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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01320-02

Fecha
22 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01320-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFÍCASE el ordinal segundo (2°) de la sentencia de veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el cual quedará así: “SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional, a reconocer y pagar a los demandantes los siguientes conceptos y sumas: Nombre Daño Violación a bienes o intereses moral constitucional y [smlmv] convencionalmente protegidos [smlmv] Rosa Elvira Rincón 50 50 Hortencia Rincón Basabe 50 50 Carlos Augusto Rincón Basabe 50 50 Luisa Fernanda Moreno Beltrán 50 50 Dora Leonilde Escobar Gutiérrez 70 50 Kevin Andrés Angulo Escobar 70 50 165 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”. 166 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2016-01320-02

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

22 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado número: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Demandante: Rosa Elvira Rincón y otros.
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –
Policía Nacional
Referencia: Acción de reparación directa

Tema 1. Responsabilidad del Estado por daños con ocasión al desplazamiento forzado. Subtema 1.
Prueba de la condición de desplazado – situación fáctica. Subtema 2. Imputación de
responsabilidad del estado. Configuración de la falla en el servicio por incumplimiento de la
obligación de prevenir y proteger del desplazamiento. Tema 2. Muerte violenta en razón del conflicto
armado. Posición de garante de la fuerza pública, en cuanto a la obligación de protección y
vigilancia a cargo del Estado. Falla en el servicio no probada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y la parte demandada [Policía Nacional] en contra de la sentencia
proferida el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS
La parte actora1, solicita la declaración de responsabilidad de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios derivados del
desplazamiento forzado a consecuencia de las agresiones y amenazas de grupos
armados al margen de la Ley en el Municipio de La Palma– Cundinamarca- y
recaba la declaración de responsabilidad de los mencionados órganos con ocasión
de la muerte violenta de César Augusto Rincón, Carlos Julio Angulo, María Mireya
Angulo de Angulo, Ruperto Linares Rodríguez, y Wilson Sánchez Segura, como
hechos asociados directamente al desplazamiento forzado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, declaró
administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – Ejército Nacional por los perjuicios causados a los demandantes con
ocasión del desplazamiento forzado, y, negó las demás pretensiones de la
demanda.

La parte actora y la demandada acuden en apelación, solicitando, la primera, la
modificación del quantum de los perjuicios reconocidos, así como la revocación de
la decisión en lo que le fue parcialmente adversa, para que, en su lugar, se declare
la responsabilidad del Estado en las muertes violentas de César Augusto Rincón y
Ruperto Linares. Por su parte, la Policía Nacional expresa su inconformidad con la
sentencia por cuanto considera que no está probada falla en el servicio a su cargo,
y consecuencialmente, solicita la negación de las pretensiones.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

(i)3 Rosa Elvira Rincón, quien actúa en nombre propio y en representación de
Hortencia Rincón Basabe y Luisa Fernanda Moreno Beltrán, Sandra Patricia Basabe

1 Integrada por los grupos familiares Rincón Basabe, Angulo Escobar, Virgüéz Linares, y, Sánchez Triana.
2 Demanda. Folios 13 a 43, C.1.
3 Grupo familiar Rincón Basabe.

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Virgüéz, actuando en representación de Carlos Augusto Rincón Basabe; (ii)4 Dora
Leonilde Escobar Gutiérrez, actuando en nombre propio y en representación de
Kevin Andrés Angulo Escobar y Julián Steban Carpintero Escobar; (iii)5, Pedro Eliseo
Virgüéz Pinzón, Yenyfer Melisa Virgüéz Linares, Ana Lucía Pinzón, y María Mery
Linares Rodríguez, actuando en nombre propio y en representación de Kelly
Esperanza Virgüéz Linares; (iv)6 Mariela Triana Triana, actuando en nombre propio y
en representación de Laddy Yohana Sánchez Triana, en ejercicio de medio de
control de Reparación Directa, concurrieron ante esta Jurisdicción mediante
demanda presentada el veintinueve (29) de junio de dos mil dieciséis (2016)7, con la
pretensión de que se dicte sentencia en la que se declare responsable a la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional – Policía Nacional, por los daños y
perjuicios ocasionados a causa del desplazamiento forzado del que fueron víctimas
como consecuencia del actuar de grupos al margen de la ley en el municipio de La
Palma, Cundinamarca; así como la declaración de responsabilidad y la reparación
del daño por la muerte violenta de César Augusto Rincón, Carlos Julio Angulo, María
Mireya Angulo de Angulo, Ruperto Linares Rodríguez y Wilson Sánchez Segura.

Como consecuencia de la declaración de responsabilidad por los hechos de
desplazamiento forzado y muertes violentas, la parte actora solicitó el
reconocimiento de los siguientes conceptos:

Desplazamiento forzado
Núcleo Perjuicios Alteración de las Violación a bienes o Perjuicios
familiar morales condiciones de intereses materiales
existencia constitucional y
convencionalmente
protegidos
Rincón 300 smlmv para 300 smlmv para 300 smlmv para cada $209.859.6778
Basabe cada uno de sus cada uno de sus uno de sus integrantes
integrantes integrantes
Angulo 300 smlmv para 300 smlmv para 300 smlmv para cada $442.608.3039
Escobar cada uno de sus cada uno de sus uno de sus integrantes
integrantes integrantes
Virgüez 300 smlmv para 300 smlmv para 300 smlmv para cada $215.536.83310
Linares cada uno de cada uno de sus uno de sus integrantes $215.536.83311
sus integrantes integrantes $215.536.83312
Sánchez 300 smlmv para 300 smlmv para 300 smlmv para cada $217.447.66913
Triana cada uno de cada uno de sus uno de sus integrantes
sus integrantes integrantes

Muertes violentas
Núcleo Perjuicios morales Alteración a las Perjuicios materiales
familiar condiciones de existencia
300 smlmv a favor de 300 smlmv a favor de Rosa $28.308.50915 a favor
Rosa Elvira Rincón Elvira Rincón de Carlos Augusto
Rincón Rincón Basabe
Basabe14
200 smlmv a favor de 200 smlmv a favor de $ 32.315.98716 a favor
Hortencia Rincón y de Hortencia Rincón y de Carlos de Hortencia Rincón
Carlos Augusto Rincón Augusto Rincón Basabe
Basabe
Angulo 300 smlmv a favor de 300 smlmv a favor de Dora $683.701.49518 a favor
Escobar17 Dora Leonilde Escobar Leonilde Escobar Gutiérrez de Dora Leonilde

4 Grupo familiar Angulo Escobar.
5 Grupo familiar Virgüéz Linares.
6 Grupo familiar Sánchez Triana.
7 Escrito de demanda, concretamente en el folio 13 se observa el sello de radicación del día 29 de junio de 2016.
8 Lucro cesante consolidado. A favor de Rosa Elvira Rincón.
9 Lucro cesante consolidado. A favor de Dora Leonilde Escobar Gutiérrez.
10 Lucro cesante consolidado. A favor de Maria Mery Linares Rodríguez.
11 Lucro cesante consolidado. A favor de Pedro Eliseo Virgüez Pinzón.
12 Lucro cesante consolidado. A favor de Ana Lucía Pinzón.
13 Lucro cesante consolidado. A favor de Mariela Triana Triana.
14 Muerte violenta de César Augusto Rincón.
15 Lucro cesante futuro.
16 Lucro cesante futuro.
17 Muerte violenta de Carlos Julio Angulo.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Gutiérrez Escobar Gutiérrez
200 smlmv a favor de 200 smlmv a favor de $39.427.43419 a favor
Andrés Angulo Escobar Andrés Angulo Escobar de Kevin Andrés Angulo
Escobar
Virgüez 200 smlmv a favor de 200 smlmv a favor de Maria No solicitaron
Linares20 Maria Mery Linares Mery Linares Rodríguez
Rodríguez
Sánchez 300 smlmv a favor de 300 smlmv a favor de $487.521.50822 a favor
Triana21 Mariela Triana Triana Mariela Triana Triana de Mariela Triana Triana
200 smlmv a favor de 200 smlmv a favor de Laddy
Laddy Yohana Sánchez Yohana Sánchez Triana $18.444.56423 a favor de
Triana Laddy Yohana Sánchez
Triana

Por otro lado, los actores solicitaron ordenar a las instituciones demandadas
reconocer su falla y pedir perdón públicamente a los demandantes a través de
medios masivos de comunicación, como una actuación simbólica destinada a la
reivindicación de la memoria y dignidad de las víctimas.

2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, rechazó la demanda el veinticinco
(25) de julio de dos mil dieciséis (2016)24 por causa de la caducidad del medio de
control, decisión esta que revocó esta segunda instancia el quince (15) de
noviembre del mismo año25.

El Tribunal admitió la demanda, el treinta (30) de enero de dos mil diecisiete
(2017)26. Notificada la decisión27 y corridos los traslados de ley, la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó oportunamente su escrito de
contestación de la demanda. El Ejército Nacional no contestó la demanda.

La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional28, se opuso a las
pretensiones deprecadas por todos los demandantes en relación con el
desplazamiento forzado y la muerte de César Augusto Rincón, Carlos Julio Angulo,
María Mireya Angulo de Angulo, Ruperto Linares Rodríguez y Wilson Sánchez
Segura, indicando que, no incurrió en falla en el servicio por omisión que hubiese
generado tales daños; además, consideró que las pretensiones asociadas a las
muertes se encontraban afectadas por caducidad. Formuló los siguientes medios
exceptivos: i) caducidad, en la medida que la fecha de la muerte de César
Augusto Rincón [25 de noviembre de 2002], Carlos Julio Angulo [6 de diciembre de
2002], María Mireya Angulo de Angulo [4 de julio de 2001], Ruperto Linares
Rodríguez [1 de octubre de 1999], y, Wilson Sánchez Segura [7 de diciembre de
2001], comparada con la fecha de presentación a la demanda, dan cuenta de la
extemporaneidad en el ejercicio del derecho de acción; ii) inexistencia de falla en el
servicio, en razón a que cada uno de los desplazamientos a los que se alude en la
demanda tiene características diferentes y no pueden ser catalogados como un
“desplazamiento masivo”, además, ninguna de las familias comunicó a la entidad
las situaciones descritas en la demanda, para que el Estado desplegara las
acciones de protección necesarias, y, por ende, “no se dio a conocer que
estuviesen en un riesgo diferente al normal de las demás personas de la
jurisdicción”; iii) actos exclusivos de terceros ajenos a la administración pública,
bajo la premisa que, todos los demandantes indican haber sido víctimas de grupos
al margen de la Ley, por lo que, el daño alegado no proviene directamente del

18 Lucro cesante consolidado y futuro.
19 Lucro cesante futuro.
20 Muerte Violenta de Ruperto Linares Rodríguez.
21 Muerte violenta de Wilson Sánchez Segura
22 Lucro cesante consolidado y futuro.
23 Lucro cesante futuro.
24 Auto. Folios 47 a 55, C.3.
25 Auto. Folios 76 a 86, C.3.
26 Auto admisorio de la demanda. Folios 47 a 49. C.1.
27 Diligencias de notificación de la entidad demandada. Folios 57 a 63.
28 Folios 68 a 85, C.1.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Estado o de alguno de sus agentes, sino de un tercero; iv) inexistencia actual del
daño a indemnizar, partiendo de las pruebas que reposan en el expediente, - tales
como la certificación de cuidado de menor expedida por el Inspector de Policía de
La Palma, o, las expedidas por las instituciones educativas Calixto Gaitán y Normal
Superior de tal municipio -, que dan cuenta de que los demandantes se encuentran
actualmente domiciliados en ese ente territorial; además, no se ha puesto de
presente un motivo o justificación que haya impedido su retorno, ni se ha probado
que estos hayan sido despojados de sus bienes inmuebles, circunstancia que lo
mueve a inferir que aun ostentan propiedad sobre estos.

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, no contestó la demanda,
como se observa en la decisión que en materia de excepciones adoptó el Juez de
la primera instancia en la audiencia inicial; decisión que además no fue recurrida.

El A quo celebró audiencia inicial29 el veintinueve (29) de junio de dos mil
diecisiete (2017), en la que: i) verificó que no había alguna circunstancia
constitutiva de nulidad procesal que invalidara las actuaciones surtidas hasta ese
momento; ii) declaró no probada la excepción de caducidad – única con el carácter
de previa – formulada por la Policía Nacional; iii) fijó el objeto del litigio en los
siguientes términos: “establecer si las entidades demandadas son responsables por
el desplazamiento forzado de las familias demandantes y por la muerte violenta de
algunos de sus miembros, y en el evento que le asista responsabilidad, debe
establecerse si hay lugar al reconocimiento de los valores pretendidos en la
demanda”; iv) agotó la etapa conciliatoria regulada en el artículo 180 de la Ley
1437 de 2011, sin éxito; y v) abrió la etapa de pruebas.

La audiencia de pruebas tuvo lugar el diecisiete (17) de agosto de dos mil
diecisiete (2017)30, en ella se reiteró el decreto de pruebas documentales, que una
vez allegadas fueron incorporadas con auto de veinticuatro (24) de octubre del
mismo año31; cerrada esta etapa, el Tribunal corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto, las
partes descorrieron el traslado32 y la Procuraduría guardó silencio.

2.3. La sentencia recurrida.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
profirió sentencia, el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)33,
en la que: i) declaró administrativamente responsable a la Policía Nacional y al
Ejército Nacional por el daño causado a los demandantes con motivo del
desplazamiento forzado; ii) ordenó el reconocimiento y pago de los perjuicios
inmateriales; iii) adoptó medidas de no repetición; iv) negó las pretensiones de la
demanda en relación con las muertes violentas y; v) condenó en costas a la
entidad demandada.

Con relación al desplazamiento forzado, tuvo como hecho notorio la situación de
conflicto armado que se presentó en el Municipio de la Palma, hecho este que
apreció conjuntamente con el oficio de la Defensoría del Pueblo en el que informó
que esa entidad, desde el primero (1) de marzo de dos mil dos (2002), expidió la
alerta temprana No 23 en la que denotó la presencia en la zona del “Batallón del
Ejército Rincón Quiñones y de la Policía Nacional”, y posteriormente emitió la alerta
temprana No 56, que puso de presente la presencia de los uniformados el seis (6)
de junio de dos mil dos (2002), así como el testimonio de Rafael Vega Melo, que
encontró concordante con los rendidos por Elsa María Gutiérrez, Arquímedes
Jiménez y Nair Calvo, en señalar que “las familias demandadas, dado los hechos

29 Acta. Folios 134 a 144. CD. Folio 144. C.1.
30 Acta. Folios 163 a 170. C.1.
31. Folio 213, C.1.
32 Alegatos de conclusión parte demandada, folios 223 a 224; parte demandante folios 225 a 247, C.1.
33 Sentencia de primera instancia. Folios 216 a 227, cuaderno principal.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

de violencia que azotaba el municipio se vieron en la necesidad de desplazarse a
lugares cercanos”.

Respecto del padecimiento del daño antijurídico objeto de las pretensiones de
reparación, consideró que toda violación de derechos humanos configura de suyo
un daño de tal naturaleza, aunque no necesariamente esa antijuridicidad está
determinada por el proceder del Estado. Pero que, en casos como éste, en que la
parte accionante acredita omisión en la adopción de medidas eficaces para la
protección civil en escenarios donde se presenta violencia generalizada por actores
de grupos al margen de la ley, hay motivo para que la jurisdicción determine, con
su omisión, el acaecimiento de ese daño. Abonó este aserto con la notoriedad
pública de la “situación de conflicto armado que azotaba el Municipio de la Palma”,
con “las alertas tempranas expedidas por la Defensoría del Pueblo”, con la
demostración del incremento que hubo, “a raíz de esa situación (...) (en) las
muertes, amenazas y desplazamientos masivos de familias”. Agregó que la
Defensoría del Pueblo, efectivamente, advirtió la presencia progresiva de las FARC
en el municipio de La Palma, y encontró acreditado que dicha organización ejecutó
homicidios colectivos y selectivos conforme a lo consignado en las alertas
tempranas, y que cada uno de los accionante trajo a este proceso certificación que
da cuenta de su inclusión en el Registro Único de Víctimas por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado. Todo lo anterior, en cuanto lo encontró
concordante con el testimonio de Rafael Vega, le llevó a concluir que,
efectivamente, los accionantes sufrieron el desplazamiento forzado que aducen en
su demanda.

Ya en sede de imputación, atribuyó ese daño al Estado pues encontró mérito en
los medios de prueba para tener por debidamente demostrada la presencia de los
miembros de Fuerzas Militares y de Policía en el municipio de La Palma, y que, “si
bien no hay prueba que demuestre que las víctimas solicitaron algún tipo de
protección, dicho requerimiento previo, como lo indicó el Consejo de Estado en la
providencia transcrita, no era necesario cuando la situación de amenaza era
conocida por las autoridades, lo que en efecto aconteció, toda vez que la situación
de conflicto armando en la región era notoria”. Agregó que, desde la alerta
temprana No 2 del primero (1) de marzo de dos mil dos (2002) ya se conocía que el
riesgo para la población civil estaba dado por la aparente ausencia de
acompañamiento del Ejército y la Policía Nacional para garantizar su protección,
autoridades que no probaron haber adoptado las medidas de seguridad del caso.

A efecto de tasar la compensación que debían tener las víctimas por los perjuicios
morales sufridos con ocasión del desplazamiento, el a quo señaló que, dado que la
única prueba para acreditar la calidad de desplazado es la inclusión en el Registro
Único de Víctimas, apoyaría tal estimación en lo preceptuado en el numeral 7 del
artículo 19 de la Ley 1448 de 2011 – sic -, remisión que le llevó a reconocer, a
cada demandante, el equivalente en pesos, a diecisiete (17) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.

