Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00794-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-00794-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-00794-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
18 de julio de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Demandante: UNIÓN TEMPORAL REPÚBLICA DE
COLOMBIA 2015
Demandado: BOGOTÁ DC – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA –
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – LÍMITES
DE LA APELACIÓN.
Síntesis del caso: la Unión Temporal República de Colombia 2015 demanda a la Secretaría
de Educación de Bogotá para que se declare el incumplimiento del contrato no. 2106 de
2015 celebrado entre las partes; la entidad demandada, por su parte, presenta demanda
de reconvención para que se declare el incumplimiento del contratista y se ordene la
reparación de daños y perjuicios causados. El tribunal de primera instancia negó las
súplicas de la demanda principal y accedió, parcialmente, a las pretensiones de la demanda
de reconvención; inconforme con la decisión, la parte actora apela y aduce que el tribunal
de primera instancia dejó de valorar el material probatorio.
Temas: medio de control de controversias contractuales / incumplimiento de obligaciones
en la etapa de revisión y adecuación de diseños – principios de buena fe objetiva y de no
atentar contra los actos propios – alcance de la apelación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia de 26 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (índice 62 SAMAI, primera
instancia) en la cual se resolvió lo siguiente:
“FALLA:
PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda principal que formuló
la Unión Temporal República de Colombia 2015 contra el Distrito Capital
de Bogotá – Secretaría Distrital de Educación, por las razones expuestas
en la presente providencia.
SEGUNDO. DECLARAR que la Unión Temporal República de Colombia
2015 incumplió el contrato de obra no. 2106 de 12 de mayo de 2015
suscrito con el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación
Distrital y, en consecuencia:
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
TERCERO. CONDENAR a la Unión Temporal República de Colombia
2015 a pagar, a favor del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de
Educación Distrital, la suma de ochenta y tres millones ciento cuarenta y
seis mil novecientos noventa y un pesos con dos centavos
($83´146.991,2), por concepto de perjuicios materiales, estimados de
conformidad con la cláusula penal pactada en la cláusula décima cuarta
del contrato de obra no. 2106 de 2015 de 12 de mayo de 2015.
CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda de
reconvención formulada por el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de
Educación Distrital en contra de la Unión Temporal República de
Colombia 2015.
QUINTO. CONDENAR en costas a la parte demandante principal UT
República de Colombia 2015. Por Secretaría de la Sección liquídense los
gastos procesales causados, devuélvase el monto remanente a la parte
actora. FÍJESE por concepto de agencias en derecho la suma de
veintiocho millones seiscientos sesenta mil treinta y seis pesos con
setenta y cuatro centavos ($28´660.036,74) a cargo de la UT República
de Colombia 2015 y a favor del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de
Educación Distrital.
SEXTO. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE la presente decisión,
mediante el envío de mensaje de datos a los correos electrónicos de las
partes, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al agente
del Ministerio Público al buzón de correo electrónico institucional (…).
SÉPTIMO. La presente sentencia fue discutida y aprobada en Sala de
Decisión virtual de la fecha (…).
OCTAVO. Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría
de la Sección los gastos ordinarios del proceso, y en caso de remanentes
devuélvanse al interesado.
NOVENO. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación
en los términos del artículo 247 del CPACA” (índice 67 SAMAI, primera
instancia - negrillas y mayúsculas fijas del original).
I. ANTECEDENTES
La demanda
Mediante escrito del 4 de mayo de 2017 (fls. 1 a 22 cdno. 1), la Unión Temporal
República de Colombia 2015 a través de apoderado judicial (fl. 23 cdno. 1) presentó
demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de controversias
contractuales para que se declare el incumplimiento del contrato de obra no. 2106
de 2015 celebrado entre las partes y, por lo tanto, se acceda a las siguientes
pretensiones:
“PRIMERA. Declare la existencia del contrato de obra no. 2106 de 12 de
mayo de 2015, celebrado entre la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ DC y la UNIÓN TEMPORAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA 2015.
SEGUNDA. Declare el incumplimiento del contrato de obra no. 2106 de
mayo 12 de 2015, por causas y razones imputables a la entidad estatal
contratante (…).
TERCERA. Como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento
contractual por parte de la entidad estatal contratante (…), declárese la
terminación del contrato de obra no. 2106 de mayo 12 de 2015.
CUARTA. Como consecuencia de la declaratoria judicial de terminación
del contrato de obra no. 2106 de mayo de 12 de 2015, realícese la
liquidación del aludido contrato de obra.
QUINTA. Dentro de la correspondiente liquidación judicial del contrato de
obra no. 2106 de mayo 12 de 2015, y en todo caso como consecuencia
de las declaraciones judiciales anteriores -así no se incluyan en la
liquidación del contrato o no haya lugar a la misma- condénese a la
entidad estatal contratante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ DC a reconocer y pagar a favor de la
parte demandante, con sus correspondientes actualizaciones e intereses,
todos los daños y perjuicios causados por razón de su incumplimiento
contractual y que se demuestren dentro del proceso; todas las sumas de
dinero causadas por la ejecución de las obligaciones cumplidas durante
la vigencia del referido contrato de obra no. 2106; la utilidad que tenía
derecho a percibir la Unión Temporal Contratista y que se vio frustrada
por la imposibilidad de ejecutar el contrato de obra por causas imputables
a la demandada entidad estatal contratante; los mayores costos que debió
soportar y asumir la Unión Temporal contratista por razón de las
prolongadas y reiteradas suspensiones y sus prórrogas respecto del plazo
de ejecución del contrato.
