Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02481-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2016-02481-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02481-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2016-02481-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
22 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: GLORIA CECILIA MOLANO DE BULLA
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU-
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: OCUPACIÓN PERMANENTE DE BIEN INMUEBLE POR OBRA PÚBLICA - El
término de caducidad se contabiliza por regla general desde la cesación de la ocupación
temporal o desde cuando terminó la obra en la ocupación permanente / CADUCIDAD EN
REPARACIÓN DIRECTA – Excepción cuando el conocimiento del daño fue posible en un
momento posterior a la ocurrencia del hecho - aplicación del principio de confianza legítima
/ DICTAMEN PERICIAL – Eficacia probatoria / CONDENA EN ABSTRACTO – resulta
procedente cuando no se acreditan los parámetros para liquidar una condena en concreto.
La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 1º de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que accedió a las pretensiones de
la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se aduce en la demanda que el Instituto de Desarrollo Urbano es responsable del
daño ocasionado con la ocupación permanente que ejerce sobre las áreas de
terreno de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias Nos. 50N-
1043965, 50N-20229109 y 50N-20293329, en los que construyó el tramo de la
carrera 91 a la transversal de Suba de la avenida Ciudad de Cali, por cuanto
respecto de aquellos omitió adelantar el procedimiento administrativo de
enajenación voluntaria, una vez la demandante saneó su título de dominio y, por
tanto, no le pagó la respectiva contraprestación.
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 2 de diciembre de 2016 (fls. 2 – 18 c. 1), la señora Gloria Cecilia Molano De Bulla
presentó demanda de reparación directa, subsanada el 7 de febrero de 2017 (fls.
25 - 26 c. 1)1, contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con el fin de que se le
declarara patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios causados con la
construcción del tramo de la obra “AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO DE LA
CARRERA 91 A LA TRV. DE SUBA”, dado que ocupó permanentemente las áreas
de terreno, actualmente de propiedad de la demandante, que se describen a
continuación:
i) un área de terreno de 3.307,34 m2, que hacía parte de un inmueble de mayor
extensión con cabida de 4.271,22 m2, inmueble ubicado en la calle 117-B No.
92-A-41, lote B.B., hoy calle 127-B No. 92-B-41 registrado al folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N-1043965, con Chip AAA0129DBPP y registro topográfico
No. 10392.
ii) un área de terreno de 994 m2, inmueble ubicado en la hoy calle 117-B No.
92-75 interior 1, registrado al folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20229109,
con Chip AAA0154UXNX y registro topográfico No. 10390.
iii) un área de terreno de 72,0 m2, inmueble ubicado en la calle 117 No. 93-52
antigua dirección, hoy calle 127 No. 93-52, registrado al folio de matrícula
inmobiliaria No. 50N-20293329 con Chip AAA0159EDLW, registro topográfico
No. 19206.
Por lo anterior, solicitó como indemnización de perjuicios materiales, en la
modalidad de daño emergente consolidado, la suma de $6.171’451.817,28,
correspondientes a la estimación del avalúo comercial de las áreas de terreno
ocupadas; asimismo, pidió la indexación del valor anterior desde el 28 de
septiembre de 2004.
Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la actora sostuvo que, el 12 de
agosto de 1999, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente requirió al IDU
1 La demanda fue inadmitida por no haberse realizado la estimación razonada de la cuantía.
2
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
para que “adquiri[era] a nombre del Distrito, la totalidad de los predios existentes
entre la margen derecha de la avenida Ciudad de Cali y la margen izquierda del
humedal Juan Amarillo y entre la carrera 91 y el puente a construir sobre el brazo
del humedal Juan Amarillo…”.
En virtud de lo anterior, mediante los oficios Nos. 5069 de 15 de enero de 2003 y
17480 de 10 de febrero de 2003, el IDU comunicó a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá, la medida cautelar de “oferta de compra en bien
urbano” sobre los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria
Nos. 50N-20229109 y 50N-1043965, respectivamente, a la vez que, se abstuvo de
comunicar tal medida frente al bien con matrícula inmobiliaria 50N-20293329.
En el transcurso de las diligencias, mediante la Resolución No. 000728 de 25 de
noviembre de 2003, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos declaró la falsa
tradición de los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria Nos. 50N-
1043965, 50N-20229109 y 50N-20293329, lo cual impedía adelantar el proceso de
enajenación voluntaria con la última titular del derecho de propiedad inscrita, señora
Gloria Cecilia Molano De Bulla.
Por ese motivo, el IDU obligó a la demandante a ingresar al programa de
reasentamiento y a sanear la falsa tradición, so pena de iniciar el proceso de
expropiación y pagar el valor de los predios a quienes aparecieran como titulares
iniciales del derecho de propiedad.
Así las cosas, en el marco del programa de reasentamiento, el 28 de septiembre
de 2004, la demandante hizo entrega de los inmuebles al IDU, según consta en las
respectivas actas de autorización de uso de los inmuebles suscritas entre las
partes; además, a efectos de sanear su derecho de dominio sobre los inmuebles,
inició el proceso de pertenencia con radicado No. 2004-00122.
Mediante comunicación de 11 de junio de 2008, el IDU informó a la actora que el
inicio del proceso de enajenación voluntaria requería de la prueba de su plena
propiedad sobre los inmuebles, a través de sentencia de declaración de pertenencia
inscrita en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, la cual, finalmente fue
proferida por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá el 16 de
diciembre de 2013.
3
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Saneado el derecho de propiedad de la actora, el 6 de junio de 2014, solicitó a la
Dirección Técnica de Predios del IDU el inicio del proceso de enajenación voluntaria
de los inmuebles; y el 20 de octubre siguiente, la entidad estatal anunció que daría
comienzo al proceso de adquisición. No obstante, el 8 de septiembre de 2015, negó
dicho trámite, aduciendo que era improcedente dado que la acción de reparación
directa se encontraba caducada, pues habían transcurrido más de dos años desde
la entrega de los predios.
