Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2016-02604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2016-02604-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
23 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado: Pablo Ardila Sierra
Proceso: Repetición
ACCIÓN DE REPETICIÓN-Competencia en vigencia del CPACA. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Régimen legal
aplicable por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Presupuestos y
condiciones para su ejercicio. PRESUNCIÓN DE CULPA GRAVE EN REPETICIÓN-Causales previstas en el
artículo 6 de la Ley 678 de 2001. CARGA DE LA PRUEBA EN ACCIÓN DE REPETICIÓN-En vigencia de la Ley
678 de 2001, le corresponde al demandante acreditar la presunción y al demandado desvirtuarla. CONDENA
EN COSTAS-Procede en repetición porque no se ventila un interés público. COSTAS-Se imponen porque el
recurso de apelación no prosperó.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
Mediante Resolución No. 655 del 28 de junio de 2004, Pablo Ardila Sierra –entonces
Gobernador de Cundinamarca– declaró a Armando Rodríguez Barato insubsistente
del cargo de director del Hospital San Antonio de Arbeláez, Cundinamarca. El
afectado formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
de desvinculación.
El 20 de octubre de 2014, la jurisdicción de lo contencioso administrativo profirió
sentencia definitiva que declaró la nulidad del acto acusado y ordenó el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir. La entidad pagó la condena y demandó
al exgobernador en repetición, al considerar que su conducta fue gravemente
Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
culposa y derivó en la condena impuesta.
ANTECEDENTES
Demanda
El 19 de diciembre de 2016, el Departamento de Cundinamarca presentó demanda
de repetición contra Pablo Ardila Sierra, para que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas:
«PRIMERA.- Declárase que el doctor PABLO ARDILA SIERRA, identificado con la
C.C. No. 79.505.109, obró a título de culpa grave por violación manifiesta e
inexcusable de las normas del derecho, por la desvinculación ilegal del señor
ARMANDO RODRÍGUEZ BARATO del cargo de Director Código 65 del Hospital
San Antonio del municipio de Arbeláez - Cundinamarca.
SEGUNDA.- Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al
doctor PABLO ARDILA SIERRA, identificado con la C.C. No. 79.505.109, al pago a
favor del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA de la suma de SEISCIENTOS
DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA MIL VEINTIOCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($617.170.028), correspondiente al valor total que la entidad que
represento canceló al señor ARMANDO RODRÍGUEZ BARATO en cumplimiento de
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda - Subsección A, mediante sentencia proferida el 07 de mayo de 2009,
modificada en el artículo tercero por parte del Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección A, en sentencia del 20
de octubre de 2014.
TERCERA.- Que el monto de la condena que se profiera contra el doctor PABLO
ARDILA SIERRA sea actualizado de acuerdo a las previsiones del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como los
intereses que corresponda, desde la fecha en que se pagó la indemnización al señor
ARMANDO RODRÍGUEZ BARATO hasta cuando se dé cabal cumplimiento al fallo
debidamente ejecutoriado que ponga fin al presente proceso.
CUARTA.- La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
QUINTA.- Que se condene en costas a la parte demandada»1.
Hechos
La parte demandante narró que, en Resolución No. 655 del 28 de junio de 2004, el
Gobernador de Cundinamarca declaró a Armando Rodríguez Barato insubsistente
del cargo de Director código 065 del Hospital San Antonio de Arbeláez, I Nivel de
1 C. principal, f. 5-6.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
Atención, adscrito a la Secretaría de Salud de Cundinamarca.
El señor Rodríguez Barato interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Departamento de Cundinamarca, con el fin de declarar la nulidad
del acto de desvinculación y, a título de restablecimiento del derecho, obtener el
reintegro al cargo y el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir.
El proceso concluyó con sentencia de segunda instancia dictada el 20 de octubre
de 2014 por el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A, que accedió a
las pretensiones y declaró responsable a la entidad. Explicó que, aunque el retiro
del demandante se hizo en ejercicio de la facultad discrecional del gobernador,
dicha potestad debe ser razonable y procurar el mejoramiento del servicio. Visto lo
anterior, estimó que el demandante prestaba un servicio público adecuado y no
existían justificaciones que ameritaban su relevo, de modo que su retiro obedeció a
un capricho del nominador –desviación del poder–. Mediante Resoluciones Nos.
0022 del 25 de junio de 2015 y 0028 del 26 de agosto de 2015, el Departamento de
Cundinamarca dio cumplimiento a la sentencia de condena.
La entidad pagó la suma ordenada y demandó a Pablo Ardila Sierra. Adujo que la
actuación del exgobernador configura la presunción de culpa grave prevista en el
artículo 6 de la Ley 678 de 2001, en tanto incurrió en una infracción directa a la ley
y en una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. Anotó que
la jurisdicción de lo contencioso administrativo declaró nulo el acto de
desvinculación por desviación de poder, porque se allegaron pruebas suficientes
para determinar el buen servicio y las calidades profesionales del director retirado2.
Contestación de la demanda
El apoderado del demandado alegó la debida diligencia en el cumplimiento de sus
funciones, por cuanto obró en el marco de la discrecionalidad del gobernador en
relación con los cargos de libre nombramiento y remoción. Indicó que, para la época
de los hechos, el Hospital San Antonio de Arbeláez tenía el carácter de
establecimiento público, de modo que la facultad de nombrar y remover libremente
a su director encontraba sustento en el artículo 305.5 de la Constitución. Tal
2 C. principal, f. 5-20.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
potestad desvirtúa, de plano, la violación manifiesta e inexcusable de normas de
derecho que alega la demanda. Inclusive, señaló que no se ha abierto actuación
disciplinaria en contra del exgobernador por los hechos objeto del litigio.
En cuanto a la condena impuesta al Estado, argumentó que esta no tuvo
fundamento en la conducta del exagente, sino en la pobre defensa jurídica e
inacción probatoria imputables a la entidad ahora demandante.
Argumentó que no está probado el pago a la víctima, ni la actuación dolosa o
gravemente culposa del exagente. Al respecto, remarcó que la entidad demandante
aportó copias de las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, más no de la actuación acusada o, inclusive, del acto de nombramiento de
Armando Rodríguez Barato como director del Hospital San Antonio de Arbeláez.
Por último, planteó que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del
Departamento de Cundinamarca estructuró indebidamente la acción, al no estudiar
la ficha técnica que dio origen a la Resolución 655 de 2004 y omitir la vinculación
de los demás funcionarios que participaron en su expedición. Remarcó que, en vista
de la desconcentración de funciones, se generó una confianza legítima respecto de
las actuaciones previas a cargo de la Junta Directiva del Hospital San Antonio y el
Secretario de Salud de Cundinamarca, así como los responsables de los estudios
que dieron lugar a la expedición del acto de desvinculación3.
