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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-36-000-2016-02189-01

Acción de tutela como mecanismo transitorio

Fecha
9 de febrero de 2017
Consejero ponente
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-36-000-2016-02189-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Revocar la sentencia de 2 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, Tutelar, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de los señores Antonio Arias Arias, Guillermo Barbosa Pineda, Mario German Esparza Sinsajoa, Yecid Hernández González, Jairo Herrera Castellanos, Misael Mendoza Hernández, Carlos Alberto Ruíz González, José Gustavo Salgado, Ricardo Alberto Salgado Domínguez, Aroldo José Torres Ortega, Genaldo Ussa Vargas, Víctor Hugo Vásquez Cubides y José Efraín Zerda López. Los demandantes deberán acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, en un término o mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia. Vencido dicho plazo, la protección cesará y corresponderá a la jurisdicción ordinaria laboral definir la situación de los actores. Ordenar a la persona que ejerza como mandataria con representación de la CIFM hoy liquidada o del Patrimonio Autónomo de Panflota, que abra actuación administrativa tendiente a recibir los documentos necesarios para establecer el tiempo laborado por los demandantes, en un plazo razonable que no exceda de tres meses. Ordenar a la referida mandataria que, transcurrido ese término, dentro de los treinta (30) días siguientes, analice la situación particular de cada uno de los ex trabajadores que presenten documentación, y de acuerdo con los resultados de este análisis, determine el bono pensional que les corresponda. Establecido el bono pensional de cada uno, la Mandataria referida deberá reportar al Patrimonio Autónomo PANFLOTA administrado por La Fiduprevisora S.A., dicha información, con el fin de que esa entidad transfiera el valor actualizado de los aportes a que haya lugar a COLPENSIONES. Para ello, La Fiduprevisora S.A. deberá realizar las gestiones pertinentes ante la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, con el fin de que gire los recursos necesarios para que se cumplan las órdenes impartidas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 25000-23-36-000-2016-02189-01

Consejero ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (e)

9 de febrero de 2017

ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO / VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL / CALCULO ACTUARIAL PARA PAGO DE BONOS PENSIONALES

[L]a Sala entrará a analizar si demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los actores, en su calidad de extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana ya liquidada, al negarse a realizar el cálculo actuarial con el fin de que se reconozca y pague los correspondientes bonos pensionales. (…) se impone conceder el amparo del derecho fundamental a la seguridad social, toda vez que los actores debieron ser incluidos en el cálculo actuarial, a fin de que se liquide el valor de los bonos pensionales y se transfieran al fondo de pensiones, para lo de su competencia. (…) Ahora, se debe aclarar que el amparo es de carácter transitorio, pues las órdenes de tutela se encaminan a garantizar el aprovisionamiento de los recursos que sean necesarios en el evento de que el proceso laboral ordinario resulte favorable a los actores. No obstante, en la parte resolutiva de este fallo se precisará que los actores beneficiados con el amparo deberán acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, en un término no superior a 4 meses, contado a partir de la notificación de este fallo. Vencido ese plazo, la protección cesará y corresponderá a la jurisdicción ordinaria laboral estudiar las reclamaciones de las personas cuyos derechos fundamentales aquí se amparan. En consideración a que la facultad para expedir los actos administrativos relacionados con el reconocimiento, la sustitución o con cualquier trámite pensional de los extrabajadores de la CIFM está en cabeza del mandatario con representación de PANFLOTA, conforme con lo establecido en el contrato de mandato suscrito con el liquidador de la CIFM, éste deberá abrir la actuación administrativa, tendiente a recibir los documentos necesarios para establecer la condición de extrabajadores, en un plazo razonable que no exceda de tres meses. Por lo expuesto, se revocará la sentencia de 2 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, se accederá al amparo reclamado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS (E)

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02189-01(AC)

Actor: IGNACIO ANTONIO ARIAS ARIAS Y OTROS

Demandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 2 de noviembre de 2016, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que rechazó por improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Los señores Ignacio Antonio Arias Arias, Guillermo Barbosa Pineda, Mario Germán Esparza Sinsajoa, Yecid Hernández González, Jairo Herrera Castellanos, Misael Mendoza Hernández, Carlos Alberto Ruíz González, José Gustavo Salgado, Ricardo Alberto Salgado Domínguez, Aroldo José Torres Ortega, Genaldo Ussa Vargas, Víctor Hugo Vásquez Cubides y José Efraín Zerda López promovieron acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como Administradora del Fondo Nacional del Café; la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA y Asesores en Derecho S.A.S., Mandataria con representación del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, porque estimó vulnerado el derecho fundamental a la igualdad en conexidad con los derechos a la seguridad social y al mínimo vital. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

(…) Respetuosamente solicito amparar el DERECHO FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD, en conexidad con el DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL y el MÍNIMO VITAL, de los accionantes para ORDENAR a la persona que ejerza como mandatario del Patrimonio Autónomo PANFLOTA que expida el acto administrativo del bono pensional o título pensional, previo la cuantificación por parte de la FIDUPREVISORA, por el valor del tiempo de servicio que prestó a la citada, que no fue cotizado al Seguro Social.