La parte actora sostuvo que antes del 8 de septiembre de 2015, tenía la confianza
legítima de que el IDU llevaría a cabo el proceso administrativo de enajenación
voluntaria, dado que le aseguró que éste se realizaría una vez se encontrara inscrita
la sentencia de pertenencia en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria.
Concluyó que la ocupación permanente de sus predios por motivos de obra pública,
sin que se hubiera efectuado la remuneración correspondiente a las áreas de
terreno ocupadas, le produjo un daño antijurídico susceptible de indemnización.
2. El trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante auto del 21 de febrero de 2017 (fls. 29 – 32 c. 1).
Notificado en debida forma el auto admisorio (fls. 37 - 42 c. 1), el IDU se opuso a
las pretensiones de la demanda, por estimar que carecía de fundamentos fácticos,
legales y probatorios, toda vez que el proceso de enajenación voluntaria se vio
imposibilitado por la falsa tradición de los predios que la demandante acusó de su
propiedad.
Explicó que atendiendo a la situación social de las familias asentadas en los predios
y a la necesidad de los mismos para la realización de la obra pública, implementó
un programa de reasentamiento, cuyo objetivo era otorgar recursos económicos a
las familias "aparentemente propietarias" para la compra de un inmueble de
reposición, como mínimo una vivienda de interés social prioritaria, así como los
recursos necesarios para su traslado supeditando la compra del predio a las
resultas del proceso de pertenencia, que los beneficiarios debían adelantar.
4
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
También advirtió que, en el caso de la demandante, no reconoció prima de
reasentamiento, debido a que los predios se empleaban para actividades de
reciclaje y parqueadero, y que, únicamente efectuó un pago de compensación en
relación con el inmueble con registro topográfico 10392 – matrícula inmobiliaria
50N-1043965- por valor de $3’712.700.
Así mismo, propuso las excepciones de caducidad de la acción, por cuanto la
ocupación de los predios se efectuó el 28 de septiembre de 2004; y la genérica (fls.
44 – 52 c. 1).
2.2. En la audiencia inicial del 6 de julio de 2017, el Tribunal negó la excepción
previa de caducidad del medio de control formulada por el IDU, por estimar que la
parte actora solo tuvo conocimiento del daño hasta el 8 de septiembre de 2015,
cuando se le informó sobre la improcedencia del procedimiento de enajenación
voluntaria. Seguidamente, el a quo fijó el litigio2 y la fecha para la celebración de la
audiencia de pruebas (fls. 84 - 93, c. 1).
2.3. El 28 de septiembre de 2017, en la audiencia de pruebas, se prescindió de la
audiencia de alegaciones y juzgamiento y se dispuso presentar alegatos de
conclusión por escrito (fls. 115 - 121, c. 1).
En esa oportunidad procesal, el IDU advirtió que no existían elementos probatorios
ni legales que permitieran establecer el perjuicio, debido a que el dictamen pericial
aportado por la parte actora incurrió en error grave en la valoración comercial de
los predios (fls. 131 – 135 c. 1).
La parte actora adujo que el IDU incumplió con el deber de adquirir los inmuebles
que requería para la ejecución de la obra pública, mediante enajenación voluntaria
o expropiación y, en consecuencia, ocupó permanentemente sus predios sin pagar
indemnización alguna (fls. 135 - 139 c. 1).
2 En esa oportunidad se dispuso: “Determinar si el IDU es responsable de los perjuicios ocasionados
al demandante como consecuencia de la ocupación permanente de los inmuebles de su propiedad,
y en el evento de que le asista responsabilidad, debe establecerse si hay lugar al reconocimiento de
los valores pretendidos en la demanda”.
5
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
El Ministerio Público solicitó que se declare la responsabilidad de la pasiva por la
ocupación permanente de los tres predios, en aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad. En cuanto a la indemnización del daño, dijo que la tasación debía
realizarse desde el 1º de junio de 2014, cuando la demandante envió copia de la
sentencia declarativa de pertenencia al IDU, por ser aquél el momento en que se
cumplió con la condición de compra (fls. 123 – 130 c. 1).
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
mediante providencia del 1º de noviembre de 2017, accedió a las pretensiones de
la demanda (fls. 141 – 155 c. ppal.), así:
PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable al Instituto de
Desarrollo Urbano -IDU - por los daños ocasionados a la parte demandante con
ocasión de la ocupación permanente de sus tres predios, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en abstracto al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-
por concepto de perjuicios materiales derivados de la ocupación permanente,
de acuerdo a lo mencionado en esta providencia.
TERCERO: En virtud del pago anteriormente señalado, ORDENAR el registro
de la presente sentencia en la Oficina de Instrumentos Públicos
correspondiente para que obre como título traslaticio de dominio, a favor del
Instituto de Desarrollo Urbano, de los predios identificados con las matrículas
inmobiliarias No. 50N-20229109, 50N-1043965 y 50N-20293329 de
conformidad con el artículo 191 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, salvo que existan derechos reconocidos
judicialmente a terceros.
CUARTO: DECLARAR probada la objeción al dictamen pericial aportado
por la parte actora, por los motivos expuestos en la parte motiva de este fallo.
QUINTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, por lo cual deberá
pagar a favor de la parte demandante, el equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.
SEXTO: Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, en los
términos dispuestos en el artículo 243 y 247 del C.P.A.C.A.
El a quo sostuvo que el IDU era responsable del daño bajo el régimen de
responsabilidad objetivo, por cuanto ocupó los predios identificados con matrícula
inmobiliaria Nos. 50N-1043965, 50N-20229109 y 50N-20293329, para la
construcción de la avenida Ciudad de Cali sin surtir el procedimiento administrativo
de enajenación voluntaria a efectos de entregar la debida contraprestación a su
6
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
propietaria, lo que generó una ruptura de las cargas públicas que la demandante
no está en la obligación de soportar.
En relación con la liquidación de los perjuicios, de manera introductoria el a quo
valoró los dictámenes periciales aportados por la parte actora, uno respecto del
valor comercial de cada predio, con el propósito de resolver la objeción por error
grave formulada por la pasiva, consistente en el desconocimiento de los
procedimientos existentes para el avalúo de predios sometidos a enajenación
voluntaria y/o expropiación.
