Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00093-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00093-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00093-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
30 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 250002336000201700093 01 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho
Asunto: Sentencia de segunda instancia
Temas: RÉGIMEN PROCESAL – Aplicación de la Ley 2080 de 2021 – sentencia
anticipada / POTESTAD DE ADECUACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL – Límites. El
juez debe examinar detalladamente el contenido del libelo, para evitar que al
momento de hacer la adecuación del medio de control, se tergiverse la voluntad del
demandante al apartarse del contenido y finalidad de sus pretensiones /
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – Conteo del plazo para demandar desde
la notificación en estrados del acto de adjudicación de la licitación pública.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado a
resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, mediante la cual se declaró probada la excepción de caducidad de la
acción.
El objeto de la controversia tiene por fin determinar si procede la declaratoria de
nulidad del acto administrativo de adjudicación de una licitación pública y el
restablecimiento del derecho solicitado por la actora, quien considera que presentó el
mejor ofrecimiento dentro del proceso de selección. El a quo, mediante sentencia
anticipada, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho; en su recurso de apelación, la parte
demandante aduce que no resultaba aplicable la figura de la sentencia anticipada y
que el conteo del plazo para demandar debe realizarse desde el momento en que se
publicó el acto adjudicación en el SECOP y no desde su notificación por estrados
durante la audiencia pública de adjudicación.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
1. Corresponde a la decisión proferida el 28 de abril de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, a través de la cual
se adoptaron las siguientes determinaciones:
“PRIMERO: DECLARAR probada oficiosamente la excepción de caducidad
de la acción, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones.
“SEGUNDO: Sin condena en costas.
“TERCERO: Por Secretaría, expídanse las copias de que trata el artículo 114
del Código General del Proceso”.
El anterior proveído resolvió la demanda cuyas (i) pretensiones, (ii) hechos
principales, y (iii) fundamentos de derecho son los siguientes:
Pretensiones
2. El 20 de enero de 20171, Digital Ware S.A. presentó demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la
Superintendencia de Sociedades (en adelante Supersociedades), con el fin de
obtener las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe conforme obra):
“1. Que se declare la Nulidad de la Resolución expedida por la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, el 22 de junio de 2016 a través del
Superintendente de Sociedades … mediante la cual adjudicó la Licitación
Pública 01 de 2016 al proponente Unión Temporal BPMTec, cuyo objeto era
‘PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA
AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA
TECNOLÓGICA BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) QUE UTILICE
METODOLOGÍAS EFICIENTES PARA EL ANÁLISIS, DISEÑO, DESARROLLO,
MANTENIMIENTO, PRUEBAS, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN
PRODUCCIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS RESULTANTES DEL
ANÁLISIS Y MODELAMIENTO DE LOS PROCESOS REALIZADOS POR EL
CONTRATISTA, con desconocimiento de los principios definidos en la Ley 80 de
1993 y demás normas concordantes.
“2. Que, en virtud de la declaración anterior, se reestablezca el derecho, por
cuanto la propuesta de DIGITAL WARE, (sic) era la que ofrecía las mejores
condiciones para la Entidad, y en consecuencia, debía ser la adjudicataria,
teniendo en cuenta además, que la nulidad del acto de adjudicación implica ipso
iure la del contrato adjudicado.
“3. Que se ordene a la demandada dar cumplimiento a la sentencia que ponga
fin a este proceso dentro del término establecido en el artículo 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“4. Que como consecuencia de ello, se le reconozca a DIGITAL WARE, una
indemnización equivalente a la utilidad que dejó de percibir, que es del orden de
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($400.000.000)”2 (negrillas
del texto original).
1 Folio 19 del cuaderno principal.
2 Folios 5 y 6 del cuaderno principal.
2
Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Hechos relevantes
3. Como supuestos fácticos relevantes, la parte actora indicó que, por medio de acto
administrativo 117-001569 del 5 de mayo de 2016, la Supersociedades ordenó la
apertura de la licitación pública 1 de 2016, con el fin de seleccionar la mejor
propuesta para la prestación de “… los servicios especializados para la
automatización de los procesos de negocio de la Superintendencia de Sociedades, a
través de una plataforma tecnológica BPM (Business Process Management) que
utilice metodologías eficientes para el análisis, diseño, desarrollo, mantenimiento,
pruebas, documentación y puesta en producción de soluciones informáticas
resultantes del análisis y modelamiento de los procesos realizados por el
contratista”3.
4. Anotó que al cierre del proceso de selección se presentaron los ofrecimientos de
los siguientes proponentes: i) Digital Ware S.A., ii) unión temporal BPMTec, iii)
Procibernética S.A., iv) unión temporal M y Q – PBM Stefanni e v) Interact Solutions
Colombia. Luego, en el informe de evaluación consolidado, el Comité Evaluador tuvo
por no habilitados a la unión temporal M y Q – PBM Stefanni y a Interact Solutions
Colombia y les otorgó los siguientes puntajes a los demás oferentes: 99,54 a Digital
Ware, 94,08 a la unión temporal BPMTec y 63,23 a Procibernetica S.A.
5. Señaló que, el 22 de junio de 2016, en el curso de la audiencia de adjudicación, el
Comité Evaluador, al resolver las observaciones formuladas por los proponentes,
consideró que las certificaciones aportadas por Digital Ware S.A., para subsanar los
requisitos habilitantes, no cumplían con la demostración de la experiencia solicitada
en relación con la automatización de procesos; en tal virtud modificó la valoración
inicial y concluyó que la sociedad Digital Ware S.A. no estaba habilitada dentro del
proceso de selección.