Una vez expedido el acto administrativo y establecido el bono pensional, la Mandataria deberá reportar al Patrimonio Autónomo de PANFLOTA administrado por la FIDUPREVISORA S.A., dicha información, con el fin de que esa entidad transfiera el valor actualizado de los aportes a que haya lugar a COLPNESIONES o al FONDO DE PENSIONES al cual esté afiliado el extrabajador.

ORDENAR a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Fondo Nacional del Café que, en caso de iliquidez o insuficiencia de PANFLOTA, suministre a la Fiduciaria La Previsora S.A. FIDUPREVISORA como vocera y administradora del (sic) PANFLOTA, los recursos necesarios para el pago del bono o título pensional, con el objeto que ella los gire a su vez a COLPENSIONES o al FONDO DE PENSIONES al cual esté afiliado el extrabajador, en igual forma como lo ordenó la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-1023 de 2001 con el objeto de proveer recursos para garantizar el pago total y oportuno de las obligaciones pensionales a cargo de la CIFM”.

Hechos

De la demanda de tutela, la Sala destaca la siguiente información:

Que la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. - CIFM fue fundada en 1946 con recursos del Fondo Nacional del Café, que era financiado por el Estado.

Que, desde su fundación hasta el 15 de agosto de 1990, la CIFM no hizo los aportes pensionales al Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) del denominado personal del mar.

Que la CIFM únicamente asumió el pago de las mesadas pensionales de los trabajadores que cumplieron requisitos mientras se encontraban vinculados a la empresa, pero no se hizo cargo de las obligaciones que tenía respecto de las personas que laboraron menos de 20 años y no alcanzaron el derecho pensional.

Que, mediante auto del 31 de julio de 2000, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación obligatoria de la CIFM.

Que, posteriormente, mediante auto del 28 de agosto de 2012, la Superintendencia de Sociedades dio por terminado el proceso de liquidación obligatoria de la CIFM, declaró extinguida la personería jurídica y ordenó que se cancelara la matrícula mercantil.

Que, ante la exclusión de los derechos pensionales, dentro del trámite concursal, en el año 2011, un grupo de trabajadores presentaron derecho de petición ante el Ministerio de la Protección Social con el fin de que fueran incluidos en el cálculo actuarial.

Que la petición se remitió al liquidador, quien les informó que como al 1 de abril de 1994 no se encontraban trabajando, perdían el tiempo laborado no cotizado.

Que, por lo anterior, los trabajadores presentaron acción de tutela, en la cual solicitaron la protección del derecho fundamental al debido proceso, no obstante, se negaron las pretensiones con el argumento de que existían otros mecanismos de defensa y no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

Que, sin embargo, al conocer otras tutelas, el Consejo de Estado, en aplicación del precedente fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia T-784 de 2010, ordenó al liquidador de la CIFM que incluyera el tiempo laborado en el cálculo actuarial. Que, de hecho, en la sentencia T-674 de 2012, la Corte Constitucional ordenó al liquidador de la CIFM elaborar el cálculo actuarial individual y transferir la reserva al ISS para la aprobación.

Que, en el año 2013, la Unión de Trabajadores de la Industria Marítima y Fluvial (en adelante UNIMAR) instauró acción de tutela para que también se protegiera el derecho a la igualdad de extrabajadores de la CIFM que se encontraban en las mismas condiciones que se fijaron en la sentencia T-674 de 2012.

Que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 28 de agosto de 2014, en segunda instancia, también concedió la tutela como mecanismo transitorio, en favor de 55 extrabajadores de la CIFM. Pero en otros casos se negó, con el argumento de que la tutela del año 2011, constituía cosa juzgada, sin tener en cuenta que para esa fecha, la CIFM se encontraba en proceso de liquidación obligatoria.

Que, quienes no resultaron beneficiados con el fallo, interpusieron una acción de tutela, aclarando:

“a) Que no existe cosa juzgada y mucho menos acción temeraria. Primero porque la violación al mínimo vital por privación de la pensión es actual, presente y continua como consecuencia de la pérdida del tiempo de servicio por los años laborados en la Flota Mercante y,

b) Segundo porque la situación en el año 2011 es diferente a la actual, ante el cierre de la empresa, como pone de presente la Sentencia T-674/12 de la Corte Constitucional”.

Que los anteriores argumentos fueron acogidos por el Consejo de Estado, en sentencia de 7 de mayo de 2015, radicado N° 25000-23-41-000-2015-0045-01. A partir de ese momento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado han amparado, en algunos casos de forma provisional y en otros definitiva, el derecho a la seguridad social en conexidad con los derechos a la igualdad y mínimo vital de otros 127 trabajadores.

