SED- a pagar al CONSORCIO ACR-HERRAN y/o sus integrantes el
valor proporcional que corresponda, de las obras y/o actividades que adolecían
defectos al momento de la finalización del plazo del contrato, y que no pudieron ser
corregidas por impedimento de la entidad.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON LAS OBRAS QUE DIERON ORIGEN A
LAS FACTURAS 17 Y 19 EMITIDAS POR EL CONTRATISTA.

DECIMA SEXTA. Que se condene a ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- a pagar al CONSORCIO ACR-
HERRÁN el valor de las obras que dieron origen a las Facturas 17 y 19 emitidas en
el marco del Contrato de Obra No. 03610 de 2013, junto con los intereses moratorios
que correspondan.

PRETENSIÓN EN RELACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Que se liquide judicialmente el Contrato de Obra No. 3610 de
2013 celebrado entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- y el
CONSORCIO ACR-HERRÁN y que dentro de dicha liquidación judicial se incluya el
reconocimiento de los sobrecostos y perjuicios de todo orden sufridos por el
contratista con ocasión de la celebración, ejecución y terminación de dicha relación
contractual, así como los valores que surjan de la prosperidad de todas o algunas
de las pretensiones de condena que anteceden.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON EL PAGO DE INTERESES.

DÉCIMA OCTAVA. - Que se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- al pago actualizado de las
sumas que resulten a su cargo, lo que procederá con base en el índice de precios
al consumidor certificado por el DANE (con el fin de evitar los efectos de la pérdida
del poder adquisitivo del dinero) desde la época de causación hasta la fecha de la
anual sobre tal monto de perjuicios ya actualizado, y para el mismo periodo.

PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA OCTAVA PRETENSION
PRINCIPAL.- Que se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOT SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- al pago actualizado de las sumas que resulten
a su cargo, con base en el índice de precios al consumidor certificado por el DANE
(con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero) desde

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

la época de la causación hasta la fecha de providencia que ponga fin al proceso y
que, adicionalmente, se ordene el pago de intereses legales del seis por ciento (6%)
anual sobre tal monto de perjuicios y
actualizado, y para el mismo período.

SEGUNDA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA DÉCIMA OCTAVA PRETENSIÓN
PRINCIPAL.- Que se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- al pago actualizado de las sumas que resulten
a su cargo, actualizado con base en el índice de precios al consumidor certificado
por el DANE (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del
dinero) desde la época de la causación hasta la fecha de la providencia que ponga
fin al proceso, a la tasa de interés que determine el juez.

PRETENSION EN RELACIÓN CON LAS COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

DÉCIMA NOVENA. - Que se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- al pago de las costas del
proceso y las agencias en derecho en la cantidad que determine esa H. Corporación.

PRETENSIONES EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

VIGÉSIMA. - Que se ordene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ- SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- que dé cumplimiento a la sentencia a partir de
su ejecutoria, en los términos prescritos en los artículos 192 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

VIGÉSIMA PRIMERA. - Que sobre las cantidades liquidas reconocidas en la
sentencia se condene a la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ-SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DISTRITAL -SED- a pagar intereses de conformidad con el artículo
192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Hechos

4. En apoyo de sus peticiones, el consorcio relató, en síntesis, los siguientes
hechos:

5. El 19 de diciembre de 2013, la Secretaría de Educación Distrital (en adelante,
la entidad, la demandada o la SED) expidió la Resolución n°. 000342 a través de la
cual adjudicó el contrato de obra n°. 03610 al consorcio ACR-Herrán. El negocio
jurídico se suscribió el 27 de diciembre siguiente y su objeto consistió en el
reforzamiento estructural del edificio patrimonial del Colegio La Merced y la
construcción de dos edificios nuevos denominados Aulas y Cire, de acuerdo con los
planos y especificaciones entregados por la entidad, por valor de $16.197.729.719
y un plazo de ejecución de 15 meses.

6. Sostuvo que la demandada designó al consorcio Obras SED-2013 para que
asumiera la interventoría del contrato temporalmente. Agregó que sólo hasta el 26
de septiembre 2014 9 meses después de la suscripción del contrato se adjudicó
de manera definitiva la interventoría a Ingeobras S.A.S., lo que generó atrasos y
“traumatismos” debido a las nuevas “exigencias y estilo” del interventor.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

7. Relató que para la fecha de suscripción del acta de inicio 26 de mayo de
2014 , la entidad incurrió en varios incumplimientos que hizo consistir, en esencia,
en los siguientes: (i) la omisión de la obligación de mantener la licencia de
construcción vigente durante el plazo de ejecución del contrato; (ii) la omisión de la
entidad frente a la obligación de entregar libres las áreas de intervención, en la
medida en que las zonas a intervenir estaban ocupadas por estudiantes e
“individuos arbóreos”, situación que no era previsible; y, (iii) la falta de información
técnica, en tanto los diseños eran de mala calidad, pues presentaban varias
falencias técnicas en el área eléctrica e hidráulica, además de incoherencias con la
estructura física del edificio.

8. Explicó que los incumplimientos de la entidad conllevaron a la ejecución de
actividades adicionales no previstas en el alcance inicial del contrato, como la
construcción de aulas provisionales para el traslado de los estudiantes, el inventario
de árboles, la elaboración y presentación de APUs, la tala, bloqueo y/o traslado de
árboles, el tratamiento de terrenos y la elaboración de diseños, lo que generó graves
atrasos desde el inicio del contrato.

9. Aún sin que se terminara el contrato, el consorcio solicitó a la entidad la
prórroga del plazo, ante las múltiples falencias en la etapa de planeación del
contrato.

10. Indicó que, debido a diferencias entre la entidad y el contratista, no fue
posible suscribir la prórroga del contrato, a pesar de que para la fecha de finalización
el objeto llevaba un avance tan solo del 28%. Por tal motivo, el 28 de agosto de
2015 la interventoría notificó al contratista que se procedería con la toma de
posesión de las obras. El 31 de agosto del mismo año, el consorcio solicitó al
interventor que se le permitiera terminar las actividades inconclusas y reclamó el
pago total de las actividades realizadas en proporción a su avance, así como el valor
de los materiales adquiridos. No obstante, el 4 de septiembre se dio inicio a la
diligencia de toma de posesión de las obras por parte de la contratante, la cual se
prolongó hasta el 11 de septiembre siguiente y terminó con la suscripción del acta
de reunión técnica con algunas salvedades del contratista.

11. Con base en lo anterior, señaló que era evidente que la imposibilidad de
cumplir con el objeto contractual obedeció a incumplimientos de la demandada, lo
que le daba derecho a que se reconocieran los perjuicios causados, que hizo
consistir en: (i) los costos administrativos por improductividad; (ii) actividades por
fuera del alcance inicial del contrato; (iii) los intereses de mora por el no pago de
facturas en firme, facturas pagadas por fuera del plazo y aquellas que no fueron
pagadas; (iv) el pago del material adquirido para la ejecución del objeto del contrato,
(iv) las obras ejecutadas y no reconocidas por la entidad; y, (v) la utilidad dejada de
percibir.

Los fundamentos de derecho de la demanda

12. En el acápite de fundamentos de derecho, el consorcio invocó los artículos
3, 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 y la sentencia del 31 de agosto de 2006 (Exp. 14.287)
de esta Corporación en la que se desarrollaron algunas consideraciones sobre el

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Acción: Controversias contractuales

deber de planeación, la mayor permanencia en obra y sus efectos. Además,
desarrolló los siguientes argumentos:

13. Sostuvo que la entidad no se avino al cumplimiento del principio de
planeación que rige la contratación estatal porque no le suministró al consorcio
todas las herramientas y elementos necesarios para ejecutar el objeto, tales como
los diseños que resultaban indispensables para determinar los materiales y sus
cantidades , las zonas libres en las que se desarrollaría el objeto y la contratación
oportuna de la interventoría.

14. Señaló que como ejecutó cumplidamente sus obligaciones, pero la entidad
contratante impidió la realización del objeto, tiene derecho a que se le reconozcan
los sobrecostos y perjuicios sufridos, tomando como base la diferencia entre el valor
inicial del contrato y lo realmente pagado por la Secretaría.

15. Indicó que la jurisprudencia5 ha reconocido que el contratista tiene derecho
a recibir la utilidad esperada con la ejecución del objeto contractual en aquellos
casos en los que, por hechos imputables a la entidad contratante, se hace imposible
completarlo.

La defensa

16. El 27 de septiembre de 20166, la Secretaría de Educación Distrital contestó
la demanda y se opuso a las pretensiones de condena. Afirmó que no se opone a
la prosperidad de las pretensiones declarativas relativas a la liquidación del contrato.
En su defensa, formuló las excepciones de “contrato no cumplido”, “existencia de
sumas a cargo del contratista y en favor de la Secretaría de Educación Distrital” e
“inexistencia de sobrecostos o perjuicios”.

17. En relación con los hechos, aceptó unos, negó otros, y respecto de los
demás, dijo que se atenía a lo que lograran probar los demandantes en el proceso.
Señaló que nunca conoció ni autorizó la compra de materiales y la ejecución de
obras parciales, por lo que los costos asociados a estos conceptos no deben ser
reconocidos por la entidad. Insistió en que, de conformidad con el contrato, las
actividades no previstas sólo podían ejecutarse a través de un otrosí.

18. Al referirse a los retrasos por la ocupación de las áreas a intervenir, señaló
que el contratista en ningún momento se dedicó exclusivamente al traslado de los
árboles o al tratamiento silvicultural y, por ello no era posible afirmar que esto
hubiera afectado el programa de obra. Asimismo, el inventario de árboles estuvo a
cargo de un tercero que fue contratado exclusivamente por la interventoría para
dicha labor. Señaló que el contratista conoció o debió conocer las características
del área a intervenir, por lo cual debió calcular estas actividades y su incidencia en
los costos y cronograma de obra de ahí que no podría imputarse incumplimiento
alguno a la entidad.

5 Citó la sentencia del 27 de marzo de 1992 (Exp. 6353 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
6 Folios 150 a 188, cuaderno 1. La constancia de recepción por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo

obra al reverso del folio 188 del cuaderno 1.

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19. Frente a los retrasos asociados a la construcción de aulas provisionales para
el traslado de los estudiantes, sostuvo que desde la etapa de planeación del
contrato se previó que el contratista presentaría una propuesta para el diseño y
construcción de las aulas prefabricadas; no obstante, al tratarse de un frente
adicional y complementario a las acciones de obra, de ninguna manera pudo incidir
en los retrasos de los otros frentes de obra.

20. En línea con lo anterior, señaló que las pretensiones del contratista se
fundamentan en presuntas fallas en la etapa de planeación, lo que conllevó a que
se presentaran falencias técnicas y retrasos en el programa inicialmente planteado.
No obstante, sostuvo que el acompañamiento por parte del consultor fue
permanente y se subsanó cualquier vacío técnico en los comités de obra que se
realizaron, de modo que tampoco es posible aseverar que las falencias técnicas
fueron la causa que impidió cumplir con el objeto contratado.

21. Finalmente, respecto de los intereses moratorios derivados de las facturas,
explicó que en el contrato se fijaron detalladamente los requisitos que debían
cumplir para su radicación y pago. Asimismo, esgrimió que en la cláusula octava del
contrato se dispuso la forma de pago de las actas parciales de obra y se estableció
que serían liquidadas de acuerdo con la medición de obra ejecutada. Por tal motivo,
lo procedente era pagar únicamente los ítems y actividades recibidos a satisfacción
por la interventoría, de modo que no era posible como pretende el contratista el
recibo y reconocimiento de actividades ejecutadas parcialmente o
extemporáneamente. Del mismo modo, aquellas actividades ejecutadas dentro del
plazo contractual y recibidas a satisfacción por la interventoría pero que no pudieron
ser pagadas por la finalización del contrato, debían ser tenidas en cuenta al
momento de la liquidación.

Alegatos en primera instancia

22. Agotado el período probatorio7, los demandantes presentaron sus alegatos
de conclusión8, en los que reiteraron que la entidad es responsable de las causas
que impidieron al consorcio cumplir con el objeto del contrato dentro del plazo
establecido. Asimismo, señaló que quedó probado el incumplimiento de la entidad,
la vulneración al principio de planeación y el desequilibrio económico del contrato.
La entidad también presentó sus alegatos9 e insistió en los argumentos
desarrollados en su contestación, en particular, en que el consorcio no entregó la
obra contratada al finalizar el plazo. El Ministerio Público no se pronunció.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

7 Mediante auto del 25 de noviembre de 2016 proferido en audiencia inicial, el Magistrado Ponente profirió el

auto de pruebas (ver folios 247 a 250, cuaderno 1), en el cual decretó: (i) las aportadas con la demanda y en la
contestación de la demanda; (ii) oficiar a la Secretaría Distrital de Educación para que allegue copia integral del
expediente administrativo del contrato de obra n°. 03610 de 2013, (iii) oficiar al interventor Ingeobras para que
certifique las obras cuya ejecución no pudo ser validada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las obras
ejecutadas por el contratista y que no contaban con amparo presupuestal y las áreas de los diseños ejecutados
por el contratista relacionados con la red de incendios, estudio fitosanitario y diseños eléctricos; (iv) los
dictámenes periciales aportados por los demandantes con la demanda elaborado por el perito Rodríguez
Messier y la Sociedad Colombiana de Ingenieros; (v) los testimonios de Carlos Suta Borrero, Orlando Peña,
Mary Lucy Soto Caro y Jhonson Mario Cansario Pérez.
8 Folios 443 a 485, cuaderno 3.
9 Folios 494 a 498 del cuaderno 3.

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23. Como fundamento de su decisión, el Tribunal10 consignó las siguientes
razones:

24. Con base en los artículos 1494, 1495, 1530 y 1551 del Código Civil, afirmó
que en los contratos bilaterales puede suceder que alguna de las partes se sustraiga
del compromiso y no cumpla con la obligación pactada, incurriendo así en un
incumplimiento y que en este caso los demandantes atribuyen dicho incumplimiento
a conductas endilgables a la entidad, particularmente, derivadas de la vulneración
del principio de planeación.

