Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01233-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01233-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2016-01233-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
22 de mayo de 2024
_____________________________________________
Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Tema: Responsabilidad del Estado por actuaciones de la administración de justicia
• Error jurisdiccional. Subtema 1: Omisión por la no selección de tutela para revisión
eventual.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_________________________________________________________________
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, el 26 de julio de 2017, en la que
negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Absalón Gartner Tobón, abogado de profesión, endilga a la Corte
Constitucional, error jurisdiccional, por el hecho de que, mediante proveído del 25
de junio de 2014, decidió no seleccionar para revisión una tutela por él interpuesta
a nombre de un cliente suyo a quien había representado dentro de un proceso de
reparación directa que culminó de manera desfavorable a las pretensiones. Alude
que la selección de tutelas para revisión constituye un control jurisdiccional no
discrecional, por cuanto así lo dispuso el artículo 241 superior y, por consiguiente,
la Corte Constitucional incurrió en una vía de hecho.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El 20 de junio de 20161, Absalón Gartner Tobón presentó demanda de reparación
directa contra la Nación Colombiana – Administración de Justicia – Corte
Constitucional, con el fin de que se le declare responsable por los daños
ocasionados con el error judicial contenido en la providencia judicial del 25 de junio
de 2014 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se dispuso no
seleccionar para revisión una tutela, con la cual pretendía remediar otro supuesto
de error jurisdiccional en que, a su juicio, habría incurrido la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, dentro de un proceso de reparación directa
1 Escrito de demanda visible a folios 1-20, C. 1., con sello de recibido por parte de la Secretaría de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 20 de junio de 2016, visible al anverso del folio 20.
Obra igualmente a folio 21, C. 1, acta de reparto de la misma data ─20/06/2016─.
Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
en el que se invocaban pretensiones por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.
En su escrito, memoró, como sustento de sus pretensiones, que su cliente, el señor
Luis Enrique Ochoa, presentó una denuncia penal contra el señor William Dempsy,
por cuanto siendo socios en una empresa, este último lo defraudó y dispuso
indebidamente de bienes de la sociedad. Indicó que la investigación penal, iniciada
en 1997, concluyó el 18 de enero de 2000 con decisión de extinción de la acción
por razones de prescripción, justamente cuando se avecinaba una inminente
acusación, pues la conducta punible estaba más que demostrada.
Por considerar que la prescripción de la acción penal provino de un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, el señor Ochoa interpuso, a través
del abogado Absalón Gartner, una demanda de reparación directa, la cual, obtuvo
en primera instancia decisión favorable de parte del Tribunal Administrativo de
Risaralda ─sentencia del 5 de septiembre de 2002─; sin embargo, en sede de
apelación, tal decisión fue revocada por la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado, en sentencia del 30 de enero de 2013, por cuanto consideró
que el accionante no había acreditado el padecimiento de un daño cierto. Esta
decisión fue materia de una acción de tutela cuyo resultado fue adverso al
accionante, tanto en primera como en segunda instancia, por las Secciones Cuarta
─sentencia de tutela del 13 de noviembre de 2013─ y Quinta ─ del Consejo de
Estado ─sentencia del 20 de marzo de 2014─, respectivamente. Por este motivo,
el abogado del señor Ochoa solicitó ante la Corte Constitucional la revisión de los
fallos de tutela, no obstante, la tutela no fue seleccionada.
A juicio del aquí actor, la Corte incurrió en un error al no haber seleccionado la tutela
para revisión. Demanda reparación de daños derivados de ese defectuoso proceder
de la Corte.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera – Subsección B, por
auto del 17 de agosto de 20162, dispuso la admisión de la demanda. El proveído
admisorio fue notificado en debida forma3. En este interregno, el demandante
solicitó que se vinculara como litis consorte facultativo al señor Luis Enrique Ochoa
Estrada4, solicitud a la que accedió el Tribunal por auto del 15 de noviembre de
20165, librándose las correspondientes notificaciones6. El término de traslado de la
demanda corrió en silencio7.
El Tribunal evacuó la audiencia inicial en sesión celebrada el 15 de junio de 20178,
a la cual no concurrió el extremo demandado, pero sí el demandante y el agente del
Ministerio Público. En desarrollo de esta, se declaró saneado el trámite, se indicó
2 Folios 36-38, C. 1.
Cabe indicar que, previamente había proferido auto inadmisorio ─folios 24-25, C. 1─, con el fin de que se
subsanara la demanda en relación con la cuantía y el aporte de pruebas para acreditar la calidad en que se
actuaba. Al respecto, la parte demandante allegó escrito de subsanación (folios 28-29, C. 1.
3 Folios 39-44, C.1.
4 Escrito de solicitud visible a folios 52-56, C. 1., junto con el respectivo poder otorgado por el señor Ochoa
Estrada al abogado Absalón Gartner.
5 Folios 59-60, C.1.
6 Folios 61-67, C.1. Respecto de la notificación a la Corte Constitucional, se libró informe secretarial en razón a
que no fue posible su notificación por cuanto no cuenta con correo de notificación judicial. (fl. 67, C. 1).
7 Folios 80-81, C. 1.
8 Acta de audiencia inicial obrante a folios 87-91 y CD folio 92, del C. 1.
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Demandante: Absalón Gartner Tobón
que al no haberse presentado contestación de la demanda no existían excepciones
por resolver, de ahí que se procedió a la fijación del litigio en los siguientes
términos (Núm. Art. 180 íd.): “¿Es responsable administrativa y
extrapatrimonialmente la Rama Judicial por la no revisión sobre las sentencias de
tutela con relación a las providencias del 13 de noviembre de 2013 y el 20 de marzo
de 2014?”.
