Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01032-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01032-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-01032-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de julio de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado número: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
Demandado: Nación- Rama Judicial
Referencia: Medio de control de reparación directa – Ley 1437
de 2011.
Tema: Responsabilidad del Estado por actuaciones de la administración de justicia - Defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia. Subtema 1. Mora judicial. Subtema 2: Daño
antijurídico- no acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el cinco (5) de
marzo de dos mil dieciocho (2018), que negó las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005) FERRASA S.A.S., presentó
demanda ejecutiva mixta contra Sergio Arturo Zuluaga de los Ríos. El dieciséis (16)
de enero de dos mil siete (2007), la parte ejecutante comunicó al juzgado de
conocimiento el fallecimiento del señor Zuluaga. El trámite de emplazamiento a los
herederos del ejecutado se extendió hasta el ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013).
El veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado Civil del Circuito de
Descongestión de Montería declaró el desistimiento tácito del proceso. Decisión que
se notificó en estado No. 77 del veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015) y fue
recurrida el diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015). El Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Montería rechazó el recurso por extemporáneo. FERRASA S.A.S.
demandó a la Rama Judicial al considerar que incurrió en mora injustificada que afectó
su expectativa económica a consecuencia de la terminación del proceso ejecutivo sin
decisión de fondo diez (10) años después de instaurado. El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones, al considerar que se configuró la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, decisión que fue apelada por la
sociedad demandante.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El cinco (5) de junio de dos mil diecisiete (2017)1 la Sociedad FERRASA S.A.S. (hoy
Ternium2) presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa,
1 Folios 1 a 25, cuaderno 1.
2 Certificado de existencia y representación legal, matricula inmobiliaria No, 00003221, expedido por la Cámara de Comercio Aburra Sur,
folios 30 a 41, cuaderno de pruebas 2.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
en la que solicitó declarar administrativamente responsable a la Nación- Rama Judicial
por los daños y perjuicios causados con ocasión de la “falla en el servicio (…) por mora
injustificada de la administración de justicia” en el decurso del proceso ejecutivo mixto
que inició el veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005) ante el Juzgado Cuarto
Civil del Circuito de Montería, bajo radicado 23001-31-03-004-2005-00081-03, y
terminó el veinte (20) de mayo de dos mil quince ( 2015) cuando se decretó el
desistimiento tácito del proceso.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del veinticuatro (24) de julio de
dos mil diecisiete (2017)3, admitió la demanda y notificó tanto a la entidad
demandada como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, sin que la
demandada hubiera contestado ni se hubiera emitido concepto alguno por parte de la
ANDJE4-5.
El seis (6) de marzo de dos mil dieciocho (2018)6, el Tribunal realizó la audiencia
inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -CPACA- y adoptó las siguientes decisiones: i) fijó el litigio
así: “determinar si es la Nación- Rama Judicial administrativa y patrimonialmente
responsable por los perjuicios sufridos por la sociedad demandante debido a la
presunta demora injustificada en la Administración de Justicia por cerca de diez años
en los despachos involucrados sin proferir sentencia de primera instancia, que
conllevó a la declaratoria de desistimiento tácito que le impidió recuperar el dinero
pretendido en la demanda ejecutiva, y de ser así establecer los valores a reconocer”;
ii) Decretó pruebas. Tuvo como tales las documentales presentadas con la demanda
y, de oficio, requirió a la oficina de Catastro Departamental de Montería para que
informara el valor del avalúo al año dos mil dieciséis (2016) de los inmuebles
identificados con matrículas inmobiliarias No. 140-101-211, 140-101-212, 140-101-
213 y 141-026-059; y al Juzgado Segundo Civil del Circuito para que remitiera el
proceso ejecutivo mixto radicado 23001-31-03-002-2015-00327-00, que se tramitó
contra Sergio Arturo Zuluaga de los Ríos. Las partes no presentaron objeción sobre
lo decidido.
El veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018), se realizó la audiencia de
pruebas7, en la que se incorporaron como documentales: i) el oficio No. 810 del
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería con el que remitió en calidad de
préstamo el expediente radicado 2015-00327-008; ii) el avalúo catastral del bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No 140-101-213, proporcionado por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Montería9; iii) el oficio No. 113, emitido por
el Registrador Seccional ORIP de Montelibano, con el que certifica el avaluó catastral
del bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 141-026-05910.