25. Luego de referirse al informe preliminar de la oficina de Control Interno de la
SED y al informe de interventoría del 23 de noviembre de 2015, consideró que la
entidad tenía la obligación de mantener la licencia de construcción vigente y
entregar al consorcio los diseños con anterioridad al inicio de las obras, obligaciones
que no atendió de manera oportuna, por lo que incumplió el contrato.

26. Indicó que se presentaron inconsistencias técnicas que afectaron el
desarrollo del contrato, las cuales se debieron al transcurso del tiempo entre el
contrato de obra y la consultoría, lo que ocasionó que algunos aspectos técnicos
sufrieran modificaciones y hubiera una falta de correspondencia entre los diseños y
los espacios de construcción. Asimismo, señaló que hubo actividades adicionales
que afectaron el cronograma de la obra, como la construcción de aulas temporales,
el trámite de permisos silvicultores y la elaboración de diseños que, aunque se
habían contratado con la consultoría, estaban desactualizados.

27. Se refirió al dictamen pericial aportado por la demandante para determinar si
los diseños entregados al contratista eran aptos para la ejecución del proyecto. Sin
embargo, consideró que el dictamen no tenía mérito probatorio porque el perito,
arquitecta Luisa Vásquez, carecía de imparcialidad, pues para la época de los
hechos tenía una relación laboral con el contratista.

28. En relación con las obras ejecutadas y no reconocidas, indicó que de
conformidad con la sentencia de unificación de esta Corporación del 19 de
noviembre de 2012 (exp. 24.897), no se cumplían en este caso los supuestos de
hecho ni de derecho para la configuración de un enriquecimiento sin causa.

29. En cuanto a la pretensión de liquidación, señaló que como ese acto no se
había llevado a cabo, era procedente hacer el finiquito de cuentas por vía judicial,
para lo cual tuvo en cuenta, que: (i) el valor total del contrato fue $16.197.729.719;
(ii) que el valor ejecutado por el consorcio, instrumentado a través de las actas
parciales de obra, fue de $5.211.147.879,77, y (iii) que el valor pagado fue de
$3.463.963.293, de donde resulta un saldo a favor del contratista de
$1.747.184.586,77. No obstante, como al contratista se le entregó un anticipo por
$3.239.545.943,80 y éste sólo amortizó $865.990.825,25, se tiene que debe restituir
a la entidad $2.373.555.118,55. Así las cosas, al compensar las sumas adeudadas
mutuamente, resulta un saldo a favor de la entidad de $626.370.531,78, suma que,
una vez actualizada, ordenó a la demandante pagar a la demandada.

10 Ver folios 522 a 540, cuaderno principal.

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II. EL RECURSO DE APELACIÓN

30. El 8 de julio de 2019, el consorcio interpuso recurso de apelación11 contra la
sentencia de primera instancia con el objeto de que sea revocada parcialmente y,
en su lugar, se concedan íntegramente las pretensiones de la demanda. Para el
efecto, planteó las siguientes razones:

31. Señaló que la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse en frente a
todas las pretensiones declarativas y de condena contenidas en la reforma integral
de la demanda.

32. En cuanto a las pretensiones declarativas, expuso que, pese a que el
Tribunal reconoció el incumplimiento por parte de la entidad, no se pronunció frente
a: (i) el desequilibrio económico del contrato por la no suscripción de la prórroga; (ii)
la inobservancia del principio de planeación; (iii) la omisión en la entrega de las
áreas a intervenir; (iv) la no contratación oportuna de la interventoría; (v) el pago
tardío de las actas mensuales de obra; y, (vi) el no pago de obras ejecutadas dentro
y fuera del plazo contractual.

32.1. Se refirió a las obras no ejecutadas con o sin respaldo presupuestal, (vii)
frente a las que insistió que no hubo pronunciamiento del a quo. Agregó que les dio
a la mayoría el tratamiento de ejecutadas sin contrato, pero que muchas de ellas
fueron ejecutadas durante el contrato.

33. Frente a las pretensiones de condena sostuvo que, pese a que el Tribunal
reconoció el incumplimiento por parte de la entidad, no se refirió a (viii) los perjuicios
por sobrecostos administrativos por improductividad, (ix) los intereses por el pago
tardío o no pago de facturas y (x) el reconocimiento de los materiales adquiridos
para la ejecución de la obra.

33.1 En relación con los sobre costos por improductividad, durante y con
posterioridad a la finalización del plazo, y que no recuperó porque no se ejecutó el
contrato ni se pagaron tales costos, (xi) señaló que el a quo no se pronunció y pidió
que en esta instancia se tuvieran en cuenta los dictámenes periciales de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros y el contable con los cuales se acreditó ese perjuicio.

33.2. Esgrimió que el Tribunal (xii) no resolvió sobre la pretensión relativa al pago
de intereses por el no pago o el pago tardío de actas de obra, el cual se acreditó
con la prueba documental correspondientes a los folios 1150 a 1613 de los anexos
de la demanda que contiene las facturas presentadas para el pago, las cuales,
además, tuvo en cuenta el dictamen pericial contable.

33.3. Explicó que la sentencia (xiii) tampoco resolvió lo relacionado con la
existencia y el material adquirido para la ejecución del contrato y que no fue utilizado
por el consorcio para la ejecución del contrato. Indicó que de este perjuicio da cuenta

11 La sentencia del 19 de junio de 2019 fue notificada mediante la remisión, el 25 de junio de 2019, de sendos

mensajes de datos a las partes y al Ministerio Público y de conformidad con el artículo 203 del CPACA. De la
recepción de los respectivos mensajes dejó constancia la Secretaría del Tribunal (folios 541 a 547, cuaderno
principal). La parte demandante interpuso recurso de apelación mediante escrito del 8 de julio de 2019, dentro
del término de 10 días establecido en el artículo 247 CPACA (los días 29 y 30 de junio y 6 y 7 de julio fueron
inhábiles).

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el dictamen pericial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y los soportes
allegados con la demanda

34. Afirmó que el a quo erró en la forma en la que liquidó judicialmente el contrato
porque tuvo como pagadas las facturas n°. 17 y 19. Al respecto, afirmó que la
entidad reconoció, en la contestación de la demanda, que no efectuó el pago de
dichas facturas y, por ello, el pago total que recibió el consorcio fue de
$3.027.301.968 y no, como afirma el Tribunal, de $3.463.963.293.

35. Finalmente, esgrimió que el a quo incurrió en error al condenar en costas a
la demandante pues de conformidad con la motivación del fallo, se infiere que el
Tribunal reconoció el incumplimiento de la demandada y la liquidación judicial se
limitó a un ejercicio de compensación de saldos, motivo por el cual el fallo es
incongruente.

36. Mediante auto del 30 de julio de 2019, el Tribunal concedió el recurso de
apelación12 y a través de auto del 10 de octubre siguiente se admitió13. El 2 de
noviembre de 201914, se les corrió a las partes y al Ministerio Público el traslado por
el término de 10 días para alegar de conclusión15. En sus alegatos16, las partes
reiteraron lo expuesto. El Ministerio Público guardó silencio17.

III. CONSIDERACIONES

Cuestión preliminar

37. La parte recurrente alegó que la decisión del Tribunal omitió resolver la
mayoría de las pretensiones de la demanda.

38. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del Código General del
Proceso, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
de la demanda y, asimismo, con las razones de defensa de la parte demandada; de
manera que estos elementos delimitan el objeto alrededor del cual debe girar el
debate del proceso y, por tanto, los aspectos sobre los cuales ha de recaer el
pronunciamiento judicial final, es decir, constituyen pilares fundamentales que
garantizan el ejercicio, entre otros, del derecho de acción y, correlativamente, del
de contradicción y, a su vez, imponen al juez el deber de fallar de manera
congruente con lo pretendido en la demanda y su fundamento.

39. La motivación de las decisiones judiciales constituye un deber de los jueces
y un elemento constitutivo de la garantía al debido proceso18 que involucra el
examen crítico de las pruebas sobre los hechos y la formulación de los

12 Folios 574 a 576 del cuaderno principal.
13 Folio 583 del cuaderno principal.
14 Folio 438, cuaderno del Consejo de Estado.
15 El cual se hizo efectivo el 13 de enero de 2020 (folio 588 del cuaderno principal), por lo que el término para

presentar los alegatos venció el 28 de enero de 2020.
16 La parte actora presentó sus alegatos de segunda instancia mediante escrito del 27 de enero de 2020 (folios

589 a 616 del cuaderno principal). Por, su parte, la entidad presentó alegatos de conclusión mediante escrito
presentado el 27 de enero de 2020.
17 Ver constancia secretarial que obra a folio 622 del cuaderno del principal.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 26 de febrero de 2014. Exp. 27.345. C.P

Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Consideración jurídica 3.1.

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razonamientos legales necesarios para fundamentar la decisión, como se deduce
del artículo 280 del CGP. No basta tener razones para adoptar la decisión, sino que
hace falta expresarlas analíticamente. Las razones que justifican la decisión
corresponden a las premisas fácticas (los hechos probados) y a las premisas
jurídicas (las normas aplicables al caso). En este orden de ideas, la decisión no
estará justificada si no se deriva lógicamente de las premisas expresadas en el
razonamiento; así lo ha determinado la jurisprudencia de esta corporación.

40. En línea con lo expuesto, procede la Sala a determinar los aspectos que,
alegados en la apelación, fueron resueltos por el a quo y aquellos que no fueron
objeto de pronunciamiento.

41. Frente a las pretensiones declarativas -la primera pretensión-, la apelación
esgrimió que se pidió el incumplimiento del contrato por los siguientes motivos frente
a los que no se refirió el a quo: (i) La falta de adopción de las medidas necesarias y
suficientes para mantener el equilibrio económico y financiero, mediante la prórroga
del contrato, (ii) no mantener vigente la licencia de construcción, (iii) el
desconocimiento del principio de planeación y (iv) la no entrega de las definiciones
técnicas y diseños. En esa pretensión, expresamente se indicó que la declaratoria
de incumplimiento se pedía “por todas o cualquiera” de esas causas.

42. El Tribunal, con base en las pruebas obrantes en el proceso, especialmente,
con sustento en el informe preliminar rendido por la Oficina de Control Interno de la
SED y en el informe de interventoría del 23 de noviembre de 2015, acogió las
razones expuestas por la demandante como fundamento de las referidas
pretensiones. En efecto, aunque no individualizó cada uno de los puntos contenidos
en la pretensión primera declarativa, el a quo concluyó el incumplimiento porque se
presentaron inconsistencias técnicas que afectaron el desarrollo del contrato, no se
mantuvo vigente la licencia de construcción, existían deficiencias en los diseños, se
probó la existencia de obras adicionales y no se entregaron las instalaciones en
condiciones para iniciar los trabajos. De manera que frente a estos aspectos el fallo
expresó los motivos por los cuales tuvo acreditado el incumplimiento reclamado en
la pretensión primera declarativa.

43. En cuanto a las obras ejecutadas, la Sala aprecia que en la parte motiva del
fallo el tribunal resolvió estimar que no se configuraron los presupuestos que la
jurisprudencia tiene definidos para la procedencia del enriquecimiento sin causa.
Esta decisión corresponde a las pretensiones subsidiarias a las pretensiones cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava. Sin embargo, al realizar la liquidación del contrato,
otorgó valor probatorio al dictamen pericial rendido por la Sociedad Colombiana de
Ingenieros y, a partir de los valores allí definidos, estableció las compensaciones de
las sumas adeudadas mutuamente. De ese dictamen tuvo en cuenta la totalidad del
valor de las obras ejecutadas por el consorcio conforme a las pretensiones cuarta,
quinta, sexta, séptima y octava principales. Del total de las obras reconocidas y
verificadas por el perito, el Tribunal descontó las obras ejecutadas con defectos y
las no aprobadas por la interventoría, en la medida que solo podían tenerse en
cuenta aquellas que fueron útiles para la entidad. De manera que el valor total de
las obras ejecutadas pedidas por el consorcio y probadas pericialmente fueron
tenidas en cuenta por el a quo, sin que en el recurso de apelación el demandante
formulara reparos a sus conclusiones. De manera que sobre este punto sí hubo
14

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decisión en primera instancia, sin que los fundamentos de esa decisión fueran
objeto de apelación.

44. Ahora bien, con relación a los demás asuntos señalados en la apelación se
observa los siguiente:

45. Frente a: (i) los sobrecostos administrativos y (ii) los intereses por el pago
extemporáneo y/o no pago de las actas mensuales de obra y que corresponden a
la pretensión primera -declarativa- y segunda de condena y cuya cuantificación se
hizo en los numerales 4.1. y 4.2. de la reforma a la demanda, el a quo, en efecto,
no hizo ningún pronunciamiento.

46. De igual forma, en cuanto a la omisión en recibir los materiales de obra, que
corresponde a las pretensiones décima y décima primera, la sentencia de primera
instancia omitió realizar pronunciamiento, como lo señaló el recurso de apelación, y
que se cuantificó como perjuicio en el numeral 4.3. de la reforma a la demanda.

47. Tampoco se advierte que la sentencia hubiera realizado análisis alguno
frente a la utilidad, la cual fue cuantificada en la reforma a la demanda como perjuicio
en el numeral 4.6.

48. En consonancia con lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo
287 del CGP, el juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del
inferior siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado. En la misma
línea, según el artículo 328 del CGP, el objeto de la apelación debe circunscribirse
al estudio de los reproches del recurrente.

49. Por lo tanto, de cara a la resolución del caso concreto, se excluirá del análisis
del objeto de la apelación las pretensiones declarativas relacionadas con el
incumplimiento que generó la imposibilidad de ejecutar el contrato (violación a la
planeación, falta de diseños, no entrega de definiciones técnicas) pues así lo halló
probado el tribunal, aunque no se refirió a cada uno de los aspectos puntuales de la
primera pretensión. Asimismo, tampoco será objeto de estudio en segunda instancia
la pretensión de condena referente al pago de obras ejecutadas (pretensiones
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava principales), porque la totalidad de las obras
ejecutadas conforme al dictamen de la SCI fueron tenidas en cuenta por el a quo al
liquidar el contrato, con exclusión de las defectuosas y las no aprobadas por la
interventoría, decisión frente a la que el apelante no realizó objeción. Los demás
asuntos observados en la apelación serán decididos por la Sala, ante la falta de
pronunciamiento del juez de primera instancia.