6. Indicó la demanda que, la entidad, “después de unas observaciones
malintencionadas de los demás proponentes”4, confundió el objeto del proceso de
selección con la experiencia requerida y, con base en ello afirmó que Digital Ware no
cumplió con el requisito de experiencia.
7. Afirmó que el Superintendente de Sociedades acogió la calificación realizada por
el Comité Evaluador y, como consecuencia, adjudicó la licitación pública 1 de 2016 a
la unión temporal BPMTec.
Fundamentos de derecho
8. Sostuvo que la entidad accionada desconoció los artículos 2, 4, 6, 29, 58, 83 y 90
de la Carta Política, 24, 25, 26 y 44 de la Ley 80 de 1993 y 5 de la Ley 1150 de 2007.
3 Folio 2 del cuaderno 1.
4 Folio 5 del cuaderno principal.
3
Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
9. Señaló que Digital Ware S.A. cumplió lo previsto en el pliego de condiciones, en
relación con el requisito de experiencia5.
10. Adujo que el acto enjuiciado adolece de falsa motivación, por cuanto se sustentó
en equivocados argumentos de hecho y de derecho; así: i) confundió lo señalado en
el objeto del proceso con los requerido en el pliego, “una cosa es el objeto del
contrato y otra cosa es la experiencia requerida en el presente proceso y en la
experiencia DIGITAL WARE cumplió a cabalidad”6, ii) desconoció las aclaraciones
hechas por Digital Ware en torno a las certificaciones que aportó, y iii) excluyó las
certificaciones aportadas para acreditar la experiencia, a partir de las cuales se
constató que la referida sociedad sí observó los requerimientos del proceso de
selección.
11. Resaltó que la entidad omitió la jurisprudencia reiterada sobre la obligatoriedad
del pliego de condiciones y el principio de confianza legítima.
12. Por último, sostuvo que la propuesta de Digital Ware S.A. era la mejor y más
favorable para la Administración, puesto que contaba con las certificaciones de
experiencia requeridas y tenía los medios para cumplir con el objeto a contratar;
además, obtuvo el mayor puntaje en el informe de evaluación, razón por la cual debió
ser la adjudicataria.
Contestación de la demanda
13. En proveído del 10 de mayo de 20197, el Tribunal de origen admitió la demanda y
dispuso la vinculación de la unión temporal BPMTec, integrada por las sociedades
BPM-Lat, Lockers Colombia S.A.S. y Jaramillo Pérez y Consultores Asociados
S.A.S., en calidad de litisconsorte necesario por pasiva. Asimismo, ordenó la
notificación personal de dicho auto a los mencionados sujetos, al Ministerio Público y
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
14. La Superintendencia de Sociedades, al contestar la demanda, se opuso a todas
las pretensiones8; para el efecto, afirmó que no es cierto que confundió el objeto del
contrato con la experiencia requerida, comoquiera que en el pliego de condiciones se
estableció -anexos 7 y 8- que la experiencia solicitada correspondía a la plataforma
BPM y relacionada con el análisis de requerimientos de sistemas y/o aplicaciones y/o
procesos construidos en dicha aplicación de automatización de procesos, con el
suministro de software y su implementación.
15. Subrayó que en el pliego se exigió a los proponentes, de manera expresa,
acreditar que eran titulares de los derechos patrimoniales de la herramienta BPM
5 Señaló que el pliego de condiciones determinó que los proponentes debían acreditar experiencia relacionada
con “el análisis de requerimientos, y/o diseños y/o desarrollo y/o construcción y/o puesta en producción y/o
aplicaciones y/o procesos construidos en plataformas de automatización de procesos, con el suministro de
software y su implementación”, la sumatoria de las certificaciones aportadas debía ser igual o mayor al
presupuesto oficial de la licitación pública -que correspondía a 2657,17 SMLMV-.
6 Folio 12 del cuaderno principal.
7 Folios 30 y 31 del cuaderno principal.
8 Folios 61 a 81 del cuaderno principal.
4
Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
ofertada o la certificación donde constara que eran distribuidores autorizados, así
como contar con especialistas capacitados en el manejo de dicho software, razón por
la cual aseveró que las reglas del proceso de selección eran claras en determinar
que la experiencia debía acreditarse en contratos ejecutados al 100%, en una
plataforma BPM, circunstancia que, inclusive, fue reiterada por la entidad al
responder las observaciones formuladas al pliego; por tanto, señaló que la entidad sí
requirió de forma explícita y palmaria demostrar la experiencia en contratos relativos
a un software BPM.
16. Añadió que la resolución enjuiciada goza de presunción de legalidad y que no
procede el cargo de falsa motivación aludido por la parte actora, en la medida que
ésta se limitó a indicar que dicho acto se basó en falsos y equivocados argumentos
sin desarrollar tales supuestos.
17. La unión temporal BPMTec guardó silencio.
Alegatos en primera instancia
18. En el curso de la audiencia inicial9, celebrada el 19 de marzo de 2021, el a quo
manifestó que dictaría sentencia anticipada, por advertir configurada la excepción de
caducidad. Por lo anterior y en los términos del artículo 182A del CPACA, adicionado
por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que se pronunciaran respecto de la configuración o no del anterior
medio exceptivo.
