Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02300-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02300-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2016-02300-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de agosto de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Actor: Olga Lucía León Díaz
Demandado: Municipio de Fusagasugá
Medio de control: Reparación directa
Tema 1: Competencia funcional del juez de segunda instancia – se limita al estudio de los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.
Subtema 1.1. Ocupación jurídica de bien inmueble. Subtema 1.2. Plazo para ejercer el medio de
control de reparación directa en eventos de ocupación jurídica. Subtema 1.3. Conocimiento de la
existencia del daño. Subtema 1.4. Excepción de caducidad – configurada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, el dos (2) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS
Olga Lucía León Díaz procura la reparación de los perjuicios materiales causados
con ocasión de la afectación jurídica que, asegura, le fue impuesta a través del
Acuerdo 29 de 2001 a un bien inmueble de su propiedad, circunstancia que habría
coartado la explotación económica de su predio y el ejercicio de sus atribuciones
básicas como propietaria. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección A, en el fallo de primera instancia, negó las súplicas de la
demanda porque no encontró acreditado el daño antijurídico. En el recurso de
apelación, la parte actora censuró el estudio del primer elemento de la
responsabilidad, esto es, el daño antijurídico.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Olga Lucía León Díaz presentó demanda1, en ejercicio del medio de control de
reparación directa, el cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), con la
que pretende que esta jurisdicción profiera sentencia de condena a cargo del
Municipio de Fusagasugá por la afectación impuesta a un bien inmueble de su
propiedad mediante el Acuerdo 29 de 2001, acto administrativo que incluyó una
proyección vial sin satisfacer los requisitos legales.
Para la parte actora, la entidad demandada vulneró su derecho a la propiedad
privada al impedir la explotación económica del bien e, incluso, la construcción y
venta de este. En su sentir, el Municipio de Fusagasugá actuó irregularmente ante
el incumplimiento del artículo 37 de la Ley 9 de 1989.
1 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado BA65C05A26BA151A
6E9183C5F367EE33 4196A4C1DA77765F 65785A13F776732D, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
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Demandante: Olga Lucía León Díaz
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
A, en auto del veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017)2, admitió la
demanda; decisión que fue notificada a la entidad demandada3.
2.2.2. El Municipio de Fusagasugá 4 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones, aduciendo que no generó daño alguno a la actora, pues si bien
“existió iniciativa en el Concejo Municipal para afectar el inmueble identificado con
folio de matrícula 157-47629 a través del Acuerdo 29 de 2001”, la realidad es que
nunca se acató lo prescrito en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989 y, contrario a lo
sostenido en el escrito de demanda, dicho inmueble ha sido objeto de subdivisiones
y ventas, lo que demuestra que este no ha sido afectado ni ha salido del comercio.
Adicionó que la decisión adoptada en su momento por el Concejo Municipal de
Fusagasugá no fue notificada a la señora León Díaz ni tampoco fue inscrita en la
matrícula inmobiliaria, de ahí que, por expresa disposición legal, la afectación jamás
produjo efectos jurídicos, aunado a que, por el transcurso del tiempo, esta perdió
vigencia.
En último término, adujo que no es cierto que el ente territorial negara licencias de
construcción a la titular de derechos reales del inmueble con folio 157-47629, ya
que, por el contrario, le autorizó realizar el cerramiento solicitado. Con todo, precisó
que no existe prueba de los daños reclamados.
2.2.3. Agotada la etapa probatoria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A, en proveído del dieciocho (18) de diciembre de
dos mil diecisiete (2017)5, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento
y corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran de
conclusión y este rindiera concepto de fondo; oportunidad que fue aprovechada
por la demandante6 y por el Municipio de Fusagasugá7 para reiterar los argumentos
expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, en
sentencia del dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 8 , negó las
pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión, consideró que no está demostrada la ocupación
jurídica puesto que el Acuerdo “3” de 2001 y el Decreto 120 del 2007, instrumentos
de planificación urbana, lejos de afectar el inmueble de la demandante, permitieron
2 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1C649F665C3CDCDE
9A098EB361BC808B 34A055401EB81B9B 2259298A669FEBCA, ubicado en el índice 39 de SAMAI, página 1
a 4.