El objeto de la apelación

50. Definido lo anterior, corresponde a la Sala determinar (i) si procede el
reconocimiento de costos administrativos por improductividad y (ii) si la SED
incumplió el contrato por a) el pago extemporáneo y/o no pago de las actas
mensuales de obra, b) la omisión en recibir los materiales de obra; (iii) si existió un
error en el balance que hizo el tribunal al tener por pagadas las facturas 17 y 19,
aspecto que la Sala resolverá con el anterior por hallarse ligados; y, (iv) si procedía
la condena en costas en primera instancia. En caso de que la respuesta a alguna o
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a todas las anteriores pretensiones sea afirmativa, la Sala se pronunciará sobre su
impacto en la liquidación del contrato.

Motivación de la sentencia

Los costos administrativos por improductividad.

50. El reparo del demandante radica en que a pesar de que se halló probado el
incumplimiento del contrato, el a quo no resolvió sobre los perjuicios que se
derivaron por costos administrativos por improductividad. En la demanda explicó
que a pesar de que no fue posible el cumplimiento del objeto contractual incurrió en
una serie de gastos que no pudo recuperar, como personal que mantuvo durante el
plazo de ejecución, el pago de impuestos, servicios públicos y pólizas. En la
demanda alegó que los pagos recibidos fueron parciales y que no pudo recuperar
la totalidad de esos costos administrativos. Indicó que esos costos estaban
acreditados con dos pruebas técnicas: (i) el dictamen de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros, que prueba la existencia del daño y (ii) el dictamen pericial contable
mediante el cual se cuantificaron los perjuicios.

51. La Sala empieza por señalar que los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de una parte del contrato deben ser ciertos, personales y directos,
no puramente eventuales, indirectos o hipotéticos; por tanto, para emitir una
condena no basta con que se encuentre probado el incumplimiento, sino que el
daño, con las características mencionadas, debe estar plenamente probado.

52. Para probar el daño es imprescindible acreditar los costos administrativos por
improductividad. Sin su demostración resulta imposible acceder a las pretensiones
indemnizatorias de la demanda, como tampoco es posible emitir una condena en
abstracto, en la medida que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193
del CPACA69 y 283 del CGP70, tal incidente está dispuesto para determinar la
cuantía del perjuicio, lo que supone que previamente en la sentencia se ha
establecido la existencia de un daño cierto, personal y directo –por ser un elemento
de la responsabilidad–, que, se reitera, en este caso sólo podía acreditarse
demostrando las erogaciones en las que afirman los demandantes haber incurrido.

53. Los daños que se reclaman en la demanda corresponden a los costos
administrativos en los que incurrió el consorcio y que no se recuperaron por la no
ejecución del contrato por culpa de la entidad. La jurisprudencia ha delimitado este
concepto al señalar que la administración corresponde a aquellos costos para la
operación del contrato, tales como gastos de disponibilidad de la organización del
contratista19. No se trata de erogaciones mayores a las previstas inicialmente, sino
de las que estaban planeadas, pero que dado el incumplimiento de la entidad y la
inejecución del contrato, no fueron pagadas. Por tanto, deben distinguirse los gastos
que surgen o deben sufragarse como consecuencia directa de la mayor
permanencia de obra, de aquellos que, como lo reclama la demanda, son propios
de la ejecución del contrato y que en principio están cubiertos por la remuneración
pactada y, por lo mismo, no pueden catalogarse como mayores costos.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2003, Rad. 17.554.

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54. En línea con lo anterior y de cara al reconocimiento de los perjuicios
derivados por costos administrativos se debe acreditar: (i) el incumplimiento, (ii) las
erogaciones en las que debió incurrir el contratista en razón o con ocasión de los
costos administrativos que fueron planeados para la ejecución del contrato; (iii) que
los costos administrativos en los que incurrió el consorcio son superiores a lo
pagado durante la ejecución del contrato o que no pudo recuperarlos con ocasión
del incumplimiento, por ejemplo, porque la obra no se ejecutó en el plazo
contractual; (iv) la necesidad de incurrir en esos costos, a pesar de que el contratista
tiene claro que no es posible la ejecución del contrato dadas las circunstancias que
afectan el cumplimiento de sus obligaciones.

55. Se demostró que el contrato finalizó por el cumplimiento del plazo y que para
ese momento solo se ejecutó un 28% de la obra20. Conforme a la decisión del
tribunal, la imposibilidad de ejecutar el contrato se debió al incumplimiento de la
entidad. La demanda afirma que, a pesar de no cumplirse el contrato por culpa de
la entidad, incurrió en costos administrativos que no fueron pagados a pesar de
estar cubiertos por el precio del contrato.

56. Sobre la configuración de este perjuicio, obra en el expediente el dictamen
pericial rendido por la Sociedad Colombiana de Ingenieros21, practicado para
determinar, entre otros aspectos, si se presentó o no un costo administrativo por
posible improductividad y precisar cuáles fueron las causas que determinaron la
ocurrencia de esta situación

57. Frente a los costos administrativos por improductividad concluyó:

Los problemas evidenciados fueron ratificados con posterioridad por la
Interventoría en oficio No.lO.TEM-204-14 del 23 de abril de 2015, en el cual da
respuesta a la solicitud de ampliación presentada por el contratista ACR
HERRAN, mediante el oficio OB-LME-INT-219A-15 del 16 de abril de 2015, así
: La Interventoría INGEOBRAS SAS, deja constancia, que aún existen
indefiniciones técnicas en la liberación de áreas "Arboles" ya que a pesar que
se aporta la autorización realizada por parte de la Supervisión en el Acta del 16
de septiembre de 2014, a la fecha 23 de abril de 2015, no se cuenta con la
Licencia por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. El Acta de comité de
obra del 24 de abril de 2015; donde el Supervisor de la SED, Ingeniero Carlos
Suta, informa que la Consultoría no va a atender la falta de diseños y pide que
el contrato se suspenda en tanto se soluciona este inconveniente. También
solicita que se lleven todos los costos administrativos por Mayor Permanencia,
tanto del Contrato de obra como de la Interventoría.

En general y acorde a la información contenida en las Actas de Comités de
obra y lo consignado en el Informe de Auditoría de Control Interno del 30 de
abril de 2015, se evidencian inconsistencias e insuficiencias técnicas para
ejecutar en debida forma el proyecto de la ID La Merced, en razón a que el
proyecto fue licitado sin completar la información de estudios, diseños y
trámites requeridos legalmente para este propósito.

20 Según da cuenta el informe de interventoría n.° IO-IEM-378-14
21 Cuaderno n°. 10.

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Acción: Controversias contractuales

Por lo anterior, la Sociedad Colombiana de ingenieros considera que, en esas
condiciones, no era posible mantener la productividad esperada en la ejecución
del contrato de obra No. 3610 de 2013., sin embargo, el contratista, no
abandonó el contrato.

La causa para que se generara este costo administrativo fue la presencia del
equipo humano dispuesto para atender el desarrollo del proyecto, quienes
dedicaron el tiempo establecido en el plazo contractual y que correspondía ser
costeado por El consorcio ACR HERRAN.

58. Para llegar a la conclusión referida, esto es, los costos por improductividad,
el experto aplicó la siguiente metodología: (i) realizó una recopilación de todos los
documentos que fueron generados durante la ejecución y desarrollo del contrato n.°
3610 de 2013, los cuales correspondieron a las diferentes etapas del proyecto e (ii)
hizo una trazabilidad de la totalidad de la documentación que produjeron las dos
interventorías contratadas para el seguimiento del contrato, así como la enviada por
el consorcio a la Secretaría.

59. La Sala considera que el dictamen pericial no permite concluir la
configuración del daño reclamado por los siguientes motivos.

60. En primer lugar, porque las conclusiones del dictamen se refieren,
principalmente, a las causas del incumplimiento del contrato. En efecto, para
adoptar sus conclusiones el dictamen se apoyó en las distintas comunicaciones y
documentos que las partes y las dos interventorías produjeron durante la ejecución
del contrato. De esas comunicaciones pudo advertir las distintas situaciones que
afectaron la ejecución normal del contrato. Así, tuvo en cuenta las reiteradas
comunicaciones del contratista en las que se indicaba la insuficiencia de los diseños.
También estudió las distintas actas de comités de obra, en las que se dejó
constancia de que el proyecto presentaba múltiples insuficiencias técnicas y
diferencias entre los diseños estructurales. Hizo referencia detallada a las
comunicaciones de las firmas interventoras y, en especial, al informe de auditoría
de 30 de abril de 2005, en las que se confirmaron todas estas situaciones que
afectaron la ejecución del contrato. De manera que estos soportes documentales se
refirieron a las causas del incumplimiento, pero no al daño en el que incurrió por
improductividad. Por lo demás, estas consideraciones son de orden jurídico, pues
tienen que ver con el análisis del cumplimiento, las cuales escapan al perito y
corresponden al juez del contrato.

61. En segundo lugar, el experto realizó visitas a las obras, las cuales le
permitieron concluir la existencia de una variedad de obras ejecutadas y otras
inconclusas que correspondieron con los incumplimientos que encontró probados el
a quo. Esas visitas y análisis posteriores no son suficientes, pues con ellas no puede
determinarse si en realidad el contratista, durante la ejecución del contrato, incurrió
en los costos administrativos que ahora demanda.

62. En tercer lugar, aunque el perito indicó que a pesar de las circunstancias de
ejecución, “el contratista no abandonó el contrato”, tal aserto no pasa de ser una
afirmación que no está soportada en anexos, cuentas de cobro, egresos, facturas u
otros elementos contables que permitan probar los costos en los que incurrió el

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contratista al ejecutar el contrato. Se reitera que el experto se limitó a analizar las
comunicaciones de las partes y a indicar los posibles incumplimientos de la entidad,
pero no a verificar de manera contable los costos administrativos. Incluso, revisados
los anexos del dictamen, llama la atención que allí relaciona 13 anexos con la
cuantificación de distintos rubros y ninguno corresponde a los costos administrativos
que, consideró, se produjeron de forma automática ante el incumplimiento de la
entidad.

63. En cuarto lugar, el perito tampoco analizó lo que se pagó durante la ejecución
por concepto de administración, con el fin de determinar si ese valor fue inferior al
total de los costos en los que pudo incurrir el consorcio para mantener el personal y
cubrir los demás gastos durante el plazo de ejecución del contrato.

64. En quinto lugar, el dictamen resulta contradictorio porque a pesar de concluir
la existencia de los costos administrativos, indicó expresamente que “luego de la
revisión detallada de los documentos del desarrollo contractual del contrato de obra
No.3610 de 2013, se evidenció que en varias ocasiones se requirió al contratista
Consorcio ACR HERRAN, para que diera cumplimiento a la cláusula tercera del
contrato No. 3610 de 2013, respecto a las obligaciones relacionadas con el personal
que no se consideraba completo”. De manera que, según el mismo dictamen no
siempre el contratista incurrió en los costos que, concluyó, se configuraron, porque
se le requirió para que dispusiera del personal de acuerdo con lo pactado en el
contrato.

65. Conforme al artículo 226 del CGP, la peritación es procedente para verificar
hechos que interesen al proceso y que requieran especiales conocimientos
científicos, técnicos o artísticos. El inciso tercero de ese mismo artículo establece
que no es admisible sobre puntos de derecho. Como el dictamen absolvió aspectos
que corresponden al juez del contrato, pues se basaron exclusivamente en el
incumplimiento, el dictamen pericial no tiene mérito probatorio. Además, no es
conducente para acreditar que el contratista incurrió en costos administrativos
derivados del pago de personal para ejecutar el contrato, pues se centró en las
causas del incumplimiento y su conclusión sobre su configuración no pasan de
afirmaciones sin soporte probatorio (artículo 232 del CGP).

66. En el proceso también obra el dictamen pericial contable y financiero
elaborado por Sergio Rodríguez Messier22. En ese dictamen el perito concluyó que
“Según los soportes físicos e información contable verificada este valor es de
novecientos setenta y seis millones quinientos treinta y siete mil quinientos diez
pesos (COP $976.537.510)”.

67. Como metodología de su experticia, el perito indicó que se centró “en estimar
lo que habría ocurrido de no haberse producido la infracción, examinando periodos
anteriores o posteriores a la infracción u otros mercados que no han sido afectados
por la misma”. Para el efecto, hizo referencia a la regulación del Código Civil sobre
daño emergente y lucro cesante y afirmó seguir los estándares de contabilidad y la
revisión financiera de los cálculos de acuerdo con la información suministrada. De

22 Cuaderno n.°9.

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su conclusión anexó un cuadro que contiene un listado de facturas cuyo total
correspondió al valor que estimó, asciende el daño.

68. En lo que concierne a los valores que calculó por costos de administración,
el perito se limitó a señalar que se sumaron los costos y gastos que el contratista
hizo, para lo cual tuvo en cuenta toda una serie de documentos a los que denominó
“comprobantes”. Sin embargo, no se halla en el dictamen una explicación que
permita deducir con claridad cuáles habrían sido los fundamentos técnicos o
científicos que lo llevaron a tomar como costos todos y cada uno de los egresos que
se reportaron en los documentos anexos a la experticia y tampoco los que lo
condujeron a afirmar que todos aquellos correspondieran a elementos que hubieran
estado disponibles por todo el tiempo del plazo del contrato.