SEXTA. Dispónganse que todas las sumas de dinero a las cuales se
condene a la entidad estatal contratante (…) y a favor de mi poderdante
Unión Temporal (…) deben ser actualizadas desde la fecha de su
respectiva causación y la fecha efectiva del pago, al igual que deberán
devengar intereses a la máxima tasa permitida por la ley.
SÉPTIMA. Condénese a la entidad estatal demandada (…) a pagar a
favor de mi poderdante las costas del proceso, incluidas las
correspondientes agencias en derecho” (fls. 15 y 16 cdno. 1 – negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
2. Los hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:
1) La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y la Unión Temporal República de
Colombia 2015 celebraron el contrato de obra no. 2106 de 12 de mayo de 2015
cuyo objeto consistió en la “actualización y ajuste de los diseños existentes y
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
elaboración de los estudios y diseños nuevos requeridos, para la obtención de las
licencias de construcción y/o urbanismo en cualquiera de sus modalidades, junto
con los permisos y aprobaciones necesarios, así como la ejecución de las obras
derivadas de los diseños para el colegio IED República de Colombia” (fl. 2 cdno. 1).
2) El 10 de febrero de 2016, las partes se reunieron para analizar la situación del
contrato debido a las inconsistencias detectadas en el predio, razón por la cual se
acordó suspender el negocio jurídico por el término de 60 días hábiles; el 8 de abril
de 2016 se prorrogó la suspensión por un término de un (1) mes calendario y el 10
de mayo siguiente, nuevamente, se amplió la suspensión por 60 días adicionales.
3) Durante los cinco (5) meses que transcurrieron entre la celebración del contrato
y la fecha de reanudación del plazo contractual el mercado registró alzas en los
precios de los materiales y equipos, circunstancia por la cual se afectó el
rendimiento económico esperado del negocio jurídico.
4) Las inconsistencias e inconvenientes que presentaba el inmueble fueron
subsanadas por la entidad contratante mediante escritura pública no. 582 del 18 de
mayo de 2016, acto jurídico que fue comunicado al contratista el 11 de julio de 2016,
esto es, cuando faltaban nueve (9) días hábiles para que finalizara el plazo
contractual acordado para la entrega de los diseños.
5) El trámite dispendioso que adelantó la entidad contratante hizo que resultara
temporal, material y físicamente imposible que se pudiera obtener una licencia de
construcción y/o urbanismo ante una curaduría urbana, pues, para esos fines se
necesitaban al menos 45 días.
6) La unión temporal contratista cumplió fiel y adecuadamente con sus obligaciones,
por manera que la imposibilidad de ejecutar el contrato se debió, única y
exclusivamente, a circunstancias imputables a la entidad demandada, razón por la
cual se le debe reconocer la utilidad esperada en favor del contratista.
Como fundamentos jurídicos de la demanda, la parte actora invocó los artículos 2,
6, 25, 78, 83, 88, 90 y 365 de la Constitución Política; 1, 3, 4, 5, 13, 25, 27 y 50 de
la Ley 80 de 1993; 1546, 1602, 1613, 1614, 1615 y 1617 del Código Civil y las Leyes
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001, 1367 de 2009, 1285 de 2009 y 1367 de
2009.
3. La demanda de reconvención y el trámite de primera instancia
1) La demanda se admitió por auto del 4 de julio de 2017 (fls. 30 a 31 cdno. 1) y se
ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público; mediante auto
del 23 de octubre de 2017 se admitió la reforma de la demanda (fls. 126 y 127 cdno.
1)
2) La Secretaría de Educación de Bogotá DC contestó la demanda para oponerse
a las súplicas elevadas (fls. 136 a 146 cdno. 1), para lo cual propuso las siguientes
excepciones: i) “ausencia de los presupuestos necesarios para la prosperidad de la
acción” y, ii) “respeto por el acto propio”, indicó que la unión temporal contratista
conoció y aceptó las condiciones del contrato, por lo cual no es posible reclamar
responsabilidad patrimonial contractual por cuanto era su obligación efectuar los
ajustes a los diseños y adelantar los trámites necesarios para la obtención de las
licencias de urbanismo y de construcción.
3) De otra parte, el 16 de noviembre de 2017 la entidad demandada presentó,
oportunamente, demanda de reconvención en la cual pidió que se declare el
incumplimiento de la unión temporal contratista y, en consecuencia, se acceda
a las siguientes pretensiones:
“1. Que se declare el incumplimiento del contrato de obra no. 2106 de
mayo 12 de 2015, suscrito entre la Secretaría de Educación de Bogotá y
la Unión Temporal República de Colombia 2015 por causas atribuibles al
contratista (…).
2. Como consecuencia de la declaración de incumplimiento del contrato
por parte del contratista (…) se obligue a la referida unión temporal a
pagar a la Secretaría de Educación de Bogotá las siguientes sumas de
dinero por los siguientes valores y conceptos:
2.1 La suma de trescientos veintitrés millones noventa y cinco mil
doscientos cincuenta pesos ($323´095.250) correspondientes al valor del
producto del costeo para la consultoría de estudios y diseños del contrato.
2.2 La suma de ciento noventa y nueve millones ochocientos setenta y un
mil doscientos cincuenta pesos ($199´871.250) correspondiente al valor
del producto del costeo para la interventoría del contrato.
