Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00563-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00563-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00563-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
8 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
Demandada: Departamento de Cundinamarca
Referencia: Medio de control de controversias contractuales
Tema 1: Incumplimiento contractual. Tema 2. Naturaleza e interpretación de la prima o bonificación
de éxito pactada en los contratos de prestación de servicios profesionales. Tema 3. Principios y
reglas de interpretación de los contratos.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019), que
denegó las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El Tribunal encontró infundadas las pretensiones de la demanda, consistentes en
declarar que el departamento de Cundinamarca [en adelante el Departamento]
incumplió el contrato de prestación de servicios No. 224 del 20 de junio de 20071 y, en
la condena al pagar a la parte actora de la prima de éxito en las condiciones pactadas
en el parágrafo primero de la cláusula tercera de ese negocio jurídico [“un cinco (5%)
de beneficio procesal por las sumas de dinero que logre recaudar a favor del
departamento de Cundinamarca”]. Esta decisión se fundó en la consideración relativa
a la ajenidad de las sumas colectadas respecto de la gestión desplegada por el
abogado Marín Merizalde. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso el
recurso de apelación a efecto de que revoque la sentencia y se acceda a la
pretensiones de la demanda.
2. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. El 3 de abril de 20172, José Mauricio Marín Elizalde presentó demanda en
ejercicio del medio de control de controversias contractuales, con las siguientes
pretensiones: (i) que se declare el incumplimiento del contrato de prestación de
servicios No. 224 del 20 de junio de 2007 por parte del Departamento; (ii) Que, como
consecuencia de lo anterior, se ordene, al Departamento, cumplir la obligación de
pagar al demandante la prima de éxito estipulada en el parágrafo de la cláusula tercera
del contrato: “es decir la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.753.645.647,50)
más IVA”; (iii) Que se ordene, al Departamento, pagar el valor de la suma anterior
1 El objeto era la asesoría y defensa judicial en los procesos de fiscalización tributaria del Departamento y la
Cámara de Comercio de Bogotá tendientes a lograr el pago del impuesto de registro derivado de la distribución
de remanentes dentro del proceso de liquidación comercial de la extinta sociedad Luz de Bogotá S.A. y de
defensa judicial a favor del departamento de Cundinamarca en la acción popular 2006-0315.
2 Folios 1 a 22 del cuaderno 1.
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
actualizada junto con los intereses moratorios a la máxima tasa de interés permitida
por la Ley; (iv) Que se ordene la liquidación del contrato de prestación de servicios
No. 224 de 2007 -CE2016521772 y (v) que se condene en costas y agencias en
derecho al Departamento.
2.1.2. El accionante adujo, como fundamento jurídico de sus pretensiones, que
conforme a la teoría general de los contratos éstos son Ley para las partes y deben
cumplirse bajo el principio de la buena fe. Que en este caso el Departamento “se
obligó, entre otras cosas a pagar a favor de MI PODERDANTE, el cinco por ciento
(5%) de beneficio procesal por las sumas de dinero que se lograran recaudar a favor
del Departamento de Cundinamarca, hecho que efectivamente ocurrió y que da lugar
al reconocimiento y pago de lo estipulado en el parágrafo primero de la cláusula
tercera del contrato.” Y que el demandante cumplió con la condición a la que estaba
sujeta la obligación de pagar la prima de éxito pactada. En cuanto al asunto
presupuestal, trajo a colación los principios de transparencia, economía y
responsabilidad a efecto de señalar que el Departamento, en cumplimiento del art.
25.12 de la Ley 80 de 1993 “debió tener en cuenta que al pactarse una prima de éxito
se debía definir una metodología para determinar” su cuantía y realizar los estudios y
las reservas y registros presupuestales para garantizar su pago, pues tal carga no le
correspondía al contratista sino a la contratante, que, por demás no puede excusarse
en su propia culpa para beneficiarse de su error. Finalmente, el demandante concluyó
que, en este asunto, “se debe proceder a la liquidación del contrato de prestación de
servicios, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, los
contratos de tracto sucesivo, aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en
el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación”.
2.2. El trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El 9 de octubre de 20173, el Tribunal admitió la demanda y, luego, notificó
el auto admisorio en debida forma4.
2.2.2. El 22 de febrero de 20185, el Departamento contestó la demanda, con
oposición a la totalidad de las pretensiones en ella formuladas, salvo la referida a la
liquidación judicial del contrato. Como argumento defensivo, aseguró que no hubo
ningún análisis técnico, estudio económico, financiero ni de mercado que justificara el
pago de la reclamada prima de éxito, razón por la que no contó con el respaldo
presupuestal requerido por el estatuto orgánico de presupuesto. Sumado a que no se
cumplió “la hipótesis que exigía el contrato para que se diera lugar a la pretendía (sic)
comisión o prima”, al punto que no cuenta con un CDP que lo respalde y, por ende,
propuso como excepciones de fondo, las que denominó: “inexistencia de los
presupuestos fácticos y legales para la prosperidad de la pretensión referida a la prima
de éxito”; “cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 224 de 2007” y
“cobro de lo no debido”.
2.2.3. El 3 de agosto de 20186, fue celebrada la audiencia inicial, en la que surtió
el saneamiento del proceso, la fijación del litigio7 con base en los hechos admitidos
3 Folios 26 a 29 del cuaderno 1.
4 Folios 30 a 34 del cuaderno 1.
5 Folios 43 a 66 del cuaderno 1.
6 Folios 153 a 157 del cuaderno 1 y CD que obra a folio 152 ídem.
7 ¿EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA incurrió en incumplimiento del parágrafo primero de la cláusula
tercera del contrato de prestación de servicios No. 224 de 2007, con ocasión al recaudo de la suma determinada
en su liquidación oficial de revisión 001 del 13 de diciembre de 2007, a cargo de la CÁMARA DE COMERCIO
DE BOGOTÁ, por concepto del impuesto de registro de agosto de 2004? De ser positiva la respuesta al anterior
interrogante “¿El DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA adeuda al doctor JOSE MAURICIO MARÍN
ELIZALDE, en cumplimiento del parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
y probados, se declaró fallida la etapa de conciliación judicial y se decretaron las
pruebas. Luego, en diferentes fechas tuvo lugar la audiencia de pruebas [21 de
septiembre de 20188, 5 de octubre de 20189, 2 de noviembre de 201810 y 4 de
diciembre de 201811] en la que fueron recaudados los medios de convicción
solicitados y decretados, se prescindió de la celebración de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento y se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público,
para que aquellas alegaran de conclusión y este rindiera concepto de fondo.
2.2.4. El 18 de diciembre de 201812 las partes procesales presentaron alegatos de
conclusión, con reiteración de lo argumentado en las oportunidades anteriores. El
Ministerio Público guardó silencio.
2.3. La sentencia recurrida
El 24 de abril de 201913, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C, profirió fallo de primer grado, en el que resolvió:
“PRIMERO: Niéguense las pretensiones de la demanda promovida por el doctor
JOSÉ MAURICIO MARÍN ELIZALDE contra el DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA.
SEGUNDO: Sin condena en costas conforme decantó en el anterior considerando.
TERCERO: Ejecutoriada liquídense por Secretaría los gastos del proceso […].”
El a quo arribó a esta conclusión en consideración a que la prima de éxito tiene
origen en el derecho privado y por ello en un contrato estatal su exigibilidad está
condicionada al cumplimiento de los principios propios del derecho público, en
particular al de planeación, en cuyo marco se debe establecer la metodología para
determinar su cuantía, así como realizar los estudios financieros, económicos,
presupuestales y de mercado que deberán incorporarse en los pliegos de
condiciones y en el contrato para evitar que se convierta en una obligación
indeterminada o irrazonable que pueda resultar lesiva del erario y del principio de
conmutatividad. Por ello, sólo se puede reconocer la prima cuando quiera que
efectivamente se logre un beneficio o éxito objetivamente verificado conforme a lo
previsto en los estudios previos y lo estipulado en el contrato y de acuerdo con las
disposiciones presupuestales aplicables para cada entidad.
En el caso concreto, halló el fallador de primera instancia que la prueba aportada,
conforme a las reglas de la sana critica, permitió evidenciar que el recaudo del valor
establecido por el Departamento de Cundinamarca a cargo de la Cámara de
Comercio de Bogotá por el impuesto de registro de agosto de 2004 no tuvo como
causa la asesoría cumplida por el abogado José Mauricio Marín Merizalde, en
ejecución del contrato de prestación de servicios 224 de 2007, sino “la función
administrativa tributaria desplegada por la entidad territorial entre agosto y
septiembre de 2006, antecedente de la liquidación oficial de revisión 001 del 13 de
diciembre de 2007”.
No. 224 de 2007, la suma de mil setecientos cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y siete pesos con cincuenta centavos ($1.753.645.467.50) más IVA, actualización e
intereses moratorios? Folio 728 del cuaderno 4.
8 Folios 268 a 269 del cuaderno 1 y CD que obra a folio 267 ídem.
9 Folios 646 a 647 del cuaderno 1 y CD que obra a folio 645 ídem.
10 Folios 672 a 673 del cuaderno 2 y CD que obra a folio 671 ídem.
11 Folio 691 del cuaderno 2 y CD que obra a folio 690 ídem.
12 Folios 692 a 711 del cuaderno 2 (El Departamento) y folios 712 a 722 del cuaderno 2 (parte actora).
13 Folios 724 a 735 del cuaderno 4.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
Remarcó que las actuaciones determinantes del recaudo, fundamento de la
liquidación oficial de revisión, que delimitaron la discusión de la base gravable del
tributo, específicamente respecto a que el registro de la cuenta final de liquidación
de la Sociedad Luz de Bogotá S.A. era un acto con cuantía, fueron el requerimiento
especial 001 del 28 de agosto de 2006, la Resolución 1626 del 12 de septiembre de
2006 y el Requerimiento especial 002 del 14 de septiembre de 2006, junto con el
acto aclaratorio en punto de los fundamentos legales de la fiscalización y de la
inexactitud planteada de fecha 14 de marzo de 2007, todos ellos realizados con
anterioridad a la firma del contrato de prestación de servicios No. 224 del 20 de junio
de 2007, con lo cual no se cumplió la condición a la que se encontraba sujeta la
prima de éxito establecida en el parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato
de prestación de servicios y, por ende, la pretensión de pago se torna infundada,
pues no fue el obrar del contratista la causa eficiente del recaudo y, en
consecuencia, su pago no era exigible.
2.4. El recurso de apelación
2.4.1. El 15 de mayo de 201914, la parte actora recurrió la providencia, con la
pretensión de que sea revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda. Como cargos de alzada adujo:
2.4.1.1. El Tribunal consideró erróneamente que el recaudo realizado por el
departamento no tuvo como causa la asesoría del demandante. En su criterio, los
requerimientos especiales 001 del 28 de agosto de 2006 y 002 del 14 de septiembre
de 2006 fueron meras invitaciones a la Cámara de Comercio de Bogotá para cumplir
con una obligación, sin que en ellos se hubiera establecido ni el valor a pagar ni las
consecuencias de su incumplimiento. De hecho, para la fecha en que el demandante
fue contratado, aún no se habían proferido actos definitivos en contra de la Cámara
de Comercio de Bogotá, pues con la Resolución 1626 de septiembre 15 de 2006, la
Dirección de rentas del departamento revocó oficiosamente el requerimiento especial
001 de 2006, precisamente por no haber sustentado las razones fácticas y jurídicas
de la solicitud de corrección de la retención en la fuente del impuesto de registro de
2014. Por su parte, el requerimiento especial 002 de 2006 adoleció del mismo defecto,
pues se limitó a señalar que el acto registrado por la sociedad Luz de Bogotá S.A. era
un acto con cuantía para efecto de determinar la base gravable del impuesto de
registro. Afirma, que tales argumentos solo aparecieron en la liquidación oficial de
revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007, con la que la Secretaría de Hacienda
modificó la declaración del impuesto de registro presentada por la Cámara de
Comercio de Bogotá por el mes de agosto de 2004, argumentos que en su totalidad
entregó el demandante en ejecución del contrato de prestación de servicios 224 de
2007, mismos que fueron utilizados para resolver el recurso de reconsideración que
propuso la Cámara de Comercio, la liquidación de revisión 001 del 13 de diciembre de
2007 y para contestar la demanda dentro del proceso 2009-00069 (20162) con la que
la Cámara pretendió la nulidad de los actos mencionados, argumentación jurídica que
acogió el Consejo de Estado y, con base en ella, no declaró la deprecada nulidad.