69. En efecto, el valor de estos conceptos los dedujo solamente a partir de la
sumatoria de los documentos que se anexaron al dictamen, sin que se realizara o
expresara en la experticia, como exige la ley, los análisis que, elaborados sobre
tales documentos, condujeran a las conclusiones a las que arribó el perito. En línea
con lo anterior, es necesario reiterar que el solo documento que dé cuenta de un
egreso no es prueba de un costo, sino que de su contenido debe poder derivarse
mínimamente que: (i) el egreso tiene relación con el contrato de obra pública, (ii)
que lo asumió efectivamente el contratista, esto es, que pueda constatarse que hizo
una erogación con cargo a su patrimonio, (iii) que éste se causó en razón o con
ocasión de la ejecución del contrato y (iv) que se trató de una erogación que no
pudo, razonablemente, eludir el contratista. Estos aspectos debían ser corroborados
por el dictamen y puestos de presente al rendir la experticia y cuya ausencia le resta
credibilidad en relación con los gastos en los que incurrió el consorcio demandante.

70. Por todo lo anterior, la Sala concluye que no es posible dar por sentado que
los daños que alega la parte actora le fueron causados, estén demostrados y
asciendan a la suma indicada por el perito, en la medida que, por las razones
antedichas, el dictamen no es sólido, claro y exhaustivo, pues no da cuenta, con
esas características, del fundamento de sus conclusiones (artículo 232 del CGP).

71. La documentación anexa con la demanda tampoco permite concluir que los
eventuales costos en los que incurrió el contratista no fueron los indispensables para
la ejecución de los trabajos que sí pudieron realizarse. De ella no se desprende un
ejercicio comparativo que indique los costos administrativos para ejecutar el
contrato en un 28% ni en los que incurrió para ejecutar la variedad de obras
constatadas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros y cuantificadas en la
liquidación del a quo, frente a la totalidad de los gastos en que incurrió durante la
ejecución del contrato. Solo de esta manera podría clarificarse cuánto de ese total
correspondió a la ejecución del contrato y que se pagó y cuánto tuvo que costear
sin ejecutar las obligaciones pactadas.

72. Ahora bien, frente a ese eventual porcentaje de costos adicionales
improductivos por exceder lo necesario para ejecutar las obras que se realizaron y
las obras que el tribunal ordenó tener en cuenta al liquidar el contrato, esa
documentación tampoco permite inferir la necesidad del contratista de incurrir en
esos gastos a pesar de que tenía conocimiento de las circunstancias que afectan la

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ejecución del contrato. No puede determinarse si para el contratista resultaba
indispensable hacerlo en aras de garantizar parte de la ejecución de la obra.

73. Por el contrario, en el proceso se acreditó que el contratista fue requerido en
varias oportunidades por la interventoría para que dispusiera del personal necesario
para la ejecución de los trabajos23. Ello indica que no siempre, mientras estuvo
vigente el contrato, incurrió en la totalidad de costos administrativos cuyo pago se
debía recuperar con el precio del contrato.

El incumplimiento relacionado con el pago de facturas 17 y 19 y los intereses
de mora por el no pago o pago extemporáneo de varias facturas.

74. La parte actora esgrimió, en su recurso de apelación, en relación con las
facturas n.° 17 y 19 que: (i) el tribunal al realizar la liquidación del contrato se
equivocó al tenerlas como pagadas, pues, de conformidad con las pruebas que
obran en el proceso, quedó acreditado que estas no fueron desembolsadas y (ii)
que el a quo no se pronunció sobre los intereses de mora como consecuencia del
incumplimiento por el pago de las referidas facturas.

75. La recurrente formuló reproches contra la decisión de primera instancia,
porque omitió pronunciarse sobre los intereses moratorios por los días de retardo
en el pago de las facturas n°. 2, 3, 5-7 y 11-16.

76. La Sala procede a resolver, en primer lugar, lo relativo al pago de las facturas
nº. 17 y 19, pues el asunto de la mora que no fue decidido por el tribunal frente a
estas facturas requiere que se determine si fueron pagadas, aspecto que toca el
reproche de la apelación frente a la forma en que se hizo el balance del contrato en
la sentencia. En segundo lugar, procederá a determinar la existencia de la mora
frente a la totalidad de las facturas, esto es las n°. 2, 3, 5-7, 11-16, 17 y 19. Todo
ello, previas algunas consideraciones comunes a ambos asuntos, relativas a la
forma en que se pactó el pago de las actas en el contrato y la regulación legal sobre
la aceptación y pago de facturas, pues estas constituyeron el soporte de las actas
parciales de obra y son fundamentales para determinar si fueron pagadas y si se
configuraron intereses de mora.

77. Para determinar si surgió en cabeza de la SED la obligación de pago como
contraprestación por la ejecución de las actividades previstas en el contrato n°.
03610 de 2013 por parte del consorcio y si dicha obligación era o no exigible y, por
ende, si la demandada incurrió en mora, es menester analizar el contenido del
contrato n°. 03610 de 2013 y el pliego de condiciones de la licitación pública n°.
SED-LP-DCCEE-067-2013 que hacía parte integral de este, en los términos de la
cláusula vigésima segunda24.

23 Oficios IO-IEM-203-14 del 21 de abril de 2015, 10-EM- L34-14 del 05 de mayo de 2015; 10-EM-235-15 del

27 de mayo de 2015; 10-IEM--249-14 del 05 de junio de 2015;10-EM-286-14 del 10 de julio de 2015 y IO-IEM-
315-14 del 31 de julio de 2015, según da cuenta el dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingeniería.
24 De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, los pliegos de condiciones “forman parte esencial

del contrato porque son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los
proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y más allá, durante la vida del
contrato (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2001, rad. nº. 12.037).

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78. Las partes pactaron en la cláusula quinta del contrato que el plazo de
ejecución sería de 15 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio25.
Según las pruebas que obran en el proceso, el 26 de mayo de 2014 las partes
suscribieron el acta de iniciación del contrato nº. 03610 de 201326. El 25 de agosto
de 2015 terminó el contrato por el vencimiento del plazo y “entró en etapa de
liquidación”27. El 4 de septiembre de 2015, la entidad tomó posesión de la obra,
según da cuenta el acta de reunión técnica y, hasta la fecha de presentación de la
demanda, no se ha efectuado la liquidación bilateral o unilateral del contrato28.

79. De conformidad con la cláusula sexta, el valor del contrato de obra nº. 03610
de 2013 suscrito entre la SED y el consorcio fue de $16.197.729.719 estimados a
partir de las cantidades de obra y precios unitarios ofertados por el consorcio
durante la licitación nº. SED-LP-DCCEE-067-201329. Para respaldar el pago de
dicho valor, en la cláusula séptima se convino que los pagos que la SED realizaría
se harían de conformidad con la disponibilidad presupuestal nº. 2154 del 30 de
agosto de 2013 y 1832 del 9 de julio de 2013.

80. Dicho valor se pagaría mediante un anticipo de hasta el 20% del precio del
contrato y contra la suscripción de sucesivas actas de obras, en los términos de la
cláusula octava, que estableció que los pagos se harían previa presentación y
entrega por parte del contratista a la interventoría de las actas mensuales de obra y
de los informes correspondientes debidamente aprobados por aquella, descontando
el porcentaje del anticipo. El saldo correspondiente al 10% del valor de las actas
parciales ejecutadas sería cubierto en el último pago dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la firma y aprobación del acta de liquidación final de obra y del contrato.

81. Por su parte, el parágrafo sexto de la cláusula octava del contrato, en punto
a la elaboración y presentación de las actas de obra, dispuso: “las actas de pago
parcial de obra serán liquidadas de acuerdo con la medición de obras ejecutadas.
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada PAC
de la SED y de la Dirección Distrital de la Tesorería. La SED cancelará el valor del
acto una vez se cumplan con los requisitos establecidos en el contrato. Las actas
parciales de obra, contienen la ejecución del avance de las mismas en la
periodicidad pactadas en el contrato o diferentes al acta de recibo final de la obra,
estas y su pago tienen un carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y
cantidad de la obra aprobada (…)”30.

82. Conforme a la cláusula octava del contrato, la SED se obligó a pagar el valor
de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista, calculadas con base en los
precios unitarios ofertados por éste; es decir, la obligación de pago surgía como
contraprestación de la ejecución de las actividades previstas en el contrato por parte
del contratista. El surgimiento de la obligación, sin embargo, no significaba su
exigibilidad inmediata. En efecto, la exigibilidad de la obligación de pago a cargo de

25 Folio 539 del cuaderno 2.
26 Según da cuenta el acta de inicio, folio 549 del cuaderno 2.
27 Según da cuenta el informe de interventoría OB-LME-INT358-14 del 22 de septiembre de 2015, folios 191 a

198 del cuaderno 1.
28 Según da cuenta la certificación expedida por el director de construcción y conservación de establecimientos

educativos de la SED
29 Folio 539 del cuaderno 2.
30 Folio 541 del cuaderno 2.

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la SED estaba sujeta a que el consorcio elaborara las actas de obra con las
cantidades ejecutadas durante el respectivo mes de ejecución y los valores unitarios
respectivos de dichas actas, unos y otros debían contar con el aval del interventor
del contrato. De modo que, era un requisito que la interventoría suscribiera las actas
en señal de que recibía las cantidades de obra ejecutadas y de que daba su visto
bueno en relación con la calidad de los trabajos. En el caso del acta final de obra,
además de los requisitos ya señalados, era necesario que el consorcio aportara el
acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por las partes y el
interventor.

83. La sección 4.6.5 del pliego de condiciones referente a la forma de pago,
sistema de pago, cantidades de obra y liquidación de actas parciales 31 no contiene
disposiciones adicionales o contradictorias respecto de los términos contractuales
arriba señalados, pues en estas se precisó que el consorcio debía elaborar las actas
de obra con el aval del interventor y aportar los soportes previstos en la cláusula
octava del contrato.

84. Así las cosas, aparte de los mencionados requisitos, la Sala no encuentra
fundamento para afirmar la exigencia de alguno adicional o distinto a los que hizo
alusión la cláusula octava del contrato para la elaboración y presentación de las
actas parciales de obra. En esencia, el consorcio debía aportar las memorias de
obra y enlistar los ítems de obra y las cantidades ejecutadas, debidamente avaladas
por el interventor del contrato.

85. Ahora bien, reunidos los requisitos para el pago de las respectivas actas de
obra, se aprecia que el contrato no estableció un término o plazo para que la SED
cumpliera con las obligaciones a su cargo, en particular, con la prevista en la
cláusula cuarta: “realizar los pagos en la forma y monto indicados en el presente
contrato”. Sin embargo, ello no quiere decir que las obligaciones a cargo de la SED
sólo se hayan hecho exigibles a partir de la reconvención judicial, pues de
conformidad con las pruebas que serán analizadas más adelante, el consorcio
expidió y presentó a la entidad las respectivas facturas32 como soporte de las
cantidades de obra ejecutadas, como era su deber hacerlo según lo dispuesto en el
artículo 615 del Estatuto Tributario33. De esta manera, de conformidad con el primer
inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 199334 y dado que los plazos asociados al
cumplimiento de las obligaciones dinerarias no están regulados en las leyes
especiales, resultan aplicables en esta materia las disposiciones del Código de
Comercio, en particular, lo referente a los términos de aceptación y pago de facturas
(arts. 773 y 774 del C.Co.)35.

31 Folios 96 a 98 del cuaderno 2.
32 Folios 1150 a 1190 del cuaderno 4.
33 Artículo 615, Estatuto Tributario: “Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la

calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes
producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar
copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de
contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos
Nacionales […]” Vale señalar que el consorcio demandante está constituido por tres sociedades y, en tal virtud,
tiene la obligación de expedir factura.
34 De conformidad con el primer inciso del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 “[l]os contratos que celebren las

entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y
civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley.”
35 Esta subsección ha reconocido que, tratándose de facturas para el cobro de obligaciones derivadas de un

contrato estatal, resultan aplicables las disposiciones del Código de Comercio -modificadas por la Ley 1231 de

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86. La factura es el soporte contable de los bienes adquiridos o de los servicios
prestados y, en tal virtud, como lo precisa el artículo 18 de la Ley 962 de 200536, las
entidades estatales solo pueden pagar las obligaciones contractuales contraídas
previo cumplimiento de la obligación de expedir factura. Así las cosas, salvo acuerdo
especial, si el consorcio no presentaba la factura correspondiente, la obligación de
pago correlativa a la ejecución de las actividades del contrato, aunque existente, no
podía exigirse por faltar un requisito legal necesario para hacer el respectivo
desembolso.

87. Corolario de lo anterior es que, según el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008
modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013 37, la factura se considera
irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no
reclama en contra de su contenido, bien sea mediante devolución o mediante
reclamo escrito al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción. Asimismo, el artículo 774.1 del C.Co. modificado por el
artículo 3º de la Ley 1231 de 2008 38 dispone que en ausencia de mención expresa
en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro
de los treinta (30) días calendario siguientes a la emisión.

88. Con base en lo anterior, si el consorcio presentaba correctamente las
facturas de pago y sus soportes actas de obra avaladas y aprobadas, aportes al
Sistema de Seguridad Social, etc. , a partir de la fecha de emisión de la respectiva
factura corrían los 30 días calendario dentro de los cuales la SED debía pagar el
respectivo valor del acta menos lo que correspondiera por amortización del anticipo
conforme con los términos del numeral 2 de la cláusula 9 del contrato y la sección
4.6.5. del pliego de condiciones según las cuales “el valor entregado como anticipo
será amortizado con cada cuenta correspondiente a las actas parciales mensuales
de obra, en un porcentaje igual al entregado a título de anticipo, pero en todo caso,
su amortización total deberá realizarse en la última acta parcial mensual de obra
(…)”.39

89. Si vencidos los 30 días calendario contados a partir de la fecha de emisión
de la factura debidamente presentada junto con las actas de obra y con todos sus
requisitos y soportes la SED no pagaba la obligación dineraria, incumplía el contrato

2008- en lo que se refiere a las facturas como título valor (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de marzo de 2022, rad. nº. 55.864).
36 Artículo 18, Ley 962 de 2005: “Para el pago de las obligaciones contractuales contraídas por las entidades

públicas, o las privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos públicos, no se requerirá de la
presentación de cuentas de cobro por parte del contratista. […]
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación de la expedición de la factura o cualquier otro documento equivalente
cuando los Tratados Internacionales o las leyes así lo exijan".
37 Inciso modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013. Rige a partir del 20 de febrero de 2014: “La factura

se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra
de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso,
o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste
expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar
constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento”.
38 Art. 774 del Código de Comercio: “La factura deberá reunir, además de los requisitos señalados en los

artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los modifiquen,
adicionen o sustituyan, los siguientes:
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en
la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario
siguientes a la emisión (…).
39 Folios 98 y 541 del cuaderno 4.