Sobre dicho aspecto, concluyó que en la pericia se incurrió en error grave, debido
a que fue realizado teniendo en cuenta el valor actual de los predios, contrariando
las normas que establecen que “el valor comercial se determinará teniendo en
cuenta la reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
oferta de compra, en relación con el inmueble a adquirir y en particular con su
destinación económica” – artículo 61 de la Ley 388 de 1997-.
En consecuencia, condenó en abstracto a la pasiva al pago de los perjuicios
materiales deprecados en la demanda, para que en trámite incidental y a través de
un dictamen pericial rendido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se
determinara el valor comercial de los predios que fueron ocupados por el IDU al
momento de la oferta de compra, es decir, para el año 2004, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario.
4. Recursos de apelación
4.1. Inconforme con la decisión anterior, el IDU interpuso recurso de apelación.
Luego de transcribir la parte resolutiva de la sentencia, las excepciones formuladas
en su escrito de contestación y los acápites de procedibilidad y de caducidad del
medio de control incorporados en el fallo de primera instancia, procedió a plantear
como motivo de disenso, la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad del
medio de control.
Sobre el particular, explicó que el término de caducidad inicia desde el día siguiente
a la ocupación temporal o permanente del inmueble, sin que la prolongación en el
tiempo de los efectos del daño antijurídico habilite al perjudicado a acudir en
7
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
cualquier momento a la jurisdicción a través del medio de control de reparación
directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, numeral 2º del
C.P.A.C.A.
Así las cosas, sostuvo que como en el caso concreto la hoy demandante entregó
los predios para su ocupación permanente y total el 28 de septiembre de 2004, era
a partir de dicha fecha que debía computarse el término de caducidad, por lo que
era evidente que el medio de control se había ejercido por fuera del término
establecido para tal efecto (fls. 161 – 169 c. ppal.).
4.2. A su vez, la parte actora impugnó la decisión con el fin de que se revoque la
condena en abstracto, por considerar que en el dictamen pericial practicado durante
la actuación no se incurrió en error grave, toda vez que no existían ofertas de
compra válidas para los predios, de ahí que el perjuicio debiera liquidarse a partir
del valor comercial actual de los inmuebles.
Al respecto, consideró que las ofertas de compra inscritas en los folios de matrícula
inmobiliaria Nos. 50N-1043965 y 50N-20229109, mediante los oficios Nos. 17480
y 5069 del 10 de febrero y 15 de enero de 2003, habían perdido fuerza ejecutoria,
en los términos del ordinal 3º del artículo 66 del C.C.A., debido a que habían
transcurrido más de cinco años sin que la administración hubiera realizado actos
para ejecutarlas. Además, no se había registrado oferta de compra respecto del
inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 50N-20293329.
Asimismo, adujo que, según los artículos 37 de la Ley 9 de 1989 y 20 de la Ley
1682 de 2013, la afectación tendría una vigencia de nueve años en el caso de vías
públicas o de doce años para los proyectos de infraestructura de transporte a
mediano y largo plazo, respectivamente, por lo que las ofertas de compra tampoco
surtían efectos bajo dicha normativa.
Al lado de lo anterior, explicó que las ofertas de compra no le fueron notificadas,
debido a que dicho trámite se surte ante el propietario, y solo adquirió tal calidad
desde el 10 de abril de 2014, sin que a partir de ello se le hubiera formulado oferta
alguna (fls. 170 – 176 c. ppal.).
8
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Los recursos anteriores fueron concedidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante auto proferido el 12 de diciembre de 2017 (fls. 189 - 191
c. ppal.).
5. Trámite en segunda instancia
En proveído del 28 de febrero de 2018, esta Corporación admitió los recursos de
apelación (fl. 206, c. ppal.) y, el 13 de abril siguiente, corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que
rindiera concepto (fl. 211, c. ppal.).
El IDU agregó que la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha sostenido
que en los eventos en los que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de
una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para
ejercer el medio de control de reparación directa debe computarse desde que la
obra finaliza, siempre que no se tenga prueba que el actor tuvo conocimiento de
aquella de manera previa (fls. 223 – 230 c. ppal.).
La parte actora reiteró los argumentos expuestos en su recurso de alzada (fls. 231
– 238 c. ppal.), mientras que el Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación”.
El artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán
en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa, inclusive
aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales”, cuando la
cuantía exceda los 500 SMLMV.
9
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa 3, de ahí que esta Corporación
sea competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra el fallo del a quo.
2. Legitimación en la causa
De conformidad con la sentencia del 16 de diciembre de 2013, mediante la cual el
Juzgado 4 Civil del Circuito de Descongestión de Bogotá declaró la prescripción
extraordinaria adquisitiva del dominio a favor de la señora Gloria Cecilia Molano De
Bulla respecto de los inmuebles identificados con folio de matrícula inmobiliaria
Nos. 50N-1043965, 50N-20229109 y 50N-20293329 (fls. 38 – 48, c. 2), y los
certificados de tradición y libertad de los inmuebles ya citados (fls. 51 – 54, c. 2),
está demostrado que la señora Molano De Bulla es la propietaria de los predios que
fueron ocupados total – 50N-20229109 y 50N-20293329- y parcialmente – 50N-
1043965- para la construcción de la avenida Ciudad de Cali en Bogotá, de modo
que le asista legitimación para actuar en el presente asunto.
De otra parte, el IDU se encuentra legitimado en la causa por pasiva, pues de lo
narrado en la demanda se concluye que es a dicha entidad a la que se le imputa el
daño objeto de la controversia.
3. Problema jurídico
Con base en los argumentos esbozados por las partes en sus respectivas
impugnaciones, el debate jurídico se orienta a verificar si el presente medio de
control se incoó dentro del término procesal previsto para su ejercicio. En caso de
que así se concluya y en tanto que no se hizo reparo alguno en relación con la
responsabilidad del IDU por la ocupación permanente de los inmuebles, se
analizará si era procedente que el Tribunal declarara probada la objeción por error
grave respecto del dictamen pericial presentado por la parte actora o si con base
en éste puede proferirse una condena en concreto.