2.4.1.2. Reprocha que el a quo considerara que la sentencia proferida por el Consejo
de Estado dentro del proceso 2009-00069 (20162), con la que se resolvió el recurso
de apelación interpuesto por el aquí demandante, no fue el reflejo de los argumentos
por él esgrimidos y gracias a los cuales se logró revertir ante el Consejo de Estado la
declaratoria de nulidad de primera instancia, por cuanto se demostró que no se vulneró
el debido proceso a la Cámara de Comercio de Bogotá y que el acto de Luz de Bogotá
S.A. sí tenía cuantía para efectos de la liquidación del impuesto de registro, pues de
14 Folios 740 a 746 del cuaderno 4.
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
no haber sido así el departamento no hubiese tenido derecho a cobro alguno por dicho
concepto. Argumentos que, afirma, fueron acogidos, en su gran mayoría, por el
Consejo de Estado y que se evidencian en la contestación de la demanda que milita
como prueba en el plenario.
2.4.1.3. Señala que si bien los cinco primeros conceptos emitidos por el contratista no
se refieren a un caso en concreto, en ellos se analizan los argumentos para el caso
específico del departamento de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de acuerdo
con el objeto del contrato 224 de 2007 para la asesoría en los procesos de fiscalización
tributaria tendientes a lograr el pago del impuesto de registro derivado de la
distribución de remanentes dentro del proceso de liquidación comercial de la Sociedad
Luz de Bogotá S.A. y la defensa judicial en la acción popular 2006-0315. Reprocha
que el a quo no advirtiera que los argumentos de los conceptos del contratista fueron
replicados en la liquidación de revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007 y la
Resolución No. 056 del 28 de enero de 2009, gracias a los cuales se logró el recaudo
del impuesto de registro a favor del departamento. Remarca que la sentencia
impugnada obvia que hubo un debate de fondo en torno a la interpretación de la ley
comercial y tributaria para la liquidación del impuesto de registro y que fue gracias a la
gestión del ahora demandante que el departamento logró recaudar el dinero, pues
antes de que se le contratara, la gestión se limitó a los trámites de los requerimientos
especiales tendientes a modificar la liquidación presentada por el contribuyente, que
no son actos administrativos definitivos y, en consecuencia, no son demandables,
como sí lo son la liquidación de revisión y el acto que resuelve el recurso que,
eventualmente, se interponga contra ella. Insiste en que la prueba arrimada al proceso
permite concluir que los actos definitivos en este procedimiento, fueron la liquidación
de revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007 y la Resolución 00056 del 28 de
enero de 2009 que expidió el departamento con el acompañamiento y asesoría del
aquí demandante en ejecución del contrato de prestación de servicios 224 de 2007.
2.4.2. El 7 de junio de 201915 el Tribunal concedió el recurso en el efecto suspensivo.
2.5. El trámite procesal relevante en segunda instancia
2.5.1. El 9 de septiembre de 201916 esta Corporación admitió el recurso formulado,
luego, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que aquellas alegaran
y este conceptuara en esta instancia17.
2.5.2. El 28 de enero y el 5 de febrero de 202018 las partes alegaron de conclusión,
en tanto que el Ministerio público guardó silencio19. La demandada reiteró los
argumentos de defensa esgrimidos durante el proceso y estructuró sus alegaciones
en cuatro aspectos fundamentales: (i) Estudio de conveniencia y oportunidad - Origen
del Contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con José Mauricio Marín
Elizalde; (ii) Pertinencia, viabilidad y requisitos para la fijación de una modalidad de
comisión de éxito, o cuota litis o prima de éxito en los contratos del Estado. Alcances
y límites del principio "pacta sun servanta" (sic) en los contratos estatales; (iii) Trabajo
de fiscalización ya previamente realizado por la Administración Tributaria
Departamental y el valor del impuesto recaudado como consecuencia del proceso de
fiscalización tributaria y (iv) Cumplimiento efectivo del contrato de prestación de
servicios profesionales número 224 del 20 de junio de 2007 por parte de la
15 Folios 748 del cuaderno 4.
16 Folio 756 del cuaderno 4.
17 Folio 759 del cuaderno 4.
18 Alegatos del Departamento de Cundinamarca Folios 761 a 780 y alegatos de la parte actora folios 781 a 798
del cuaderno 4.
19 Folio 799 del cuaderno 4.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
Gobernación de Cundinamarca. Por su parte, la actora iteró los argumentos del
recurso de alzada y en las etapas procesales precedentes a efecto de recabar que se
acceda a las pretensiones de la demanda en tanto considera que está probado que la
pasiva le adeuda el pago de la prima de éxito pactada en el parágrafo primero de la
cláusula tercera del contrato de prestación de servicios 224 de 2007, en razón al
recaudo que obtuvo el departamento por concepto del impuesto de registro derivado
de la distribución de remanentes dentro del proceso de liquidación comercial de la
sociedad Luz de Bogotá S.A.
3. PROBLEMAS JURÍDICOS Y RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL
CONTRATO BAJO ANÁLISIS
3.1. De conformidad con los fundamentos del fallo de primer grado y lo argumentado
en el recurso de apelación la Sala debe dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Incumplió el Departamento de Cundinamarca el contrato de prestación
de servicios No. 224 del 20 de junio de 2007, en relación con el pago de la
prima de éxito pactada en el parágrafo primero de la cláusula tercera de
ese negocio jurídico?
3.2. Este cuestionamiento se resolverá teniendo en cuenta que el negocio jurídico bajo
controversia es un contrato de prestación de servicios regido por el Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública [EGCAP] 20, pues fue celebrado por el
Departamento de Cundinamarca, que en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de
199321, es una entidad estatal regida por dicho estatuto.
4. HECHOS PROBADOS
Para dar respuesta al problema jurídico planteado, se procederá a revelar los hechos
que se encuentran probados y que, en este análisis, resultan relevantes.
4.1. El 20 de junio de 200722 José Mauricio Marín Elizalde celebró con el
departamento de Cundinamarca el contrato de prestación de servicios No. 224 con
el siguiente objeto:
“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios profesionales de
Asesoría y Defensa Judicial, en los procesos de fiscalización tributaria que se
adelanta en la Cámara de Comercio de Bogotá, tendiente a lograr el pago, a favor
del Departamento de Cundinamarca, del impuesto de registro derivado de la
distribución de remanentes dentro del proceso de liquidación comercial de la hoy
extinta sociedad Luz de Bogotá SA, además la defensa judicial a favor del
Departamento de Cundinamarca, en la Acción Popular número 2006-0315, que cursa
en la Sección Segunda - Subsección "D" del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, cuyos accionantes son: María Omaira Cely Vargas, Rosa Elvira
Viracachá Tunarosa. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Para el
efecto, el contratista asesorará en todo lo relacionado con el proceso de fiscalización
20 LEY 80 DE 1993. “Artículo 32. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones
que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación: […] 3. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación
de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados. // En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
21 LEY 80 DE 1993. “Artículo 2. Para los solos efectos de esta Ley: 1º. Se denominan entidades estatales: a)
[…] los departamentos […]”.
22 Folios 1 a 5 del cuaderno 3.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
que actualmente lleva a cabo la Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas del
Departamento de Cundinamarca, en contra de la Cámara de Comercio de Bogotá,
incluye las especificaciones y actividades indicadas en la propuesta del contratista,
la cual hace parte integral del presente contrato, realizar todas las actuaciones
procesales propias de ésta clase de procesos hasta culminarlos, con la providencia
que ponga fin al mismo; así mismo adoptará la defensa judicial dentro del proceso
de Acción Popular número 2006-0315, que cursa en la Sección Segunda -
Subsección "D" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en el evento que se
presente alguna demanda en contra del Departamento por los mismos hechos origen
del presente contrato, asumirá la defensa judicial; además asesor (sic) en los
aspectos legales relacionados con el objeto de éste contrato a la Secretaría Jurídica.”
Como contraprestación se estipuló lo siguiente:
“CLAUSULA TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente
contrato es hasta la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS ($69.600.000) M./cte, incluido IVA, suma que se pagará de la siguiente
forma: 1. Un pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
presente contrato, o sea la suma de $34.800.000 M.L. 2. Un veinticinco por ciento
(25%) o sea la suma de $17.400.000, cuando se cumplan seis (6) meses de ejecución
contractual, previa presentación de la cuenta de cobro y de la certificación expedida
por el interventor del contrato, acompañadas del certificado de pago del sistema de
seguridad social integral en salud y pensiones, por parte del contratista. 3. El saldo o
sea la suma de $17′400.000 M.L., cuando se cumpla un año de ejecución contractual,
previa presentación de la cuenta de cobro y de la certificación expedida por el
Interventor del contrato, acompañadas del certificado de pago del sistema de
seguridad social integral en salud y pensiones, por parte del contratista. Estos pagos
se harán con cargo a la disponibilidad presupuestal No 55533 del cuatro (04) de junio
de 2007, Sección 301, Artículo 001-01-03-003 "Remuneración Servicios Técnicos"
del presupuesto de la vigencia fiscal 2007. PARÁGRAFO PRIMERO: PRIMA DE
EXITO: El contratista tendrá derecho a un cinco (5%) de beneficio procesal por las
sumas de dinero que logre recaudar a favor del Departamento de Cundinamarca,
porcentaje que se hará efectivo una vez ingrese el valor de la suma recuperada a las
arcas del Departamento y se tenga la disponibilidad presupuestal correspondiente.
PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y
similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley
Colombiana. PARAGRAFO TERCERO: Los pagos enunciados en la cláusula tercera
del presente contrato, se sujetarán al Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC y
a la certificación de cumplimiento del pago al sistema de seguridad social integral,
(pensión y salud), de acuerdo con la Ley. El sistema de pago utilizado por el
DEPARTAMENTO es la consignación en una cuenta corriente o de ahorros de las
instituciones financieras que el CONTRATISTA registre en el formato titulado
"INFORMACION DE PROVEEDORES el cual debe ser diligenciado y entregado en
la Dirección de Servicios Administrativos.”
4.2. El 13 de agosto de 201523, la sección cuarta de esta Corporación revocó la
sentencia del 24 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- contra el
Departamento de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones del proceso que
se tramitó bajo el radicado 2009-00069-02 (20162) y había declarado la nulidad de
la liquidación oficial de revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007, proferida por
la Directora de rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Cundinamarca, por medio de la cual se profirió liquidación oficial de revisión en
contra de la CCB por la declaración del impuesto de registro correspondiente al mes
de agosto de 2004 y de la Resolución No. 56 del 28 de enero de 2009 que resolvió
23 Folios 6 a 40 del cuaderno 3.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
el recurso de reconsideración interpuesto contra la Liquidación Oficial de revisión
No. 001 de 2007 y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, había
dejado en firme la declaración del impuesto de registro presentada por la CCB.