2.3 La suma de ochenta y tres millones ciento cuarenta y seis mil
novecientos noventa y un pesos ($83´146.991) como resultado de aplicar
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
el porcentaje de la cláusula penal pecuniaria (20%), habida consideración
a que el contratista incumplió los hitos 3, 4, 5 y 6 de la consultoría, que
tienen un valor equivalente a $415´734.958.
3. Que se condene en costas y agencias en derecho al contratista Unión
Temporal República de Colombia 2015, integrada por las sociedades (…)”
(fls. 1 y 2 cdno. 3).
La entidad demandada, demandante en reconvención, manifestó que la unión
temporal contratista aceptó las obligaciones impuestas relacionadas con la
adecuación de los estudios y diseños necesarios al proyecto antes de iniciar la
etapa de obra, por manera que el incumplimiento alegado solo es imputable a la
Unión Temporal República de Colombia 2015, razón por la cual está obligada a
reparar los daños contractuales causados.
La demanda de reconvención se admitió por auto del 25 de septiembre de 2020
(fl. 59 cdno. 3).
4. La sentencia de primera instancia
El 26 de octubre de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia de primera instancia (índice
62 SAMAI, primera instancia), mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda principal y, al propio tiempo, accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda de reconvención con fundamento en el siguiente razonamiento:
1) No se demostró que la entidad contratante hubiera faltado al principio de buena
fe por el hecho de omitir información relevante, pues, la determinación de la
viabilidad jurídica y técnica del terreno, así como también la identificación de
cualquier obstáculo para la obtención de la licencia de construcción y de urbanismo
correspondía a una obligación a cargo del contratista; además, precisamente, la falta
de obtención de las licencias de construcción y de urbanismo obedeció a la
renuencia injustificada de la unión temporal de suscribir la prórroga para la
ampliación de esa etapa contractual de adecuación de estudios y de diseños;
finalmente, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá a través de oficio no. S-
2016-175965 del 18 de noviembre de 2016 indicó que la nueva información catastral
del predio se ajustaba a las condiciones físicas del terreno y, por lo tanto, no existía
obstáculo o impedimento para el trámite de las referidas licencias.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) La situación problemática del inmueble, asociada a la información predial, no fue
constitutiva de un hecho intempestivo, sorpresivo o desconocido para el contratista
ya que, en los estudios previos, en los pliegos de condiciones y en el contrato se
determinó que se encontraba a su cargo la obligación de determinar la viabilidad
jurídica y técnica del predio, específicamente, lo relacionado con el área y los
linderos del mismo, lo mismo que subsanar cualquier inconsistencia que impidiera
la obtención de las licencias de urbanismo y de construcción.
3) La Unión Temporal República de Colombia 2015 faltó al deber de colaboración
leal y de mutua confianza, por cuanto, si bien inicialmente manifestó a la
interventoría que para la culminación de la etapa de estudios y diseños se requería
un plazo adicional de 3.5 meses y una adición presupuestal de $58´202.893,
posteriormente, en comunicación del 4 de octubre de 2015, el representante legal
de la unión temporal manifestó que no había solicitado ningún tipo de modificación
contractual, adición o prórroga.
4) Las pruebas aportadas permiten atribuir al contratista el vencimiento del plazo de
consultoría sin la obtención de las respectivas licencias de urbanismo y de
construcción, por el incumplimiento del deber contractual de colaboración y ausencia
de acreditación de causas justificativas.
5) Una vez verificado el incumplimiento del contrato por parte de la UT República de
Colombia 2015, debe procederse a la determinación de los perjuicios ocasionados,
para lo cual se tendrá en cuenta la cláusula penal pecuniaria pactada; en este caso,
se tiene que el contratista dejó de cumplir con la entrega de los productos
contemplados en la etapa de estudios y de diseños (ítems 3 a 6), con un valor sin
ejecutar equivalente a $415´734.956, motivo por el cual sobre esa suma se aplicará
el porcentaje de tasación anticipada de perjuicios del veinte por ciento (20%), lo cual
arroja el total de $83´146.991,2.
6) Por último, no es posible realizar la liquidación judicial del contrato toda vez que
de las pruebas aportadas no se puede deducir la real situación financiera del
contrato o el balance de las obligaciones económicas pendientes, lo cual imposibilita
que se haga el corte de cuentas final del negocio jurídico.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora, demandada en
reconvención, interpuso recurso de apelación (índice 65 SAMAI, primera instancia),
el cual fue concedido en auto del 15 de marzo de 2024 (índice 68 SAMAI, primera
instancia) y admitido por esta Corporación mediante proveído del 6 de diciembre de
2024 (índice 3 SAMAI).
Los motivos en los que se sustentó el recurso de apelación son los siguientes:
1) Ni en los pliegos de condiciones ni en el contrato de obra no. 2106 de 12 de mayo
de 2015 se determinó que le correspondía al contratista hacer las actualizaciones
de linderos y la incorporación catastral de las correcciones a que hubiere lugar.
2) Se demostró que sin la incorporación topográfica ante Catastro Distrital era
imposible tramitar y obtener las licencias de urbanismo y de construcción ante la
curaduría; de igual manera, quedó establecido que la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá era la encargada de adelantar las gestiones necesarias ante las
autoridades competentes con el objetivo de obtener la incorporación catastral.