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Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 1C649F665C3CDCDE
9A098EB361BC808B 34A055401EB81B9B 2259298A669FEBCA, ubicado en el índice 39 de SAMAI, páginas
8 y 9.
4 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 589DA290DD7B2D93
C226289FE5EAAC2C 39D3258EF1535697 8AA6F968E5373249, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
5 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado A5E2493FC4E70BCA
4C536E37B6876F93 2F5B635A94B397D7 3F84DFD39005443D, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
6 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado F8D2BA00A2DE4BC9
CFD88B5921A8269A D2DA736B9F9FA65E 1338787F59D80147, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
7 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 466795945C272F1C A988D3FF505773A9
10660E7DF6CE86BD C82D41AE2166C651, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
8 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 43AD9449B402881B
C74F7CD0430AB44B D6AE41848271C2BF 2C7978EE5A308FD0, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
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Demandante: Olga Lucía León Díaz
todo tipo de uso. A su juicio, tan cierto es lo anterior que el dominio del predio no
se encuentra limitado con arreglo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9 de
1989.
Denotó que bajo ninguna perspectiva era posible afirmar que el inmueble fue
removido del comercio dado que, ante la inexistencia de anotación en el certificado
de tradición, la señora León Díaz estaba en la facultad de disponer del inmueble
sin limitación alguna.
Finalmente, sostuvo que la prueba de afectación de un inmueble no pende de un
juicio de valor, sino que requiere un sustento fáctico, en tanto el legislador determinó
que esta se demuestra cuando se limita o impide la obtención de licencias de
urbanización, de parcelación, de construcción o de funcionamiento, por lo tanto,
como no obra en el expediente algún medio de convicción que acredite que la
señora León Díaz realizó el trámite de la licencia de construcción de conformidad
con lo preceptuado en el Decreto 1489 de 2010, concluyó que el Municipio de
Fusagasugá no limitó el bien inmueble de propiedad de la aquí actora y, en ese
sentido, no encontró probado el daño antijurídico.
2.4. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, el veintiuno (21) de agosto de dos mil dieciocho (2018)9.
En su escrito, expuso que el Acuerdo “03” de 2001 y el Decreto 120 de 2007
afectaron, de manera ilegal, el predio de su propiedad, por cuanto la Administración
no cumplió con los requisitos dispuestos en el artículo 37 de la Ley 9 de 1989.
Arguyó que, si bien la limitación nunca fue realizada en legal forma, el Municipio de
Fusagasugá impidió, en diversas ocasiones, la explotación económica del inmueble
bajo ese argumento.
En criterio suyo, en el proceso probó que la entidad demandada, desde el año 2001,
afectó sus derechos a la propiedad privada y a la explotación económica de su
inmueble; perturbación que jamás ha desaparecido porque el Acuerdo 29 de 2001
no ha sido modificado ni alterado y, en virtud de ello, la situación de afectación vial
siempre fue reiterada por el Municipio de Fusagasugá en todos sus escritos y en las
acciones realizadas.
Para concluir, alegó que el a quo pasó por alto que para el otorgamiento de una
licencia de construcción es requisito indispensable tener el concepto de uso de
suelo urbanístico expedido por la autoridad municipal, y si en dicho documento
quedó incluido expresamente que “el presente lote tiene una proyección vial de la
diagonal 25 estipulada en el plan vial acuerdo 29 de 2001 (…) dada la morfología
del terreno el lote no es desarrollable”, es evidente que el Municipio de Fusagasugá
negó, de plano, cualquier desarrollo urbanístico sobre ese inmueble, lo que
corrobora la existencia de una afectación. También, manifestó que la sentencia de
primera instancia no tuvo en cuenta que la entidad demandada realizó trabajos en
su predio para instalar la red de alcantarillado y trazar la vía pública, con el único
argumento de que el inmueble se encontraba afectado por la diagonal 25 conforme
al Plan de Ordenamiento Territorial.