En el curso de la citada audiencia, el Tribunal, al momento del decreto de pruebas,
incorporó el acervo documental aportado por la demandante. En vista de que la
demandante no solicitó la práctica de pruebas, dispuso, conforme al artículo 181 del
CPACA., prescindir de la audiencia de pruebas y ordenó la presentación de
alegatos por escrito, oportunidad que aprovechó la parte demandante9, a través de
un escrito impreciso en el que, de lo que se logra extraer, el demandante centra su
reproche en el error jurisdiccional que le achaca a la sentencia del Consejo de
Estado que negó las pretensiones de la reparación directa por defectuoso
funcionamiento que dio lugar a la interposición de la tutela y, repitera lo ya expuesto
frente a la decisión de la Corte Constitucional de no escoger la tutela para revisión.
Cumplidas las sub etapas previstas en los artículos 180 a 182 de la Ley 1437 de
2011, el Juez Colegiado dictó sentencia de primera instancia.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 26 de julio de 201710,
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la omisión invocada no
tiene la entidad para configurar la existencia de un daño antijurídico, por cuanto la
potestad de la Corte Constitucional para revisar eventualmente una tutela es
discrecional. En sustento, trajo a colación el artículo 86 constitucional, los artículos
32 y 33 del Decreto 2591 de 1991 y la sentencia C-018 de 1993 que declaró
exequibles los mencionados artículos reglamentarios, para remarcar que la revisión
eventual no constituye un derecho de las partes en tutela, que la decisión
potestativa de seleccionar o no una tutela para revisión no requiere motivación
expresa y obedece al criterio de la Corte Constitucional y, que el único fin de la no
revisión de una tutela es concretar la firmeza del fallo, ya sea de primera instancia
no impugnado o de segunda instancia.
Respecto de los hechos relacionados con la reparación directa a través de la cual
reclamaba los daños y perjuicios derivados la mora judicial que condujo a la
preclusión de la investigación penal por razones de prescripción, indicó el Tribunal
que, si bien no ponía en duda ni cuestionaba los argumentos esgrimidos por el
demandante, lo cierto era que las pretensiones de la actual demanda no se
dirigieron hacia ese aspecto, aunado a que el presente proceso no podía
convertirse en una tercera instancia revisora de las actuaciones judiciales objeto de
la acción de tutela.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante11, mediante escrito de apelación presentado el 16 de agosto
de 201712, manifestó su disenso con la decisión de primera instancia, sobre la base
de los siguientes argumentos:
9 Folios 94-98, C. 1.
10 Folios 103-114 del C. ppal.
11 Entiéndase el señor Absalón Gartner Tobón en su nombre propio y, en representación del señor Luis Enrique
Ochoa Estrada.
12 Folios 123-129 del C. ppal.
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Demandante: Absalón Gartner Tobón
2.4.1. En el fallo recurrido no se hizo mención alguna, ni se dimensionó y
valoró el “hecho protuberante” que constituía la causa petendi en el proceso
de reparación directa iniciado contra la Fiscalía General de la Nación por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el que el
Tribunal Administrativo de Risaralda, en primera instancia, falló de forma
favorable las pretensiones, porque se encontraba demostrado el daño, a partir
de documentos públicos que, habiendo sido aportados, fueron
“olímpicamente” ignorados por el ad-quem que revocó la decisión.
El a quo consideró que esos hechos no debían estudiarse porque no fueron
materia de las pretensiones y porque este proceso no era una tercera
instancia, no obstante, tales pruebas eran imprescindibles para confrontar la
sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda con la sentencia de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, esta última violatoria del debido
proceso y constitutiva de una vía de hecho. Como contra esta decisión se
interpuso una tutela que no prosperó ni en primera, ni en segunda instancia,
por ello se solicitó la revisión y, de la negativa de esta, se desprendió la
procedencia de la presente acción de reparación, por tanto, necesario era
atender las pruebas que ameritaban la revisión, sin que ello se considere una
tercera instancia como supuso el a quo.
Así, debió existir un examen crítico de esas pruebas, pues estaba demostrado
que se produjo un daño antijurídico que debía ser reparado integralmente, ya
que por desidia e indolencia de la jurisdicción penal se frustró el derecho de
la víctima a ser resarcida por los perjuicios ocasionados por el delito, máxime
que las pruebas indicaban que el penalmente investigado había cometido un
despojo en disfavor del señor Ochoa, despojo que fue elevado a escritura
pública y, además, había cometido fraude a resolución judicial. Por todo ello,
la reparación del daño era inminente, pero se frustró por una decisión judicial
de la Sección Tercera del Consejo de Estado que pretermitió la debida
valoración probatoria y a través de un “disparate y exabrupto indescifrable”,
concluyó que el daño no era cierto porque el damnificado “tenía un escenario
distinto a la constitución en parte civil en el proceso penal para buscar el
resarcimiento de los perjuicios.
2.4.2. El exabrupto aludido, que ofende el sentido común, la lógica y la
sindéresis, no mereció reproche en las decisiones que resolvieron
negativamente la acción de tutela, pues se limitaron a decir que no existía un
agravio constitucional y que todo se reducía a una divergencia de criterios
entre el litigante vencido y el Juez. Por ello, puso de presente ante la Corte
Constitucional que el caso ameritaba revisión en acatamiento a lo dispuesto
en el artículo 241 constitucional y la sentencia SU-1219 de 2011, pero la Corte
no se dio por enterada, pese a que, además, un Magistrado de la propia Corte
Constitucional intervino para solicitar la revisión.