3 La pretensión por el daño emergente consolidado ascendió a $6’171.451.817,28. Para la fecha de
presentación de la demanda -2016- 500 SMLMV equivalían a $ 344’727.500.
10
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
4. Análisis de caducidad del medio de control ejercido
De conformidad con el numeral 2, literal “i” del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
el medio de control de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.
Puntualmente, en los casos en los cuales se ejerce el medio de control de
reparación directa para reclamar la indemnización de perjuicios derivados de la
ocupación permanente de un predio por causa de una obra pública, la Sala Plena
de la Sección Tercera de esta Corporación4 ha señalado que se requiere tener
claridad acerca del momento en que se tiene conocimiento de la consolidación de
la misma o, en su defecto, de la fecha en la cual culminó la obra en el predio
afectado, pues a partir de un momento o del otro, según el caso, debe contabilizarse
el término de dos años que prevé la ley para accionar contra la respectiva entidad
pública.
Conforme se sostuvo en la citada sentencia, el término de caducidad debe empezar
a contarse desde el momento en que se conoce la consolidación de las obras que
afectaron directamente un inmueble o desde que estas hayan culminado dentro del
mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto
general, es decir, el término no necesariamente empieza a correr desde la
terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, sino que
también puede correr desde cuando culmina o se consolida la afectación del
inmueble, bien con la terminación de la obra en el predio o bien con la finalización
de la parte de la obra que afecta a ese inmueble5.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia del 25 de agosto de 2016, expediente: 73001-23-31-000-2003-01601-01(35947) A. C.P.
Carlos Alberto Zambrano Barrera.
5 Dicha postura fue adoptada teniendo en cuenta lo expuesto en anteriores providencias de las
Subsecciones de la Sección Tercera. En sentencia del 24 de junio de 2015, el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sostuvo: “(…) el término de
caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectaron directamente
un inmueble hayan culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte
del respectivo proyecto general; esto es, que el término no empieza a correr desde la terminación de
la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran .
“(…) el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la
totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde
11
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
No obstante, la Sala aclara, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el
término de caducidad opera por ministerio de la ley, y no puede depender de la
voluntad de los interesados para ejercer las acciones sometidas a dicho término,
razón por la cual, en los casos en que el conocimiento del hecho dañoso por parte
del interesado es posterior a su acaecimiento, debe revisarse en cada situación que
el interesado tenga motivos razonablemente fundados para no haber conocido el
hecho en un momento anterior pues, si no existen tales motivos, no hay lugar a dar
aplicación a los criterios que ha establecido la Sala para el cómputo del término de
caducidad en casos especiales6.
Igualmente, se ha precisado que en aplicación de los principios pro actione y pro
damato, en ciertos eventos el término de caducidad ‘debe empezar a contarse a
partir de la fecha en la cual el interesado tuvo conocimiento del hecho que produjo
el daño, que puede coincidir con la ocurrencia del mismo en algunos eventos, pero
en otros casos no’7. Ello, con el fin de afirmar como criterio aquel según el cual el
cómputo de la caducidad debe tener en cuenta la fecha en la que la víctima o
demandante conoció la existencia del hecho dañoso, por la sencilla razón de que
sólo a partir de esta fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción 8.
el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado, aun cuando
todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que los efectos
del daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término
de caducidad comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios
tuvieran carácter permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de
un particular, la acción no caducaría jamás” (negrilla fuera del texto).
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 9 de
febrero de 2011, expediente 38.271, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
7 Cita del original: «Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. […]
sostuvo la Sala que si bien es cierto que el inciso 4º del artículo 136 del C. C. A. establece que el
término de caducidad para instaurar la acción de reparación directa se cuenta a partir del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajeno por causa de trabajos públicos, dicha norma entendida
de manera racional debe interpretarse en el sentido de que no basta con la realización pura y simple
del hecho causante del daño sino que es necesario que haya sido conocido por el afectado, lo cual
en la mayoría de las veces ocurre al mismo tiempo. Reiterada en las siguientes providencias: 10 de
noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; 2 de febrero
de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de 2007,
expediente 30512».
8 Cita del original: «Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2000, expediente 12200. […] Sin
embargo, cuando la producción de esos eventos no coincida temporalmente, el principio pro actione
debe conducir al juez a computar el plazo de caducidad a partir del momento en el cual el
demandante conoció la existencia del hecho dañoso por la sencilla razón de que sólo a partir de esta
fecha tiene un interés actual para acudir a la jurisdicción’. Reiterada en las siguientes providencias:
10 de noviembre de 2000, expediente 18805; de 27 de febrero de 2003, expediente 23446; 2 de
febrero de 2005, expediente 27994; de 11 de mayo de 2006, expediente 30325; de 18 de julio de
2007, expediente 30512».
12
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Así las cosas, sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la
producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la
actuación que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar
no debe empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del
daño, en este caso, la ocupación de los predios o el cese de la obra pública en los
mismos, sino desde que el afectado tuvo conocimiento de la concreción del daño o
desde que este se manifiesta, dependiendo de las circunstancias particulares de
cada juicio9.
Con base en lo anterior, la Sala definirá en el caso concreto el momento a partir del
cual debe contabilizarse el término de caducidad, de conformidad con las
circunstancias en que se produjo la ocupación permanente de los inmuebles.
Con este propósito y revisado el caudal probatorio traído al proceso, se constata
que dada la falsa tradición de los lotes de terreno inicialmente adquiridos por la
demandante mediante las escrituras públicas Nos. 4075 de 29 de septiembre de
199310 (fls. 51 – 52, c. 2), 1622 de 28 de abril de 199511 (fls. 55 – 56, c. 2) y 3104
de 19 de junio de 199712 (fls. 53 – 54, c. 2), la señora Gloria Cecilia Molano De Bulla
ingresó al “programa de reasentamiento” adoptado por el IDU para las unidades
sociales afectadas por la construcción de la avenida Ciudad de Cali entre la carrera
91 y la carrera 100 A, el cual, comprendía, entre otros, el pago del valor del terreno,
previo saneamiento de los vicios de la tradición a través del proceso civil de
pertenencia.