Posteriormente, con fundamento en el artículo 181 del CPACA, se corrió traslado a
las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera concepto de fondo. Así lo hizo la Rama Judicial11, para decir que
se configura el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima; por su
3 Folios 45 a 49, cuaderno 1.
4 Notificación del auto admisorio de la demanda. Folios 50 a 56, cuaderno 1.
5 Traslado de la demanda. Folios 60 a 62 y 64 a 66, cuaderno 1.
6 Folios 144 a 150, cuaderno 1.
7 Folios 195 a 199, cuaderno 1.
8 Folios 158 a 159, cuaderno 1, y cuadernos de pruebas 4 a 10.
9 Folios 179 a 182, cuaderno 1.
10 Folios 189 a 193, cuaderno 1.
11 Folios 207 a 210, cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
parte, la parte actora12 replicó los argumentos expuestos en la demanda, y el
Ministerio Público13 presentó concepto favorable a los intereses de la parte
demandante.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del cinco (5) de julio de
dos mil dieciocho (2018)14-15 negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte actora, pues consideró que no se configuraron los presupuestos del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni del error judicial,
en razón a que, aunque transcurrieron aproximadamente diez (10) años desde la
presentación de la demanda, seis (6) de ellos obedecieron al tiempo que requirió el
emplazamiento de los sucesores del ejecutante. De igual modo, el Consejo Superior
de la Judicatura, implementó medidas de descongestión, pero, cada uno de los
juzgados que tuvo a su cargo el proceso, en su momento, avocó conocimiento y
continúo con el trámite correspondiente. En relación con el retardo para el inició de la
etapa probatoria, señaló que tal omisión no conduce a inferir la comisión de un daño,
ya que fue la declaración del desistimiento tácito la que cerró la posibilidad de obtener
un resultado favorable a las pretensiones y, dado que el ejecutante no impugnó dicha
decisión, el Tribunal concluyó que se configuró el eximente de responsabilidad de
culpa exclusiva de la víctima.
2.4. El recurso de apelación
El veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018)16 la parte actora apeló la
sentencia de primera instancia, argumentando que: i) el artículo 9 de la Ley 1395 de
2010, prevé que: “(…) salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal
(…) no podrá transcurrir más de un (1) año para dictar sentencia de primera instancia,
contado a partir de la notificación (…) del mandamiento ejecutivo a la parte ejecutada”,
bajo esta premisa consideró inadmisible la configuración del eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, teniendo en cuenta que el
desistimiento tácito se profirió casi 10 años después de la interposición de la demanda
sin resolver de fondo el asunto; ii) resalta que el a quo no tomó en consideración que
en auto del doce (12) de febrero de dos mil siete (2007), el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería reconoció personería a la abogada sustituta del demandado,
decisión que fue declarada ilegal el catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012) por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería, anulando con ello el mencionado
auto y todas las providencias que de este dependían. En tal sentido, asegura que
cinco (5) de los seis (6) años que el a quo atribuye al tiempo que tardó el proceso de
emplazamiento de los sucesores, corresponde realmente al error en que incurrió el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería en el auto del doce (12) de febrero de
dos mil diecisiete (2007).
2.5. Trámite procesal relevante en segunda instancia
El veintidós (22) de octubre de dos mil dieciocho (2018)17 esta Corporación admitió
el recurso de apelación y el diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019)18
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y rendir
concepto de fondo. Así lo hizo la parte actora, para replicar lo expuesto en sus
12 Folios 211 a 219, cuaderno 1.
13 Folios 200 a 206, cuaderno 1.
14 Folios 221 a 234, cuaderno principal.
15 Esta decisión fue notificada por medios electrónicos el 9 de julio de 2018, folio 235, cuaderno principal.
16 Folios 239 a 241, cuaderno principal.
17 Folio 263, cuaderno principal.
18 Folio 266, cuaderno principal.
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Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
precedentes salidas procesales19, y la Rama Judicial para iterar la tesis de que el daño
alegado se produjo como consecuencia de la culpa exclusiva de la víctima declarada
por el a quo20. El Ministerio Público guardó silencio21.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación y con el
propósito de determinar si se configuró la responsabilidad del Estado por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia en este caso, la Sala ordenará los
problemas jurídicos, de modo tal que abordará, primero, el que atañe al daño
antijurídico; para luego resolver, solo si a ello hay lugar, el concerniente a la
imputación. Cuestiones que se circunscriben a las siguientes:
1. ¿Se causó un daño antijurídico a la sociedad demandante con la declaración de
desistimiento tácito que el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) profirió el
Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Montería dentro del proceso civil
23001-31-03-00-2011-00428-04?