3) De las pruebas aportadas se puede establecer que la etapa de diseños del
negocio jurídico venció el 22 de julio de 2016 de conformidad con el acta de prórroga
no. 2; además, se determinó que la incorporación catastral no estuvo lista para esa
fecha y, finalmente, es preciso señalar que el levantamiento topográfico de la
realidad física del inmueble, elaborada durante la etapa de la consultoría y aprobado
por la interventoría, no coincide con la corrección de linderos adelantada por la
entidad contratante, lo cual impedía la obtención de las licencias.
4) Las etapas contractuales tienen un plazo y vencimiento específicos, por lo cual
no hay lugar a ejecuciones por fuera de los mismos, más aún cuando se trata de un
prerrequisito para iniciar la siguiente etapa contractual, por lo tanto, la unión
temporal actuó con apego a la buena fe, puesto que le propuso a la entidad
demandada terminar anticipadamente el contrato mediante un acuerdo
transaccional debido a que, se insiste, la incorporación catastral del predio se
efectuó por fuera de los plazos convenidos en el contrato, tres (3) meses después
de fenecida esa etapa negocial.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del caso concreto, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna1, en atención a los reparos específicos
contenidos en el recurso de apelación (artículos 320 y 328 CGP), el centro de la
controversia planteada consiste en determinar si el consorcio contratista asumió los
riesgos derivados de la gestión y adecuación predial del inmueble, por el hecho de
haber incorporado en el contrato una etapa de adecuación de estudios y de diseños,
circunstancia por la cual debió tramitar las licencias de urbanismo y de construcción
o, en su defecto, suscribir un otrosí modificatorio del plazo contractual para ampliar
el plazo de ejecución, tal como lo concluyó el tribunal de primera instancia, so pena
de incurrir en incumplimiento y, por consiguiente, quedar compelido a reparar los
daños y perjuicios contractuales causados.
La Sala confirmará la sentencia apelada y actualizará el valor de la condena
reconocida en primera instancia, porque de los documentos contractuales se
desprende que la unión temporal contratista tenía a su cargo la obligación de
adelantar los trámites para la obtención de las licencias de urbanismo y de
construcción, aunado al hecho o circunstancia de que según los documentos
precontractuales conocía la situación catastral del inmueble y los trámites que eran
necesarios adelantar en la etapa contractual de estudios y diseños.
1 El plazo de ejecución del contrato no. 2106 de 2015 era de veinte (20) meses; no obstante, las
partes suspendieron el negocio y ampliaron esa suspensión en dos oportunidades, la última prórroga
se suscribió el 10 de mayo de 2016 por un término de sesenta (60) días calendario; de otra parte, en
el contrato se incorporó una cláusula de liquidación bilateral por un plazo de cuatro (4) meses una
vez finalizado el plazo de ejecución, por manera que la demanda del 4 de mayo de 2017 se presentó
de manera oportuna, antes de que venciera o finalizara el término previsto en el subnumeral v) del
literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) que prevé: “En los siguientes
contratos, el término de dos (2) años se contará así: (…) En los que requieran de liquidación y esta
no se logre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez
cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para
hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la disponga;”.
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Análisis del caso concreto
1) El 12 de mayo de 2015, la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá DC y
la Unión Temporal República de Colombia 2015 suscribieron el contrato no. 2106
cuyo objeto consistió en la “actualización y ajuste de los diseños existentes y
elaboración de los estudios y diseños nuevos requeridos para la obtención de las
licencias de construcción y/o urbanismo en cualquiera de sus modalidades, junto
con los permisos y aprobaciones necesarios, así como la ejecución de las obras
derivadas de los diseños, para el colegio IED República de Colombia” (fl. 406
cdno. pruebas).
El plazo de ejecución del contrato fue de veinte (20) meses y, específicamente, la
etapa de estudios y diseños tenía previsto un plazo de siete (7) meses, según se
desprende de la cláusula quinta del negocio jurídico (fl. 429 cdno. pruebas); de otra
parte, el valor total del contrato se pactó en la suma de $14.343´682.325 contenido
en la cláusula sexta de la misma convención.
2) En la cláusula tercera del contrato se incorporaron las obligaciones del contratista
en cada una de las fases del negocio; de las prestaciones correspondientes a las
labores de consultoría contratadas (estudios y diseños) se destacan, entre muchas
otras, las siguientes:
“(…) Para la suscripción del acta de inicio de la etapa de estudios y
diseños, el contratista deberá entregar un informe preliminar soportado
en el insumo documental entregado por la SED, adicionalmente será
responsable de hacer: 1. Diagnóstico de la información técnica
entregada por la SED (planos, estudios, inventario, etc.)
actualizándolo con las necesidades actuales de la institución
educativa. 2. Estudio de la situación normativa, urbanística y legal.
a. Información cartográfica catastral: i. información general del
inmueble. ii. Localización urbanística. iii. Titularización del predio:
situación jurídica del inmueble y títulos de valorización. Áreas y
linderos. iv. Naturaleza jurídica del inmueble. v. Gravámenes y
limitaciones. vi. Impuestos y contribuciones. vii. Servicios públicos
domiciliarios. viii. Observaciones y recomendaciones (…). 3. Consulta de
norma aplicable al predio ante la curaduría urbana. 4. Consultas a las
demás entidades competentes para garantizar el cumplimiento de las
normas vigentes aplicables (arquitectónicas, estructurales, de seguridad
contra incendios, servicios públicos (…)). 5. Verificar y tener en cuenta las
afectaciones emitidas por EAAB (…). 6. Verificar la viabilidad jurídica,
normativa, cartográfica y linderos del predio para que la
implantación se realice dentro del área legalizada jurídica y
cartográficamente. 7. Tener en cuenta los estándares aplicables de
acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera. 8.