En cuanto a los perjuicios por violación directa a bienes o intereses constitucional y
convencionalmente afectados, precisó que el desplazamiento generó un afectación
grave, múltiple y continua de los derechos fundamentales de los demandantes, por
lo que, en aplicación del principio de reparación integral era procedente la
indemnización de este tipo de perjuicios, con sujeción a los parámetros de la
sentencia de unificación de veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014).
Acudió nuevamente a los lineamientos del numeral 7 del artículo 19 de la Ley 1448
de 2011 – sic -., para reconocer a cada demandante el equivalente en pesos a
diecisiete (17) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por otro lado, respecto de las pretensiones formuladas con fundamento en las
muertes violentas de César Augusto Rincón, Carlos Julio Angulo, María Mireya
Angulo de Angulo, Ruperto Linares Rodríguez y Wilson Sánchez Segura, indicó
que, al margen de la prueba de la existencia del conflicto armado, ninguno de los

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

medios de convicción que militan en el expediente acreditaban que los decesos
hayan estado relacionados con tal situación; y que si bien se trajo a este proceso el
expediente penal adelantado contra Narciso Fajardo alias “rasguño”, y Eduardo
Cifuentes alias “El águila”, cabecillas de los grupos armados al margen de la Ley,
en el que los sindicados fueron condenados por delito de homicidio que cometieron
en personas indeterminadas, ninguna alusión había en ese expediente a la muerte
de César Augusto Rincón, Carlos Julio Angulo, María Mireya Angulo de Angulo,
Ruperto Linares Rodríguez y Wilson Sánchez Segura. Por tanto, denegó las
pretensiones asociadas a sus muertes.

2.4. El recurso de apelación.

2.4.1. La parte demandada [Policía Nacional] interpuso recurso de apelación34
el once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), contra la sentencia de
primera instancia con el fin de que esta Corporación profiera su revocación y, en su
lugar niegue las pretensiones de la demanda. El recurso se sustentó en los
siguientes cargos:

2.4.1.1. El Juez de la primera instancia tuvo por acreditado el daño en “términos
genéricos” bajo el argumento de la situación de violencia que se presentaba en el
municipio de La Palma y la presencia de grupos al margen de la Ley, y, que los
demandantes se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado; sin embargo, no valoró la situación
particular de cada grupo familiar y las circunstancias que generaron el “presunto
desplazamiento”.

Afirmó que el desplazamiento al que se alude en la demanda no fue consecuencia
de la violencia generalizada, que, a su juicio, fue implementada en la sentencia de
primera instancia “con la finalidad de darle un tinte de violación a derechos
humanos al asunto, sin serlo”.

Explicó que existen contradicciones en los hechos relacionados con el
desplazamiento, pues: (i) la familia Rincón Basabe informó que el veinticinco (25)
de noviembre de dos mil dos (2002) fue asesinado César Augusto Rincón y, en
consecuencia, se desplazó a Ibagué en el mes de febrero de dos mil dos (2002). (ii)
La familia Angulo Escobar, indicó qué el veintidós (22) de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) fueron víctimas de hurto en su vivienda por
parte de tres (3) personas que se identificaron como miembros del F2 y luego como
miembros de la guerrilla, razón por la que se desplazaron de su lugar de residencia
el mismo día; sin embargo, esta situación no se deriva del conflicto armado, pues
los hurtos también se presentan en las grandes urbes, además, la tesis que maneja
la sentencia apelada da a entender que cualquier persona que sea víctima de hurto
y deba irse de su vivienda, puede constituirse como víctima de desplazamiento
forzado. (iii) La familia Virgüéz Linares citó la muerte de Ruperto Linares Rodríguez
ocurrida en el mes de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) en la
vereda El Castillo, pero, luego, alegan que debieron desplazarse por este hecho,
de la vereda La Cañada; además, el desplazamiento, según lo narrado en la
demanda, ocurrió el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002). (iv) La
familia Sánchez Triana cita el hecho de muerte violenta acaecida en diciembre de
dos mil uno (2001), pero luego indica que vio comprometida su vida por la escalada
de los combates entre el Ejército y la guerrilla para señalar que, por este motivo se
desplazó a Bogotá D.C. en el mes de septiembre de dos mil dos (2002); consideró
que en el evento de hablarse de desplazamiento, no podría entenderse como
forzado pues su mudanza derivaría del actuar legítimo del Estado en ejecución de
acciones para contrarrestar a los grupos al margen de la ley; además, protestó la
ausencia de análisis relacionado con la distancia que mediaba entre el sitio en el
que se adelantaron acciones militares, y el lugar de residencia de cada grupo
familiar demandante.
34 Folios 287 a 294, cuaderno principal.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Insistió en que ninguno de los demandantes hizo alusión a actos concretos como
factores determinantes del desplazamiento forzado que tuvo como probado la
sentencia de primera instancia; y remarcó que la inclusión en el Registro Único de
Víctimas por sí solo no puede ser prueba de tal situación, máxime cuando “es casi
imposible que se niegue a cualquier persona la inclusión en dicho registro”. Pese a
que para adoptar la decisión se habla de desarraigo y abandono de inmuebles,
nunca se probó que los demandantes fuesen propietarios, arrendatarios o
poseedores de los mismos, por lo que “libremente pudieron decidir trasladarse del
lugar de residencia, sin que pueda pensarse que abandonaron sus propiedades”.

2.4.1.2. Agregó a sus reparos, el que las situaciones descritas por los demandantes
no hayan sido previsibles y evitables para la Policía Nacional, y denotó que nunca
existió un antecedente que permitiera inferir, ni siquiera a los demandantes, que
iban a ser víctimas de los delitos que refirieron en su demanda.

2.4.1.3. Finalmente, presentó inconformidad con la orden de difusión y publicación
de la sentencia por el término de un (1) año, en razón a que la Policía Nacional no
incurrió en omisión del deber de protección, y, no existe falla en el servicio probada
que comprometa su responsabilidad.

2.4.2. La parte demandante, por su lado, interpuso recurso de apelación35 el
trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en contra de la sentencia de
primera instancia, con la pretensión de que esta Corporación modifique el ordinal
segundo (2°) de la parte resolutiva relativo a la tasación de perjuicios, y revoque el
ordinal sexto (6°) para conceder las pretensiones relacionadas con las muertes
violentas.

2.4.2.1. Frente a la tasación de perjuicios, expuso los siguientes argumentos:

• Daño moral. La decisión se basa en la sentencia de unificación del veintiocho
(28) de agosto de dos mil catorce (2014) para tasar el daño en diecisiete (17)
SMLMV para cada demandante, pese a que el parámetro allí contenido indica
que debe ser cien (100) SMLMV, o, incluso mayor cuando se acrediten
circunstancias de excepcional intensidad y gravedad. Esta tasación, en su sentir,
“desconoce y contradice los elementos estructurales del derecho a las víctimas
en lo referente al tema de reparación integral y por lo tanto no estría dando
cumplimiento a la normatividad interna e internacional, donde todo Estado de
derecho incluido el Colombiano está obligado a tomar las medidas que reparen
integralmente a las víctimas”, además, la Resolución 60/147 de 21 de marzo de
200636 - acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado -, constituye un
instrumento vinculante.

Resaltó que, la sentencia de primera instancia reconoce la grave vulneración de
derechos humanos de la población civil de La Palma, lo que se traduce para los
demandantes en una mayor intensidad del daño, que acorde a los parámetros
de unificación logra una indemnización más elevada; además, afirmó que la
decisión sobrepone la sostenibilidad fiscal frente a la situación de grave
vulneración probada; esto, contradice la Constitución Política y el principio de
reparación integral.

• Violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente protegidos. Se
opuso al quantum reconocido en la sentencia [17 SMLMV], y solicitó se tengan
en cuenta los argumentos expuestos para fundamentar la inconformidad frente a
la tasación de la compensación ordenada del daño moral, pretensión que abona
con referencia de una sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis
(2016) [no indica radicación o número interno] en la que esta Corporación habría

35 Folios 294 a 313, cuaderno principal.
36 “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”

7

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

precisado que se debe reconocer en forma adicional una indemnización por este
derecho, así como adoptar medidas de reparación integral, rehabilitación,
satisfacción y garantía de no repetición.

2.4.2.2. Frente la decisión de negar las pretensiones asociadas a muertes
violentas, expuso los siguientes argumentos:

• Desconoce el fallo que las muertes violentas de César Augusto Rincón y
Ruperto Linares Rodríguez fueron causa del desplazamiento de sus núcleos
familiares; asimismo, que “los homicidios violentos fueron perpetrados dentro del
periodo con mayor índice de crimen de lesa humanidad que se materializaron en
el municipio de La Palma– Cundinamarca, y que los mismos se encuentran
claramente acreditados a través de pruebas documentales y testimoniales”. Se
remite al informe rendido por la Defensoría del Pueblo y a la sentencia proferida
por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Justicia y Paz de primero (1) de
septiembre de dos mil catorce (2014), en donde fueron condenados Luis
Eduardo Cifuentes alias “el águila” y, Narciso Fajardo alias “rasguño”, quienes en
sus versiones libres detallaron el modus operandi de las graves violaciones de
derechos humanos que cometieron en el municipio de La Palmaen el periodo
2000 a 2008.

Explica que en dicha providencia se indicó que César Augusto Rincón fue
torturado y luego asesinado por miembros de la AUC, comandados por Luis
Eduardo Cifuentes, además, también quedó probado que la familia del señor
Rincón fue objeto de desplazamiento conforme a la orden del paramilitar
Fernando José Sánchez. En la decisión, se precisó que Ruperto Linares
Rodríguez fue asesinado por miembros de la ABC (Autodefensas Bloque
Cundinamarca).

2.5. Trámite relevante en segunda instancia.

Esta Corporación, el seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018), admitió el
recurso de apelación interpuesto37; y, el veintiuno (21) de mayo siguiente, corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera su concepto38.

La parte actora39, insistió en la postura planteada en la primera instancia. El
Agente Delegado del Ministerio público40 Dr. Nicolás Yepes Corrales, a través del
concepto No 0151/2018, propuso la modificación de la decisión de primera
instancia respecto de la tasación de los perjuicios morales originados en el
desplazamiento forzado, y, la confirmación de los demás aspectos dado que no
existen pruebas que acrediten lo afirmado por los recurrentes. Lo anterior, bajo los
siguientes argumentos: (i) se remitió a la sentencia T 025 de 2004 – que declaró un
estado inconstitucional de cosas frente a la situación de la población desplazada -,
apoyado en los lineamientos de la sentencia T 832 de 2014 para indicar que, la
inclusión de los demandantes en el Registro Único de Víctimas (RUV) debe ser
validado como prueba para acreditar la situación de desplazamiento alegada; (ii) en
cuanto al monto indemnizatorio explica que en sentencias el 26 de enero de 2006,
15 de agosto de 2007, 18 de febrero de 2010 y del 30 de noviembre de 2017, el
Consejo de Estado ha reconocido que el desplazamiento forzado es un hecho
notorio que produce un daño moral a quien lo padece, y, para casos similares, ha
fijado al equivalente a 50 SMLMV como una suma simbólica para resarcir la
afectación moral; (iii) frente a la muerte violenta de César Augusto Rincón y
Ruperto Linares Rodríguez, analizó el alcance del deber de garantía de la fuerza
pública y de las fuerza militares, y tras ese análisis denotó la ausencia de prueba
del inicio de investigación penal por esa causa contra algún agente del Estado; esta

37 Folio 334, cuaderno principal.
38 Folio 348, cuaderno principal.
39 Folios 358 a 376, cuaderno principal.
40 Folios 377 a 402, cuaderno principal.

8

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

orfandad probatoria, sumada a la relatividad que debe caracterizar a la posición de
garante como factor de imputación, según lo señaló la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia; y a la improbabilidad de la conjura de esos hechos por los
órganos demandados, concluyó que no está probada ninguna omisión atribuible a
estos, a quienes, por demás, no les obliga brindar protección individualizada a cada
ciudadano. Además, consideró que la parte actora no cumplió la carga
argumentativa y probatoria, pues no expuso los hechos particulares y concretos
indiciarios de las imputaciones que hicieron en la demanda. Finalmente, solicitó
tener en cuenta que tampoco vino prueba al proceso que indique que César
Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez hayan solicitado protección a las
autoridades.

2.6. Manifestación de impedimento.

El Dr. Nicolas Yepes Corrales, en calidad de Consejero, manifestó su impedimento
para conocer del presente asunto con fundamento en lo dispuesto en el artículo
140, inciso 1, y el artículo 141, numeral 12, del Código General del Proceso41, el
cual se declaró fundado por los demás miembros de Sala el veinticinco (25) de julio
de dos mil diecinueve (2019)42.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problemas jurídicos.

La Sala, en atención a la fijación del litigio que hizo el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a los términos del recurso interpuesto, entra a resolver los
siguientes problemas jurídicos:

3.1.1. ¿Son administrativamente responsables la Nación Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional- y la Policía Nacional por los daños y perjuicios que a los
demandantes les habría ocasionado el desplazamiento forzado derivado de las
omisiones que a aquellos les endilgan?

Sólo en caso de responder afirmativamente a esta cuestión, procederá al análisis
de la procedencia de la pretensión de modificación de la tasación de las
compensaciones fijadas en primera instancia por los perjuicios reconocidos a los
demandantes con ocasión del desplazamiento forzado, con fundamento en las
reglas que la jurisprudencia de la Corporación tenga establecidas en esa materia.

3.1.2. ¿Son administrativamente responsables la Nación – Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional y Policía Nacional de los eventuales daños y perjuicios, derivados
de la muerte de César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez?

De ser afirmativa la respuesta al anterior cuestionamiento, se estudiará la
procedencia del reconocimiento de los perjuicios solicitados por la muerte de los
señores Rincón y Linares Rodríguez.

3.2. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito.

Verificados los presupuestos procesales la Sala no observa irregularidad alguna
que vicie la actuación en esta instancia.

3.3. Condición de desplazado.

La Constitución Política de 1991 consagra expresamente el derecho de todos los
colombianos “a circular libremente por el territorio nacional”, lo cual, como resulta
apenas natural, incluye el derecho a escoger voluntariamente el lugar del territorio

41 Folio 410, cuaderno principal
42 Folios 412 a 413, cuaderno principal.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

en el cual cada persona decide domiciliarse, habitar, residenciarse o establecerse,
de manera temporal o con vocación de permanencia.

La Ley 387 de 1997, “por la cual se adoptan medidas para la prevención del
desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia”; define en su artículo
primero como desplazado a:

“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque
su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o
se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”.

Según uno de los principios que incorporó dicha ley, los colombianos tienen
derecho a “no ser desplazados forzadamente”43 y, de manera correlativa, se ha
establecido que constituye “responsabilidad del Estado colombiano formular las
políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la
atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los
desplazados internos por la violencia”.

De acuerdo con el concepto de bloque de constitucionalidad, las disposiciones
internaciones sobre desplazamiento forzado son aplicables al ordenamiento jurídico
interno. En ellas se consagra la prohibición expresa de desplazamiento forzado,
así:

“Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados.

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas
civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse,
se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y
alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por
razones relacionadas con el conflicto”44

La jurisprudencia de esta Corporación en aplicación de la normativa vigente sobre
desplazamiento ha establecido que tal condición “implica que la persona (o
personas) se ven obligadas forzosamente a migrar, a desarraigarse del lugar en
donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de su actividad profesional,
productiva o económica, ante las amenazas a su vida, integridad física, libertad
personal, dignidad, como consecuencia del conflicto armado interno, de la violencia
generalizada, de la vulneración masiva, continuada y sistemática de los Derechos
Humanos, de la infracción al Derecho Internacional Humanitario, o de toda aquella
circunstancia que altere, modifique o quiebre radicalmente el orden público”45.

El Decreto Reglamentario 2569 de 2000 estableció que el Gobierno Nacional, a
través de la Dirección General para los Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, habrá de declarar que se encuentra en condición de desplazamiento
aquella persona desplazada que solicite tal reconocimiento mediante el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997,
a saber (se trascribe de forma literal, incluidos posibles errores):

43 Artículos 2 - 7
44 Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, ratificado por la Ley 171 de 1994.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero del 2011, expediente 31093, C.P. Jaime Orlando Santofimio.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

“1. Declarar esos hechos ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del
Pueblo, las personerías municipales o distritales o cualquier despacho judicial, y 2.
Solicitar que se remita para su inscripción a la Dirección General para los Derechos
Humanos del Ministerio del Interior o a la oficina que ésta designe a nivel
departamental, distrital o municipal copia de la declaración de los hechos de que trata
el numeral anterior”.

Igualmente, el Decreto 2569 de 2000 que creó el Registro Único de Población
Desplazada, a cargo de la Red de Solidaridad Social, lo concibe como una
herramienta técnica para identificar a la población afectada por el desplazamiento y
sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la
población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a
la población desplazada por la violencia. El acto de registro de la condición de
desplazado se expide una vez valorada la información de que disponga junto con la
declaración formulada por quien alega tal condición. Los efectos de la declaración
del hecho victimizante y la inscripción en el Registro Único de Población
Desplazada también están regulados en el Decreto 2569 de 2000, artículos 16, 17
y 18, así:

“ARTÍCULO 16o. Ayuda inmediata. Una vez recibida en la sede de la entidad en la
que se haya delegado la inscripción la declaración enviada por la autoridad receptora
de la misma, la persona que solicita el reconocimiento de su condición de desplazado
por el solo hecho de haber efectuado la declaración dentro del término anteriormente
señalado, tendrá derecho a acceder a los beneficios establecidos en la Ley 387 de
1997, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, para la atención humanitaria de
emergencia, proporcionada como ayuda inmediata y hasta el momento en el cual se
expida el acto que decida sobre la inscripción en el registro.