19. En esta oportunidad, la parte actora10 aseguró que el término de caducidad debe
contabilizarse desde el día siguiente a la publicación del respectivo acto
administrativo y no desde la celebración de la audiencia de adjudicación, porque la
notificación por estrados solo se entiende realizada en relación con el proponente
adjudicatario y no respecto de los demás participantes de la misma. Igualmente,
señaló que la declaración de la referida excepción vulnera los derechos
fundamentales y el principio de economía, pues transcurrieron más de 4 años desde
que se admitió la demanda sin que el Tribunal o alguna de las partes hubieren
advertido su configuración.
20. Agregó que: (i) no se cumplen los requisitos para proferir una sentencia
anticipada, toda vez que el a quo no realizó un examen de la razón de su decisión y
no esgrimió prueba alguna de la ocurrencia de la caducidad; (ii) es deber del Juez
adecuar el proceso con el fin de que prime lo sustancial sobre lo formal, más aún
cuando han transcurrido varios años desde la admisión de la demanda; y, (iii) en
caso de proferir sentencia anticipada, se desconocerían los derechos de Digital Ware
S.A., por cuanto era la mejor propuesta dentro de la licitación pública 1 de 2016.
9 Índice 31 del aplicativo SAMAI, vínculo “Gestión en otras corporaciones”.
10 Índice 33 del aplicativo SAMAI, vínculo “Gestión en otras corporaciones”.
5
Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
21. Por su parte, la Supersociedades11 adujo que sí se configuró el fenómeno jurídico
procesal de la caducidad, dado que los cuatro (4) meses con los que contaba la parte
demandante para promover el medio de control vencieron el 13 de enero de 2017 y
el libelo introductorio se radicó hasta el 20 de enero de ese año.
22. El Ministerio Público y el litisconsorte necesario por pasiva guardaron silencio.
Fundamentos de la providencia recurrida
23. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia12, en el sentido de
declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, al considerar, en
primer lugar, que se configuraron los supuestos previstos en la Ley 2080 de 2021,
para proferir sentencia anticipada, ya que el juzgador puede, en cualquier estado del
proceso, emitir una providencia de esta clase cuando encuentre probado dicho medio
exceptivo.
24. Asimismo, sostuvo que el término de cuatro (4) meses previsto en el artículo 164
del CPACA, para debatir la resolución demandada, corrió, en principio, hasta el 23 de
octubre de 2016 -el aludido acto administrativo fue notificado el 22 de junio de ese
año-; no obstante, como dicho plazo fue suspendido con la presentación de la
solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, este se reanudó el 8
de diciembre de 2016 -día siguiente a la expedición de la constancia de celebración
de la audiencia de conciliación fallida-, razón por la cual el mismo se extendió hasta
el 11 de enero de 2017. Por consiguiente y dado que la demanda fue radicada “el 23
(sic) de enero de 2017”13, aseveró que, ésta fue instaurada fuera del término legal.
25. Para arribar a la anterior conclusión, precisó que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, la notificación del acto de
adjudicación se entiende realizada en estrados tanto al proponente adjudicatario
como a los demás proponentes asistentes a la audiencia de adjudicación. En esa
medida y como los representantes de Digital Ware S.A. asistieron a la referida
audiencia, indicó que contabilizó el aludido plazo para demandar desde el día
siguiente a la celebración de la misma, es decir, desde el 23 de junio de 2016.
26. En todo caso, advirtió que la resolución enjuiciada también fue publicada en el
SECOP el 22 de junio de 2016 -misma fecha en que se realizó la audiencia de
adjudicación-, razón por la cual, afirmó, no existe duda respecto del momento a partir
del cual procede la contabilización del término de caducidad.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Síntesis del recurso de apelación:
11 Índice 34 del aplicativo SAMAI, vínculo “Gestión en otras corporaciones”.
12 Índice 36 del aplicativo SAMAI, vínculo “Gestión en otras corporaciones”.
13 Folio 17 de la sentencia apelada.
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27. La parte demandante formuló recurso de alzada con el fin de que sea revocada la
sentencia apelada y, en su lugar, se declare que no es procedente la aplicación de la
Ley 2080 de 2021 al asunto de la referencia y no probada la excepción de caducidad.
28. Explicó que el a quo interpretó de forma errónea la Ley 2080 de 2021, puesto que
la audiencia inicial fue convocada desde el 24 de enero de 2020, esto es, en vigencia
de la ley anterior, circunstancia que implicaba la improcedencia de la aludida
normativa, dado que entró a regir el 25 de enero de 2021, escenario que conduce a
inaplicar al sub lite la regulación relativa a la sentencia anticipada, contemplada en la
mencionada Ley 2080 de 2021.
29. Adujo que en atención a las pruebas aportadas y solicitadas en la demanda, era
deber del juez adecuarla al medio de control procedente, en atención al origen del
perjuicio alegado y el fin pretendido; por ende, el operador judicial, al advertir que el
27 de junio de 2016 la Superintendencia de Sociedades suscribió el contrato con la
unión temporal BPMTec y que la demanda se radicó el 20 de enero de 2017, debió
tramitar el proceso bajo el medio de control de controversias contractuales y no de
nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que esta última cuerda procesal
no es procedente para demandar actos administrativos previos a la celebración del
contrato, cuando éste ya se suscribió.
30. Agregó que el Tribunal no fundamentó sus razones ni mucho menos probó la
existencia del fenómeno jurídico de la caducidad. Igualmente, señaló que el acto
administrativo de adjudicación debe notificarse personalmente al proponente
adjudicatario y debe comunicarse a los demás interesados, actuación que se realiza
mediante la publicación del mismo, sin que exista demostración de su ocurrencia
dentro del presente proceso.