2.4.3. Más allá de que sea o no discrecional la decisión de revisar una tutela,
aquella no escapa a los fines de la norma que la autoriza y, es proporcional a
los hechos que le sirven de causa (artículo 44 del CPACA). Por consiguiente,
el acto discrecional también debe ser controlado, dado que, si tal precepto
aplica para actos administrativos, con mayor razón para actos jurisdiccionales
que, por mandato constitucional, tienen que ser motivados; de ahí que carezca
de validez el dicho del a quo en cuanto a que la decisión de no revisar una
tutela no se encuentra atada a ninguna motivación.
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2.4.4. No es cierto que la demanda se dirija contra el instituto jurídico de la
revisión de tutela, sino que lo que se protesta mediante la presente demanda
es el hecho de no haberse hecho uso de esa facultad, a pesar de la ofensa
ostensible a los postulados constitucionales que representaban las sentencias
objeto de tutela, por cuanto la Corte, en su condición de guardiana de la
Constitución tenía la obligación de garantizar la integridad y supremacía de la
norma superior y, al no hacerlo, tal conducta omisiva fue generadora de un
daño resarcible.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 22 de agosto de 201713,
concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia.
2.5. Trámite relevante en segunda instancia
Esta Corporación, en auto del 15 de marzo de 201814, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante. Posteriormente, por auto del 6 de
julio de 201815, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión, y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo. Así lo
hicieron la demandante16 y la demandada17, mientras que el Ministerio Público
guardó silencio.
La parte demandante reiteró lo ya expuesto, pero, enfatizó que: “En el caso
ocurrente (sic) los temas de discusión, de prueba y de decisión, están circunscritos
a establecer fehacientemente si se configuró o no ERROR JURISDICCIONAL en el
fallo proferido el 30 de enero de 2013 por la Sección Tercera Subsección A del
Consejo de Estado y si la Corte Constitucional en la etapa de revisión o no de las
sentencias culminantes de la acción de tutela” cumplió con las obligaciones que le
impone la Constitución como guardiana de la integridad y la supremacía en los
términos del artículo 241 superior, pues, “la Corte Constitucional no puede entender
que defender o no la Carta sea algo que dependa de su voluntad orientada por
cálculos de oportunidad y conveniencia como se dice de los actos discrecionales
absolutos, por fortuna proscritos en un Estado social de derecho asegurador de un
orden justo (…)”.
La Rama Judicial, en condición de demandada, alegó que la demanda se refería
básicamente a la decisión de la Corte Constitucional de no aceptar la insistencia de
revisión de las sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado en sus
Secciones Cuarta y Quinta, con las cuales se pretendió, como si fuera una tercera
instancia, derruir lo expuesto en el proceso contencioso promovido por el señor
Ochoa Estrada en contra de la Fiscalía General de la Nación. Así las cosas, lo que
ahora pretende el abogado demandante con esta demanda es que se libre una
cuarta instancia. Adicionalmente, conforme a las sentencias de constitucionalidad
C-018 de 1993 y C-1716 de 2000, la Corte Constitucional no está en la obligación
de revisar todos los casos de tutela. Adicionalmente, en la sentencia de tutela
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se identificó que el asunto
carecía de relevancia constitucional, por cuanto el demandante lo que pretendía era
reabrir el debate ya definido por el juez natural; esto, para significar que al no existir
razones de fondo no era procedente la revisión eventual y que, el hecho de que no
se revisara un fallo de tutela no implicaba per se la existencia de un error
13 Folio 132 del C. ppal.
14 Folio 142 del C. ppal.
15 Folio 145, C. ppal.
16 Folios 156-166, C. ppal.
17 Folios 147-150, C. ppal.
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jurisdiccional, pues tal decisión es jurídicamente admisible. Refirió que, además, el
daño reclamado, consistente en la pérdida de los honorarios que no fueron
percibidos por el abogado, no fue demostrado por prueba alguna, aunado a que la
demanda relata una serie de circunstancias sin que se logre precisar o identificar el
error que se le enrostra a la Corte Constitucional, como tampoco, de qué forma el
máximo tribunal constitucional causó el daño.
Concluida la etapa de alegaciones, el expediente ingresó al despacho para fallo.
III. MARCO DE JUZGAMIENTO Y PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Al principio de congruencia se le concibe como una norma del derecho procesal,
según la cual, el operador jurídico de la causa se encuentra obligado a guardar en sus
decisiones estrecha concordancia con los fundamentos fácticos y pretensiones
formuladas en la demanda.
En ese orden, el artículo 281 del Código General del Proceso contempla tres
preceptos que debe seguir el juez es sus sentencias para el cumplimiento de la regla
procesal: (i) no es válido emitir fallos ultra petita, es decir sentencias en las que se
condene al demandado por una cantidad superior a la solicitada o que se concedan
más cuestiones de las pedidas; (ii) no se pueden emitir fallos extra petita, o sea,
sentencias en donde se condene al demandado basado en pretensiones distintas a
las de la demanda y (iii) no se puede proferir sentencias por causas distintas a las
invocadas en la demanda. Aunado a ello, la norma en comento prevé la posibilidad
de emitir fallos mínima petita, es decir, providencias que reconocen las pretensiones
hasta donde el actor logró demostrar sus fundamentos de hecho y de derecho,
parámetro que, por demás, se ajusta a los contextos de una justicia rogada como lo
es la Contenciosa-administrativa.