ARTÍCULO 17o. Atención humanitaria de emergencia. Realizada la inscripción, la
persona tendrá derecho a que se le otorgue atención humanitaria de emergencia por
el término establecido en el parágrafo del artículo 15 de la Ley 387 de 1997, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal y acceso a los programas de ayuda, que con
ocasión a la condición de desplazado adelante el Estado, sin perjuicio de que el
interesado tenga acceso a los programas sociales de retorno, reasentamiento o
reubicación y otros que preste el Estado.

ARTÍCULO 18º. Programas de retorno, reasentamiento o reubicación. Si el interesado
efectúa la declaración y solicita la inscripción en el registro con posterioridad a la
fecha antes indicada, esto es, un (1) año después de acaecidos los hechos que dieron
origen a tal condición, la persona solicitante sólo tendrá derecho de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal, al acceso a los programas que con ocasión a la condición
de desplazado preste el Estado en materia de retorno, reasentamiento o reubicación”

Significa lo anterior que quien se hubiera visto forzado a migrar del lugar donde
tenía su residencia o desarrollaba su actividad económica habitual, porque su vida,
su integridad, su seguridad o su libertad personal hubieren sido vulneradas o
amenazadas como consecuencia del conflicto armado interno, disturbios y
tensiones interiores, violencia generalizada, violación masiva de Derechos
Humanos, infracción al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias
que alteren drásticamente el orden público, tendrán derecho a recibir la ayuda
humanitaria de emergencia y los demás beneficios que están en el deber de
brindar las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población
Desplazada, en cuanto hubieren agotado el procedimiento señalado en el artículo
32 de la ley 387 de 1997.

No obstante, resulta necesario precisar que, al margen de esos beneficios, la
condición de desplazado la tiene –según se indicó– quien se vea obligado a migrar
internamente en las circunstancias y por los motivos señalados en la ley, toda vez
que el desplazamiento forzado obedece a una situación fáctica, mas no a una
calidad jurídica46.

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010).

Radicación No.: 20001231000199803713 01, expediente: 18.436.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Ahora, en cuanto a la prueba del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional
recordó que el Registro Único de Población Desplazada es el soporte para la
inclusión en el Registro Único de Víctimas, y es “un requisito meramente
declarativo y no constitutivo de la condición de víctima, en donde, a través de un
trámite de carácter administrativo, se declara la condición de desplazado, a efectos
de que las víctimas de este delito puedan acceder a los beneficios legales y a los
diferentes mecanismos de protección de derechos, con carácter específico,
prevalente y diferencial, para dicha población […]”47.

Sin embargo, esta Corporación ha precisado48 que la inscripción en el referido
registro implica el proceso de verificación previsto en el artículo 15649 de la Ley
1448 de 2011, el que, según las consideraciones de la Corte Constitucional50
“apunta a contrastar la ocurrencia del hecho victimizante y por esa vía determinar si
la persona debe ser incluida o no en el registro, a partir de la acreditación de su
condición de víctima”. En consecuencia, y siguiendo la línea de la Sección Tercera
en asuntos similares51, dado que la inscripción en el Registro Único de Víctimas
implicó la verificación del hecho victimizante, la Sala tomará en consideración que
dicho documento resulta útil para acreditar el desplazamiento forzado de los
demandantes.

Debe la Subsección agregar que, el artículo 3 del Decreto 2569 de 2000, dispone la
cesación de la condición de desplazado, y, por ende, el reconocimiento que el
Estado realiza cuando se presente una de las siguientes situaciones: (i) por el
retorno, reasentamiento o reubicación de la persona sujeta a desplazamiento que
le haya permitido acceder a una actividad económica en su lugar de origen o en las
zonas de reasentamiento; (ii) por exclusión del Registro Único de Población
Desplazada, de acuerdo con las causales previstas en el artículo 14 del decreto
2569 de 2000; y (iii) por solicitud del interesado, evento en el cual, se expedirá acto
administrativo motivado.

3.4. Obligación de protección y vigilancia cargo del Estado.

En relación con la obligación de protección y vigilancia a cargo del Estado, se debe
precisar que tiene su principal fundamento en el artículo 2° de la Constitución
Política, según el cual “las autoridades de la República están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades”.

En este orden, el Estado responderá por los daños sufridos por quienes han
padecido una situación de riesgo o amenaza previamente conocida por las
autoridades, ya sea porque el afectado solicitó medidas de protección o porque sus
circunstancias de vulnerabilidad eran ampliamente conocidas por las instituciones
de seguridad52.

47 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-006 del 13 de enero de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, expediente 64.893, sentencia de 13 de agosto de 2021
49 “ARTÍCULO 156. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO. Una vez presentada la solicitud de registro ante el Ministerio Público, la Unidad

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas realizará la verificación de los hechos
victimizantes contenidos en la misma, para lo cual consultará las bases de datos que conforman la Red Nacional de
Información para la Atención y Reparación a las Víctimas.
“Con fundamento en la información contenida en la solicitud de registro, así como la información recaudada en el proceso de
verificación, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas adoptará una decisión en
el sentido de otorgar o denegar el registro, en un término máximo de sesenta (60) días hábiles.
“Una vez la víctima sea registrada, accederá a las medidas de asistencia y reparación previstas en la presente ley dependiendo de la
vulneración en sus derechos y las características del hecho victimizante, salvo las medidas de ayuda humanitaria y atención de
emergencia en salud, a las cuales se podrá acceder desde el momento mismo de la victimización. El registro no confiere la calidad de
víctima, y la inclusión de la persona en el Registro Único de Víctimas, bastará para que las entidades presten las medidas de asistencia,
atención y reparación a las víctimas que correspondan según el caso.
“(…)” (se destaca).
50 Corte Constitucional, sentencia T- 019 de 2019.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2019, exp.

54001-23-31-000-2011-00198-01(44091), C.P: María Adriana Marín (E) y Subsección A, sentencia del 24 de abril de 2020, exp.
130012331000201100378 01 (51315).
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 1991, exp. 6296.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

La jurisprudencia de esta Sección ha precisado que la solicitud de protección
constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad al Estado,
cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se
materializa, como también la notoriedad pública de la situación de peligro que haga
forzosa la intervención del Estado53, pues se genera en ese caso una posición de
garante en relación con la integridad del ciudadano54.

La misma jurisprudencia ha sido reiterada hasta la actualidad, siendo una postura
consolidada aquella según la cual la Administración responderá patrimonialmente,
a título de falla en el servicio por omisión en el cumplimiento del deber de brindar
seguridad y protección a las personas, al menos en dos eventos: “i) cuando se
solicita protección especial con indicación de las especiales condiciones de riesgo
en las cuales se encuentra la persona y ii) cuando sin que medie solicitud de
protección alguna, de todas maneras resulta evidente que la persona la necesitaba
en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran
asegurar que la persona se encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves
riesgos contra su vida, en razón de sus funciones”55.

Sobre el particular, esta Sección ha sostenido:

“… [L]a posición actual jurisprudencial sostiene que no es necesario el requerimiento
formal de la víctima para exigir de las autoridades la tutela a su derecho de
protección, sí ha sido un elemento constante en dichos precedentes, el necesario
conocimiento que tengan las autoridades de las amenazas o de la situación de riesgo
en que se encuentra la víctima, pues es lógico, que tal conocimiento es el que
posibilita y hace exigible la actuación y protección de las autoridades.

“(…) Así pues, si bien la regla general es que quien ve amenazado o vulnerado su
derecho debe demandar la protección de las autoridades respectivas, quienes
entonces estarán en la obligación de adoptar las medidas que correspondan
con el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, no obstante, las
autoridades que por algún medio obtienen conocimiento o infieren una
situación de riesgo inminente, están en la obligación de ejecutar el deber
positivo de protección y seguridad a que tienen derecho los habitantes del
territorio.

“(…) De manera, que siempre que las autoridades tengan conocimiento de una
situación de riesgo o peligro, o de amenazas en contra de un administrado, ya
sea porque este ostente una condición especial o no, las autoridades están en
el deber de evaluar el nivel de riesgo y desplegar la actuación que
proporcionalmente corresponda, so pena de incurrir en una falla del servicio,
afirmando la posibilidad de que la misma se consolide no sólo por el incumplimiento u
omisión de las autoridades, sino que también, habrá lugar a ella cuando no se
observen los deberes positivos a los que debió sujetarse en su actuar, sin importar
que el daño haya provenido de un tercero o que la víctima no haya requerido
formalmente la protección de la administración, a menos que se demuestre que el
hecho del tercero fue de tal entidad que desbordo el proceder adecuado, diligente y
oportuno de la administración, carga que en todo caso se radica en cabeza de la
demandada56…”57 (negrillas de la Sala).

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2008, exp. 16.234: “Ese

deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes,
por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro
que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado”.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, exp. 16.894: “2.5.

En ese contexto, es claro que la administración pública incumplió el deber de protección y cuidado que se generó una vez el señor
Herrera García comunicó el peligro que corría como resultado de las múltiples intimidaciones que se presentaban en su contra,
principalmente, vía telefónica, motivo por el cual, se puede señalar que aquella asumió posición de garante frente a la integridad del
ciudadano”.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, exp.

76001-23-31-000-1996-05208-01(23128).
56 “Original de la cita: En el mismo sentido ver sentencia del Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de 22 de enero de

2014, exp. 27644”.
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de octubre de 2015. Exp. 35.544.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Según la jurisprudencia transcrita, para que el Estado responda por el
incumplimiento de la obligación de brindar protección y seguridad, se debe
establecer que las autoridades tenían conocimiento de la situación de riesgo o
peligro en que se encontraba la víctima, pues “tal conocimiento es el que posibilita
y hace exigible la actuación y protección de las autoridades”. Exigencia apenas
entendible si se tiene en cuenta que la responsabilidad extracontractual del Estado
precisa de un elemento de imputación que debe estar debidamente acreditado y,
por eso, este tipo de responsabilidad difiere de los deberes genéricos de
solidaridad que el Estado tiene con las personas en situación de desplazamiento,
los cuales se cumplen normalmente a través de medidas de tipo administrativo.

En esta materia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:

“Para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable por cualquier
violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción.
En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de garantía a
cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a
cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de
prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran
condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un
individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de
prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un
particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos
humanos de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues
debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas
obligaciones de garantía”58.

3.5. Hechos probados relevantes y solución de los problemas jurídicos
planteados.

Al respecto, la Sala precisa que las copias de los documentos simples que
respaldan los hechos que se relacionan a continuación, estuvieron a disposición de
las partes en curso de la audiencia inicial, motivo por el cual constituyen medios de
prueba válidos59. Así entonces, valorado en conjunto el material probatorio, ha de
decirse que se encuentran acreditados los siguientes hechos:

3.5.1. Desplazamiento forzado.

3.5.1.1. Grupo familiar Rincón Basabe – integrado por Rosa Elvira Rincón,
Hortencia Rincón Basabe, Luisa Fernanda Moreno Beltrán, y Carlos Augusto
Rincón Basabe.

• El Personero del municipio de La Palma, expidió las siguientes certificaciones, en
donde indicó que, una vez verificada la base de datos de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a través del sistema VIVANTO, se
pudo constatar: (i) Veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014)60. Rosa
Elvira Rincón, aparece en estado “incluido” como población desplazada a partir del
primero (1) de febrero de dos mil diez (2010), con código de declaración No
835693, junto con su núcleo familiar integrado por Pedro Ernesto López y Luisa
Fernanda Moreno Beltrán. (ii) Dieciséis (16) de junio de dos mil quince (2015)61.
Luis Miguel Moreno Rincón, aparece en estado “incluido” como población
desplazada a partir del veinte (20) de febrero de dos mil dos (2002), con código de
declaración No 85008, junto con su núcleo familiar compuesto por Georgina Beltrán

58 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia; Sentencia de 31 de enero de 2006,

párrafo 123.
59 El artículo 246 del CGP, aplicable a este caso, estipula que las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por

disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad,
la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar el cotejo con su original, o a falta de este con una copia expedida
con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.
60 Folio 79, C.2.
61 Folio 81, C.2.

14

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Zárate, Luis Alejandro Moreno Salgado, Luisa Fernanda Moreno Beltrán, Karen
Gisseth Beltrán Zárate, y, Juan David Moreno Salgado.

• La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) allegó el
oficio No 201711223585141 de quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete
(2017)62, mediante el cual informó que, Rosa Elvira Rincón, Hortencia Rincón
Basabe y Carlos Augusto Rincón Basabe, fueron reconocidos como víctimas por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado el veinticuatro (24) de junio de dos
mil catorce (2014), siendo la fecha del siniestro el 25 de noviembre de 2002, y
como municipio de ocurrencia La Palma63.

• Se observa en el certificado de tenencia y cuidado de un menor, expedido por el
Inspector de Policía con funciones de Comisario de Familia del municipio de La
Palmael tres (3) de octubre de dos mil doce (2012)64, y veinte (20) de diciembre de
dos mil doce (2012)65 que, Rosa Elvira Rincón compareció a dicha dependencia
para informar que, en calidad de abuela paterna, es quien tiene a su cargo la
tenencia, cuidado personal y custodia de Hortencia Rincón Basabe y Luisa
Fernanda Moreno Beltrán.

• La Rectora de la Institución Educativa Departamental Calixto Gaitán, certificó el
veintisiete (27) de noviembre de dos mil catorce (2014) que, Carlos Augusto Rincón
Basabe cursaba el grado sexto (6°) en el año lectivo dos mil catorce (2014)66.

• Por su parte, la Rectora de la Escuela Normal Superior Divina Providencia de La
Palma, certificó el veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014) que
Hortencia Rincón Basabe67 y Luisa Fernanda Moreno Beltrán68 se encuentran
matriculadas para iniciar el grado sexto (6°) y octavo (8°), respectivamente, para
dar inicio en el año lectivo 2015.

3.5.1.2. Grupo familiar Angulo Escobar – integrado por Dora Leonilde Escobar
Gutiérrez, Kevin Andrés Angulo Escobar y Julián Steban Carpintero Escobar.

• El Personero del municipio de La Palma, expidió certificación del diecinueve (19)
de febrero de dos mil quince (2015)69, en donde indicó, que, una vez verificado con
la base de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, a través del sistema VIVANTO, se pudo constatar que Dora Leonilde
Escobar Gutiérrez, aparece en estado “incluido” como población desplazada a
partir del veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011), con código de
declaración No 1192835, junto con su núcleo familiar integrado por Julián Steban
Carpintero Escobar y Kevin Andrés Angulo Escobar.

También encuentra la Sala, certificación expedida por la Directora de Registro de la
Información de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, del treinta y
uno (31) de enero de dos mil catorce (2014)70, en donde se indica que Dora
Leonilde Escobar Gutiérrez “ha sido reconocida como víctima respecto al hecho de
desplazamiento forzado, y está incluida en el Registro Único de Víctimas desde el
veintidós (22) de agosto de dos mil once (2011).

• Lo anterior, concuerda con el oficio No 201711223585141 de quince (15) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017) 71, allegado por la UARIV, mediante el cual
informó que Dora Leonilde Escobar Gutiérrez, Kevin Andrés Angulo Escobar y
Julián Steban Carpintero Escobar, fueron reconocidos como víctimas por el hecho
62 Folios 182 a 197, C.1.
63 Folio 183 C.1.
64 Folio 75, C.2.
65 Folio 76, C.2.
66 Folio 83, C.2.
67 Folio 84, C.2.
68 Folio 85, C.2.
69 Folio 104, C.2.
70 Folio 105, C.2.
71 Folios 182 a 197, C.1.

15

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

victimizante de desplazamiento forzado el veintidós (22) de agosto de dos mil once
(2011), siendo la fecha del siniestro el veintidós (22) de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994)72; además, señaló a La Palmacomo el
municipio de ocurrencia.

3.5.1.3. Grupo familiar Virgüéz Linares – integrado por María Mery Linares
Rodríguez, Pedro Eliseo Virgüéz Pinzón, Yenyfer Melisa Virgüéz Linares, Ana
Lucía Pinzón, y, Kelly Esperanza Virgüéz Linares.

• El Personero del municipio de La Palma, expidió certificación el veintiséis (26) de
noviembre de dos mil catorce (2014)73, donde indicó que, una vez verificada la
base de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a
través del sistema VIVANTO, se pudo constatar que Maria Mery Linares Rodríguez,
aparece en estado “incluido” como población desplazada a partir del catorce (14)
de febrero de dos mil trece (2013), con código de declaración No 2159099, junto
con su núcleo familiar integrado por Pedro Eliseo Virgüéz Pinzón, Kelly Esperanza
Virgüéz Linares, Yenyfer Melisa Virgüéz Linares y Ana Lucía Pinzón. El reporte del
sistema señala como fecha del desplazamiento el treinta y uno (31) de octubre de
dos mil dos (2002)74.

• Esta información encuentra correspondencia con el oficio No 201711223585141
de quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) 75, allegado por la UARIV,
en donde se observa que María Mery Linares Rodríguez, Pedro Eliseo Virgüéz
Pinzón, Yenyfer Melisa Virgüéz Linares, Ana Lucía Pinzón, y, Kelly Esperanza
Virgüéz Linares, fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado el
catorce (14) de febrero de dos mil trece (2013), con fecha del siniestro acaecido en
el municipio de La Palmael día treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos
(2002)76.

3.5.1.4. Grupo familiar Sánchez Triana – integrado por Mariela Triana, y,
Laddy Yohana Sánchez Triana.

• Mediante la Resolución No 120002198RD de veinticinco (25) de agosto de dos mil
catorce (2014)77 el Director Técnico de Registro y Gestión de la Información (E) de
la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, resolvió, incluir en
el Registro Único de Víctimas a Mariela Triana, por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado.