En cualquier evento deberá garantizar a la SED que la entrega de la
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
información permita la legalización, construcción y puesta en
funcionamiento de la institución educativa objeto del contrato. B.
Levantamiento topográfico. 1. Elaborar el levantamiento topográfico
detallado del lote indicado por la SED, de tal manera que se prevean
todas las incidencias o afectaciones y todas las actividades
preliminares necesarias para el diseño y futura construcción (…).
Trámite de licencia construcción: 1. El contratista está obligado a
elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos,
etc., necesarios para tramitar la solicitud de licencia de construcción
y/o urbanismo ante la curaduría urbana y ante la entidad urbanística
competente, del mismo modo está obligado a asistir a cualquier
reunión que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los
requerimientos de la curaduría urbana y demás entidades
competentes, hasta obtener y entregar a la Secretaría de Educación
la correspondiente licencia de construcción debidamente
ejecutoriada, incluyendo la licencia de urbanismo si a ello hubiere
lugar” (fls. 407 a 416 cdno. pruebas – negrillas adicionales).
El acta de inicio del contrato no. 2105 de 2015 se firmó el 24 de julio de ese mismo
año (fl. 437 cdno. pruebas).
3) El 10 de febrero de 2016, las partes contratantes se reunieron en las instalaciones
de la Secretaría de Educación Distrital y levantaron un acta en la cual se consignó
lo siguiente:
“1. Que a la fecha no se ha podido realizar la incorporación topográfica
del predio ante la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –
UAECD, correspondiente al predio donde funciona el colegio República
de Colombia, de la localidad 10 de Engativá, donde se desarrolla el objeto
del contrato 2106 de 2015.
2. Que sin dicha incorporación es imposible radicar la solicitud de licencias
ante la Curaduría Urbana no. 1 para reparto.
3. Que es imposible obtener las licencias dentro del mismo plazo dada la
inminencia del vencimiento del plazo contractual (23 de febrero de 2016).
4. Que las soluciones de las inconsistencias prediales dependen de
terceros, esto es DADEP, UAECD y la Superintendencia de Notariado y
Registro; el consorcio PE recomendó la suspensión del contrato durante
sesenta (60) días, con el objeto de en dicho periodo la SED efectúe las
gestiones pertinentes, con las entidades competentes a fin de obtener la
incorporación del predio en la debida forma y demás documentos técnicos
y jurídicos necesarios que permitan continuar con la radicación del
proyecto para la obtención de las licencias respectivas ante la curaduría
urbana.
5. Que una vez estudiada la situación por la entidad y el contratista ambas
partes han encontrado conveniente acoger la recomendación y
ratificación de la misma mediante la suscripción de la presente acta por la
interventoría.
(…)” (fls. 438 y 439 cdno. pruebas).
Con fundamento en el referido documento, las partes suscribieron el acta de
suspensión no. 1 del contrato no. 2106 de 2015 por el plazo de sesenta (60) días
calendario (fls. 440 cdno. pruebas); la mencionada suspensión se prorrogó por el
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
término de treinta (30) días con fundamento en el acta de prórroga no. 1 firmada el
6 de abril de 2016 (fl. 441 cdno. pruebas) y, finalmente, el 10 de mayo de 2016, las
partes prorrogaron, por segunda vez, la suspensión del plazo del negocio por otros
sesenta (60) días calendario, a través del acta de prórroga no. 2 (fl. 442 cdno.
pruebas).
4) El 21 de julio de 2016, el representante legal de la unión temporal contratista
dirigió una comunicación al consorcio interventor del contrato para manifestar la
imposibilidad de suspender o prorrogar nuevamente el contrato estatal,
circunstancia por la cual solicitó la liquidación del mismo (fl. 443 cdno. pruebas).
5) Posteriormente, el 25 de agosto de 2016, la Unión Temporal República de
Colombia 2015 reconoció al interventor la configuración de los siguientes hechos,
lo cual, en su criterio, imposibilitaba la ejecución del contrato o su modificación:
“(…) 15. La problemática del inmueble, esto es, la actualización de los
linderos, nueva incorporación en la UAECD, modificación y registro de
escrituras, solamente fue solucionada por la Secretaría de Educación del
Distrito Capital DC en la escritura pública no. 582 del 18 de mayo de 2016
de la Notaría 75 del Círculo de Bogotá, registrada en el folio de matrícula
inmobiliaria el día 30 de junio de 2016.
16. Esta situación, la de la corrección de linderos y registro de dicha
corrección, nos fue informada mediante comunicación del 8 de julio de
2016, recibida en nuestras oficinas el 11 de julio de 2016, esto es, faltando
9 días hábiles para concluir, después de 150 días de suspensión, el plazo
contractual para la etapa de diseños, es decir, el día 22 de julio de 2016.