Si la respuesta al interrogante anterior se revela afirmativa, esta Subsección
determinará:
2. ¿Se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la
lesión de los derechos fundamentales de acceso y tutela judicial efectiva, con la mora
que sufrió el proceso civil 23001-31-03-00-2011-00428-04?
En caso de configurarse los presupuestos necesarios para que surja la
responsabilidad patrimonial del Estado, se deberá determinar el mérito de la prueba
de los perjuicios que deprecan los actores y proceder a la cuantificación de los daños
materiales e inmateriales causados a los demandantes.
IV. HECHOS PROBADOS
De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso, que
son de naturaleza documental, la Sala encuentra acreditados los siguientes:
4.1. El veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005), FERRASA S.A.S presentó
demanda ejecutiva mixta contra el señor Sergio Arturo Zuluaga de los Ríos, con la
pretensión de que se librará orden de pago a favor de la sociedad, por la suma total
de quinientos cincuenta y un millones trescientos treinta y dos mil ochocientos treinta
y ocho pesos ($551’332.838)22.
4.2. El dieciséis (16) de enero de dos mil siete (2007), la parte demandante comunicó
al Juzgado Cuarto Civil del Circuito el fallecimiento del señor Zuluaga de los Ríos y
solicitó notificar a sus herederos determinados e indeterminados, de la existencia de
los títulos que estaban siendo ejecutados en su contra23.
4.3. El treinta y uno (31) de enero de dos mil siete (2007)24, el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Montería ordenó el emplazamiento de los herederos determinados e
19 Folios 271 a 282, cuaderno principal.
20 Folios 268 a 270, cuaderno principal.
21 Folio 290, cuaderno principal.
22 Folios 48 a 52, cuaderno 2 de pruebas.
23 Folio 185 a 186, cuaderno 2 de pruebas.
24 Folios 188 a 189, cuaderno 2 de pruebas.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
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indeterminados del señor Sergio Arturo Zuluaga de los Ríos, a efecto de que
reconocieran los títulos ejecutivos que dieron origen al proceso civil 2005-00081-03.
4.4. El treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011), el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería remitió el proceso 23001-31-03-0004-2005-00081-03 al Centro
de Servicios Judiciales en cumplimiento del Acuerdo No. PSAA11-8705 del 28 de
septiembre de 201125.
4.5. El nueve (9) de noviembre de dos mil once (2011), el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Montería avocó conocimiento del proceso ejecutivo promovido por
FERRASA S.A.S. contra Sergio Zuluaga de los Ríos, bajo el radicado No. 23001-31-
03-001-2011-00428-0426.
4.6. El catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Montería declaró la nulidad del auto proferido el diecinueve (19) de julio de
dos mil once (2011) y de las decisiones que de él se derivaron, entre ellas la que fijó
fecha para llevar cabo la audiencia de que trata el artículo 510 del CPC, modificado
por el artículo 31 de la Ley 1395 de 2010, comoquiera que dicha ley empezó a regir el
primero (1) de octubre de dos mil once (2011), al no tener carácter retroactivo, lo
procedente habría sido dar continuidad al proceso bajo la aplicación de la Ley 794 de
2003, vigente para el momento en que se dio inicio al proceso 27. Esta providencia
también declaró la nulidad del auto proferido el doce (12) de febrero de dos mil siete
(2007)28 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, con el que se reconoció
personería para actuar a la abogada Natalia Zuluaga Duque, toda vez que la
sustitución de poder que se surtió en dicho momento no cumplió con los presupuestos
del artículo 66 del CPC.