• La mencionada entidad allegó el oficio No 201711223585141 de quince (15) de
septiembre de dos mil diecisiete (2017)78, mediante el cual informó que Mariela
Triana y Laddy Yohana Sánchez Triana, se encuentran incluidas en el Registro
Único de Víctimas desde el veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014), y,
como fecha del siniestro se consignó veintiocho (28) de septiembre de dos mil dos
(2002)79. El municipio de ocurrencia, es La Palma.

A manera de conclusión y para brindar una mejor organización al reconocimiento
de la calidad de víctimas de los demandantes, por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, la Sala elabora la siguiente tabla.

Nombre Grupo familiar Fecha de Fecha del Municipio en
reconocimiento siniestro donde ocurrió
el siniestro
Rosa Elvira Rincón Rincón Basabe 24 de junio de 25 de noviembre La Palma
2014 de 2002

72 Folio 189, C.1.
73 Folio 122, C.2.
74 Folio 123, C.2.
75 Folios 182 a 197, C.1.
76 Folio 191, C.1.
77 Folios 129 a 133, C.2.
78 Folios 182 a 197, C.1.
79 Folio 192 a 193, C.1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Hortencia Rincón Rincón Basabe 24 de junio de 25 de noviembre La Palma
Basabe 2014 de 2002
Carlos Augusto Rincón Basabe 24 de junio de 25 de noviembre La Palma
Rincón Basabe 2014 de 2002
Luisa Fernanda Rincón Basabe 20 de febrero de 4 de febrero de La Palma
Moreno Beltrán 2002 2002
Dora Leonilde Angulo Escobar 22 de agosto de 22 de diciembre La Palma
Escobar Gutiérrez 2011 de 1994
Kevin Andrés Angulo Escobar 22 de agosto de 22 de diciembre La Palma
Angulo Escobar 2011 de 1994
Julián Steban Angulo Escobar 22 de agosto de 22 de diciembre La Palma
Carpintero Escobar 2011 de 1994
María Mery Linares Virgüez Linares 14 de febrero de 31 de octubre de La Palma
Rodríguez 2013 2002
Pedro Eliseo Virgüez Linares 14 de febrero de 31 de octubre de La Palma
Virgüéz Pinzón 2013 2002
Yenyfer Melisa Virgüez Linares 14 de febrero de 31 de octubre de La Palma
Virgüéz Linares 2013 2002
Ana Lucía Pinzón Virgüez Linares 14 de febrero de 31 de octubre de La Palma
2013 2002
Kelly Esperanza Virgüez Linares 14 de febrero de 31 de octubre de La Palma
Virgüéz Linares 2013 2002
Mariela Triana Sánchez Triana 25 de agosto de 28 de septiembre La Palma
2014 de 2002
Laddy Yohana Sánchez Triana 25 de agosto de 28 de septiembre La Palma
Sánchez Triana 2014 de 2002

3.5.1.5. En la audiencia de pruebas celebrada el diecisiete (17) de agosto de dos
mil diecisiete (2017)80, se recibieron las siguientes declaraciones:

Rafael Vega Melo81, quien manifestó haber vivido en el municipio de La
Palmadesde dos mil siete (2007), y “anteriormente toda mi vida y juventud estudié
en el Colegio Calixto Gaitán”. Agregó que “nunca me desprendí del municipio”.
Relató que le consta la expansión de los grupos al margen de la Ley en la zona que
incluía el municipio de La Palma, e indicó que para el año dos mil dos (2002) se
calculó la muerte de quinientas (500) personas dentro de las que se encontraban
civiles, militares, paramilitares y guerrilleros, lo que correspondía a casi dos (2)
muertos diarios dentro de una población mayoritariamente campesina.

Según lo expuesto por el declarante, en el municipio se hicieron reuniones
programadas por subversivos a las que debía comparecer la comunidad, y en
donde, los organizadores emitían comentarios como “los sapos deben morir” y “si
están untados se atienen a las consecuencias”, además, dieron inicio a las
amenazas dirigidas a entidades públicas como el hospital, que fue declarado
objetivo militar por parte de ambos bandos; se obligaba al personal de la salud a
atender heridos, fueron quemadas unas ambulancias y continuó la expansión de su
presencia.

Explicó que en virtud de esta expansión se presentaron asesinatos en veredas y
municipios contiguos, que incluyeron funcionarios públicos y población civil, bajo la
ejecución de parte de guerrilleros y paramilitares, quienes enviaban el mensaje de
que “iban a ir por todos”.

Afirmó que “la época más dura del municipio fue en el 2001 – 2002”, periodo en el
que el Alcalde había abandonado el territorio, además, informa que se permitieron
múltiples reuniones de grupos ilegales pese a que se contaba con un comando de
Policía y una base del Ejército, asimismo, que, todas las personas tenían miedo y a
las 6:00 p.m. se era un “pueblo fantasma”. La acción del Estado no se veía,
manifestó el testigo.

80 Acta. Folios 163 a 171, C.1. Cd. Folio 171 A, C.1.
81 Minuto 8:32 del medio magnético.

17

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Expuso que nunca se escuchó que en el municipio de La Palma existiera una
masacre, pero, que sí existieron muertes sistemáticas, lo que se ve reflejado en el
número de muertes en un año (500).

En relación con al grupo familiar Angulo Escobar, manifestó conocerlos, y le
consta que su actividad económica se encontraba relacionada con actividades
agrícolas, y, frente a su situación particular informó que “el muchacho venía en el
carro […] lo cogieron a tiros y pasó a un voladero”, sin embargo, no pudo
establecerse quien fue el responsable y no sabe quién hizo el levantamiento.
Agregó que toda la familia vivía en La Aguada (población cercana) y que al padre
de Dora Leonilde Escobar Gutiérrez “lo mataron a machetazos por cuestión del
conflicto”, y, que, por este motivo, la mamá tuvo que salir del pueblo. Le consta que
se desplazaron primero al casco urbano de La Palmay luego a Bogotá.

En cuanto a la familia Virgüéz Linares, manifestó no conocer a Ruperto Linares
Rodríguez. Se enteró de la muerte por intermedio integrantes de la familia que le
comentaban, además, en ejercicio de su cargo como Secretario de Gobierno
recibió información que en forma posterior brindaron algunos integrantes del grupo
familiar.

Frente a la familia Sánchez Triana, declaró no haber conocido a Wilson Sánchez,
pero si a su esposa con quien ha tenido contacto directo y “le han facilitado toda la
historia”. Aclaró que, la esposa del señor Sánchez sufrió desplazamiento por
hechos de violencia. Le consta que Mariela Triana se desplazó hacía una vereda
diferente.

En relación con el grupo familiar Virgüéz Linares, manifestó no recodar
situaciones específicas. Agregó el declarante que existía una estación de Policía en
el municipio de La Palma, pero no habían más de trece (13) miembros. También
existía una base del Ejército ubicada en donde anteriormente quedaba la cárcel
municipal. Explicó que, “La Cañada” se ubicaba aproximadamente a 4 o 5 minutos
del caso urbano y ahí se encontraba una base permanente de los paramilitares,
igualmente, “todos” tenían conocimiento de ello. Se refirió a las alertas tempranas
de la Defensoría del Pueblo, para señalar que no tuvieron eficacia porque igual
“todo el mundo se desplazó”. No recuerda los nombres de las personas a quienes
estaban dirigidas tales alertas, y no recuerda el hecho por el que se hicieron. Indicó
que en el año mil novecientos noventa y cuatro (1994) residía en Bogotá; para
septiembre a noviembre de dos mil dos (2002), se desplazaba con frecuencia a
Caparrapí y constantemente a La Palma.

Arquímedes Jiménez82, manifestó haber vivido en el municipio de La Palma“toda
mi vida”, y, que en los años dos mil dos (2002), dos mil diez (2010) y dos mil doce
(2012) aparecieron grupos al margen de la Ley (guerrilla y paramilitares).

En cuanto a la familia Rincón Basabe, relató que “se le llevaron un hijo que era
mi ahijado, un domingo, no sé qué fecha. El lunes apareció muerto”, esto, haciendo
referencia al hijo de Rosa Elvira Rincón, César Augusto Rincón; después de eso el
grupo familiar se desplazó. Algunos miembros de la familia regresaron a La Palma.
No sabe quién cometió el asesinato. Informó que estuvo presente en el entierro del
hijo de Rosa Elvira Rincón, y que un hombre a quien identificó como “Policarpo” de
las autodefensas les dijo que “callados o sino…” [hizo señal con su dedo índice en
el cuello]. Agregó “qué hacía uno con ese grupo (…) no teníamos protección de la
Policía ni del Ejército, no hicieron nada por protegernos”. Manifestó no saber si
antes del asesinato de César Augusto Rincón, la familia Rincón Basabe había sido
amenazada, y, no tiene conocimiento si este había recibido amenazas por los
grupos que operaban ahí en la región.

82 Minuto 01:16:11

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

En cuanto a las familias: Angulo Escobar, Virgüéz Linares y Sánchez Triana,
manifestó no haberlas conocido.

Elsa María Gutiérrez Rodríguez83, mencionó residir en el municipio de La
Palmahace más de cuarenta (40) años. Inicialmente vivió junto con su esposo en
una casa que compró su sobrino y trabajaban la finca obtenida por su esposo a
título de herencia, en la que no residían dado que el predio carecía de edificación;
posteriormente, instaló una tienda en el cruce de La Aguada – Caparrapí – Yacopí.
Afirmó no conocer al grupo familiar Rincón Basabe, pero sí a la familia Angulo
Escobar, pues, manifestó ser madre de Dora Leonilde Escobar Gutiérrez y abuela
de Kevin Andrés Angulo Escobar. Explicó que, Dora inició una relación de pareja
con Carlos Julio Angulo, a quien asesinaron el seis (6) diciembre de dos mil dos
(2002), habiéndose encontrado su cuerpo dentro de un carro en un abismo, según
indicó la testigo. Asimismo, señaló que, el veintiocho (28) de diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), cuando vivía con Dora Leonilde en el cruce
antes mencionado (vereda La Aguada), aproximadamente hacia las nueve de la
noche (9:00 p.m.), hicieron presencia tres (3) hombres quienes les pidieron abrir la
puerta de su vivienda y, al observar por la mirilla, se percataron que portaban un
revolver, por lo que, tras haber recibido amenazas, abrieron la puerta y “de una nos
apuntaron a la cabeza”, dijeron ser del F2 y luego afirmaron ser de la guerrilla, a
Dora la pusieron en el suelo, mientras uno le apuntaba con el arma, el otro revisaba
la casa y, el último, apuntó a la testigo en el pecho, quien rogó no la matasen, por
lo que le manifestaron que no le harían nada “por ser una mujer muy buena”.
Informó que la acostaron al pie de Dora, que se fueron, pero luego volvieron, para
decir que se llevarían a Dora, quien manifestó aceptar con la condición de que no
asesinaran a Elsa María Gutiérrez Rodríguez (su madre). Los subversivos
señalaron que la orden de llevarse a Dora “venía de los duros” y era porque “no
tenían plata”. Finalmente, acordaron que se haría entrega de doscientos mil pesos
($200.000) a cambio de la permanencia de Dora con su familia. Indicó que
decidieron irse a la finca que le había dejado su difunto esposo, consiguieron el
dinero y lo dejaron en una alcantarilla en la salida hacía Yacopí.

Con posterioridad “se entraron los paras” e hicieron una reunión más arriba de su
vivienda con asistencia obligatoria. El pueblo, en términos de la declarante, era un
pueblo fantasma. La testigo decidió encerrerase debido al antecedente que tenía.
Nadie decía nada, era la “ley del silencio”, y, por tanto, decidió irse para Mosquera
a la casa de su hijo en donde permaneció por espacio de dos (2) años y medio,
luego, en el año dos mil tres (2003) regresó a La Palma. Explicó que, no puso en
conocimiento de las autoridades la situación debido a las amenazas que recibieron
tanto ella como su grupo familiar; que, en el año dos mil once (2011), declararon
ante la Fiscalía y denunciaron ante la Personería.

Aclaró que para el año mil novecientos noventa y cuatro (1994) vivía en la finca que
la había dejado su compañero permanente, pero, al no haber estado casados,
consideró que eran sus hijos quienes deberían adoptar decisiones sobre dicho
predio. Así, les puso de presente que no volvería a La Aguada y les solicitó vender
el inmueble, por lo que recibió “lo primero que me dieron”, suma que corresponde a
siete millones de pesos ($7.000.000).

Nair Esteban Calvo Triana84, manifestó haber vivido siempre en el municipio de
La Palma, con excepción del año dos mil uno (2001), cuando vivió por el lapso de
un (1) año en el municipio de Chía. Explicó que no fue amenazado directamente,
pero decidió salir de La Palmapor los rumores consistentes en que varías personas
estaban siendo desplazadas por la violencia, además, no tuvo conocimiento de
personas que hayan sido objeto de amenazas. Dijo no conocer a la familia Virgüez
Linares, ni a la familia Angulo Escobar, pero sí a la familia Sánchez Triana, de
quienes “supo” que a Wilson Sánchez “lo habían matado”, él era esposo de Mariela
Triana.
83 Minuto 01:28:54
84 Minuto 01:53:00

19

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

3.5.2. La Defensoría del Pueblo, emitió la alerta temprana No 023 del primero (1)
de marzo de dos mil dos (2002)85, dirigida al Ejército y Policía Nacional, entre otras
entidades, en donde recomendó: “protección vigilante de las Fuerzas Armadas a la
población civil amenazada por las AUC en el municipio de La Palma. Además, se
debe prevenir posibles desplazamientos y crisis humanitarias por
desabastecimiento de bienes indispensables. Sería de suma importancia el
acompañamiento de organismos humanitarios de carácter internacional y que
medien con los actores armados para que respeten los derechos fundamentales.
Además, se requiere una estrategia del gobierno nacional que garantice el
suministro de bienes a la población civil afectada”.

En el documento, se encuentran consignados los siguientes datos:

• Clasificada como grado 1, que corresponde a “inminencia alta, urgente”.

• Ubicación geográfica, Cundinamarca – La Palma– El Peñón.

• Presencia de la fuerza pública: Ejército – Batallón Rincón Quiñones / Policía
Nacional: sí. Armada Nacional: no. Fuerza Aérea Colombiana: no.

• Descripción del hecho: En la vía Útica – La Palma, miembros de las FARC
atravesaron un camión bomba que impedía el paso en ambos sentidos. Las
otras dos vías de acceso se encontraban suspendidas por la voladura de dos (2)
puentes, dos (2) semanas atrás. En la mañana del veintiocho (28) de febrero, el
mismo grupo despojó al personal de salud de una ambulancia, que fue
abandonada y horas después fue puesta en un lugar no precisado.

En la vereda Minipi, del municipio de La Palma, las AUC, al mando de alias “al
águila”, estaban realizando retenes y controlando el paso, además, hacían
presencia para vigilancia en el casco urbano vestidos de civil con presiones
sobre la población para asistir a reuniones y prestar apoyo, so pena de ser
asesinados.

• Valoración del caso y pertinencia de la alerta: desde los años setenta (70) existe
presencia de las FARC en la región, y desde mediados de los años ochenta (80)
“ha crecido vertiginosamente la presencia de grupos paramilitares”. Es probable
que la zona “vuelva a ser lugar de disputa entre los actores armados por su
importancia como lugar de paso hacia el Magdalena Medio, donde ejercen el alto
grado de control de las AUC”

Agregó que, “el riesgo para la población civil está dado por la aparente
ausencia de acompañamiento por parte de las autoridades competentes
para proteger la vida de los habitantes, y por la imposibilidad de acceder a
bienes indispensables por los bloqueos ocasionados por grupos ilegales”.

3.5.3. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana No 056
del seis (6) de junio de dos mil dos (2002)86, dirigida al comando de las Fuerzas
Militares, comando de la Quinta División del Ejército Nacional, comando de la
Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, Batallón Rincón Quiñones, Dirección
General de la Policía Nacional y comando departamental de Policía de
Cundinamarca. Se recomendó: “activar los dispositivos de comunicaciones,
seguridad, protección y restablecimiento necesarios para garantizar la integridad de
la población y bienes civiles”.

La alerta temprana, contó con los siguientes antecedentes:

85 Contenida en el disco compacto que obra en el folio 18 A, C.1, archivo PDF rotulado “Anexo 1 AT No 23 – 02 Cundinamarca – La

Palmay el Peñón”
86 Contenida en el disco compacto que obra en el folio 18 A, C.1, archivo PDF rotulado “Anexo 2 AT No 056 – 02 Cundinamarca –

Topapí y otros”

20

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

• Clasificada como grado 1, que corresponde a “inminencia alta, urgente”.

• Ubicación geográfica, Cundinamarca – Topaipí, Caparrapí, La Palmay El Peñón.

• Presencia de la fuerza pública: Ejército – Batallón Rincón Quiñones / Policía
Nacional, estación de policía en cascos urbanos. Armada Nacional, no. Fuerza
Aérea Colombiana, no.

• Descripción del hecho: Amenaza de posibles enfrentamientos y/o toma de
cascos urbanos por las FARC y/o las AUC, a través de atentados y ataques
indiscriminados contra los habitantes de las cabeceras municipales de La Palma,
entre otros, en razón de la disputa iniciada por el control de la población.

• Tipo de hecho y/o violación. Acciones bélicas, combates en zona rural y/o toma
del casco urbano, acciones de retaliación, asesinatos selectivos y/o masacres,
afectación a bienes civiles.