17. El plazo que la ley otorga a las curadurías urbanas para la expedición
de licencias de construcción y urbanismo, tal como lo disponen los
artículos 99 y los numerales 3, 4, y 5 del artículo 101 de la Ley 388 de
1997, y en desarrollo del artículo 48 de la Ley 9 de 1989, el artículo 7 de
la Ley 675 de 2001, el parágrafo del artículo 7 y el artículo 9 de la Ley 810
de 2003 y el artículo 108 de la Ley 812 de 2003 y artículos 34, 35 del
Decreto 1469 de 2010 es de cuarenta y cinco (45) días hábiles para
resolver la solicitud de licencias”.
Sin perjuicio de lo anterior, es particularmente relevante advertir que mediante
estudio técnico del 20 de mayo de 2014, documento que hacía parte de los estudios
y documentos precontractuales, la Secretaría de Educación Distrital (SED) indicó
que para la ejecución de actividades de licenciamiento para el predio por parte del
futuro contratista consultor, previamente se requería “actualizar la certificación y el
acta de entrega del DADEP con base en la incorporación topográfica expedida por
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
la UAECD. Toda vez que la certificación registra un área de 11.404,05 M2 y el acta
de 8.568,34 m2” (fl. 217, tomo 1, CD aportado con la demanda).
6) Así las cosas, la Sala advierte que el contratista asumió un conjunto significativo
de obligaciones relacionadas con la etapa de estudios y de diseños que incluían el
diagnóstico del inmueble; el análisis de la situación jurídica del predio, de las áreas
y sus linderos, lo mismo que responder los requerimientos de la curaduría urbana y
demás entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Secretaría de
Educación la correspondiente licencia de construcción debidamente ejecutoriada,
incluida la licencia de urbanismo si a ello hubiere lugar; por consiguiente, la situación
catastral y topográfica del predio no revistió las connotaciones de ser un hecho
imprevisible, irresistible y desconocido para el contratista; contrario sensu, la unión
temporal demandante conocía los deberes impuestos en los pliegos de condiciones,
en los estudios previos y en los documentos técnicos, por consiguiente no es posible
atribuir un incumplimiento a la entidad contratante, puesto que era un hecho cierto
que se requería actualizar la información topográfica del terreno ante las
autoridades competentes.
7) En ese marco fáctico y probatorio, debe observarse que el artículo 13 de la Ley
80 de 1993 prevé que los contratos que celebren las entidades a que se refiere el
artículo 2 de esa normatividad se regirán por las disposiciones civiles y comerciales
pertinentes, salvo en las materias reguladas expresamente en esa ley; por su parte,
el artículo 1602 del Código Civil prevé que todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes y, por lo tanto, no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales y, además, el artículo 1603 ibidem
determina que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por ende, obligan no
solo a lo que en ellos se conviene de manera expresa, sino también a todas las
cosas que emanan de la naturaleza de la obligación.
En similar sentido, el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 preceptúa que
los contratistas colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario
para que el objeto contratado se cumpla, para lo cual evitarán dilaciones y cualquier
circunstancia que pueda entrabar el negocio jurídico.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En ese orden de ideas, la unión temporal demandante actuó en contra del principio
de buena fe, concretamente de la buena fe objetiva2 que, impone una serie de
deberes positivos y de abstención a los sujetos contratantes, entre ellos el de
lealtad, respeto y de no desconocer los actos propios; en ese sentido, del principio
de buena fe contractual se desprenden una serie de subprincipios, reglas y
subreglas que sirven para determinar la hermenéutica del negocio jurídico, así como
también para efectuar su integración; es decir, que al margen de las estipulaciones
literales que están contenidas en el acuerdo negocial, es posible desentrañar el
verdadero contenido y alcance de la voluntad emitida por los contratantes en
determinadas condiciones de tiempo, modo y lugar (v gr la lealtad, la prohibición de
atentar o desconocer los actos propios (“venire contra factum propium”), y la carga
de información, entre otras).
8) A la anterior conclusión se arriba luego de contrastar las comunicaciones del 16
de septiembre de 2016 y de 4 de octubre del mismo año suscritas por el
representante legal de la Unión Temporal República de Colombia 2015 en las cuales
asumió una posición abiertamente contradictoria.
En efecto, en la comunicación no. 16-042-GER del 16 de septiembre de 2016, la
contratista afirmó que para la terminación de la fase de estudios y diseños se
requería un plazo adicional de 3.5 meses y una adición presupuestal de
$58´202.883 (fl. 200 CD allegado con la demanda)3.
Luego, a través de documento 16-043-GER del 4 de octubre de 2016, la misma
unión temporal contratista varió diametralmente su posición, para sostener que no
2 “La buena fe implica el respeto a la palabra empeñada, la escrupulosa y sincera observancia de
las promesas y de los pactos, la veracidad y la constancia en los compromisos asumidos. En cuanto
tal, se compendia en la constantia et veritas y en el fit quod dicitur a que alude Cicerón, lo que supone
una relación igualitaria regulada por un acto de compromiso.” NEME Villareal, Martha Lucía “Venire
contra factum proprium. Prohibición de obrar contra los actos propios y protección de la confianza
legítima. Tres maneras de llamar a una antigua regla emanada de la buena fe” en: “Estudios de
Derecho Civil Obligaciones y Contratos. Libro homenaje a Fernando Hinestrosa”, edit. Universidad
Externado de Colombia, Tomo III, Bogotá, 2003.