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
9 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 457028427603A8EC 4922F1A70D31333C
527950D7E043ACC7 EF80DB8AC35D3AD9, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
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Demandante: Olga Lucía León Díaz
El despacho sustanciador, en auto del diecinueve (19) de febrero de dos mil
diecinueve (2019) 10 , admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. Más adelante, en proveído del veintitrés (23) de abril de dos mil
diecinueve (2019)11, corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo; oportunidad
que fue utilizada por la actora 12 y por el Municipio de Fusagasugá 13 , quienes
insistieron en los argumentos expuestos en las distintas etapas procesales.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
La Subsección, procederá, en función de los cargos de la alzada14 y la competencia
que le asiste, a dar respuesta al siguiente problema jurídico:
¿La parte actora ejerció el medio de control de reparación directa dentro de la
oportunidad establecida en el Código Contencioso Administrativo, norma aplicable
cuando empezó a correr el término correspondiente?
Si la contestación es afirmativa, deberá estudiar la existencia de un daño antijurídico
entendido como la afectación jurídica impuesta a un bien inmueble de propiedad de
Olga Lucía León Díaz y la posible responsabilidad del Municipio de Fusagasugá; de
ser necesario, pasará a la tasación de perjuicios.
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos procesales
4.1.1. Competencia
La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello, por tratarse del recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de doble
instancia15.
4.1.2. Ejercicio oportuno del medio de control
En este caso, la demandante pretende la declaración de responsabilidad del
Municipio de Fusagasugá por “afectarse y restringirse con una proyección vial, sin
el lleno de los requisitos legales,” el inmueble de su propiedad identificado con
número de matrícula inmobiliaria 157-47629. Desde el escrito de demanda y en las
distintas etapas del proceso, ha indicado que la limitación a su predio ocurrió desde
10 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado EDA25D617677BDFC
8AA64E868B5C133E 892341003CE32081 6F8B62E9D38AB451, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
11 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 28E323FA742AF111
1CBC33B593D2B127 B74666B62BF071D1 75916983BC59044F, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
12 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 7540752A48B569BD
EAD7829EEB6D5841 7033CD4EDE912811 B6E8A3DA0C70AC60, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
13 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 019BB7AA7ECEE51A
AF4C2ECBF85B057B 69310E153772E762 3ADB6EB9B17312B7, ubicado en el índice 39 de SAMAI.
14 La actora, por medio de los alegatos de conclusión rendidos ante esta Corporación, pretendió desconocer la
fijación del litigio realizada por el magistrado ponente en primera instancia, que valga decir fue aceptada por
ella de manera expresa, y lo expuesto en el recurso de apelación, en el sentido de incluir como parte del pleito
la naturaleza del bien sobre el que, dijo, pesó una limitación impuesta por el Acuerdo 29 de 2001. Por tal razón,
no habrá pronunciamiento alguno sobre el particular, sino únicamente en lo que atañe al objeto del litigio y a
aquello que formó parte del escrito de alzada
15 La cuantía determinada por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda supera el monto de 500
SMLMV, considerados al momento de presentación de la demanda, prescrito en el artículo 152 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que un proceso de reparación directa
sea susceptible de doble instancia ante esta Corporación.
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Demandante: Olga Lucía León Díaz
la expedición del Acuerdo 29 de 2001 y con ausencia de los requisitos preceptuados
en la Ley 9 de 1989.
4.1.2.1. En observancia de ello, deviene necesario, en primer lugar, determinar cuál
es la conducta a la que la parte demandante atribuye la causación del daño y los
supuestos que guiaran el análisis del ejercicio oportuno del medio de control.
Esta Corporación16 ha distinguido dos clases de ocupación de un bien inmueble en
función del hecho dañoso, así: (i) ocupación material con efectos permanentes o
con efectos temporales; y (ii) ocupación jurídica con efectos permanentes o con
efectos temporales; además, ha reconocido que existen afectaciones causadas a
los atributos de la propiedad: posesión, uso, usufructo o habitación, ocasionadas
con la ejecución de una obra pública y que no se encuentran dentro de las hipótesis
anteriores.