• Valoración del caso y pertinencia de la alerta: los municipios afectados tienen
importancia, ya que su control facilita el acceso al Magdalena Medio y al centro
del Departamento de Cundinamarca; además, en el curso de año dos mil dos
(2002) se incrementaron las muertes violentas, las desapariciones forzadas, las
amenazas contra los habitantes de los poblados en zonas rurales,
desplazamientos en forma masiva, circulación de panfletos en donde se señala a
los habitantes de informantes del bando contrario “colocando a la población civil
en una situación de vulnerabilidad y zozobra, en medio del fuego cruzado”

3.5.4. Muerte violenta de César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez.

• La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) allegó
el oficio No 201711223585141 del quince (15) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017)87, en donde se acreditan las circunstancias relacionadas con el
desplazamiento forzado. No obstante, dicho instrumento nada indica sobre el
homicidio de César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez, y el
reconocimiento como víctimas por este hecho a los grupos familiares: Rincón
Basabe y Virgüéz Linares.

• La Subsección tuvo acceso a la sentencia proferida el primero (1) de
septiembre de dos mil catorce (2014)88 por el Tribunal Superior de Bogotá –
Sala de Justicia y Paz - dentro del radicado11001-22-52000-2014-00019-00
Rad. Interno 2319, en donde se observa lo siguiente.

El objeto de la decisión89 correspondió a: “proferir sentencia parcial, según lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, en contra de los postulados
LUÍS EDUARDO CIFUENTES GALINDO, alias “El Águila”, ex comandante de las
Autodefensas Bloque Cundinamarca (ABC)1; NARCISO FAJARDO MARROQUÍN,
alias “Rasguño”, segundo comandante de las ABC; CARLOS IVÁN ORTÍZ, alias
“Martillo” o “Porremartillo”, radio operador de las ABC; RAÚL ROJAS TRIANA, alias
“Caparrapo” o “El Calvo”, comunicador de las ABC; y JOSÉ ABSALÓN ZAMUDIO
VEGA, alias “Botalón”, “Buena Suerte” o “Come orejas”, patrullero de las ABC. De
igual manera, se resolverán las peticiones presentadas en torno a la legalidad de
los cargos y a la reparación integral de las víctimas, así como sobre la pena
principal y alternativa de los postulados”.

En relación con César Augusto Rincón90, se indicó:

87 Folios 182 a 197, C.1.
88 Puede ser consultada en el siguiente link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2014/12/2014-09-01-SENTENCIA-

BLOQUE-CUNDINAMARCA-1-sep-2014.pdf
89 Página 6 de la providencia.
90 Página 241 de la providencia.

21

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

“Hecho 168: Secuestro, tortura y homicidio de César Augusto Rincón y
desplazamiento de María Patricia Jiménez Virgüéz.

383. El 25 de noviembre de 2002, el señor César Augusto Rincón estaba en
compañía de una prima tomando cerveza en el establecimiento comercial “El Caney”,
ubicado en el municipio de La Palma(Cundinamarca). Aproximadamente a las ocho de
la noche, cinco paramilitares de las ABC llegaron al establecimiento comercial
portando armas de fuego, encañonaron al señor César Augusto Rincón y lo obligaron
a subir a un carro. Al día siguiente, los familiares del señor César Augusto Rincón lo
encontraron muerto en el sitio conocido como La Aguada, sobre la vía que conduce al
municipio de Caparrapí; el cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego, en el
cuello, el tórax y los brazos. También, de la inspección del cadáver y la diligencia de
necropsia se pudo verificar que el cuerpo del señor César Augusto Rincón tenía varias
lesiones causadas con arma contundente y corto punzante, así como lesiones por
quemadura en el pómulo derecho.

384. El paramilitar RAÚL ROJAS TRIANA, alias “Caparrapo”, en versión libre rendida
el 15 de mayo de 2008 confesó que el asesinato del señor César Augusto Rincón y el
desplazamiento de su familia fueron ordenados por el paramilitar Fernando José
Sánchez Gómez, alias “Tumaco”, y precisó que el paramilitar William Medina, alias
“Policarpo”, fue quien se llevó al señor César Augusto Rincón y lo entregó al
paramilitar alias “Flaco”. Por su parte, el postulado NARCISO FAJARDO
MARROQUÍN, alias “Rasguño”, confesó en versión libre que los autores de los
crímenes son RAÚL ROJAS TRIANA, alias “Policarpo, y alias El Flaco”

En relación con Ruperto Linares Rodríguez91, se señaló:

“Hecho 183: secuestro, tortura y homicidio de José María Ortega y Ruperto Linares
Rodríguez.

125. El 1 de octubre de 1999, José María Ortega estaba en su vivienda ubicada en la
vereda “El Castillo” del municipio de La Palma(Cundinamarca), cuando
aproximadamente a las dos de la madrugada llegaron numerosos paramilitares de las
ABC en un vehículo.

Estos procedieron a patear la puerta de la vivienda y a preguntar por Ortega, cuando
este salió fue obligado a tenderse en el piso y le propinaron tres disparos en la
cabeza.

126. El mismo día, en la misma vereda, un grupo numeroso de paramilitares de las
ABC llegaron hasta la vivienda del señor Ruperto Linares Rodríguez, lo obligaron a
salir de su vivienda y fue subido contra su voluntad por los paramilitares a su propio
vehículo. Posteriormente, los paramilitares le propinaron tres disparos de arma de
fuego en la cabeza y la cara al señor Ruperto Linares Rodríguez y procedieron a dejar
el cuerpo junto al del señor José María Ortega. Finalmente, echaron a rodar el carro
por un barranco. 127. El postulado LUÍS EDUARDO CIFUENTES reconoció en
versión libre que los asesinatos de los señores Ruperto Linares Rodríguez y José
María Ortega fueron cometidos por integrantes de las ABC, encabezados por el
paramilitar Saín Sotelo, alias “Bigotes”; delató además que en los hechos criminales
participaron los paramilitares alias “Hugo”, alias “Sandra” y alias “Tiznado” del grupo
conocido como “Los Menudos”, que operaban en el municipio La Palmay que
realizaban acciones criminales ordenadas por Saín Sotelo, alias “Beto”. Por todo lo
anterior, el versionado manifestó que aceptaba la responsabilidad penal como
comandante”.

La decisión, abordó el análisis de la “responsabilidad atribuida a los postulados”, y
luego de realizar un contexto sobre los elementos de autoría, coautoría, coautoría
impropia, determinación, y, autoría inmediata, señaló que: “de los hechos
presentados, la Sala legalizó 202 hechos priorizados, en los cuales aplicó el título
de autoría y el de autoría mediata en cabeza de LUÍS EDUARDO CIFUENTES
GALINDO, alias “El Águila; NARCISO FAJARDO MARROQUÍN, alias “Rasguño”;

91 Página 73 a 74

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

CARLOS IVÁN ORTÍZ, alias “Martillo”; RAÚL ROJAS TRIANA, alias “Caparrapo” o
“El Calvo”, y JOSÉ ABSALÓN ZAMUDIO VEGA, alias “Botalón” 92.

Seguidamente, la providencia indicó que: (i) Narciso Fajardo Marroquín debe
responder como autor mediato por el hecho 168 - entre otros -, es decir, por el
homicidio de César Augusto Rincón93; (ii) Raúl rojas Triana debe responder a título
de coautor por el hecho 168 – entre otros -.

Ahora, la decisión también abordó lo concerniente a las “víctimas de la ABC que
NO serán reconocidas por la Sala, pues no aportaron en debida forma la
documentación necesaria para demostrar su parentesco con las víctimas directas;
o bien, no probaron el daño causado en debida forma 94” [mayúscula y subraya
propia del original]. Dentro de esta lista, se encuentra Ruperto Linares Rodríguez, y
se consignó que el motivo de la negación es “este hecho no fue legalizado”95.

No obstante, esta decisión, en concreto frente al señor Linares Rodríguez, fue
revocada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en fallo
de veintitrés (23) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)96 para en su lugar,
atribuir responsabilidad a Luís Eduardo Cifuentes Galindo, Alias “el águila”, y a
Narciso Fajardo Marroquín, como autores mediatos, por el hecho 183, que
corresponde al homicidio de Ruperto Linares Rodríguez, entre otros.

En el caso concreto que compete resolver a esta Sala, los daños que los
demandantes piden les sean reparados, consisten, por un lado, en el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas entre el año mil novecientos
noventa y cuatro (1994) y dos mil dos (2002), en razón de la situación de violencia
que se presentó en el municipio de La Palma; y por otro, en la muerte violenta de
algunos de los miembros de sus familias. Estos daños se les endilgan a las
demandadas a título de falla en el servicio de protección que aducen, estaba a
cargo del Ejército y de la Policía Nacional.

El Tribunal de primera instancia encontró probada según refirió la Sala en acápite
anterior de esta providencia, la responsabilidad de las demandadas por el hecho
del desplazamiento forzado. Por el contrario, negó, la declaración de
responsabilidad por las muertes violentas, en razón a que las pruebas que militan
en el expediente no demostraron que se hayan elevado solicitudes de protección,
además, Narciso Fajardo, alias “rasguño”, y Eduardo Cifuentes, alias “el águila”,
fueron condenados, pero por delitos contra personas indeterminadas.

Esta decisión proferida en primera instancia fue recurrida por la Policía Nacional y
la parte demandante, y los motivos de sus impugnaciones fueron resumidos por la
sala en precedencia.

3.6. Análisis de la Sala y solución a los problemas jurídicos planteados.

3.6.1. Desplazamiento forzado.

Conforme al análisis probatorio realizado con antelación, frente al desplazamiento
forzado la Subsección encuentra probado lo siguiente:

3.6.1.1. Los cuatro (4) grupos familiares residían en el municipio de La Palma y
fueron reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado por la Unidad
Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, especificando,
en cada caso, las fechas de ocurrencia del siniestro así:

92 Página 650 a 667.
93 Página 670. Numeral 1337.
94 Página 794
95 Página 801 – Hecho 183.
96 La providencia puede ser consultada en el siguiente link https://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2017-11-23-Luis-

Eduardo-Cifuentes-Galindo.pdf

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Grupo familiar Fecha del siniestro
Rincón Basabe Cuatro (4) de febrero de dos mil dos (2002), y, veinticinco (25) de noviembre
de dos mil dos (2002)
Angulo Escobar Veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
Virgüez Linares Treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002)
Sánchez Triana Veintiocho (28) de septiembre de dos mil dos (2002)

Lo anterior, conforme a la información aportada por la mencionada entidad
mediante oficio 201711223585141 del quince (15) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017)97.

3.6.1.2. Para la fecha de ocurrencia de estos hechos, se contaba con presencia de
miembros de la Policía y del Ejército Nacional en el municipio de La Palma, pues
así lo acreditan las alertas tempranas 023 del primero (1) de marzo de dos mil dos
(2002) y 056 del seis (6) de junio de dos mil dos (2002), que dan cuenta de la
existencia de un Comando de Policía y del Batallón Rincón Quiñones98.

3.6.1.3. La presencia de la fuerza pública en el municipio de La Palma, está
confirmada por Arquímedes Jiménez, quien, en declaración indicó que “no
teníamos protección de la Policía ni del Ejército”, “no hicieron nada por
protegernos”; por Rafael Vega Melo, quien atestiguó que existía una estación de
Policía en el municipio, pero no habían más de trece (13) miembros, así como, una
base del Ejército ubicada en donde anteriormente quedaba la cárcel municipal99.

3.6.1.4. Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, catalogadas
como de categoría 1 [inminencia alta, urgente], dan cuenta del apremio que
requería la adopción de medidas eficaces de las autoridades que ejercían
presencia en el municipio de La Palma[Policía y Ejército] para la protección de la
población civil; esto, en razón a las actividades que ejecutaban los grupos al
margen de la Ley, y que según dan cuenta las declaraciones de Arquímedes
Jiménez, Rafael Vega Melo, y Elsa María Gutiérrez Rodríguez, eran de público
conocimiento100. Estos medios de convicción, también acreditan un aumento
progresivo de organizaciones subversivas desde los años 70´s y 80´s, quienes
incluso llegaron a hacer presencia en el casco urbano de La Palma, vestidos de
civil a efectos de vigilar a la población y ejercer sobre ella presión para obligarlos,
bajo amenaza de muerte, a prestarles su apoyo.

3.6.1.5. La intimidación a los pobladores, así como el crecimiento progresivo de
dichos grupos, se encuentra confirmada con las declaraciones de Rafael Vega
Melo, Arquímedes Jiménez, Elsa María Gutiérrez Rodríguez, y Nair Esteban Calvo
Triana, quienes narraron la forma en que los grupos ilegales operaban en el ente
territorial a través de amenazas, homicidios sistemáticos y selectivos y extorsiones,
que, no solo se dirigían contra la población civil, sino contra entidades públicas
como hospitales. De esto, los testigos tuvieron percepción directa como se
desprende de las situaciones particulares narradas por cada uno de ellos; el que
residieran en el municipio en los años en que se presentaron los hechos de
violencia y, además, el haber sido objeto de amenazas, como es el caso de la
señora Gutiérrez Rodríguez, o la que recibió Rosa Elvira Rincón en el momento en
que daba sepultura a su hijo – quien fue asesinado -, y que pudo presenciar el
señor Arquímedes Jiménez101.

3.6.1.6. Las declaraciones recibidas por el Tribunal de la primera instancia, junto
con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, acreditan la
situación de violencia generalizada que azotó al municipio de La Palma, que era de
conocimiento público, y que conllevó a diferentes actos criminales contra sus
pobladores, tales como: homicidios y amenazas desplegados en presencia de la

97 Hechos probados 3.5.1.1, 3.5.1.2, 3.5.1.3, y 3.5.1.4.
98 Hechos probados 3.5.2 y 3.5.3.
99 Hechos probados 3.5.1.5.
100 Hechos probados 3.5.2, 3.5.3, y, 3.5.1.5.
101 Hecho probado 3.5.1.5.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

fuerza pública; hechos, que – conforme a las pruebas - generaron el
desplazamiento forzado de los aquí demandantes.

Debe resaltar la Subsección, que, las pruebas testimoniales prueban en este caso,
que cada uno de los grupos familiares demandantes, fue víctima directa de hechos
delictivos que motivaron su desplazamiento; hechos, que se reitera, si bien
provienen de grupos armados al margen de la Ley, fueron ejecutados en presencia
de la fuerza pública. En efecto, al ser interrogados por el motivo de desplazamiento
de los grupos familiares, la prueba testimonial acredita lo siguiente102:

• Familia Rincón Basabe. Arquímedes Jiménez, informó que el hijo de Rosa
Elvira Rincón fue asesinado y que después de esto, el grupo familiar se
desplazó; además, narró que, en su presencia, la señora Rincón fue amenazada
por un miembro de las autodefensas, a quien identificó como “Policarpo”.

• Familia Angulo Escobar. Rafael Vega Melo, manifestó que el padre de Dora
Leonilde Escobar Gutiérrez fue asesinado, y, que, por tal motivo su madre tuvo
que desplazarse. A esto, se suma el que Elsa María Gutiérrez Rodríguez, madre
de la señora Escobar Gutiérrez, narró que directamente vivió la situación de
violencia contra su núcleo familiar, pues miembros de grupos subversivos le
indicaron que uno de “los duros” había ordenado su asesinato, además,
amenazaron directamente con “llevarse” a Dora Leonilde, lo que finalmente fue
impedido con el pago de una suma de dinero.

• Familia Virgüez Linares. Rafael Vega Melo, informó que, si bien no conoció a
Ruperto Linares Rodríguez, supo, en ejercicio de sus funciones como Secretario
de Gobierno [fecha posterior a los hechos] acerca del asesinato y del motivo del
desplazamiento.

• Familia Sánchez Triana. Rafael Vega Melo indicó que no conoció directamente
al esposo de Mariela Triana Triana, pero si tiene conocimiento que sufrió
desplazamiento por hechos de violencia; además, Nair Esteban Calvo Triana
manifestó conocer que el esposo de la señora Triana Triana había sido
asesinado.

Con fundamento en lo anterior, entra la Sala a pronunciarse sobre los problemas
jurídicos planteados, para lo cual, analizará los argumentos de los recursos de
apelación.

3.6.1.7. Recurso de apelación de la Policía Nacional.

(i) El primer argumento concierne a la prueba del daño103.

No es cierto que la primera instancia haya tenido como acreditado el daño en
términos genéricos, o que la inscripción en el Registro Único de Víctimas no sea
idónea para probar el daño en este caso, pues, contrario a como lo considera la
Policía Nacional, la jurisprudencia de esta Sección104 ha señalado que dicha
inscripción implica un proceso de verificación regulado en el artículo 156 de la Ley
1448 de 2011, y la determinación del hecho victimizante; aunado a que esta
Corporación105 ha resaltado que las normas relativas al desplazamiento forzado, en
lo tocante a las víctimas, deben ser aplicadas bajo la presunción de buena fe, por lo
que debe otorgarse credibilidad a lo manifestado por quien se declara en dicho

102 Hecho probado 3.5.1.5.
103 Punto 2.4.1.1 del acápite de recurso de apelación.
104 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, expediente 64.893, sentencia de 13 de agosto de 2021. Así mismo, en sentencia

de 30 de noviembre de 2017, Radicación número: 76001-23-31-000-2004-00075-01(47370), la Subsección B, precisó en el pie de
página 49: “se insiste en que esa condición de desplazamiento quedó acreditada conforme a la inscripción en el registro único
de desplazados, evidencia que no fue desvirtuada ni controvertida dentro del proceso”. De igual forma, la misma Subsección tuvo
en cuenta dicha prueba para el mismo efecto, en sentencia de 1 de junio de 2017, Radicación número: 07001-23-31-000-2004-00198-
01(35197), pie de página 19.
105 Consejo de Estado, Subsección B, sentencia de 1 de junio de 2017, Radicación número: 07001-23-31-000-2004-00198-01(35197)

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

estado y ha obtenido reconocimiento de la administración, que una vez aceptado
como cierto por las autoridades se presume verídico, correspondiéndole a estas y
no a quien se encuentra en una evidente condición de vulnerabilidad, desvirtuar, si
a bien lo tiene, el contenido del correspondiente registro.