4.7. El veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012), el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Montería, mediante oficios No. 0181, 0182 y 0183, requirió a los bancos
Caja Social, Colmena y Bancolombia para que allegarán información del monto
embargado a la fecha de las cuentas bancarias de las que era titular el señor Zuluaga
de los Ríos29. Así mismo, requirió al secuestre para que rindiera un informe sobre el
estado del inmueble embargado en el curso del proceso ejecutivo 30. El veintitrés (23)
de abril de dos mil doce (2012), el Juzgado corrió traslado común a las partes del
informe rendido por el secuestre, a fin de que presentarán sus descargos sobre la
documental allegada31.
4.8. El dos (2) de agosto de dos mil doce (2012), el Juzgado Primero Civil del Circuito
de Montería concedió a la parte demandante un plazo perentorio de treinta (30) días
para que se pronunciara respecto de la información allegada por los bancos Caja
Social, Colmena y Bancolombia, además del reporte del secuestre, so pena de
proceder con la declaración de desistimiento tácito del proceso, conforme a lo previsto
en el artículo 346 de la Ley 1194 de 200832. El veintitrés (23) de agosto de dos mil
doce (2012), la parte demandante respondió alegando que, lo procedente para el
momento procesal en que se encontraba la actuación civil, era abrir la etapa
probatoria, actuación que recae exclusivamente en el despacho judicial33.
25 Folio 234, cuaderno 2 de pruebas.
26 Folio 236, cuaderno 2 de pruebas.
27 Folios 237 a 238, cuaderno 2 de pruebas.
28 El 12 de febrero de 2007, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería sustituyó el poder conferido a José Fernando Tirado Hernández
y, en consecuencia, reconoció poder para actuar a Natalia Zuluaga Duque. Folios 190 a 191, cuaderno 2 de pruebas.
29 Folios 245 a 250, cuaderno 2 de pruebas.
30 Folios 251 a 254, cuaderno 2 de pruebas.
31 Folio 255, cuaderno 2 de pruebas.
32 Folio 256, cuaderno 2 de pruebas.
33 Folios 274 a 276, cuaderno 2 de pruebas.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
4.9. El veintiocho (28) de septiembre de dos mil doce (2012), el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Montería ordenó emplazar nuevamente a Sergio Rey Zuluaga y Carlos
Arturo Zuluaga Guevara, herederos del ejecutado de quienes no se conoce su
domicilio.
4.10. El ocho (8) de mayo de dos mil trece (2013), el curador ad litem de los herederos
descorrió el traslado de la demanda y propuso como excepción la prescripción de la
acción ejecutiva34. El veinte (20) de mayo de dos mil trece (2013), el Juzgado Primero
Civil del Circuito de Montería corrió traslado a la parte ejecutante de las excepciones
propuestas35. El veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013), el apoderado de la
parte ejecutante solicitó fijar fecha y hora para adelantar la audiencia de que trata el
artículo 510 del CPC, modificada por la Ley 1395 de 201036.
4.11. El veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Cuarto Civil del
Circuito de Montería ordenó remitir el proceso ejecutivo con radicado No. 2011-00428-
04 al Juzgado Civil del Circuito en Descongestión de Montería, en aplicación de las
medidas de descongestión impartidas por el Consejo Seccional de la Judicatura 37. El
veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), el Juzgado Civil del Circuito de
Descongestión de Montería avocó conocimiento del proceso ejecutivo referido38.
4.12. El veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), el Juzgado Civil del Circuito en
Descongestión de Montería declaró el desistimiento tácito del proceso ejecutivo 2011-
00428-04, tras concluir, que si bien sería del caso resolver la solicitudes elevadas por
la parte demandante el veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013) y el veintidós
(22) de abril de dos mil catorce (2014)39, en aplicación del numeral 2 del artículo 317
del CGP y teniendo en cuenta que la última actuación del expediente data del veintidós
(22) de abril de dos mil catorce (2014), el despacho no podía darle trámite a la solicitud
impetrada el trece (13) de mayo de dos mil quince (2015)40, toda vez que desde la
última actuación había transcurrido más de un año de inactividad del proceso41, en
consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares practicadas42. La
decisión fue notificada por estado No. 77 del 22 de mayo de 201543.
4.13. El diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015)44-45, el apoderado de la
parte ejecutante solicitó la revocación del auto proferido el veinte (20) de mayo de dos
mil quince (2015)46.