La ocupación jurídica, que es la que se ajusta a las particularidades de este asunto,
responde a cualquier acción de la Administración capaz de limitar los derechos
reales que un particular ejerce sobre un bien inmueble, sin que se cumplan los
requisitos y las formalidades establecidas en la ley para tal fin. Tal ocupación tiene
lugar en virtud de una restricción intangible, de orden legal, que priva al titular de la
cosa del ejercicio de los derechos de dominio que le corresponden conforme con
las leyes civiles17.
La jurisprudencia ha establecido que, “cuando la Administración no adelante el
procedimiento señalado en la ley para obtener la enajenación voluntaria del
inmueble, ni tramite el proceso de expropiación ni profiera los actos mediante los
que afecte el bien por causa de una obra pública, ni tampoco lo ocupe
materialmente, pero tampoco expida las autorizaciones administrativas necesarias
para que el propietario pueda usar, gozar o disponer libremente del mismo, esto es
cuando lo ocupa jurídicamente”18, el afectado deberá adelantar el medio de control
de reparación directa.
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente
cuando empezó a correr el término de caducidad 19 , dispone que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) daños, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
Tratándose del cómputo del término de caducidad en eventos en los que un bien
resulta afectado por una decisión legal o administrativa – ocupación jurídica –, la
jurisprudencia de esta Colegiatura no ha sido pacífica y las subsecciones de esta
Sección se han pronunciado en distinto sentido; por ejemplo, algunas decisiones
han indicado que el término transcurre desde el momento en que el propietario tuvo
16 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C,
sentencia del doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-23-36-000-2017-00278-
01.
17 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencia del
cinco (5) de febrero de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-23-26-000-2006-10312-01.
18 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del once (11) de agosto de dos mil once (2011), radicación número 76001-23-24-000-1996-03045-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia
del nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014), radicación número 25000-23-26-000-2000-00076-01.
19 El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, dispone que “(…)
los términos que hubieren comenzado a correr (…) se regirán por las leyes vigentes cuando (…) empezaron a
correr los términos (…)”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
conocimiento de la restricción impuesta20, mientras que otras estiman que este tiene
como punto de partida el momento en que se efectúa el registro de la limitación
administrativa en el folio de matrícula inmobiliaria del bien sobre el que pesa la
medida21 y, al margen de estas posturas, también subsiste aquella que sugiere que
el término de caducidad debe iniciar desde la publicación en el diario oficial del acto
administrativo general que impuso la restricción22.
Sobre el particular, y en atención a las circunstancias fácticas de este caso, esta
Subsección se inclina por aquella interpretación que observa el momento en que el
propietario tiene conocimiento de la limitación impuesta al bien inmueble, en vista
de que: (i) si bien, al tenor del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, el momento a partir del que debería empezar a correr el plazo para
incoar la demanda es al día siguiente de ocurrida la ocupación del inmueble, lo que,
según la actora, acaeció cuando entró en vigor el Acuerdo 29 de 200123, lo cierto es
que no puede exigírsele a la demandante haber acudido a la jurisdicción desde el
momento en que dicho acto impuso la restricción a su propiedad, pues no hay
prueba que acredite que fue en ese momento que la parte conoció del daño alegado,
máxime cuando se requieren ciertos conocimientos para entender un plan de
ordenamiento territorial y sus consecuencias; y (ii) en el certificado de libertad y
tradición no consta registro de limitación alguna, lo que impide tomar en
consideración ese hecho para la contabilización de la caducidad.
4.1.2.2. Establecidos los presupuestos para el conteo del plazo para ejercer el
medio de control, procede dilucidar el momento en que la parte demandante conoció
la restricción impuesta al bien inmueble de su propiedad por medio del Acuerdo 29
de 2001.
Conforme a los medios de convicción que obran en el expediente, está acreditado,
entre otras cosas, lo siguiente:
(i) Olga Lucía León Diaz, el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil siete (2007)24,
envió un escrito al alcalde del Municipio de Fusagasugá con el fin de “ofrecerle, en
calidad de compraventa, el bien inmueble de mi propiedad, el cual según
manifestaciones infundadas de la Administración Municipal pertenece a una zona
de cesión para una vía proyectada al parecer concerniente al plano de parcelación
del potrero LA BASTILLA (…) Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que en la
20 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B,
sentencia del veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), radicación número 25000-23-26-000-1992-
07753-01; Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencia del diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número 25000-23-26-000-2005-01459-
01; y Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencias
del veintiocho (28) de junio de dos mil diecinueve (2019) y del cinco (5) de agosto de dos mil veinte (2020),
radicación números 05001-23-31-000-1998-00311-01 y 05001-23-31-000-2009-01092-01.