Que los actores interpusieron derechos de petición a Asesores en Derecho S.A., en su calidad de Mandataria con Representación del Patrimonio Autónomo PANFLOTA y ante La Fiduprevisora S.A., como vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, con el fin de que se expidiera y pagara un bono pensional por el tiempo laborado en la CIFM.

Que, las solicitudes fueron negadas por el Representante Legal de Asesores en Derecho, mediante las siguientes resoluciones:

N°
Fecha
Apellidos y Nombres
084
Julio 6 de 2016
Arias Arias Ignacio Antonio
072
Junio 28 de 2016
Barbosa Pineda Guillermo
092
Julio 18 de 2016
Esparza Sinsajoa Mario German
065
Junio 28 de 2016
Hernández González Yecid
077
Julio 1° de 2016
Herrera Castellanos Jairo
075
Julio 1° de 2016
Mendoza Hernández Misael
096
Julio 18 de 2016
Ruíz González Carlos Alberto
068
Junio 28 de 2016
Salgado José Gustavo
089
Julio 15 de 2016
Salgado Domínguez Ricardo Alberto
094
Julio 18 de 2016
Torres Ortega Aroldo José
083
Julio 6 de 2016
Ussa Vargas Genaldo
093
Julio 18 de 2916
Vásquez Cubides Víctor Hugo
091
Julio 18 de 2016|
Zerda López José Efrán

Que contra las anteriores decisiones se interpuso recurso de reposición, sin embargo Asesores en Derecho S.A., confirmó la negativa, mediante las siguientes resoluciones:

N°
Fecha
Apellidos y Nombres
105
Julio 26 de 2016
Arias Arias Ignacio Antonio
104
Julio 26 de 2016
Barbosa Pineda Guillermo
126
Septiembre 1° de 2016
Esparza Sinsajoa Mario German
145
Septiembre 30 de 2016
Hernández González Yecid
106
Julio 26 de 2016
Herrera Castellanos Jairo
107
Julio 26 de 2016
Mendoza Hernández Misael
122
Septiembre 1° de 2016
Salgado Domínguez Ricardo Alberto
135
Septiembre 23 de 2016
Ussa Vargas Genaldo
133
Septiembre 23 de 2016
Zerda López José Efrán

Que en los casos de los señores Carlos Alberto Ruíz González, José Gustavo Salgado, Víctor Hugo Vasquez Cbides y Aroldo José Torres Ortega no se dio respuesta al recurso.

Argumentos de la tutela

Considera la parte actora que las autoridades demandadas desconocieron el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que, en casos similares, ordenaron la inclusión en el cálculo actuarial de los extrabajadores de la CIFM que laboraron menos de 20 años en esa empresa, por cuanto los aportes pensionales son créditos laborales que deben incluirse en el proceso liquidatorio, so pena de que se configure el enriquecimiento sin causa.

Sostuvo, además, que la culminación del proceso liquidatorio por parte de la Superintendencia de Sociedades, sin que se hubiera realizado el cálculo actuarial, implica que los 250 extrabajadores de la CIFM pierdan el tiempo laborado y, por lo tanto, los aportes pensionales que debió realizar esa empresa. Que esa circunstancia vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital de los demandantes.

Intervenciones.

Asesores en Derecho (Autoridad demandada)

El Representante Legal de Asesores en Derecho S.A.S. solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela porque no se acreditó la vulneración de derecho fundamental alguno o la existencia de un perjuicio irremediable.

Que durante el tiempo en que se mantuvo la relación laboral entre la sociedad que fue liquidada y los actores la obligatoriedad de la afiliación se encontraba supeditada a las posibilidades técnicas, administrativas y financieras, razón por la cual, solo hasta el 15 de agosto de 1990, el ISS realizó la inscripción obligatoria de los trabajadores del mar, mediante Resolución 003296 del 2 de agosto de 1990.

Aseguró que los demandantes dejaron vencer la oportunidad para reclamar dentro del proceso liquidatario adelantado por la Superintendencia de Sociedades, por ello, y ante la inexistencia jurídica de la CIFM, deben iniciar la acción judicial correspondiente ante el juez ordinario laboral. En consecuencia, la presente acción es improcedente, máxime porque no existe un perjuicio irremediable.

Que la pretensión de la parte actora con el presente recurso de amparo es retrotraer la afiliación obligatoria de los trabajadores del mar, la cual solo fue exigible hasta 1990 cuando el ISS asumió las contingencias del IVM, de conformidad con la Ley 90 de 1946 y la Resolución 003296 de 1990.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Entidad demandada)

El Jefe de la Oficina de Bonos Pensionales de la cartera ministerial pidió que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, pues aseguró que la entidad que representa no ha transgredido ningún derecho fundamental de los actores y su pretensión al radicar el presente recurso de amparo es pretermitir el trámite y solicitud de las certificaciones laborales de que trata el artículo 3° del Decreto 13 de 2001, que en el presente asunto debe realizarse ante la Federación Nacional de Cafeteros.