4.14. El veinticuatro (24) de julio de dos mil quince (2015) el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Montería, Sala Civil, avocó conocimiento de la solicitud, bajo el
radicado No. 23001-31-03-002-2015-00327-00, y la denegó por extemporánea. Al
respecto, señaló que la providencia fue notificada el veintidós (22) de mayo de dos mil
quince (2015), es decir, que la parte ejecutante tenía hasta el veintisiete (27) de mayo
de la misma anualidad para presentar los recursos correspondientes. Así, en
34 Folios 366 a 368, cuaderno 3 de pruebas.
35 Folio 359, cuaderno 3 de pruebas.
36 Folios 370 a 373, cuaderno 3 de pruebas.
37 Folio 374, cuaderno 3 de pruebas.
38 Folio 375, cuaderno 3 de pruebas.
39 El 22 de abril de 2014, la parte ejecutante solicitó requerir a los secuestres designados del proceso, a fin de que rindieran informe sobre
su administración, folios 377 a 378, cuaderno 3 de pruebas.
40 El 13 de mayo de 2015, solicitó el reconocimiento de poder para un nuevo abogado, a efectos de que lo representará en el curso del
proceso ejecutivo, folio 379, cuaderno 3 de pruebas.
41 Folio 380 a 383, cuaderno 3 de pruebas.
42 Folios 391 a 392, cuaderno 3 de pruebas.
43 Sello de notificación, visible a folio 383, cuaderno 3 de pruebas.
44 Solicitud recibida por FAX el 19 de junio de 2015 a las 3:12 pm. Sellos visibles en la parte superior de los folios 386 a 386, cuaderno 3 de
pruebas.
45 El 25 de junio de 2015 es recibida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería, según consta en firma visible a folio 392,
cuaderno 3 de pruebas.
46 Folios 386 a
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
aplicación del artículo 331 del CPC el auto del veinte (20) de mayo de dos mil quince
(2015) quedó ejecutoriado y en firme tres (3) días después de notificado, por tanto, la
presentación del recurso el diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) fue
extemporánea47.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
La Sala procede a resolver los problemas atinentes al fondo de la litis habida
consideración de la competencia que le asiste para ello en atención a lo preceptuado
por el artículo 150 de la Ley 1437 de 201148 y a la naturaleza del asunto49, así como
al oportuno ejercicio que del medio de control de reparación directa hizo la parte
demandante, quien radicó su demanda el cinco (5) de junio de dos mil diecisiete
(2017)50, esto es, dentro de los dos (2) años siguientes contados a partir del hecho
generador del daño atribuido a los órganos demandados, toda vez que: i) el veinte
(20) de mayo de dos mil quince (2015) el Juzgado Civil del Circuito en
Descongestión de Montería profirió auto en el que declaró el desistimiento tácito del
proceso civil No. 2011-00428-04 y el veinticuatro (24) de julio de dos mil quince
(2015), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil denegó la
solicitud de revocación por extemporánea51; ii) el veinte (20) de febrero de dos mil
diecisiete (2017)52 la sociedad demandante presentó solicitud de conciliación
convocando a la Rama Judicial; iii) el veintiuno (21) de marzo de dos mil quince
(2015)53, el Procurador 33 Judicial II para asuntos administrativos, ante la falta de
ánimo conciliatorio, declaró agotada la etapa conciliatoria y cumplido el requisito de
procedibilidad exigido por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.
Esta decisión tendrá alcance respecto de la sociedad FERRASA S.A.S (hoy Ternium
Colombia S.A.S)54, a quien la Sala encuentra legitimada en la causa por activa, en su
condición de víctima directa y, en lo que atañe al extremo pasivo de la litis, de la
Nación, representada en este caso por la Rama Judicial, entidad que declaró el
desistimiento tácito del proceso radicado 2011-00428-0455.
5.2. Consideraciones sobre el primer problema jurídico.
5.2.1. La responsabilidad estatal por defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia
El artículo 90 de la Constitución dispone que el Estado responderá patrimonialmente
por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades
públicas. Así pues, para que se configure la responsabilidad patrimonial estatal, deben
concurrir dos presupuestos i) un daño antijurídico y ii) su imputación al Estado. Estos
elementos se requieren también en los supuestos de responsabilidad estatal por
administración de justicia, desarrollados en la Ley 270 de 1996, referentes a la
privación injusta, el defectuoso funcionamiento y el error judicial.56
47 Folios 393 a 397, cuaderno 3 de pruebas.
48 “Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)
49 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, rad. núm. 11001-03-26-000-2008-
0009-00(34985).