21 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016)
y del veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017), radicación números 25000-23-26-000-1993-04137-01,
47001-23-31-000-2002-00215-01 y 25000-23-26-000-2007-00138-01, respectivamente; y Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B, sentencia del dieciocho (18) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), radicación número 25000-23-26-000-2007-00294-01.
22 Entre otras: Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A,
sentencias del trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021) y del veintisiete (27) de agosto de dos mil
veintiuno (2021), radicación números 70001-23-31-000-2015-00275-01 y 15001-23-33-000-2015-00667-01; y
salvamento de voto del magistrado Alberto Montaña Plata al interior del proceso con radicado número 25000-
23-26-000-2007-00294-01.
23 “Por medio del cual se adopta el “Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Fusagasugá”, se aprueba
en toda su extensión el documento técnico de soporte y los planos generales y se determinan sus componentes
y contenidos”.
24 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8699D3C0058C46F8
FC175BA15230257B B0BCACF3D5E755A8 8F8864B75AFB9B63, ubicado en el índice 39 de SAMAI, páginas
25 y 26.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
actualidad la Alcaldía Municipal sin justificación alguna está perjudicando mi
derecho a la propiedad privada, pues no me permite construir en tal predio
bajo el criterio que es un bien de uso público, criterio totalmente errado (…) le
manifestó (…) mi voluntad de ofrecerle el predio si es que la Alcaldía Municipal
realmente desea realizar la construcción de la vía que tiene proyectada por
todo el centro de mi propiedad (…)” (negrilla fuera del texto).
(ii) El Municipio de Fusagasugá, en oficio del tres (3) de abril de dos mil ocho
(2008)25, le informó al abogado Octavio Perdomo Buenaventura, apoderado de la
señora Olga Lucía León Díaz, particularmente, que “según el certificado de libertad
y tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos con folio
No. 157-47629, la señora OLGA LUÍA LEÓN DÍAZ vendió dos lotes de la subdivisión
mencionada, quedando con un lote que presenta un área de dos mil seiscientos
sesenta y cuatro punto cuarenta y nueve metros cuadrados (…). El lote se identifica
con el registro catastral 01-00-0470-0008-000. (…) de acuerdo a lo anterior, se
puede concluir que la franja de terreno objeto de la solicitud es un predio
particular, con matrícula inmobiliaria y registro catastral. Igualmente, es de
recordar que esta franja se encuentra afectada por la proyección de una vía,
que hace parte del Plan Vial del Plan de Ordenamiento Territorial” (negrilla fuera
del texto).
(iii) El Municipio de Fusagasugá, en Resolución 253 de 2009 26 , revocó un acto
administrativo a solicitud de la señora Olga Lucía León Díaz. Dentro de las
consideraciones, se hizo referencia a la comunicación antes citada, en el siguiente
sentido: “(…) el concepto emitido por el Inspector de Obras de la Oficina de
Planeación Municipal, el 3 de abril de 2008, en el cual apuntó que “de acuerdo a lo
anterior, se puede concluir que la franja de terreno objeto de la solicitud es un predio
particular, con matricula inmobiliaria y registro catastral. Igualmente, es de
recordar que esta franja se encuentra afectada por la proyección de una vía,
que hace parte del Plan Vial del Plan de Ordenamiento Territorial” (negrilla fuera
del texto).
(iv) El Municipio de Fusagasugá, en oficio del veintidós (22) de septiembre de dos
mil nueve (2009)27, le indicó a la señora León Díaz que “(…) es de recordar, que
su predio se encuentra afectado por la proyección de la Diagonal 25, la cual
hace parte del Plan Vial y está identificada como la vía 32 dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial, Decreto 120 de 2007” (negrilla fuera del texto).