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pues se constituía en mora y comenzaban a correr los intereses correspondientes
a favor del consorcio en razón del doble del interés legal civil calculado sobre el
valor histórico del acta actualizado de conformidad con el artículo 4.8 de la Ley 80
de 1993. En otras palabras, la obligación dineraria a cargo de la SED estuvo sujeta
a un término de 30 días calendario de conformidad con el artículo 774.1 del C.Co. ,
motivo por el cual, en los términos del numeral 1º del artículo 1608 del Código Civil40,
si no solucionaba su obligación dineraria se constituía en mora, por lo que, a partir
de ese momento comenzaban a correr intereses moratorios.

90. Precisado todo lo anterior, pasa la Sala a analizar si las obligaciones
dinerarias a cargo de la SED relacionadas con las facturas nº. 17 y 19 se pagaron.
Una vez determinado esto procederá a analizar, con base en las reglas antes
expuestas si la entidad debe ser condenada al pago de intereses moratorios por las
facturas n°. 2, 3, 5-7, 11-16, 17 y 19.

El pago de las facturas nº. 17 y 19

91. El 10 de julio de 2015, el interventor presentó ante la Dirección de
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED la factura
de venta nº. 01741 del 9 de julio de 2015 junto con los respectivos soportes por
un valor de $215.995.032 aplicado el descuento del 20% por amortización del
anticipo .

92. Asimismo, el 3 de septiembre de 2015, el interventor presentó ante la
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la
SED la factura de venta nº. 01942 del 1 de septiembre de 2015 junto con los
respectivos soportes por un valor de $220.666.493 aplicado el descuento del 20%
por amortización del anticipo .

93. Ahora bien, pese a que en el expediente no obran los anexos de forma
subsiguiente a las referidas facturas, según la comunicación IO-IEM-289-1443 y IO-
IEM-346-1444 a través de la cual el interventor radicó las facturas nº. 17 y 19,
respectivamente se remitieron “los documentos correspondientes al acta parcial
de obra Nº. 12 y 13 del contrato No. 3610 de 2013, correspondientes al periodo del
26 de abril al 25 de mayo y del 26 de mayo al 25 de junio de 2015, los cuales fueron
debidamente revisados por parte de la interventoría”.

94. Se advierte, además, que según la referida comunicación y de lo cual da
cuenta el sello de recibido de la SED, la factura se presentó con los siguientes
anexos: i) factura de venta nº. 17 y 19, ii) formato FURC, iii) constancia de Aportes
Parafiscales y Seguridad Social firmada por el revisor fiscal, iv) certificación
bancaria, v) actas parciales de obra nº. 12 y 13, vi) memorias de cálculo de los
cortes nº. 12 y 13, vii) actas de mayores y menores cantidades de obra y viii) la

40 Art. 1608 del Código Civil: “El deudor está en mora:

1o.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales,
exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. (…)”.
41 Folios 1186 y 1187 del cuaderno 4.
42 Folios 1186 y 1187 del cuaderno 4.
43 Folio 1188 del cuaderno 4.
44 Folios 1188 y 1189 del cuaderno 4.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

copia en medio magnético. Además, se pone de presente que la SED no ha alegado
que esto no hubiere sido así, es decir, que las facturas nº. 17 y 19 no hubieran sido
radicadas con los respectivos soportes. Por el contrario, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 195 CGP45, la SED afirmó que conocía los documentos que
soportaban las actas de obra nº. 12 y 13 y las encontraba válidas para el
reconocimiento del pago respectivo46.

95. Por otra parte, también obran en el proceso las comunicaciones S-
201514730947 del 27 de octubre de 2015, suscritas por el supervisor del contrato de
interventoría y IO-IEM-371-1448 del 20 de octubre de 2015, suscrita por el
interventor. Según dan cuenta estos documentos, el área de seguimiento y control
de la entidad devolvió las actas nº. 12 y 13 debido a que el contrato se encontraba
en etapa de liquidación.

96. Valoradas en conjunto las pruebas, y teniendo en cuenta los periodos de las
actas parciales nº. 12 26 de abril al 15 de mayo de 2015 y 13 26 de mayo al 25
de junio de 2015 , la Sala concluye que las obras recibidas por el interventor fueron
ejecutadas por el consorcio antes de la terminación del plazo de ejecución del
contrato, lo que ocurrió a partir del 25 de agosto de 2015. Si bien el interventor allegó
a la entidad dichas actas parciales de obra apenas el 10 de julio de 2015 y el 3 de
septiembre de 2015, respectivamente, no lo es menos que dichas actas, aceptadas
y revisadas por el interventor, dan fe de que las cantidades de obra fueron
ejecutadas antes de la fecha de terminación del contrato.

97. La Sala encuentra que las comunicaciones ya referidas son coherentes con
las facturas allegadas al proceso, en la medida en que la SED no procedió con el
pago de las facturas nº. 17 y 19 porque ya se había terminado el plazo de ejecución
del contrato, sin referirse concretamente a cuándo el consorcio llevó a cabo las
obras, que es lo relevante a efectos de determinar si el contratista las podía ejecutar
y si la entidad estaba llamada a pagar la correlativa contraprestación.

98. Por lo anterior, la Sala estima que el hecho de que el contrato hubiera entrado
en etapa de liquidación no es una razón válida para afirmar que el demandado no
debía pagarle su valor al consorcio, fundamentalmente porque las actividades
fueron ejecutadas antes de la terminación del contrato y porque el interventor, quien
era el encargado de certificar que las obras se ejecutaron de conformidad con lo
requerido en el contrato, dio su visto bueno respecto de los trabajos realizados.

99. Ahora, para determinar el incumplimiento de la SED respecto del pago de las
facturas nº. 17 y 19, no basta con afirmar que las actividades se ejecutaron y fueron
aprobadas por el interventor, hace falta también determinar que la obligación de
pago se hizo exigible en cabeza de la entidad demandada y, pese a ello, no la
cumplió.

45 Art. 195 del Código General del Proceso: “No valdrá la confesión de los representantes de las entidades

públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas (…)”.
46 Según da cuenta la contestación de la demanda, folios 175 y 176 del cuaderno 1.
47 Folio 1053 del cuaderno 3.
48 Folio 1052 del cuaderno 3.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

100. Respecto de la factura de venta nº. 17 del 9 de julio de 2015 que se soportó
en el acta parcial de obra nº. 12 se entiende aceptada por la entidad después de
que transcurrieron 3 días hábiles desde su presentación lo que ocurrió el 16 de
julio de 2015 , sin que las devolviera o presentara reclamo escrito al consorcio
dentro del término previsto en el artículo 2º de la Ley 1231 de 2008, por lo cual, los
30 días calendario previstos en el artículo 774.1 del C.Co., como plazo para que la
entidad pública hiciera el pago, vencieron el 8 de agosto de 2015, esto es, antes de
la fecha en que terminó el plazo del contrato 25 de agosto de 2015 . Por ende, se
concluye que la obligación de pago respecto de esta factura surgió antes de que se
terminara el contrato, lo cual, por tanto, no afectó su exigibilidad.

101. En relación con la factura de venta nº. 19 del 1 de septiembre de 2015,
soportada en el acta parcial nº. 13 del periodo del 26 de mayo al 25 de junio de
2015, se evidencia que fue presentada para su pago el 3 de septiembre de 2015,
esto es, cuando ya se había terminado el plazo de ejecución del contrato. Así, pese
a que la obligación de pagar las cantidades de obra consignadas en el acta parcial
nº. 13 surgió, la SED no se constituyó en mora sino solo a partir de la reconvención
judicial numeral tercero del artículo 1608 del Código Civil lo que ocurrió a partir
del 16 de mayo de 2016, fecha en la que se le notificó el auto admisorio de la
demanda49, tal y como lo establece el inciso segundo del artículo 94 del CGP50. Así
las cosas, la demandada solo incumplió su obligación en relación con el acta parcial
nº. 13 concomitantemente al momento en que se le reconvino judicialmente.

102. Advierte la Sala que las defensas expuestas por la SED en relación con el
incumplimiento de estas obligaciones no están llamadas a prosperar. En efecto, es
cierto que las obligaciones recíprocas que podrían tener las partes, de un lado, la
SED de pagar las actas parciales de obra nº. 12 y 13 y, del otro, la obligación del
consorcio de amortizar el anticipo, han de extinguirse mediante la compensación de
conformidad con el artículo 1714 del Código Civil 51. Compensación que debía
ordenarse en la sentencia, a través de la liquidación judicial según pretensión
formulada por la demandante a la que no se opuso la demandada . Sin embargo,
el hecho de que en este momento se haga un cruce de cuentas sobre cuánto se
adeudan recíprocamente las partes que atiende al finiquito de cuentas que se
realiza en la liquidación no significa, ni es una defensa válida, para eximir a la SED
de su responsabilidad por haber incumplido su obligación de pagar, en los términos
del contrato, las actas parciales de obra que remuneraban las actividades
ejecutadas por el consorcio. De manera que, por el contrario, el reconocimiento de
la deuda pendiente de pago afecta el cruce de cuentas entre las partes porque
corresponde a un monto que favorece al demandante en virtud del incumplimiento
de las obligaciones de la entidad contratante.

49 El auto del 18 de abril de 2016 mediante el cual el Tribunal admitió la demanda del Consorcio ACR-Herrán

les fue notificado personalmente a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio Público
y a Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital mediante correo electrónico del 16 de mayo de 2016 dirigido
al buzón de notificaciones judiciales de que trata el artículo 197 del CPACA, en los términos del artículo 199 del
CPACA (folios 72 a 74 del cuaderno 1).
50 Inciso segundo, artículo 94, CGP: “La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento

ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija
para tal fin, y la notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora
solo se producirán a partir de la notificación.”
51 Código Civil, artículo 1714: “Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una

compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse”.

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103. De conformidad con los términos del contrato, la SED estaba obligada al
pago de las actas parciales de obra que le presentara el consorcio en función del
objeto contractual en su integridad, con independencia del hecho de que, al finalizar
el contrato, el saldo final que arrojara la liquidación fuera a favor de una u otra parte.

104. Por todo lo anterior, la Sala modificará el numeral tercero de la sentencia de
primera instancia, que contiene el saldo del balance del contrato, en el entendido
que la SED no pagó las cantidades de obra y las actividades que fueron
instrumentadas a través de las actas parciales de obra nº. 12 y 13 que corresponden
a las facturas de venta nº. 17 y 19 y por ende su valor no podía ser compensado en
favor de la entidad pública.

Intereses moratorios. Facturas n°. 2, 3, 5-7, 11-17 y 19

105. Para abordar este aspecto de la apelación, la Sala debe retomar la distinción
entre exigibilidad y mora, pues son nociones diferentes. La primera se predica de
las obligaciones que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo,
porque no se sujetaron a estas modalidades o porque ya se realizaron52. La mora,
en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la
obligación y para constituir en ella al deudor se requiere, como regla general, la
reconvención del acreedor, salvo las excepciones previstas en la ley.

106. El numeral 3º del artículo 1608 del Código Civil exige una reconvención o
requerimiento judicial del acreedor para el cumplimiento de la obligación, que es
una interpelación judicial para que el deudor ejecute la prestación exigible que se
comprometió a dar o hacer. Los dos primeros numerales de esa disposición
establecen excepciones a la reconvención judicial para la constitución en mora: el
primero se refiere a la hipótesis de que se haya estipulado plazo para el
cumplimiento de la obligación y el segundo a que la obligación no haya podido ser
cumplida sino dentro de cierto tiempo que el deudor dejó pasar. El numeral segundo
del artículo 1617 ibídem, que regula los perjuicios por la mora en el cumplimiento
de obligaciones dinerarias, no contiene una regla diferente, aunque aclara que el
acreedor insatisfecho “no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra
intereses; basta el hecho del retardo [mora]”.

107. En línea con lo expuesto, y como ya se concluyó en el párrafo 104 que la
SED incumplió sus obligaciones dinerarias por el no pago de las facturas nº. 17 y
19, corresponde determinar si deben reconocerse intereses moratorios sobre estas
sumas.

108. Ahora bien, la recurrente también reclama la indemnización por los días de
retardo en el pago de las facturas nº. 2, 3, 5-7 y 11-16. Respecto de estas facturas
no hay discusión en cuanto a su pago, en la medida en que de ello dan cuenta las
pruebas que obran en el proceso53. La Sala se concentrará en determinar
únicamente si hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios sobre estas
sumas, que es lo que reclama la apelación.

52 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 10 de julio de 1995, rad. 4540.
53 De conformidad con los soportes bancarios que obran a folios 1150 a 1186 del cuaderno nº. 4, la certificación

de amortización expedida por la SED que obra a folio 191 y 192 del cuaderno 1 y el informe de interventoría IO-
IEM-355-14 en folios 193 a 207 del cuaderno 1.

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109. Como se analizó en los párrafos 74 a 90 de esta providencia, el plazo de 30
días calendario previsto en el artículo 774.1 del C.Co., es un plazo suspensivo cuyo
vencimiento dio lugar a la exigibilidad de la obligación dineraria surgida en cabeza
de la SED con ocasión de la presentación de las respectivas facturas soportadas
en las actas parciales de obra avaladas por la interventoría. Este plazo corrió contra
la presentación de las facturas nº. 2, 3, 5-7 y 11-17 soportadas en las actas
parciales de obra nº. 1 a 12, por lo cual la SED se constituyó en mora porque al
vencimiento de los 30 días calendario contados a partir de la fecha de emisión de
la respectiva factura no había realizado el pago.