50 Ver nota al pie No. 2.
51 Ver numeral 4.21 y 4.22 del acápite de hechos probados de esta providencia.
52 Folios 45 a 46, cuaderno 2 de pruebas.
53 Folios 42 a 44, cuaderno 2 de pruebas.
54 Ver nota al pie No. 1
55 Ver numeral 4.18 y 4.19 del acápite de hechos probados de esta providencia.
56 “Art 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
En este sentido, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996,
expresó: “Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido
un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a
obtener la consiguiente reparación”. Al declarar la exequibilidad del artículo la Corte
Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996, reiteró que sólo el órgano competente
en cada caso puede decidir si existió o no un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.57
5.2.2. El daño antijurídico
El análisis de la responsabilidad Estatal inicia con la verificación de la existencia del daño
antijurídico58 materia de la pretensión de reparación. Tal daño debe ser cierto, personal
e injusto, es decir, i) que la lesión al bien jurídico tutelado tenga consecuencias ciertas
en el patrimonio económico o moral del titular, ii) que la afectación no haya sido
causada ni jurídicamente atribuible a la propia víctima, y iii) que quien padece el daño
no tenga el deber jurídico de soportarlo59.
En el presente asunto, la parte demandante afirma que la declaración de desistimiento
tácito del proceso civil No. 2011-00428-04 le generó un daño antijurídico, como
consecuencia de la “privación” de percibir los dineros pretendidos con la ejecución de
los títulos ejecutivos que, como parte ejecutante del proceso, le correspondía recibir de
los herederos del señor Sergio Arturo Zuluaga de los Ríos.
5.2.3. La responsabilidad de la Rama Judicial en el caso concreto
El análisis de responsabilidad se deriva de la revisión de las atribuciones que tiene la
Rama Judicial en el desarrollo del proceso civil No. 2011-00428-04, que constituye la
base de la causa petendi del presente medio de control. En este contexto, corresponde
a esta Judicatura revisar las circunstancias que acaecieron en el trámite procesal, y las
cargas que dicho trámite suponía para la demandante.
Ilustrado lo anterior, la Sala transcribe de manera literal la pretensión declarativa
formulada contra la demandada:
“PRIMERA: Que se declare a LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL, como entidad
responsable, por la imposibilidad de recuperar los valores pretendidos en la demanda
ejecutiva mixta que se inició en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería bajo el
radicado 2005-00081, debido a la FALLA EN ELS ERVICIO en la administración de
justicia, por mora injustificada en la administración de justicia60”
No obstante, como sustento de la primera pretensión concretó la causa petendi así:
“La primera y gran evidencia de la falla en la prestación del servicio es que la demanda
ejecutiva mixta se presentó el 28 de julio de 2005 y el 20 de mayo de 2015 se
decretó el desistimiento tácito por parte del Juzgado; esto es, el proceso
EJECUTIVO MIXTO iniciado por FERRASA S.A. en contra del señor SERGIO
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error
jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.
57 Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 1996.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, Exp. 46932 y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de octubre de 2018, Exp. 46328.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de abril de 2010 y de 25 de abril de 2012, expediente 21861.
60 Folio 1, cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
ARTURO ZULUAGA estuvo en los despachos de la Rama Judicial Colombiana
durante casi DIEZ AÑOS sin que tuviera un pronunciamiento de fondo, ni siquiera, de
la primera instancia61. -se resalta-
Sobre el particular, la Subsección aprecia que, de acuerdo con lo relatado en la
demanda, lo pretendido desde el inicio del proceso fue la indemnización de los
daños causados por la pérdida de la expectativa económica, que como parte
ejecutante del proceso ejecutivo objeto de reproche esperaba obtener el allí
demandante. Por tanto, dado que la causa de la finalización de dicho proceso fue la
declaración de desistimiento tácito, se analizarán los fundamentos que respaldaron
esta decisión, con el fin de evaluar si el daño reclamado se devela antijurídico.