Que el referido trámite es indispensable para consolidar en el caso de las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad la historia laboral para liquidar los bonos pensionales y, en el caso del régimen de prima media con prestación definida el estudio del cumplimiento de los requisitos.

Afirmó que el derecho al bono, título o cuota parte pensional lo determina Colpensiones una vez se ha reconocido la pensión, lo cual no ha ocurrido en los presentes casos.

Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 2 de noviembre de 2016, rechazó por improcedente la acción de tutela. Los fundamentos fueron:

Señaló que las resoluciones en las que se negó el reconocimiento del cálculo actuarial constituyen actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, los cuales pueden ser enjuiciados a través de los mecanismos ordinarios que prevé el ordenamiento jurídico.

Aunado a lo anterior, señaló que la acción de tutela tampoco era procedente como mecanismos transitorio, por cuanto los accionantes contaban con otros medios de defensa dentro del cual puede solicitar la suspensión provisional e inmediata de los actos administrativos cuestionados.

Impugnación

El Apoderado Judicial de la parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Al respecto, insistió que la acción de tutela era el mecanismo adecuado para la protección de los derechos de sus representados.

Lo anterior, porque tal y como lo sostuvo el Consejo de Estado, Sección Quinta, en sentencia de 26 de mayo de 2016: “(…) a) la CIFM cerrada es una entidad del derecho privado, por lo cual no se rige por el Código Contencioso Administrativo y b) La liquidación y pago del bono pensional por el tiempo laborado al servicio del empleador que no fue cotizado al régimen de seguridad social en pensiones, administrado por el Seguro Social, NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO, sino un acto de carácter particular (…)”.

Además, señaló que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que en casos análogos determinó que la acción de tutela era procedente en el caso específico de los trabajadores que laboraron para la CIFM menos de 20 años, a quienes no se les efectuó aportes al régimen obligatorio de seguridad social en pensiones.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico.

Consiste en determinar si en el presente caso se cumple con el requisito general de subsidiariedad.

Superado lo anterior, la Sala entrará a analizar si demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por los actores, en su calidad de extrabajadores de la Flota Mercante Grancolombiana ya liquidada, al negarse a realizar el cálculo actuarial con el fin de que se reconozca y pague los correspondientes bonos pensionales.

De la acción de tutela. Generalidades

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

Del derecho a la seguridad social y la inclusión de los bonos pensionales en el cálculo actuarial

El artículo 48 de la Constitución Política establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, conforme con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Empero, la seguridad social no sólo se concibe como un servicio público, sino que también es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, de acuerdo con lo previsto en diferentes instrumentos internacionales, que hacen parte del bloque constitucionalidad.

Por ejemplo, el artículo 25-1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que “toda persona tiene derecho (…) a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. A su turno, el artículo 9º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prevé que “toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa”.

Vale decir, entonces, que la seguridad social es un derecho fundamental y un servicio público cuya obligatoria prestación debe asegurar el Estado. Sobre el particular, recientemente, la Corte Constitucional manifestó lo siguiente:

“El artículo 48 de la C.P., establece la seguridad social como un servicio público que se presta a todos los habitantes del país, bajo la dirección, coordinación y control del Estado, que debe responder a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. El artículo 53 de la Carta, dispone que el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, y el artículo 46 Superior garantiza la protección y asistencia a personas de la tercera edad. Adicionalmente, los principios generales del derecho al trabajo que la doctrina ha establecido y que en Colombia adquieren rango constitucional con el artículo 53 de la C.P., señalan que tratándose de trabajadores dependientes, debe imperar la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la favorabilidad, la condición más benéfica, el principio pro-operario, la justicia social y la intangibilidad de la remuneración.

Así mismo, con el propósito de salvaguardar el derecho a la seguridad social en pensiones, la jurisprudencia ha insistido en el carácter de derecho subjetivo reclamable ante los funcionarios administrativos y judiciales (artículos 228 y 229 C.P.). Por ello, el derecho a la seguridad social se erige como un verdadero derecho fundamental, mediante el cual se garantiza a todas las personas su dignidad humana dentro del marco de garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política”.

Para lo que aquí incumbe, la forma de garantizar el derecho a la seguridad social está atada, grosso modo, a la protección frente a la falta de ingresos producto de la vejez, mediante el reconocimiento de las pensiones u otro tipo de prestaciones económicas.

No debe dejarse de lado que uno de los principios orientadores del sistema de seguridad social colombiano es el de solidaridad. De conformidad con lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993, la solidaridad es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

Como se sabe, del concepto de solidaridad deriva la obligación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores) de efectuar las cotizaciones durante el tiempo y en el monto que determine la ley, con el fin de cubrir la contingencia relacionada con la falta de ingresos producto de la vejez.

En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha manifestado que la pensión de vejez es una prestación económica, producto de largos años de trabajo y de ahorro forzoso en las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, que tiene como fin garantizar la efectividad los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna.

