Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01331-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-01331-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2016-01331-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2016-01331-01 (67164)
Actor: José Horacio Rojas Gil
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Responsabilidad por incautación de bien inmueble
Síntesis del caso: en un proceso ejecutivo se ordenó como medida cautelar el embargo y
secuestro de un vehículo , se designó un secuestre para el mismo y se dejó a su disposición.
Luego, la medida cautelar fue revocada, el demandante intentó localizar al secuestre, pero
no fue posible y el bien se perdió.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y la Nación – Rama Judicial contra la Sentencia proferida el 12
de agosto de 2020, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca1, en la que
resolvió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial responsable administrativa y patrimonialmente por los
daños causados al demandante con ocasión de la pérdida del vehículo de
placas SSH-699 de su propiedad, de conformidad a lo expuesto en la presente
providencia.
SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a favor de
José Horacio Rojas Gil por concepto de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante consolidado y futuro lo equivalente a sesenta y cinco
millones quinientos dieciocho mil ochocientos veintiún pesos con dieciocho
centavos ($65’518.821,18) m/cte.
TERCERO: CONDENAR IN GENERE a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a favor de José
Horacio Rojas Gil la liquidación de la mencionada condena por concepto de
daño emergente, la cual se realizará en los términos señalados en la parte
considerativa de la presente providencia de conformidad con los artículos
192, 193 y siguientes del CPACA, con concordancia con el artículo 283 del
CGP.
CUARTO: CONDENAR en costas de primera instancia a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial,
incluyendo como agencias en derecho el equivalente a dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de la presente
providencia, suma que deberá ser liquidada por la Secretaría de la Sección,
en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
QUINTO: La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial dará cumplimiento de la presente sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
1 Samai, índice 2 (expediente digital)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-36-000-2016-01331-01 (67164)
Actor: José Horacio Rojas Gil
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia.
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Contencioso Administrativo. […]”
Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación en
este proceso de doble instancia, por haberse interpuesto en vigencia de la
Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de un proceso de
reparación directa por hechos relacionados con la administración de justicia2.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Trámite de primera instancia; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 12 de mayo de 2016, José Horacio Rojas Gil presentó demanda, en
ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Rama
Judicial, para que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):
“PRIMERA.- Se declare administrativamente responsable a la NACIÓN
COLOMBIANA – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, por los perjuicios causados al señor JOSE HORACIO ROJAS GIL, como
consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia,
derivado de las acciones y omisiones que permitieron la pérdida del vehículo
automotor de servicio público de placas SSH-699 embargado y secuestrado
dentro del proceso EJECUTIVO DE AUTOLÍNEAS LAS ACACIAS LTDA. CONTRA JOSÉ
HORACIO ROJAS GIL Y HERNANDO ROJAS GIL, radicado bajo el No.
11001210301920060069100 y adelantado ante el Juzgado 19 Civil del Circuito de
Bogotá D.C.”.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó el pago de los
siguientes conceptos:
Perjuicio Argumentación Monto
Daño emergente “… a pagar al demandante señor JOSÉ HORACIO $150.000.000
ROJAS GIL, los perjuicios de orden material … por
el valor estimado del rodante de servicio público”
Lucro cesante “…a pagar al demandante señor JOSÉ HORACIO $416.000.000
ROJAS GIL … por el valor estimado del lucro
cesante dejado de producir por el rodante de
placas SSH-699 y dejado de percibir por el
demandante, desde la captura del rodante (25 de
abril de 2007) y hasta la presente demanda”
“…a pagar al demandante señor JOSÉ HORACIO $480.000.000
ROJAS GIL … teniendo en cuenta la vida útil del
vehículo, desde el mes de enero de 2016 y hasta el
mes de diciembre de 2025”
Perjuicio moral N/A 200 SMLMV
2 La Ley 270 de 1996 en su artículo 73 fijó la competencia funcional para conocer de estos asuntos en primera
instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin
consideración a la cuantía: Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de
2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. Adicionalmente, el Reglamento Interno de esta Corporación Judicial
[Acuerdo No. 080 de 2019], en su artículo 13, relativo a los asuntos distribuidos a la Sección Tercera, en el numeral 7°
señaló: “Los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los agentes judiciales a que se refieren
los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996”.