En esa línea, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido pacífica en considerar
que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en las actuaciones que conoce,
carece por completo de facultades para variar la causa petendi que se narra en la
demanda18. Así, cualquier modificación del marco fáctico y/o petitorio implicaría el
desconocimiento de los principios de congruencia y debido proceso; ya que, por una
parte, aquella sorprendería a la entidad pública demandada cuya defensa y medios
exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos presentados en la demanda y,
por otra parte, jamás tendría opción de ejercer el derecho de controvertir y aportar
pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio, eventual base de la declaración
de responsabilidad y consecuencial condena al pago de los perjuicios, por lo que el
juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda, sus fundamentos fácticos
y jurídicos con base en la prueba aportada al proceso en relación con los hechos
que expuso el demandante y contestó el demandado, como lo dispone el artículo
281 del CGP.
Ilustrado lo anterior, la Sala denota que, en el presente asunto, presentada la
demanda y fijado el litigio, la controversia se circunscribió a determinar si cabe imputar
responsabilidad administrativa y patrimonial a la Rama Judicial por la no escogencia
para revisión, por parte de la Corte Constitucional, de las sentencias de tutela
proferidas el 13 de noviembre de 2013 y el 20 de marzo de 2014, por las Secciones
Cuarta y Quinta del Consejo de Estado, en primera y segunda instancia.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24
de octubre de 2016, exp. 34357; reiterada por la misma Subsección, entre otras, en sentencia del 20 de febrero
de 2020, exp. 54407.
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Demandante: Absalón Gartner Tobón
Pese a ello, la Sala observa que en el recurso de apelación el demandante, por un
lado, se desmarcó de la fijación del litigio y, por otro, introdujo un nuevo petitum,
comoquiera que pretende que en este contencioso se estudie el supuesto error
jurisdiccional contenido en la sentencia proferida el 30 de enero de 2013 por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que decidió en segunda instancia la
demanda de reparación interpuesta por Luis Enrique Ochoa Estrada contra la Fiscalía
General de la Nación por el hecho de haber dejado prescribir la acción penal que se
adelantaba en contra de una persona de la que, se decía, había despojado de un bien
al señor Ochoa. De igual modo, pretende que se analice un supuesto error judicial
contenido en las sentencias de tutela que se interpusieron contra la anterior decisión,
cuando es claro que, desde el comienzo, el error jurisdiccional que postula en esta
oportunidad lo hizo consistir, exclusivamente, en la decisión de la Corte Constitucional
de no seleccionar para revisión las mentadas decisiones de tutela. Al punto, en la
demanda textualmente se advocó:
(…) respetuosamente acudo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (…) a fin
de demandar (…) a la H. Corte Constitucional por haber incurrido ésta en ERROR
JURISDICCIONAL mediante el ejercicio indebido de la discrecionalidad al negarse a
REVISAR LAS SENTENCIAS DE TUTELA proferidas por el H. Consejo de Estado
Sección Cuarta y Quinta. A pesar de que en ellas se incurre en ostensibles ofensas al
ordenamiento jurídico que reclaman la intervención activa de la entidad guardiana de la
integridad de la Constitución Nacional19.
En consonancia con lo expuesto, dirigió la primera de sus pretensiones, así:
1. Declárese que la demandada es responsable patrimonialmente por el daño
antijurídico causado al demandante al ABSTENERSE DE REVISAR LAS
SENTENCIAS PROFERIDAS POR LA SECCIÓN CUARTA Y QUINTA DEL CONSEJO
DE ESTADO calendadas 13 de Noviembre de 2.013 y 20 de Marzo de 2.014
respectivamente y mediante las cuales culminó el proceso de tutela promovido por el
señor LUIS ENRIQUE OCHOA ESTRADA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO
DE LA JUSTICIA en contra de la Nación Colombiana, Administración de Justicia,
Fiscalía General de la Nación. (…)20.
Si bien, en los hechos de la demanda, con fines de contextualización, memoró los
acontecimientos fácticos y jurídicos que se dieron desde la formulación de la denuncia
penal por parte del señor Ochoa Estrada contra el ofensor de su patrimonio económico
─William Dempsey─, pasando por las sentencias que precedieron a este contencioso
hasta llegar al momento en que la Corte Constitucional no seleccionó la acción de
tutela para revisión y, aun cuando en su narrativa descalificó todas las decisiones
previas y las acusó de erróneas, tal circunstancia no implicó una modificación de la
causa petendi, establecida de forma unívoca en la demanda.
Así las cosas, frente a esa pretendida alteración del objeto de la demanda a través del
recurso de alzada, la Sala recalca que tal medio impugnatorio no tiene la finalidad de
recomponer la controversia, por cuanto ello viene contrario al principio de congruencia
que obliga a mantener incólume la causa petendi. En tal virtud, gran parte las
alegaciones contenidas en los fundamentos 2.4.1. y 2.4.2. de la apelación, referidas a
la posible existencia de un error jurisdiccional contenido en la sentencia proferida el 30
de enero de 2013 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, dentro
del radicado 23.769 y las decisiones proferidas por las Secciones Cuarta y Quinta del
Consejo de Estado el 13 de noviembre de 2013 y el 20 de marzo de 2014 dentro del
19 Folio 4, C. 1.
20 Folio 5, C. 1.En lo que sigue de la pretensión refirió la forma como culminó el aludido proceso instaurado
por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, la segunda y tercera de las pretensiones las
dedicó al pedimento de las condenas para el resarcimiento de los perjuicios causados.
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Demandante: Absalón Gartner Tobón
trámite de tutela con radicado No. 2013-01210, no hacen parte del objeto de la
presente demanda, ni constituyen un reproche sobre el que esta Colegiatura deba
pronunciarse, lo que no obsta, en todo caso, para que a manera de recuento con fines
de contextualización de la causa, se aluda a las mismas.