Trámite de segunda instancia
31. El 11 de octubre de 2021, el Tribunal de primera instancia concedió el recurso de
apelación14 y esta Corporación, en proveído del 10 de febrero de 2022, lo admitió15.
Se advierte que en aplicación del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021 16 , no se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión, pues no se decretaron pruebas en esta instancia, razón por la cual no se
hace referencia al escrito que el recurrente presentó bajo la referencia de alegatos
ante esta Colegiatura17.
14 Índice 42 del aplicativo SAMAI, vínculo “Gestión en otras corporaciones”.
15 Índice 4 del aplicativo SAMAI, vínculo gestión ante el Consejo de Estado.
16 “ARTÍCULO
247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS. El recurso de
apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
“(…)
“5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos
por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.
“6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el
proceso al despacho para sentencia …”.
17 Visibles en el índice 12 del aplicativo SAMAI, vínculo gestión ante el Consejo de Estado.
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Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
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El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
32. Con fundamento en los reparos expuestos en el recurso de alzada, la Sala se
ocupará de: (i) examinar si resultan aplicables al presente asunto las reformas
introducidas por la Ley 2080 de 2021; (ii) estudiar si le correspondía o no al a quo
adecuar el asunto de la referencia al medio de control de controversias contractuales;
(iii) determinar si se configuró el fenómeno jurídico procesal de la caducidad; y, en
caso de obtener una respuesta negativa, (iv) abordar la resolución del caso concreto.
(i) Régimen procesal aplicable
33. La parte actora centró su apelación en la supuesta improcedencia de la
aplicación de las reformas introducidas por la Ley 2080 de 2021, circunstancia que le
impedía al a quo proferir una sentencia anticipada.
34. Como punto de partida habrá de afirmarse que al sub júdice le resultan aplicables
las normas procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -20 de
enero de 2017-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011,
así como a las disposiciones del CGP, en virtud de la integración normativa
dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
35. Además de lo anterior, también le resultan aplicables las reformas establecidas
por el Decreto Legislativo 806 de 2020, rigió desde su publicación el 4 de junio de
2020 y hasta 2 años siguientes a su expedición, esto es, el 4 de junio de 2022. Esto
de conformidad con la norma especial de vigencia prevista en el artículo 16 de dicho
decreto18.
36. En lo relativo a la Ley 2080 del 2021 es de precisar que esta normativa entró en
vigencia el 26 de enero de este mismo año19 con el objeto de reformar el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-
y dictar otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se
tramitan ante esta jurisdicción.
37. Así, en virtud de lo previsto en los artículos 86 de la Ley 2080 de 2021 y 624 de
la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 20 , el
18 “Artículo 16. Vigencia y derogatoria. El presente decreto legislativo rige a partir de su publicación y estará
vigente durante los dos (2) años siguientes a su expedición”.
19 La norma se publicó en el diario oficial No.51.568 del 25 de enero de 2021, su promulgación finalizó a las 23:59
horas de esa fecha, por lo que su vigencia general tuvo lugar a partir de las 00:00 horas del 26 de enero de los
corrientes.
20 “ARTICULO
40. <Artículo modificado por del artículo 624 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores
desde el momento en que deben empezar a regir.
“Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
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legislador acogió la regla general de interpretación y aplicación de la ley procesal en
el tiempo, al tenor de la cual las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento “ … de su publicación,
con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y
tribunales administrativos y del Consejo de Estado” (art. 86 Ley 2080 de 2021),
precisando además, que:
“ (…)
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo
624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley
prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su
publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley
1437 de 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que
hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones”.
38. La normativa antes indicada revela la cautela y cuidado con que el legislador
quiso definir los supuestos bajo los cuales las normas anteriores a la Ley 2080 de
2021 continuaban rigiendo. De esta forma, el citado artículo 86 hizo referencia a
determinadas actuaciones para, seguidamente, establecer el régimen aplicable,
señalando que los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén
surtiendo, se regirán por las leyes vigentes al momento en que se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a
surtirse las notificaciones.
39. La disposición así expedida se fundó en el principio de retrospectividad como
regla general, y el de ultraactividad, como excepción.
40. Como se sabe el primero de los aludidos fenómenos jurídicos establece la
aplicación inmediata y hacia el futuro de las nuevas normas, aun en asuntos
iniciados, más no consolidados, con anterioridad a su entrada en vigor 21, mientras
que la ultraactividad supone que se mantenga la vigencia de las normas anteriores
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones”.
21 “(...) El fenómeno de la retrospectivita, por su parte, es consecuencia normal del efecto general e inmediato de
la ley, y se presenta cuando las normas se aplican a situaciones que si bien surgieron con anterioridad a su
entrada en vigencia, sus efectos jurídicos no se han consolidado al momento en que cobra vigor la nueva ley. En
efecto, la jurisprudencia constitucional ha puntualizado que ‘el efecto en el tiempo de las normas jurídicas es por
regla general, su aplicación inmediata y hacia el futuro, ‘pero con retrospectividad, (...) siempre que la misma
norma no disponga otro efecto temporal...’. De este modo, ‘aquello que dispone una norma jurídica debe
cumplirse de inmediato, hacia el futuro y con la posibilidad de afectar situaciones que se han originado en el
pasado (retrospectividad), es decir, situaciones jurídicas en curso al momento de entrada en vigencia de la norma
(...)”. Sentencia SU-309 de 2019 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
que regulan algunos trámites particulares, sobre la base de que se trate de
diligencias judiciales ya iniciadas, de modo que las normas que desarrollan estos
trámites mantienen sus efectos pese a la existencia de una nueva normativa sobre
las mismas o, en otras palabras, “una ley anterior, aun cuando derogada o
modificada, continúa gobernando hechos acaecidos durante su vigencia”22.