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Actor: José Horacio Rojas Gil
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia.
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Intereses “…a pagar al demandante señor JOSÉ HORACIO N/A
ROJAS GIL los intereses moratorios causados a
partir del día 25 de abril de 2007, fecha en la que
se efectuó la captura del rodante de placas SSH-
699 y hasta que se verifique el pago”
3. Como hechos que fundamentan las pretensiones, la parte actora
expuso, en síntesis:
4. 1) El demandante era propietario del 50% de un vehículo de transporte
público. El 8 de mayo de 2008, el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá libró
un nuevo despacho comisorio para realizar la diligencia de secuestro, que fue
efectivamente practicada el 23 de julio de 2008, en la Inspección Distrital 14
de Policía de Bogotá. En dicha diligencia, se designó como secuestre a Sandra
Milena Espinosa Quintero, quien recibió el vehículo.
5. 2) El 29 de mayo de 2014 la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior
de Bogotá revocó la decisión de seguir adelante con la ejecución y ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares, para lo cual se ofició a la Secretaría
de Tránsito y a la secuestre para que entregara el vehículo, el 26 de septiembre
de 2014.
6. En la demanda se afirmó que la secuestre dilató la diligencia de entrega
del bien hasta que fue imposible ubicarla nuevamente y, que, al momento de
la presentación de la demanda, el vehículo no había sido devuelto, pues se
extravió. Por lo anterior, consideró que se configuró un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.
1.2. Posición de la parte demandada
7. La Nación – Rama Judicial al contestar la demanda3 aceptó los hechos
relacionados con el embargo y secuestro del vehículo, así como la diligencia
y entrega a la secuestre; respecto de los demás, manifestó que no le
constaban y que por lo tanto debían probarse. Se opuso a las pretensiones de
la demanda con fundamento en que el juzgado exigió a la secuestre la
caución para la entrega del bien, además, consideró que se configuró la
culpa exclusiva de la víctima ya que el hoy demandante no prestó la caución
para evitar el embargo y secuestro, ni solicitó la cancelación y levantamiento
de la medida previa consignación del dinero que el juez estimara para
garantizar el pago del crédito. Destacó también que no se configuró el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que el juzgado
solicitó a la secuestre la rendición de cuentas, que presentó y no fue objetada
por el hoy demandante. Finalmente, propuso las excepciones que denominó
“culpa exclusiva de la víctima” y la “innominada”.
1.3. Trámite de primera instancia
3 Folios 54 – 62 del C.Ppal.
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia.
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8. El 22 de enero de 2018 se realizó la audiencia inicial4 en la que se declaró
saneado el proceso, se rechazaron las excepciones previas propuestas por la
demandada y se fijó el litigio, así (se trascribe):
“¿La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
es administrativa y patrimonialmente responsable bajo el fundamento de
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la presunta
pérdida del vehículo de servicio público de placas SSH-699, propiedad de
José Horacio Rojas Gil, el cual fue objeto de la medida cautelar de embargo
y secuestro dentro del proceso ejecutivo tramitado por el Juzgado 19 Civil del
Circuito de Bogotá D.C., radicado No. 1101-31-03-019-2006-00681 y en donde
se dispuso su levantamiento y ordenó al entrega del automotor? De
concretarse la responsabilidad se procederá al análisis de los perjuicios”.
9. Adicionalmente, se decretaron unas pruebas y se incorporaron las
presentadas con la demanda y la contestación. El 5 de abril de 2018 se llevó
a cabo la audiencia de pruebas5, en la que se dio traslado a las partes del
dictamen pericial y no fue objetado.
1.4. Sentencia de primera instancia
10. El 12 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca6
declaró responsable a la Nación – Rama Judicial por la pérdida del vehículo
de propiedad de Rojas Gil y la condenó al pago de lucro cesante, así como
una condena en abstracto a título de daño emergente. Para el efecto,
encontró acreditado el daño consistente en la pérdida del vehículo y,
concluyó que era imputable a la demandada porque no verificó las
condiciones del vehículo durante el secuestro.