Sentencia de primera instancia
El 13 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la demanda. Constató el cumplimiento de los
presupuestos de la repetición –la existencia de una condena contra el Estado, el
pago efectuado y la condición de exagente–. No obstante, el Tribunal no encontró
que la culpa grave aducida en la demanda contara con respaldo probatorio, en vista
de que la entidad demandante se limitó a aportar las sentencias dictadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
El fallo de primer grado remarcó que estas providencias no son suficientes para
inferir la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001
3 Samai del Tribunal, índice 50.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
ni atan al juez de la repetición, por cuanto tales actuaciones revisan la legalidad del
acto y no la actuación del servidor que lo expidió. Aún atendiendo lo expuesto en la
parte motiva de esas decisiones, el Tribunal consideró que la Resolución 655 de
2004 se profirió en virtud de la facultad discrecional con la que cuenta la
administración respecto de los cargos de libre nombramiento y remoción, sin que
ello desconociera el contenido de alguna previsión legal.
Por último, indicó que la demanda no calificó la conducta del exgobernador como
dolosa ni refirió a las causales de presunción de dolo previstas en el artículo 5 de la
Ley 678 de 2001, de modo que analizar un eventual comportamiento doloso
desconocería el debido proceso del demandado4.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Insistió que el demandado actuó de forma gravemente culposa, puesto
que desvinculó al señor Armando Rodríguez Barato del servicio público sin atender
los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad del servicio.
Expresó que se allegaron pruebas suficientes para demostrar el buen servicio y las
calidades profesionales del director retirado. Concluyó que, al tratarse de una
infracción directa a la ley, se infiere que el funcionario que expidió el acto de
desvinculación anulado actuó con culpa grave5.
Trámite de segunda instancia
El 8 de septiembre de 2023, el Tribunal concedió el recurso de apelación6 y, el 20
de marzo de 2024, el Despacho lo admitió7. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes y el agente
del Ministerio Público guardaron silencio8.
4 Samai del Tribunal, índice 71.
5 Samai del Tribunal, índice 75.
6 Samai del Tribunal, índice 77.
7 Samai, índice 5.
8 Samai, índice 11.
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Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 19 de diciembre de 2016, por ello, el régimen
procesal aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA9, este
código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y
actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos
que se instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente,
conforme al artículo 306 de este código10, en los aspectos no contemplados se
seguirá el Código General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
2. En cuanto al régimen jurídico especial de la repetición, se advierte que los
hechos que produjeron la condena ocurrieron el 28 de junio de 2004, fecha en que
se profirió la Resolución No. 655 de 2004. Por ende, son aplicables las disposiciones
de la Ley 678 de 2001, que entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario
Oficial nº. 44.509 del 4 de agosto de 2001.
En efecto, la Ley 678 de 2001 desarrolló el inciso segundo del artículo 90 de la CN
y reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición, por ello,
los hechos ocurridos en vigencia de esta ley se rigen –en todos sus aspectos– por
ella11. En lo sustancial la Ley 678 de 2001 no solo previó el objeto, noción y
finalidades de este medio de control, sino que estableció unas presunciones legales
para calificar la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o exservidor
público –artículos 5° y 6°–, que admiten prueba en contrario de conformidad con el
artículo 66 del Código Civil12.
9 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
10 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006 [fundamento
jurídico 2.2].
12 «Artículo 66. Presunciones. Se dice presumirse el hecho que se deduce de ciertos antecedentes o
circunstancias conocidas. (…) Si estos antecedentes o circunstancias que dan motivo a la presunción son
determinados por la ley, la presunción se llama legal. Se permitirá probar la no existencia del hecho que
legalmente se presume, aunque sean ciertos los antecedentes o circunstancias de que lo infiere la ley, a menos
que la ley misma rechace expresamente esta prueba, supuestos los antecedentes o circunstancias. (…) Si una
cosa, según la expresión de la ley, se presume de derecho, se entiende que es inadmisible la prueba contraria,
supuestos los antecedentes o circunstancias».
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Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
3. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de
repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hayan originado una condena contra una entidad pública, según el artículo 142 del
CPACA y el inciso 1º del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP13, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor
de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo
152.11 del CPACA14, esto es, $344.727.50015. Al verificar el factor subjetivo de
competencia, la calidad del demandado no es de aquellas que corresponderían al
Consejo de Estado en única instancia –artículo 149.13 del CPACA–16.
Medio de control procedente
4. La repetición es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial cuando la entidad pública sea condenada o haya
conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un agente que no estuvo
vinculado al proceso respectivo (art. 90 de la Constitución, art. 142 del CPACA e
inciso 1º del art. 2 de la Ley 678 de 2001).
13 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
14 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 11. De la repetición que el Estado
ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas,
incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia […]».
15 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2016, $689.455, por 500.
16
«Artículo 149. El Consejo de Estado (…) conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: […] 13. De
la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y
Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil,
Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales
administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y
entidades del orden nacional […]».
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
Demanda en tiempo
5. El término para formular pretensiones, en repetición, es de dos años contados
a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad, según el
artículo 11 de la Ley 678 de 2001 –antes de su modificación por el artículo 42 de la
Ley 2195 de 2022–. En atención a la exequibilidad condicionada dictada por la Corte
Constitucional en sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002, el término de
caducidad corre desde la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más
tardar, del vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA17.
La demanda se interpuso en tiempo –19 de diciembre de 2016–, porque la sentencia
condenatoria de segunda instancia se notificó a las partes mediante edicto desfijado
el 16 de diciembre de 2014, cobrando ejecutoria el 13 de enero de 201518. El plazo
previsto en el artículo 177 del CCA transcurrió hasta el 13 de enero de 2017 y,
conforme a los documentos allegados al proceso, el pago de la condena se efectuó
el 8 de octubre de 201519. Por ende, el término de caducidad se contabiliza a partir
del día siguiente al pago –9 de octubre de 2015–. El conteo de los dos años
siguientes culminó el 26 de octubre de 2017 y la demanda se presentó
oportunamente en ese lapso.
Legitimación en la causa
6. El artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de
2001, establece que la entidad que pagó la condena –por los perjuicios que sufrió
un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor
o exservidor público– estará legitimada para el ejercicio de la acción de repetición.
