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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01291-02

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01291-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante y FIJAR las agencias en derecho a favor de la sociedad Estrada Navarro S.A.S. una suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de las pretensiones económicas negadas en esta providencia. Las costas serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-01291-02

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y otro
Listis consorte: Sociedad Navarro Estrada Ltda
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho (Ley 1437 de 2011)

Temas: REQUISITOS DE LA DEMANDA – Cumplidos por la parte actora debieron
analizarse de fondo los cargos de nulidad/ACTOS DE ADJUDICACIÓN – No se
desvirtuó presunción de legalidad.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 24 de julio de 2019, proferida por la Sección Tercera,
Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

2. La demanda satisfizo las exigencias mínimas de procedibilidad, en tanto identificó
las disposiciones presuntamente infringidas y desarrolló de manera suficiente el
concepto de la violación, circunstancia que imponía a la jurisdicción un
pronunciamiento de mérito sobre las pretensiones formuladas.

3. Sin embargo, del análisis integral del material probatorio no se desprende la
configuración de los vicios de legalidad atribuidos a los actos administrativos
demandados, pues no se acreditó que la sociedad adjudicataria hubiera aportado
documentación irregular o insuficiente para demostrar la experiencia exigida en el
pliego de condiciones; tampoco se demostró que su propuesta técnica desconociera
las especificaciones previstas para el respectivo proceso de selección; y,
adicionalmente, la parte actora no certificó que contara con un mejor derecho a la
adjudicación de los grupos objeto de controversia.

4. En estas condiciones, la presunción de legalidad que ampara los actos acusados
permanece, razón por la que se confirmará la sentencia apelada, aunque por
fundamentos distintos de los expuestos por el Tribunal de primera instancia.

ANTECEDENTES

La Demanda

5. El 28 de junio de 2016, la sociedad Servicios y Suministros CJVN S.A.S.,
participante en el proceso de selección, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 001232, 001233 y 001244 del
18 de diciembre de 2015, mediante las cuales se adjudican los grupos 13, 14 y 29
de la licitación pública No. USPEC-LP-050-2015, al considerar que la oferta

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

adjudicataria debía ser rechazada por contener inconsistencias documentales
relacionadas con la acreditación de experiencia e incumplir determinadas
especificaciones técnicas previstas en el pliego de condiciones.

6. Como fundamento de sus pretensiones1, sostuvo que la propuesta debía ser
descalificada, por cuanto la documentación aportada para acreditar la experiencia
presentaba inconsistencias en relación con un contrato celebrado con el Hospital
Militar Central.

7. Alegó que la oferta incluía productos que, a su juicio, incumplían las
especificaciones técnicas previstas en el pliego de condiciones, en particular en lo
relacionado con las condiciones de suministro y presentación de los alimentos,
especialmente respecto del componente de fruta en la oferta técnica.

8. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se mencionaron:

9. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC– adelantó la
licitación pública LP-050-2015 para contratar el suministro de alimentación a
personas privadas de la libertad en distintos establecimientos de reclusión del país.
En desarrollo de dicho procedimiento, los grupos 13, 14 y 29 fueron adjudicados a
la sociedad Estrada Navarro S.A.S., mediante las Resoluciones 001232, 001233 y
001244 del 18 de diciembre de 2015.

10. En relación con los grupos objeto de controversia, la entidad estableció un
presupuesto oficial de $10.219.453.907,84 para el grupo 13, de $11.842.879.579,25
para el grupo 14 y de $6.439.006.524 para el grupo 29.

11. Para todos los grupos comprendidos en el proceso de selección se fijó un plazo
de ejecución que culminaría el 12 de diciembre de 2016, de conformidad con el
cronograma establecido en el pliego de condiciones.

12. La sociedad CJVN S.A.S., participó en la licitación pública y sostuvo que su
propuesta cumplía las exigencias previstas por la USPEC, razón por la cual fue
adjudicataria del grupo 15. Sin embargo, los grupos 13, 14 y 29 fueron adjudicados
a Estrada Navarro S.A.S. en audiencia celebrada el 18 de diciembre de 2015, pese
a que, según la demandante, el Comité Asesor y Evaluador había recomendado el
rechazo de la oferta presentada por esta última para esos grupos.

13. La sociedad Estrada Navarro S.A.S. presentó una copia incompleta de un
contrato de suministro alimentario celebrado con el Hospital Militar Central,

1 “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. 001232 del 18 de diciembre de 2015, proferida

por la DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –
USPEC-, por la cual se adjudicó la licitación LP-050-2015 correspondiente al GRUPO 13 a la sociedad
ESTRADA NAVARRO S.A.S.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. 001233 del 18 de DICIEMBRE de 2015, proferida
por la DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC-
, por la cual se adjudicó la licitación LP-050-2015 correspondiente al GRUPO 14 a la sociedad ESTRADA
NAVARRO S.A.S. TERCERA: Que se declare la nulidad de la RESOLUCIÓN No. 001244 del 18 de DICIEMBRE
de 2015 (…), por la cual se adjudicó la licitación LP-050-2015 correspondiente al GRUPO 29 a la sociedad
ESTRADA NAVARRO S.A.S.
CUARTA: Que se condene a la demandada UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -
USPEC- y a favor de la demandante (…), a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, la suma de DOS
MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.500’000.000) o la suma que resulte probada en el
proceso, por los perjuicios materiales causados consistentes en la utilidad que habría obtenido si se le hubiese
adjudicado el contrato y a la experiencia profesional dejada de adquirir.
QUINTA: Que se condene a la demandada UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -
USPEC-, a pagar las costas y gastos que implique la presente demanda”.
2

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

omitiendo un ítem relativo a una dieta denominada “de las nueves”, lo que habría
inducido en error a la USPEC durante la evaluación de la propuesta. Señaló que en
consecuencia la adjudicación desconoció el pliego de condiciones, pues no se
rechazó una oferta que contenía información contraria a la realidad. Afirmó que la
adjudicataria de los grupos 13, 14 y 29, no cumplía los requisitos técnicos
habilitantes, razón por la que su propuesta debía ser rechazada.

14. Señaló que, de haberle adjudicado los contratos habría obtenido una utilidad
estimada en $2.550.000.000 y consolidada experiencia contractual adicional por un
período no inferior a doce (12) meses en contratación estatal, beneficios que, en su
criterio, se vieron frustrados como consecuencia de las irregularidades atribuidas al
procedimiento de adjudicación.

Contestación de la demanda

15. Admitida la demanda, se vinculó al proceso a la sociedad Estrada Navarro
S.A.S. en calidad de litisconsorte necesario de la parte demandada 2, dio
contestación y propuso excepciones a la demanda3 dando por ciertos algunos
hechos y oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones.