Sobre este último principio, la Corte Constitucional ha enfatizado:
“(...) La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el
tiempo y está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio
jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o
celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del
principio ‘Tempus regit actus’, que se traduce en que la norma vigente al
momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos
hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la
Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas
derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia.
Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas,
cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, penal, etc.
“(...) Y claro, el legislador bien podrá́ ordenar también que ciertas disposiciones
legales formalmente derogadas, continúen produciendo efectos en torno a
determinadas hipótesis, dada la favorabilidad que ellas puedan reportar a sus
destinatarios. Poniéndose de relieve una coexistencia material de reglas sobre
un mismo punto, de suerte que mientras la nueva ley se enerva bajo la figura de
la inaplicación, por su parte la antigua ley prolonga su existencia al tenor de la
ultraactividad, que es, ni más ni menos, que la metaexistencia jurídica de una
norma derogada, por expresa voluntad del legislador. La cláusula general de
competencia del Congreso de la República así́ lo avala, en tanto lo irradia de
facultades para crear, mantener, modificar o derogar la legislación que estime
oportuna y conveniente; siempre y cuando lo haga en consonancia con los
parámetros constitucionales vistos, dentro de los cuales militan el debido
proceso y el derecho a la igualdad”23.
41. Durante el trámite del presente proceso, el Legislador profirió normas que
modificaron en algunos aspectos el curso procesal inicialmente establecido en la Ley
1437 de 2011, con aplicación retrospectiva y ultraactiva en los específicos eventos
previstos en éstas, según ya se ha señalado.
42. Entre los cambios introducidos se encuentra el establecimiento de los supuestos
bajo los cuales procede la expedición de sentencia anticipada; así, en los artículos 13
del Decreto Legislativo 806 de 2020 y 42 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el escenario
que da lugar a proferir una providencia de este tipo.
43. Conforme al marco legal que define la ley aplicable y sus efectos en el tiempo,
considera la Sala que al presente proceso sí le resultaba aplicable lo previsto en la
Ley 2080 de 2021 en lo concerniente a la sentencia anticipada, puesto que pese a
que desde el 21 de enero de 2021 se convocó la realización de la audiencia inicial,
es decir, de forma previa a la entrada en vigencia de la mencionada ley, debiéndose
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, providencia del 30 de septiembre de 2020, radicación 1001-
02-03-000-2020-02536-00., Magistrado Ponente: Luis Armando Tolosa Villabona.
23 Corte Constitucional, sentencia C-763 de 2002.
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diferenciar entre la providencia que fijó la fecha para su realización, de aquella
normativa vigente para la fecha en que efectivamente se iría a realizar.
44. En el curso de la audiencia inicial -celebrada el 19 de marzo de 2021- el Tribunal
manifestó su intención de dictar la sentencia anticipada al advertir la configuración de
la excepción de caducidad, sin que en dicha audiencia se hubiese proferido tal
decisión, pues tal como lo acredita el expediente, se dispuso correr traslado a las
partes para que se pronunciaran al respecto.
45. Por lo anterior, no se configuró uno de los supuestos establecidos en los artículos
86 de la Ley 2080 de 2021 y 624 de la Ley 1564 de 2012 para la aplicación
ultraactiva de la ley en lo relativo a la sentencia anticipada, pues esa previsión
únicamente cobijó las audiencias o diligencias ya iniciadas, que no es este caso, más
no la advertencia de la configuración de la excepción de caducidad y su posibilidad
de declaratoria en cualquier estado del proceso, en los términos fijados en el artículo
182A del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 202124.
46. En refuerzo de lo anterior, vale indicar que el Tribunal pudo emitir la misma
decisión incluso antes de la celebración de la audiencia inicial, pero siempre de
forma posterior a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, mediante un auto
que pusiera de presente la posible configuración de la aludida excepción y corriera
traslado a los sujetos procesales en tal sentido; escenario que ilustra con claridad
que el aviso de la posibilidad de dictar sentencia anticipada durante la audiencia
inicial consistió en un elemento accidental o marginal de la misma, ya que no
24
Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada:
1. Antes de la audiencia inicial:
a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
b) Cuando no haya que practicar pruebas;
c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y
sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de
controversia.
Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este
código y la sentencia se expedirá por escrito.
No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el
juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará
lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por
iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará
traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos
de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes.
El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.
Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con
la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado
los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la
transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
PARÁGRAFO. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia
anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las
excepciones se pronunciará.
Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere. No obstante,
escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso
continuará el trámite del proceso.
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constituía un elemento integrador o de ineludible agotamiento para el desarrollo de la
audiencia.
47. Por consiguiente, ante la clara evidencia de la aplicación de la regulación de la
sentencia anticipada al sub examine, procede la Sala a examinar los demás aspectos
planteados, en aras de desatar la alzada propuesta por la actora.