Según la jurisprudencia, esta habilitación constitucional y legal implica que el Estado
reclama a su agente o exagente, por vía de acción de repetición, en virtud de un
deber-derecho para que se declare responsable al sujeto que, por su actuar doloso
17 Norma aplicable al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 25000-23-25-000-2004-08619-01,
en el cual se profirió la sentencia condenatoria, comoquiera que la demanda de ese asunto se interpuso antes
del 15 de febrero de 2005 (C. principal, f. 21, CD, documento «ARMAMDO RODRIGUEZ BARATO -
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA DESFAVORABLE», p. 3).
18 C. principal, f. 21, CD, documento «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - SENTENCIA SEGUNDA
INSTANCIA PARTE 1», p. 12; ver también constancia de ejecutoria en documento «ARMANDO RODRIGUEZ
BARATO - SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA PARTE 2», p. 12.
19 Según certificaciones del 29 de septiembre y 9 de octubre de 2015, emitidas por la directora financiera de
tesorería de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Cundinamarca (C. principal, f. 21, CD, documento
«ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - CERTIFICACIONES DE PAGO»).
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
o gravemente culposo, ha causado un daño antijurídico y por el cual el Estado ha
respondido. Se encamina, además, a la protección directa del patrimonio y de la
moralidad pública y, además, estimula el correcto ejercicio de la función pública. Así
las cosas, cuando una entidad pública interpone una acción de repetición, ejerce el
derecho constitucional de acudir a la jurisdicción, para efectos de subsanar el
desmedro patrimonial acaecido en razón del pago indemnizatorio realizado20.
Sobre la autonomía de esta acción y de la legitimación del Estado para hacer uso
de este mecanismo, la Corporación ha señalado:
«De otra parte, considerando la autonomía de la acción de repetición, se debe tener
en cuenta que su ejercicio -por parte de las entidades públicas- no se fundamenta
en la figura jurídica de la subrogación, como se ha señalado, debido a que el Estado
no requiere para su interposición sustituir a la víctima indemnizada, pues ejercita un
derecho primigenio, otorgado directamente por la Constitución. Esta autonomía que
se predica de la acción de repetición debe entenderse conforme a lo dispuesto en
el artículo 90 Constitucional, norma que creó un mecanismo procesal netamente
independiente, esto en razón a que no existe otra clase de acción que la reemplace
en sus cometidos. Pero, así mismo, debe considerarse que su procedencia requiere
la condena judicial previa en contra de la entidad pública, y la prueba del pago de la
indemnización respectiva, estableciéndose -ambos- como requisitos de
procedibilidad, que podrán -incluso aportarse al proceso en la etapa probatoria.
Cabe advertir que en virtud de esta última situación no puede caracterizarse la
acción de repetición como “subsidiaria”, pues la norma Constitucional creó un
mecanismo procesal verdaderamente autónomo, y no accesorio a otra acción o
proceso, sólo que condicionó su procedencia al cumplimiento de ciertos
requisitos»21.
El Departamento de Cundinamarca está legitimado en la causa por activa, porque
pagó una condena judicial en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001. En
la demanda, la entidad alega que Pablo Ardila Sierra –exgobernador de
Cundinamarca–dio lugar a la condena judicial, al haber proferido la Resolución 655
de 2004.
Obra en el expediente certificación de la Directora de Talento Humano de la
Gobernación de Cundinamarca, en la que se refiere que el señor Pablo Ardila Sierra
estuvo vinculado en el cargo de gobernador desde el 1 de enero de 2004 hasta el
25 de diciembre de 200722. A su vez, se allegó el acto de elección de Pablo Ardila
Sierra como gobernador de Cundinamarca para el período de 2004 a 2007, emitido
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, Rad. 42606. Ver
también: Corte Constitucional, sentencia C-832 de 2001.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de noviembre de 2008, Rad. 16335.
22 C. principal, f. 21, CD, documento «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - OFICIO SECRETARIA FUNCION
PUBLICA», p. 2.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
por los delegados del Consejo Nacional Electoral y del Registrador Nacional del
Estado Civil, y el acta de posesión No. 03 del 16 de diciembre de 2003, suscrita por
el presidente del Tribunal Superior de Cundinamarca, la cual surtió efectos fiscales
y administrativos a partir del 1 de enero de 200423. Estos documentos permiten
verificar la condición del demandado como Gobernador de Cundinamarca al
momento de los hechos –28 de junio de 2004–.
Problema jurídico
7. Corresponde a la Sala determinar si se reúnen los requisitos para la
procedencia del medio de control de repetición y si, conforme a lo expuesto en el
recurso de apelación, la conducta del demandado fue gravemente culposa.
Análisis de la Sala
8. Las providencias judiciales aportadas al proceso son pruebas documentales
legalmente admisibles y valorables de hechos24, que prueban la decisión judicial y
los hechos procesales. Sin embargo, no sirven para probar los hechos que le
sirvieron de fundamento. En ese sentido, el juez, para decidir la controversia, debe
fundarse en las pruebas que obran en el proceso (artículo 164 del CGP). Las
providencias del 7 de mayo de 2009 y 20 de octubre de 2014, proferidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se condenó a la entidad
aquí demandante, serán valoradas en esos términos.
Presupuestos para la procedencia de la acción de repetición
9. La procedencia de la acción de repetición –además de la condición de servidor
o exservidor público, que ya fue analizada en el párrafo 6– requiere: (i) la obligación
reparatoria a cargo del Estado; (ii) el pago y (iii) la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor o exservidor público o de un particular que ejerza funciones
públicas25.
Primer presupuesto: La obligación reparatoria a cargo de la demandante
23 Ibidem, p. 3-6.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, Rad. 24844.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre del 2007, Rad. 27006. Ver también:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de mayo del 2014, Rad. 42183.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
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Asunto: Repetición
10. El primer presupuesto para que proceda el medio de control de repetición es
que el Estado haya reparado los perjuicios derivados de un daño antijurídico, como
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor suyo,
conforme lo dispone el artículo 2º de la Ley 678 de 2001. La obligación de la entidad
estatal, por la ocurrencia de un daño antijurídico, se acredita mediante una
sentencia judicial condenatoria, un acuerdo conciliatorio, de naturaleza judicial o
extrajudicial, tal y como lo dispone la norma precitada.
11. Está acreditado que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por Armando Rodríguez Barato contra el Departamento de
Cundinamarca, el 20 de octubre de 2014, el Consejo de Estado-Sección Segunda-
Subsección A profirió sentencia de segunda instancia. La providencia confirmó la
decisión recurrida, que declaró la nulidad de la Resolución No. 655 del 28 de junio
de 2004 y ordenó el reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de
percibir. Modificó la condena para precisar que los salarios y prestaciones
adeudados se causaron entre el retiro y la fecha en que fuera designado en legal
forma el gerente del Hospital San Antonio de Arbeláez26.