16. Adujo que la propuesta presentada por ella no contenía información inexacta o
inconsistente razón por la cual se encontraba habilitado en el primer orden de
elegibilidad por lo que el demandante no hubiese podido aspirar a ser el
adjudicatario debido a que su propuesta no fue la más favorable.

17. Indicó que aun en el caso hipotético de haber sido rechazada la oferta de la
sociedad ganadora, el demandante no hubiese alcanzado el puntaje para que le
hubiera sido adjudicado el contrato en el grupo 29. Concluyó señalando que de un
lado, no se demostró la ilegalidad del acto de adjudicación pues el contrato suscrito
con el Hospital Militar aportado por Estrada Navarro S.A.S para acreditar la
experiencia era veraz, y por el otro lado, no se demostró que la propuesta del
demandante fuera la mejor pues ni siquiera participó en el grupo 14 y en lo que
respecta al grupo 29 hubiese obtenido el segundo lugar.

18. Señaló que no existía concepto de violación en la demanda y al respecto adujo
que las causales de nulidad eran taxativas y regladas, lo cual le imponía una carga
argumentativa al demandante para que se abstuviera de realizar reclamaciones
abstractas.

19. La USPEC contestó la demanda4 oponiéndose a la totalidad de las
pretensiones5 y frente a los hechos los dio por ciertos en su mayoría, no propuso

2 Fs. 24-27, c.1.
3 I) Inepta demanda por indebida presentación del demandante, ii) Falta de agotamiento del requisito de
procedibilidad, iii) Falta de legitimación en la causa por activa, vi) La propuesta del demandante no era la mejor,
v) Ausencia del daño a la demandante, iv) Ausencia del concepto de violación en la demanda.
4 Fs. 40-64, c.1.
5 Fs. 203-210, c. 1. La sociedad Estrada Navarro S.A.S formuló las siguientes excepciones: i) “la propuesta de

la demandante no era la mejor”, sustentada en que la copia del contrato celebrado con el Hospital Militar Central
no contenía información falsa, la adjudicataria cumplía los requisitos de experiencia exigidos en el pliego de
condiciones, el puntaje asignado a su oferta se ajustó a las reglas del proceso de selección y la sociedad CJVN
no obtuvo la mayor calificación dentro de la licitación; ii) “ausencia de daño a la demandante”, al considerar que
no estaba acreditada la ilegalidad de los actos demandados, que la oferta presentada por la actora no era la
más favorable y que, además, esta ni siquiera presentó propuesta respecto del grupo 14; y iii) las excepciones
previas de inepta demanda —por indebida representación de la parte actora y falta de agotamiento del requisito
de procedibilidad— y falta de legitimación en la causa por pasiva. Tales medios exceptivos fueron denegados
por el Tribunal de primera instancia mediante auto del 23 de marzo de 2017, decisión que fue confirmada por
esta Corporación el 16 de noviembre del mismo año.
3

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

excepciones. Señaló que cada uno de los actos demandados se ciñó a los principios
de la contratación estatal y que la sociedad CJVN S.A.S. no probó que presentó la
mejor oferta en el proceso de selección, por lo cual no fue el adjudicatario.

20. El proceso licitatorio tuvo el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y
que la entidad en debida y oportuna forma respondió las diferentes observaciones
planteadas por los oferentes.

21. Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por la empresa demandante
con relación a la certificación presentada por el proponente Estrada Navarro S.A.S,
la entidad procedió a verificar con el jefe de la Unidad de Compras, Licitaciones y
Bienes Activos del Hospital Militar Central, la autenticidad de dicha certificación y de
la copia del contrato, validando que dichos documentos eran auténticos y por lo
tanto se habilitó al oferente dentro del proceso de selección.

Sentencia de primera instancia

22. En sentencia del 24 de julio de 20196 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al considerar que “(…) le asiste
razón al litis consorte necesario en el sentido de que en la demanda no se
formularon cargos de nulidad respecto de los actos administrativos debatidos, por
lo que a juicio de esta Sala no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
demandados.”

23. Señaló en el mismo sentido que “(…) el incumplimiento del requisito establecido
por la ley, en el sentido de exponer de manera clara y adecuada los cargos de
nulidad, constituye un impedimento para que el Juez profiera un fallo accediendo a
las pretensiones de la demanda, pues presumiéndose la legalidad de los actos
demandados, a falta de cargos correctamente estructurados y expuestos, carecerá
de elementos concretos sobre los cuales realizar un juicio capaz de fundamentar
una decisión. Máxime si se tiene en consideración que en materia procesal (sic
)administrativo existe un principio general de derecho de que la justicia
administrativa es rogada, de manera que la parte actora fija en la demanda el marco
jurídico dentro del cual debe desenvolverse el proceso, en ese entendido, el juez
administrativo, con base en lo pretendido con la demanda, debe fallar”.

24. De igual manera precisó que en atención al carácter rogada de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, correspondía al demandante definir el marco jurídico
y los cargos dentro de los cuales debía desarrollarse el debate judicial en los
siguientes términos: “(…) carecería de toda lógica que esta Sala, en atención a
dicho postulado, deba desentrañar el acto administrativo para buscar,
oficiosamente, las posibles causales de nulidad.”

25. El Tribunal condenó en costas a la parte demandante.

El recurso de apelación

26. El 8 de agosto de 20197, CJVN S.A.S, solicitó revocar la sentencia8, señalando
que en la demanda estaban citadas con suficiencia las normas aducidas como

6 Fs. 389-396, c. segunda instancia
7 Fs 404-414 cuaderno principal
8 Fs. 403-414, c. de apelación.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

violadas, y el concepto de la violación, acápites que transcribió en la impugnación.

27. En sustento del recurso, expuso las siguientes razones de inconformidad: La
infracción normativa expuesta en la demanda aludió al desconocimiento del debido
proceso por parte de la USPEC, en tanto favoreció una oferta de suministro que
contenía “documentos o datos incompletos” y omitió cumplir con su obligación legal
de verificar el contenido de la información suministrada por los proponentes. En todo
caso, señaló que los capítulos referentes a las disposiciones violadas y el concepto
de la violación debieron leerse en armonía y concomitancia con los hechos
reseñados en la demanda.

28. La parte demandante sostuvo, en síntesis, que sí cumplió con la carga de
formular cargos de nulidad, al punto que tanto la USPEC como Estrada Navarro
S.A.S. ejercieron su derecho de defensa y controvirtieron los fundamentos fácticos
y jurídicos de las pretensiones, tanto en las contestaciones de la demanda como en
los alegatos de conclusión.