11. En relación con los perjuicios el tribunal resolvió lo siguiente: 1. Negó la
reparación del perjuicio moral solicitado por falta de prueba; 2. En relación
con el daño emergente, consideró que el dictamen pericial era exorbitante
pues partió de base la según la cual los vehículos se valorizan, lo cual no es
cierto y destacó la regla de la experiencia de la depreciación de los
automotores. Por ello, resolvió condenar en abstracto atendiendo a un
dictamen pericial sobre vehículos de servicio público de transporte de
pasajeros y de un análisis comparativo del precio internacional del bien y,
estableció que, en todo caso, no podrá ser superior al solicitado en la
demanda y que, se reconocerá el 50% del valor del bien toda vez que la otra
mitad es de propiedad de su hermano, cuyos herederos realizaron un negocio
jurídico sobre este porcentaje. Estimó, además, que debían calcularse los
intereses de ese valor actualizado, con una tasa del 6% anual; 3. En relación
con el lucro cesante consolidado, lo calculó desde que se levantó la medida
hasta la fecha de esa sentencia, con un ingreso base de $1.074.480 de
acuerdo con lo establecido en el dictamen pericial para un total de
$58.813.885 y, el futuro, desde la fecha de esa Sentencia hasta el vencimiento
de los 10 meses con que cuenta la entidad para realizar el pago, con el mismo
4 Folios 107 – 115 del c.1.
5 Folios 184 – 192 del c.1.
6 Samai, índice 2, Expediente digital.
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Decisión: Modifica Sentencia.
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ingreso base de liquidación, para un total de $13.409.872,36; a estas dos cifras
les descontó el 50% de acuerdo con el porcentaje sobre la propiedad del bien.
1.5. Recurso de apelación
12. La Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación7 en el cual
afirmó que no se demostró el daño ni el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Sostuvo que se configuró la culpa exclusiva de la
víctima ya que el hoy demandante no interpuso los recursos de ley en contra
de la decisión que decretó la medida cautelar. Destacó que el vehículo fue
puesto a disposición de la secuestre, quien no es servidora de la Rama Judicial.
Por último, atacó la tasación y liquidación de los perjuicios y la condena en
costas.
13. La parte demandante presentó recurso de apelación8 en el cual atacó
la tasación y liquidación de los perjuicios, así: 1. Consideró equivocada la
condena a título de daño emergente en abstracto, puesto que solicitó que en
la condena debía establecerse por el valor del vehículo actualizado; 2.
Cuestionó la decisión de no reconocer lucro cesante desde el momento del
secuestro del vehículo, pues consideró que ese periodo también es imputable
a la Rama Judicial y; 3. Solicitó que el lucro cesante futuro se reconociera por
la vida útil del vehículo que estimó en 20 años; 4. Finalmente, solicitó que se
reliquidara este perjuicio, consolidado y futuro, de acuerdo con la fecha de
esta sentencia.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3.
Costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
14. La acción de reparación directa es el medio de control procedente en
el caso concreto, toda vez que, en la demanda, se pretendió la declaración
de responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de un defectuoso
funcionamiento de la Administración de Justicia.
15. En relación con la oportunidad de la acción9, la Sala pone de presente
que, en la demanda se afirmó que la decisión que decretó la terminación del
proceso ejecutivo y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares es de
29 de mayo de 201410, y que el juzgado ofició a la auxiliar de la justicia para
que entregara el bien el 26 de septiembre de ese año11. En la demanda se
afirmó que una vez enviado el oficio la secuestre no entregó el bien, por lo
cual la caducidad se contará desde el día siguiente al envió del oficio pues
7 Samai, índice 2, Expediente digital.
8 Folio 846 – 850 del cuaderno principal; de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1335 de
2014, en el cual se estableció que la S.A.E. recibiría los procesos judiciales de la D.N.E. en liquidación.
9 De acuerdo con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la fecha,
consagraba: “[l]a de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación […]”.
10 Folios 25 – 37 del C. de copias 7.
11 Folios 70 del C. de copia 8.
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constituye el momento en el cual ocurrió la omisión y porque es la única
prueba que obra en el expediente.
16. En ese sentido, la Sala destaca que la acción se ejerció de manera
oportuna, toda vez que la debía presentarse antes del 27 de septiembre de
2016, y la demanda se presentó el 12 de mayo de 201612, es decir, dentro de
los 2 años establecidos por la norma.