Es pertinente agregar que la inscripción de todos los demandantes por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, encuentra correspondencia con las
declaraciones de Arquímedes Jiménez, Rafael Vega Melo y Elsa María Gutiérrez
Rodríguez, quienes sin dubitación alguna informaron que en efecto todos los
grupos familiares fueron víctimas del mencionado hecho; además, para la Sala, los
declarantes demuestran la causa del conocimiento directo, no incurren en
contradicciones, y, explican en forma clara los hechos que le constan.

Las contradicciones alegadas por la Policía Nacional atinentes a la fecha y lugar de
ocurrencia de los siniestros, así como que los desplazamientos no se derivan del
conflicto armado, o, que no existe pruebas de abandono de inmuebles, se
desvirtúan con el análisis del material probatorio efectuado en esta providencia, y
que acredita que en efecto todos los grupos familiares abandonaron sus viviendas
en el municipio de La Palma como consecuencia de los asesinatos de sus
familiares en todos los casos, y las amenazas recibidas en forma adicional;
actuaciones ilegales provenientes en su totalidad de los grupos al margen de la Ley
que operaban en el territorio, en presencia de la Policía y Ejército Nacional.

Por otro lado, el regreso o no de los demandantes al municipio de La Palma, dista
de servir como prueba de ausencia del daño en este caso, pues, está probado el
desplazamiento como elemento principal, y, en el evento de un regreso, esto
generaría consecuencias frente la cesación de la condición de desplazado en los
términos del artículo 3 del Decreto 2569 de 2000, más no impide tener acreditado
el daño.

Es claro que existen hechos concretos en cada caso que dan fe del motivo del
desplazamiento, además, de ninguna manera puede para este caso exigirse a los
afectados prueba de la titularidad de bienes o propiedades para probar el daño en
razón del desplazamiento, pues se insiste, la inscripción en el RUV y las pruebas
testimoniales acreditan el hecho y su origen.

Así pues, conforme al material probatorio aportado a este contencioso, se
encuentra demostrado que, con la situación de desplazamiento padecida por los
accionantes se produjo una clara afectación a la libre elección y escogencia del
sitio de residencia, derecho fundamental reconocido en el artículo 24
constitucional106. En consecuencia, honraron la carga de demostrar que sufrieron
materialmente daño, es decir, menoscabo a un interés jurídicamente relevante en
cabeza suya, por lo que se procede ahora a determinar si este reviste caracteres
de antijuridicidad.

En efecto, el desplazamiento forzado107 ha sido definido por la jurisprudencia de
esta Corporación como una situación fáctica, de la cual se produce un desarraigo
producto de la violencia generalizada, la vulneración de los derechos humanos o la
amenaza de las garantías del derecho humanitario.

Respecto de los derechos que resultan vulnerados cuando se concreta el
desplazamiento, la Corte Constitucional en sentencia T-585 de 2006, denotó que la
población que se ve afectada por dicha situación adquiere una condición de
vulnerabilidad, debido a que esa circunstancia “le impide acceder a aquellas
garantías mínimas que le permiten la realización de sus derechos económicos,
sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un proyecto de vida”; además
106 “Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y

salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”.
107 Posición que se toma de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 21 de febrero de

2011, exp. 31093; exps. 34440 y 32476, ambas de 12 de febrero de 2014, de 20 de octubre de 2014, exp. 36682 y de 10 de agosto de
2015, exp. 48392.

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soporta una condición de exclusión que implica “la ruptura de los vínculos que unen
a una persona a su comunidad de origen”; y, sufre una situación de marginalidad,
debido a que ingresa a un “nuevo escenario en el que no pertenece al grupo de
beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”.
Luego, se impone concluir que los actores sufrieron por causa de su
desplazamiento forzado un daño que no estaban en la obligación de
soportar108, que es el tipo de daño que activa al ordenamiento jurídico en orden a
su reparación, previo juicio de imputación al que procede la Sala.

(ii) El segundo argumento de reproche, corresponde a la imputación, en el
entendido que, a juicio de la Policía Nacional, las situaciones descritas en la
demanda no eran previsibles para la entidad, y, no existieron antecedentes que
permitiesen inferir que los actores serían víctimas de delitos109.

Estando acreditado el daño, consistente en la condición del desplazamiento
forzado, es decir, la presencia de una coacción que causó el traslado de los
demandantes hacia una ubicación geográfica y una realidad socio-económica no
deseada previamente, se analizará si este daño le resulta imputable a las entidades
demandadas.

Esta Corporación ha estimado posible la configuración de responsabilidad del
Estado en aquellos eventos en que el daño lo ha causado un tercero, siempre que
se acredite el incumplimiento de sus deberes competenciales, ya que, aunque no
exista un vínculo causal de la administración con el daño, es válido plantear el
juicio de imputación en términos estrictamente jurídicos en razón de una omisión, y
de la trasgresión a la obligación de la garantía de los derechos – mandato de hacer
-; sin embargo, este contenido obligacional no impone al Estado un deber estricto
de resultado, pues, si bien está llamado a impedir el daño derivado de la ejecución
de conductas punibles provenientes de personas o grupos al margen de la Ley, se
requiere verificar si se trató de situaciones previsibles y evitables110.

La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la
Policía Nacional111. La primera, compuesta por el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea, está instituida para la defensa de la soberanía, la independencia, la
integridad del territorio nacional y el orden constitucional112. La segunda, como
cuerpo armado de naturaleza civil, tiene a su cargo el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, a
efecto de asegurar la convivencia pacífica de los habitantes en el territorio patrio113.

En relación con la conservación y protección del orden público la Corte
Constitucional114 se ha referido a las diferentes facultades que la Policía Nacional
ejerce en cumplimiento de la función de proteger el orden público, asociadas a la
distribución de competencias en materia de poder, función y actividad de policía; al
respecto, explicó que el poder de policía lo ejerce de manera general el Congreso
de la República por medio de la expedición de leyes que reglamentan el ejercicio
de la libertad; la función de policía es ejercida por las autoridades de la rama
ejecutiva en cumplimiento de las competencias determinadas por la ley, en tanto
que la actividad de policía “es ejercida por los miembros de la Policía Nacional, que
en cumplimiento de su obligación de mantener las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, aplican diversos medios legítimos
para prevenir y conjurar las alteraciones del orden público”.

108 En el mismo sentido, véase Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de abril de 2018, exp. 43214.
109 Punto 2.4.1.2 del acápite de recurso de apelación.
110 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de agosto de 2017, Radiación: 13001233100020010149201
111 Artículo 216 Constitución Política.
112 Artículo 217 Constitución Política.
113 Artículo 218 Constitución Política.
114 Sentencia C-492 de 2002

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La Corte precisó que dentro de las medidas para preservar el orden público se
encuentran, además de la expedición de normas, el despliegue de actividades
materiales que incluyen el empleo de la coacción y que se traduce en la
organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales
se aplican medidas preventivas y correctivas sujetas al principio de legalidad,
cuando se encuentren ante situaciones que exigen una acción inmediata que
contrarreste las agresiones que ponen en peligro los derechos y libertades de las
personas115; siempre con miras al cumplimiento del fin primordial de la Policía
Nacional que corresponde a la prevención de las conductas que constituyen
amenazas de afectación del orden público o impiden la convivencia entre las
personas116.

Bajo este entendimiento, se tiene que la sentencia de primera instancia que declaró
la responsabilidad patrimonial de la Policía y el Ejército Nacional por el hecho del
desplazamiento forzado, fue apelada únicamente por la Policía, razón por la que,
conforme al artículo 328 del Código General del Proceso la decisión se adoptará
bajo los lineamientos del principio de congruencia, pero, se ha de tener presente
que el acervo probatorio que será objeto de análisis para resolver la alzada se
refiere indistintamente a las dos instituciones.

Aclarado lo anterior, el estudio de las pruebas lleva a la Subsección a concluir que,
para las fechas de ocurrencia de los desplazamientos, en el municipio de La
Palma, existía presencia de la Policía Nacional, a través de una estación, y del
Ejército Nacional con el Batallón Rincón Quiñones.

Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo con destino a la
Policía y Ejército Nacional, junto con las pruebas testimoniales practicadas y
relacionadas en precedencia, acreditan la expansión en el territorio de grupos al
margen de la ley, y, como, pese a la presencia de la fuerza pública, ejecutaron
actos criminales contra la población, llegando incluso a organizar libremente
reuniones de carácter obligatorio y ejercer vigilancia con vestimenta de civil en el
casco urbano.

El contenido de tales alertas, encuentra concordancia con las declaraciones de los
testigos que han venido siendo citados, en cuanto a la existencia de la fuerza
pública en el municipio de La Palma, y las actividades que durante varios años
ejecutaron los grupos al margen de la ley en detrimento de la población, traducidos
especialmente en asesinatos y amenazas que fueron precisamente los hechos que
para el caso particular generaron el desplazamiento forzado de los aquí
demandantes. Por ende, tales pruebas dan cuenta de un escenario a partir del cual
se pueda recrear que la condición fáctica del desplazamiento forzado haya ocurrido
con ocasión de la omisión de la Policía Nacional, órgano respecto de quien está
probado un incumplimiento de sus competencias en materia de protección y
seguridad frente a los riesgos excepcionales y extraordinarios que atentaron contra
la integridad física y personal de los aquí demandantes, sumado a que dicha
autoridad conocía el contexto de violencia generalizada que se presentaba en el
municipio de la Palma.

Por tanto, no es admisible, para la Subsección, el argumento relativo a que la
situación de violencia en el municipio de La Palma no era previsible, y, que por
ende, no le era exigible a la fuerza pública contrarrestar los hechos de violencia,
pues, el análisis probatorio lleva a una conclusión contraria, esto es, el
conocimiento que la Policía Nacional tenía de la violencia que recayó sobre los
pobladores, incluidos los demandantes, lo que le imponía el deber de ejecución de
medidas de protección. Por ende, le asistía a dichos órganos la obligación de hacer
uso de todos los instrumentos a su alcance para contrarrestar el impacto violento
sobre la población.

115 Sentencia C-492 de 2002
116 Sentencia C-128 de 2018.

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Aceptar que las personas que integran el extremo activo decidieron “libremente”
abandonar el ente territorial, desconocería las pruebas que militan en el
expediente, y que acreditan el desplazamiento en razón de hechos de violencia; así
como el incumplimiento del deber que le asistía a los órganos demandados en
materia de protección de la población y reducción de los actos de violencia.

Para la Sala están acreditados en lo posible los factores de tiempo, modo y lugar
del hecho victimizante, el que se configura a partir de la existencia del conflicto
armado interno, las tensiones interiores, la violencia generalizada y las alteraciones
del orden público, situaciones que, se reitera, tuvieron desarrollo en presencia de la
fuerza pública [Ejército y Policía Nacional], sin que medie en el expediente prueba
que acredite el despliegue de alguna actividad tendiente a contrarrestar las
actividades ilegales. Por el contrario, el material probatorio da cuenta de la
inoperancia del Estado para el caso particular, además, vale la pena resaltar, que
la Policía Nacional [apelante] dirigió todos sus esfuerzos para excusarse respecto
del daño, sin aportar ningún medio de prueba relativo a las actuaciones que
pudieron haber adoptado para la protección de la población a efectos de evitar el
desplazamiento.

La omisión así acreditada adquiere relieve para efectos de la configuración de la
posición de garante que tenía la Policía Nacional frente a las víctimas, que, de
haber sido observada oportunamente, habría conferido la seguridad que aquellas
echaron de menos cuando decidieron abandonar su lugar de residencia en procura
de salvaguardar ese preciado valor. Por tanto, la Sala encuentra razonable la
conclusión a la que llegó la primera instancia, de atribuir el daño antijurídico sufrido
por los demandantes a la Policía Nacional, a título de falla en el servicio117.

(ii) Con el tercer argumento de apelación, la Policía Nacional protestó la orden de
difusión y publicación de la sentencia por el término de un año, afirmando que no
incurrió en omisión del deber de protección118.

Para resolver este cargo, la Sala se remite a las consideraciones precedentes, a
partir de las cuales se concluye, que, en efecto, los demandantes sufrieron un daño
en razón del desplazamiento forzado del que fueron objeto, daño que se torna
antijurídico y que es fáctica y jurídicamente atribuible a la Policía y Ejército
Nacional. Por ende, a efecto de evitar reiteraciones, se despachará
desfavorablemente el recurso de apelación en relación con este aspecto.

3.6.1.8. Recurso de apelación de la parte actora.

Su inconformidad gravita en el quantum reconocido en la sentencia de primera
instancia, a título de condena para la reparación del daño asociado al
desplazamiento forzado, que, en su sentir, debe ser mayor a los diecisiete (17)
SMLMV para el daño moral y para la violación a bienes o intereses constitucional y
convencionalmente protegidos.

Indicó la primera instancia que, dado que la única prueba que existe para acreditar
la condición de desplazamiento es la inscripción en el RUV, el reconocimiento para
cada demandante por concepto de daño moral, era el previsto en el artículo 19,
numeral 7, de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones."

En relación con la violación a bienes o intereses constitucional y
convencionalmente protegidos, señaló la decisión apelada que el desplazamiento
117 Frente a casos de responsabilidad del Estado por omisión derivada del incumplimiento de obligaciones en materia de
desplazamiento forzado, como el que ahora nos ocupa, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el título de
imputación aplicable es el de falla del servicio. Ver sentencias de sentencias de 8 de marzo de 2007, rad. 27434; de 15 de agosto de
2007, rad. 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, rad.18436; de 31 de agosto de 2017, Radiación:
13001233100020010149201
118 Punto 2.4.1.3 del acápite de recurso de apelación.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

de los demandantes implicó la afectación grave, múltiple y continua de sus
derechos fundamentales, y, se remitió a los parámetros de la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, según la cual, es procedente un
reconocimiento reparatorio equivalente a 100 SMLMV; sin embargo, resolvió aplicar
los mismos lineamientos para el reconocimiento del daño moral, para fijar el monto
a reconocer en 17 SMLMV.

Daño moral.

La Sala precisa que la norma en la que se basó el a quo para tasar los perjuicios
no tiene correspondencia con la materia, pues el artículo 19 de la Ley 1448 de
2011 trata lo atinente a la sostenibilidad de la ayuda humanitaria 119 a través de la
creación de un Plan Nacional de Financiación que garantice de manera preferente
la persecución de los bienes de los victimarios con el fin de fortalecer el Fondo de
Reparaciones de que trata el artículo 54 de la Ley 975 de 2005. De ahí que la
mencionada norma diste de brindar un parámetro adecuado para tasar el perjuicio.

Ahora, el monto de indemnización por vía administrativa para víctimas de
desplazamiento forzado se encuentra regulado por el artículo 149 del Decreto 4800
de 2011, por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras
disposiciones, que establece: “independientemente de la estimación del monto para
cada caso particular de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas podrá reconocer por indemnización administrativa los siguientes montos:
[…] Por desplazamiento forzado, hasta diecisiete (17) salarios mínimos mensuales
legales”.

La Sala encuentra necesario recordar que el objeto del Decreto 4800 de 2011
corresponde al establecimiento de mecanismos para la adecuada implementación
de las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas, para la
realización de sus derechos constitucionales120, dentro de las que se encuentra, a
manera de ejemplo el enfoque humanitario121, el enfoque de desarrollo humano y
seguridad humana122, el enfoque de derechos123, el enfoque transformador124, y el
enfoque de daño o la afectación125.
Para materialización de estas medidas, el Decreto trazó los parámetros de
funcionamiento del Registro Único de Víctimas, incluyendo aspectos como la
entidad responsable, el procedimiento de registro, principios orientadores, y los
criterios de valoración de las declaraciones y de cada caso particular, a efectos de

119 “ARTÍCULO 19. SOSTENIBILIDAD. Para efectos de cumplir con las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación dispuestas en el presente marco, el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la
presente Ley, creará un Plan Nacional de Financiación mediante un documento CONPES que propenda por la sostenibilidad de la ley, y
tomará las medidas necesarias para garantizar de manera preferente la persecución efectiva de los bienes de los victimarios con el fin
de fortalecer el Fondo de Reparaciones de que trata el artículo 54 de la Ley 975 de 2005. El desarrollo de las medidas a que se refiere
la presente ley, deberá hacerse en tal forma que asegure la sostenibilidad fiscal con el fin de darles, en conjunto, continuidad y
progresividad, a efectos de garantizar su viabilidad y efectivo cumplimiento”
120 Artículo 1
121 Artículo 2°. Enfoque humanitario. La atención a las víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011 se brindará de

manera solidaria en atención a las necesidades de riesgo o grado de vulnerabilidad de los afectados, con el fin de brindar soporte
humanitario, trato respetuoso e imparcial, asegurando condiciones de dignidad e integridad física, psicológica y moral de la familia.
122 Artículo 3°. Enfoque de desarrollo humano y seguridad humana. El Estado propenderá por generar contextos culturales,

socioeconómicos seguros en los cuales las personas puedan potencializar sus capacidades, con lo cual se reducirá su vulnerabilidad
frente a los riesgos derivados del conflicto armado.
123 Artículo 4°. Enfoque de derechos. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen como finalidad el restablecimiento de

los derechos individuales y colectivos de las víctimas en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, vulnerados con ocasión del
conflicto armado interno para el ejercicio pleno y permanente de los mismos.
124 .Artículo 5°. Enfoque transformador. Las medidas de reparación contenidas en el presente decreto buscan contribuir a la eliminación

de los esquemas de discriminación y marginación que contribuyeron a la victimización, bajo el entendido que transformando dichas
condiciones se evita la repetición de los hechos y se sientan las bases para la reconciliación en el país. El enfoque transformador
orienta las acciones y medidas contenidas en el presente decreto hacia la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las
capacidades de las personas, comunidades e instituciones para su interrelación en el marco de la recuperación de la confianza
ciudadana en las instituciones. Asimismo las orienta a la recuperación o reconstrucción de un proyecto de vida digno y estable de las
víctimas.
125 Artículo 6°. Enfoque de daño o la afectación. Las medidas de atención, asistencia, y reparación integral contenidas en el presente

decreto se encuentran encaminadas a reducir y propenden por solventar los impactos ocasionados por las infracciones al Derecho
Internacional Humanitario o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado
interno, en los términos del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

adoptar la decisión de reparación en sede administrativa – no judicial -, para las
personas que acrediten la calidad de víctimas del desplazamiento forzado,
acudiendo, por ejemplo, al citado artículo 149 que permite a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
reconocer hasta diecisiete (17) SMLMV a título de indemnización administrativa.