29. En ese contexto, consideró que el Tribunal no podía inhibirse de decidir de fondo
bajo el argumento de la falta de precisión en el concepto de la violación, pues le
correspondía interpretar integralmente la demanda y aplicar los principios de
prevalencia del derecho sustancial e iura novit curia.

30. No precisó en la sentencia la razón por la cual estimó “dispendioso y en extremo
difícil o imposible” concretar las causales de nulidad, en tanto debió proponer al
menos una hipótesis de cómo debió satisfacerse ese presupuesto, para no terminar
despojando de todo valor la demanda presentada.

31. Sostuvo que "(…) No es propio de la administración de justicia limitarse a proferir
un fallo separándose de su deber funcional de valorar las pruebas aportadas y de
efectuar una manifestación sobre las mismas. (…)”9.

32. En consecuencia, afirmó que la decisión incurrió en un excesivo rigor formal, al
omitir el análisis de fondo de los cargos y prescindir de la valoración del material
probatorio obrante en el expediente.

33. El recurrente sustentó de otra parte que el Tribunal reconoció que la sociedad
vinculada en calidad de litisconsorte necesario contestó la demanda de manera
extemporánea, en tanto el término para hacerlo vencía el 16 de diciembre de 2016
y la actuación se surtió el 19 del mismo mes y año; sin embargo, reprocha que, pese
a dicha circunstancia, no se hubieran aplicado las consecuencias procesales
correspondientes.

Sobre la extemporaneidad en la contestación de la demanda por el
litisconsorte necesario

34. La Sala observa que el recurrente cuestionó que el Tribunal no hubiera aplicado
consecuencias procesales frente a la contestación extemporánea de la demanda
por parte de la sociedad vinculada en calidad de litisconsorte necesario.

35. Al respecto, se precisa que la eventual extemporaneidad en la presentación de
dicha actuación no tiene la entidad de afectar la validez de lo actuado ni de incidir,

9 F. 413, cuaderno principal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

por sí misma, en la legalidad de los actos administrativos demandados. En efecto,
sus efectos se circunscriben a la limitación en el ejercicio de determinadas
facultades procesales —como la proposición de excepciones o la solicitud de
pruebas—, sin que ello releve a la parte demandante de la carga de acreditar los
cargos de nulidad formulados.

36. En ese sentido, aun en el evento de prescindir de los argumentos expuestos en
la contestación presentada por el litisconsorte, lo cierto es que el análisis de fondo
realizado por la Sala se sustenta en el material probatorio obrante en el expediente
y en los cargos de ilegalidad propuestos en la demanda, los cuales, como se explicó,
no logran desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados.

37. Por consiguiente, el reparo formulado en este punto carece de la entidad
suficiente para modificar el sentido de la decisión.

38. Finalmente, pidió que al revocar la providencia se reconozca a su favor los
valores tasados en el dictamen pericial, cuya objeción por error grave fue negada
por el Tribunal.

Trámite en segunda instancia

39. En auto del 27 de septiembre de 2019, el Despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por CJVN10. En este estadio procesal, la demandante y la
sociedad Estrada Navarro S.A.S. alegaron de conclusión reiterando los argumentos
expuestos en la primera instancia, mientras que la entidad demandada y el
Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

40. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia, toda vez que no se configura causal de nulidad que invalide lo
actuado. Asimismo, se verificó el cumplimiento de los presupuestos procesales para
decidir de fondo, en particular, la competencia11, el agotamiento del requisito de
conciliación prejudicial12, la oportunidad en el ejercicio del medio de control13 y la

10 F. 428, cuaderno principal.
11 La demanda fue presentada el 28 de junio de 2016, por lo cual el asunto se rige por la Ley 1437 de 2011,

conforme al artículo 308 del CPACA, vigente desde el 2 de julio de 2012. De acuerdo con el artículo 104 del
CPACA, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias derivadas de actos, contratos,
hechos u omisiones sujetos al derecho administrativo en los que intervengan entidades públicas, incluyendo los
procesos contractuales. En este caso, se controvierte la legalidad de las Resoluciones 001232, 001233 y
001244 del 18 de diciembre de 2015, mediante las cuales la USPEC adjudicó varios grupos de la licitación
pública LP-050-2015 a Estrada Navarro S.A.S., tratándose de actos administrativos precontractuales
susceptibles de control mediante el medio de nulidad y restablecimiento del derecho. La USPEC es una entidad
pública, creada por el Decreto 4150 de 2011 como una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de
Justicia, con autonomía administrativa y financiera. El Consejo de Estado es competente para conocer del
asunto en segunda instancia, conforme al artículo 150 del CPACA, al tratarse de una apelación contra una
sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En cuanto a la cuantía, las pretensiones ascienden a
$2.500.000.000, superando el límite de 300 salarios mínimos previsto en el artículo 152 del CPACA (en su
versión vigente al momento de la demanda), lo que confirma la competencia del tribunal en primera instancia.
En consecuencia, corresponde al Consejo de Estado resolver el recurso de apelación, dada la naturaleza
pública de la entidad, el origen del litigio en actos administrativos y la cuantía del proceso.
12 En el expediente obra el acta de la audiencia de conciliación, celebrada el 28 de junio de 2016 ante el

Procurador 5 Judicial II Para Asuntos Administrativos. Esta diligencia se declaró fallida. Asimismo, reposa la
constancia de no conciliación, con fecha del 28 de junio de 2016, la cual precisó que la solicitud para iniciar este
trámite fue presentada el 18 de abril ese año, que la audiencia se surtió el 28 de junio y que la conciliación se
declaró fallida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, por no existir animo conciliatorio entre las partes.
13 La oportunidad en el ejercicio del medio de control debe examinarse conforme a las disposiciones vigentes

para la fecha en que empezó a computarse el término de caducidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo
624 del Código General del Proceso. En consecuencia, el análisis se rige por la Ley 1437 de 2011 y por las
normas que regulaban la conciliación extrajudicial en el año 2016, sin que resulten aplicables las disposiciones
introducidas posteriormente por la Ley 2220 de 2022. En el presente asunto, la demanda fue promovida en
6

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

legitimación en la causa por activa y pasiva14.

Alcance de la apelación

41. El análisis de la Sala se desarrollará en dos etapas. En primer lugar, se
establecerá si la demanda satisfizo la carga prevista en el numeral 2 del artículo 162
del CPACA, relativa a la identificación de las normas presuntamente vulneradas y
la formulación del concepto de la violación, o si, por el contrario, resultaba
procedente la decisión adoptada por el Tribunal de abstenerse de efectuar un
examen material de los cargos de nulidad. De superarse dicho análisis, la Sala
abordará el estudio de fondo de los reproches formulados contra los actos de
adjudicación demandados.