Segundo presupuesto: El pago
12. Está acreditado que la entidad demandante pagó la condena impuesta por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con apoyo en los siguientes medios de
prueba:
12.1. Resolución No. 22 del 25 de junio de 2015, expedida por el Secretario
Jurídico del Departamento de Cundinamarca, por la cual se ordenó un pago a favor
de Armando Rodríguez Barato en cumplimiento de la sentencia de condena. Liquidó
la suma adeudada al beneficiario en los siguientes conceptos: (i) aportes a salud
por $39.714.900, (ii) aportes a pensiones por $53.426.600; (iii) aportes parafiscales
por $30.784.500; (iv) aportes por retención a la fuente por $61.201.035, y (v)
salarios, intereses y demás prestaciones, por $583.160.763. El subtotal a favor del
beneficiario se tasó en $583.244.028; al restar los descuentos –aporte a salud,
pensiones, fondo de solidaridad y retención en la fuente–, el valor pagadero al
26 C. principal, f. 21, CD, documentos «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - SENTENCIA SEGUNDA
INSTANCIA PARTE 1» y «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA PARTE
2».
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Demandado Pablo Ardila Sierra
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beneficiario equivalió a $493.244.028 y el valor total de la condena correspondió a
$678.371.06327.
12.2. Resolución No. 28 del 26 de agosto de 2015, expedida por el Secretario
Jurídico del Departamento de Cundinamarca, que modificó la Resolución 22 de
2015. En atención a un memorial de Armando Rodríguez Barato, en el que informa
la revocatoria de la facultad para recibir a su apoderada judicial, el acto dispuso que
la suma de $493.244.028 se pagará directamente al beneficiario de la condena28.
12.3. Certificaciones del 29 de septiembre y 9 de octubre de 2015, emitidas por la
directora financiera de tesorería de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de
Cundinamarca. Según estos documentos, el 25 de septiembre de 2015 se
efectuaron las siguientes consignaciones: (i) a favor de Armando Rodríguez Barato,
por $617.170.028; (ii) a Colpensiones, por $53.426.600; (iii) a Nueva EPS, dos
pagos: uno por $39.714.900 y otro por $1.689.400; (iv) a la ESAP, por $1.615.200;
(v) al SENA, por $1.615.200; (vi) al ICBF, por $9.699.100; (vii) a Confenalco
Cundinamarca, por $12.931.200, y (viii) al Ministerio de Educación Nacional, por
$3.234.400. El valor total de las consignaciones relacionadas corresponde a
$617.170.028. El 8 de octubre de 2015, se canceló un valor total de $61.201.035 a
favor de la DIAN –retención en la fuente–29.
Estos documentos son públicos, porque fueron suscritos por funcionarios en
cumplimiento de sus funciones. Se presumen auténticos, porque no fueron tachados
de falso ni desconocidos –artículo 244 del CGP30–, y hacen fe de su otorgamiento,
fecha y declaraciones efectuadas por el funcionario que los autoriza –artículo 257
del CGP31–.
En relación con la certificación de tesorería, el inciso tercero del artículo 142 del
CPACA dispone que tal documento es prueba suficiente para iniciar el proceso de
repetición. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia ha precisado que dicho medio
27 C. principal, f. 21, CD, documento «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - RESOLUCION 22 DE 2015».
28 C. principal, f. 21, CD, documento «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - RESOLUCION 28 DE 2015».
29 C. principal, f. 21, CD, documento «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - CERTIFICACIONES DE PAGO».
30 «Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que
lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el
documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en
copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se
presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso […]».
31 «Artículo 257. Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de
las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza […]».
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probatorio es preliminar, está sujeto al principio de contradicción y debe ser valorado
en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente. Tales
consideraciones giran en torno a la libertad de medios probatorios sobre el acto
jurídico del pago y la inexistencia de tarifa legal probatoria a favor o en contra de
algún medio de prueba32. La Subsección A, inclusive, ha anotado lo siguiente:
«[P]reciso es advertir que lo dispuesto no implica que los documentos expedidos por
el servidor público a cargo, sea una prueba definitiva e incontrovertible desde la
presentación de la demanda, pues es importante recalcar que aquellos adquieren
esa condición cuando su contenido acredite con suficiencia el hecho que se certifica
y en la medida que estando a la disposición de la parte contraria, no han sido
controvertidos, objetados o tachados de falsos. Así, antes de superar tales eventos,
tan solo son prueba sumaria que sirve como presupuesto para la admisión de la
demanda de repetición, pero no así para la definición del fondo del asunto hasta que
sea controvertida»33 (se destaca).
En todo caso, estos documentos son suficientes para demostrar el pago de la
obligación indemnizatoria, por cuanto la jurisprudencia ha establecido que el Estado
no está legalmente obligado a probar que la constancia del pago provenga del
acreedor, sumado a que el estándar probatorio para acreditar este presupuesto
puede satisfacerse a través de documentos públicos provenientes de la entidad34.
Por demás, en este asunto no se está en presencia de un único beneficiario
–Armando Rodríguez Barato–, comoquiera que la sentencia de condena ordenó el
reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir, lo que incluye los
aportes correspondientes al sistema de seguridad social y las obligaciones
tributarias por retención en la fuente.
Tercer presupuesto: La conducta dolosa o gravemente culposa del agente
13. Como se dejó expuesto, el régimen sustantivo que gobierna esta acción de
repetición es la Ley 678 de 2001, de modo que se aplican las presunciones legales
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de abril de 2024, Rad. 69878. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, Rad. 59410.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, Rad. 54518.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de julio de 2025, Rad. 70478.
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previstas en los artículos 5º35 y 6º36 de esa ley, que califican la conducta del servidor
o exservidor público de dolosa o gravemente culposa. Estas presunciones inciden
directamente en la carga de la prueba porque, antes de la Ley 678 de 2001, le
correspondía al demandante acreditar la culpa grave o el dolo del agente del Estado
a partir de la conducta de este último.
Con la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, se invirtió la carga de la prueba37:
una vez la entidad demandante acredita que el servidor del Estado incurrió en
alguno de los supuestos de hecho que, según la ley, presumen el dolo o la culpa
grave, el demandado, a su vez, tiene el deber de atacar la presunción y, por ello, le
corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que configura la
presunción. El juez de la acción de repetición puede estudiar la conducta del agente
con el fin de determinar si, no obstante configurarse alguna de las presunciones, el
demandado no actuó en forma dolosa o gravemente culposa. Además, evaluará los
eventos que no se subsumen en esos escenarios de presunción legal.
La Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de
la ley 678 de 2001 consideró que estaban ajustados a la Constitución, pues esas
presunciones no implicaban una atribución automática de responsabilidad del
demandado. Al ser mecanismos procesales, le corresponde a la entidad probar el
supuesto de hecho de la presunción alegada y al demandado, mediante prueba en
contrario, desvirtuarlo para eximirse de responsabilidad. Para la Corte, de esta
forma se garantiza el derecho de defensa, el debido proceso y un equilibrio en el
debate probatorio38.
35 «La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades
del servicio del Estado. (…) Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas: 1. Obrar
con desviación de poder. 2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia
del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento. 3. Haber expedido el
acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven
de sustento a la decisión de la administración. 4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de
dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado. 5. Haber
expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial» –texto
anterior a la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2002–.
36 «La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una
infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de
las funciones. (…) Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas: 1. Violación
manifiesta e inexcusable de las normas de derecho. 2. Carencia o abuso de competencia para proferir de
decisión anulada, determinada por error inexcusable. 3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia
para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable. 4. (Aparte tachado inexequible
en sentencia C-455 de 2002) Violar manifiesta e inexcusablemente el debido proceso en lo referente a
detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal» –texto anterior a
la entrada en vigencia de la Ley 2195 de 2002–.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de noviembre de 2007, Rad. 30327.
38 Corte Constitucional, sentencia C-374 del 14 de mayo de 2002 [fundamento jurídico 6] y C-778 del 11 de
septiembre de 2003.
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Ahora bien, para entender los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001, la Sección
Tercera del Consejo de Estado precisó lo siguiente:
«Conviene advertir que la presunción se funda en lo que regular y ordinariamente
sucede: “praesumptio sumitur ex eo quod plerumque fit”. El recto sentido de este
figura, según enseña el profesor Rocha, es el que da su etimología: “prae y sumere,
o el infinitivo del verbo praesumere, presentir, tomar de antemano, porque por la
presunción se toma una cosa como verdadera (sumitur pro vero) antes de que
conste de otro modo, (…) de lo que comúnmente sucede, dada la constancia de las
leyes naturales, físicas, químicas, económicas, sociales, ex eo quod plerumque fit
(de aquello que sucede generalmente) (…) unas mismas consecuencias de unos
mismos hechos, procederes o actitudes semejantes de iguales situaciones”39. La
presunción, entonces, es un juicio que la ley o el juez se forma sobre la verdad de
algo, por la lógica relación que muestra con otro hecho diferente y conocido como
cierto40.
(…)
(i).- La presunción es un juicio lógico del legislador, que consiste en tener como
cierto o probable un hecho, partiendo de otro hecho debidamente probado. Cuando
un hecho está amparado con una presunción, se entiende que está exento o no
necesita de prueba, pues, precisamente, el objeto de la presunción es excluir ese
hecho del tema probatorio41 para tenerlo como realizado y verídico dentro del
proceso, dado que, como es la propia ley la que deduce esta consecuencia, se está
seguro de la deducción.
(ii).- Las presunciones pueden ser de derecho (“iuris et de iure”, de derecho y por
derecho); y legales (“iuris tantum”, sólo de derecho). Las presunciones legales
admiten prueba en contrario, mientras que las presunciones de derecho dan certeza
plena y absoluta del hecho y no admiten prueba en contra, pues se fundan en el
orden público.
(iii).- La fuerza de la presunción depende de la certeza del hecho conocido y de su
relación con un hecho desconocido que se establece como consecuencia de la
demostración de aquél. Por lo tanto, para su aplicación siempre se tiene que probar
un hecho, esto es, aquel del cual se deduce o se supone que es cierto otro hecho,
siendo este último el que al final interesa al proceso. En otras palabras, los hechos
en que se apoya una presunción legal se deben establecer o, mejor aún, probar y,
en este caso la presunción opera a favor de quien la invoca, relevándola o
eximiéndola de la prueba del hecho inferido o indicado en la disposición que la
contempla, a menos que la otra parte infirme la conclusión legal probando lo
contrario.
(iv).- Sin embargo, la dispensa de la prueba mediante la aplicación de una
presunción es sólo en parte, porque siempre el que la invoca está obligado a
demostrar el hecho en que la misma se funda o del cual la ley deduce la
consecuencia. De ahí que el profesor Rocha afirme que “[l]a dispensa de la carga
de la prueba para el favorecido con una presunción es, pues, apenas parcial y
respecto del hecho deducido, que es, el que indudablemente interesa demostrar.
Pero no resulta favorecido sino probando otros hechos, aquellos que siendo ciertos,
hacen creíble el segundo hecho42.
39 ROCHA, Alvira, Antonio, De la Prueba en Derecho, Tomo I, Ediciones Lerner, Quinta Edición, Bogotá, 1967,
págs. 554 y 560.
40 Ibíd.
41 DEVIS, Echandía, Hernando, Tratado de Derecho Procesal Civil, Parte General, Tomo V, De la Prueba,
Editorial Temis, Bogotá, 1967, Pág. 287.
42 ROCHA Alvira, Antonio, Op. cit., p. 558.
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(v).- La presunción legal se funda en la más alta probabilidad de certeza pero no
excluye la posibilidad de error en el razonamiento del hecho cierto del cual se parte
para obtener una deducción y tampoco sobre la base conocida cuando la misma
termina resultando falsa o inexacta. Por eso, siempre se permitirá destruirla, esto
es, se otorga a la parte contra quien se hace valer, la posibilidad de probar la
inexistencia del hecho que legalmente se presume, aun cuando fueren ciertos los
antecedentes o circunstancias con fundamento en los cuales lo infiere la ley, como
también cuando éstos terminen siendo falsos. Es decir, la conjetura, suposición o
deducción de ley se puede desvirtuar por la parte a quien no le conviene, pues
admite prueba en contrario, circunstancia que libera de la carga de probar el hecho
presumido a la parte favorecida con la misma y la traslada a la otra parte quien debe
desvirtuarlo.
(vi).- En definitiva, al que desee beneficiarse de una presunción le corresponde
probar el hecho conocido y demostrado, ope legis, se aprovecha del otro hecho que
resulta indirectamente probado, pero siempre con la posibilidad de que la parte
contraria contra quien se aduce pueda desvirtuar el hecho presumido con el objeto
de evitar la operancia de la deducción contenida en la ley.