4.3. El 18 de abril de 201624, el Secretario Jurídico de la Gobernación de
Cundinamarca solicitó al abogado José Mauricio Marín Elizalde que se pronunciara
sobre la viabilidad de modificar bilateralmente el contrato 224 de 2007, en razón a
“el pacto establecido en el parágrafo primero de su cláusula tercera al tratarse de
una prima de éxito cuya cuantía dependía del resultado del proceso, NO contó con
el respaldo presupuestal requerido por el estatuto orgánico de presupuesto, motivo
por el cual no era lógico ni viable el escribir el mismo, más aún cuando no existió un
estudio económico que concluyera que el cinco por ciento (5%) era el valor
adecuado para esa prima.” Trae a colación el escrito los pronunciamientos
realizados por la Contraloría General de la República y el Consejo de Estado en
relación con los aspectos que se deben tener en cuenta para establecer “prima o
comisión de éxito” en favor de contratistas del Estado.
4.4. El 25 de abril de 201625, el aquí demandante, Dr. Marín Elizalde, dio respuesta
negativa a la solicitud del Secretario Jurídico, señalando que la legislación aplicable
para la fecha en que se suscribió el contrato de prestación de servicios 224 de 2007
estaba conformada por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002, y que en virtud
del principio de planeación correspondía al Departamento adelantar las actuaciones
tendientes a garantizar las reservas presupuestales necesarias para atender el
compromiso pactado en el contrato, de suerte que, aún si la jurisprudencia que se
cita fuera aplicable al caso, las omisiones del ente departamental “no pueden afectar
el derecho a la prima de éxito que se originó con el contrato celebrado”, por lo que
instó a la entidad a dar cumplimiento a lo estipulado en el contrato.
4.5. El 8 de junio de 201626, el abogado Marín Elizalde, mediante escrito que
presentó en ejercicio del derecho de petición, solicitó a la Secretaría Jurídica del
Departamento de Cundinamarca dar cumplimiento al contrato 224 de 2007 y
proceder al pago de los honorarios adeudados.
4.6. El 30 de junio de 201627, la Secretaría Jurídica del Departamento de
Cundinamarca dio respuesta a la petición del 8 de junio de 2016, señalando que,
“como ya se le había informado previamente” al no contar con soporte presupuestal
la suma cuyo pago reclama, “la administración ha tomado la decisión de acudir a la
jurisdicción”, “a fin de que sea el juez de lo Contencioso Administrativo quien decida
si hay lugar al pago de la comisión de éxito pactada en el contrato”, iterando la
jurisprudencia de esta subsección28 referida a los requisitos para el pacto de este
tipo de contraprestaciones y los pronunciamientos de la Contraloría General de la
República al respecto en los que se pone de manifiesto el artículo 71 29 del Decreto
111 de 1996.
24 Folios 41 y 42 del cuaderno 3.
25 Folios 43 a 51 del cuaderno 3.
26 Folio 52 del cuaderno 3.
27 Folio 53 del cuaderno 3.
28 Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, radicado 76001-23-31-000-2003-01754-01 (35268).
29 “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos
gastos.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él
financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo
de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.7. El 24 de agosto de 201630, el abogado Marín Elizalde solicitó a la Secretaría
Jurídica del Departamento de Cundinamarca que informara “si la Cámara de
Comercio ya canceló la totalidad del valor debido al departamento en virtud de la
sentencia proferida” dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
Rad. 2009-0069-02 y, en caso afirmativo, “cuál fue el valor pagado y la fecha de
pago” y, en caso negativo que actuaciones se han realizado “para la recuperación
y obtención de los dineros que la Cámara de Comercio adeuda.”
4.8. El 13 de septiembre de 201631, la Secretaría Jurídica del Departamento de
Cundinamarca contestó la anterior petición señalando que: “la Cámara de
Comercio de Bogotá en acatamiento a lo ordenado mediante sentencia de segunda
instancia proferida por el Consejo de Estado, dentro del proceso 250002327000-
2009-00069-02, la cual confirmó los actos administrativos expedidos por la
Secretaria de Hacienda de Cundinamarca, esto es, la Liquidación Oficial de
Revisión No. 0001 del 13 de diciembre de 2007 y la Resolución 056 del 28 de enero
de 2009, actos mediante los cuales se determinó un mayor impuesto de registro por
el periodo de agosto de 2004, por valor de $ 12.349'413.350,00, ha efectuado los
siguientes pagos:
1. En favor del Departamento:
La suma de $ 14.881'319.705,00, la cual fue recibida y tramitada el día veintiuno
(21) de octubre de dos mil quince (2015).
La suma de $ 9.669'716.840,00, la cual fue recibida y tramitada el día veintiuno (21)
de abril de dos mil dieciséis (2016)
2. En favor de la Dirección Distrital de Tesorería de la Alcaldía mayor de Bogotá
D.C.:
La suma de $ 6.377´708.445,00, la cual fue recibida y tramitada el día veintiuno (21)
de octubre de dos mil quince (2015).
La suma de $ 4.144'164.360,00, la cual fue recibida y tramitada el día veintiuno (21)
de abril de dos mil dieciséis (2016).”
4.9. El 22 de noviembre de 201632, a través de apoderado, el abogado Marín
Elizalde, radicó ante la Procuraduría General de la Nación, solicitud de conciliación
extrajudicial, con el objeto de que se ordene al departamento de Cundinamarca el
pago en su favor de la prima de éxito por valor de $1.753.645.467,50 más IVA “en
cumplimiento de lo estipulado en el parágrafo 1 de la cláusula tercera del contrato
No. 224” y de “la sentencia favorable de segunda instancia, proferida por el Consejo
de Estado, dentro del proceso 250002327000-2009-00069-02, la cual confirmó los
actos administrativos expedidos por La secretaría de Hacienda de Cundinamarca,
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso
del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer
vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados.
Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que conforman el presupuesto general de la
Nación, que impliquen incremento en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un
certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general del presupuesto nacional en que se
garantice la posibilidad de atender estas modificaciones.
Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y
pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (L. 38/89, art. 86; L. 179/94, art. 49).”
30 Folio 54 del cuaderno 3.
31 Folio 55 del cuaderno 3.
32 Folios 56 a 68 del cuaderno 3.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
esto es, la Liquidación Oficial de Revisión No. 0001 de 13 de diciembre de 2007 y
la Resolución 056 del 28 de enero de 2009, actos mediante los cuales se determinó
un mayor impuesto de registro por el periodo de agosto del año 2014”. Conciliación
que se declaró fallida el 20 de febrero de 2017.
4.10. En cumplimiento a lo ordenado en la audiencia inicial que se realizó en el
decurso de este proceso el 3 de agosto de 2018, se allegaron los siguientes
documentos relacionados con las actuaciones del aquí demandante en relación con
la acción popular radicada 2006-0315:
4.10.1. Copia de los “conceptos emitidos por el doctor JOSE MAURICIO MARIN
ELIZALDE, en ejecución del contrato de prestación de servicios 224 de 2007, para
fines de la emisión de la liquidación oficial de revisión No. 1 de 23 de diciembre de
2007 y de la resolución No. 056 de 28 enero de 2009, por medio de la cual el
Secretario de Hacienda de Cundinamarca modificó aquella en sede del recurso de
reconsideración"33. A saber:
1. Estudio del impuesto de registro (departamental) a partir de la teoría del hecho
generador. (27 folios)
2. La figura del requerimiento especial y sus consecuencias (9 folios)
3. Estudio a propósito de la firmeza de las declaraciones de los impuestos de las
entidades territoriales y del régimen sancionatorio aplicable por estas entidades (14
folios)
4. La motivación de los actos administrativos (7 folios) sin firma
5. Estudio a propósito de los documentos sometidos a registro en la disolución y
liquidación voluntaria de sociedades (1 folio)
6. Concepto sobre competencia para resolver los recursos de reconsideración (2
folios) sin firma
7. Análisis del recurso de reconsideración interpuesto por la Cámara de Comercio
de Bogotá contra la liquidación oficial de revisión No. 001 (17 folios) sin firma
No obstante dar cumplimiento a lo ordenado por su Despacho, resulta valedero al
tenor literal de la cláusula primera del contrato de prestación de servicios número
224 de 20 de junio de 2007, hacer énfasis sobre el objeto contractual:
"CLAUSULA PRIMERA: OBJETO. Prestación de servicios profesionales de
Asesoría y Defensa Judicial, en los procesos de fiscalización tributaria que se
adelanta en la Cámara de Comercio de Bogotá, tendiente a lograr el pago a favor
del Departamento de Cundinamarca, del impuesto de registro derivado de la
distribución de remanentes dentro del proceso de liquidación comercial de la hoy
extinta sociedad Luz de Bogotá S.A., además la defensa judicial del Departamento
de Cundinamarca, en la Acción Popular 2006-0315, que cursa en la Sección
Segunda Subsección "D" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuyos
accionantes son: María Omayra Cely Várgas, Rosa Elvira Viracahá Tunarosa".
33 Folios 197 a 263 del cuaderno 1.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.10.2. Copia de la contestación que a la demanda presentada en ejercicio de la
acción popular radicada 2006-0315 dio la abogada María Omaira Cely Vargas34,
como apoderada judicial del departamento de Cundinamarca, en la que, entre otras,
precisó que por disposición legal la liquidación y recaudo del impuesto de registro
lo efectúa la Cámara de Comercio de Bogotá, siendo el Departamento el
destinatario de la transferencia del Tributo. Razón por la que de probarse la posible
elusión en el cobro del impuesto, al haberse realizado la inscripción de la liquidación
de la sociedad Luz de Bogotá S.A. como acto sin cuantía, se deberá proceder a
corregir la declaración por inexactitud, con la sanción por corrección más los
intereses de mora desde el momento de la causación del impuesto de registro y
hasta cuando se efectúe el pago. Advierte que “conforme al memorando interno de
fecha julio 30 de 2004, dirigido por el doctor Andrés Tobón Estrada al doctor Jaime
Moya, funcionarios de la Cámara de Comercio de Bogotá, obrante en el expediente,
se encuentra plasmado allí que se trata de un acto con cuantía por cuanto hay
distribución de remanentes, en consecuencia la Cámara de Comercio debió
efectuar las medidas pertinentes para el cobro del impuesto y posterior transferencia
al Departamento de Cundinamarca.”
4.10.3. Copia de la coadyuvancia que realizó la abogada María Omaira Cely
Vargas35 al recurso de reposición presentado por la CCB contra el auto del 9 de
junio de 2006 que negó la vinculación de los beneficiarios de la distribución de
remanentes que se dio como consecuencia de la liquidación de la Sociedad Luz de
Bogotá S.A. dentro del trámite de la acción popular radicada 2006-0315.
4.10.4. Copia de la coadyuvancia a la solicitud presentada por la CCB el 28 de mayo
de 2007 tendiente a obtener como medida cautelar el embargo de las acciones que
las ex socias de Luz de Bogotá S.A. tengan en CODENSA S.A., dentro del trámite
de la acción popular radicada 2006-0315-01, escrito presentado por el abogado
Mauricio Marín Elizalde36 a efecto de evitar un perjuicio irremediable para el erario
y evitar que la sentencia que se profiera en el proceso resulte inocua, en razón a
que debió pagarse el impuesto de registro por la inscripción de la liquidación de la
citada sociedad anónima, en tanto el hecho generador y su base gravable, según
los artículos 226 y 229 de la Ley 223 de 1995, lo constituye la inscripción de actos
que de conformidad con las disposiciones legales deban registrarse, entre ellos, el
de liquidación de sociedades comerciales, puntualizando que, a diferencia del acta
de disolución, la que aprueba la cuenta final de liquidación sí es un acto con cuantía
cuando incorpora derechos apreciables pecuniarimente en favor de particulares.