Igualmente, en línea con la afectación al principio de congruencia, aunado al principio
de preclusividad de las etapas procesales, no es posible tener en cuenta las
alegaciones de la demandante tendientes a expandir la causa petendi hacia otros
escenarios de error jurisdiccional distintos al que pregona de la decisión proferida por
la Corte Constitucional al no seleccionar para revisión las decisiones de tutela, pues
como se indicó, este último y único supuesto es el que genuinamente se invoca en la
demanda como constitutivo de la causa para pedir.
IV. PROBLEMA JURÍDICO
Habiéndose precisado el marco de juzgamiento de este asunto en segunda
instancia, a esta Subsección le corresponde resolver, en primer lugar, el siguiente
problema jurídico:
4.1. ¿Demostró la demandante haber padecido un daño antijurídico como
consecuencia de la no revisión por parte de la Corte Constitucional de las sentencias
de tutela proferidas por las Secciones Cuarta y Quinta del Consejo de Estado el 13
de noviembre de 2013 y el 20 de marzo de 2014 dentro del trámite de tutela con
radicado No. 2013-01210?
En caso de que se resuelva de forma positiva el anterior cuestionamiento, deberá
la Sala analizar si el daño, así revelado, le es imputable al ente demandado y, de
serlo, se decidirá lo pertinente al reconocimiento de perjuicios.
IV. HECHOS PROBADOS
El acervo probatorio del presente proceso se compone de los documentos
aportados con la demanda y debidamente incorporados. Tales documentos son:
4.1. Sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de
Risaralda el 5 de septiembre de 2002, dentro del proceso de reparación directa
tramitado bajo el radicado No. 2000-0876, e interpuesto por Luis Enrique Ochoa
Estrada contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, mediante
el cual el demandante pretendía ser reparado por los daños y perjuicios
ocasionados por el que consideró un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, derivado de la prescripción de la acción penal, dado que,
habiendo interpuesto el 18 de mayo de 1997 una denuncia penal contra el señor
William Dempsey Meyers y, estándose para calificar el sumario, se declaró la
preclusión de la investigación por prescripción de la acción penal21. La mencionada
sentencia accedió parcialmente a las pretensiones y condenó al pago de perjuicios
materiales en favor del demandado. La anterior decisión se alzó en recurso de
apelación que fue decidido el 30 de enero de 2013 por la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado
4.2. Sentencia del 30 de enero de 2013 emitida por la Sección Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se revocó el fallo condenatorio dictado
por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En sustento, se dijo que el daño no
ostentaba el carácter de cierto, dado que el demandante no se encontraba en
21 Así aparece consignado en el precitado fallo, obrante a folios 123-143 del C. 2.
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Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
imposibilidad definitiva de obtener el resarcimiento esperado, aunado a que con la
apertura de investigación no podía decirse que se encontraba probado el punible
investigado. Así mismo, el fallador resaltó que en el suceso de la prescripción
influyó el tiempo que dejó pasar el afectado para interponer la denuncia, y remarcó
que, con ello, no quería significar que la Sala “salude o aplauda los efectos nocivos
que puede llegar a tener la preclusión por prescripción de una investigación penal
en el patrimonio de quien optó por constituirse como parte civil en el proceso penal,
pero sí es importante hacer claridad en el hecho de que, en el presente caso, la
actuación de la Fiscalía no puede ser calificada de negligente (…)”22.Contra la
anterior decisión, el señor Luis Enrique Ochoa Estrada interpuso una acción de
tutela, que se tramitó bajo el radicado No. 2013-01210.
4.3. Sentencia de tutela del 13 de noviembre de 2013, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, con decisión adversa, por cuanto se indicó que no
se cumplía con el requisito de relevancia constitucional23. La anterior decisión fue
objeto de impugnación.
4.4. Sentencia emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia
del 20 de marzo de 2014, que confirmó la anterior decisión, al concluirse que lo
pretendido por la parte actora era revivir un debate ya fenecido24.
4.5. Memorial con sello de radicación ante la Corte Constitucional del 29 del abril
de 2014, con el que el señor Absalón Gartner Tobón suplica la revisión de las
antedichas sentencias de tutela25.
4.6. Se allegó lo que, parece ser, es el registro de pantalla de un reporte extraído
de la página web de la Corte Constitucional con la trazabilidad de las actuaciones
surtidas luego de enviado el expediente de tutela No. T-4333012 a la Corte
Constitucional para su revisión eventual, en el que aparece que el demandante es
el señor Ochoa Estrada Luis Enrique y, el demandado es el Consejo de Estado, y
que el expediente se envió a la Sala de Selección el 24 de abril de 2014, se decidió
no seleccionarlo el 15 de mayo de 2014 mediante auto notificado por estado el 3
de junio de 2014. Posteriormente, aparece anotación de registro que indica
“Insistencia por Magistrado Corte Constitucional” en fecha junio 18 de 2015 y un
registro de “No aceptada Insistencia”, que data del 25 de junio de 201426.