(ii) Potestad de adecuación del medio de control
48. Al tenor de lo establecido en el artículo 171 del CPACA25, el juez de conocimiento
tiene la facultad y el deber de adecuar la demanda al medio de control que
corresponda, aun cuando el demandante haya escogido una vía procesal distinta con
el propósito de evitar decisiones inhibitorias y el ejercicio equivocado de los
diferentes mecanismos establecidos por el legislador para acceder a la
administración de justicia.
49. Lo anterior, bajo el entendimiento que la acción es una sola y el medio de control
debe adecuarse en atención al origen o fuente del daño, puesto que la escogencia
de este último no corresponde a una facultad discrecional del extremo actor; sin
embargo, dicho deber no se desarrolla de forma ilimitada y sin restricción, dado que
el juez de la Administración está sometido al “principio dispositivo”, “conforme al cual
deben individualizarse las pretensiones y apoyarse en las razones de derecho que
las motivan (‘justicia rogada’)”26.
50. En esa medida, el ejercicio de la referida potestad se circunscribe entonces al
examen detallado del libelo introductorio, en especial de lo pretendido por medio de
éste, “para evitar que, al momento de hacer la adecuación del medio de control, se
supla la voluntad del demandante al apartarse del contenido y finalidad de las
pretensiones y del objeto mismo de la demanda” 27 , condición que supone la
obligación de establecer y mantener la verdadera fuente de la controversia y con ello
precisar la vía procesal que corresponde para ventilar el litigio, determinación que,
por demás, resulta vital para el desarrollo del proceso, por cuanto da lugar a la
verificación del cumplimiento de los presupuestos de la demanda y de la acción -
requisito de procedibilidad, caducidad y formalidades exigidas-.
51. En el caso concreto, la parte recurrente aseveró que el a quo debió tramitar el
asunto bajo los lineamientos del medio de control de controversias contractuales y no
de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo procesal que ejerció al
instaurar el libelo introductorio, toda vez que, una vez suscrito el contrato estatal, se
25 “ARTÍCULO 171. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y
le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada,
mediante auto en el que dispondrá …”.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de
julio de 2021, radicación 25000-23-26-000-2008-00222-01(45134), Consejero Ponente: Guillermo Sánchez
Luque.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 27 de
febrero de 2019, radicación 08001-23-33-000-2015-00721-01 (60161), Consejera Ponente: María Adriana
Marín.
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torna en forzoso el debate de los actos previos como fundamento de la petición de
nulidad absoluta del negocio jurídico.
52. Respecto del anterior argumento, estima la Sala, en consonancia con lo
explicado párrafos atrás, que la aludida potestad de adecuación del libelo al medio
de control procedente no puede implicar la modificación de la causa petendi ni del
petitum, esto es, la alteración de los hechos y de las pretensiones que fundamentan
la controversia, puesto que el juez está atado a los precisos términos formulados por
la parte actora en su demanda.
53. En esa medida, como el petitum de la demanda se circunscribió a controvertir la
presunción de legalidad del acto de adjudicación y solicitar el restablecimiento del
derecho correspondiente, es evidente que resultaba improcedente adecuar la
demanda al medio de control de controversias contractuales con referencia a la
nulidad del negocio jurídico, pues, se itera que, en virtud de la facultad de que trata el
artículo 171 del CPACA, no le es dable al juez agregar pretensiones que el extremo
actor no planteó en su libelo introductorio, en este caso, la petición de nulidad
absoluta del contrato suscrito entre la Supersociedades y la unión temporal BPMTec,
con fundamento en la ilegalidad del acto de adjudicación de la licitación pública 1 de
2016.
54. Ahora, sobre el imperativo de enjuiciar los actos previos como fundamento de la
nulidad del contrato estatal, resalta la Sala que esta exigencia fue prevista, a través
del artículo 87 del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998 28 , marco legal que
estableció que los actos proferidos con anterioridad a la celebración del contrato
estatal eran demandables por medio de la acción de la nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o
publicación; sin embargo, dispuso que, una vez celebrado el contrato, la ilegalidad de
los actos previos solamente podía invocarse como fundamento de la nulidad del
contrato; es decir, dicha norma definió una regla de procedimiento por cuya virtud,
ante la celebración del contrato estatal, los actos administrativos que lo precedían se
tornaban inseparables del negocio jurídico gestado, significando con ello que su
control solamente podía incoarse mediante la acción de controversias contractuales,
a través de la pretensión de nulidad absoluta del contrato, fundamentada en la
nulidad de los actos previos.
55. Así, bajo tal normativa, la celebración del contrato se constituyó en el suceso hito
que marcó la transformación del medio de control de los actos previos –pasando de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la acción de controversias
contractuales–, materia respecto de la cual la Corte Constitucional se pronunció
declarando la exequibilidad de la norma, tal como fue modificada por la Ley 446 de
28 “Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho,
según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación.
La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del
contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse
como fundamento de nulidad absoluta del contrato” (resaltado fuera de texto).
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1998, para afirmar en la sentencia C- 1048 de 2001 que, “a partir de la suscripción
del mismo, los actos precontractuales, unilaterales de la Administración, se hacen
inseparables para efectos de su control judicial, de tal manera que sólo pueden
atacarse a través de la acción de nulidad absoluta del contrato”.