(v) Olga Lucía León Díaz radicó escrito, en ejercicio del derecho de petición, ante el
Departamento Administrativo de Planeación de Fusagasugá, el dieciocho (18) de
octubre de dos mil doce (2012)28, con el objeto de que “se sirvan dar respuesta
idónea y acorde a lo que se le ha solicitado en el escrito radicado (…) que no es
otra cosa que la expedición del concepto de uso de uso del predio de mi propiedad,
toda vez que ya está establecido (…) que el mencionado predio es privado y pese
a que la Administración al parecer a (sic) proyectado una vía por dicho predio,
25 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8699D3C0058C46F8
FC175BA15230257B B0BCACF3D5E755A8 8F8864B75AFB9B63, ubicado en el índice 39 de SAMAI, páginas
31 y 32.
26 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8699D3C0058C46F8
FC175BA15230257B B0BCACF3D5E755A8 8F8864B75AFB9B63, ubicado en el índice 39 de SAMAI, página
33 a 53.
27 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8699D3C0058C46F8
FC175BA15230257B B0BCACF3D5E755A8 8F8864B75AFB9B63, ubicado en el índice 39 de SAMAI, página
55.
28 Documento contenido en el expediente digitalizado con certificado 8699D3C0058C46F8
FC175BA15230257B B0BCACF3D5E755A8 8F8864B75AFB9B63, ubicado en el índice 39 de SAMAI, página
69.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
la misma no ha tramitado ni iniciado las acciones tendientes a grabar (sic)
legalmente el citado predio con su correspondiente inscripción en la Oficina de
Registro; el capricho que tiene la Administración de continuar diciendo
tercamente que tal propiedad está destinada para la proyección de una vía
cuando no existe ningún documento, ni administrativo ni notarial, que así lo
determine. (…)” (negrilla fuera del texto).
Los anteriores medios de prueba dan cuenta de que, por lo menos, la recurrente
conoció la afectación a su propiedad el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil
siete (2007). Por lo tanto, comoquiera que la demanda fue instaurada el cuatro (4)
de noviembre de dos mil dieciséis (2016), debe concluirse que el medio de control
de reparación directa fue ejercido fuera del plazo prescrito en el Código Contencioso
Administrativo, sin que en el cálculo pudiere incidir la solicitud de conciliación
extrajudicial porque fue presentada cuando ya se había configurado la caducidad29.
Incluso, si esta Sala tomara en cuenta el último de los documentos referidos
anteriormente, también habría lugar a llegar a la misma decisión.
A juicio de esta Subsección, no hay lugar a colegir cosa distinta que la señora León
Díaz tenía certeza de que sus potestades como propietaria de un bien inmueble
fueron limitadas por la proyección de una vía incluida en el Acuerdo 29 de 2001;
distinto es que la demandante, ante la ausencia de una inscripción en su matrícula
inmobiliaria o de un procedimiento administrativo en curso destinado a reparar las
afectaciones al derecho real de propiedad, insistiera para que el Municipio de
Fusagasugá le permitiera usar y gozar de su bien inmueble o, en su defecto,
realizara las gestiones pertinentes para compensarla, pero ello no tuvo la facultad
de suspender el término de caducidad, puesto que, como ya quedó demostrado, la
actora sí tenía conocimiento de la restricción impuesta a su predio y, por ende, del
supuesto daño – menoscabo al derecho a la propiedad –. Además, no existe prueba
alguna que compruebe un impedimento para acudir a esta jurisdicción.
Tales consideraciones se refuerzan al analizar que, en el escrito de demanda, la
parte actora estimó la cuantía en mil doscientos veinticinco millones seiscientos
sesenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($1.225.665.400), valor que resulta de
sumar los rendimientos que hubiere obtenido desde el veintisiete (27) de junio de
dos mil uno (2001), “fecha en que entró en vigencia el Acuerdo Municipal 029 por
medio del cual la Alcaldía de Fusagasugá adoptó el Plan de Ordenamiento
Territorial y en tal acuerdo afectó con una vía el predio”, y hasta la fecha de
presentación de la demanda, es decir que, en términos simples, la demandante
planteó que dejó de recibir una suma de dinero desde el veintisiete (27) de junio de
dos mil uno (2001). Ello movería a inferir que el daño se hizo visible y produjo unos
perjuicios desde ese momento, que son los que se reclaman en este asunto.