Sobre el particular, es del caso precisar que, entre otros actos administrativos, en
la Resolución 10737 del 13 de septiembre de 2004 “Por medio de la cual se modifica
el artículo 1° de la Resolución 073 del 15 de enero de 2002 y se adicionan
procedimientos al Programa de Reasentamiento reglamentado mediante
Resolución 2150 de 2001 y demás modificatorias”, el director general del IDU fijó
las siguientes condiciones para la viabilidad del proceso de adquisición del terreno:
ARTÍCULO QUINTO.- El procedimiento para el pago del componente
económico del Programa de Reasentamiento será así:
9 Consejo de Estado, sentencia del 7 de mayo de 2008, exp. 16.922, C.P.: Ruth Stella Correa.
10 Inscrita el 25 de marzo de 1994 en la matrícula inmobiliaria No. 50N-1043965.
11 Inscrita el 4 de julio de 1995 en la matrícula inmobiliaria No. 50N-20229109.
12 Inscrita el 22 de julio de 1997 en la matrícula inmobiliaria No. 50N-20293329.
13
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
A) El pago de la prima de Reasentamiento (…)
B) El pago de la Compensación (…)
C) Valor del Terreno: Cada uno de los beneficiarios del Programa de
Reasentamiento, deberá adelantar un proceso de pertenencia, con el fin de
sanear los vicios de la tradición y consolidar en su cabeza el derecho de
propiedad sobre el inmueble que habita, para tener derecho a recibir un pago
por el valor del terreno.
A la presentación por parte del titular inscrito o poseedor de la sentencia
favorable de pertenencia debidamente inscrita, el Instituto, previa apropiación
presupuestal y avalúo vigente, iniciará, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de dicha presentación, el proceso de adquisición del lote
conforme al procedimiento establecido por la Dirección Técnica de Predios del
IDU.
En todo caso, el plazo para adquirir el área de terreno legalizada, no podrá ser
superior a los cinco (5) años contados a partir de la firma del Acta de
Transacción, momento en el cual el Instituto de Desarrollo Urbano promete
adquirir dicho lote, conforme al procedimiento establecido en la Ley 9 de 1989,
Ley 388 de 1997, o las que las modifique o deroguen (…).
ARTICULO SEXTO.- El procedimiento para el ingreso al Programa de
Reasentamiento para los titulares inscritos y los poseedores de los lotes será
el que a continuación se establece:
1) Los titulares inscritos o poseedores de los lotes ubicados en la zona que en
la actualidad estén sometidos al proceso de expropiación o que hayan suscrito
Acta de Acuerdo de no Ingreso y que opten por entregarlos de manera
anticipada a título de uso al Instituto, deberán acreditar la presentación de la
demanda de pertenencia ante la oficina de asignaciones de los juzgados civiles
del circuito, para lo cual contarán con un término de quince (15) días hábiles
después de haberse requerido por parte del Instituto.
Una vez acreditada la presentación de la demanda de pertenencia, el IDU
procederá a su revisión para que, si es el caso, requerir al particular quien
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes la subsane y radique ante el juez
competente.
2) Los interesados, suscribirán una ficha de ingreso dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la comunicación que envíe el Instituto de Desarrollo Urbano
para el efecto. En el mismo término, los beneficiarios que se acogieron al
Programa mediante Acta de Acuerdo de no ingreso, deberán suscribir la
modificación de la ficha de ingreso, lo mismo que un Acta de Resciliación que
deje sin efectos el acta de acuerdo mencionada.
3) Los beneficiarios tendrán que firmar las Actas de Ingreso dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la comunicación que envíe el Instituto de
Desarrollo Urbano con tal fin, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2004.
De no cumplirse lo anterior, el Instituto iniciará de inmediato el respectivo
Proceso de Expropiación para los beneficiarios con los cuales se dejó sin efecto
el Acta de Acuerdo de no ingreso.
4) Los titulares inscritos y los poseedores de los lotes, no tendrán derecho a
recibir el pago de la Prima de Reasentamiento. Para el reconocimiento y pago
de la compensación se realizará siempre y cuando cumpla con los requisitos
14
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
establecidos en las Resoluciones IDU 1402 y 3468 de 2001 y aquellas que la
sustituyan, modifiquen, aclaren o adicionen.
5) Suscrita el Acta de Ingreso, el Instituto de Desarrollo Urbano suspenderá los
trámites del proceso de expropiación sobre el lote objeto de la misma y el titular
inscrito o poseedor se comprometerá a prestar la debida diligencia en el
proceso de pertenencia.
6) El titular inscrito o poseedor entregará el inmueble libre de limitaciones de
dominio, embargos, gravámenes, anticresis, constitución de patrimonio familiar
inembargable, arrendamientos por escritura pública, inquilinos y ocupantes, a
paz y salvo de impuestos y contribuciones por todo concepto; hasta la fecha de
entrega efectiva del inmueble. Así mismo se comprometerá a pagar los
servicios públicos hasta la cancelación de las acometidas de éstos, si cuenta
con los mismos.
A la presentación por parte del titular inscrito o poseedor de la sentencia
favorable de pertenencia debidamente inscrita, el Instituto, previa apropiación
presupuestal y avalúo vigente, iniciará, dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la fecha de dicha presentación, el proceso de adquisición del lote
conforme al procedimiento establecido por la Dirección Técnica de Predios del
IDU. En todo caso, el plazo para adquirir el área de terreno legalizada, no podrá
ser superior a los cinco (5) años contados a partir de la firma del Acta de
Ingreso, momento en el cual el Instituto de Desarrollo Urbano promete adquirir
dicho lote, conforme al procedimiento establecido en la Ley 9 de 1989, Ley 388
de 1997, o las que las sustituyan, modifiquen o aclaren.
PARÁGRAFO.- Este mismo procedimiento aplicará para los titulares inscritos y
poseedores beneficiarios de una prima de reasentamiento, que deseen
ingresar al Programa de Reasentamiento.