3 “Este cronograma preparado por nuestro participe encargado de la etapa de consultoría, la
sociedad LKS Colombia SAS, que como podrá ver supone un plazo de 3.5 meses para adecuación
de los diseños y presentación ante Curaduría, tiempo este que supera cualquiera de los plazos
establecidos en contrato y por lo cual se requeriría una adición en recursos de ésta etapa por
$58.202.893,oo más el IVA correspondiente”.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
solicitó la prórroga contractual, dado que para ese momento el plazo contractual de
la etapa de diseños y estudios ya había vencido (fl. 147 cdno. 3)4.
En esa misma dirección, la unión temporal contratista reconoció, expresa e
inequívocamente, a través de comunicación del 12 de diciembre de 2016, que a la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá le asistía el ánimo y el interés de
suscribir un otrosí modificatorio del contrato no. 2106 de 2015, tanto así que se
socializó la minuta con el contratista; sin embargo, se reitera, mediante
comunicación 16-055-GER del 12 de diciembre de 2016 la Unión Temporal
República de Colombia 2015 reiteró su postura de abstenerse de celebrar cualquier
tipo de documento modificatorio, por no tener “certeza de que la finalización de la
etapa de consultoría en las nuevas condiciones no implicará la obligación de
ejecutar la obra en condiciones económicas desventajosas para el mismo” (fl. 467
cdno. pruebas).
9) Así las cosas, la Sala no advierte que el tribunal de primera instancia haya dejado
de valorar el material probatorio, que haya incurrido en un error de hecho por una
interpretación inadecuada de los medios de convicción o que les haya dado a estos
un contenido y alcance equivocados o alejados de los parámetros de la sana crítica;
por el contrario, el acervo probatorio da cuenta de que la unión temporal
demandante conocía la situación específica del inmueble y aceptó obligaciones
inequívocas en relación con la gestión catastral del predio.
10) De otra parte, la Sala no analizará o estudiará la condena decretada en primera
instancia derivada de la prosperidad de las súplicas de la demanda de
reconvención, debido a que el recurso de apelación se centró en señalar que el a
quo valoró indebidamente las pruebas aportadas y, por lo tanto, que debió acceder
a las pretensiones de la demanda inicial; de allí que en la impugnación no se
formularon reparos o reproches concretos frente al análisis realizado por el tribunal
de primer grado respecto de la demanda de reconvención, motivo por el cual es un
aspecto que quedó definido en la sentencia de primera instancia5.
4 “No obstante que el plazo contractual para la etapa de diseños está vencido y no encontramos una
razón jurídica que permita explicar cómo se prorroga en un contrato administrativo un plazo que ya
se encuentra vencido para realizar las modificaciones a los estudios y diseños con la cartografía
actual (…)”
5 Sobre el particular, la Sala reitera los argumentos expuestos en la sentencia del 6 de septiembre
de 2024, expediente no. 70.836, MP Fredy Ibarra Martínez.
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En efecto, el inciso primero del artículo 320 de la Ley 1564 de 2012 (CGP)
dispone: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”
(destaca la Sala); como se advierte, el legislador determinó, expresa y
puntualmente, que la finalidad del recurso de apelación se circunscribiera a la
revisión que hace el superior funcional en relación con los aspectos y reparos
específicos esgrimidos por el apelante en contra de la providencia de primera
instancia.
En ese orden de ideas, el objetivo fijado por el legislador es establecer una carga
procesal6 para la parte recurrente en el sentido de explicitar qué aspectos de la
providencia impugnada son errados o equivocados o, frente a los cuales existe
inconformidad o protesta.
11) Sobre ese aspecto, es especialmente relevante advertir que, sobre dicha
materia la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-418 de 2019
discurrió de la siguiente manera7:
“Particularmente, si la decisión inicial es correcta, la apelación no debe
convertirse en el instrumento a través del cual se pretenda probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en
aquellos supuestos en los que existan elementos sólidos que den
cuenta de que el juzgador de primera instancia incurrió en una
equivocación. Eso explica por qué se exige que la apelación deba ser
sustentada. Porque para controvertir una decisión judicial y
provocar la intervención del superior, con lo que eso implica en
términos de desgaste del aparato judicial, y en merma de la
seguridad jurídica, es preciso mostrar razones serias que generen
en el fallador una cierta duda sobre el asunto recurrido, o, al menos,
que se planteen de manera clara y argumentada las razones de la
discrepancia” (se destaca).
En esa precisa perspectiva la Sala advierte que, en este caso objeto de análisis,
la parte actora no identificó ni precisó los yerros, los argumentos, los
razonamientos o al menos los párrafos de la sentencia de primera instancia sobre
6 “Las cargas procesales (…) solo surgen para las partes, nunca para el juez, y su no ejercicio acarrea
consecuencias procesales desfavorables que pueden repercutir también desfavorablemente sobre
los derechos sustanciales que en el proceso se ventilan” DEVIS Echandía, Hernando “Teoría
General del Proceso”, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2004, pág. 46.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
los cuales recaería el reproche o la censura del recurso en relación con el
pronunciamiento frente a las súplicas de la demanda de reconvención.
Por lo tanto, debe observarse que la competencia del superior funcional o juez
de segunda instancia está limitada a los aspectos y argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban adoptarse de oficio, en los
casos previstos en la ley (artículo 328 CGP – v gr caducidad, indebida
escogencia del medio de control, falta de legitimación en la causa, etc) 8, ese es
el marco de competencia y de acción del juez de la impugnación.