17. La Sala modificará la Sentencia de primera instancia. Confirmará la
condena en responsabilidad toda vez que el daño alegado, esto es, la
pérdida del vehículo camión luego de levantada la medida cautelar se
demostró, así como el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia al incumplir con el deber de custodia de este, pero modificará los
periodos de liquidación de los perjuicios, como se explicará.
2.2. Análisis sustantivo
18. La sentencia de primera instancia encontró acreditado el daño y su
atribución a la demandada, debido a que no verificó las condiciones del
vehículo durante la medida cautelar. La demandada en su recurso de
apelación afirmó que no se probó el daño ni el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia. Sostuvo que se configuró la culpa exclusiva de
la víctima ya que el hoy demandante no interpuso los recursos de ley en contra
de la decisión que decretó la medida cautelar y, que la auxiliar de la
administración no era funcionaria de la Rama Judicial. La parte demandante
atacó la tasación de los perjuicios en el recurso de apelación.
19. La Sala analizará, de conformidad con el artículo 328 del Código
General del Proceso13, los argumentos expresamente consagrados en los
recursos de apelación, y toda vez que no hubo apelación de la totalidad de
la sentencia, solo se analizarán los argumentos aludidos y desarrollados en los
recursos.
20. En el expediente se encuentra acreditado que: el demandante era
propietario del 50% del vehículo de placa SSH-69914, que fue objeto de una
medida cautelar de embargo y secuestro en un proceso ejecutivo, que fue
realizado el 25 de abril de 200715, para lo cual se nombró una secuestre16. El 29
de mayo de 2014 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró
terminado el proceso ejecutivo y ordenó el levantamiento de las medidas
12 Folio 21 del C.1.
13 “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando
ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá
sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En
el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”
14 Que se acreditó con copia de la licencia de tránsito No. 030430 (folio 37 del C.4) y copia del certificado de
tradición del vehículo (folio 16 del C.2 del cuaderno del proceso ejecutivo).
15 Demanda ejecutiva (folio 8 – 10 del C.1 de pruebas); mandamiento de pago (folio 12 del C.1 de pruebas); orden
de embargo de 18 de enero de 2007 (folio 8 del C.4.); acta de inventario del vehículo (folio 38 del c.4); acta de
inmovilización del vehículo (folio 39 del C.4)
16 Folio 43 del C.4. y folio 64 del C.2.
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cautelares decretadas17, por lo cual se informó a la secuestre y la requirió para
que entregara el vehículo de placa SSH699. Sin embargo, el microbús no fue
entregado, por lo cual el juzgado requirió el 23 de febrero de 2015 a la
secuestre para que hiciera entrega del bien18.
21. En relación con el argumento del recurso de apelación según el cual se
configuró la culpa exclusiva de la víctima, pues el demandante no interpuso
los recursos en contra del auto que decretó el embargo y secuestro del bien,
no le asiste razón, ya que el daño alegado en la demanda no fue el embargo
del bien, sino la no entrega del mismo, una vez terminado el proceso ejecutivo.
En todo caso, no se pretendió la responsabilidad del Estado por error
jurisdiccional, sino por el defectuoso funcionamiento de la Administración de
Justicia, en donde la hipótesis de culpa de la víctima por no interponer los
recursos de Ley no resulta pertinente ya que no se hace un ataque a una
decisión propiamente dicha, por regla general.
22. En relación con la ausencia de prueba del daño y del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, la Sala destaca que no resulta
procedente el argumento del recurso, ya que en el proceso se demostró que
la demandada ordenó el embargo y secuestro del bien, y que, una vez
levantada la medida, se informó y requirió a la auxiliar de justicia y que el bien
no fue restituido. Así, se demostró el daño consistente en la pérdida del
vehículo, toda vez que está probado que el 23 de febrero de 2015 (casi un
año después del levantamiento de la medida) el bien no había sido
entregado y el demandante afirmó que no se le reintegró después, lo cual es
una negación, por lo que la prueba de la entrega estaba en cabeza de la
entidad demandada, quien no probó la devolución. En relación con el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, consiste en la
violación al deber de custodia que le es exigible a la demandada en casos
de embargo y secuestro de bienes19, pues le corresponde al juez instructor del
proceso verificar el cumplimiento de los deberes de los auxiliares de justicia20.