En atención a lo anterior, la Subsección considera improcedente acudir a lo
preceptuado en el Decreto 4800 de 2011 para tasar el monto a reconocer por
concepto de perjuicios en sede judicial, pues, dicha disposición regula lo atinente a
la reparación como indemnización administrativa a partir del agotamiento de una
serie de etapas de esa actuación que supone la valoración de cada caso particular,
para que la UARIV decida sobre la inclusión en el RUV y, consecuentemente,
determine la posibilidad de otorgar la indemnización acorde a los montos y límites
allí contenidos; mientras que, en ejercicio del medio de control de reparación
directa126, la jurisdicción, como juez natural, estudia la existencia del daño
antijurídico y su imputación, en los términos del artículo 90 constitucional, para
luego, si es del caso, adoptar la decisión en materia de reparación del daño e
indemnización de los perjuicios que se encuentren probados, con la connotación
de tener los efectos de cosa juzgada en los términos del artículo 303 del Código
General del Proceso127.

Por otro lado, la Sección Tercera del Consejo de Estado no ha sido ajena al
análisis y decisión de demandas en las que se ha solicitado la declaración de
responsabilidad del Estado por el daño antijurídico causado en razón del
desplazamiento forzado, y en diferentes oportunidades128 se ha pronunciado sobre
la reparación del perjuicio moral y de los perjuicios por violación de bienes o
intereses constitucional o convencionalmente protegidos asociados a este daño,
por lo que existe un parámetro jurisprudencial – incluso con pronunciamientos
anteriores a la sentencia apelada -, que debe ser tenido en cuenta para adoptar la
decisión, sin dejar de lado la preexistencia de la sentencia de unificación de
veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), expediente 32.988.

Las providencias en referencia, han reconocido una indemnización por los
mencionados perjuicios que oscila entre los 25 y los 200 SMLMV, esto, a criterio
del juez y de cara al ejercicio del análisis de las pruebas que medien en cada
expediente, y de las conclusiones que arroje en cuanto a la intensidad del daño
para los demandantes; por cuanto, la sola conducta del desplazamiento no funge
como supuesto de regla alguna que prescriba con carácter imperativo que los
perjuicios morales –por ejemplo– deban tasarse automáticamente en un monto
igual o superior a 100 SMLMV, porque ello está condicionado a que en el proceso
se acredite un daño moral más gravoso e intenso129, además, se recuerda que, en
términos de la jurisprudencia constitucional130 la autoridad judicial será la
encargada de determinar con base en el material probatorio, la suma que ha de
reconocerse para la reparación del daño.

Pues bien, de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que el desplazamiento forzado produce un daño moral, por lo cual no

126 Previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.
127 “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre

el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se entiende que
hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a
registro, y al secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan
como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. La
cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”
128 Ver las siguientes sentencias: Subsección A, 14 de julio de 2016, expediente No35029; Subsección A, 23 de marzo de 2017,

expediente No 50941; Subsección B, 1 de junio de 2017, expediente No 35197; Subsección C, 12 de julio de 2017, expediente No
43637, Subsección B, 30 de noviembre de 2017, expediente No 47370; Subsección A, 25 de julio de 2019, expediente No 50364 y;
Subsección B, 2 de junio de 2021 / 27001-23-33-003-2014-00046-01(AG)
129 Sala Plena Sección Tercera. Auto de veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), expediente Radicación número:

11001-03-26-000-2020-00024-00 (65737)
130 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, sentencia T-147 de 21 de mayo de 2020, M.P: Alejandro Linares Cantillo, exp: T-

7.372.401

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se
ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su
actividad económica y proyecto de vida. Esto, debido a la vulneración múltiple de
sus derechos fundamentales y la pérdida de sus condiciones de vida, de sus
costumbres, su identidad, su entorno social, familiar y laboral131. No obstante, cada
una de las decisiones que se pasan a referenciar, ha partido de esta base para
analizar cada caso particular de cara a las pruebas a efectos de determinar la
intensidad del daño, lo que ha arrojado como resultado una tasación con enfoque
diferencial en razón de las circunstancias probadas; esto, pese a que, en todos, se
ha probado el daño por el desplazamiento forzado, pero con dirección a lograr una
reparación integral.

Para brindar un mayor contexto, las decisiones se condensan en el siguiente
cuadro:

No INDEMINZACIÓN DE PERJUICIOS POR EL HECHO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Subsección / Hecho por el que el Consejo de Estado declaró la responsabilidad del Estado Daño
Fecha sentencia moral
/ número de [smlmv]
expediente
1 Subsección A / 14 Declaró responsable al Ejército Nacional, al encontrar probado perpetró actos delictivos 200132
de julio de 2016 / y graves crímenes en contra de la población civil de la zona rural de Cajamarca, tales
(35029) como, desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos, hurtos de ganado, entre
otros, sin que durante ese lapso -5 días- hubiese existido por parte de los mandos
militares un mínimo control de sus actividades. Además, con motivo de la ejecución
extrajudicial de Camilo Pulido, junto con la muerte de varios campesinos en hechos
ocurridos entre el 2 y 6 de noviembre de 2003, el núcleo familiar demandante se vio la
necesidad de desplazarse forzadamente.
2 Subsección A / 23 Encontró la Corporación acreditada la responsabilidad del Ejército Nacional por la 100
de marzo de 2017 muerte violenta de Darío Alberto Mejía Buitrago, en hechos acaecidos el 28 de enero de
/ (50941) 2006 en la vereda El Entablado, municipio de Cocorná, Antioquia, a quien pretendieron
hacer pasar como miembro de la guerrilla; hecho que, conllevó el desplazamiento forzado
de sus familiares, daño por el que también se condenó al mencionado órgano.
3 Subsección B / 1 Declaró responsable al Ejército Nacional por los hechos ocurridos en el mes de octubre 30
de junio de 2017 / de 2002, cuando hombres armados entraron al predio de los demandantes, y hurtado
(35197) 1600 vacas y 50 caballos, al igual que los enseres, máquinas, sal mineral, medicinas,
monturas, ropa y demás elementos, de modo tal que el predio “fue totalmente
arrasado”. Pese a que esta situación fue puesta en conocimiento de la Presidencia de la
República, el Ministerio de Interior, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la
Gobernación de Tame, la Alcaldía de Tame y la Personería de Tame, ninguna de ellas
desplegó las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad física de los
actores. Esta omisión junto con los hechos delictivos, generaron su desplazamiento
forzado.
4 Subsección C / 12 Declaró administrativamente responsable al Ejército Nacional por falla en el servicio, 100
de julio de 2017 / dado que el 29 de abril de 2022, a las 5:00 a.m., miembros de la Tercera Brigada
(43637) allanaron la vivienda de Gustavo Navarro Ramírez, quien fue capturado y señalado por
los militares como miembro de las FARC. La Fiscalía ordenó su libertad el 1 de mayo de
2001 por haber sido capturado en forma ilegal. El demandante y su núcleo familiar, se
vieron obligados a abandonar su lugar de residencia, en virtud del contexto de violencia
que se vivía en la zona. Se precisó que, el señalamiento que se le realizó al actor
guarda relación directa con la situación de conflicto por la cual tuvo que desplazarse.
5 Subsección B / 31 Declaró administrativamente responsable al Ejército Nacional, con ocasión del daño 50
de agosto de causado a la familiar Muñetón Sosa consistente en la afectación a la integridad física, al
2017 / (41187) domicilio, a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio colombiano con
ocasión del desplazamiento forzado al que fueron sometidos por grupos paramilitares,
al margen de la ley.

Lo anterior, por cuanto el señor Eofran Muñetón Valencia, líder campesino, había
solicitado protección, que fue negada; posteriormente, fue retenido y torturado por
miembros de grupos al margen de la Ley, de lo que logró escapar. Esto generó y
desplazamiento y el de su núcleo familiar a Bogotá D.C.
6 Subsección B / 30 Analizó el caso de un ciudadano que brindó información a la Policía Nacional acerca de 50

131 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, rad 25000232600020010021301; de 15 de agosto de

2007, rad. 190012331000200300385-01; de18 de febrero de 2010, rad. 18436; de 14 de julio de 2016, expediente No35029; de 23 de
marzo de 2017, expediente No 50941; de 1 de junio de 2017, expediente No 35197; de 12 de julio de 2017, expediente No 43637, de 30
de noviembre de 2017, expediente No 47370 y; de 25 de julio de 2019, expediente No 50364
132 Superior a 100 smlmv, parámetro de la sentencia de unificación, dado que el desplazamiento se dio por la ejecución extrajudicial de

un familiar de los demandantes.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

de noviembre de la ubicación de laboratorios de coca, motivo por el cual recibió amenazas de las FARC,
2017 / (47370) lo que provocó su desplazamiento forzado y el de su núcleo familiar.

La Corporación declaró la responsabilidad de dicho órgano, por cuanto al demandante
le asistía la calidad de informante de la Policía Nacional, y como consecuencia, se
encontraba en situación de evidente vulnerabilidad y riesgo debido a las represalias que
este pudiera sufrir en razón de sus denuncias que culminaron con un operativo
desarrollado por la fuerza pública. Así, se consideró que la situación de riesgo era
previsible para la autoridad policial, pese a la ausencia de solicitud expresa del
interesado.
7 Subsección A / 25 Encontró probada la responsabilidad del Estado, con ocasión del desplazamiento al que 25
de julio de 2019 / se vio forzado un ciudadano con motivo de hechos violentos imputables a miembros del
(50364) Ejército Nacional, consistentes en detención arbitraria y de una tentativa de homicidio,
luego de lo cual logró escapar.

8 Subsección B / 2 Encontró probado el daño consistente en desplazamiento forzado de pueblos indígenas 25
de junio de 2021 / [daño diferenciado], y la falla en el servicio por incumplimiento de la obligación
27001-23-33-003- específica de prevenir el desplazamiento, imputable a la Nación – Ministerio de Defensa
2014-00046- – Policía Nacional – Ejército Nacional.
01(AG)

Estas decisiones dan cuenta de la aplicación de criterios diferenciales para
establecer la intensidad del daño en cada caso concreto, dentro de los que se
encuentran no solo el hecho del desplazamiento, sino aspectos como el hecho que
lo originó. En efecto, las decisiones en las que este hecho ha estado precedido por
muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, actos de violencia sistemática contra
la población, y/o hostigamientos, como directamente atribuibles a agentes del
Estado, la tasación del perjuicio ha sido de 100 SMLMV y de 200 SMLMV en un
caso excepcional133; mientras, que, en eventos en que el desplazamiento ha
acaecido a consecuencia del contexto del conflicto armado, y hechos delictivos
atribuibles a grupos al margen de la Ley, la indemnización oscilado entre 25 y 50
SMLMV134.

La Sala aclara que, este razonamiento no tiene por objeto disminuir el nivel la
gravedad que el hecho victimizante de desplazamiento forzado conlleva por sí solo,
sin embargo, a efectos de adoptar una decisión acorde al principio de reparación
integral, en consonancia con lo preceptuado en el artículo 16 de la ley 446 de
1998135, y los lineamientos de la jurisprudencia antes relacionada, es necesario
aplicar un criterio diferencial a partir del cual se pueda considerar que los casos en
los que el desplazamiento se presentó como consecuencia de una muerte violenta
atribuible al Estado, connotan un impacto negativo mayor que los casos en los que
el desplazamiento tiene su origen en hechos delictivos como hurtos, amenazas o
similares.

En consecuencia, se realizará la valoración de la situación de cada grupo familiar,
bajo la consideración de aspectos como: i) el hecho que generó el desplazamiento;
ii) el responsable del hecho; ii) el lapso de persistencia de la condición de
desplazado [fecha del desplazamiento y fecha del retorno]; iv) situación económica
irregular o con impacto negativo por un espacio prolongado de tiempo.

En cuanto a las situaciones particulares de cada grupo demandante, las pruebas
dan cuenta de lo siguiente:

Grupo Hecho que generó el Responsable Fecha del Retorno a Tiempo probado
familiar desplazamiento del hecho desplazamiento lugar de de la condición de
136 origen desplazamiento
Rincón Muerte violenta del No definido138 4 de noviembre y 3 de octubre 9 años, 10 meses y
Basabe hijo de Rosa Elvira 25 de noviembre de 2012139 28 días
Rincón -Carlos de 2002
Augusto Rincón- y

133 Ver sentencias enlistadas en los numerales 1, 2 y 4.
134 Ver sentencias enlistadas en los numerales 3, 5, 6, 7 y 8.
135 Artículo 16. Valoración de daños. Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños

irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos
actuariales.
136 Hechos probados, 3.5.1.1; 3.5.1.2; 3.5.1.3; 3.5.1.4.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

amenazas recibidas
durante su sepelio137.
Angulo Muerte violenta del Grupos 22 de diciembre 10 de octubre 21 años, 9 meses y
Escobar esposo y padre de guerrilleros – de 1994 de 2016142 16 días
Dora Leonilde conflicto
Escobar Gutiérrez, así armado141
como amenazas de
secuestro sobre Dora
Leonilde140
Virgüez Muerte violenta de Autodefensas o 31 de octubre de 14 de mayo de 12 años, 6 meses y
Linares Ruperto Linares143 paramilitares144 2002 2015145 11 días
Sánchez Muerte del esposo de Grupos 28 de septiembre 14 de 13 años, 2 meses y
Triana Mariela Triana146 guerrilleros – de 2002 diciembre de 15 días.
conflicto 2015148
armado147

Para brindar un contexto mas claro a los datos antes consignados, la Sala realiza la
siguiente explicación:

i) Todos los grupos familiares cuentan con un antecedente de muerte violenta de
uno de sus miembros, hechos que, si bien corresponden a una grave violación de
derechos humanos, no son atribuibles directamente al Estado, por acción, dado
que, si bien se presentaron dentro del marco del conflicto armado generalizado en
el municipio de La Palma, ninguna prueba milita en el expediente que permita
radicar la responsabilidad por acción en cabeza de los órganos demandados. Todo
indica, conforme a la valoración que realizó la UARIV dentro del proceso
administrativo que reconoció a los demandantes como víctimas, fueron grupos
subversivos los autores de los hechos de desplazamiento. Diferente es que esta
Subsección haya encontrado probada la responsabilidad del Estado por omisión,
en razón del deber de protección que le asistía frente a la población civil, al estar
probado que pese a existir presencia de la fuerza pública en el ente territorial, se
haya permitido una expansión de actos delictivos de grupos al margen de la Ley en
detrimento de los ciudadanos, directamente asociado al hecho demostrado del
desplazamiento forzado.

ii) En cuanto a la temporalidad de la condición de desplazados, se tiene prueba de
que el grupo familiar Rincón Basabe retornó y se radicó nuevamente en el
municipio de La Palma el 3 de octubre de 2012, de conformidad con la certificación
expedida por el Inspector de Policía, pues para ese momento la señora Rosa Elvira
Rincón declaró ante la autoridad, tener los menores a su cargo. En relación con los
demás grupos familiares, el ejercicio probatorio no incluyó elementos de índole
documental o testimonial que acrediten la fecha del efectivo retorno al municipio de
La Palma, en el evento que esto haya ocurrido. No obstante, la expedición de
normas como la Ley 1448 de 2011149, el Decreto 4800 de 2011150, y los
instrumentos que integran el modelo nacional de Justicia Transicional del que

138 Así fue consignado en el oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017 expedido por la UARIV. Folio 183 C.1,
139 Hecho probado 3.5.1.1. En la que se hizo alusión al certificado de tenencia y cuidado de un menor, expedido por el Inspector de

Policía con funciones de Comisario de Familia del municipio de La Palma, que da cuenta que la señora Rosa Elvira Rincón compareció
el 3 de octubre de 2012 a dicha dependencia para informar que, en calidad de abuela paterna, es quien tiene a su cargo la tenencia,
cuidado personal y custodia de Hortencia Rincón Basabe y Luisa Fernanda Moreno Beltrán.
137 Hecho probado 3.5.1.5, testimonio de Arquímedes Jiménez
140 Hecho probado 3.5.1.5, testimonio de Rafael Vega Melo, y de Elsa María Gutiérrez Rodríguez.
141 Así fue consignado en el oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017 expedido por la UARIV. Folio 189 C.1
142 El oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017, concretamente el folio 190, C.1, da cuenta que la última ayuda

humanitaria, por el hecho de desplazamiento forzado fue recibida por la señora Dora Leonilde Escobar Gutiérrez [jefe de hogar], el 10
de octubre de 2016.
143 Hecho probado 3.5.1.5, testimonio de Rafael Vega Melo
144 Así fue consignado en el oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017 expedido por la UARIV. Folio 191 C.1
145 El oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017, concretamente el folio 190, C.1, da cuenta que la última ayuda

humanitaria, por el hecho de desplazamiento forzado fue recibida por la señora Maria Mery Linares Rodríguez [jefe de hogar], el 14 de
mayo de 2015.
146 Hecho probado 3.5.1.5, testimonio de Nair Esteban Calvo Triana
147 Así fue consignado en el oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017 expedido por la UARIV. Folio 193 C.1
148 El oficio No 201711223585141 de 15 de septiembre de 2017, concretamente el folio 193, C.1, da cuenta que la última ayuda

humanitaria, por el hecho de desplazamiento forzado fue recibida por la señora Mariela Triana Triana [jefe de hogar], el 14 de diciembre
de 2015.
149 Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan

otras disposiciones.
150 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

hacen parte las Leyes 975 de 2005151, 418 de 1997152, prorrogada y modificada por
la Ley 1421 de 2010 y 1424 de 2010, propendieron por que el contexto del conflicto
y, la condición de desplazados no se extendiera indefinidamente en el tiempo. Así,
la Corporación tiene en cuenta los esfuerzos del aparato estatal en relación con la
reparación de las víctimas, para señalar que, en este caso concreto, la condición
de desplazados de los demandantes no puede tornarse indefinida y, por tanto,
encuentra razonable tomar la fecha en que recibieron el último pago de ayuda
humanitaria por el hecho de desplazamiento, como límite temporal y elemento
finalizador a esta situación.

iii) Al expediente no se aportaron pruebas indicativas del grado de afectación
económica de los demandantes durante el tiempo en que se acreditó estuvieron en
situación de desplazamiento.