Adicionalmente, esta Corporación ha precisado que la carga de sustentación no se
satisface con la simple manifestación genérica de disenso frente a la providencia
apelada y, por el contrario, que el recurrente tiene la carga procesal de identificar
los argumentos de censura en contra la decisión que se pretende controvertir, pues,
por regla general, estos delimitan los temas objeto de control por parte del ad quem9.
En consecuencia, la interpretación que favorece el efecto útil del artículo 320 del
CGP, así como también la finalidad del legislador (método hermenéutico
finalístico) es la que propende porque se exija que en el recurso de apelación se
expresen o consignen los reparos concretos y específicos en contra de la
providencia de primera instancia, sin que sea permitido, simplemente, reiterar o
insistir en el concepto de violación de la demanda, sin indicar, concretamente,
los yerros de hecho, de derecho, procedimentales o de raciocinio en que incurrió
el a quo en la decisión objeto de impugnación.
Es importante destacar que en reciente pronunciamiento del 12 de abril de 2024
esta Sala concluyó lo siguiente sobre el tema objeto de análisis10:
“Así las cosas, la apelación únicamente hizo un recuento probatorio y
una reproducción de las imputaciones hechas en la demanda lo cual
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio
de 2014, exp. 2012-00395 (IJ).
9 Al respecto ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2022, exp. 20005-23-26-000-2012-00402-01 (49.319),
CP Alberto Montaña Plata; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia de 12 de diciembre de 2022, exp. 23001-23-31-000-2013-00042-
02 (61.440), CP José Roberto Sáchica Méndez y, iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 8 de abril de 2022, exp. 05001-23-33-000-
2021-00833-01(68.199), CP Marta Nubia Velásquez Rico.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de abril de 2024, exp. 65.756.
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Expediente: 25000-23-36-000-2017-00794-02 (71.864)
Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
no se opone a las razones que sustentaron la decisión de negar las
pretensiones, pues, no se expuso ni se desarrolló ningún sustento
fáctico, precepto normativo o planteamiento lógico que permita
controvertir los extremos de ese análisis, la forma en que se hizo o
las conclusiones a las que llegó y, la ausencia de contradicción
obliga a confirmar el fallo apelado porque la Sala carece de razones
para estudiar la decisión impugnada11.
En efecto, la posición unificada de la Sección Tercera12 sobre la materia
indica que el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen en contra de la decisión adoptada en primera instancia,
razón por la cual no basta con la sola interposición del recurso, por cuanto
es necesario señalar las razones que controvierten las conclusiones que
sustentan la sentencia impugnada y es por ello que el artículo 320 del
Código General del Proceso (CGP) prevé que el superior puede examinar
‘la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante’” (destaca la Sala).
12) En síntesis, el artículo 320 del CGP, aplicable en virtud de la remisión normativa
expresa contenida en el artículo 306 del CPACA, establece una carga procesal en
cabeza de la parte recurrente en el sentido de exigir que se formulen reparos
concretos y específicos en contra de la sentencia apelada, sin que la apelación
implique resolver, nuevamente, todos los aspectos del litigio -salvo que apelen
ambas partes de conformidad con el artículo 328 del CGP-, de modo que el juez de
segunda instancia puede resolver sin limitaciones “cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso”.
Así las cosas, el hecho de que la parte actora se hubiese abstenido de formular
reparos o reproches concretos frente a lo decidido por el tribunal de primera
instancia frente a la demanda de reconvención, impide concluir algo distinto a lo
expuesto y decidido por el a quo sobre esa específica materia, dado que la carga
argumentativa le correspondía al apelante y la Sala no puede suplirla oficiosamente.
13) Finalmente, la Sala actualizará el monto de la suma reconocida en primera
instancia con fundamento en la fórmula de indexación empleada por esta
Corporación, según la cual:
R = RH Índice Final
Índice Inicial
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de agosto de 2022, exp.
59.465, CP Fredy Ibarra Martínez.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp.
21.060, CP Mauricio Fajardo Gómez.
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En este caso concreto, la suma a actualizar es de $83´146.991,2 el índice inicial de
precios al consumidor corresponde a la fecha de la sentencia de primera instancia
(octubre de 2023) y, por lo tanto, el índice final aplicable es el del mes anterior a la
fecha de esta providencia (junio de 2025), lo cual arroja el siguiente resultado:
R= $91´586.608,00
Conclusión
La Sala confirmará la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda
principal y, por el contrario, declaró la responsabilidad patrimonial contractual de la
unión temporal demandante -demandada en reconvención-.
Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como
se desestima el recurso de apelación de la parte demandante esta asumirá las
costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en
forma concentrada por el tribunal de primera instancia en los precisos términos de
los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Modifícase el ordinal 3º de la parte resolutiva de la sentencia del 26 de octubre
de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual queda así:
“TERCERO. CONDENAR a la Unión Temporal República de Colombia
2015 a pagar, a favor del Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de
Educación Distrital, la suma de noventa y un millones quinientos ochenta
y seis mil seiscientos ocho pesos ($91´586.608,00), por concepto de
perjuicios materiales, estimados de conformidad con la cláusula penal
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Actor: Unión Temporal República de Colombia 2015
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
pactada en la cláusula décima cuarta del contrato de obra no. 2106 de
2015 de 12 de mayo de 2015”.
2º) Confírmase, en lo demás, la providencia apelada.
3º) Condénase en costas de la segunda instancia a la Unión Temporal República
de Colombia 2015 en favor de la Bogotá DC – Secretaría de Educación Distrital,
tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
4º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Presidente de la Sala
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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