56. Sin embargo, el anterior escenario fue modificado con la expedición de la Ley
1437 de 2011, que acogió la teoría de los actos separables, consistente en el
requerimiento de demandar de forma individual e independiente los actos previos a la
celebración del contrato y las controversias que surjan con ocasión del
perfeccionamiento, ejecución y liquidación del negocio jurídico. Sobre este aspecto la
jurisprudencia ha manifestado:
“… la teoría de los actos separables surgió para individualizar o aislar los actos
precontractuales de aquellos proferidos en la etapa contractual y post
contractual de la administración, para efectos de su impugnación, de tal
manera que existen diferentes medios de impugnación –controversias
contractuales, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho- para controlar
la actividad contractual del Estado. A grandes rasgos, el fundamento de esta
teoría se sustentó en que los actos proferidos antes de la celebración del
contrato no poseen un contenido bilateral, sino que son expedidos de manera
unilateral por parte de la entidad contratante” 29.
57. De modo que, aunque la Ley 1437 de 2011 conservó como mecanismo
adecuado para el debate jurisdiccional de los actos previos los medios de control de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, modificó el término de 30 días
previsto en el artículo 87 del CCA, antes referenciado, y no mantuvo la directriz que
indicaba que una vez celebrado el contrato únicamente podía pedirse la nulidad de
los actos previos como fundamento de la nulidad absoluta del contrato. En efecto,
esta normativa establece:
“ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las
partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su
nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se
declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al
responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no
lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto,
del término establecido por la ley.
“Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la
actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los
artículos 137 [nulidad] y 138 [nulidad y restablecimiento del derecho] de este
Código, según el caso.
“El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que
se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla
de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en
él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes” (se subraya).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de
enero de 2019, radicación 25000-23-36-000-2014-01265-01(57741), Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero.
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58. Así, a partir de la redacción de la anterior norma, esta Corporación ha entendido
que con esta modificación el Legislador buscó dotar de independencia la
contradicción de los actos precontractuales, al eliminar la previsión que establecía
que una vez celebrado el contrato la ilegalidad de los mismos –los actos previos-
solo podía invocarse como fundamento de la solicitud de nulidad absoluta del
acuerdo negocial, dotando de paso de estabilidad al negocio jurídico; por tanto y aun
en el escenario de la suscripción del negocio jurídico, solo procede el debate de los
actos previos a través de los medios de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, dentro del término establecido para dichos
mecanismos procesales, es decir, dentro de los 4 meses siguientes a la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo –literal d
del numeral 2 del artículo 164 del CPACA-.
59. La anterior conclusión se ratifica con una interpretación integral de las
previsiones del CPACA, las cuales corroboran dicho entendimiento, tal y como lo ha
manifestado esta Colegiatura, así:
“A diferencia de lo consagrado en el anterior Código Contencioso Administrativo,
en esta nueva normativa se implementó la independencia, desde el punto de
vista procesal, del examen de la legalidad del acto precontractual respecto del
análisis de la nulidad absoluta del contrato, al punto de que cada una cuenta con
su término de caducidad independiente y podrán acumularse siempre que no se
encuentren caducadas”30.
60. Por consiguiente, en la legislación actual, por tener contenidos y alcances
diferentes, uno es el medio de control de los actos precontractuales de naturaleza
separable, y otro el atinente al que persigue la nulidad absoluta del contrato a través
del medio de control de controversias contractuales, con la anotación de que es
posible acumularlas, siempre que se ejerciten en el término previsto en la ley para
cada una de ellas.
61. En este orden de ideas, es evidente, entre otras circunstancias, que no resultaba
forzoso el planteamiento de la pretensión de nulidad del contrato estatal para la
procedencia del juicio de reproche contra el acto administrativo de adjudicación de la
licitación pública, como tampoco se puede asumir que formulada la pretensión de
nulidad de éste se entienda comprendida la de la nulidad del contrato en caso de
haberse celebrado, razón por la cual y ante la carencia de formulación de una
petición de nulidad del negocio jurídico, no puede el juez incluir una pretensión no
solicitada por el demandante, sustituyendo su voluntad y trastocando la nítida
diferenciación que existe entre ambos medios de control.
(iii) Caducidad del medio de control
62. Dilucidado lo anterior, la Sala pasa a establecer si la demanda que originó el
presente litigio fue interpuesta de forma oportuna, considerando lo manifestado por el
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de
marzo de 2020, radicación 47001-23-33-000-2014-00045-02(62538), Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez
Rico.
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recurrente a propósito de la fecha en que se debió dar inició al conteo
correspondiente.
63. El artículo 164 del CPACA prevé que “cuando se pretenda la nulidad o la nulidad
y restablecimiento del derecho de los actos previos a la celebración del contrato, el
término será de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a su
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el caso”.
64. La Resolución del 22 de junio de 2016, mediante la cual se adjudicó la licitación
pública 1 de 2016 a la unión temporal BPMTec fue notificada en audiencia; así se
consignó en su texto:
“ARTÍCULO SEGUNDO: El contenido de la presente Resolución se entiende
notificado en la audiencia pública de adjudicación al señor … en calidad de
Representante Legal de la Unión Temporal BPMTec, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, quienes deberán suscribir
el contrato”31.
65. Y aunque en el acto referido solo se hizo alusión al proponente favorecido, debe
anotarse que el acto de adjudicación fue proferido en audiencia, e
independientemente de que se consignó en un escrito, su contenido motivacional
como resolutivo fue difundido y puesto en conocimiento de los asistentes y sujetos
interesados que hacían parte de la actuación administrativa en curso, entre quienes
se encontraba el representante legal de Digital Ware S.A. –como consta en la lista
de asistencia a la misma32-, por lo que es claro que tal acto no solo estuvo llamado a
producir efectos frente al proponente adjudicatario sino de todos aquellos con una
legítima expectativa que habían presentado una propuesta.