Problema jurídico

42. La Sala determinará, en primer lugar, si la demanda cumplía las exigencias
necesarias para delimitar un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos
de nulidad formulados y, en caso afirmativo, si los actos de adjudicación de la
Licitación Pública LP-050-2015 desconocieron las reglas del pliego de condiciones
y los principios que gobiernan la selección objetiva, al adjudicar los contratos para
los grupos 13, 14 y 29.

43. En caso de prosperar tales reproches, establecerá si la sociedad demandante
acreditó un mejor derecho a la adjudicación y los perjuicios cuya indemnización
reclama.

El examen del concepto de la violación a la luz del principio pro actione y la
primacía del derecho sustancial.

44. La Sala observa que la sentencia apelada no realizó un examen material de los
cargos de nulidad formulados contra los actos demandados. Aunque formalmente

ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 001232, 001233
y 001244 del 18 de diciembre de 2015, mediante las cuales la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC– adjudicó los grupos 13, 14 y 29 de la licitación pública LP-050-2015 a la sociedad Estrada Navarro
S.A.S. El artículo 164 del CPACA, numeral 2, en su literal c) establece que en aquellos eventos en los que se
pretenda la nulidad o la nulidad y restablecimiento del derecho de actos previos a la celebración del contrato, la
demanda deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de su
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso. Para la fecha de presentación de la demanda
se encontraba vigente el inciso segundo del artículo 141 del CPACA, conforme al cual los actos expedidos antes
de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual podían ser demandados mediante los
medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su comunicación, notificación, ejecución o publicación. De acuerdo con las pruebas obrantes en el
expediente, las resoluciones de adjudicación fueron notificadas durante la audiencia celebrada el 18 de
diciembre de 2015 y publicadas a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– en esa
misma fecha. En consecuencia, el término de caducidad vencía el 19 de abril de 2016. Sin embargo, la sociedad
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 18 de abril de 2016, esto es, un día antes del
término legal para acudir ante la jurisdicción. Dicha actuación produjo la suspensión del término de caducidad
hasta la expedición de la correspondiente constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad, la cual fue
emitida el 28 de junio de 2016. La demanda fue radicada el mismo 28 de junio de 2016, por lo que el término
de un día se reanudó al día siguiente a la expedición de la constancia de agotamiento del requisito de
procedibilidad, esto es, el 29 de junio de 2016. Por consiguiente, el medio de control fue ejercido oportunamente
y no operó el fenómeno de la caducidad. En consecuencia, se encuentra satisfecho el presupuesto procesal
relativo a la oportunidad de la acción, por lo que procede el estudio de fondo de las pretensiones formuladas en
la demanda.
14 La sociedad Servicios y Suministros CJVN S.A.S. se encuentra legitimada en la causa por activa, por cuanto

participó como oferente dentro de la licitación pública LP-050-2015 y cuestiona la legalidad de los actos
administrativos mediante los cuales la USPEC adjudicó los grupos 13, 14 y 29 a Estrada Navarro S.A.S., al
considerar que esta última no cumplía las exigencias previstas en el pliego de condiciones. Por su parte, la
USPEC está legitimada en la causa por pasiva al haber expedido los actos administrativos demandados.
Asimismo, Estrada Navarro S.A.S. ostenta legitimación para intervenir como litisconsorte necesario por pasiva,
en tanto fue la adjudicataria de los grupos contractuales cuya adjudicación se controvierte y la decisión que se
adopte puede incidir directamente en su esfera jurídica.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

negó las pretensiones, dicha decisión se sustentó en la supuesta insuficiencia del
concepto de la violación, circunstancia que condujo a prescindir del correspondiente
juicio de legalidad sobre los actos administrativos acusados.

45. Por lo anterior, no se comparte la razón del Tribunal al considerar incumplida la
carga prevista en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA y abstenerse, en la
práctica, de efectuar el correspondiente juicio material de legalidad.

46. La parte actora identificó las disposiciones que estimó vulneradas y formuló los
cargos de ilegalidad dirigidos contra los actos de adjudicación demandados,
particularmente en relación con el presunto desconocimiento del debido proceso y
de las reglas de selección objetiva que regían la licitación pública LP-050-2015.

47. La insuficiencia del concepto de la violación no fue advertida al momento de la
admisión de la demanda, ni durante las etapas de saneamiento, fijación del litigio o
decreto de pruebas. Sin embargo, ello no implica que dicha falencia quede saneada
ni habilita al juez para suplir la carga argumentativa de la parte demandante, sino
que constituye un elemento adicional que debe ser valorado al momento de
determinar si, a partir del contenido integral de la demanda, es posible delimitar el
alcance del control de legalidad.

48. En efecto, del contenido integral de la demanda es posible identificar que la
parte actora invocó como vulneradas disposiciones relacionadas con el debido
proceso y los principios de la contratación estatal, y estructuró su inconformidad en
torno a dos reproches principales: (i) la supuesta irregularidad o inconsistencia en
la documentación aportada por el adjudicatario para acreditar la experiencia, y (ii) el
presunto incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el pliego de
condiciones, particularmente frente al componente de alimentación.

49. En estos términos, aun cuando la formulación del concepto de la violación no
presenta un desarrollo técnico exhaustivo, sí permite delimitar el alcance del debate
jurídico, circunstancia que refuerza la improcedencia de una interpretación
excesivamente restrictiva del requisito previsto en el numeral 4 del artículo 162 del
CPACA.

50. En el mismo sentido, se advierte que el litigio fue fijado en torno a la legalidad
de las Resoluciones Nros. 001232 y 001233 del 18 de diciembre de 2015., así como
a la eventual procedencia del restablecimiento del derecho reclamado por la parte
demandante.

51. No obstante, de la demanda y su contestación se desprende que dicho
cuestionamiento general a la legalidad de los actos administrativos se concretó en
reproches específicos relacionados con: (i) la acreditación del requisito de
experiencia por parte del adjudicatario, en razón a las supuestas inconsistencias en
la documentación aportada, y (ii) el cumplimiento de las especificaciones técnicas
previstas en el pliego de condiciones. En consecuencia, el análisis que se desarrolla
en esta providencia corresponde a los términos en que fue planteado y delimitado
el debate procesal, lo que garantiza la congruencia de la decisión.