4.7. Se aportó un documento suscrito por el señor Luis Eduardo Sepúlveda Trejos,
en su condición de contador público, en el que se hacen estimativos por
actualización del lucro cesante dejado de percibir por Arcillas de Colombia Ltda. Y
se calcula un porcentaje del 40% correspondiente a honorarios, discriminando un
valor por daño emergente y otro por lucro cesante, para un total de
$5.664.258.216.3327.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Presupuestos de la sentencia de mérito
5.1.1. La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo
22 Así se desprende del mencionado fallo visible a folios 83-122 del C. 2.
23 Decisión que aparece a folios 51-57, C. 2.
24 Dicho fallo reposa a folios 29-43 del C. 2.
25 Folios 10-27, C. 2.
26 Folios 8-9, C. 2
27 Folios 4-6, C. 2.
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Demandante: Absalón Gartner Tobón
preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 199628 y a la naturaleza del
asunto29, así como al oportuno ejercicio que de la acción de reparación directa
hizo la parte demandante, pues, la providencia mediante la cual se decidió no
aceptar la insistencia de revisión de la tutela, data del 25 de junio de 2014 y se
notificó el 7 de julio de 201430, por lo que, como de dicha decisión es que se predica
el supuesto error jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el literal i) del
numeral 2 del artículo 164 ejusdem, los dos años establecidos por el legislador
comenzaron a correr el 8 de julio de 2014 e iban hasta el 8 de julio de 2016, de tal
suerte que, como la demanda se interpuso el 20 de junio de 2016, quiere decir que
lo fue en tiempo, inclusive, sin tener en cuenta la suspensión por el agotamiento del
trámite de conciliación prejudicial31.
En cuanto a la legitimación en la causa, la Sala encuentra que, por activa, se
encuentra legitimado el señor Absalón Gartner Tobón, por cuanto se trata de la
persona que elevó ante la Corte Constitucional solicitud de revisión de tutela, de
cuya negativa hace consistir el supuesto error jurisdiccional impetrado ─hecho
4.5─. Así mismo, por pasiva, se encuentra legitimada la Nación – Rama Judicial,
dado que, conforme lo prescribe el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, a que a su
estructura pertenece la Corte Constitucional, órgano judicial cuestionado por la
demandante en relación con la negativa de no revisar la acción de tutela formulada
por el señor Ochoa Estrada.
5.1.2. Primer problema jurídico - Análisis del supuesto error jurisdiccional
contenido en la decisión de no seleccionar para revisión eventual la tutela.
Respecto del error judicial, en tanto título de imputación, la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia prevé que este se materializa en una providencia judicial
contraria a la ley, es decir, aquella decisión que incurre en error de derecho,
entendido como la indebida o falta de aplicación de la norma que corresponde al
caso concreto32, o en error de hecho, derivado de la indebida valoración probatoria
por no considerar un hecho debidamente probado o no decretar pruebas
conducentes para determinarlo33. Por tanto, un daño antijurídico por error
jurisdiccional se configura cuando se presenta una lesión a un interés jurídicamente
28 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos
anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento
ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los
Tribunales Administrativos”.
29 CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008,
rad. núm. 11001-03-26-000-2008-0009-00(34985).
30 Según consta en la página web de la Corte Constitucional, dato disponible en
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AutosAnteriores.php
31 Obra constancia expedida por la Procuraduría 55 Judicial II para Asuntos Administrativos, en la que consta
que el señor Absalón Gartner Tobón presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 25 de junio de 2015 y, el
23 de septiembre de ese año se expidió constancia del trámite fallido por falta de ánimo conciliatorio. Cfr. Folios
1-2, C. 2.
32 “La jurisprudencia ha sido reiterativa al considerar que de una norma jurídica pueden considerarse diversas
soluciones sin que una de ellas sea la única correcta o verdadera, más aún en aquellos casos en los que el
ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias hipótesis normativas válidas para decidir, eventos en los que el
funcionario judicial podrá escoger razonablemente una de esas hipótesis. Así pues, para determinar la validez
de la decisión judicial o si ésta se encuentra en la esfera de lo cuestionable, debe tenerse en cuenta que, en
casos análogos, la hermenéutica jurídica puede llevar a resultados dispares basados en un mismo fundamento
normativo ya que en el universo jurídico conviven distintos métodos de interpretación, además de diversas
concepciones del Derecho, con incidencia práctica en las resultas de los casos puestos en conocimiento de la
administración de justicia. Por ello, la concepción ius racionalista del juez Hércules capaz de llegar a esa
inequívoca y unívoca solución correcta de los asuntos sometidos a su conocimiento, diferente del juzgador
humano naturalmente falible, solamente puede concebirse como una “idea regulativa”, esto es, como una idea
ficticia que, no obstante, debe ser concebida como si existiera, para permitir la evolución del derecho.” Consejo
de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 26 de noviembre de 2018, expediente 39969. En igual sentido,
sentencias de 26 de julio de 2012 expediente 22581 y de 27 de abril de 2006, expediente 14837.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, en la que se reitera tesis de
sentencias de 4 de abril de 2002, expediente 13606 y de 30 de mayo de 2002, expediente 13275.
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Demandante: Absalón Gartner Tobón
tutelado a una persona, cometido por una autoridad investida de una facultad
jurisdiccional en el curso de un proceso y materializado a través de una
providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está
en el deber de soportar; de ahí, que el término de caducidad para este factor de
imputación corra en relación con la providencia a la que se le achaca el error.
En punto de este factor de imputación, el artículo 67 de la Ley 270 de 1996,
establece como requisitos para que proceda el análisis de un asunto a través de
dicho título que: (i) que se hayan interpuesto los recursos de ley, y (ii) la providencia
contentiva del error se encuentre en firme.
Ahora bien, cuando de analizar un supuesto de error jurisdiccional se trata, resulta
indispensable que se aporte la sentencia o providencia de la cual se predique aquél,
pues, se entiende, que no de otra forma el fallador puede estudiar la existencia del
yerro que se invoca.
Al punto, la Sala encuentra que el auto mediante el cual la Corte Constitucional
decidió no seleccionar la tutela interpuesta por el Señor Ochoa Estrada, así como
el proveído mediante el cual no se accedió a la insistencia de revisión, no fueron
allegados por el demandante, lo que, en principio, impediría comprobar la
satisfacción de los presupuestos de procedencia del estudio del error judicial, al
tiempo que también imposibilitaría efectuar el análisis de fondo del caso. Sin
embargo, como en el presente asunto la providencia atacada, de acuerdo con su
naturaleza carece de motivación y se reduce a enlistar aquellos asuntos que, o bien
son excluidos, o bien son seleccionados para revisión, basta que se demuestre la
existencia de la decisión y, que en la misma se haya adoptado la decisión negativa
que la parte actora aduce.