Ahora bien, no debe perderse de vista que lo pretendido por los demandantes es que se incluya en el cálculo actuarial el valor de los bonos pensionales. En efecto, el cálculo actuarial es una estimación que se hace del valor de los aportes pensionales del trabajador, que el empleador omitió efectuar. Ese cálculo o estimación debe ser incorporado a la historia laboral del trabajador, información que luego se ve reflejada en el bono pensional y, finalmente, incide en la liquidación de la pensión.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para la liquidación y remisión de los bonos pensionales con destino al fondo respectivo, la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

“(…) la acción de tutela no tiene como finalidad el reconocimiento de derechos litigiosos o prestacionales, como es el caso de la pensión de vejez.

No obstante, en situaciones como la que se estudia, en las que la liquidación y remisión de bonos pensionales constituyen fundamento para que se consolide y reconozca una pensión de jubilación, la Corte ha considerado que procede la acción de tutela para proteger el derecho a la seguridad social en caso de haberse sometido el solicitante de la pensión a una prolongada espera para la expedición del bono pensional. Lo anterior, ha dicho la jurisprudencia, vulnera el derecho al mínimo vital al dejar de resolver de manera definitiva la solicitud de pensión de quien ha cumplido con todos los requisitos de ley para obtenerla”.

De lo anterior, se infiere que la negativa frente al reconocimiento del bono pensional genera la vulneración de los derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, pues puede truncar la expectativa de acceder a la pensión de vejez. Por lo tanto, previo cumplimiento de los requisitos legales, la entidad encargada debe emitir el respectivo bono pensional, en procura de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del beneficiario.

De la presunta vulneración de los derechos fundamentales de los extrabajadores de la CIFM en el caso concreto

En el sub lite, los demandantes solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la igualdad en conexidad con los derechos fundamentales a la seguridad y al mínimo vital, que estimaron vulnerados por el Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, como Administradora del Fondo Nacional del Café; la Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo PANFLOTA y Asesores en Derecho S.A.S., Mandataria con representación del Patrimonio Autónomo PANFLOTA, por cuanto no se les reconoció el cálculo actuarial y en consecuencia no se expidió el bono pensional por el tiempo laborado en la CIFM.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, rechazó por improcedente la acción de tutela, al considerar que los demandantes contaban con mecanismos ordinarios de defensa, en donde podían solicitar medidas cautelares.

Para la Sala no son de recibo los argumentos expuestos en la sentencia de primera instancia, relacionados con la procedencia de la acción de tutela para solicitar la liquidación de los bonos pensionales. Teniendo en cuenta que la negativa frente a la emisión de los bonos pensionales vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, dado que reduce o, en el peor de los casos, cercena la posibilidad de que trabajador acceda a una prestación económica que cubra la contingencia de la falta de ingresos producto de la vejez.

Entonces, es posible afirmar que del cálculo actuarial depende que, por ejemplo, un trabajador pueda acceder o no a la pensión de vejez. Justamente, allí radica su importancia. Sobre el particular, la Sección Segunda de esta Corporación reiteradamente ha dicho lo siguiente:

“Aunque es claro que el accionante no ha solicitado a través de la presente acción constitucional el reconocimiento de la pensión por el riesgo de vejez, es indudable que la reclamación de que el tiempo de servicio laborado para la Flota Mercante y no cotizado al ISS sea incluido en el cálculo actuarial que refleja el pasivo pensional de la Compañía tiene una relación inescindible con el derecho fundamental a la seguridad social, en la medida en que, por un lado, la sumatoria de dichos tiempos es lo que le permitirá, probablemente, acumular el número de cotizaciones requeridas para acceder a una pensión futura; y, por el otro, porque aunque la suma proyectada en el cálculo por el tiempo de servicio laborado en la Flota Mercante no ingresa directamente y en este momento a su patrimonio, sí se dirige a la entidad que asumirá el reconocimiento del beneficio pensional con el ánimo de financiar la prestación y así garantizar la sostenibilidad del sistema”.

En el sub examine, está claro que la obligación de la CIFM de afiliar a los trabajadores del mar al ISS surgió el 15 de agosto de 1990, por expresa disposición de la Resolución 003296 del 2 de agosto de 1990. Por ese motivo, tanto el liquidador de la extinta CIFM como el Ministerio del Trabajo adujeron que los demandantes no tenían derecho a que se les incluyera en el cálculo actuarial. De hecho, en los autos del 28 de agosto y 22 de noviembre de 2012, que dieron por terminado el proceso liquidatorio, la Superintendencia de Sociedades utilizó el mismo argumento para negarle a los actores la inclusión el cálculo actuarial del valor de sus bonos pensionales.