52. En este contexto, la providencia apelada no adoptó una decisión inhibitoria en
sentido estricto, pero tampoco realizó un examen material de los cargos de
ilegalidad propuestos por la demandante. La negativa de las pretensiones se
sustentó exclusivamente en la supuesta insuficiencia del concepto de la violación,
8

Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
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circunstancia que condujo, en la práctica, a prescindir del juicio de legalidad que
correspondía efectuar respecto de los actos administrativos demandados.

53. La exigencia consistente en indicar las normas violadas y explicar el concepto
de su violación constituye una carga derivada de la presunción de legalidad de los
actos administrativos y tiene por finalidad delimitar el marco dentro del cual debe
desarrollarse el control judicial. Sin embargo, la jurisprudencia reiterada de esta
Corporación ha precisado que dicho requisito no puede examinarse con un
rigorismo incompatible con el principio de prevalencia del derecho sustancial 15.

54. Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que las exigencias relativas a
la identificación de las normas vulneradas y a la formulación del concepto de la
violación constituyen cargas procesales legítimas y proporcionadas. Sin embargo,
en aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial, tales requisitos no
pueden interpretarse con excesivo rigor formalista, de modo que deficiencias
meramente formales que no impidan comprender el alcance del reproche jurídico
no constituyen razón suficiente para desestimar las pretensiones o inhibir un
pronunciamiento de fondo16.

55. En ese sentido, basta con que del contenido integral de la demanda sea posible
identificar las disposiciones presuntamente desconocidas y comprender las razones
de ilegalidad expuestas por el demandante, aun cuando la argumentación resulte
imprecisa o carezca de elaboración técnica rigurosa.

56. Con base en el principio pro actione, ampliamente desarrollado por la Sección
Tercera de esta Corporación, ante la existencia de imprecisiones u oscuridades en
la argumentación de la demanda, el operador judicial tiene el deber constitucional
de atenuar el rigor procesal en aras de privilegiar el acceso a la administración de
justicia. No es admisible exigirle al justiciable una filigrana científica o una
elaboración técnica perfecta; basta con que del contenido integral del libelo sea
posible comprender el alcance del reproche jurídico y la causa petendi, permitiendo
así que la entidad demandada ejerza su derecho de contradicción y que el juez fije
el litigio de fondo. (lo cual ocurrió en este trámite).17

57. De conformidad con la reciente jurisprudencia constitucional18, según este
principio, “en casos de duda razonable sobre la procedencia de un recurso de
defensa judicial debe dársele prioridad a aquella interpretación que permita
reconocer su prosperidad”19 (énfasis original). Asimismo, la aplicación de este
principio “atenúa el rigor con el que se examina el cumplimiento de los requisitos y
cargas procesales en aras de privilegiar el acceso a la administración de justicia”.

15 Al respecto, ver, entre otras providencias: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 6 de marzo de

2025, exp. 52.828, C.P. Oswaldo Giraldo López.
16 “Las diversas realidades materiales y jurídicas que han servido de fundamento para que el legislador, según

la naturaleza de la controversia, haya diseñado las diferentes clases de acciones en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, justifica igualmente que en las demandas ante esta jurisdicción se puedan exigir
requisitos diferentes, según el tipo de la pretensión (…).
[L]a exigencia procesal prevista en el aparte normativo demandado es una carga procesal mínima, racional,
proporcionada y necesaria que no afecta el núcleo esencial de los aludidos derechos (…).
No obstante, lo anterior, debe advertir la Corte que, en virtud del principio de la prevalencia del derecho
sustancial, no se debe extremar la aplicación de la norma acusada, al punto tal que se aplique un rigorismo
procesal que atente contra dicho principio. En tal virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición
legal que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el concepto de la violación insuficiente pero
comprensible, no pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad” Corte Constitucional, sentencia C-197 del
7 de abril de 1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto de 1.° de agosto de 2019 (exp. 62009).
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-016 de 2026
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-498 de 2016.

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En todo caso, “[d]icho principio no tiene una aplicación uniforme, ya que ésta debe
considerar factores como el tipo de bienes jurídicos involucrados, la carga procesal,
el sujeto obligado al cumplimiento de la actuación y la naturaleza del proceso”.

58. En el presente asunto, la demanda incluyó un acápite específico de “normas
infringidas y concepto de la violación”, en el cual la parte actora invocó disposiciones
constitucionales y legales relacionadas con el debido proceso y los principios de la
contratación estatal, y sostuvo que la USPEC adjudicó el proceso de selección a
una propuesta que, en su criterio, contenía inconsistencias documentales y no
satisfacía integralmente las exigencias técnicas previstas en el pliego de
condiciones.

59. Por consiguiente, se encuentra acreditado el cumplimiento de la carga procesal
prevista en el numeral 4 del artículo 162 del CPACA, lo que habilita a la Sala para
examinar la legalidad de los actos administrativos demandados.

Estudio de fondo de las pretensiones de la demanda

60. CJVN S.A.S. manifiesta que los grupos 13, 14 y 29 de la licitación pública sub
judice no debieron adjudicarse a Estrada Navarro S.A.S., porque no acreditó la
experiencia exigida como requisito habilitante -dado que allegó documentos con
información contraria a la realidad- ni ajustó su propuesta a las especificaciones
sobre suministro de fruta, establecidas en el pliego de condiciones y su anexo 6;
irregularidades que la USPEC pasó por alto desconociendo el debido proceso, pese
a que se le pusieron de presente durante el proceso de selección.

61. Para establecer si estos planteamientos deben acogerse, la Sala pasa a
examinar los hechos relevantes probados en el proceso, a la luz de las causales de
nulidad que, de conformidad con la ley, pueden afectar la validez de los actos
administrativos demandados, frente a cada uno de los aspectos que reprochó la
demandante para sustentar la pretendida ilegalidad, esto es: i) el cargo de falsedad
documental y ii) el favorecimiento de una oferta que desconoció las especificaciones
técnicas.

62. Previo a abordar el análisis de los cargos, se advierte que las reglas del pliego
de condiciones relevantes para el caso, en materia de acreditación de la
experiencia, especificaciones técnicas y reglas de subsanación, serán desarrolladas
de manera integrada en el estudio que sigue.

La no veracidad de la información aportada por el oferente escogido

63. Las pruebas revelan que el 18 de noviembre de 2015 fue publicado el pliego de
condiciones20 para contratar el suministro de “alimentación por el sistema de ración”,
en varios establecimientos de reclusión administrados por el INPEC y distribuidos
en 29 grupos21, aunque cada oferente sólo podría presentar propuesta para cubrir
de 1 a 3, como máximo22.

64. Se indicó que sería causal de rechazo de las ofertas, la entrega de documentos

20 Fs. 86-182, c. pruebas.
21 En el pliego de condiciones se señalaron 28 grupos y en la Adenda 2 se definió un total de 29 (f. 192, reverso,

c. pruebas).
22 F. 105, c. pruebas.