Al respecto, merece la pena aludir a lo expuesto en el recurso de apelación,
específicamente lo relacionado con el testimonio solicitado 30 por la parte
demandante, que ratifica que, inclusive, antes de la fecha tomada por esta
Corporación para contabilizar el término de caducidad, la señora León Díaz conocía
de la limitación a su bien inmueble.
29 La convocante Olga Lucía León Díaz presentó solicitud de conciliación judicial el veintisiete (27) de marzo de
dos mil quince (2015), según lo consignado en la constancia del nueve (9) de junio de dos mil quince (2015),
expedida por la Procuraduría Quinta Judicial II para Asuntos Administrativos.
30 La demandante solicitó el testimonio de Misael Suárez Ortiz, para que declarara “sobre el hecho de haber
explotado económicamente el predio”. En la audiencia inicial, el apoderado de la parte demandante afirmó que
el objeto de la prueba era “demostrar que ese predio sí le producía algo a la señora hasta que la Alcaldía empezó
a hacer labores de perturbación”, y así fue decretado por el magistrado ponente de primera instancia; minuto
11:40 a 11:41.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
En el escrito de alzada, la recurrente explicó que:
“el hecho que el testigo MISAEL SUÁREZ haya referido en su declaración que tuvo
el vivero hasta el año 1991 o 1992, no es más que un lapsus en su testimonio, pues
obsérvese que fue para el año 1992 cuando dicho señor le vendió el predio a mi
poderdante (…) pero aun así, él refiere que después de comprar el predio lo continuó
explotando económicamente con el vivero hasta cuando la Alcaldía y la
comunidad empezaron a decir que era un bien público, y esto ocurrió al
momento de realizarse la afectación vial del predio con el Acuerdo 029 de 2001;
lo que significa que las molestias que se empezaron a generar por parte de la
comunidad y el Municipio, a quienes explotaban económicamente el predio
con un vivero, se dio desde el 2001 y dichas molestias se generaron por causa
de la afectación vial que se realizó dentro del P.O.T. del Municipio de
Fusagasugá y que la comunidad del sector conoció gracias a las promesas de
los políticos de esa época, de colocar en funcionamiento dicha vía. (…) son
pruebas más que suficientes, que estudiadas en su conjunto, demostrativas que
efectivamente fue desde el año 2001, cuando fue expedido el POT, la época
desde cuando empezaron a generarse las continuas perturbaciones a la
propiedad de mi poderdante y por ende la respectiva ocupación jurídica del
predio de su propiedad por parte de la Administración Municipal (…)” (negrilla
fuera del texto).
Así queda demostrado que la parte demandante conoció la afectación causada por
el Acuerdo 29 de 2001, prácticamente, de manera concomitante a la expedición de
ese acto administrativo, en la medida en que, tal como fue relatado por ella, las
perturbaciones a la propiedad iniciaron en el año 2001 y la comunidad fue informada
del proyecto de construcción de la vía por los políticos que impulsaban ese
propósito.
De manera que no es de recibo que la actora pretenda desconocer el término de
caducidad excusada en que “la respuesta al derecho de petición [de fecha 6 de
noviembre de 2014] fue la última operación administrativa realizada por la
Administración Municipal donde se continúa limitando el derecho a la propiedad de
mi poderdante, y esa respuesta al derecho de petición es importante para establecer
desde cuando empezaría (sic) contarse el término de caducidad (…) pero se reitera
y se es enfático, la respuesta al derecho de petición del 6 de noviembre de 2014,
no es el acto administrativo con el que se pretende demostrar el daño ocasionado
a mi poderdante, dicho oficio es importante única y exclusivamente para determinar
que no ha operado dentro del presente asunto la caducidad (…)”, argumentación
que no se acompasa con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo ni con la jurisprudencia que ha desarrollado el tema.