Si bien es cierto, la jurisprudencia citada en precedencia alude a la grave violación
de derechos fundamentales por el motivo del desplazamiento forzado, y que, este
hecho por si solo genera un desarraigo y desestabilización de la vida de los
afectados, también lo es, que los actores no probaron el grado de afectación
económico posterior, verbigracia: impacto negativo en propiedades, pérdidas de
ganado, cosechas, detrimento económico asociado a proyectos productivos, entre
otros.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el oficio No 201711223585141 de 15 de
septiembre de 2017 expedido por la UARIV153, prueba que todos los grupos
demandantes recibieron el pago de indemnización administrativa y el pago de
ayudas humanitarias por el hecho de desplazamiento forzado, lo que generó un
alivio a su situación económica.

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aplicación de criterios diferenciales para cada
caso, encuentra la Sala que todos los grupos familiares tienen en común, como
hecho que motivó el desplazamiento: i) la muerte violenta de uno o varios de sus
familiares; ii) que dichas muertes son consecuencia de la acción directa de grupos
subversivos, y dentro del contexto del conflicto armado, no atribuibles al Estado y;
iii) que no probaron una afectación económica grave, posterior al desplazamiento y
durante el tiempo en que se acreditó esta condición.

Por ende, el único elemento que en forma adecuada permite una valoración de la
situación particular de los actores, en orden a la tasación del daño moral, es el
tiempo probado de la condición de desplazado; a partir de lo cual, y con sujeción de
la línea jurisprudencial que para el efecto citó esta Sala de decisión, se
establecerán los montos tendientes a reparar este daño.

Frente a todos los grupos familiares se encuentra probado que el desplazamiento
forzado se extendió por espacio superior a 9 años, lo que, comporta una violación
de sus derechos fundamentales154 que amerita una reparación, en atención al
hecho originario y que, bajo un criterio de ponderación sustentado en decisiones
proferidas por esta Corporación en asuntos similares, permite calificarla con un
grado de intensidad para establecer el monto de reparación del perjuicio moral en
el equivalente a 50 SMLMV para cada uno de los integrantes de los grupos
familiares: Rincón Basabe, Virgüez Linares y Sánchez Triana. En relación con el
grupo familiar Angulo escobar, se observa una intensidad aún mayor, en razón de
la acreditación del lapso por el que se extendió su condición de desplazados
[superior 21 años], motivo por el cual, el perjuicio moral será reparado en el
equivalente a 70 SMLMV, para cada uno de ellos.

151 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
152 Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras

disposiciones.
153 Folios 182 a 197, C.1.
154 Corte Constitucional, sentencia T 025 de 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Violación a bienes o intereses constitucional y convencionalmente
protegidos.

En relación con la violación a bienes o intereses constitucional y
convencionalmente protegidos, debe precisar la Subsección que la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, precisó que podrá otorgarse una
indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa del daño antijurídico,
mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta cien (100) SMLMV,
si fuere el caso155.

Esta Corporación ha señalado que esta categoría de perjuicio tiene por objeto el
reconocimiento del quebranto irremediable que deja una grave violación a los
derechos humanos por hechos atroces, y permite indemnizar el menoscabo
específico que padece la víctima en sus bienes inmateriales más preciados, y
también más vulnerables ante su exposición a las peores crueldades, se quiebran
para siempre, y por eso son protegidos por el derecho público doméstico e
internacional156. Al igual que ha ocurrido con la reparación del perjuicio moral, la
jurisprudencia de la Sección157 ha abordado el estudio de las pretensiones de
indemnización del perjuicio de violación a bienes o intereses constitucional o
convencionalmente protegidos donde el desplazamiento estuvo precedido por
muertes violentas, ejecuciones extrajudiciales, actos de intimidación sistemática
contra la población, y/o hostigamientos, atribuibles, directa o indirectamente, a los
agentes del Estado, la tasación del perjuicio ha correspondido a 70 SMLMV.

En el presente asunto, se reitera que, si bien el desplazamiento de todos los
demandantes encuentra fundamento en la muerte violenta de uno de sus
miembros, lo cierto es que estos hechos no son atribuibles al Estado en forma
directa, respecto de quien si se imputa responsabilidad por omisión en el
cumplimiento de sus deberes en razón del conflicto y con relación directa al
desplazamiento.

En consecuencia, al tener probado que los demandantes fueron víctimas de
desplazamiento forzado, con la consecuente vulneración de sus derechos
humanos, con las particularidades que para cada grupo familiar fueron narradas
por los testigos traídos al proceso158, y al tener en cuenta que el daño por el
desplazamiento es imputable al Estado por omisión, este se reparará en una
intensidad menor al parámetro jurisprudencial antes citado, y se reconocerá el
equivalente a 50 SMLMV a favor de cada uno de ellos.

3.6.2. Muertes violentas de César Augusto Rincón y Ruperto Linares
Rodríguez.

El Tribunal de primera instancia consideró que si bien los registros civiles de
defunción de César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez159 dan cuenta de
sus muertes, no existe prueba de que éstas hayan obedecido a las circunstancias
descritas en la demanda; además, en el proceso penal adelantado contra alias
“rasguño” y alias “el águila” se emitió condena por el delito de homicidio contra
personas indeterminadas.

En su recurso, la parte actora señaló que la prueba documental arrimada al
proceso, en particular la sentencia del primero (1) de septiembre de dos mil catorce

155 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, Exp. 32.988, M.P. Ramiro Pazos

Guerrero.
156 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 2 de marzo de 2022, 76001-23-33-000-2017-01845-01 (64094) (AG)
157 Subsección A, sentencia de 14 de julio de 2016, Radicación número: 73001-23-31-000-2005-02702-01(35029); Subsección A

Sentencia de 23 de marzo de 2017, Radicación número: 05001-23-31-000-2006-03647-01(50941)
158 Los antecedentes fácticos de cada grupo familiar en cuanto al desplazamiento forzado se encuentran explicitados en el análisis de

pruebas de esta decisión.
159 Se aclara que la demanda solicitó indemnización por el fallecimiento de César Augusto Rincón, Ruperto Linares Rodríguez, Carlos

Julio Angulo Angulo, María Mireya Angulo, y, Wilson Sánchez, y dicha pretensión fue negada por el Tribunal de la primera instancia. En
contraposición, la parte actora interpuso recurso de apelación, concretamente para el reconocimiento únicamente respecto del deceso
de César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez.

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

(2014) del Tribunal Superior de Bogotá, acredita el modus operandi de Luis
Eduardo Cifuentes alias “el águila” y Narciso Fajardo alias “rasguño”, en cuanto a
las graves violaciones de derechos humanos que cometieron en el municipio de La
Palmaen el periodo 2000 a 2008 y, por ende, apuntala que dicha decisión evidencia
que las muertes de César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez fueron
consecuencia directa del conflicto armado en la zona.

Como se indicó en el acápite de hechos probados relevantes160, la sentencia del
primero (1) de septiembre de dos mil catorce (2014), proferida por la Sala de
Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, atribuyó responsabilidad penal a
Narciso Fajardo Marroquín por el homicidio de César Augusto Rincón, y, en
segunda instancia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
encontró responsables a Fajardo Marroquín y a Luis Eduardo Cifuentes, por el
homicidio de Ruperto Linares Rodríguez.

No obstante lo anterior, esta subsección en casos similares161 ha precisado que
para valorar la falla del servicio162 a efecto de imputar válidamente la
responsabilidad patrimonial al Estado por no garantizar el derecho a la seguridad
personal, se deben atender cinco (5) criterios, a saber: “i) que con anterioridad y
posterioridad a la ocurrencia de los hechos había conocimiento generalizado de la
situación de orden público de una zona, que afectaba a organizaciones y a las
personas relacionadas con éstas; ii) que se tenía conocimiento de circunstancias
particulares respecto de un grupo vulnerable; iii) que existía una situación de riesgo
constante; iv) que había conocimiento del peligro al que estaba sometida la víctima
debido a la actividad profesional que ejercía, y; v) que no se desplegaron las
acciones necesarias para precaver el daño”.

Criterios éstos que deben analizarse en cada caso para establecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió la violación del derecho a
la seguridad personal del afectado cuya reparación se reclama, pues ni la posición
intuito personae de la víctima163 -condiciones personales y sociales- ni el estado de
anormalidad del orden público -violencia generalizada-, son suficientes por sí solas
para endilgar responsabilidad a la Nación.

En el sub lite, la situación de riesgo extraordinario en la que pudiera haberse
encontrado César Augusto Rincón y Ruperto Linares Rodríguez no era de
conocimiento de las autoridades, y si bien su muerte ocurrió en una zona
geográfica en la que, para la época de los hechos, había presencia de grupos de
autodefensa, no se podían las autoridades precaver la ocurrencia de la agresión en
estos específicos casos; pues, no hay prueba alguna en el plenario que dé cuenta
de que los señores Rincón y Linares hubiesen reportado que, en medio del
contexto de conflicto generalizado que para la época en que perdieron la vida
aquejaba al municipio de La Palma, ellos se encontraban en una situación
particular de riesgo que demandara un especial despliegue de las autoridades
estatales a efecto de garantizar su protección. En estas condiciones, no resulta
válido afirmar que para los órganos demandados resultaba previsible advertir y,
menos aún conjurar, una amenaza directa a sus vidas164.

Bajo esta cuerda, considera la Sala que, si bien les asiste responsabilidad a los
órganos demandados por el hecho del desplazamiento forzado, con las
particularidades que para cada grupo familiar demandante se encontraron
probadas, a partir de éstas mismas razones, no resultaba procedente estructurar
160 Hecho probado 3.5.4.
161 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia de 24 de abril de 2017. Radicación número: 25000-23-26-000-2004-

02036-01(36573). Síntesis del caso “El 7 de octubre de 2002 fue asesinado por motivos ideológicos y políticos -en presencia de su
compañera e hija-, el campesino Adonaí Angulo Galindo. La muerte se produjo en el patio de su casa ubicada en el municipio La
Palma(Cundinamarca), zona gravemente afectada por el conflicto armado interno. Como consecuencia de dicho acto la familia
supérstite tuvo forzosamente que desplazarse a la ciudad de Bogotá”.
162 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 31 de enero de 2011; Exp.17842.
163 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 19 de noviembre de 2012; Exp. 25225.
164 En igual sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 24 de abril de 2017. Radicación número: 25000-23-26-000-2004-

02036-01(36573)

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

una declaración de responsabilidad con ocasión de la muerte de los señores
Rincón y Linares, en atención a lo siguiente.

Como se consignó en la información relacionada en el cuadro de la página 32 de
esta providencia -que plasma las situaciones concretas de cada grupo
demandante- el desplazamiento forzado del grupo Familiar Rincón Basabe tuvo
origen en el asesinato de Carlos Augusto Rincón, y el desplazamiento del grupo
familiar Virgüez Linares obedeció a la muerte de Ruperto Linares; hechos
atribuidos a miembros de grupos paramilitares en sede penal. En este punto, es
claro que el desplazamiento forzado tuvo origen y fundamento en el asesinato de
uno de sus familiares; empero, no está probado que los señores Rincón y Linares
contaran entonces con una condición excepcional que ameritara un despliegue
individual, especial y efectivo de las facultades estatales a efectos de prevenir sus
muertes, en razón del deber de protección.

Se remarca que el daño por el desplazamiento recayó de manera generalizada
sobre gran parte de la población de La Palma y, por ende, su connotación masiva
exigía del Estado un actuar directo encaminado a la protección de toda la
comunidad. Por el contrario, las muertes fueron selectivas y recayeron sobre
personas específicas respecto de las cuales, se itera, no aparece acreditado en el
expediente alguna condición particular que ameritara una especial protección; con
lo cual, al tenor del precedente citado, no se cumplen los criterios de valoración de
la falla en el servicio, pues los demandados no tenían conocimiento de alguna
situación de peligro en relación con los señores Rincón y Linares, lo que se traduce
en ausencia de un daño por omisión en el deber de protección.

Finalmente, si bien es cierto que las sentencias proferidas por el Tribunal Superior
de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia prueban que miembros de grupos
subversivos fueron los autores de las muertes violentas de César Augusto Rincón y
Ruperto Linares Rodríguez, no lo es menos que éste hecho por sí mismo no es
atribuible al Estado, pues no se acreditó una situación especial de riesgo reportada
por estas personas a las autoridades para el despliegue de actuaciones específicas
de protección, menos aún que en forma expresa éstas acciones se hubieran
solicitado a consecuencia del conocimiento de circunstancias particulares de
peligro al que pudieron haber estado sometidas debido a las actividades que
ejercían en la zona. Por tanto, esta Corporación no encuentra responsabilidad
imputable a las entidades demandadas por la muerte de César Augusto Rincón y
Ruperto Linares Rodríguez por lo que en este punto se confirmará la decisión de
primera instancia.

3.6.3. Conclusión.

La Sala (i) confirmará la declaración de responsabilidad de la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional, por los perjuicios causados a los demandantes con
ocasión del desplazamiento forzado del que fueron víctimas; (ii) modificará el
ordinal segundo (2°) de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia en
el quantum a reconocer por concepto de daño moral y violación a bienes o
intereses constitucional y convencionalmente protegidos; (iii) confirmará la decisión
en los demás aspectos, incluido el ordinal sexto (6°) de la parte resolutiva que negó
las pretensiones relacionadas con la muerte de César Augusto Rincón y Ruperto
Linares Rodríguez.

IV. COSTAS

El artículo 361 de la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso (CGP), prevé
que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez,

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Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

los artículos 365, numeral 1,165 y 366, numerales 1,3 y 6,166 ejusdem, aplicables a
los procesos contenciosos administrativos por expresa remisión del artículo 306 de
la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), prescriben que se condenará en costas a la parte vencida
en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador
que haya conocido el proceso en primera o única instancia. Sin embargo, en este
escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las
tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.

Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte Policía Nacional,
pues fue resuelto en forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia de primera instancia. Para tal efecto, la Secretaría de la Sección
deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, para lo cual deberá
considerar tanto los gastos judiciales, correspondientes a las actuaciones
autorizadas por la ley —siempre que aparezcan comprobados—, como las
agencias en derecho que esta Corporación procede a fijar por el 1% del valor de
las pretensiones, de conformidad con las tarifas establecidas en el Acuerdo 1887
de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura167.

De otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 365.1 del CGP, la Sala
se abstiene de imponer condena en costas a la parte actora, dado que el recurso
de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, prosperó en
forma parcial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFÍCASE el ordinal segundo (2°) de la sentencia de veintinueve (29)
de noviembre de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el cual quedará así:

“SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Ministerio
de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional, a reconocer y pagar a los
demandantes los siguientes conceptos y sumas:

Nombre Daño Violación a bienes o intereses
moral constitucional y
[smlmv] convencionalmente protegidos
[smlmv]
Rosa Elvira Rincón 50 50
Hortencia Rincón Basabe 50 50
Carlos Augusto Rincón Basabe 50 50
Luisa Fernanda Moreno Beltrán 50 50
Dora Leonilde Escobar Gutiérrez 70 50
Kevin Andrés Angulo Escobar 70 50

165 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se

sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”.
166 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del

proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los
honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que
aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las
tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez
tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas”
(subrayado añadido).
167 Acuerdo 1887 de 2003. El artículo 6 numeral 3.1.1. prescribe que, para los medios de control promovidos en la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, la tarifa en única instancia en los asuntos con cuantía será “hasta el quince por ciento (15%) del valor de las
pretensiones, reconocidas o negadas en la sentencia”.

39

Radicado: 25000-23-36-000-2016-01320-02 (60905)
Actor: Rosa Elvira Rincón y otros

Julián Steban Carpintero Escobar 70 50
María Mery Linares Rodríguez 50 50
Pedro Eliseo Virgüéz Pinzón 50 50
Yenyfer Melisa Virgüéz Linares 50 50
Ana Lucía Pinzón 50 50
Kelly Esperanza Virgüéz Linares 50 50
Mariela Triana Triana 50 50
Laddy Yohana Sánchez Triana 50 50

SEGUNDO: CONFÍRMASE en los demás aspectos la sentencia apelada.

TERCERO: CONDÉNASE a la Policía Nacional a pagar las COSTAS causadas,
para lo cual, el Tribunal de primera instancia deberá dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 366 del CGP, teniéndose en cuenta que en esta instancia se
fijaron agencias en derecho en el equivalente al 1% del valor de las pretensiones, y a
favor de los demandantes.

CUARTO: Si condena en costas en esta instancia, a cargo de la parte actora.

QUINTO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, Notifíquese, Cúmplase

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

VF
SFGS

40

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