110. Por otra parte, como se señaló en el párrafo 101 de esta providencia, en el
caso de la obligación surgida con ocasión del acta parcial nº. 13 que se presentó
a través de la factura nº. 19 , los 30 días referidos no corrieron para hacer exigible
la obligación dineraria a cargo de la SED en tanto se presentó una vez finalizado el
plazo contractual. De esta manera, la exigibilidad de la obligación coincide con la
constitución en mora de la SED, la cual se hizo efectiva a partir de la reconvención
judicial, esto es, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda el 16
de mayo de 2016. Por ende, a partir de esta fecha se liquidarán y calcularán los
intereses moratorios que deberá pagarle la SED al consorcio frente a esta acta.

111. Vale resaltar que todas las facturas analizadas cumplen cabalmente con los
requisitos establecidos en los artículos 3º de la Ley 1231 de 2008 54 y 617 del
Estatuto Tributario55, porque: i) se denominaron expresamente “facturas de venta”;
ii) incluyeron la identificación de quien presta el servicio consorcio ACR-Herrán y
de quien los adquirió Secretaría de Educación Distrital ; iii) se identificó con un
número y se precisó su fecha; iv) se incluyó el valor de la operación, y v) contiene
la fecha de recibo de la respectiva factura por parte de la SED.

112. Así las cosas, las respectivas fechas de constitución en mora, a partir de la
cual se calcularán los intereses moratorios a favor del consorcio se muestran en la
siguiente tabla resumen:

54 Artículo 3º, Ley 1231 de 2008: “Requisitos de la factura. La factura deberá reunir, además de los requisitos

señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en
la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario
siguientes a la emisión. 2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma
de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley. 3. El emisor vendedor o prestador
del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración
y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya
transferido la factura. No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los
requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos,
no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura. […]”
55 Artículo 617, Estatuto Tributario: “Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo

615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: a. Estar denominada
expresamente como factura de venta. b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el
servicio. c. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la
discriminación del IVA pagado. d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva
de facturas de venta. e. Fecha de su expedición. f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos
o servicios prestados. g. Valor total de la operación. h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la
factura. i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. […].”

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Acción: Controversias contractuales

Factura Valor de la Acta Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
(No. y factura56 parcial de presentación aceptación pago constitució
fecha) soporte a la SED de la SED57 n en mora y
número de
días de
mora58
No. 2 del $64.180.162 Acta 18 de 24 de 20 de 12 de
12 de parcial No. septiembre de septiembre octubre de octubre de
septiembre 1 de junio 201460 de 2014 201461 2014 (8 días
de 201459 de 2014 de mora)
No. 3 del $497.843.595 Acta 18 de 24 de 20 de 12 de
12 de parcial No. septiembre de septiembre octubre de octubre de
septiembre 2 de julio 201463 de 2014 201464 2014 (8 días
de 201462 de 2014 de mora)
No. 5 del $415.154.802 Acta 16 de octubre 22 de 19 de 14 de
15 de parcial No. de 201466 octubre de noviembre noviembre
octubre de 3 de 2014 de 201467 de 2014 (5
201465 agosto de días de
2014 mora)
No. 6 del $265.482.873 Acta 25 de 1 de 13 de 24 de
24 de parcial No. noviembre de diciembre de enero de diciembre de
noviembre 4 de 201469 2014 201570 2014 (20
de 201468 septiembre días de
de 2014 mora)
No. 7 del 5 $204.906.401 Acta 5 de 12 de 13 de 4 de enero
de parcial No. diciembre de diciembre de enero de de 2015 (9
diciembre 5 de 201472 2014 201573 días de
de 201471 octubre de mora)
2014
No. 11 del $175.295.341 Acta 14 de enero 20 de enero 25 de 7 de febrero
8 de enero parcial No. de 201575 de 2015 mayo de de 2015
de 201574 6 de 201576 (107 días de
mora)

56 Este valor es el resultado de la sumatoria de las actividades ejecutadas menos la suma por amortización del

anticipo.
57 No obra en el proceso constancia de que la SED haya devuelto alguna de las facturas por no estar de acuerdo

con su contenido, por lo que se aplica el término de aceptación ficta establecido en el artículo 2º de la Ley 1231
de 2008, modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, según el cual “La factura se considera
irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien
mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la
aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese
hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad de juramento”.
58 Como en el contrato de obra nº. 03610 de 2013 no se pactó un plazo para el pago de las facturas, aplica el

término previsto en el artículo 774.1 del C.Co. que establece “La factura deberá reunir, además de los requisitos
señalados en los artículos 621 del presente Código, y 617 del Estatuto Tributario Nacional o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan, los siguientes:
1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en
la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario
siguientes a la emisión (…).
59
Folio 1151, cuaderno 4.
60 Comunicación del 16 de septiembre de 2014, que obra a folio 1150 del cuaderno 4.
61 Extracto bancario que obra a folio 1152 del cuaderno 4.
62 Folio 1154 del cuaderno 4.
63 Comunicación del 16 de septiembre de 2014, que obra a folio 1153 del cuaderno 4.
64 Extracto bancario que obra a folio 1153 del cuaderno 4.
65 Folio 1157, cuaderno 4.
66 Comunicación del 16 de octubre de 2014, que obra a folio 1156 del cuaderno 4.
67 Extracto bancario que obra a folio 1158 del cuaderno 4.
68 Folio 1160, cuaderno 4.
69 Comunicación del 24 de noviembre de 2014, que obra a folio 1159 del cuaderno 4.
70 Extracto bancario que obra a folio 1161 del cuaderno 4.
71 Folio 1165, cuaderno 4.
72 Comunicación del 5 de diciembre de 2014, que obra a folio 1163 del cuaderno 4.
73 Extracto bancario que obra a folio 1161 del cuaderno 4.
74 Folio 1169, cuaderno 4.
75 Comunicación del 13 de enero de 2015, que obra a folio 1168 del cuaderno 4.
76 Extracto bancario que obra a folio 1161 del cuaderno 4.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

Factura Valor de la Acta Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
(No. y factura56 parcial de presentación aceptación pago constitució
fecha) soporte a la SED de la SED57 n en mora y
número de
días de
mora58
noviembre
de 2014
No. 12 del $232.807.357 Acta 14 de enero 20 de enero 25 de 7 de febrero
8 de enero parcial No. de 201578 de 2015 mayo de de 2015
de 201577 7 de 201579 (107 días de
diciembre mora)
de 2014
No. 13 del $357.166.632 Acta 23 de febrero 27 de 25 de 21 de marzo
19 de parcial No. de 201581 febrero de mayo de de 2015 (65
febrero de 8 de enero 2015 201582 días de
201580 de 2015 mora)
No. 14 del $355.306.329 Acta 7 de abril de 13 de abril 26 de junio 6 de mayo
6 de abril parcial No. 201584 de 2015 de 201585 de 2015 (51
de 201583 9 de días de
febrero de mora)
2015
No. 15 del $285.952.114 Acta 28 de mayo 3 de junio de 13 de 27 de junio
28 de mayo parcial No. de 201587 2015 agosto de de 2015 (47
de 201586 10 de 201588 días de
marzo de mora)
2015
No. 16 del $173.206.162 Acta 12 de junio de 18 de junio 13 de 12 de julio
12 de junio parcial No. 201590 de 2015 agosto de de 2015 (32
de 201589 11 de abril 201591 días de
de 2015 mora)
No. 17 del $215.995.032 Acta 10 de julio de 16 de julio N/A 8 de agosto
9 de julio parcial No. 201593 de 2015 de 2015
de 201592 12 de (3.035 días
mayo de de mora)
2015
No. 19 del1 $220.666.493 Acta 3 de 9 de N/A 16 de mayo
de parcial No. septiembre de septiembre de 2016
septiembre 13 de junio 201595 de 2015 (2.754 días
de 201594 de 2015 de mora)

113. Ahora bien, en relación con la tasa de interés con base en la cual se
calcularán los intereses moratorios, se advierte que en el contrato de obra nº. 03610
de 2013 tampoco se estableció nada al respecto. Por tal motivo, al tratarse del
interés moratorio, resulta aplicable lo previsto en el numeral octavo del artículo 4º
de la Ley 80 de 1993 conforme al cual “[s]in perjuicio de la actualización o revisión

77 Folio 1172, cuaderno 4.
78
Comunicación del 13 de enero de 2015, que obra a folio 1171 del cuaderno 4.
79 Extracto bancario que obra a folio 1173 del cuaderno 4.
80 Folio 1172, cuaderno 4.
81 Comunicación del 20 de febrero de 2015, que obra a folio 1174 del cuaderno 4.
82 Extracto bancario que obra a folio 1176 del cuaderno 4.
83 Folio 1178, cuaderno 4.
84 Comunicación del 6 de abril de 2015, que obra a folio 1177 del cuaderno 4.
85 Extracto bancario que obra a folio 1179 del cuaderno 4.
86 Folio 1181, cuaderno 4.
87 Comunicación del 6 de abril de 2015, que obra a folio 1177 del cuaderno 4.
88 Extracto bancario que obra a folio 1182 del cuaderno 4.
89 Folio 1184, cuaderno 4.
90 Comunicación del 11 de junio de 2015, que obra a folio 1183 del cuaderno 4.
91 Extracto bancario que obra a folio 1185 del cuaderno 4.
92 Folio 1187, cuaderno 4.
93 Comunicación del 10 de julio de 2015, que obra a folio 1186 del cuaderno 4.
94 Folio 1190, cuaderno 4.
95 Comunicación del 2 de septiembre de 2015, que obra a folio 1188 del cuaderno 4.

31

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

de precios, en caso de no haberse pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa
equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado”. De
conformidad con el artículo 1617 del Código Civil, el interés legal anual se fija en el
6%, por lo que la tasa de intereses moratorios aplicable a los incumplimientos
derivados del contrato en línea con la Ley 80 de 1993 es del 12% anual calculado
sobre el valor actualizado de la obligación.

114. Con base en todo lo anterior, se concluye que la SED incurrió en mora en el
pago de las obligaciones dinerarias contenidas en las facturas nº. 2, 3, 5-7 y 11-17
que le presentó el consorcio a través del interventor para su pago, a partir del
vencimiento de los 30 días calendario siguientes a la fecha de emisión de la
respectiva factura, por lo cual el demandado será condenado a pagar los intereses
moratorios sobre sus respectivos valores actualizados a partir de las fechas en que
se hicieron exigibles las obligaciones, en los términos que más abajo se detallan.

115. Por último, en el caso de la factura nº. 19, ya se señaló que los intereses
moratorios serán calculados a partir del 16 de mayo de 2016, esto es, a partir de la
notificación del auto admisorio de la demanda.

116. Ahora bien, para liquidar los intereses moratorios, el demandante se valió del
dictamen pericial rendido el 7 de junio de 2016 por el perito Sergio Rodríguez
Messier, en el cual se calcularon los intereses moratorios causados con corte a esa
fecha. Según el perito, el valor de dichos intereses era $185.585.267 96, suma que
fue calculada solamente sobre el valor de las facturas nº. 2, 3, 5-7, 11-17 y 19. Para
llegar a esta conclusión, el perito actualizó el valor histórico del capital consignado
en cada factura y sobre este valor aplicó la tasa equivalente a una y media veces el
interés bancario corriente97, lo que transgrede lo dispuesto en el numeral octavo del
artículo 4º de la Ley 80 de 1993 (párrafo 113). Además, el perito calculó el momento
de la causación de los intereses moratorios a partir de la presentación de la
respectiva factura, lo cual, como ya se anotó, no tiene asidero jurídico en la medida
en que el artículo 774.1 C.Co. establece un plazo de 30 días calendario siguientes
a la emisión. Por ende, sus conclusiones sobre este aspecto no serán tenidas en
cuenta a efectos de establecer el valor de la condena.

117. En este caso, la condena por concepto de intereses moratorios, se calculará
de la siguiente manera: i) el valor histórico de la respectiva obligación dineraria será
actualizada conforme la fórmula Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final
[octubre 2014 a mayo de 2016 según el año a que corresponda el periodo para
calcular intereses] o [IPC final octubre 2023 que es el que corresponde al último
dato de inflación antes de la sentencia] / IPC inicial (fecha de constitución en mora)];
ii) sobre el valor actualizado de cada obligación dineraria se calculará el interés
moratorio conforme la tasa prevista en el numeral octavo del artículo 4º de la Ley
80 de 1993, esto es, el doble de la tasa de interés legal civil anual o proporcional
si es por un periodo menor a un año .