Por ser así, comoquiera que dicha providencia puede ser ubicada en el portal web
de la Corte Constitucional, en el link de “Estados sala de selección”34, dominio que
es de acceso público, de tal forma que puede ser objeto de corroboración y proviene
de una fuente confiable35, la Sala entiende que, habiéndose aportado por la
demandante los datos (radicado y partes) que permiten con certitud identificar y
hallar la providencia cuestionada, nada obsta para que de forma directa el fallador
pueda obtener la providencia dejada de aportar por la demandante. En este punto
se enfatiza en que, en modo alguno se está relevando de la carga a la demandante
de aportar el fallo del que se hace depender el predicamento de error, sino que,
conforme a las circunstancias particulares del presente caso, es posible comprobar
de fuente fidedigna, la existencia de la decisión proferida el 25 de junio de 2014,
así como su fecha de notificación ─7 de julio de 2014─, como también, que en
aquella se resolvió negativamente la insistencia para revisar las actuaciones
surtidas en el expediente de tutela No. T-4333012, que corresponde a la tutela
interpuesta por el señor Ochoa contra la Rama Judicial.
Establecido lo anterior, es factible concluir que, en el presente caso, se cumplen los
dos supuestos que exige la ley para la procedencia del estudio del error
jurisdiccional, pues se sabe que el mencionado auto cobró firmeza porque contra
aquél no procede recurso alguno36 y, tal como ha dicho la Corte Constitucional, “el
34 Auto del 25 de junio de 2014, notificado el 7 de julio de 2014. Consultado en:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/autos/AutosAnteriores.php
35 Según el artículo 243 CGP, documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su
cargo o con su intervención y se presume auténtico, es decir, existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito o firmado.
36 Si bien, en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, reglamentario de régimen procedimental de los juicios y
actuaciones que deban surtirse ante la corte constitucional, se establece que procede recurso de súplica contra
el auto de rechazo de la demanda, de la propia semántica de dicha norma, se colige que aquella rige
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Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
efecto jurídico de la no selección es concretamente el de la firmeza del fallo
correspondiente37. De esta forma, la Sala proseguirá al análisis de los cargos de la
apelación, remitiéndose, como ya se anticipó, a aquellos afines al principio de
congruencia que, básicamente, son los que guardan relación con la causa petendi.
Alude el apelante que el caso ameritaba revisión, por un lado, en acatamiento a lo
dispuesto en el artículo 241 constitucional que difiere a la Corte Constitucional el rol
de guardiana de la integridad y la supremacía constitucional, por lo que, en el
presente asunto, al tratarse de una agresión inobjetable a sus derechos
fundamentales, surgía para la Corte la obligación de revisar los fallos de tutela, y,
por otro lado, de acuerdo con lo expuesto en la sentencia SU-1219 de 2011, en la
que se indicó que la Corte debía mirar la totalidad de las sentencias de tutela, bien
para seleccionarlas o para no hacerlo, pero que, en cualquiera de los dos eventos
debía estudiar el fallo de instancia y asumir una decisión al respecto.
Al punto, debe indicarse que, aun cuando es indiscutible que la Constitución le
confió a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y la supremacía
constitucional, cometido que cumple a través de las funciones estrictamente
otorgadas, dentro de estas, la revisión de las decisiones relacionadas con la acción
de tutela, también lo es, que tal mandato quedó supeditado a la forma en la que, por
ley, se determinara cómo debía llevarse a cabo la labor de revisión ─art. 241.9
constitucional─.
Fue así como, en el ámbito de tal competencia, el Presidente de la República, con
la firma de sus ministros de Gobierno y de Justicia, expidió el Decreto 2591 de 1991,
reglamentario de la acción de tutela, y en este, respecto de la revisión que debía
acometer la Corte Constitucional, dispuso:
ARTÍCULO 33. REVISION POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Corte
Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin
motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser
revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar
que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión
puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de
tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su
recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses. ─Se resalta─
Tal disposición, como bien lo indicó la primera instancia, superó el examen de
constitucionalidad (sentencia C-018 de 1993) y, en aquella ocasión la Corte hizo
hincapié en que, “en ninguna parte del artículo 241.9 se está consagrando la
obligatoriedad de la revisión de todos los fallos de tutela”, criterio que
posteriormente fue reiterado bajo el argumentos de que: “La selección de casos
singulares para revisión constitucional no es un derecho de ninguna de las partes
que hayan intervenido en los procesos de amparo (…) y la decisión de [no revisar
un caso] es discrecional”38. Por consiguiente, cuando la Corte Constitucional decide
no revisar un caso, en modo alguno está desconociendo el mandato constitucional
previsto en el artículo 241 superior.
únicamente para las demandas de inconstitucionalidad, más no para las revisiones eventuales de tutela. Ese
mismo entendimiento ha sido prohijado por la Corte Constitucional (Cfr. Auto 177 A de 2019). Además, el
Reglamento de la Corte Constitucional establece en su artículo 55 de manera expresa que: “Las decisiones
adoptadas por la Sala de Selección no admiten recurso alguno”.