Pues bien, de cara al desistimiento tácito que declaró el Juzgado Civil del Circuito de
Montería de Descongestión, se observa que, pese al retardo que se causó con el
trámite de emplazamiento de los herederos del ejecutado62, las medidas de
descongestión ordenadas por el Consejo Superior de la Judicatura63, y la declaración
de nulidad de los autos proferidos el diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011) y
el doce (12) de febrero de dos mil siete (2007)64, el operador judicial continúo con el
trámite del proceso, prueba de ello son los requerimientos que ordenó a las entidades
bancarias en las que el señor Zuluaga de los Ríos tenía cuentas, y el informe que
solicitó al secuestre designado sobre el estado de los bienes embargados, como
consecuencia de la medida cautelar decretada en el curso del proceso ejecutivo 65.
Sobre este último aspecto, se resalta que de los requerimientos mencionados se
corrió traslado a la parte ejecutante, a fin de que se pronunciará sobre lo allegado; sin
embargo, ante el silencio que guardó, el dos (2) de agosto de dos mil dice (2012) el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Montería concedió a la parte demandante un
plazo perentorio de treinta (30) días para que concurriera al proceso y cumpliera con
la carga procesal correspondiente, so pena de proceder con la declaración de
desistimiento tácito del proceso66.
En tal sentido, la declaración de desistimiento tácito no era una posibilidad ajena a la
sociedad demandante, pues con anterioridad a la decisión, ya se había puesto en su
conocimiento la sanción que podía acarrearle su inactividad procesal y, pese a ello,
nada hizo para evitar que se materializara esta consecuencia.
Ahora bien, la providencia que declaró el desistimiento tácito del proceso ejecutivo
data del veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015) y se fundamentó en el numeral
2 del artículo 317 del CGP67, esto es, que el proceso permanezca inactivo “porque no
se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o
única instancia”68. Decisión que fue notificada por estado No. 77 del veintidós (22) de
mayo de dos mil quince (2015)69 y quedó ejecutoriada sin recursos.
En efecto, la providencia que declara el desistimiento tácito es pasible de apelación70
dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación (artículo 322 CGP), de modo
61 Folio 16, cuaderno 1.
62 Ver numerales 4.3., 4.8., y 4.9. del acápite de hechos probados de este proveído.
63 Ver numerales 4.4 y 4.10 del acápite de hechos probados.
64 Ver numeral 4.5. del acápite de hechos probados de este proveído.
65 Ver numeral 4.6. del acápite de hechos probados de este proveído.
66 Ver numeral 4.7. del acápite de hechos probados de este proveído.
67 Conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por la el 624 de la Ley 1564 de 2012, “las leyes relacionadas con la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.”
68 Ver numeral 4.17. del acápite de hechos probados de este proveído.
69 Idem.
70 Corte Constitucional, sentencia C-553/2016.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
que hasta el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) el apoderado de la
demandante hubiese podido impugnar el auto proferido el veinte (20) de mayo de dos
mil quince (2015); no obstante, solo solicitó su revocación el diecinueve (19) de junio
de dos mil quince (2015), cuando ya había cobrado ejecutoria 71 y, en consecuencia,
ante la preclusión de la oportunidad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Montería, Sala Civil, tras avocar conocimiento rechazó el recurso por extemporáneo.
Se evidencia, entonces, que el desistimiento tácito del proceso ejecutivo se decidió con
estricta sujeción al ordenamiento jurídico procesal aplicable, cuyos términos perentorios
deben acatarse por quienes acceden a la administración de justicia, en tanto
corresponde a los jueces velar por su observancia, pues se trata de una carga que
“busca garantizar seguridad y certeza jurídica, el debido proceso, el principio de celeridad
y la eficacia del derecho sustantivo, así como hacer efectivo el principio de igualdad
procesal”72.
De esta manera, se advierte que el final del proceso sin decisión de fondo, que en
criterio del demandante le generó un daño, fue consecuencia de su propia incuria, en
tanto, no solo omitió cumplir con la carga que originalmente le fue impuesta, sino
también con el plazo que para acatarla y evitar la configuración del desistimiento tácito
le concedió el Juzgado de conocimiento; además, una vez se decretó este fenómeno
procesal y el levantamiento de las medidas cautelares, tampoco interpuso
oportunamente los recursos procedentes.