4.10.5. Copia de la respuesta al incidente de nulidad propuesto por el apoderado
del liquidador de la Sociedad Luz de Bogotá S.A. por indebida notificación del auto
admisorio de la demanda de la acción popular radicada 2006-0315-01, presentado
por Mauricio Marín Elizalde37.
4.10.6. Copia del recurso de reposición contra el auto del 11 de octubre de 2007
que negó las medidas cautelares dentro del trámite de la acción popular 2006-0315-
01, presentado por Mauricio Marín Elizalde38.
4.10.7. Copia de la contestación a las excepciones de mérito propuestas por
ENDESA S.A y otros vinculados al trámite de la acción popular 2006-0315-01;
34 Folios 272 a 281 del cuaderno 1.
35 Folios 282 a 283 del cuaderno 1.
36 Folios 284 a 290 del cuaderno 1.
37 Folios 291 a 292 del cuaderno 1.
38 Folios 293 a 298 del cuaderno 1.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
solicitud de aplazamiento de la audiencia de pacto de cumplimiento e incidente de
nulidad, presentados por Mauricio Marín Elizalde39.
4.10.8. Copia de las actas de audiencia de pacto de cumplimiento, de las diligencias
de testimonios surtidas dentro del trámite de la acción popular 2006-0315-01 a las
que concurrió como apoderado del Departamento el Dr. Mauricio Marín Elizalde40.
4.10.9. Copia de los alegatos de conclusión que en el trámite de la Acción popular
2006-0315-01 presentó el abogado Marín Elizalde como apoderado del
Departamento de Cundinamarca41, en los que solicitó declarar vulnerado el derecho
colectivo al patrimonio público por la CCB y los socios de la liquidada sociedad Luz
de Bogotá S.A.
4.10.10. Copia de la sentencia de la Acción popular 2006-0315 proferida por el
juzgado tercero administrativo de Bogotá, sección primera42, que dispuso negar las
pretensiones por la cesación de la vulneración de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y al patrimonio público que se superaron con la actuación
que desplegó la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, que
en ejercicio de sus atribuciones legales revisó la actuación de la Cámara de
Comercio de Bogotá con el fin de modificar la liquidación privada del impuesto de
registro de agosto de 2004, atinente a la inscripción en el registro mercantil del Acta
026 de julio 9 de 2004, contentiva de la cuenta final de la liquidación de la sociedad
Luz de Bogotá S.A. Situación que se superó con la Liquidación oficial del tributo en
cuestión.
4.10.11. Copia del recurso de apelación instaurado por el abogado Marín Elizalde
como apoderado del Departamento de Cundinamarca43 contra la sentencia de la
Acción popular 2006-0315, recabando que se declare la vulneración del derecho
colectivo al patrimonio público por parte de ENDESA S.A., ENERSIS S.A. -Agencia
Islas Caimán-, CHILECTRA S.A. -Agencia Islas Caimán- y la Cámara de Comercio
de Bogotá.
4.11. Respecto a las actuaciones adelantadas por el abogado Marín Elizalde, como
apoderado del Departamento de Cundinamarca, en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que, bajo el radicado 2009-00069, tramitó ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Cámara de Comercio de Bogotá con la
pretensión de que se declarara la nulidad de la liquidación oficial de revisión No.
001 del 13 de diciembre de 2007 y la Resolución No. 00000056 del 28 de enero de
2009 que la confirmó, se allegaron las siguientes:
4.11.1. Copia de la contestación de la demanda radicada el 16 de junio de 2010 44
en la que se presentaron las excepciones que se intitularon: competencia de los
funcionarios que expidieron los actos administrativos; debida motivación del
requerimiento especial 00002 del 14 de septiembre de 2006 y su ampliación;
naturaleza jurídica y existencia del requerimiento especial; caducidad de las
facultades de la administración para corregir las declaraciones privadas; Actos
sometidos a registro en la disolución y liquidación voluntaria de sociedades; base
gravable del impuesto de registro, el acto de la cuenta final del liquidador es un acto
con cuantía y la Cámara de Comercio y sus obligaciones como agente de retención.
39 Folios 299 a 322 del cuaderno 1.
40 Folios 323 a 341 del cuaderno 1.
41 Folios 343 a 358 del cuaderno 1.
42 Folios 389 a 406 del cuaderno 1.
43 Folios 407 a 422 del cuaderno 1.
44 Folios 424 a 450 del cuaderno 1.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.11.2. Copia de los alegatos de conclusión45 presentados el 19 de octubre de 2012
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado 2009-
00069.
4.11.3. Copia del recurso de apelación46 presentado el 15 de abril de 2013
solicitando la revocación de la sentencia del 24 de enero de 2013 con la que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, falló la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho radicada 2009-00069.
4.12. En cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de pruebas llevada a cabo el
21 de septiembre de 2018, se allegó la respuesta del 26 de septiembre de 2018 con
la que el Departamento de Cundinamarca47 aportó con destino a este plenario la
siguiente información:
4.12.1. Propuesta de servicios profesionales presentada por el Dr. José Mauricio
Marín Merizalde el 30 de abril de 200748, en la que ofrece “Asesoría Jurídica al
Departamento de Cundinamarca, tanto a la Secretaría de Hacienda como a la
Secretaría Jurídica, específicamente en lo relacionado con el asunto del impuesto
de registro no pagado por la Cámara de Comercio de Bogotá en la inscripción del
acta de liquidación final de la sociedad “Luz de Bogotá S.A.” en el mes de julio de
2004. Esta asesoría constará de las siguientes actividades, sin que las mismas sean
taxativas:
• Asesoría y realización de los actos administrativos en la vía gubernativa dentro
del proceso de fiscalización iniciado por la Secretaría de Hacienda en contra de
la Cámara de Comercio de Bogotá, en lo referente a la determinación del
impuesto de registro y a las sanciones a que haya lugar.
• Apoderamiento del Departamento de Cundinamarca en la Acción Popular que
cursa en el Juzgado Administrativo 3 de Bogotá.”
4.12.2. Vigencia presupuestal en que se causó el ingreso por el impuesto de registro
objeto de la liquidación de revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007.
45 Folios 451 a 459 del cuaderno 1.
46 Folios 460 a 468 del cuaderno 1.
47 Folios 558 a 565 del cuaderno 1.
48 Folios 566 a 568 del cuaderno 1.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.12.3. Documentos que acreditan las actuaciones realizadas “CON
ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL CONTRATO DE 20 DE JUNIO DE 2007.” En
ellos se precisa que la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca, a través de la
Dirección de rentas, adelantó directamente el trabajo de fiscalización que llevó a la
expedición de los siguientes actos administrativos:
• “Requerimiento especial No. 001 de 28 de agosto de 2006
• Resolución 1626 de septiembre 15 de 2006
• Requerimiento especial No. 02 de 14 de septiembre de 2006.
• El 14 de marzo de 2007 se expide ampliación al requerimiento especial No.02 de
14 de septiembre de 2006
La Secretaría Jurídica del departamento de Cundinamarca, a través de la Dirección de
defensa Judicial adelantó las siguientes actuaciones dentro de la acción popular número
2006-00315, deprecada por la señora María Omaira Cely Vargas y Otra, que inicialmente
cursaba en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Segunda: Sección
• El 9 de marzo de 2006 se contesta la demanda a través de la doctora Belky Cecilia
Cifuentes Méndez, abogada asignada a la Dirección de Defensa Judicial
• El 14 de marzo de 2006 se completa la contestación de la demanda que
corresponde a la acción popular, a través de la profesional del derecho antes
anunciada.
• El 27 de junio de 2006 se presenta escrito para coadyuvar el recurso de reposición
interpuesto por la cámara de Comercio de Bogotá, a través de la doctora Belky
Cecilia Cifuentes Méndez, abogada asignada a la Dirección de Defensa Judicial.
Si bien es cierto la liquidación oficial de revisión número 001 de diciembre 13 de 2007 y la
resolución administrativa 00056 de enero 28 de 2009, "Por medio de la cual se resuelve el
recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial de revisión No. 001 de
diciembre 13 de 2007", fueron expedidos con posterioridad a la entrada en ejecución del
contrato de prestación de servicios número 224 de 20 de junio de 2007, son actos
administrativos directamente expedidos por la Administración Tributaria Departamental sin
intervención directa del contratista y los cuales además fueron debidamente "confirmados"
mediante sentencia de la justicia contenciosa administrativa, y cuyos valores obedecen al
valor determinado por la Administración Tributaria Departamental en la citada liquidación
oficial de revisión y en contra de la Cámara de Comercio de Bogotá, sin que ello indique
que se trata de un mayor valor a pagar, por el contrario, es el impuesto efectivamente
causado en el periodo gravable de agosto de 2004, obviamente incluyendo los intereses
moratorios causados, más las sanciones legales correspondientes.”
4.12.4. Pagos realizados con cargo al “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVCIOS (sic) NUMERO 224 DE 20 DE JUNIO DE 2007.” Se señaló lo siguiente:
4.12.5. Finalmente, se allegó copia de las siguientes actuaciones surtidas en el
decurso de la acción popular 2006-00315:
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.12.5.1. Copia de la declaración tributaria privada del impuesto de registro por el
periodo gravable de agosto de 200449 presentada por la Cámara de Comercio de
Bogotá con sus respectivos soportes.
4.12.5.2. Respuesta derecho de petición dirigido a la doctora Martha Yaneth Veleño
Quintero, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, de fecha
25 de septiembre de 2015 50, en la que se precisa que: “con ocasión de la sentencia
del Consejo de Estado de fecha 13 de agosto de 201551, que decidió en segunda
instancia negar las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento
presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá en contra del departamento de
Cundinamarca, la liquidación oficial de revisión No. 0001 del 13 de diciembre de
2007 y la Resolución No. 0056 del 28 de enero de 2009 que decidió el recurso de
reconsideración quedaron en firme, y por lo tanto, la obligación tributaria ya
determinada en tales actos a cargo de la Cámara de Comercio de Bogotá es la que
resulta actualmente exigible”, puntualizando que la “Subdirección de Impuesto de
Registro y la Oficina de Análisis Financiero elaboraron una preliquidación de la
obligación que con corte a 30 de septiembre de 2015 asciende a la suma de treinta
y cuatro mil cuatrocientos once millones setecientos ochenta y dos mil trescientos
cincuenta pesos ($34.411.782, 350)” que detalla así:
DATOS DE ENTRADA
Valor del impuesto en mora (sin sanciones) $12.349.413.350
Vencimiento de la obligación tributaria 16-sep-2004
Fecha pago de la obligación 30-sep-2004
RESULTADO
Días transcurridos 4.031
Valor intereses de mora $ 22.062.369.000
TOTAL A PAGAR $ 34.411.782.350
4.12.5.3. Copia de la declaración de corrección del impuesto de registro
correspondiente al mes de agosto de 2004 presentada el 21 de octubre de 2015 por
la Cámara de Comercio de Bogotá, junto con la copia de la declaración
correspondiente al giro de la participación a favor del Distrito Capital52.