La Sala no comparte ese entendimiento, pues si bien la CIFM no tenía la obligación de afiliar a los trabajadores del mar al ISS, eso no la eximía de aprovisionar el capital que fuera necesario para cubrir el monto de las cotizaciones y transferirlas al ISS, para efectos pensionales, en los términos del artículo 72 de la Ley 90 de 1946. Como bien lo señaló el a quo, la tesis de que un trabajador no pueda acumular el tiempo laborado antes de que su empleador estuviera obligado a afiliarlo al ISS, es abiertamente incompatible con la vigencia de un orden justo, la solidaridad y la igualdad, que son postulados del Estado Social de Derecho. En sentido similar, la Corte Constitucional señaló:

“Es claro que la intención de la Ley 100 de 1993 no fue la de amparar el no pago de las acreencias pensiónales precedentes a su entrada en vigencia dejando a esos trabajadores en la total indefensión frente a la negligencia del empleador en el pago de los aportes respectivos, por lo que no es acertada la interpretación que hace el liquidador de la CIFM al indicar en la contestación de la demanda que “LA COMPAÑÍA DE INVERSIONES FLOTA MERCANTE S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA NO HA INCURRIDO EN NINGUNA OMISIÓN POR NO HABER AFILIADO AL ACTOR EN EL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, PUES PARA EL MOMENTO EN QUE FENECÍO EL VINCULO LABORAL DEL SEÑOR NIETO, LA LEY 100 DE 1993 AÚN NO HABÍA ENTRADO EN VIGENCIA, TENIENDO ENTONCES QUE TAL SITUACIÓN NO GENERA A MÍ REPRESENTADA CONSECUENCIA ALGUNA EN SU CONTRA, Y MENOS AÚN, TENER QUE ASUMIER EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CÁLCULO ACTUARIAL QUE SE PRETENDE CON LA PRESENTE ACCION CONSTITUCIONAL” (mayúsculas fijas del texto original).

De lo expuesto en precedencia, se impone conceder el amparo del derecho fundamental a la seguridad social, toda vez que los actores debieron ser incluidos en el cálculo actuarial, a fin de que se liquide el valor de los bonos pensionales y se transfieran al fondo de pensiones, para lo de su competencia.

Para acreditar su vinculación laboral con la CIFM, los demandantes aportaron las siguientes pruebas:

• Certificación de la Gerencia de Recursos Humanos de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., expedida el 11 de febrero de 1988, en la cual establece que el señor Ignacio Antonio Arias Arias trabajo para la empresa desde el 3 de diciembre de 1977 hasta el 5 de enero de 1983, en los cargos de Camarero y Ayudante de cocina interno.

• Liquidación de retiro voluntario de la Flota Mercante Grancolombiana, de 22 de junio de 1990, a favor del señor Guillermo Barbosa Pineda, en la que indica como fecha de ingreso junio 21/78 y fecha de retiro junio 21/90.

• Certificación suscrita por el Coordinador Administración de Salarios de la Gerencia de Recursos Humanos de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., de 18 de marzo de 1994, en la que consta que el señor Mario German Esparza Sinsajoa, trabajó para la empresa desde el 10 de julio de 1987 hasta el 26 de enero de 1994, siendo su último cargo el de segundo cocinero.

• Constancia expedida por el Jefe de Personal de la Secretaría general de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., de 2 de agosto de 1999, en la que certifica que el señor Yecid Hernández González laboró para la empresa desde el 28 de noviembre de 1983 al 22 de abril de 1991, el último cargo que desempeñó fue el de segundo cocinero.

• Oficio de 26 de marzo de 2010, a través del cual el Apoderado General de la Flota Mercante en Liquidación obligatoria, atiende un derecho de petición y manifiesta que “(…) en la historia laboral que reposa en los archivos de la Compañía aparece registrado que el señor JAIRO HERRERA CASTELLANOS…, trabajó en esta empresa durante el periodo comprendido entre el veintitrés (23) de Marzo de 1982 y el cinco (5) de Diciembre de 1989 (…)”.

• Constancia del Departamento de Personal de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., de 5 de marzo de 1982, en la que certifica que el señor Misael Mendoza Hernández trabajó para la empresa del 12 de septiembre de 1977 hasta el 20 de octubre de 1981 y del 10 de noviembre de 1981 hasta el 16 de noviembre de 1981, desempeñando el cargo de tercer electricista.

• Certificación suscrita por el Jefe de Personal de la Secretaría general de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A., de 22 de junio de 1999, según la cual el señor Carlos Alberto Ruíz González trabajó para la compañía desde el 16 de septiembre de 1983 hasta el 7 de julio de 1997, en el cargo de primer mayordomo cocinero.

• Certificación de salarios N° 7345 de 27 de junio de 2014, proferido por el Vicepresidente de la Administración Fiduciaria de La Previsora S.A., en la que manifiesta que según hoja de vida, que reposa en los documentos entregados por la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. Liquidada, el señor José Gustavo Salgado laboró desde el 5 de mayo de 1983 hasta el 20 de enero de 1990, en el cargo de cocinero mayordomo.

• Certificación del Jefe de Personal de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en Liquidación Obligatoria, de 16 de noviembre de 2000, en la que indica que el señor Ricardo Salgado Domínguez trabajó para la compañía desde el 21 de marzo de 1983 hasta el 4 de abril de 1991.