23. En lo que tiene que ver con el argumento según el cual la auxiliar de
justicia no es servidora judicial, la Sala recuerda que, la Sección Tercera de
esta corporación ha reconocido la responsabilidad de la Rama Judicial a
título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
hechos de los auxiliares de justicia en reiteradas oportunidades21. Con
fundamento en que, en este título se encuentran comprendidas “todas las
acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función
de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los
17 Folios 125 – 137 del C.4.
18 Folio 120 del C.4.
19 Al respecto, esta Corporación ha dicho: “… una vez privado el propietario de la tenencia del bien, éste queda
a órdenes y bajo la custodia de la autoridad que dispuso la práctica de la medida, custodia que le impone la
obligación de conservarlos en el mismo estado que presentan al momento de su retención …” ver: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 9 de julio de 2018,
expediente 40406.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de
octubre de 2021, expediente 48805.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de septiembre de 2019 expediente 45137 y
en Sentencia de 11 de octubre de 2021, expediente 48805, y la Subsección C a través de Sentencia de 28 de junio
de 2019, expediente 44953.
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particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales,
los agentes y los auxiliares judiciales”22.
24. Finalmente, la Sala analizará la tasación y liquidación de perjuicios, que
fue atacada por ambas partes en los recursos de apelación. El Tribunal negó
el perjuicio moral por ausencia de prueba, no acogió el valor establecido en
el dictamen por concepto de daño emergente ($787.616.890) pues lo
consideró excesivo y destacó que la lógica no respondía a la regla de la
experiencia según la cual los vehículos se desvalorizan, además, descartó el
dictamen porque “no determin[ó] claramente la metodología utilizada, los
parámetros establecidos para su ejecución y no se tas[ó] la depreciación
normal que tienen los vehículos” por lo cual condenó en abstracto por ese
concepto; en relación con el lucro cesante descartó el periodo de la medida
cautelar, pues no fue el daño solicitado en la demanda, tomó el ingreso
establecido en el dictamen, lo actualizó y calculó el lucro cesante
consolidado desde la fecha en la que se levantó la medida hasta la fecha de
la sentencia de primera instancia y el futuro lo liquidó por un periodo de 10
meses, luego de la Sentencia.
25. El demandante en el recurso de apelación atacó la condena en
abstracto por concepto de daño emergente, para lo cual sostuvo que si bien
era cierto que “el valor de la condena por daño emergente debe serlo en el
sentido en que se ordenó por el despacho”, pero en concreto. También afirmó
que la decisión de no reconocer el lucro cesante desde el momento del
secuestro del bien fue equivocada, para lo cual afirmó que “cuenta con
suficiente sustento fáctico y jurídico”. Finalmente, atacó la liquidación del lucro
cesante futuro pues afirmó que debía extenderse hasta la vida útil del
vehículo, esto es 20 años.
26. La demandada apeló la condena en abstracto porque consideró que
desconocía las etapas probatorias y que le dio una nueva oportunidad al
demandante para probar lo que no demostró en su oportunidad, en relación
con el lucro cesante, únicamente atacó la determinación del ingreso base de
liquidación pues consideró que esa ganancia no era neta, ya que debía
descontarse un porcentaje por concepto de mantenimiento, combustible y
otros.
27. La Sala destaca que en relación con los perjuicios: 1.) No se apeló la
decisión de negar la reparación del perjuicio moral, por lo cual se confirmará
y que en todo caso no se probaron. 2.) En relación con la tasación del daño
emergente la Sala confirmará la decisión del tribunal de condenar en
abstracto, toda vez que no procede ninguno de los argumentos de los
recursos de apelación; en primer lugar, no es cierto que la condena en
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 febrero de 2018, radicado: 07001-23-31-
000-2005-01552-01(41328). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de
2013, radicado: 26577. En el mismo sentido lo ha considerado la Subsección A de la Sección Tercera Corporación,
en Sentencia de 19 de marzo de 2021, radicado: 15001-23-31-000-2004-00958-01(56714): “En ese sentido, la
realización de la diligencia de embargo y secuestro, la designación del auxiliar de justicia y todo lo que competa
a la actividad previamente delegada, sigue bajo la vigilancia, seguimiento y control del comitente. Adicional a
ello, la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la labor del secuestre a lo largo del proceso nunca se
delega; por el contrario, la confirmación del cumplimiento de sus obligaciones de custodia y cuidado siempre
debe ser protegida y verificada por el juez instructor del proceso”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01331-01 (67164)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
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Decisión: Modifica Sentencia.