4.12.5.4. Copia del oficio de fecha 23 de octubre de 2015 suscrito por la
representante legal suplente de la Cámara de Comercio de Bogotá 53 dirigido a la
Secretaría de Hacienda de Cundinamarca bajo la referencia: “Pago impuesto de
registro – Agosto de 2004” con el que informa el pago del 100% de la obligación
principal y el 40% de los intereses adeudados en los siguientes términos: “CCB
acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1739 de 2014, el 21 de octubre
de 2015, mediante (i) Recibo de Caja No. 524556 del 21 de octubre de la Dirección
Distrital de Tesorería, y (ii) Recibo de pago del Departamento de Cundinamarca del
21 de octubre de 2015, adjuntos, realizó el pago del mayor impuesto de la
referencia, y del 40% de los intereses moratorios causados, tal como se pasa a
demostrar:
Pagos a favor de Impuesto ($) Sanción por mora ($) Pago Total
Secretaria distrital de Hacienda 3.704.824.005 2.672.884.440 6.377.708.445
Departamento de Cundinamarca 8.644.589.345 6.236.730.360 14.881.319.705
Total pago con beneficio 12.349.413.350 8.909.614.800 21.259.028.150
49 Folios 569 a 571 del cuaderno 1.
50 Folios 572 a 575 del cuaderno 1.
51 Folio 577 del cuaderno 1.
52 Folios 582 a 583 del cuaderno 1.
53 Folios 584 a 589 del cuaderno 1.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-00563-00 (64184)
Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.12.5.5. Copia oficio 37-743 de 22 de abril de 201654, suscrito por el Vicepresidente
jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la referencia: “Pago intereses
impuesto de registro – Agosto de 2004” con el que informa al Gobernador de
Cundinamarca que en razón a la reunión sostenida con el Secretario Jurídico de la
Gobernación, la CCB “procedió a realizar el siguiente pago con fecha de corte del
17 de febrero de 2016:
4.12.5.6. Copia recibo de caja 537181 “REGISTRO Y PARTICIPACIÓN FONPEC
MES DE AGOSTO 2004”, realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 21
de abril de 201655.
4.12.5.7. Copia requerimiento especial número 0002 del 14 de septiembre de 2006 56
con el que la Dirección de rentas del departamento de Cundinamarca propone
modificar la liquidación privada del impuesto de registro realizada por la CCB
correspondiente a Agosto de 2004, declarada y pagada el 15 de septiembre de
2004, así:
4.12.5.8. Copia liquidación oficial de revisión número 0001 de fecha 13 de diciembre
de 200757, con la que la Secretaría de Hacienda, Dirección de rentas, impuesto de
registro del departamento de Cundinamarca, “liquida la sanción por inexactitud a
una tasa del 160% sobre el monto del mayor impuesto a pagar con motivo de esta
liquidación de revisión que asciende a la suma de $12.349.413.350, motivo por el
cual la sanción que se impone es de $19.759.061.360”.
54 Folios 591 a 594 del cuaderno 1.
55 Folio 595 del cuaderno 1.
56 Folio 596 del cuaderno 1.
57 Folios 597 a 612 del cuaderno 1.
16
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
4.12.5.9. Copia de la Resolución No. 00056 de enero 28 de 200958, "Por medio de
la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación
oficial de revisión número 001 de 13 de diciembre de 2007", así:
4.12.5.10. Copia contestación de demanda que corresponde a la acción popular
número 2006-00315, que inicialmente cursó ante el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección "D". junto con el complemento
realizado59.
5. CONSIDERACIONES
5.1. La Sala resolverá el problema atinente al fondo de la litis, habida consideración
de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo dispuesto por los artículos
15060 y 152.561-62 del CPACA; al ejercicio oportuno que del medio de control de
controversias contractuales realizó el actor63 y a que los extremos procesales
están legitimados en la causa por activa y pasiva, respectivamente, pues se
constituyeron como partes en el contrato de prestación de servicios 224 de 2007 64,
cuyo incumplimiento se depreca.
58 Folios 613 a 628 del cuaderno 1.
59 Folios 629 a 640 del cuaderno 1.
60 CPACA. “Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]”.
61 CPACA. “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad
pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos
celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan
cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
vigentes”.
62 En el presente asunto, la demanda se presentó en el año 2017, época para la cual el salario mínimo era de
$ 737.717, por lo tanto, los 500 salarios mínimos equivalían a $368.858.500, lo que supone que las pretensiones
económicas de la demanda que ascendían a $1.753.645.467,50 superan el monto legalmente exigido.
63 Conforme al artículo 164 del CPACA “La demanda deberá ser presentada […] 2. En los siguientes términos,
so pena de que opere la caducidad […] j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2)
años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que les sirvan
de fundamento […]. En los siguientes contratos el término de dos (2) años se contará así: v) En los que requieran
de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una
vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato o la
expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga […]”. Para el caso, en la cláusula cuarta del
contrato se estipuló que su plazo “será el que duren los procesos”. De esta forma se tiene que la sentencia del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2009-00069 se profirió el 13 de agosto de 2015, de suerte
que a partir de su notificación inició el cómputo de los dos años, término preclusivo que interrumpió entre el 22
de noviembre de 2016 y el 20 de febrero de 2017, con el trámite de la solicitud de conciliación extrajudicial
[apartado 4.9], de donde se colige que la demanda radicada el 3 de abril de 2017 se interpuso en tiempo.
64 Apartado 4.1.
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
5.2. Sobre la prima de éxito pactada en el contrato 224 de 2007 y los criterios
para su interpretación
Sea lo primero recordar que el problema que se pone a consideración de la Sala se
circunscribe a determinar si se incumplió la obligación de pagar la prima de éxito que
se pactó en el parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato de prestación de
servicios No. 224 de 2007 en favor del contratista José Mauricio Marín Elizalde, para
luego establecer, si hay lugar o no al reconocimiento y pago del valor que resulte de
aplicar los parámetros pactados, y si, por lo tanto, dicho proceder representó un
incumplimiento contractual que deba ser indemnizado, o no.
En relación con este problema hay dos posturas interpretativas disimiles en cuanto a
la causación de la prima de éxito pactada en el contrato 224 de 2007, diferencia que
la Sala abordará con desarrollo de una labor hermenéutica apoyada en las pautas de
interpretación contractual definidas en el Código Civil (CC)65, las cuales deben ser
utilizadas cuando se requiere esclarecer el sentido de una cláusula que genere
incertidumbre, duda o discrepancia66.
5.2.1. En este sentido, las pautas de interpretación de los contratos, que son aplicables
a los contratos estatales67, están contenidas entre los artículos 1618 a 1624 del CC y
se plasman, según la doctrina68 y la jurisprudencia69 , en dos (2) principios rectores y
seis (6) reglas70. Los principios rectores de interpretación se traducen en: (i) la
65 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de casación Civil, sentencia del 15 de mayo de 1972. Desde hace
varios años, esa Corporación sostuvo sobre el tema de la interpretación de los contratos que “cuando el
pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas
y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de
la voluntad interna de aquellos, y que, por lo mismo, se torna innocuo cualquier intento de interpretación. Los
jueces tienen facultad amplia para interpretar los contratos oscuros, pero no puede olvidar que dicha atribución
no los autoriza, so pretexto de interpretación, a distorsionar ni desnaturalizar pactos cuyo sentido sea claro y
terminante, ni muchísimo menos para quitarles o reducirles sus efectos legales”.
66 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1991, exp. 5973. “El poder de
interpretación que tienen las partes de un contrato no se discute, ni en el derecho privado ni en el público. El
mismo código civil en sus artículos 1618 y siguientes trae una serie de normas orientadoras a ese respecto. Y
es obvio que así sea porque en la ejecución y cumplimiento de los contratos pueden surgir discrepancias o
dudas sobre el alcance de ciertas cláusulas o frases que entorpezcan su desarrollo. Discrepancias o dudas que
deben ser despejadas en primer término por las mismas partes y que en última instancia será el juez el que las
despeje cuando aquéllas no hayan logrado un acuerdo y como consecuencia se haya producido el rompimiento
de la relación negocial. Pero ese poder interpretativo que en el derecho privado es equivalente y no coercitivo,
como que una de las partes no le podrá imponer a la otra una determinada interpretación, en el derecho público
presenta unas características diferentes”. Criterio reiterado en: Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de
2011, exp. 38619.
67 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012. Exp. 22.714;
“[…] las reglas legales de interpretación de los contratos resultan válidamente aplicables en el ámbito de la
contratación estatal puesto que […], los principios orientadores que recoge y consagra el artículo 28 de la Ley
80 para la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica en materia contractual, cuando de vínculo de
naturaleza estatal se trata, en realidad no se ocupan de desarrollar con detalle y de manera específica la forma
en la cual han de ser interpretados los aludidos contratos estatales y, por ello mismo, no habría lugar, en los
términos del artículo 13 de la citada Ley 80, a excluir por completo la aplicación de las normas legales
correspondientes que sobre esas precisas materias contienen los estatutos mercantil y civil sobre la base, que
obviamente resultaría equivocada, de considerar el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado
a través de la norma propia del Estatuto de Contratación Pública (Artículo 28)”.
68 JARAMILLO J., Carlos Ignacio. Principios rectores y reglas de interpretación de los contratos. Grupo Editorial
Ibáñez, 2016.
69 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353.
70 JARAMILLO J., Carlos Ignacio. Op. Cit., páginas 84 a 86. El autor refiere que aparte de las reglas tradicionales
existen unas reglas modernas que son aplicables en casos específicos. Al punto refirió que: «teniendo en cuenta
y en consideración las profundas transformaciones experimentadas en la esfera contractual en el siglo XX y en
lo corrido del siglo XXI […] han surgido diversas fenomenologías que implican puntuales cambios en relación
con la concepción y con la dinámica del contrato (visión clásica), v.gr: los contratos por adhesión, las condiciones
generales de contratación, y la floración del apellido “derecho del consumo”, tan solo para aludir a algunas de
ellas, cambios que, en la órbita de su interpretación, igualmente se han hecho evidentes y actuantes, sin que
por ello se puedan entender abolidas las reglas convencionales […]. Lo anterior justifica que, en puridad, con
todas las cautelas que ello supone, se pueda aludir a una nueva lectura y, por tanto, aproximación al contrato
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
búsqueda de la común intención de las partes —communis intentio o voluntas
spectanda— y (ii) la buena fe negocial o contractual. Las reglas de interpretación, por
su parte, son: (i) la especificidad o especialidad; (ii) la interpretación efectiva, útil o
conservatoria; (iii) la interpretación naturalista o fundada en la naturaleza del contrato,
y de la interpretación usual; (iv) la interpretación contextual, extensiva y auténtica; (v)
la interpretación incluyente o explicativa; y (vi) la interpretación de cláusulas ambiguas
en favor del deudor, y en contra del estipulante o predisponente.
5.2.2. Esclarecido lo anterior, la Sala denota que el artículo 1618 del CC acoge el
principio de la búsqueda de la común intención de los contratantes en los siguientes
términos: “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella
más que a lo literal de las palabras”. Es este un principio que, como se ha manifestado
reiteradamente por esta Sección71, se erige como la primera y cardinal directriz que
debe orientar al juez en su labor interpretativa, pues cuando de contratos se trata, esta
labor no tiene como objeto primario el establecer el querer dispositivo e individual
de cada uno de los contratantes, sino la intención común de todos ellos, toda vez
que el contrato es el resultado de la convergencia de sus designios negociales. Al
respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que:
«[…] la interpretación que se predica de los negocios jurídicos existentes, es ulterior
a la existencia del acto dispositivo y, en rigor, consiste en establecer y precisar la
relevancia normativa de su sentido conformemente a la “recíproca intención de las
partes” (art. 1618 C.C), de ordinario plasmada en las cláusulas, párrafos, condiciones
o estipulaciones, a las cuales, sin embargo, no se reduce ni se supedita, por cuanto,
aun siendo “claro” el sentido idiomático, literal o textual de las palabras, en toda
divergencia a propósito, impónese reconstruirla, precisarla e indagarla según el
marco de circunstancias, materia del negocio jurídico, posición, situación,
conocimiento, experiencia, profesión u oficio de los sujetos, entorno cultural, social,
económico, político, geográfico y temporal en una perspectiva retrospectiva y
prospectiva, esto es, considerando además de la celebración, ejecución y conducta
práctica negocial, la fase prodrómica, de gestación o formación teniendo en cuenta
que “los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la
producción de un consentimiento contractual no son intrascendentes; por el contrario,
una vez formado el consentimiento son parte integrante de él, y su importancia se
traduce en servir de medios auxiliares para interpretar la verdadera intención de las
partes cristalizada en las cláusulas del contrato (cas, civ. Junio 28/1989)»72.