• Mediante constancia de 21 de mayo de 1997, el Coordinador Administración de Salarios de la Gerencia de Recursos Humanos de la Compañía de Inversiones de la Flota mercante S.A. certificó que el señor Genaldo Ussa Vargas estuvo vinculado con la compañía desde el 14 de octubre de 1978 hasta el 16 de marzo de 1980 y desde el 27 de febrero de 1981 hasta el 4 de enero de 1993, siendo su último cargo el de primer camarero.

• Certificación del 16 de noviembre de 2001, suscrita por el Jefe de Personal de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en Liquidación Obligatoria, en la que manifiesta que el señor Víctor Hugo Vásquez Cubides laboró para la compañía del 13 de julio de 1983 al 15 de enero de 1992, desempeñó los cargos de grumete, marinero y timonel.

• Según certificación del Liquidador de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en Liquidación Obligatoria, de 19 de noviembre de 2010, el señor José Efraín Zerda López trabajo en la referida empresa desde el 3 de octubre de 1983 hasta el 24 de abril de 1991, siendo su último cargo el de carpintero.

• Certificación expedida por el Coordinador Administración Salarios de la Gerencia de Recursos Humanos de la Flota Mercante Grancolombiana S.A., de 28 de septiembre de 1993, en la cual manifiesta que el señor Harold José Torres Ortega estuvo vinculado en la empresa del 15 de diciembre de 1982 al 16 de septiembre de 1993, siendo su último cargo el de primer cocinero mayordomo.

Teniendo en cuenta que todos los actores acreditaron su vinculación laboral con la CIFM, procede el amparo constitucional respecto de cada uno de ellos.

Con respecto a la imposibilidad de cumplir con las órdenes de tutela, debido a que el patrimonio autónomo PANFLOTA carece de recursos para transferir el valor de los bonos pensionales de los demandantes a COLPENSIONES, conviene decir que tanto la Corte Constitucional (sentencia SU-1023 de 2001) como la Superintendencia de Sociedades (auto del 28 de agosto de 2012, modificado por los autos del 22 de noviembre y 18 de diciembre del mismo año) establecieron que, en caso de que el liquidador de la CIFM o el patrimonio autónomo PANFLOTA carezcan de recursos para asumir las obligaciones pensionales, le corresponde a la Federación Nacional de Cafeteros, como administradora del Fondo Nacional del Café, proveer los dineros suficientes para tal fin. A la letra, en la providencia mencionada, la Corte Constitucional dijo:

“17.  De acuerdo con lo anterior, ante la ausencia de recursos económicos y la incertidumbre acerca de la terminación del proceso liquidatorio y en aplicación transitoria de la presunción de responsabilidad subsidiaria de la matriz o controlante que consagra la ley 222 de 1995, la Corte estima necesario tomar medidas para garantizar a los pensionados el pago oportuno de sus mesadas a partir del 1º de junio de 2001, razón por la cual ordenará al liquidador que cumpla, con carácter prioritario, la obligación principal de pagar oportunamente las mesadas a todos los pensionados a cargo de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante.

Además, como mecanismo transitorio, se ordenará a la Federación Nacional de Cafeteros que, en la medida en que en el momento de la notificación de esta sentencia, el liquidador de la CIFM no cuente con los dineros para cancelar las mesadas de los pensionados a cargo de esta Compañía, causadas y no pagadas a partir del 1º de junio de 2001, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia y con cargo a los recursos de la Federación Nacional de Cafeteros - Fondo Nacional del Café, ponga a disposición del liquidador los dineros suficientes a efecto que éste proceda a la liquidación y pago de las correspondientes mesadas. Hacia futuro la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café periódicamente pondrá a disposición del liquidador los recursos suficientes para que éste cancele, de manera oportuna, las mesadas que se vayan causando en la liquidación obligatoria a todos los pensionados de la CIFM, en cuanto sean exigibles y en la medida en que la CIFM no tenga la liquidez para hacerlo.

Esta orden tiene carácter transitorio y no implica pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad que a la Federación, como entidad matriz, pueda corresponderle frente a las obligaciones de la CIFM, en liquidación obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la ley 222 de 1995, asunto que es de competencia de los jueces ordinarios”.

Siendo así, La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora de PANFLOTA, deberá realizar las gestiones del caso ante la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, a fin de que gire los recursos necesarios para que se cumplan las órdenes aquí impartidas.

Ahora, se debe aclarar que el amparo es de carácter transitorio, pues las órdenes de tutela se encaminan a garantizar el aprovisionamiento de los recursos que sean necesarios en el evento de que el proceso laboral ordinario resulte favorable a los actores. No obstante, en la parte resolutiva de este fallo se precisará que los actores beneficiados con el amparo deberán acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, en un término no superior a 4 meses, contado a partir de la notificación de este fallo. Vencido ese plazo, la protección cesará y corresponderá a la jurisdicción ordinaria laboral estudiar las reclamaciones de las personas cuyos derechos fundamentales aquí se amparan.