Así las cosas, la Ley 678 de 2001, al desarrollar el inciso segundo del artículo 90 de
la Constitución Política, en especial, para efectos de determinar si los servidores,
exservidores o particulares que desempeñen funciones administrativas actuaron
con dolo o culpa grave, estableció un listado de hechos en los que se dice presumir,
según las reglas de la experiencia, que han obrado bajo esas modalidades de
conducta. Con ello, el legislador buscó que en el caso de que se demostraran las
conductas descritas en los artículos 5 y 6 de la citada ley, el juez tuviera por cierto
que el comportamiento del agente público fue con dolo o culpa grave.
De todos modos, estima la Sala necesario precisar que las denominadas
presunciones son sólo algunas de las hipótesis o eventos de responsabilidad del
agente público, pues pueden presentarse muchos más casos que, pese a que no se
encuentran consagrados en las citadas causales de los artículos 5 y 6 de la Ley 678
de 2001, originan que el Estado repita contra el agente por haber obrado con dolo o
culpa grave en una actuación que produjo un daño antijurídico a un tercero por el
cual se haya visto en la necesidad de indemnizar»43.
14. Merece especial atención la causal de presunción de culpa grave prevista en el
numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 200144, consistente en la violación
manifiesta e inexcusable de normas de derecho, esto es, cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley, o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones45.
El fundamento de hecho de esta presunción no solo tiene lugar cuando el acto o la
conducta del agente desconoce el ordenamiento jurídico –es decir, no es una mera
violación normativa–; además, se requiere que el desconocimiento de la norma sea
manifiesto e inexcusable. Esto supone considerar: (i) que la norma exista en el
ordenamiento, (ii) la transgresión de la norma y (iii) evaluar si el demandado obró o
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816.
44 Declarado exequible por la Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002 y sentencia C-455 de 2002.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 34816.
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expidió el acto administrativo –cuando hubiere lugar– sin una excusa válida. Esto
último se puede analizar a partir de un estudio de interpretaciones posibles de la
norma, de la posición jurisprudencial vigente al momento del acto o conducta, o, si
de la infracción normativa o del comportamiento se permite inferir que el demandado
obró con una negligencia grave –inexcusable– en el curso normal de sus funciones,
conforme a los términos del Código Civil y los principios constitucionales de la
función pública46.
15. Según la demanda y el recurso de apelación, Pablo Ardila Sierra dio lugar a la
condena impuesta en sentencia del 20 de octubre de 2014, ya que profirió la
Resolución 655 de 2004. Este acto administrativo declaró a Armando Rodríguez
Barato insubsistente del cargo de director del Hospital San Antonio de Arbeláez,
Cundinamarca, y fue declarado nulo por la jurisdicción contenciosa.
Planteó que el exgobernador incurrió en una violación manifiesta e inexcusable de
las normas de derecho, por cuanto el juez de nulidad y restablecimiento del derecho
determinó que el acto de desvinculación no obedeció al mejoramiento del servicio,
en razón a que se encontró probado el buen servicio y las calidades profesionales
del director retirado.
Al oponerse a lo expuesto, la parte demandada sostuvo haber obrado con debida
diligencia en el cumplimiento de sus funciones, por cuanto el acto anulado se emitió
con fundamento en la facultad de nombrar y remover libremente a los directores de
establecimientos públicos –artículo 305.5 de la Constitución–. Agregó que la
condena tuvo lugar en una defensa inadecuada de la entidad en el proceso
primigenio, que no obran en el expediente pruebas suficientes para calificar la
conducta del exgobernador y que no se demandaron a los demás agentes que
participaron en la expedición del acto declarado nulo.
16. La Sala procede a la valoración de las pruebas documentales aportadas en la
demanda, que consisten en las siguientes:
46 En cuanto al alcance de los principios constitucionales de la función pública en el estudio de responsabilidad
subjetivo del agente estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de
noviembre de 2021, rad. 54518; reiterada en sentencia del 13 de septiembre de 2024, rad. 71198. Ver también:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 58672.
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16.1. Oficio del 20 de octubre de 201647, emitido por la secretaria técnica del
Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de Cundinamarca.
Refiere que el Comité determinó repetir en contra de Pablo Ardila Sierra,
exgobernador de Cundinamarca, al haber expedido la Resolución 655 de 2004. En
criterio del Comité, esa actuación configura una presunción de culpa grave.
Este documento encuentra fundamento jurídico en el inciso segundo del artículo 4°
de la Ley 678 de 2001, conforme al cual el comité de conciliación deberá adoptar la
decisión respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa y justificada
de las razones en que se fundamenta. A su vez, el artículo 19.6 del Decreto 1716
de 2009 dispone que los comités de conciliación evaluarán los procesos fallados en
contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la repetición.
Visto lo anterior, la Sala debe formular las siguientes apreciaciones: (i) este medio
de prueba no respalda los supuestos de hecho que conllevaron a la condena, y (ii)
tampoco ofrece una argumentación suficiente para determinar y demostrar la culpa
grave del demandado.
16.2. Obran en el expediente las providencias judiciales que resolvieron la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Armando
Rodríguez Barato contra el Departamento de Cundinamarca para que se declare la
nulidad de la Resolución No. 655 del 28 de junio de 2004, que lo declaró
insubsistente del cargo de Director Código 65 del Hospital San Antonio: sentencia
del 7 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
primera instancia, y sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por el Consejo
de Estado-Sección Segunda-Subsección A en segunda instancia48.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que, en Resolución No. 1189
del 3 de julio de 1997, el señor Rodríguez Barato fue nombrado gerente del Hospital
San Antonio, conforme al artículo 192 de la Ley 100 de 1993. Renglón seguido,
anotó que el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 califica a los hospitales de orden
público como empresas sociales del Estado, y sus directores son nombrados
47 C. principal, f. 21, CD, documento «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - CERTIFICACION COMITE DE
CONCILIACION».
48 C. principal, f. 21, CD, documentos «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO – SENTENCIA PRIMERA
INSTANCAI DESFAVORABLE», «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
PARTE 1» y «ARMANDO RODRIGUEZ BARATO - SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA PARTE 2». Visibles
también en c. 2, f. 1-8 y 9-19, respectivamente.
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mediante un procedimiento administrativo complejo contenido en la Ley 10 de 1990.
Por ende, señaló que el cargo de director del Hospital San Antonio no es de libre
nombramiento y remoción, sino de una vinculación legal y reglamentaria por el
término de tres años, de modo que el acto de retiro del director debió motivarse en
causales legales que permitieran esa medida.