En este orden, se concluye que en el derecho colombiano se privilegia el sistema de
interpretación que propende por la búsqueda de la intención de las partes73-74.
en la actualidad, y con fundamento en ella a unas nuevas reglas interpretativas de la relación contractual que,
en sentido lato, pueden denominarse “reglas modernas” -o contemporáneas- por oposición a las mencionadas
“reglas tradicionales” […]. tales reglas modernas […] principalmente son las siguientes: contra proferentem y
pro consumatore; de la estipulación más beneficiosa; de la preferencia de las estipulaciones concertadas o
negociadas sobre las cláusulas predispuestas; de la prevalencia de las condiciones particulares sobre las
condiciones generales de contratación; de la interpretación de las condiciones generales de contratación; de la
conexidad contractual; de la interpretación de los contratos atípicos y regla o criterio de la interpretación más
razonable».
71 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 2011, exp. 38619; Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 7 de junio de 2011, exp. 18762; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7
de diciembre de 2016, exp. 37959; Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp
47068.
72 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, exp
2001,06915-01.
73 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 40353. “La
doctrina (local y foránea) y la jurisprudencia nacional reconocen que existe jerarquía entre los criterios de
interpretación del contrato y, en esa medida, han señalado que el subjetivo prevalece sobre el objetivo, a partir
de la idea de que el principio de la búsqueda de la real voluntad de los contratantes es fundamental dentro de
la labor hermenéutica y que los demás principios y reglas son subsidiarios”. Criterio reiterado en: CONSEJO
DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, exp, 47068.
74 JARAMILLO J., Carlos Ignacio. Opere citato, página 342. “En el Derecho colombiano, y en general, en el
Derecho continental, se enseñorea el sistema subjetivo de interpretación contractual, que propende por la
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5.2.3. Por otra parte, la buena fe, como segundo principio rector de la interpretación
contractual, permea trasversalmente el principio de la búsqueda de la común intención
de las partes. En el ordenamiento jurídico patrio está declarado, con carácter general,
en el artículo 83 de la Constitución Política75, y se aplica en el ámbito contractual según
los artículos 1603 del CC76 y 871 del CCo77, y en el ámbito de contratación estatal, en
concreto, “obliga a la administración pública y a los particulares contratistas, a tener
en cuenta las exigencias éticas que emergen de la mutua confianza en el proceso de
celebración, ejecución y liquidación de los contratos”78.
5.2.4. En este sentido, un adecuado ejercicio hermenéutico contractual empieza
siempre por determinar cuál fue la verdadera voluntad regulatoria de las partes de
un contrato y si estas obraron con buena fe negocial. En caso de que esta labor sea
infructuosa, resulta oportuna la aplicación de las reglas interpretativas, previstas en
los artículos 1619 a 1624 del CC., que tienen “un carácter subsidiario, instrumental
o de apoyo, en la labor de fijación del contenido contractual”79.
5.2.5. Aun cuando la hermenéutica anunciada privilegia los criterios subjetivos de
interpretación contractual (atinentes a la voluntad común de las partes del contrato) y
únicamente cuando estos no lleven a buen puerto se abre paso a los criterios objetivos
(atinentes a la protección del acto dispositivo y a la declaración literal de las partes
del contrato), dicho proceder puede resultar insuficiente para conocer el verdadero
sentido del clausulado que se pretende auscultar, pues un análisis de este problema
hermenéutico bajo un criterio singular desemboca en una visión parcial un objeto, que
debe ser analizado globalmente80.
solicita búsqueda de la intención de las partes, la que puede ser hallada acudiendo a diversos expedientes e
instrumentos, v.gr: a los hechos anteriores, concomitantes y posteriores a la celebración del contrato y hasta
donde racionalmente sea posible, toda vez que no puede forzarse dicho objetivo, puesto que terminaría por
distorsionarse su laborío, que conoce límites. De allí que, si dicha búsqueda se torna infecunda, como a menudo
sucede tratándose de la contratación predispuesta, adhesiva y de consumo, sin sobresaltos debe procurar el
hermeneuta la interpretación contractual en consideración al sistema objetivo, acudiendo, en tal virtud, a reglas
de estirpe objetiva, como la ya señaladas antes (arts. 1619, 1620, 1621, 1623 y 1624)”.
75 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante éstas”.
76 CC. “Artículo 1603. Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que
en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que
por ley pertenecen a ella”.
77 CCO. “Artículo 871. Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán
no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos,
según la ley, la costumbre o la equidad natural”.
78 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001.
79 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 19 de diciembre de 20008, exp 2000-
00075-01.
80 BETTI J. Emilio. Interpretación de la Ley y de los Actos Jurídicos. Grupo Editorial Olejnik, 2018, páginas 436
a 438 “De los criterios metodológicos derivan, sobre todo, consideradas como diferentes, las generales
orientaciones interpretativas en las que se refleja la finalidad político-legislativa de la interpretación. Tales
orientaciones se identifican con las diversas teorías sostenidas en torno a la voluntad y a la declaración en el
negocio en orden al tratamiento de los vicios del elemento subjetivo, o sea en relación con el criterio para
resolver el conflicto entre la exigencia de imputabilidad al declarante y la exigencia de recognosibildad por parte
de los demás. Así, teoría de la voluntad, de la declaración, de la confianza y de la responsabilidad. Estas teorías
pecan, unas más, otras menos, de unilateralidad en la visión del problema, bien que le planteen en términos
equivocados, bien que se limiten a considerarlo solo bajo un aspecto singular, o ya que generalicen
indebidamente en relación con todos los negocios, criterios, que tienen su sentido y valor solamente en relación
con algunas categorías de negocios. Plantean en términos equivocados el problema las dos teorías extremas,
que representan soluciones en sentido opuesto: la teoría de la voluntad y la teoría de la declaración –la primera
dirigida a dar prevalencia a la voluntad real del declarante tanto en la interpretación como en la calificación sobre
la validez del negocio; la segunda, por el contrario, dirigida a dar prevalencia a la declaración abstractamente
considerada, tal y como puede ser recognoscible por el destinatario o en el ambiente social-. La cuestión de si
la voluntad interna (porque esta es la voluntad verdadera) debe prevalecer sobre la declaración, o si la
declaración deba prevalecer sobre la voluntad interna, expresa una alternativa inadmisible en el plano jurídico,
por lo que es evidente que está mal planteada. Porque la voluntad de las partes no adquiere relevancia jurídica,
sino, precisamente, en cuanto sea recognoscible bajo la forma de declaración o de comportamiento, por lo que
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
5.2.6. Sin más prolegómenos, se procede a dar aplicación a los principios y reglas de
interpretación enunciados en los párrafos anteriores que resulten pertinentes respecto
de la cláusula objeto de controversia, es decir, la que contiene la “PRIMA DE ÉXITO”,
para con ellos auscultar el sentido en el que debe surtir efectos, esto es, su
hermenéutica válida.
5.2.7. Los principios de la búsqueda de la común intención de las partes y la buena
fe contractual y la regla de la interpretación contextual, extensiva y auténtica.
Como se mencionó en el apartado anterior, estos principios hermenéuticos deben
ser aplicados de manera transversal por el intérprete, quien, en este punto, tiene la
tarea de desentrañar la voluntad verdadera de las partes del contrato al momento
de pactar la cláusula que les causa controversia, atendiendo, además a la buena fe
contractual, traducida en la exteriorización fiel y leal de la común intención. Al punto,
el artículo 1622 del CC contiene la regla subjetiva denominada de interpretación
contextual, extensiva y autentica, de acuerdo con la cual: “las cláusulas de un
contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor
convenga al contrato en su totalidad” (inciso primero). “Podrán también interpretarse
por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia” (inciso
segundo). “O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o
una de las partes con aprobación de la otra parte” (inciso tercero). Sobre la primera
(contextual) ha precisado esta Sección que:
“[…] este criterio interpretativo pone de presente la correlación que existe entre las
partes constitutivas del discurso, como de cada manifestación del pensamiento, y su
referencia común al todo del que hacen parte: correlación y referencia que hacen
posible la iluminación recíproca del significado entre el todo y los elementos
constitutivos. Constituye un principio evidente de técnica de interpretación textual,
que al dirigirse a aclarar el sentido de una declaración de índole jurídica, ordena que
el significado de las declaraciones no puede ser segmentado, sino que debe ser
atribuido al conjunto de la intención del declarante; es decir, que en presencia de una
o varias cláusulas, dentro de un contrato […], se debe considerar que hacen parte de
un todo, y es por medio de la luz de cuanto emerge del conjunto de la declaración
entera, que se determina el sentido jurídico propio del objeto interpretado”81.
no puede ser colocada en el mismo plano de esta forma, ni asumir un valor por sí misma, en antítesis con
aquella. Cuando la Ley (art 1362 C.C. it.) atiende a dar relevancia al intento común de las partes frente al sentido
literal de las palabras, entiende por tal la intención común, no la voluntad de cada una de las partes, que
permanece inexpresada en la esfera interna de la conciencia, sino el concorde interno que se ha formado entre
las partes en cuanto aparece como recognoscible en su común o congruente declaración y conducta.
Entendiéndose por ello que esta común o congruente declaración o conducta, interpretada por otro no según la
muerte y abstracta letra de las palabras, sino según su espíritu, es interpretada en función del reciproco
comportamiento de las partes de las que proviene y de la situación de hecho, en la que aparece en concreto
encuadrada. Los mismos criterios que explican la construcción de la declaración emitida y comunicada, deben
gobernar también la interpretación, ya que por ello mismo no es más que su reconstrucción. Los criterios
objetivos de valoración que esclarecen, en relación con el marco de las circunstancias, el significado social de
las palabras usadas y del comportamiento observado –así el uso del lenguaje hablado, como los usos del tráfico
y las concepciones dominantes en la conciencia social- gobiernan también la interpretación, porque en la
normalidad de los casos (según el id quod plerumque accidit) concurren esencialmente a determinar también la
concreta situación subjetiva de las partes […]. Ahora bien, la ley no se separa de aquellos criterios objetivos
(art. 1362, C.C. it.) cuando pone junto al sentido literal de las palabras la común intención de las partes, porque
también esta común intención va genéticamente reconstruida en su objetiva recognosibildad y por ello bajo la
medida de aquellos criterios […]”. (Subrayado propio).
81 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2009, exp 16100. Criterio que se
encuentra en lineamiento con lo expresado por la CORTE SUPRME DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil,
sentencia del 15 de marzo de 1965, G.J. T.CXI y CXII, No 2276-2277, incluido también, en la sentencia del 15
de junio de 1972, G.J CXLII, No. 2352-2357. “El juzgador, al acudir a las reglas hermenéuticas, debe observar,
entre otras, aquella que dispone examinar de conjunto las cláusulas, analizando e interpretando unas por otras,
de modo que todas ellas guarden armonía entre sí, que se ajusten a la naturaleza y finalidad de la convención
y que concurran a satisfacer la común intención de las partes. El contrato es un concierto de voluntades que
por lo regular constituye una unidad y en consecuencia sus estipulaciones deben apreciarse en forma
21
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
5.2.8. En este orden de ideas, la pauta de interpretación contextual, establecida en
el inciso 1º del artículo 1622 del CC, mueve a una lectura del contenido del parágrafo
primero que reguló la prima de éxito, en conjunto con las demás cláusulas del
negocio jurídico, armónica con la finalidad global de la convención.