En el marco del programa de reasentamiento así definido, la hoy demandante
presentó la respectiva demanda de pertenencia que fue admitida el 28 de mayo de
2004 por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá13 y el 28 de septiembre
siguiente, hizo entrega al IDU de las áreas de terreno correspondientes a los
inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50N-20229109 -993,46 m2-
, 50N-1043965 -3.307,34 m2- y 50N-20293329 -72,42 m2-, tal como consta en las
actas de autorización de uso suscritas entre las partes (fls. 32 – 34 c. 2).
Cuatro años después de la entrega, mediante oficio IDU 120434 DTD-8000 de 11
de junio de 2008, la directora técnica de predios del IDU comunicó al apoderado de
la hoy demandante que la falsa tradición que afectaba el título de propiedad de la
señora Molano De Bulla sobre los predios, impedía su adquisición, por lo que
cuando se “acredit[ara] la plena propiedad a través de una sentencia de declaración
judicial de pertenencia y se aport[ara] el correspondiente folio de matrícula
13 Si bien en el expediente no obra el auto admisorio de la demanda, la información se extrae de los
antecedentes de la sentencia del 16 de diciembre de 2013, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Descongestión de Bogotá, obrante a folios 38 – 49 del cuaderno 2.
15
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
inmobiliaria con la inscripción de la sentencia de declaración de pertenencia, que
aún no había sido allegada, se proceder[ía] a realizar el proceso de enajenación
voluntaria en los términos de la Ley 9 de 1989, 388 de 1997 y el Decreto 1420 de
1998” (fls. 18 – 19 c. 2).
Agotado el trámite procesal, el 16 de diciembre de 2013, el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Descongestión de Bogotá declaró que la señora Gloria Cecilia
Molano De Bulla adquirió por prescripción extraordinaria el dominio de los predios
50N-1043965, 50N-20229109 y 50N-20293329 (fls. 38 – 48 c. 2), decisión que
quedó inscrita en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria el 10 de abril de
2014 (fls. 51 – 56, c. 2).
Saneado el título de propiedad de la actora, el 6 de junio de 2014, la señora Gloria
Molano De Bulla solicitó al IDU el inicio del procedimiento de adquisición de los
inmuebles que le fueron adjudicados mediante sentencia de pertenencia, aportando
los documentos que acreditaban su calidad de propietaria (fls. 60 – 62 c, 2).
No obstante, tras habérsele informado mediante comunicaciones del 20 de octubre
(fl. 68, c. 2) y 10 de noviembre de 2014 (fl. 69, c. 2) que “se iniciar[ía] el trámite del
proceso de adquisición predial contemplado en las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997”;
finalmente, el 8 de septiembre de 2015, la directora técnica de predios del IDU le
indicó a la aquí demandante que resultaba improcedente su solicitud, por haberse
vencido el término para acudir al medio de control de reparación directa, así (fls. 78
– 80, c. 2):
Teniendo en cuenta las fechas de entrega de los predios al IDU (28/09/2004) y
de conformidad con los artículos 140. Reparación directa y literal i) del numeral
2 del artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda de la Ley 1437 de
2011, la acción correspondiente se encuentra caducada, ya que el plazo para
haber interpuesto la acción de reparación directa contra el IDU, venció el
29/09/2006, al cabo de 2 años contados a partir de la entrega de los predios.
Visto lo anterior, considera la Sala que si bien en el caso sub examine está
acreditado que las áreas de terreno ocupadas para la construcción de la avenida
Ciudad de Cali fueron entregadas al IDU el 28 de septiembre de 2004, lo cierto es
que no se demostró la fecha en que finalizó la obra en dichos predios y que en aras
de garantizar el acceso a la administración de justicia, dadas las circunstancias
particulares del caso, es posible acudir al principio de confianza legítima para
16
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
determinar el momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad
de la acción.
Para el efecto, sea lo primero precisar que la aplicación del principio de confianza
legítima, “[…] requiere de un comportamiento externo de la autoridad que tenga el
carácter de inequívoco; que haga surgir la base objetiva de la confianza en el
administrado, generando expectativas ciertas y razonables capaces de inducirlo a
tomar algunas decisiones; y que no puede provenir de apariencias o apreciaciones
subjetivas, errores de apreciación o en el dolo o la culpa que desfiguran la realidad
que le restan el carácter de legítima a la confianza […]”14.
Dichas expectativas, valga decir, deben fundarse en hechos o circunstancias
objetivas atribuibles al Estado, capaces de propiciar el surgimiento de la
confianza15, de manera que no toda probabilidad puede ser protegida mediante este
precepto, pues necesariamente tendrá que ser una proyección seria, que tenga la
fuerza de llevar al administrado a la convicción de que su situación jurídica es una
y no cualquier otra, en particular, que bajo ciertas condiciones, se hará acreedor de
un derecho o mantendrá uno ya adquirido.
Lo anterior explica que la identificación de una expectativa objetiva, sujeta de
protección por la vía de la aplicación de este principio, requiera un análisis individual
de las precisas circunstancias que enmarcan la presunta confianza que se generó
en el administrado, en virtud del cual puedan advertirse aquellos “signos externos
de carácter concluyente que tienen la capacidad de generar expectativas
razonables, ciertas y plausibles, alrededor de los cuales los administrados pueden
fincar su credibilidad y esperanza, con la relativa seguridad de que no serán
defraudados”16.
En atención a las anteriores consideraciones, se advierte que según la
jurisprudencia reiterada de esta Corporación, la caducidad por la ocupación
permanente de los predios debió iniciar su cómputo a partir de la culminación de la
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando
Sánchez Sánchez, Sentencia de 12 de diciembre de 2019, número único de radicación 25000-23-
24-000-2009-00249- 01.
15 Cfr. Valbuena Hernández, Gabriel. La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica
desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 2008.
Página 158.