Al analizar el caso concreto, describió que el demandante fue escogido y nombrado
para un primer período como director e, inclusive, su vinculación fue prorrogada por
dos períodos legales sucesivos. Adicional a lo anterior, anotó que algunos alcaldes
de la región donde opera el hospital solicitaron al Gobernador que reconsiderara la
decisión de retirar al señor Rodríguez Barato del servicio. Por último, anotó que
obran sendos documentos que dan cuenta del buen servicio y las estadísticas
favorables dentro del tiempo de servicio del actor.
El Tribunal estimó que el acto demandado constituyó una verdadera vía de hecho,
por cuanto el acto de retiro no contaba con presupuesto y se formuló en
desconocimiento del período legal de designación del demandante –entre el 3 de
julio de 2003 y el 3 de julio de 2006–. Ello supone la infracción de las reglas del
debido proceso administrativo, razón que devino en la nulidad del acto. A título de
restablecimiento del derecho, impuso el reconocimiento y pago de los sueldos y
prestaciones sociales causados dentro del tiempo que le faltaba al demandante para
cumplir su período.
La sentencia de segunda instancia refirió que, en principio, el cargo de director de
entidad descentralizada es de libre nombramiento y remoción, conforme al literal b
del numeral 2 del artículo 26 de la Ley 10 de 1990. No obstante, según lo previsto
en el artículo 192 de la Ley 100 de 1993, los directores de hospitales públicos son
nombrados por el jefe de la respectiva entidad territorial, a partir de una terna que
le presente la junta directiva del hospital, conforme a las previsiones de la Ley 10
de 1990 y la Ley 60 de 1993. Los directores solo podrán ser removidos cuando se
compruebe la comisión de faltas disciplinarias graves, faltas a la ética o ineficacia
administrativa.
Visto lo anterior, el Consejo de Estado determinó que el nombramiento del señor
Rodríguez Barato no se adelantó mediante el concurso de méritos previsto en el
artículo 192 de la Ley 100 de 1993 y el director fue desvinculado antes de que el
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Hospital San Antonio de Arbeláez fuese instituido como una Empresa Social del
Estado –mediante Ordenanza No. 23 del 3 de agosto de 2006–, de modo que el
nombramiento y retiro del demandante se hizo en ejercicio de la facultad
discrecional establecida por el legislador.
Ahora bien, al estudiar el cargo de nulidad por desviación de poder, la Corporación
determinó que al demandante le correspondía demostrar que prestaba un servicio
público adecuado y que no había justificaciones que ameritaran su relevo, con fines
de desvirtuar la presunción de legalidad del acto acusado. Al respecto, encontró
demostrado que el exdirector realizaba procedimientos quirúrgicos gratuitos,
gestionó donaciones de instrumentos y máquinas sanitarias, ostentaba una hoja de
vida idónea para el desempeño de cargo y tenía un gran compromiso institucional.
Además, el alcalde de Pandi pidió al Gobernador mantener al doctor Rodríguez
Barato como gerente del Hospital, alegando su profesionalismo y responsabilidad.
Estas circunstancias, en oposición a la defensa de la entidad –que se limitó a alegar
que la idoneidad profesional no otorga garantía de permanencia– condujeron a la
Sala a concluir que el acto de desvinculación no obedecía a razones de
mejoramiento del servicio, sino al «simple capricho o arbitrariedad del nominador»,
situación que derivó en la desviación de poder.
La decisión de segunda instancia advirtió que la insubsistencia del señor Rodríguez
Barato se había decretado antes del cambio de naturaleza del Hospital San Antonio
a Empresa Social del Estado. Por ello, modificó el restablecimiento del derecho
ordenado en primera instancia, en el sentido de que el pago de salarios y
prestaciones se hará a partir del retiro y hasta la fecha en que se hubiese designado
al gerente del hospital con el pleno de los requisitos legales.
Estos documentos permiten acreditar la existencia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con rad. 25000-23-25-000-2004-08619-0149, así como
de la condena impuesta a la entidad demandada –que, actualmente, reclama en
repetición–. No obstante, resulta improcedente en esta instancia retomar las
apreciaciones y conclusiones efectuadas en cuanto al material probatorio
49 La información del proceso judicial, a su vez, está disponible para su consulta en el aplicativo Samai del
Consejo de Estado (https://samai.consejodeestado.gov.co) y en el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial (https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/procesos/Index).
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
recaudado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual no obra
en este expediente. En ese sentido, no es viable que el juez de la repetición
encuentre demostrado el «simple capricho o arbitrariedad del nominador»,
únicamente con fundamento en la sentencia condenatoria.
Lo anterior no obsta para reiterar la jurisprudencia relacionada con el valor
probatorio de las providencias condenatorias en sede de repetición. En varias
ocasiones se ha anotado que la sola declaratoria de responsabilidad del Estado no
demuestra automáticamente la conducta dolosa o gravemente culposa del
funcionario, ni es vinculante en el juicio de reproche subjetivo que debe efectuar el
juez de la repetición50.
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, ha señalado la importancia de
que el operador judicial califique en forma independiente la conducta del
demandado, para establecer: (i) si la actuación está directamente relacionada con
el daño que motivó la condena judicial objeto de la pretensión de reembolso, (ii) si
el comportamiento fue determinante en la ocurrencia de esa afectación, teniendo en
cuenta las funciones contempladas en la ley y el grado de diligencia atribuible al
servidor público en razón de los requisitos del cargo, la jerarquía o la retribución
económica recibida y, iii) cuál fue el grado de participación del agente51.
A partir de lo expuesto, las providencias allegadas –individualmente consideradas–
no tienen conducencia probatoria o argumentativa para demostrar la culpa grave
del demandado, o que aquel incurrió en una violación «manifiesta e inexcusable»
de las normas de derecho.
17. La Sala estima necesario estudiar la actividad de la parte demandante en la
etapa probatoria. Además de las pruebas aportadas, el escrito de demanda solicitó
oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el envío al proceso del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho rad. 25000-23-25-000-2004-
08619-01. Sin embargo, en auto del 6 de septiembre de 202152, el Tribunal estimó
50 Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, rad. 69450. Ver
también: Consejo de Estado-Sección Tercera, sentencia de 3 de diciembre de 2007, exp. 29222; Consejo de
Estado-Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, rad. 33450; Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección C, sentencia del 29 de noviembre de 2019, exp. 43056, y Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
51 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2020.
52 Samai del Tribunal, índice 55.
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Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
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innecesario decretar este medio de prueba, por cuanto «a este asunto ya se
allegaron las decisiones definitivas que dan por entendido la razón de ser de la
demanda de repetición». Contra esta decisión no se interpusieron recursos.