Bajo esta cuerda, es de anotar que al plenario fueron allegadas algunas pruebas
que bien podrían esclarecer la verdadera intención de las partes al pactar en el
contrato de prestación de servicios 224 de 2007 la prima de éxito. Entre ellas se
destacan las siguientes:
La Propuesta de servicios profesionales presentada por el Dr. José Mauricio Marín
Merizalde el 30 de abril de 200782, que al tenor de lo prescrito en la cláusula segunda
del contrato “hace parte integral” del negocio jurídico, en la que determinó: “que
existen argumentos jurídicos sólidos para considerar que el acto registrado por la
Sociedad “Luz de Bogotá S.A.” no podía ser considerado un acto sin cuantía para
los efectos del impuesto de registro” y ofrece asesoría “tanto a la Secretaría de
Hacienda como a la Secretaría Jurídica, específicamente en lo relacionado con el
asunto del impuesto de registro no pagado por la Cámara de Comercio de Bogotá
en la inscripción del acta de liquidación final de la sociedad “Luz de Bogotá S.A.” en
el mes de julio de 2004”. Asesoría que expresamente incluye “las siguientes
actividades, sin que las mismas sean taxativas:
• Asesoría y realización de los actos administrativos en vía gubernativa dentro del
proceso de fiscalización iniciado por la Secretaría de Hacienda en contra de la
Cámara de Comercio de Bogotá, en lo referente a la determinación del impuesto
de registro y a las sanciones a que haya lugar.
• Apoderamiento del Departamento de Cundinamarca en la Acción Popular que
cursa en el Juzgado Administrativo 3 de Bogotá.”
Ahora bien, en lo que respecta a este último aspecto, viene bien revisar el objeto y
alcance del contrato 224 de 2007, que a su tenor literal señala:
“CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Prestación de servicios profesionales de
Asesoría y Defensa Judicial, en los procesos de fiscalización tributaria que se
adelanta en la Cámara de Comercio de Bogotá, tendiente a lograr el pago, a
favor del Departamento de Cundinamarca, del impuesto de registro derivado
de la distribución de remanentes dentro del proceso de liquidación comercial
de la hoy extinta sociedad Luz de Bogotá SA, además la defensa judicial a favor
del Departamento de Cundinamarca, en la Acción Popular número 2006-0315, que
cursa en la Sección Segunda - Subsección "D" del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, cuyos accionantes son: María Omaira Cely Vargas, Rosa Elvira
Viracachá Tunarosa.” (El resaltado es nuestro).
“CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: Para el efecto, el contratista
asesorará en todo lo relacionado con el proceso de fiscalización que
actualmente lleva a cabo la Secretaría de Hacienda - Dirección de Rentas del
Departamento de Cundinamarca, en contra de la Cámara de Comercio de
Bogotá, incluye las especificaciones y actividades indicadas en la propuesta
del contratista, la cual hace parte integral del presente contrato, realizar todas las
actuaciones procesales propias de ésta clase de procesos hasta culminarlos, con la
coordinada y armónica y no aislando unas de otras como partes autónomas, porque de esta suerte se podría
desarticular y romper aquella unidad, se sembraría la confusión y se correría el riesgo de contrariar el querer de
las partes, haciéndole producir a la convención efectos que estas acaso no sospecharon”.
82
Folios 566 a 568 del cuaderno 1.
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
providencia que ponga fin al mismo; así mismo adoptará la defensa judicial dentro
del proceso de Acción Popular número 2006-0315, que cursa en la Sección
Segunda - Subsección "D" del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en el
evento que se presente alguna demanda en contra del Departamento por los
mismos hechos origen del presente contrato, asumirá la defensa judicial;
además asesor (sic) en los aspectos legales relacionados con el objeto de éste
contrato a la Secretaría Jurídica.” (El resaltado es nuestro).
Adviértase que tanto la oferta como el contrato incluyeron sobre un mismo asunto -
todo lo relacionado con el proceso de fiscalización que adelantaba la Secretaría de
Hacienda del Departamento de Cundinamarca a efecto de lograr el recaudo del
impuesto de registro derivado de la distribución de remanentes dentro del proceso
de liquidación comercial de la sociedad Luz de Bogotá S.A. - dos componentes
claramente definidos: (i) asesoría y realización de actos administrativos en la
actuación administrativa y (ii) apoderamiento en sede judicial dentro de la acción
popular 2006-0315 y en eventuales procesos referidos a los mismos hechos del
contrato. Aunado a que debía también fungir el contratista como asesor de la
Secretaría Jurídica del departamento “en los aspectos legales relacionados con el
objeto de éste contrato”.
Como contraprestación por estos servicios se estipuló en el contrato lo siguiente:
“CLAUSULA TERCERA VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente
contrato es hasta la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS ($69.600.000) M./cte, incluido IVA, suma que se pagará de la siguiente
forma: 1. Un pago anticipado equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
presente contrato, o sea la suma de $34.800.000 M.L. 2. Un veinticinco por ciento
(25%) o sea la suma de $17.400.000, cuando se cumplan seis (6) meses de ejecución
contractual, previa presentación de la cuenta de cobro y de la certificación expedida
por el interventor del contrato, acompañadas del certificado de pago del sistema de
seguridad social integral en salud y pensiones, por parte del contratista. 3. El saldo o
sea la suma de $17′400.000 M.L., cuando se cumpla un año de ejecución contractual,
previa presentación de la cuenta de cobro y de la certificación expedida por el
Interventor del contrato, acompañadas del certificado de pago del sistema de
seguridad social integral en salud y pensiones, por parte del contratista. Estos pagos
se harán con cargo a la disponibilidad presupuestal No 55533 del cuatro (04) de junio
de 2007, Sección 301, Artículo 001-01-03-003 "Remuneración Servicios Técnicos"
del presupuesto de la vigencia fiscal 2007.” (El resaltado es nuestro).
De esta forma, las partes acordaron de mutuo acuerdo, “con cargo a la
disponibilidad presupuestal No 55533 del cuatro (04) de junio de 2007, Sección 301,
Artículo 001-01-03-003 "Remuneración Servicios Técnicos" del presupuesto de la
vigencia fiscal 2007”, como “valor total” por los servicios profesionales así
contratados el pago de “hasta la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS ($69.600.000) M./cte, incluido IVA”. De manera
adicional, en el parágrafo primero de la cláusula tercera, establecieron:
“PARÁGRAFO PRIMERO: PRIMA DE EXITO: El contratista tendrá derecho a un
cinco (5%) de beneficio procesal por las sumas de dinero que logre recaudar a
favor del Departamento de Cundinamarca, porcentaje que se hará efectivo una
vez ingrese el valor de la suma recuperada a las arcas del Departamento y se tenga
la disponibilidad presupuestal correspondiente. (…)” (El resaltado es nuestro).
5.2.9. Las estipulaciones referidas permiten entender el contexto y el alcance que
las partes le quisieron dar a la prima de éxito pactada como parte de pago del
contrato de prestación de servicios que ocupa la atención de la Sala. De esta forma,
la valoración conjunta de los medios de prueba expuestos en precedencia, permite
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
concluir, que si bien el contrato 224 de 2007 incluía dos componentes obligacionales
relacionados con un mismo objeto, es claro que la prima de éxito se convino
únicamente respecto del recaudo de dineros que obtuviera el departamento de
Cundinamarca a consecuencia de las labores de apoderamiento que adelantara el
contratista, específicamente en cuanto a la defensa judicial se refiere, siempre que
se acreditara un recaudo monetario a título de “beneficio procesal”.
De esta forma, la interpretación literal del citado parágrafo primero de la cláusula
tercera del contrato 224 del 20 de junio de 2007 revela que el reconocimiento y pago
de la prima de éxito pactada entre las partes, estaba supeditado al cumplimiento de
una condición suspensiva83, para el caso que la gestión desplegada por el contratista
como apoderado judicial del Departamento generara un “beneficio procesal” que se
materializara en el recaudo de sumas de dinero que efectivamente ingresaran a las
arcas del ente territorial.
Bajo este entendimiento, a efecto de desatar el recurso de alzada será menester
validar si se cumplió o no esta condición en cuanto a las resultas de la acción
popular radicada 2006-00315 y del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho 2009-00069, como quiera que las obligaciones de asesoría en el
proceso de fiscalización que en sede administrativa adelantaba la dirección de
rentas de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca contra la
Cámara de Comercio resultan ajenas al alcance de esta obligación contractual.
Conclusión a la que nos lleva el análisis del principio de la búsqueda de la común
intención de las partes, en aplicación, además, de la pauta hermenéutica de
interpretación contextual prevista en el inciso 2º de artículo 1622 del CC, en
concordancia con el texto de las cláusulas, previamente analizadas, en las que se
pactó el objeto, alcance, valor y forma de pago del pago del contrato 224 de 2007,
esta última, en cuyo parágrafo primero se pactó la prima de éxito.
No cabe duda de que el negocio jurídico referido es de los denominados contratos
de prestación de servicios, definidos, en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como
aquellos “que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”. Tipo contractual
que, de tiempo atrás, se justifica por la necesidad de la administración de hacerse
a los conocimientos especializados y competencias profesionales del contratista84.
En negocios como este, ha considerado esta sección, pueden concurrir relaciones
de prestación de servicios de mandato (artículo 2142, CC) y apoderamiento (artículo
69, CPC), toda vez que “se tiene presente que en el mandato para representación
judicial y en el apoderamiento judicial se predican unas notas características propias
de la gestión de los profesionales del derecho, con unas reglas especiales sobre los
deberes en relación con la gestión encomendada y la remuneración cobrada, así
como el derecho a la revocatoria del poder instituida por nuestro Código de
Procedimiento Civil en favor del poderdante, sin perjuicio de la obligación de pagar
los honorarios y gastos causados al apoderado”85.
Ahora bien, en el ordenamiento jurídico patrio no existen normas que prevean unos
criterios específicos para determinar los honorarios de los abogados, razón por la
cual este tema está librado a la voluntad de las partes, que, en ejercicio de su
autonomía y de conformidad con las prescripciones del artículo 40 del EGCAP,
83 CC. “Artículo 1530. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento
futuro, que puede suceder o no. […] Artículo 1536. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple,
suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho”.
84 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, exp. 14651.
85 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 30 de octubre de 2013, exp. 32720.
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pactan, la forma de remuneración que pueden hacer de la contraprestación un
objeto determinado, indeterminado pero determinable o parcialmente determinado
y parcialmente determinable. En esta última modalidad las partes convienen que la
contraprestación que ha de recibir el contratista consiste en el pago de una suma
fija de dinero, y una bonificación que bien puede estar representada, como ocurrió
en el sub examine, por un valor porcentual del beneficio que derive el mandante
como consecuencia del resultado que arroje su actividad profesional86. Este tipo de
prima de éxito constituye un estímulo al contratista que ha asumido obligaciones de
medio como apoderado judicial para que procure la obtención de un beneficio
procesal cuantificable en dinero para su mandante.
5.3 Solución al problema jurídico planteado
Bajo esta cuerda, procede la Sala a determinar si el Departamento de Cundinamarca
incumplió el contrato de prestación de servicios No. 224 del 20 de junio de 2007, de
conformidad con la interpretación que se dio en precedencia a la obligación
establecida en el parágrafo primero de la cláusula tercera de ese negocio jurídico
para la causación y pago de la prima de éxito pactada.
5.3.1. Pues bien, en el presente asunto, el abogado Marín Elizalde se comprometió
en los términos de la cláusula segunda del contrato 224 de 2007 a asumir la defensa
judicial del Departamento de Cundinamarca como apoderado tanto en la acción
popular 2006-0315, como en aquellas demandas que, eventualmente, pudieran
presentarse en contra del ente territorial “por los mismos hechos origen del presente
contrato”. Para el caso, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que bajo el radicado 2009-00069 adelantó la Cámara de Comercio de Bogotá con la
pretensión de que se declarara la nulidad de la liquidación oficial de revisión No. 001
del 13 de diciembre de 2007 y su confirmatoria Resolución No. 056 del 28 de enero
de 2009.