37 Corte Constitucional, sentencia C-987 de 2010.
38 Corte Constitucional, sentencia C-987 de 2010.
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Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
Ahora, es cierto que la Corte Constitucional en la sentencia SU-2119 de 2001, en
cuanto al valor de la revisión de fallos de tutelas, indicó que:
[…] el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte Constitucional
obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la
guarda de la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine
cuáles son los fallos de tutela que representan una aplicación adecuada de los
derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en
materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con
esta decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz,
para evitar que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen
como principios medulares de la organización política colombiana. Es así como la
Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela, bien sea para
seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no selección
pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar
una decisión al respecto.
Como puede observarse, una cosa es que se indique que, para efectos de
determinar aquellos casos que ameritan surtir el trámite de revisión la Corte deba
examinar todas las sentencias y, otra distinta entender que se deba surtir la revisión
de todos los casos de tutela, de hecho, desde el punto de vista semántico, la
acepción del vocablo “selección” se circunscribe al marco de una escogencia que
se hace dentro de un conjunto mayor al que comprende lo seleccionado. Luego
entonces, lo expuesto por la Corte Constitucional en dicha oportunidad, en nada
afianza la tesis del demandante.
Ahora, la analogía que postula el demandante entre el control de legalidad de los
actos administrativos y el control que predica para la decisión discrecional de no
revisar una tutela, no es procedente, porque, en el caso específico de la revisión
eventual de tutela, es la propia ley la que dispone, como ya se advirtió, que aquella
no está supeditada a motivación expresa y obedece únicamente al criterio de la
Corte Constitucional, criterio que se cimienta precisamente en su condición de
guardiana de la Constitución, de ahí que no tendría el juez de la reparación razón
o fundamento alguno para desvirtuar o auscultar la decisión del alto tribunal de lo
constitucional, proferida en el ámbito de las competencias y alcance que la
Constitución y la ley le confirió, como tampoco, para desplazarse desde dicho
proveído hacia las decisiones judiciales que le precedieron y que eran la causa de
la solicitud de revisión, porque, como ya se dijo, ello implicaría una modulación de
la causa petendi que no le está permitida ni al juez, ni a las partes.
Por todas esas razones, la Sala comparte el pronunciamiento del a quo, pues,
ciertamente no se encuentra acreditado el supuesto de error judicial y, por esta vía,
es factible concluir que no se demostró la existencia de un daño resarcible, máxime
que, en el hipotético evento que se hubiera seleccionado el fallo para revisión
eventual, nada garantizaba que la decisión de la Corte se diera en los términos que
asume el demandante y, por tanto, que hubiera nacido la obligación de obtener el
provecho económico que reclama por los honorarios frustrados que, valga decir,
tampoco se encuentran acreditados, pues, tan siquiera se allegó el contrato de
prestación de servicios profesionales que acreditara la modalidad de pago y el rubro
de honorarios pactado, sino que el demandante se limitó a allegar un estimativo
realizado por un contador público, sin soporte alguno.
En razón a lo expuesto, la sentencia del 26 de julio de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, denegatoria
de las pretensiones, será confirmada.
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Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
IV. COSTAS
De acuerdo con lo previsto en el artículo 188 del CPACA39, que remite a las
disposiciones del CGP, las costas están compuestas por expensas, gastos
procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas con criterios
objetivos y verificables en el expediente”40. En cuanto a las reglas para su
imposición, el artículo 365, numeral 1 del CGP, establece que la condena en costas
procede contra la “parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto”. Sin embargo, también prevé que “[s]olo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación” (numeral 8, ejusdem). Como el demandado intervino en segunda
instancia, la Sala procederá a condenar en costas a su favor.
Ahora, conforme a las reglas de procedencia de la condena en costas antes citadas,
no procede su imposición en segunda instancia por los componentes de expensas
y gastos procesales, porque no aparece demostrado en el expediente que la parte
demandada hubiera incurrido en ellos. En lo relativo a las agencias en derecho,
entendidas como “la porción de las costas imputables a los gastos de defensa
judicial de la parte victoriosa”41, la Sala encuentra demostrada su causación y, por
ende, su reconocimiento, dado que en sede de apelación la Rama Judicial, en su
calidad de demandada, acudió a presentar alegaciones de cierre. Para tal efecto, el
Tribunal de origen deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación de
costas, debiendo considerar que en esta instancia se fijan agencias en derecho por
el 0.001% del valor de las pretensiones, de acuerdo con las tarifas establecidas en
el Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura 42,
vigente para cuando se interpuso la demanda43.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, el 26 de julio de 2017,
denegatoria de las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la
parte considerativa.
39 CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil.
40 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-
4 (agencias en derecho).
41Acuerdo No.1887 de 2003, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”. Artículo 2. Concepto.
Se entiende por agencias en derecho la porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de la
parte victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso, el incidente o trámite especial por él promovido, y de quien
se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, revisión o anulación que haya propuesto,
y en los casos especiales previstos en los códigos de procedimiento.”. (…) Artículo 6. Tarifas. Fijar las siguientes
tarifas de agencias en derecho: (…) “CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 3.1. ASUNTOS. (…) 3.1.3. Segunda
instancia. (…) Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia. (…)”.
42 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo sexto establece que las agencias en derecho en segunda instancia
causadas en procesos declarativos serán “Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones confirmadas
o revocadas total o parcialmente en la sentencia.”.
43 El mencionado Acuerdo estuvo vigente hasta el 5 de agosto de 2016, fecha en que se profirió el Acuerdo No.
PSAA16-1054.
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Radicado: 250002336000201601233-01 (60104)
Demandante: Absalón Gartner Tobón
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas a la parte actora. FÍJANSE por el componente
de agencias en derecho en segunda instancia el equivalente a 0,001% de las
pretensiones.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devolver el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARREA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Firmado electrónicamente
VF
BRC*.
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