El artículo 280 del CGP impone al juez el deber de calificar la conducta procesal de
las partes en la sentencia. Por otra parte, el artículo 167 del CGP establece el deber
de las partes de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen. En acciones de repetición, lo anterior implica que la
parte demandante debe acreditar la conducta dolosa o gravemente culposa del
agente demandado o, cuanto menos, las causales de presunción previstas en la
Ley 678 de 2001 [párrafo 13].
La etapa probatoria en primera instancia da cuenta de la inactividad del
Departamento de Cundinamarca, autoridad que se abstuvo de incorporar los medios
de prueba que dieron fundamento a las decisiones condenatorias en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho o, cuanto menos, los antecedentes
administrativos del acto proferido. Esta inacción condujo a la imposibilidad de
recaudar medios de prueba cuyo estudio habría sido relevante para determinar la
responsabilidad del demandado.
Debe anotarse, inclusive, que la entidad no aportó al expediente la Resolución 655
de 2004 –anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo–, situación que
imposibilita al fallador determinar si Pablo Ardila Sierra participó en su expedición o
las razones que invocó como motivación del acto. Estas carencias en materia
probatoria hacen inviable el estudio de la conducta del demandado e, inclusive, la
configuración de cualquiera de las causales de presunción de culpa grave o dolo
previstas en la Ley 678 de 2001.
18. Vista la comunidad de la prueba, la Sala arriba a la misma conclusión del
Tribunal: no obran medios de prueba que determinen alguna conducta activa u
omisiva del demandado en cuanto a la expedición de la Resolución 655 de 2004.
Por ende, resulta imposible estudiar si su conducta era calificable a título de dolo o
culpa grave, o si tenía relación causal con la condena impuesta al Estado.
Esta circunstancia, por demás, no impone al juez de lo contencioso administrativo
la obligación de emplear su facultad de decretar pruebas de oficio –artículo 213 del
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Demandado Pablo Ardila Sierra
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CPACA– con el fin de suplir la carga probatoria incumplida por la actora. En este
sentido, se recuerda que dicha facultad no procede a solicitud de parte, sino a
iniciativa del propio juzgador cuando la considere pertinente para esclarecer puntos
oscuros de la controversia, pero en ningún caso reemplaza el cumplimiento de los
deberes procesales de las partes53.
Al no estar demostrado el elemento subjetivo de la repetición, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia.
Condena en costas
19. El artículo 188 del CPACA prescribe que, salvo aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP.
El artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso. El
artículo 361 ibidem establece que las costas «están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho». Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
Respecto de las costas del proceso, el numeral 8 del artículo 365 del CGP dispone
que «solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación» y la liquidación la hará de manera concentrada
el juzgado o tribunal que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
en los términos del artículo 366 del CGP54.
53 Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, sentencia del 14 de julio de 2025, rad. 72516. La Corte
Constitucional, en sentencia SU-204 de 2025, ha expresado que la facultad probatoria de oficio del juez
contencioso «no puede emplearse para suplir la negligencia de las partes».
Ver también: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto del 30 de septiembre de 2024, rad. 73168-
31-84-001-2020-00011-01 («si el déficit de la prueba es producto del descuido de la parte interesada, no hay
reproche alguno que se pueda hacer al fallador»).
54 «Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
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En algunas oportunidades, la Corporación se ha abstenido de imponer condena en
costas en los procesos de repetición, por considerar que tales controversias
persiguen un interés público55. No obstante, en otros asuntos se ha impuesto
condena en costas, bajo las siguientes razones de derecho:
«…esta Sala ha explicado que la expresión normativa “interés público”
necesariamente debe ser asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de
mera constitucionalidad y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del
efecto útil de las normas, de modo que en los procesos contencioso subjetivos en
los que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades públicas o
de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento;
controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la
condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada,
en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite
la disposición»56.
En otra oportunidad, esta Subsección ha determinado que el CPACA no establece
una exoneración absoluta de costas a favor del Estado y que la acción de repetición
no persigue, de manera directa, un interés público. Este criterio, que la Sala acoge
y reitera, se fundamenta en los siguientes argumentos:
«La Sala precisa que, en esta jurisdicción, el Código Contencioso Administrativo
(CCA) exceptuaba la imposición de costas en las “acciones públicas” (artículo 171),
mientras el CPACA exceptúa “los procesos en que se ventile un interés público”
(artículo 188). De esta forma, el legislador colombiano cambió la orientación de la
exoneración a la imposición de costas en lo contencioso administrativo, debido a
que las “acciones públicas”, además de perseguir un interés público —sin que se
discutan derechos subjetivos— tienen otros atributos, como lo son la legitimación
universal (o abierta a cualquier “ciudadano”), la posibilidad de la intervención de
terceros, la coadyuvancia y la imprescriptibilidad. Lo anterior, sin embargo, no
implica que en cualquier asunto, con pretensiones patrimoniales, en el que el
demandante sea un ente estatal se ventile un interés público.
Así, al no haberse decantado claramente el legislador, en el CPACA, por una
exoneración absoluta de costas en contra del Estado, no cabe darle esta
interpretación a su artículo 188, que prevé disponer sobre la condena en costas,
“salvo en los procesos en que se ventile un interés público”, pues tal entendimiento
supondría un criterio subjetivo en materia de costas, relacionado con el fuero de una
de las partes, que el precepto legal no prevé.
Ahora, el medio de control de repetición constituye “una acción civil de carácter
patrimonial”, por el cual el organismo estatal pretende el reembolso de la condena
causada por el actuar doloso o gravemente culposo de sus agentes, para así
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas […]».
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de septiembre de 2024, rad. 71254.
Ver también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 65825;
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de septiembre de 2021, rad. 55227, y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de agosto de 2024, rad. 59728.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, Rad. 71907. Ver
también: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2024, Rad. 66764.
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Radicación: 25000-23-36-000-2016-02604-01 (70488)
Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
garantizar, de forma mediata, “los principios de moralidad y eficiencia de la función
pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella”. Si bien,
de esta forma, la acción de repetición persigue indirectamente un interés público,
este no es el asunto que se ventila de forma directa en el proceso»57.
A raíz de lo anterior, procede la imposición de costas en segunda instancia, porque
el recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó y la sentencia de
primera instancia fue confirmada en su integridad. Resulta improcedente decretar
agencias en derecho, en la medida que la parte demandada no se opuso al recurso
de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada. Sin agencias en derecho de la segunda instancia.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de noviembre de 2024, Rad. 56897.
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Demandante: Departamento de Cundinamarca
Demandado Pablo Ardila Sierra
Asunto: Repetición
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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