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con información que “de cualquier manera no corresponda a la realidad”23.

65. El capítulo V del pliego de condiciones reguló los requisitos habilitantes, que
comprenderían tres factores, a saber: i. capacidad jurídica, ii. capacidad financiera
y iii. los denominados “requisitos técnicos”, alusivos a la experiencia. Respecto de
la posibilidad de subsanación, en el numeral 2.3 del mismo capítulo se indicó que
podría efectuarse “hasta el día y hora señalado en (sic) el cronograma del pliego de
condiciones”24, plazo que coincidió con la fecha programada para la audiencia de
adjudicación, con dos horas de diferencia entre uno y otro trámite25.

66. De acuerdo con el numeral 3 del mismo capítulo V, para cubrir el ítem de
experiencia debía acreditarse la ejecución de contratos de suministro de comidas
en ración, dentro de los ocho años anteriores al cierre del proceso, con
“certificaciones de máximo cinco (5) contratos terminados, en mínimo dos (2)
tiempos de la alimentación, es decir, desayuno y/o almuerzo y/o cena”26. Asimismo,
se señalaron los valores contractuales que debían probarse y la carga de especificar
las cantidades despachadas en cada toma alimentaria.

67. Las certificaciones mencionadas debían contener, entre otros elementos, el
objeto de cada contrato y el número de servicios suministrados al día, “en al menos
dos (2) tiempos”27. Además, se recalcó que, “cuando [el documento] no acredite de
manera completa los requisitos exigidos, el proponente podrá aportar fotocopia de
los contratos y de las facturas pagadas en cumplimiento de [ellos] para
complementarlas (sic)”.

68. La sociedad Estrada Navarro S.A.S. presentó una oferta28 que fue rechazada
en la evaluación preliminar, para los grupos 13, 14 y 2929 atendiendo que en el
componente de experiencia, aportó una certificación expedida por el Hospital Militar
Central de la celebración y ejecución del contrato n° 010 de 2013 con afirmaciones
que no acreditan la experiencia y no corresponden a la realidad.

69. La CJVN S.A.S. formuló observaciones a la evaluación preliminar a la otra
oferente y señaló que la información contenida en la copia del contrato n° 010 de
2013 no coincidía con la del original cargado en el SECOP, pues ocultaba datos
sobre las “onces” y las “nueves”, que sí aparecían en la aludida plataforma oficial.

70. Si bien la USPEC, el 17 de diciembre de 2015, aceptó el reparo y rechazó en la
evaluación definitiva la oferta de Estrada Navarro S.A.S., el 18 de diciembre del
mismo año consultó al Hospital Militar Central, mediante correo electrónico, sobre
la veracidad de la documentación suministrada por esa proponente. La institución
de salud dio respuesta afirmativa, en la misma fecha, y volvió a certificar la
existencia del contrato n° 010 de 2013, con sus modificaciones, el término de

23 F. 122, c. pruebas.
24 F. 142, c. pruebas.
25 F. 181, ib. En el pliego de condiciones se indicó el 15 de diciembre de 2018, fecha que fue cambiada en las

Adendas 1, 3 y 5, de manera que las subsanaciones y la audiencia de adjudicación tuvieron lugar el 16 de
diciembre de la misma anualidad, aunque la segunda de las referidas diligencias debió suspenderse, para luego
ser reanudada el 18 de diciembre siguiente (CD aportado por la USPEC en f. 100 del c.1. Archivos designados
con el nombre de la respectiva actuación).
26 F. 143, ib.
27 F. 144, ib.
28 F. 100, CD aportado por la USPEC, carpeta “64. Ofertas Tecnicas”, archivo “Oferta Tecnica Estrada Navarro

S.A.S.”.
29 F. 100, CD aportado por la USPEC, carpeta “Evaluacion Preliminar”, archivo “4. Consolidado de evaluación

preliminar”.
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ejecución y la expresa referencia al valor final ejecutado de $4.150’880.40730.

71. En la audiencia de adjudicación, iniciada el 16 de diciembre de 2015 y culminada
el 18 de diciembre siguiente, la USPEC adjudicó a Estrada Navarro S.A.S como
contratista de los grupos 13, 14 y 29, al tiempo que asignó los restantes a otras
oferentes y profirió las resoluciones demandadas.

72. CJVN S.A.S., presentó solicitud de revocatoria contra las Resoluciones 001232,
001233 y 001244 del 18 de diciembre de 2015; la USPEC resolvió en Resolución
000111 del 28 de febrero de 2016 negando la petición por considerar que no se
configuraron ninguno de los presupuestos establecidos en el artículo 9 de la Ley
1150 de 2007 para desvirtuar, de manera excepcional, el carácter irrevocable de la
adjudicación: i) no hubo inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente de Estrada
Navarro S.A.S., para ser contratista del Estado, y ii) no se probó que las decisiones
administrativas cuestionadas se hubieran obtenido por medios ilegales.

73. Sobre la “falsedad” alegada por la peticionaria, señaló que su verificación era
competencia exclusiva de la justicia penal, no emitió pronunciamiento alguno de
reproche contra la copia del contrato n° 010 de 2013 y, en todo caso, el propio
Hospital Militar Central corroboró la veracidad de la información allegada por la
oferente, previa solicitud de la USPEC.

74. Si bien la demandante allegó al expediente dos copias del contrato cuestionado
y sostuvo que una de ellas correspondía al clausulado auténtico, lo cierto es que la
diferencia identificada se circunscribe a la ausencia de referencia a la dieta n.º 15
en uno de los ejemplares, por sí sola, no se advierte, en principio, con la entidad
suficiente para inducir en error a la entidad contratante respecto de la experiencia
acreditada por la oferente, aspecto que se precisará con mayor detalle más
adelante.

75. Incluso si se admitiera la existencia de diferencias entre las versiones del
contrato allegadas al proceso, la demandante no demostró que tales discrepancias
incidieran en los elementos que el pliego exigía acreditar para establecer la
experiencia habilitante, esto es, la existencia del contrato, su objeto, su ejecución,
su valor y los servicios efectivamente suministrados. En consecuencia, no se
acreditó que la eventual inconsistencia documental tuviera la entidad suficiente para
alterar el resultado de la evaluación.

76. La parte actora edificó buena parte de sus cargos sobre la supuesta alteración
documental del contrato celebrado con el Hospital Militar Central. Sin embargo, no
promovió actuación alguna ni aportó elementos probatorios que permitieran
acreditar la falsedad material o ideológica atribuida al documento.