118. Respecto de las facturas de venta n. 2, 3, 5-7, los intereses moratorios
ascienden a $4.512.585 como se evidencia de la siguiente operación:

96 Folios 1346 a 1349, cuaderno 9.
97 Folio 1349, cuaderno 9.

32

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

i. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores indicados en cada factura
arroja el siguiente resultado:

INTERÉS INTERÉS
N. INICIO FINAL DÍAS ANUAL PROPORCIONAL CAPITAL INTERESES

2 10/12/2014 10/20/2014 8 12% 0.002630137 $ 64,180,163 $ 168,803

3 10/12/2014 10/20/2014 8 12% 0.002630137 $ 497,843,595 $ 1,309,397

5 11/14/2014 11/19/2014 5 12% 0.001643836 $ 415,154,802 $ 682,446

6 12/24/2014 1/13/2015 20 12% 0.006575342 $ 265,482,873 $ 1,745,641

7 1/4/2015 1/13/2015 9 12% 0.002958904 $ 204,906,401 $ 606,298

Total: $ 4.512.585

119. Respecto de las facturas de venta n. 11-16, los intereses moratorios
ascienden a $ 34,490,512 como se evidencia de la siguiente operación:

i. El valor actualizado de las facturas conforme a la fórmula señalada arroja el
siguiente resultado:

N.
Valor H. IPC FINAL IPC INICIAL Valor Actual
11
$ 175,292,341.00 85.12 83.96 $ 177,714,198.02
12
$ 232,807,357.00 85.12 83.96 $ 236,023,847.40
13
$ 357,166,632.00 85.12 84.45 $ 360,000,280.83
14
$ 355,306,329.00 85.21 85.12 $ 355,682,005.33
15
$ 285,952,114.00 85.78 85.21 $ 287,864,949.41
16
$ 173,206,162.00 85.78 85.37 $ 174,038,006.05

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre el valor actualizado arroja el
siguiente resultado:

N INTERÉS INTERÉS CAPITAL
INICIO FINAL DÍAS ANUAL PROPORCIONAL (actualizado) INTERESES
11
2/7/2015 5/25/2015 107 12% 0.035178082 $ 177,714,198 $ 6,251,645
12
2/7/2015 5/25/2015 107 12% 0.035178082 $ 236,023,847 $ 8,302,866
13
3/21/2015 5/25/2015 65 12% 0.021369863 $ 360,000,281 $ 7,693,157
14
5/6/2015 6/26/2015 51 12% 0.016767123 $ 355,682,005 $ 5,963,764
15
6/27/2015 8/13/2015 47 12% 0.015452055 $ 287,864,949 $ 4,448,105
16
7/12/2015 8/13/2015 32 12% 0.010520548 $ 174,038,006 $ 1,830,975

Total $ 34,490,512

120. Respecto de la factura de venta n. 17 del 9 de julio de 2015 por $215.995.032,
los intereses moratorios ascienden a $ 271,079,238 como se evidencia de la
siguiente operación:

i. El valor actualizado de la factura conforme a la fórmula señalada arroja el
siguiente resultado:

Mes de IPC final
Valor H. IPC FINAL IPC INICIAL (ago-2015) Valor Actual
dic-2015
$ 215,995,032.00 88.05 85.78 $ 221,710,918.25
dic-2016
$ 215,995,032.00 93.11 85.78 $ 234,452,056.77

33

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

dic-2017
$ 215,995,032.00 96.92 85.78 $ 244,045,680.83
dic-2018
$ 215,995,032.00 100 85.78 $ 251,801,156.45
dic-2019
$ 215,995,032.00 103.8 85.78 $ 261,369,600.39
dic-2020
$ 215,995,032.00 105.48 85.78 $ 265,599,859.82
dic-2021
$ 215,995,032.00 111.41 85.78 $ 280,531,668.40
dic-2022
$ 215,995,032.00 126.03 85.78 $ 317,344,997.47
oct-2023
$ 215,995,032.00 136.45 85.78 $ 343,582,677.97

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:

INTERÉS CAPITAL
INICIO FINAL DÍAS INTERÉS ANUAL PROPORCIONAL (actualizado) INTERESES
8/8/201 12/31/201
5 5 145 12% 0.047671233 $ 221,710,918 $ 10,569,233
1/1/201 12/31/201
6 6 366 12% 0.120328767 $ 234,452,057 $ 28,211,327
1/1/201 12/31/201
7 7 365 12% 0.12 $ 244,045,681 $ 29,285,482
1/1/201 12/31/201
8 8 365 12% 0.12 $ 251,801,156 $ 30,216,139
1/1/201 12/31/201
9 9 365 12% 0.12 $ 261,369,600 $ 31,364,352
1/1/202 12/31/202
0 0 366 12% 0.120328767 $ 265,599,860 $ 31,959,304
1/1/202 12/31/202
1 1 365 12% 0.12 $ 280,531,668 $ 33,663,800
1/1/202 12/31/202
2 2 365 12% 0.12 $ 317,344,997 $ 38,081,400
1/1/202 11/30/202
3 3 334 12% 0.109808219 $ 343,582,678 $ 37,728,202

Total $ 271,079,238

121. Por último, respecto de la factura de venta n. 19 del del 1 de septiembre de
2015 por $220.666.493, los intereses moratorios ascienden a $ 237,833,064 como
se evidencia de la siguiente operación:

i. El valor actualizado de la factura conforme a la fórmula señalada arroja el
siguiente resultado:

Mes de IPC final
Valor H. IPC FINAL IPC INICIAL (may-16) Valor Actual
$ dic-16
220,666,493.00 93.11 92.1 $ 223,086,396.99
$ dic-17
220,666,493.00 96.92 92.1 $ 232,214,945.73
$ dic-18
220,666,493.00 100 92.1 $ 239,594,454.94
$ dic-19
220,666,493.00 103.8 92.1 $ 248,699,044.23
$ dic-20
220,666,493.00 105.48 92.1 $ 252,724,231.07
$ dic-21
220,666,493.00 111.41 92.1 $ 266,932,182.25
$ dic-22
220,666,493.00 126.03 92.1 $ 301,960,891.56
$ oct-23
220,666,493.00 136.45 92.1 $ 326,926,633.77

ii. El cálculo de intereses moratorios sobre los valores actualizados por periodo
arroja el siguiente resultado:

INTERÉS INTERÉS
INICIO FINAL DÍAS ANUAL PROPORCIONAL CAPITAL (actualizado) INTERESES

5/16/2016 12/31/2016 229 12% 0.075287671 $ 223,086,397 $ 16,795,655

34

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

1/1/2017 12/31/2017 365 12% 0.12 $ 232,214,946 $ 27,865,794

1/1/2018 12/31/2018 365 12% 0.12 $ 239,594,455 $ 28,751,335

1/1/2019 12/31/2019 365 12% 0.12 $ 248,699,044 $ 29,843,885

1/1/2020 12/31/2020 366 12% 0.120328767 $ 252,724,231 $ 30,409,995

1/1/2021 12/31/2021 365 12% 0.12 $ 266,932,182 $ 32,031,862

1/1/2022 12/31/2022 365 12% 0.12 $ 301,960,891 $ 36,235,307

1/1/2023 11/30/2023 334 12% 0.109808219 $ 326,926,633 $ 35,899,231

Total $ 237,833,064

122. De conformidad con lo anterior, en la parte resolutiva, la Sala condenará a la
SED a pagarle al consorcio la suma de $546’437.367,80 a título de intereses
moratorios por el no pago y/o pago tardío de las actividades instrumentadas en las
facturas de venta n°. 2, 3, 5-7, 11-17 y 19, conforme el siguiente cuadro:

Intereses factura No. 2 $ 168.803
Intereses factura No. 3 $ 1.309.397
Intereses factura No. 5 $ 682,446
Intereses factura No. 6 $ 1,745,641
Intereses factura No. 7 $ 606,298
Intereses factura No. 11 $ 6,251,645
Intereses factura No. 12 $ 8,302,866
Intereses factura No. 13 $ 7,693,157
Intereses factura No. 14 $ 5,963,764
Intereses factura No. 15 $ 4,448,105
Intereses factura No. 16 $ 1,830,975
Intereses factura No. 17 $ 271,079,238
Intereses factura No. 19 $ 237,833,064
Total $547.915.399

La utilidad derivada del contrato

123. El consorcio pretende que la SED le reconozca la utilidad proyectada en la
propuesta económica que no pudo obtenerse como consecuencia de la falta de
planeación y estructuración del contrato, en razón de $247.721.89598 y sobre la cual
no se pronunció el tribunal. Concretamente, afirmó que los retrasos ocasionados
por los incumplimientos de la demandada impidieron ejecutar el objeto del contrato
antes de la terminación del plazo, lo cual significó la imposibilidad de obtener las
utilidades originalmente proyectadas.

124. Como ya se señaló al estudiar los fundamentos de la providencia impugnada,
el Tribunal concluyó que las obras no pudieron ejecutarse en su totalidad debido a
las falencias durante la etapa de planeación del contrato, lo cual atribuyó a que la
entidad demandada no adoptó de manera oportuna las previsiones necesarias para
la iniciación de los trabajos y para que su ejecución se desarrollara sin
interrupciones. Dado que en el caso sub judice ya se concluyó que la demandada
incumplió con sus obligaciones y como el superior no puede reformar en perjuicio
del apelante único [no reformatio in peius] (328 CGP), es evidente que dicha entidad
contratante es la que está llamada a soportar los efectos derivados de su
incumplimiento.

98 Folio 112 del cuaderno 1.

35

Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

125. Así las cosas, la Sala estima que se le deben reconocer al consorcio las
utilidades dejadas de percibir por la ejecución del contrato, pues la imposibilidad de
cumplir con el objeto durante el plazo contractual, según el a quo, estuvo
determinada por los retrasos derivados del incumplimiento de la SED y, luego,
porque con la terminación del contrato el 25 de agosto de 2015 se frustró
completamente la posibilidad de terminar las obras contratadas.

126. En el dictamen contable que rindió el perito Sergio Rodríguez Messier el 7 de
junio de 2016, se calculó la utilidad que el consorcio dejó de percibir por el
incumplimiento de la demandada en $381.721.832. El perito calculó la utilidad
proyectada del consorcio aplicando el 3% al valor total del costo directo para la
ejecución. Luego, con base en la operación aritmética descrita, se restó el valor que
la contratante pagó al consorcio por concepto de utilidad hasta el acta de obra n°.
11, que arrojó el resultado de $292.543.65299. Esta conclusión será adoptada por la
Sala por las siguientes razones:

127. (i) El perito extrajo el porcentaje de 3% de utilidad de los documentos
titulados “anexo económico n°. 1 – resumen propuesta económica”100 y “anexo
económico n°. 2 – discriminación A.I.U”101, los cuales hacen parte integral de la
propuesta que presentó el consorcio demandante dentro de la licitación pública n°.
SED-LP-DCCEE-067-201. En efecto, en dichos documentos se evidencia que el
porcentaje por concepto de A.I.U. se calculó en el 27,30% del costo directo total de
la obra ($12.724.530.437), el cual hizo consistir en 21,30% por concepto de
administración (A), 3,00% por concepto de imprevistos (I) y 3,00% por concepto de
utilidad (U).

128. (ii) Estos documentos pueden tenerse como fundamento del cálculo de la
utilidad, toda vez que permiten concluir que la demandante, al realizar la distribución
de su presupuesto, identificó plenamente varios conceptos, de acuerdo con los
cálculos que realizó para ejecutar el contrato. En efecto, procedió a determinar,
expresamente, un valor por AIU, el cual, además, discriminó en porcentajes por
cada uno de los conceptos que lo componen y, finalmente, tuvo en cuenta todos
estos montos para determinar el valor de la propuesta sobre la cual se basó el
acuerdo económico entre las partes del contrato de obra. De manera que resulta
evidente que la propuesta pretendió cuantificar expresamente todos los
componentes del AIU.

129. (iii) Además, aparte de que el fundamento porcentual a partir del cual el perito
hizo los cálculos de utilidad se ajusta a la propuesta económica que resultó
adjudicada en la licitación SED-LP-DCCEE-067-201, el perito también tuvo en
cuenta que al cálculo del 3% de utilidad sobre el total del costo directo que
representaba ejecutar todas las obras, debía restar los valores que el consorcio ya
había recibido a título de utilidad producto del pago de las actas parciales de obra
n°. 1 a 11. Valga precisar que la indemnización de perjuicios tiene la finalidad de
dejar a la parte afectada por un incumplimiento en la situación en que estaría si no
se hubiera cometido dicho acto, pero no puede ser una fuente de enriquecimiento

99 Este valor corresponde a la utilidad esperada menos el valor ya pagado por la contratante. La metodología

de cálculo está desarrollada en el folio 1354 del cuaderno 9.
100 Folio 1142 del cuaderno 2
101 Folio 1145 del cuaderno 2

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del contratante. Por lo anterior, la conclusión a la que llegó el perito sirve como base
para la condena por la utilidad dejada de percibir.

130. Por lo anterior, la utilidad que deberá pagarle la contratante al consorcio
corresponde al 3% del costo directo total de la obra menos los valores que el
consorcio ya había recibido a título de utilidad producto del pago del pago de las
facturas n°. n°. 2, 3, 5-7 y 11-16 soportadas en las actas parciales de obra n°. 1 a
11 . El resultado de esa operación arroja una utilidad de $292.543.652, como se
evidencia en el dictamen pericial contable.

131. La anterior suma debe ser actualizada a partir del momento en el que el
consorcio habría recibido la utilidad, esto es, al vencimiento del plazo del contrato
de obra, o sea el 25 de agosto de 2015, de conformidad con la fórmula “Valor
actualizado = [Valor histórico * (IPC final octubre 2023) / IPC inicial (agosto 2015)]”.
Luego de actualizarse, la utilidad actualizada dejada de percibir es $465.348.348 =
[292.543.652 * (136,45 / 85,78)].

132. Por todo lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia se concederá la
pretensión segunda de la demanda y se condenará a la SED a pagarle al consorcio
la suma de $465.348.348 a título de lucro cesante por las utilidades dejadas de
percibir.

133. La Sala advierte que sobre la anterior suma de dinero no se reconocerán
intereses moratorios en tanto la exigibilidad de su pago se deriva de la presente
condena.

1. Compra de materiales adquiridos para la obra

134. El consorcio sostiene que, debido a que para ejecutar las obras era necesario
adquirir anticipadamente materiales, la imposibilidad de cumplir con el objeto del
contrato por causas imputables a la SED implicó no poder disponer de ellos para
ejecutar las obras, lo que, a su juicio, debe dar lugar a que la demandada le
reconozca su valor, que en ese momento ascendía a $308.453.565.

135. Como soporte de este cálculo, la demandante aportó un documento emitido
por el director de obra del consorcio ACR-Herrán del 11 de septiembre de 2015102,
a través del cual se hacía entrega del inventario final de materiales de obra. Entre
los materiales que se relacionaron estaban: acero, arena, ladrillos, llaves, mallas,
etc., los cuales, según la certificación, estaban avaluados en $308.453.565. A dicha
certificación se adjuntaron fotografías de los materiales que reposaban en el
almacén103.