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abstracto sea un desconocimiento de las etapas probatorias pues es una
figura establecida en la ley para los eventos en los que se demuestra el
perjuicio pero no su cuantía23; en segundo lugar, tampoco procede el
argumento del demandante según el cual la condena debía ser en concreto
pues no hay prueba suficiente en el expediente del valor del vehículo, ya que,
como lo reconoció el demandante en el recurso, el dictamen no brinda la
convicción suficiente al juez pues no cumplió con las reglas de la experiencia,
y no hay más pruebas para determinar el valor, por lo que se confirmará la
condena en abstracto por el 50% del valor que se pruebe del bien (porcentaje
del cual era propietario), pero con las siguientes reglas:
a. La liquidación deberá hacerse en el trámite incidental del artículo 283
del CGP, de conformidad con un dictamen técnico rendido por perito
experto en automotores, específicamente que sean utilizados para
prestar servicio público de transporte de pasajeros que, a partir de las
pruebas que deberá aportar el demandante y de un análisis
comparativo del precio nacional del vehículo, deberá formular una
estimación razonable del valor del rodante para la fecha en que
debió ser entregado, monto que deberá actualizarse.
b. El valor estimado no podrá superar lo que se solicitó efectivamente en
la demanda.
c. Del valor estimado del vehículo solo se reconocerá el 50%, que
corresponde al porcentaje del cual es dueño el demandante.
d. Para la tasación del valor del microbús debe considerarse la marca,
clase de vehículo, capacidad, modelo, tiempo de uso y el kilometraje,
entre otros aspectos que el perito considere pertinentes.
e. Deberá tenerse en cuenta la depreciación de bienes establecidas en
el artículo 137 del Estatuto Tributario, en este caso, del 10% anual.
f. No se reconocerá ningún monto por concepto de intereses derivados
del daño emergente, pues no fueron solicitados en las pretensiones
de la demanda en ese sentido.
g. Para promover el incidente, se otorga a la parte interesada un término
de 60 días contados a partir de la ejecutoria de esta decisión.
28. En ese sentido, en el evento de que una vez proferida esta providencia
el vehículo sea encontrado y entregado al Juzgado 19 Civil del Circuito de
Bogotá (por ser la entidad que llevó a cabo el proceso ejecutivo y quien
ordenó la entrega del automotor), se ordena que el mismo se incorpore al
patrimonio de la entidad demandada, en la proporción reconocida al
demandante en esta oportunidad. Lo anterior se comunicará por la Secretaría
de la Sección al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá, con destino al
23 Ley 1437 de 2011, artículo 193: “Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes,
impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se harán en forma
genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos
en este Código y en el Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado,
mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el juez rechazará de plano la
liquidación extemporánea.”
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01331-01 (67164)
Actor: José Horacio Rojas Gil
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia.
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proceso ejecutivo identificado con número de radicación
11001310301920060068104, en el que figura como demandante Auto Líneas
Las Acacías Ltda., y como demandado José Horacio Rojas Gil.
29. Finalmente, 3.) en relación con el lucro cesante, la Sala considera que
le asiste razón al apoderado de la entidad demandante en su argumento
relativo al ingreso neto por la explotación del vehículo, sin embargo, analizado
el dictamen pericial en el que se fundó el tribunal para liquidar este perjuicio,
se destaca que el perito sí realizó esos descuentos, por lo que el ingreso base
de liquidación será $1.074.48024. En relación con los argumentos del recurso
del demandante la Sala considera que no es posible reconocer el lucro
cesante desde el momento del embargo y secuestro del bien, pues ese no fue
el daño reclamado en la demanda, sino la no entrega del bien, una vez
levantada la misma; en relación con el segundo argumento, relativo a la
presunción legal de vida útil de los vehículos, considera que no le asiste razón,
toda vez que la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido25 que en
casos de pérdida de bienes el plazo razonable para indemnizar el lucro
cesante es de 6 meses. En ese sentido, se concluye que, el plazo de 6 meses
resulta razonable, no solo para que la víctima buscara una solución sino por la
expectativa de vida útil que le quedaba al taxi al momento de la pérdida.