77. En tales condiciones, el cargo se mantuvo en el plano de la afirmación y no
desvirtúa la presunción de legalidad de los actos demandados.

Sobre la discrepancia entre los documentos allegados

78. Se observa que la parte demandante allegó una versión del contrato que incluye
la referencia a la dieta n.° 15, mientras que la copia inicialmente presentada por el
oferente no la contiene.

30 Fs. 76-77, c.1.

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79. Al confrontar las páginas correspondientes31 de los documentos allegados al
proceso, se advierte que la propia parte demandante aportó, por un lado, copia del
contrato de suministro n.° 010 de 2013, celebrado con el Hospital Militar Central por
Estrada Navarro, con sello de autenticación expedido por dicha entidad —
coincidente con el presentado por el oferente— y, por otro, una versión distinta del
mismo instrumento contractual, utilizada como fundamento de su reproche.

80. A partir de esta dualidad documental —proveniente de la propia parte actora—
se evidencian variaciones en la estructura, organización y presentación del
contenido, pues mientras la copia autenticada mantiene una disposición no
secuencial propia de un documento operativo, la otra versión presenta una
reorganización de los ítems, alteraciones en la numeración y diferencias en la forma
de los valores, así como irregularidades en la continuidad foliaria32.

81. Tales divergencias introducen un margen de incertidumbre respecto de la
fidelidad de la versión utilizada por la demandante para sustentar su acusación, lo
que debilita el alcance probatorio de dicha alegación y refuerza la presunción de
autenticidad de la copia validada por la entidad de origen.

82. Al realizar la confrontación de las páginas correspondientes de los documentos
allegados por el oferente y por la parte demandante, se advierten diferencias
relevantes en la estructura, organización y presentación del contenido. En efecto,
mientras la copia respaldada por el Hospital Militar Central presenta un listado no
secuencial y propio de un documento operativo, la versión aportada por la
demandante exhibe una reorganización sistemática de los ítems, con variaciones
en la numeración, formato y disposición de la información.

83. Por el contrario, el documento presentado por el oferente se encuentra
respaldado por la entidad contratante. Sin perjuicio de que ambos documentos se
presumen auténticos en los términos del artículo 244 del Código General del
Proceso, la copia allegada por el oferente cuenta con verificación directa de la
entidad de origen, circunstancia que le otorga mayor fuerza persuasiva en el análisis
de su contenido.

84. Ante las observaciones planteadas, la USPEC acudió directamente al Hospital
Militar Central, el cual confirmó la existencia del contrato y la validez de la
certificación expedida; circunstancia que quedó registrada en la audiencia pública
de adjudicación, donde se indicó que la copia autenticada coincidía con la
inicialmente aportada y había sido institucionalmente verificada:

"(…)El proponente allegó copia autenticada del mencionado contrato y sus
anexos expedido por el Hospital Militar Central siendo esta copia exacta de
la aportada inicialmente en la propuesta, a lo cual la entidad constató con el
Hospital Militar Central el documento soporte mediante correo electrónico
suscrito por el Dr. Luis Enrique Arevalo Fresnea, Jefe de la Unidad de
Compras de Licitaciones y Bienes Activos y que textualmente dice "buenas
tardes, conforme a su solicitud me permito confirmar la veracidad de la

31 Fs 246 a 298, cuaderno de pruebas
32 La Sala observa que, en el documento aportado por la parte demandante sin respaldo de autenticación, no

se incorporan los folios 32 y 33 del contrato de suministro n.° 010 de 2013, los cuales sí hacen parte de la copia
autenticada expedida por el Hospital Militar Central. Tal omisión afecta la continuidad foliaria del instrumento y
compromete su integridad como medio de verificación.
13

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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

certificación emitida el día de hoy(…)" .

85. Debe resaltarse que el pliego de condiciones permitía la subsanación de
documentos hasta la audiencia de adjudicación, oportunidad en la cual el oferente
allegó nuevamente el contrato; la entidad procedió a verificar su contenido y, con
fundamento en ello, modificó la calificación de la oferta de “rechazada” a “habilitada”.

86. Esta actuación se ajusta a los principios de buena fe, prevalencia de lo
sustancial sobre lo formal y al deber de verificación directa de la información por
parte de la administración. En consecuencia, la diferencia relativa a la dieta n.° 15
no tiene entidad suficiente para afectar el cumplimiento del requisito habilitante ni
para desvirtuar la autenticidad del documento aportado.

87. Por tanto, no se encuentra acreditado que dicha diferencia haya inducido en
error a la entidad contratante, ni que haya incidido en la evaluación del componente
de experiencia, razón por la cual no puede erigirse como causal válida de rechazo
de la oferta.

88. En ese orden de ideas, no prosperan los argumentos de nulidad que planteó la
demandante, respecto de la supuesta inexactitud o “falsedad” de la documentación
entregada por la proponente favorecida, para cumplir con el requisito habilitante
relacionado con la experiencia.

Análisis de la alegada inconsistencia relativa a la “dieta n.° 15” y su impacto
en el requisito habilitante de experiencia

89. En relación con el cuestionamiento formulado sobre la supuesta inconsistencia
en el contrato n.° 010 de 2013 celebrado entre el Hospital Militar Central y la
sociedad Estrada Navarro S.A.S., radicada en la no referencia a la denominada
“dieta n.° 15” en una de las copias allegadas, la Sala efectúa las siguientes
precisiones:

90. De la revisión integral del contrato y de sus anexos, se evidencia que las
denominadas “dietas” no constituyen elementos autónomos del objeto contractual,
sino que corresponden a clasificaciones técnicas internas del servicio alimentario,
orientadas a determinar los distintos tipos de menú o preparación suministrados a
los usuarios del Hospital Militar Central (blandas, astringentes, dietéticas, entre
otras).

91. En ese contexto, la denominada “dieta n.° 15” forma parte de un conjunto de
tipologías de menú (aproximadamente 21 en total), cuya finalidad es establecer las
características nutricionales de los alimentos, sin que su individualización incida en
la acreditación del objeto contractual.

92. En ese orden, las distintas dietas constituyen únicamente categorías técnicas
del servicio alimentario y no elementos estructurales del contrato, razón por la cual
su individualización no es determinante para acreditar la experiencia exigida en el
pliego.

Relación con el requisito del pliego: cantidades por toma alimentaria.

93. El pliego de condiciones exigía acreditar el número de servicios suministrados
14

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en al menos dos (2) tiempos de alimentación33, requisito orientado a verificar el
volumen efectivo del servicio prestado y no a detallar cada una de las variantes del
menú.