16 Op. Cit. Página 160.
17
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
parte de la obra que afectó las áreas de terreno que para ese entonces poseía la
demandante; no obstante, la evidencia que obra en el plenario permite colegir que
la entidad demandada generó una confianza legítima en el administrado, por
cuanto, elaboró e implementó un programa de reasentamiento para las familias
afectadas con la obra pública, que incluía, como se ha dicho, la entrega de los
predios y su futura compra una vez se hubieran saneado los títulos de dominio
mediante sentencia de pertenencia.
Ante la situación advertida, se observa que la entidad pública desplegó actuaciones
que permitieron a la demandante considerar que no resultaba necesario, hasta ese
momento, acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para obtener la
reparación del daño producido con la ocupación permanente de sus predios, pues,
tenía la expectativa de que se agotaría el procedimiento de enajenación voluntaria,
establecido en las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997 o las que las modificaran o
derogaran, y así lo confirmó con el consecuencial intercambio de comunicaciones
que surgió entre ésta y la administración – oficios del 11 de junio de 2008, 20 de
octubre y 10 de noviembre de 2014 – en las que aseguró que iniciaría el trámite de
adquisición predial.
Para la Sala, lo que indican dichos documentos es que, ciertamente, la parte actora,
tras ver afectada su titularidad con una anotación de falsa tradición, entregó sus
inmuebles al IDU e inició el proceso reivindicatorio, so pena de que se iniciara el
proceso de expropiación con quien figuraba como propietario legítimo de los
predios, bajo un sentimiento de confianza depositado en la administración, quien le
prometió realizar el pago del valor de las áreas de terreno afectadas con la obra
pública una vez se encontrara saneado el título de propiedad, condición que luego
de ser cumplida, motivó a la parte actora a solicitar al IDU la compra de sus
inmuebles, llamado frente al cual -debe destacarse- encontró respuestas lo
suficientemente afirmativas y receptivas, como para que ésta creyera, razonable y
legítimamente, que la entidad demandada le iba a responder por el despojo de sus
predios, lo que, en consecuencia, la llevó igualmente a creer, de manera justificada,
que no había razón para pensar en la necesidad de intentar una acción judicial en
procura de resarcir los daños derivados de la ocupación permanente de sus
inmuebles.
18
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
En ese orden ideas, resulta ser un hecho cierto y demostrado dentro del sub lite,
que la demandante realmente volcó su confianza en la administración y creyó
legítimamente que en el marco de lo pactado en el programa de reasentamiento y
la información recibida por parte de la entidad demandada, iba a producirse la
compra de los predios que desde el 2004 se encontraban afectados con la
construcción de la obra pública, por lo que, en este punto, debe decirse, le asiste
razón a la parte actora quien desde su escrito inicial fue incisiva en mencionar cómo
su confianza legítima en la administración determinó su comportamiento en relación
con la reclamación del daño.
Nótese que la actora solo se percató y tuvo certeza del daño a ella infligido, el 8 de
septiembre de 2015, cuando la entidad le comunicó que no adelantaría el
procedimiento de adquisición predial, por lo que no es dable ahora exigirle que
hubiera presentado la demanda en época anterior, en tanto implicaría desconocer
la expectativa razonable, cierta y fundada que tenía respecto de la compra de sus
predios por parte del IDU.
Por todo lo antes expuesto, debe concluirse que en virtud de los principios pro
damnato y pro actione, y en aras de garantizar el acceso a la administración de
justicia de la demandante por la confianza legítima generada por la entidad
demandada, se tendrá como base para la contabilización del término de caducidad
del medio de control de reparación directa el día siguiente a la fecha en la cual el
IDU comunicó que no adelantaría el procedimiento de adquisición predial, esto es,
desde el 9 de septiembre de 2015.
Así las cosas, el plazo para demandar a través del medio de control de reparación
directa feneció el 11 de septiembre de 201717. Por tanto, es claro que la acción se
ejerció dentro de la oportunidad legal establecida para tal efecto, toda vez que la
solicitud de conciliación y la demanda se presentaron el 29 de enero 18 y 2 de
diciembre de 2016, respectivamente.
17 Por cuanto el 9 y 10 de septiembre fueron días no hábiles.
18 La audiencia se celebró el 7 de abril de 2016, durante la cual las partes llegaron a un acuerdo
conciliatorio (fls. 89 – 90, c. 2), que finalmente fue improbado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el 30 de noviembre siguiente (fls. 91 – 116, c. 2).
19
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Bajo las anteriores consideraciones, la Subsección confirmará la decisión de primer
grado que declaró la responsabilidad patrimonial del IDU, por cuanto no se encontró
acreditado que la oportunidad para el ejercicio del derecho de acción hubiera
caducado.
5. Del dictamen pericial practicado para liquidar el perjuicio
El Tribunal a quo indicó que en el dictamen pericial aportado por la parte actora se
incurrió en error grave, puesto que tomó como base para liquidar el perjuicio
material deprecado en la demanda, el valor comercial actual de los inmuebles, y no
el vigente al momento de la oferta de compra, es decir, para el año 2004,
desconociendo la normatividad establecida para el avalúo de predios sometidos a
enajenación voluntaria y/o expropiación.
En su apelación, la parte actora sostuvo que en el dictamen pericial no se incurrió
en error grave, toda vez que respecto del inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 50N-20293329 no se había registrado alguna oferta de compra, y las
realizadas respecto de los predios con matrícula inmobiliaria Nos. 50N-1043965 y
50N-20229109 no estaban vigentes ni se habían dirigido a la demandante, pues
para esa fecha su título de dominio estaba afectado con falsa tradición, de ahí que
el perjuicio debiera liquidarse a partir del valor comercial actual de los inmuebles,
como se hizo en el dictamen pericial.
Sobre el particular, la Sala observa que durante la audiencia inicial se decretó la
prueba pericial solicitada por la parte actora, para determinar “el valor comercial
que tenían al 28 de septiembre de 2004, 994 m2 del lote registrado al folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-20229109 (…), 3.307,34 m2 del predio registrado al
folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-1043965 (…) y 72,0 m2 registrado al folio de
matrícula inmobiliaria No. 50N-20293329 (…)” así como, calcular “el valor presente,
al momento de rendir el dictamen, de las cifras determinadas [previamente],
tomando el índice de precios al consumidor desde septiembre del 2004 …” (fls. 16-
17, c. 1).