De esta forma, resulta pertinente señalar no el iter sino el resultado que arrojó la
gestión como apoderado en estos procesos a efecto de establecer si a
consecuencia de su gestión se causó o no la obligación de pago que se reclama
incumplida respecto de la prima de éxito pactada en “un cinco (5%) de beneficio
procesal por las sumas de dinero que logre recaudar a favor del Departamento de
Cundinamarca, porcentaje que se hará efectivo una vez ingrese el valor de la suma
recuperada a las arcas del Departamento (…)”.
5.3.1.1. Acción popular 2006-0315 [hecho probado 4.10.10]
La sentencia proferida por el juzgado tercero administrativo de Bogotá, sección
primera87, dispuso negar las pretensiones en razón a la cesación de la vulneración
de los derechos colectivos, pues si bien existió una amenaza a la moralidad
administrativa y al patrimonio público con la actuación de la Cámara de Comercio
de Bogotá al registrar el acta final de liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A.
como un acto sin cuantía, esta se enervó así:
“(…) la Secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca, al advertir la
contingencia que se avecina al patrimonio del ente territorial, y en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 235 de la ley 223 de 199588 y demás normas
86 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 1 0diciembre de 2009, exp. 33790.
87 Folios 389 a 406 del cuaderno 1.
88
“ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. La administración del impuesto, incluyendo los procesos de fiscalización,
liquidación oficial, imposición de sanciones y discusión, corresponde a los organismos
departamentales competentes para la administración fiscal. Los departamentos aplicarán en la determinación
25
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complementarias, procedió a revisar la actuación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, por medio de los requerimientos Especiales Ns 0001 del 28 de agosto de
2006 y 0002 del 14 de septiembre del mismo año, con el fin de modificar la liquidación
privada del impuesto de registro correspondiente al periodo comprendido entre el 1º
al 31 de agosto de 2004, señalando los conceptos y la inconsistencia presentada
respecto de la inscripción en el registro mercantil del Acta Nº 026 del 9 de julio de
2004, que contenía la cuenta final de liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A.
La inconsistencia allí señalada consistió en la admisión y posterior registro del acta
mencionada como un acto sin cuantía, pese a que por la naturaleza del mismo debe
registrarse como un acto con cuantía, lo cual configuró un detrimento tributario para
el Departamento y una inexactitud de la declaración del impuesto de registro
El sustento de la inexactitud, a juicio del ente territorial, consistió en la inobservancia
del Decreto N° 650 de 1996, que definió los actos sin cuantía como aquellos que no
incorporan derechos apreciables pecuniariamente a favor de particulares.
En tal sentido, estimó que el término "liquidación" debe entenderse como el acto en
el cual se procede a repartir entre sus socios el capital restante existente, agregando
que el artículo 247 del C. Cio., consagra que una vez saldadas las obligaciones y
pasivos externos de la sociedad, se procederá a través de un acta a realizar la
distribución de remanentes entre los asociados, acta esta que deberá aprobarse junto
con la cuentas del liquidador, resultándole claro que el acta aprobatoria de la cuenta
final de liquidación, es un acto con cuantía y no pierde tal condición con eliminar de
su contenido los valores a los cuales equivale la distribución de los remanentes, pues
la condición de un acto con o sin cuantía no depende directamente de la presencia
en el documento de un valor determinado, sino de la razón de ser del mismo.
Previa respuesta al requerimiento especial atrás descrito, el Departamento optó por
proferir la Liquidación de Revisión N° 0001 del 13 de diciembre de 2007, teniendo
como responsable a la Cámara de Comercio de Bogotá.
(…)
La conclusión contenida en el acto administrativo en comento, señaló que con la
actuación de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando decidió tomar como acto sin
cuantía el documento inscrito por la sociedad Luz de Bogotá, se generó menoscabo
al patrimonio público, toda vez que el impuesto de registro liquidado no tomó como
base gravable el monto de los remanentes objeto de distribución, los cuales
ascendian a un valor de $1.764.208.721.394, motivo por el cual no se liquidó un
impuesto que ascendía a la suma de $12.349.461.050.
La parte resolutiva de esta actuación modificó la declaración del impuesto de registro
presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá y sancionó por inexactitud a la
tasa del 160%, conforme lo establece el Estatuto Tributario.
El recurso de reconsideración interpuesto contra este acto fue resuelto mediante
Resolución N° 00000056 del 28 de enero de 2009, oportunidad en la cual se confirmó
la liquidación oficial, pero se revocó la sanción por inexactitud impuesta en el acto de
liquidación.
En virtud de lo anterior, resulta indubitablemente palpable que la vulneración
y/o amenaza al patrimonio público, y de contera a la moralidad administrativa,
ha llegado a su fin, toda vez que el Departamento de Cundinamarca, en su
condición de sujeto activo del tributo bajo estudio, y en uso de las atribuciones
oficial, discusión y cobro del impuesto los procedimientos, establecidos en el Estatuto Tributario para los
impuestos del orden nacional. El régimen sancionatorio y el procedimiento para la aplicación del mismo previstos
en el Estatuto Tributario se aplicará en lo pertinente al impuesto de registro.” (Negrillas fuera de texto).
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
legales atrás destacadas, procedió a liquidar oficialmente el tributo en
cuestión, lo que implica que los valores correspondientes al impuesto de
registro no se perderán por el hecho de haber registrado el acta de liquidación
como un acto sin cuantía por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Bajo esta perspectiva, la Liquidación oficial contiene la orden de allegar a la
Dirección de Rentas de Cundinamarca la declaración debidamente corregida,
incluyendo el valor de $12.949.413.350, correspondiente al monto del impuesto
de registro dejado de percibir, junto con los intereses moratorios causados, lo
cual restablece el derecho del Departamento a obtener este recurso y
salvaguardar el patrimonio público, cesando así la vulneración aducida por los
accionantes.
Igualmente se debe resaltar que para el Departamento, la Cámara de Comercio se
convierte en sujeto pasivo sustituto, desplazando a quien realiza el hecho generador
en el cumplimiento de la obligación tributaria, lo que implica que el pago por
concepto del impuesto de registro radica en cabeza de la Cámara de Comercio
de Bogotá, circunstancia que contribuye a colegir sin mayores reparos que la
Liquidación Oficial proferida por el Departamento constituye una obligación
clara, expresa y actualmente exigible a cargo de la Cámara de Comercio, quién
deberá responder por los valores dejados de percibir por el Departamento. De
esta manera, el recurso proveniente del impuesto de registro posee vocación de
ingreso a las arcas del ente territorial, recurso actualmente exigible y que en
consecuencia no se ha perdido.” (resaltado fuera de texto).
De esta forma, el fallo en mención no accedió a las pretensiones por cuanto
concluyó que la situación de vulneración de los derechos colectivos al patrimonio
público y la moralidad administrativa, que motivó la presentación de la acción
popular, se vio superada merced a las gestiones adelantadas por la Dirección de
Rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca con la
expedición de la liquidación oficial de revisión No. 0001 del 13 de diciembre de 2007,
que impuso a la Cámara de Comercio de Bogotá la obligación de responder por los
valores dejados de percibir por el ente territorial. No se cumplió entonces, en este
caso, la condición pactada para que se causara la obligación de reconocer y pagar
la prima de éxito, pues no fue la gestión del demandante como apoderado en este
proceso la que dio lugar al pago que por concepto del impuesto de registro ingresó
al departamento de Cundinamarca sino la gestión administrativa que adelantó la
Dirección de rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Cundinamarca que culminó con la expedición de la liquidación oficial de revisión No.
001 del 13 de diciembre de 2007, confirmada con la Resolución No. 56 del 28 de
enero de 2009 [hechos probados 4.12.2, 4.12.5.8 y 4.12.5.9].
5.3.1.2. Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado 2009-
00069-02 (20162) promovido por la Cámara de Comercio de Bogotá -CCB- contra el
Departamento de Cundinamarca [hecho probado 4.2].
5.3.1.2.1. Fallo de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con
sentencia del 24 de enero de 2013, declaró la nulidad de la liquidación oficial de
revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007 y de la Resolución No. 56 del 28 de
enero de 2009 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la
primera, las dos proferidas por la Dirección de rentas de la Secretaría de Hacienda del
Departamento de Cundinamarca y, en consecuencia, a título de restablecimiento del
derecho dejó en firme la declaración del impuesto de registro correspondiente al mes
de agosto de 2004 presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
5.3.1.2.2. Fallo de segunda instancia. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, con
sentencia del 13 de agosto de 201589, revocó la sentencia del 24 de enero de 2013,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en consecuencia, la
liquidación oficial de revisión No. 001 del 13 de diciembre de 2007, confirmada con
la Resolución No. 56 del 28 de enero de 2009, acto administrativo con el que la
Directora de rentas de la Secretaría de Hacienda del Departamento de
Cundinamarca liquidó el impuesto de registro correspondiente al mes de agosto de
2004.
Corolario de lo anterior es que el resultado de esta actuación procesal en sede judicial
tampoco cumplió la condición pactada en el parágrafo primero de la cláusula tercera
del contrato de prestación de servicios No. 224 de 2007 para que se hiciera exigible el
reconocimiento y pago de la prima de éxito, comoquiera que el fallo ejecutoriado dejó
en firme la actuación que en sede administrativa adelantó la Secretaria de Hacienda
del Departamento de Cundinamarca, esto es la liquidación oficial de revisión No. 001
del 13 de diciembre de 2007, confirmada con la Resolución No. 56 del 28 de enero de
2009, actuación que como se probó, tanto en la Acción Popular como en este proceso,
fue la que permitió que el ente territorial, en ejercicio de su competencia funcional y
con arreglo a la normatividad aplicable a la materia, pusiera fin a la vulneración de los
derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa al liquidar
oficialmente el tributo correspondiente, revirtiendo así el daño que devino del yerro en
que incurrió la Cámara de Comercio de Bogotá al haber registrado el acta de
liquidación final de la sociedad Luz de Bogotá S.A. como un acto sin cuantía. Al punto
que con la declaración corregida se logró el recaudo total junto con los respectivos
intereses moratorios. No fue entonces la actuación que como apoderado judicial
adelantó el aquí demandante la causa eficiente del recaudo y por contera la pretensión
de pago de la prima de éxito resulta infundada.
En definitiva, la respuesta al problema jurídico planteado es de signo negativo y, en
consecuencia, esta Colegiatura confirmará el fallo proferido por el Tribunal de
primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda.
6. COSTAS
6.1. El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de
las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su turno, los artículos 365.190 y 36691 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA92,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realizará de
89 Folios 6 a 40 del cuaderno 3.
90 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación
o revisión que haya propuesto […]”.
91 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el
magistrado sustanciador o el juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en
derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y otras circunstancias especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
92 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC”.
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Demandante: José Mauricio Marín Elizalde
manera concentrada por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la
fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas
fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
6.2. Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte accionante, dado
que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y
este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen deberá efectuar la
correspondiente liquidación y tasación de costas, debiendo considerar que en esta
instancia se fijan agencias en derecho por un (1) salario mínimo legal mensual vigente,
de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura93.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el veinticuatro (24) de abril de dos mil
diecinueve (2019), que denegó las pretensiones de la demanda, de conformidad con
las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
debiendo considerar que en esta instancia se fijaron agencias en derecho por un (1)
salario mínimo legal mensual vigente, conforme lo precisado en la parte motiva.
TERCERO: En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
FSR / 4C
93 Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. El artículo 5 establece que las agencias en derecho en segunda instancia
causadas en procesos declarativos serán “entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
29
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