30. Por lo anterior, procederá a liquidar el lucro cesante, con las siguientes
variables: 1. El ingreso base de liquidación será actualizado26 a la fecha de la
sentencia, esto corresponde a $1.898.032,74; 2. El periodo de liquidación será
de 6 meses; 3. Sobre el valor que resulte de aplicar la fórmula se reconocerá
un 50% que corresponde al porcentaje del que el demandante era
propietario. Así:
n
S= Ra (1+i) - 1
i
6
S= 1.898.032,74 (1 + 0.004867) – 1
0.004867
S= 11.527.664,89
31. Así, el lucro cesante corresponde a $11´527.664,89, de los cuales le
corresponde el 50% al demandante, es decir, $5´763.832,40.
32. Por lo anterior, la Sala modificará la sentencia de primera instancia en la
que se reconoció el daño consistente en la pérdida del vehículo de propiedad
(50%) del demandante, como consecuencia de la omisión del deber de
custodia en cabeza de la Rama Judicial.
2.3. Costas
24 Dictamen pericial a folios 1 – 11 del Cuaderno 3 y certificación de la empresa Autolineas las Acacias Ltda a folios
15 del Cuaderno 3.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 2 de
marzo de 2022, expediente 48409.
26 De acuerdo con la fórmula aceptada por esta Corporación: Va = Vh (IPC final / IPC inicial); en donde: Vh
corresponde a $1.074.480; IPC final al último conocido al momento de esta que corresponde a 144,02 y el IPC
inicial que corresponde a la fecha de levantamiento de la medida y la orden de entrega, esto es, 81,53.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01331-01 (67164)
Actor: José Horacio Rojas Gil
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia.
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33. Aunque en el recurso de apelación de la parte demandada se solicitó
que se revocara la condena en costa por tratarse un asunto público, esa
norma no resulta aplicable, así, de conformidad con el artículo 188 del
CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas de
esta instancia a la parte demandada.27. De acuerdo con el artículo 361 del
CGP las costas se conforman por la totalidad de expensas y gastos
sufragados en el proceso y por las agencias en derecho. La fijación del valor
de las agencias en derecho se hará de manera concentrada por el Tribunal
de origen. De existir costas, en virtud de expensas y gastos sufragados
durante el proceso, se procederán a liquidar por Secretaría de ese Tribunal.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E:
MODIFICAR la Sentencia proferida 12 de agosto de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial responsable administrativa y patrimonialmente por los
daños causados al demandante con ocasión de la pérdida del vehículo de
placas SSH-699 de su propiedad, de conformidad a lo expuesto en la presente
providencia.
SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar a favor de
José Horacio Rojas Gil por concepto de perjuicios materiales en la modalidad
de lucro cesante consolidado lo equivalente a $5´763.832,40.
TERCERO: CONDENAR IN GENERE a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a favor de José
Horacio Rojas Gil la liquidación de la mencionada condena por concepto de
daño emergente, la cual se realizará en los términos señalados en la parte
considerativa de la presente providencia de conformidad con los artículos
192, 193 y siguientes del CPACA, con concordancia con el artículo 283 del
CGP.
CUARTO: CONDENAR en costas a la parte demandada. Las otras costas
(expensas y gastos) serán liquidadas por Secretaría en el caso de que se
hubieren causado.
QUINTO: Por Secretaría de la Sección comuníquese el contenido de la
presente providencia al Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogotá con destino
al proceso ejecutivo identificado con número de radicación
27 Para la fijación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del
Acuerdo ACUERDO No. PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la
segunda instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-01331-01 (67164)
Actor: José Horacio Rojas Gil
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de Reparación Directa
Decisión: Modifica Sentencia.
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11001310301920060068104, en el que figura como demandante Auto Líneas
Las Acacías Ltda., y como demandado José Horacio Rojas Gil para que se
reconozca en favor de la Rama Judicial la proporción reconocida al
demandante en el presente proceso frente a la titularidad del vehículo de
placas SSH-699, de acuerdo con lo dispuesto en esta providencia.
SEXTO: La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial dará cumplimiento de la presente sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. […]”
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Con salvamento parcial de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente
12 de 12
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