Sobre la anterior afirmación, importa denotar que esta Corporación ha diferenciado
el daño instantáneo o inmediato y el continuado o de tracto sucesivo, en los
siguientes términos:
“La identificación de la época en que se configura el daño ha sido un tema
problemático, toda vez que no todos los daños se constatan de la misma forma en
relación con el tiempo; en efecto, hay algunos, cuya ocurrencia se verifica en un
preciso momento, y otros, que se extienden y se prolongan en el tiempo. En relación
con los últimos, vale la pena llamar la atención a la frecuente confusión entre
daño y perjuicio que se suele presentar; de ninguna manera, se puede
identificar un daño que se proyecta en el tiempo como por ejemplo la fuga
constante de una sustancia contaminante en un río, con los perjuicios que, en
las más de las veces, se desarrollan e inclusive se amplían en el tiempo, como
por ejemplo, los efectos nocivos para la salud que esto puede producir en los
pobladores ribereños. En desarrollo de esto, la doctrina ha diferenciado entre (1)
daño instantáneo o inmediato; y (2) daño continuado o de tracto sucesivo; por el
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de identificarse en
un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios que se
pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el
momento en que se produce. (…) En lo que respecto, al (2) daño continuado o de
tracto sucesivo, se entiende por él, aquél que se prolonga en el tiempo, sea de
manera continua o intermitente. Se insiste, la prolongación en el tiempo no se
predica de los efectos de éste o si se quiere de los perjuicios causados, sino
del daño como tal (…)”31 (negrilla fuera del texto).
De acuerdo con las razones precedentes, no puede hablarse de un daño continuado
o de tracto sucesivo en este caso, pues la concreción del daño antijurídico que se
reclama se dio en un solo momento, específicamente con la expedición del Acuerdo
29 de 2001 y, desde el momento en que fue conocida la restricción impuesta al bien
de su propiedad, circunstancia que ya fue desarrollada en detalle, la señora León
Díaz pudo percatarse de su existencia y de la consecuencia – imposibilidad de
ejercer a plenitud los atributos de propiedad y de explotar económicamente su
inmueble –; cosa distinta, como lo indica la jurisprudencia citada, es que los
perjuicios que se pudieren causar se proyectaran hacia el futuro y que los efectos
del daño se prolongaran, que es lo que se aprecia de las distintas respuestas y
acciones del Municipio de Fusagasugá.
En consecuencia, esta Subsección modificará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, y declarará, de
oficio, la caducidad del medio de control de reparación directa.
V. COSTAS
El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 32 y 36633
ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 34 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera
concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera
31 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del dieciocho (18)
de octubre de dos mil siete (2007), radicación número 25000-23-27-000-2001-00029-01; reiterada, entre otras
providencias, en la sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil once (2011), expediente 20316, y en los
autos del doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021) y del primero (1) de noviembre de dos mil veintitrés
(2023), expedientes 61928 y 69873, respectivamente. Sobre el tema, consultar: autos del veintiuno (21) de
febrero de dos mil dieciocho (2018) y del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veinte (2020), expedientes
59733 y 65095ª, respectivamente.
32 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable un incidente, la formulación
de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en
relación con la temeridad o mala fe. (…)”.
33
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas: (…) 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la
justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan
comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho
que fije el magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. (…) 6. Cuando la condena se
imponga en la sentencia que resuelva los recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la respectiva providencia o la notificación del
auto de obedecimiento al superior, según el caso”.
34 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. (…)”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2016-02300-01 (62850)
Demandante: Olga Lucía León Díaz
instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias
en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte demandante dado que
sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca deberá efectuar la correspondiente liquidación y
tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fijarán agencias en derecho
por dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta
providencia, de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 1 del artículo
535 del Acuerdo PSAA16-10554 de 201636 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, el dos (2) de agosto de dos mil
dieciocho (2018), y, en su lugar, se dispone:
PRIMERO: DECLÁRASE la caducidad del medio de control de reparación directa,
por las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de esta instancia a la parte demandante, que
serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso,
teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la parte
demandada por la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes a
la fecha de esta providencia.
TERCERO: En firme este proveído, ENVÍESE el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para lo de su cargo, previas las anotaciones de
rigor.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP
35 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. (…) En
segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.LV. (…)”.
36 Acuerdo que rige desde el cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y es aplicable a los procesos
iniciados a partir de dicha fecha.
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