66. En este punto, vale aclarar que la Sala no comparte el criterio esgrimido por el
apelante, en virtud del cual el término de caducidad debe contarse desde el momento
en que se publicó la resolución de adjudicación en el SECOP, fecha que, en todo
caso, coincide con el mismo día en que se celebró la audiencia de adjudicación, tal
como consta en la página web de contratación estatal33, puesto que, sin perjuicio de
la obligación a cargo de las entidades estatales de publicar en la plataforma del
SECOP todos los documentos y los actos administrativos del proceso de
contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, la caducidad debe
contabilizarse a partir del día siguiente a la notificación o comunicación del acto de
adjudicación, la cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 1150
31 Folio 134 del cuaderno 2.
32 Folio 137 del cuaderno 2.
33 El mencionado acto de adjudicación fue publicado el 22 de junio de 2016 –mismo día en que celebró la
audiencia pública de adjudicación, tal como se constata en el siguiente link de público acceso:
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de 2007, se realiza en estrados en el curso de la audiencia de adjudicación al
proponente adjudicatario y, con este, aún así no se exprese en el acto de
adjudicación, se comunica a los demás interesados participantes en el proceso que
se encuentran presentes en la misma.
67. Con idéntica orientación a lo antes dicho, esta Sala en reciente oportunidad
emitió un pronunciamiento, de la siguiente manera:
“Visto lo anterior, la notificación del acto administrativo debe hacerse
directamente al adjudicatario del proceso de selección en tanto titular del
derecho subjetivo reconocido en dicho acto, e igualmente debe ser puesta en
conocimiento de los proponentes no elegidos, para que conforme a su interés
puedan ejercer los medios de control disponibles frente a las decisiones
adoptadas. Así, el cómputo de la caducidad comenzará a correr a partir del
día siguiente de la notificación o de la comunicación del acto de adjudicación,
según la calidad que tenga el sujeto frente a la culminación de la actuación
administrativa contractual.
“Unido a las anteriores reglas, el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 prevé que
la adjudicación en procesos de licitación pública obligatoriamente debe
hacerse en audiencia pública, y la decisión se entenderá notificada al
proponente favorecido34 previo pronunciamiento de los interesados respecto
de las observaciones y los informes de evaluación que preceden tal
determinación35.
“De esta manera, cuando el acto de adjudicación se realiza en audiencia, es
decir, es comunicado de manera verbal al público, la ley entiende cumplida la
notificación frente al proponente adjudicatario; razonamiento que, por la forma
en que se da a conocer la decisión, hace coincidir el momento en que es
comunicado el acto a los demás interesados participantes en el proceso, de
modo que este hito es el que marca el inicio del cómputo del plazo de
caducidad”36 (se resalta).
68. En este orden de ideas, comoquiera que el conocimiento del acto enjuiciado se
produjo el 22 de junio de 2016 –día en que se celebró la audiencia de adjudicación-
el término de caducidad de 4 meses consagrado para debatir dicho acto, según lo
previsto en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, empezó a correr el
23 de ese mismo mes y año, feneciendo el 23 de octubre siguiente No obstante,
como el 19 de septiembre de 2016 la demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 135 Judicial II para asuntos administrativos37, a
partir de ese día se suspendió el término de caducidad, es decir, restando 35 días
para que ocurriera este fenómeno jurídico, de manera tal que el término de
34 Nota original: “ARTÍCULO 9o. DE LA ADJUDICACIÓN. En el evento previsto en el artículo 273 de la
Constitución Política y en general en los procesos de licitación pública, la adjudicación se hará de forma
obligatoria en audiencia pública, mediante resolución motivada, que se entenderá notificada al proponente
favorecido en dicha audiencia (…)”.
35 Nota original: “El inciso segundo del artículo 9 ibidem dispone: ‘Durante la misma audiencia, y previamente a la
adopción de la decisión definitiva de adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre la respuesta dada
por la entidad contratante a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación’”.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 5 de febrero
de 2021, radicación 47001-23-33-000-2020-00046-01 (66.277), Consejero Ponente: José Roberto Sáchica
Méndez.
37 Folio 27 del cuaderno principal.
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Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
caducidad se reanudó el 8 de diciembre de 2016, día siguiente a la expedición de la
constancia a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 200138.
De esta forma, los interesados tenían hasta el 11 de enero de 2017 para presentar la
respectiva demanda, lo que sucedió el 20 de enero de ese mismo año39, esto es,
fuera de la oportunidad legal prevista para tal fin.
69. Por todo lo anterior, se confirmará la sentencia de primer grado, mediante la cual
se declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control ejercido.
Costas
70. En los términos del artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la
condena en costas se sujetará a las reglas previstas en el Código General del
Proceso, normativa que establece, en su artículo 365, numeral 1, que “se condenará
en costas a la parte vencida o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación”.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.
71. En este orden de ideas, se fijan las agencias en derecho, para esta instancia, en
la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la parte
demandada, en atención a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554,
proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, que establece que la condena por
este aspecto en el curso de la segunda instancia debe fijarse entre 1 y 6 smlmv.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de abril de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
Descongestión.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por esta instancia, a la demandante, en favor de
la parte demandada por la suma de dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo.
38 Ibídem.
39 Folio 19 del cuaderno principal.
18
Radicación: 25000233600020170009301 (67.952)
Demandante: Digital Ware S.A.
Demandado: Superintendencia de Sociedades
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE40
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
40 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
19
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