94. En el caso concreto, la certificación expedida por el Hospital Militar Central
incluye información detallada sobre las cantidades de servicios suministrados
mensualmente, desagregadas por tipo de toma alimentaria (desayuno, almuerzo,
comida, refrigerios, etc.), lo que permite inferir de manera razonable y suficiente el
volumen de la prestación del servicio, dando cumplimiento material a la exigencia
del pliego.

95. En ese sentido, la eventual omisión de una de las tipologías de dieta (n.° 15) en
una de las copias del contrato no compromete la cuantificación del servicio ni la
verificación de las raciones suministradas, y por ende no afecta la acreditación de
la experiencia.

La calidad de la fruta

96. En segundo lugar, acerca de la sujeción de la oferta de Estrada Navarro S.A.S.
a las especificaciones técnicas sobre la calidad de la fruta, la Sala encuentra que la
empresa escogida se ciñó a lo exigido por la USPEC, por las siguientes razones:

97. El pliego de condiciones describió el componente técnico de las propuestas de
suministro, comprendía una “Oferta Técnica Mínima” y una “Oferta Adicional”, la
primera sería obligatoria, so pena de rechazo, aunque no aparejaría la asignación
de puntaje. La segunda, a su vez, era facultativa para cada participante, y
susceptible de evaluación y calificación.

98. Sobre ese elemento, la USPEC precisó:

“(…) [E]n caso de un ofrecimiento adicional diferente a las condiciones
técnicas establecidas en el Anexo Técnico por parte de los proponentes NO
será objeto de asignación de puntaje, no obstante, la presentación de tales
ofrecimientos obliga al proponente que en caso de adjudicación cumpla con
lo presentado en su propuesta (…)”34.

99. En las especificaciones técnicas mínimas, se indicó que las frutas debían ser
ofertadas en forma entera, en condiciones que facilitaran su consumo y de acuerdo
con el gramaje establecido35. El “Anexo 6”, relativo a la oferta técnica adicional,
estableció un formato en Excel que, en su versión digital, permitía desplegar una
lista de frutas permitidas, entre estas, la papaya y el melón.

100. La oferta técnica adicional de Estrada Navarro S.A.S. incluyó esos dos
productos en varios de los menús. Si bien el pliego señalaba que este tipo de
ofrecimientos no generaba asignación directa de puntaje, la entidad le otorgó en la
evaluación final un total de 600 puntos por este componente (500 puntos previstos
en el pliego de condiciones y 100 adicionales por estímulo a la producción nacional),
en los términos en que fueron aplicados los criterios de calificación en el proceso.

33 Adenda 2. Cd de pruebas contestación de la demanda USPEC.
34 F. 145, ib.
35 F. 100, CD. Archivo “17. Oferta Técnica mínima”, p. 12.

15

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Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

101. El 17 de diciembre de 2015, la USPEC dio respuesta a las observaciones sobre
la puntuación asignada a la sociedad favorecida, formuladas por la también
proponente Alimentos del Sur S.A. (CJVN S.A.S. guardó silencio sobre esa materia
de debate). La entidad precisó que el Anexo 6 había sido diligenciado por Estrada
Navarro S.A.S. correctamente, puesto que la papaya y el melón estaban permitidas
en la oferta técnica adicional, que los incluyó, a diferencia de la oferta técnica
mínima, que, se reitera, exigía frutas enteras para consumo con la mano.

102. En esa medida, si en el formato digital contenido en el Anexo 6 del pliego de
condiciones, fue la propia entidad contratante la que introdujo el conjunto de frutas
permitidas, no existe mérito para reprochar que la sociedad adjudicataria hubiera
incluido dos productos enlistados y autorizados por la USPEC.

103. De esta manera, ninguno de los cargos formulados por la parte demandante
logró desvirtuar la presunción de legalidad que ampara las Resoluciones 001232,
001233 y 001244 del 18 de diciembre de 2015. En efecto, no se acreditó la
irregularidad sustancial de la documentación presentada para demostrar la
experiencia de la adjudicataria, ni el incumplimiento de las especificaciones técnicas
invocadas como fundamento de nulidad.

104. Sin perjuicio de lo anterior, aun en el evento hipotético de que se hubiere
acreditado alguna irregularidad en el procedimiento de selección, la prosperidad de
las pretensiones de restablecimiento del derecho se encontraba supeditada a la
demostración de que la oferta presentada por la parte demandante era la más
favorable conforme a las reglas de evaluación previstas en el pliego de condiciones,
circunstancia que no se encuentra acreditada en el expediente.

105. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto
negó las pretensiones de la demanda, aunque por fundamentos distintos de los
expuestos por el Tribunal de primera instancia, toda vez que los actos
administrativos acusados conservan incólume su presunción de legalidad.

Costas en segunda instancia

106. La Subsección condenará en costas y agencias en derecho de segunda
instancia a la parte demandante, y a favor de la sociedad vinculada como
litisconsorte necesaria por pasiva, toda vez que, de un lado, los argumentos del
recurso de apelación resultaron imprósperos; y, del otro, la indicada interviniente
actuó en esta instancia, pronunciándose sobre la impugnación presentada por
aquella.

107. Por su parte, no se reconocerán costas ni agencias en derecho a favor de la
entidad demandada, en tanto no desplegó actividad procesal en esta segunda
instancia encaminada a la defensa de la sentencia apelada ni intervino mediante
actuación que genere el reconocimiento de tales expensas, circunstancia que
impide tenerla como beneficiaria de la condena.

108. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
de origen, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso. En cuanto a las agencias en derecho, atendiendo la naturaleza
de la controversia, la cuantía del litigio, la actividad procesal desplegada por la
sociedad Estrada Navarro S.A.S. en esta instancia y los criterios de razonabilidad y

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Radicación: 25000-23-36-000-2016-01291-02 (64.786)
Demandante: Servicios y Suministros CJVN S.A.S.
Demandado: Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

proporcionalidad que orientan la materia, la Sala las fija en el equivalente al cero
punto cinco por ciento (0,5%) del valor de las pretensiones económicas negadas en
esta providencia36.

109. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de julio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante y
FIJAR las agencias en derecho a favor de la sociedad Estrada Navarro S.A.S. una
suma equivalente al cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor de las pretensiones
económicas negadas en esta providencia. Las costas serán liquidadas de manera
concentrada por el Tribunal de primera instancia.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

36 De conformidad con el artículo 7 del Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto 2016, las tarifas allí previstas

resultan aplicables únicamente a los procesos iniciados con posterioridad a su vigencia. En consecuencia,
tratándose de una demanda radicada el 28 de junio de 2016, la fijación de las agencias en derecho se rige por
los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura.
17

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