En consideración a que la facultad para expedir los actos administrativos relacionados con el reconocimiento, la sustitución o con cualquier trámite pensional de los extrabajadores de la CIFM está en cabeza del mandatario con representación de PANFLOTA, conforme con lo establecido en el contrato de mandato suscrito con el liquidador de la CIFM, éste deberá abrir la actuación administrativa, tendiente a recibir los documentos necesarios para establecer la condición de extrabajadores, en un plazo razonable que no exceda de tres meses.

Por lo expuesto, se revocará la sentencia de 2 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y, en su lugar, se accederá al amparo reclamado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Revocar la sentencia de 2 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar,

Tutelar, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital de los señores Antonio Arias Arias, Guillermo Barbosa Pineda, Mario German Esparza Sinsajoa, Yecid Hernández González, Jairo Herrera Castellanos, Misael Mendoza Hernández, Carlos Alberto Ruíz González, José Gustavo Salgado, Ricardo Alberto Salgado Domínguez, Aroldo José Torres Ortega, Genaldo Ussa Vargas, Víctor Hugo Vásquez Cubides y José Efraín Zerda López.

Los demandantes deberán acudir a la jurisdicción laboral ordinaria, en un término o mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia. Vencido dicho plazo, la protección cesará y corresponderá a la jurisdicción ordinaria laboral definir la situación de los actores.

Ordenar a la persona que ejerza como mandataria con representación de la CIFM hoy liquidada o del Patrimonio Autónomo de Panflota, que abra actuación administrativa tendiente a recibir los documentos necesarios para establecer el tiempo laborado por los demandantes, en un plazo razonable que no exceda de tres meses.

Ordenar a la referida mandataria que, transcurrido ese término, dentro de los treinta (30) días siguientes, analice la situación particular de cada uno de los ex trabajadores que presenten documentación, y de acuerdo con los resultados de este análisis, determine el bono pensional que les corresponda.

Establecido el bono pensional de cada uno, la Mandataria referida deberá reportar al Patrimonio Autónomo PANFLOTA administrado por La Fiduprevisora S.A., dicha información, con el fin de que esa entidad transfiera el valor actualizado de los aportes a que haya lugar a COLPENSIONES. Para ello, La Fiduprevisora S.A. deberá realizar las gestiones pertinentes ante la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, con el fin de que gire los recursos necesarios para que se cumplan las órdenes impartidas.

Exhortar al Ministerio de Trabajo y a la Superintendencia de Sociedades, que dentro de sus competencias, ejerzan la vigilancia necesaria para hacer efectivos los derechos garantizados a los actores.

Enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 6 (vuelto) y 7.
Los demandantes citaron, entre otras, las siguientes providencias: i) sentencia del 7 de diciembre de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Nelson Iván Nieto Porras; ii) sentencia del 19 de enero de 2012, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Pedro Nel Marín Ortiz; iii) sentencia del 19 de enero de 2012, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Actor: Germán Rodríguez Rodríguez, y iv) sentencia del 23 de mayo de 2013, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Ricardo Rubiano García.
La Sección Cuarta confirmó la sentencia del 1º de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C (expediente N° 11001-33-35-007-2013-00627-01)

La parte actora aludió a las sentencias T-265 de 2007, T-784 de 2010 y T-674 de 2012.
Los demandantes citaron, entre otras, las siguientes providencias: i) sentencia del 7 de diciembre de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Nelson Iván Nieto Porras; ii) sentencia del 19 de enero de 2012, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Pedro Nel Marín Ortiz; iii) sentencia del 19 de enero de 2012, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Actor: Germán Rodríguez Rodríguez, y iv) sentencia del 23 de mayo de 2013, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Ricardo Rubiano García.
Folios 339 a 358.
Folios 381 a 387.
Folios 413 a 417.
Sentencia T-549 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Ver, entre otras, las sentencias T-183 de 1996, C-107 de 2002 y T-398 de 2013.
Sentencia T-927 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
Ver, entre otras, las siguientes providencias: i) sentencia del 7 de diciembre de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Nelson Iván Nieto Porras; ii) sentencia del 19 de enero de 2012, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Actor: Pedro Nel Marín Ortiz, y iii) sentencia del 23 de mayo de 2013, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Actor: Ricardo Rubiano García.
“ARTICULO (sic) 72. Las prestaciones reglamentadas en esta ley, que venían causándose en virtud de disposiciones anteriores a cargo de los patronos, se seguirán rigiendo por tales disposiciones hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo por haberse cumplido el aporte previo señalado para cada caso. Desde esa fecha empezarán a hacerse efectivos los servicios aquí establecidos, y dejarán de aplicarse aquellas disposiciones anteriores”.
Sentencia T-674 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
Folio 10.
Folio 29 (vuelto).
Folio 48.
Folio 66.
Folio 103.
Folio 123.
Folio 136.
Folios 149.
Folio 176.
Folio 196.
Folio 209.
Folios 438

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