No obstante, en el dictamen realizado por los peritos avaluadores Andrés Henao
Baptiste, María José Parra Guerrero y Natalia Manuela Echavarría el 10 de agosto
de 2017 (cuadernos 4, 5 y 6), se definió la extensión de las áreas de terreno
20
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
ocupadas y estableció el valor comercial del metro cuadrado, a partir de la
comparación del mercado del sector para el año de elaboración del avalúo, así:
Matrícula inmobiliaria Metros cuadrados Valor comercial del predio
50N-20229109 993,46 $1.452.754.760
50N-1043965 3.015,53 $3.444.110.460
50N-20293329 72,40 $49.629.650
Con lo anterior, advierte la Sala que si bien el a quo declaró probada la objeción
por error grave formulada por el IDU y la impugnación se soportó en la
improcedencia de calcular el valor comercial de los predios para el momento en que
se presentaron las ofertas de compra, debido a su inexistencia e inoponibilidad,
basta indicar que dicha discusión resulta irrelevante, dado que no se asienta en los
fundamentos a considerar para efectos de liquidar el perjuicio material deprecado
bajo la modalidad de daño emergente.
De modo que, independientemente de la existencia o no de ofertas de compra
vigentes sobre los inmuebles, lo que importa al caso es establecer el valor de las
áreas de terreno al momento de la ocupación permanente – 28 de septiembre de
2004-, pues en eventos como el analizado el daño que corresponde indemnizar es
precisamente el despojo de la posesión19, el cual tuvo lugar en la fecha ya referida.
No se puede dejar de recalcar que el avalúo realizado en el dictamen pericial
obrante en el expediente no se hizo al momento en que fueron ocupados los
predios, sino en la época de realización de la experticia – agosto de 2017-, por
tanto, dichos valores no ofrecen el convencimiento necesario para liquidar el
perjuicio, pues no reflejan la realidad del precio de los predios al momento de
producirse el daño. Situación que resulta lógica si se tiene en cuenta, entre otros
aspectos, que para el momento de su realización la obra pública ya se encontraba
construida lo que significa una notable variación en la situación comercial de los
inmuebles.
19Entre otras sentencias, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto
de 2013, exp. 29.344; sentencia del 31 de julio de 2014, exp. 22.363, C.P.: Ramiro de Jesús Pazos
Guerrero; sentencia del 21 de septiembre de 2020, exp. 57.623. C.P.: Guillermo Sánchez Luque; y
sentencia del 2 de junio de 2021, exp. 40.282. C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
21
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Por ello, contrario a lo afirmado por la parte actora, el mencionado dictamen pericial
no resulta en modo alguno suficiente para demostrar la cuantificación del perjuicio
material, pues no cumplió con el objeto de la prueba, el cual era determinar el valor
comercial de las áreas de terreno ocupadas al momento de su entrega, esto es, al
28 de septiembre de 2004. En consecuencia, resulta forzoso colegir que, si bien se
acreditó la ocupación de los predios de la demandante y las áreas específicas de
afectación, no se acreditaron los perjuicios derivados de ese hecho dañoso, por
manera que, al no contar con elementos de juicio que permitan cuantificar los
perjuicios causados con la construcción de la avenida Ciudad de Cali, se impone la
confirmación de la decisión de la condena en abstracto proferida por el a quo.
No obstante, se advierte que la liquidación del daño emergente se deberá
determinar sobre las áreas de terreno efectivamente ocupadas y con fundamento
en el avalúo comercial que tenían para la fecha en que fueron entregadas al IDU (28
de septiembre de 2004), avalúo que deberá ser realizado por parte del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi20, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 1420 de 1998 (compilado por el artículo 2.2.2.3.2 del Decreto 1170 de
2015)21; al lado de lo cual, se deberá actualizar la suma resultante hasta la fecha de
la providencia que resuelva el incidente de liquidación de la condena. A falta de esa
prueba, la parte demandante podrá acudir a otros medios probatorios que, de
manera fundada y técnica, permitan tener certeza sobre ese valor.
La Sala mantendrá la decisión de disponer que, una vez realizado el pago, se
inscriba en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte-
la copia auténtica de esta providencia, a fin de que sirva como título traslaticio del
dominio en favor de la entidad demandada, o de la que actualmente represente sus
derechos, sobre los terrenos y bienes a que se refiere el presente fallo, aspecto que
no fue controvertido en las apelaciones.
20 En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto
de 2012, Exp. 24.792, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 8 de junio de 2022, exp. 54.971,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 16 de agosto de 2022, exp. 56.743. C.P.: Fredy
Ibarra Martínez.
21 “Artículo 3º.- La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán, a través de un avalúo,
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o
jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración”.
22
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
La Oficina de Planeación Municipal respectiva o la dependencia pública que sea
competente practicará el levantamiento topográfico respectivo para determinar los
linderos de los lotes ocupados, para efectos de realizar el correspondiente registro.
En ese orden, las razones expuestas en este proveído conducen a confirmar la
sentencia de primer grado que accedió a las pretensiones de la demanda.
6. Condena en costas
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del C.P.A.C.A. la liquidación y
ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, según lo dispuesto en el numeral 1º
del artículo 365 del C.G.P.22, la Sala condenará en costas a la parte demandada,
por ser la parte vencida en el proceso.
En consecuencia y con fundamento en el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de
agosto de 201623, en esta instancia, se fijan las agencias en derecho en un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU- y a favor de la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de noviembre de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
22 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
23 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
“1. Procesos declarativos en general.
(…)
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
23
Radicación número: 25000-23-36-000-2016-02481-01 (60.688)
Actor: Gloria Cecilia Molano De Bulla
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
SEGUNDO: CONDENAR en costas al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU-, para
lo cual se fija por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a 1
S.M.L.M.V. a favor de la parte actora, fijación que deberá ser tenida en cuenta por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al
momento de realizar la liquidación total de las costas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 366 del C.G.P.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Salvamento de voto
VF
24
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.