136. La Sala estima que la certificación expedida por el director de obra del
consorcio ACR-Herrán no es suficiente para acreditar la cuantía de los perjuicios
que se reclaman ni es suficiente para concluir que los materiales adquiridos por el
consorcio iban a destinarse exclusivamente a cumplir con el objeto contractual,
principalmente en aplicación del principio de que nadie puede preconstituir las

102 Folios 1614 a 1616 del cuaderno 5
103 Folios 1647 y siguientes del cuaderno 5.

37

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pruebas para soportar su propio dicho. En efecto, dado que la certificación en que
se basaron los cálculos fue expedida por un funcionario del consorcio demandante,
la Sala no le concederá valor probatorio respecto de los hechos a los que se refiere.

137. No obstante, la Sala no puede pasar por alto que el demandante pidió de
manera subsidiaria que se reconociera el monto calculado por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros con relación a los materiales adquiridos para la obra. En
efecto, en el recurso de apelación reiteró que el costo de los materiales que no
pudieron ser empleados se acreditó mediante la prueba pericial técnica de la SCI.

138. En el dictamen pericial rendido en mayo de 2016 por la Sociedad Colombiana
de Ingenieros (SCI), el perito manifestó que luego de la visita en sitio donde
funcionaban los depósitos de materiales, la verificación de las cantidades de
materiales en obra y el análisis de precios unitarios pactados para la ejecución del
contrato, el valor de los materiales adquiridos por el consorcio y que no pudieron ser
empleados es de $195.332.399.

139. De conformidad con los soportes que se adjuntaron con la experticia, el perito
fundamentó sus conclusiones sobre este punto en el documento denominado
“inventario de materiales de obra”104 que él mismo elaboró durante una visita al lugar
de los hechos. Según da cuenta el documento, el consorcio manejaba dos
almacenes dentro de la obra. Cada uno se utilizaba para albergar materiales que se
empleaban a medida que avanzaba la ejecución del contrato. En efecto, el perito
ofreció detalles de cada uno de los almacenes y determinó las cantidades y tipo de
materiales que se albergaba en cada uno de ellos. En el documento se
discriminaron las cantidades de cada uno de los ítems de obra y se definieron sus
características marca, referencia, tamaño, etc. . Asimismo, se clasificaron los
ítems en: i) material de depósito; ii) material eléctrico, iii) material hidráulico y vi)
material por fuera del depósito. Además, se acompañó un soporte fotográfico de los
ítems allí consignados del cual se tiene certeza de su fecha y autoría que permite
apreciar el estado y las características de cada uno de los materiales.

140. Una vez el perito determinó las cantidades y el tipo de materiales que se
albergaba en los almacenes, procedió a obtener el valor de cada uno de ellos, para
lo cual acudió a la lista de precios unitarios que se utilizó para la ejecución del
contrato de obra n°. 03610 de 2013. Luego, procedió a multiplicar cada uno de los
precios unitarios por las cantidades que había de cada una de las referencias y, de
esta manera, arribó al valor total de cada uno de los ítems los cuales, una vez
sumados, arrojaron el valor de $195.332.399, mismo valor que se consignó en el
dictamen.105

141. Por todo lo anterior, la Sala considera que las conclusiones del dictamen
tienen fundamentos técnicos, su contenido es claro y preciso y el perito es experto
en la materia analizada106. En efecto, el perito i) identificó el problema en estudio y
fundamentó sus conclusiones en la visita a los depósitos y documentos técnicos
que obran en el expediente y ii) describió los instrumentos que empleó: mediciones,

104 Cuaderno 10
105 Folio 28 del cuaderno 10.
106 Junto con la experticia, el perito allegó un documento que da cuenta de la idoneidad técnica para el encargo,

folios 322 a 348 del cuaderno 1.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

inventarios e imágenes para determinar las características de cada uno de los ítems
de obra y definió las operaciones necesarias para calcular su valor. Además, sus
conclusiones son coincidentes con las pruebas documentales que obran en el
expediente, en especial, con el pliego de condiciones y la propuesta presentada por
el consorcio en la licitación pública n°. SED-LP-DCCEE-067-201. No hay dudas
sobre la imparcialidad del perito, el Tribunal permitió la contradicción del dictamen
y no obran pruebas en el expediente que desvirtúen sus conclusiones. En
consecuencia, el dictamen en cuanto el valor de los materiales de obra que no
pudieron ser empleados tiene eficacia probatoria según los artículos 226 y 232 del
CGP.

142. La Sala estima que el valor de los materiales es un sobrecosto que debe ser
asumido por la SED, toda vez que el Tribunal concluyó que el objeto contractual no
pudo ejecutarse por causas imputables a la demandada. Así las cosas, la Sala
concederá la pretensión décima primera de condena de la demanda relacionada
con la indemnización del valor de los materiales no empleados en las obras, pero
por el valor que se acreditó con la experticia, es decir, $195.332.399.

143. La anterior suma debe ser actualizada a partir del momento en el que el
consorcio habría recibido la retribución por todos los materiales, esto es, al
vencimiento del plazo del contrato de obra, o sea el 25 de agosto de 2015, de
conformidad con la fórmula “Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final octubre
2023) / IPC inicial (agosto 2015)]”. Luego de actualizarse, el perjuicio actualizado es
de $310.714.686 = [195.332.399 * (136,45 / 85,78)].

Balance del contrato

144. Dado que en esta providencia se harán declaraciones y condenas a favor del
consorcio y en contra de la entidad, le asiste razón al demandante cuando afirmó
en la apelación que el ejercicio de finiquito de cuentas del contrato de obra debe ser
revisado. En mérito de lo que antecede, la Sala pasa a revisar el balance final de la
liquidación judicial del contrato en los siguientes términos:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $16.197.729.719
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 25 de agosto de 2015

DIFERENCIA RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL A FAVOR DE LA ENTIDAD
Diferencia actualizada107 $981.523.634
RECONOCIMIENTOS Y CONDENAS QUE SE HACEN EN ESTA SENTENCIA A
FAVOR DEL CONSORCIO
Facturas 17 y 19 actualizadas108 $670.509.310
Intereses moratorios $547.915.399109
Utilidad proyectada no percibida $465.348.348
Materiales de obra $310.714.686

107 Este valor es la diferencia actualizada desde la sentencia de primera instancia, esto es, 19 de junio de 2019,

a la fecha de esta sentencia, de la siguiente manera: “Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final octubre
2023) / IPC inicial (junio 2019)]”. Luego de actualizarse, la diferencia actualizada a favor de la entidad es de
$981.523.634 = [738.822.224 * (136,45 / 102,71)].
108 Este es el valor de las facturas actualizadas desde que se hicieron exigibles hasta la fecha de esta sentencia,

de conformidad con las operaciones que se hicieron en el numeral 120 y 121 de esta providencia.
109 Este es el valor total de los intereses moratorios según lo resuelto en el acápite de las consideraciones, sin

que se le haya restado ningún concepto.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

TOTAL $1.994.487.743
DIFERENCIA A FAVOR DEL
CONSORCIO $1.012.964.109

145. Como se aprecia del cuadro anterior, el valor del saldo que reconoció el
Tribunal en valor de la entidad es de $738.822.224110, suma que actualizada a la
fecha de esta sentencia arroja un valor de $981.523.634. Este valor, que es un saldo
a favor de la entidad se compensa de igual forma con la suma a que tiene derecho
el consorcio por concepto de las facturas 17 y 19 actualizadas -$670.509.310- por
concepto de intereses moratorios $547.915.399, cuyo cálculo implica su previa
actualización , de utilidad proyectada no percibida por valor de $465.348.348,
cuya suma ya fue actualizada y por los materiales de obra adquiridos por valor
de $310.714.686, cuyo valor ya fue actualizado . Así, al compensar la suma que
reconoció el Tribunal en favor de la entidad con los valores reconocidos en esta
sentencia se obtiene el resultado final de la liquidación, que es de $1.012.964.109,
valor al que corresponderá la condena, en favor del Consorcio.

Costas

146. Finalmente, la parte demandante, en el recurso de apelación, esgrimió que
el a quo debió condenar en costas a la parte demandada en primera instancia, pues
le fue desfavorable la sentencia.

147. El artículo 188 del CPACA establece que “salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se seguirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil”.

148. Por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, resulta aplicable al
presente asunto el artículo 365 del CGP, el cual, en su numeral 1, ordena condenar
en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. En la medida en que la sentencia de
primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones y, pese a ello, el Tribunal
se abstuvo de condenar en costas a la parte vencida, la Sala procederá a condenar
a la demandada a pagar las costas de ambas instancias, por lo que se condenará
así a la Secretaría de Educación Distrital.

149. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se regirán
por el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda111.De conformidad con su
artículo tercero, en la fijación de las tarifas en los asuntos contencioso
administrativos, debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil
de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y
demás circunstancias relevantes.

110 Folio 539 del cuaderno principal.
111 Que fija, en su numeral 3.3.1. que las agencias de derecho podrán ser fijadas en hasta el 5% de las

pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Este Acuerdo es aplicable a este caso pese a la
derogatoria que hizo de él el Acuerdo 10554 de 2016 que fue expedido con ocasión de la entrada en vigencia
del CGP. El Acuerdo 10554 estableció en su artículo 7º que “se aplicará respecto de los procesos iniciados a
partir de su publicación (5 de agosto de 2016). Los comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos
anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003”.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

150. Para la primera instancia, se debe tener en cuenta que en los asuntos
contencioso administrativos con cuantía, las agencias deben fijarse hasta el 20%
del valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, conforme
dispone el artículo 6 ibídem. Así las cosas, como la labor procesal del mandatario
judicial de la parte demandada fue continuada y consistente en el transcurso de la
primera instancia, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán teniendo en
cuenta la relación porcentual de 2% del valor de las pretensiones económicas
planteadas en la demanda –$3.282.650.349–; por ende, se fijarán en la suma de
sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil seis pesos ($65.653.006).

151. En lo que concierne a las agencias en derecho en segunda instancia, deben
fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas de la
sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo. En consideración a
que la entidad demandada tuvo apoderado y su actuación fue continuada y
consistente en el transcurso de la segunda instancia, se fija las agencias en derecho
a cargo de Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital y a favor del Consorcio
ACR-HERRÁN en treinta millones trescientos ochenta y ocho mil novecientos
veintitrés mil pesos ($30.388.923), teniendo en cuenta la relación porcentual del 3%
del valor de las pretensiones económicas reconocidas en esta providencia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 19 de junio de 2019, la cual quedará como sigue.

SEGUNDO: DECLARAR el incumplimiento del contrato de obra nº. 03610 de 2013
celebrado entre el consorcio ACR-Herrán y la Secretaría de Educación Distrital de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En
consecuencia:

TERCERO: DECLARAR que prosperan i) la pretensión segunda y decimosexta de
condena por los intereses de mora por el pago tardío y/o no pago de las facturas n°.
2, 3, 5-7, 11-17 y 19, por valor de $547.915.399; ii) la pretensión decimosexta por el
no pago de las facturas n°. 17 y 19 por valor de $670.509.310; iii) la pretensión
segunda de condena por la utilidad dejada de percibir por valor de $465.348.348 y
iv) la pretensión décima primera de condena respecto de los materiales adquiridos
y no pagados por valor de $310.714.686. Las anteriores cifras se incluyen en el
balance final del contrato conforme a la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: NEGAR las excepciones de “excepción de contrato no cumplido”,
existencia de sumas a cargo del contratista y en favor de la Secretaría de Educación
Distrital” e “inexistencia de sobrecostos y perjuicios”.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

QUINTO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato nº. 03610 de 2013 celebrado
entre el consorcio ACR-Herrán y la Secretaría de Educación Distrital., como sigue:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $16.197.729.719
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 25 de agosto de 2015

DIFERENCIA RECONOCIDA POR EL TRIBUNAL A FAVOR DE LA ENTIDAD
Diferencia actualizada112 $981.523.634
RECONOCIMIENTOS Y CONDENAS QUE SE HACEN EN ESTA SENTENCIA A
FAVOR DEL CONSORCIO
Facturas 17 y 19 actualizadas113 $670.509.310
Intereses moratorios $547.915.399114
Utilidad proyectada no percibida $465.348.348
Materiales de obra $310.714.686
TOTAL $1.994.487.743
DIFERENCIA A FAVOR DEL
CONSORCIO $1.012.964.109

SEXTO: CONDENAR a Bogotá D.C.-Secretaría de Educación Distrital a pagar, en
favor del Consorcio ACR-Herrán la suma de mil doce millones novecientos sesenta
y cuatro mil ciento nueve pesos ($1.012.964.109) como saldo a favor del contratista
luego de la liquidación judicial, en los términos señalados en esta providencia.

SÉPTIMO: CONDENAR en costas en ambas instancias a la demandada Bogotá
D.C.-Secretaría de Educación Distrital. FIJAR como agencias en derecho, en esta
instancia, a cargo de la parte demandada, la suma de treinta millones trescientos
ochenta y ocho mil novecientos veintitrés mil pesos ($30.388.923) que corresponde
a la relación porcentual del 3% de las pretensiones reconocidas. FIJAR como
agencias en derecho, en primera instancia, a cargo de la parte demandada, la suma
de sesenta y cinco millones seiscientos cincuenta y tres mil seis pesos
($65.653.006) que corresponde a la relación porcentual del 2% de las pretensiones
de la demanda por la gestión en la primera instancia.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

112 Este valor es la diferencia actualizada desde la sentencia de primera instancia, esto es, 19 de junio de 2019,

a la fecha de esta sentencia, de la siguiente manera: “Valor actualizado = [Valor histórico * (IPC final octubre
2023) / IPC inicial (junio 2019)]”. Luego de actualizarse, la diferencia actualizada a favor de la entidad es de
$981.523.634 = [738.822.224 * (136,45 / 102,71)].
113 Este es el valor de las facturas actualizadas desde que se hicieron exigibles hasta la fecha de esta sentencia,

de conformidad con las operaciones que se hicieron en el numeral 120 y 121 de esta providencia.
114 Este es el valor total de los intereses moratorios según lo resuelto en el acápite de las consideraciones, sin

que se le haya restado ningún concepto.

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Expediente: 250002336000201600363 01 (64.518)
Demandante: Consorcio ACR-Herrán
Demandada: Bogotá D.C.-Secretaría Distrital de Educación
Acción: Controversias contractuales

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador .

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