Por consiguiente, si bien es cierto que la terminación anormal del proceso ejecutivo
comportó para la demandante la “privación” de la oportunidad de percibir los dineros
pretendidos de los herederos del señor Sergio Arturo Zuluaga de los Ríos; no lo es
menos que para que el daño tenga carácter antijurídico, además de recaer sobre un
interés tutelado por el derecho, es necesario que no exista un título legal conforme al
ordenamiento que justifique o legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado.
En tal sentido, resulta forzoso concluir que el daño alegado no puede constituirse
como antijurídico, pues la decisión que declaró el desistimiento tácito del proceso
ejecutivo se encuentra amparada por un título jurídico procesal que obliga a
soportarlo, amén que, como se señaló con antelación, dicha decisión era pasible de
recurso, mismo que por razones únicamente atribuibles al actor no se instauró dentro
de la oportunidad procedente, razón por la que ante la preclusión del término la
decisión quedó ejecutoriada y cobró firmeza.
Aclarado lo anterior, no habría lugar a pronunciarse sobre el tiempo que tomó llegar a
la decisión que el recurso de alzada increpa, comoquiera que no fue la causa del daño
alegado. No obstante, se considera oportuno reiterar que no todo incumplimiento a los
términos previstos en la ley procesal para la realización de actuaciones y para la
adopción de las decisiones por parte de los operadores judiciales, constituye por sí
mismo un aspecto reprochable, ni da lugar a la configuración automática del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues existen casos que,
por su complejidad, conducta de las partes, vicisitudes propias del trámite o volumen
de trabajo de los despachos judiciales, demandan de un mayor tiempo del establecido
en el ordenamiento jurídico para su definición. Al respecto, la jurisprudencia de esta
sección ha dicho:
71 Ver numeral 4.18. del acápite de hechos probados de este proveído.
72 Corte Constitucional, sentencia C-012 de 2002.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
“En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del
Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar
decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se
llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la
forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de
conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos
que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que
se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado
ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de
congestión, derivados de una demandada que supera la limitación de recursos humanos
y materiales disponibles para atenderla.”73
De esta forma, al analizar las condiciones particulares del servicio de administración
de justicia en este caso particular74, se encontró, con arreglo a los hechos probados,
que están acreditadas las circunstancias que en su momento impidieron adelantar la
actuación judicial con estricta sujeción a los términos previstos en la norma procesal
para el desarrollo del proceso ejecutivo.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que el daño que sufrió la sociedad
demandante no se revela antijurídico, y en tal virtud confirmará la sentencia apelada
en cuanto negó las pretensiones de la demanda.
VI. COSTAS
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho”. A su vez, los artículos 365.175 y 36676 ejusdem, aplicables a los procesos
contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA77,
establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de
manera concentrada por la secretaría del despacho que haya conocido el proceso en
primera instancia, correspondiéndole al juzgador la fijación de las agencias en derecho,
de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte demandante, dado que
su recurso fue resuelto de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen
deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, considerando que en esta
instancia se fijan agencias en derecho por un (1) salario mínimo legal vigente, de acuerdo
con las tarifas establecidas en el Acuerdo 10554 de 201678.
73 Consejo de Estado, Sección Tercera, Radicación número: 08001-23-31-000-1999-02324-01(22322).
74 Corte Constitucional, expedientes T-7.607.315 y T-7.621.861 (acumulados), sentencia de 3 de agosto de 2020.
75 CGP. “Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se
sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, suplica, anulación o revisión que haya propuesto […]”.
76 CGP. “Artículo 366. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del
proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […] 3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de
auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados,
hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado sustanciador o el
juez, aunque se litigue sin apoderado. […] 6. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias
especiales, sin que pueda excederse el máximo de dichas tarifas” (subrayado añadido).
77 CPACA. “Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
78 Artículo 5. Tarifas. “Procesos declarativos en general. En única instancia. // a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de
contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. // b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias,
entre 1 y 8 S.M.M.L.V.”.
Radicado: 25000-23-36-000-2017-01032-01 (62159)
Demandante: FERRASA S.A.S (hoy TERNIUM)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el cinco (05) de julio de dos mil
dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con
los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDÉNASE en costas en segunda instancia a la parte demandante,
fijando como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente.
TERCERO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
PP
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