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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01146-01

Fecha
4 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01146-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de octubre de 2019, proferida por la Subsección A, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y recurrente; FIJAR como agencias en derecho a su cargo y en favor del ICBF, la suma equivalente a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a quo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01146-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Expediente: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: VARIACIÓN UNILATERAL DEL OBJETO CONTRATADO E IMPOSICIÓN
ARBITRARIA DEL PLAZO – Inexistencia / DEBER DE PLANEACIÓN
CONTRACTUAL – La advertencia de actividades no previstas necesarias para el
cumplimiento del contrato no determina per se su desconocimiento por parte de la
entidad contratante / PRINCIPIOS DE NORMATIVIDAD E INTANGIBILIDAD DE
LOS CONTRATOS - Les hace ostentar fuerza de ley para las partes, impidiéndoles
desconocer injustificadamente su contenido y efectos / PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA Y VARIACIÓN DE LA CAUSA PETENDI - Tanto las partes en la
interposición y sustentación del recurso de apelación, como el juez al definir su
alcance y solución, están limitados a no variar la causa petendi, esto es, el
fundamento fáctico que sirvió como sustento de las pretensiones.

Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la parte
actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

La sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos
mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva
la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión ya referida, adoptada el 11 de octubre de 2019 1,
en la que la Sección Tercera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído resolvió la demanda presentada el 21 de junio de 20172
por la sociedad Inversiones Quorum S.A. (el contratista, la parte actora o
demandante) en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (el ICBF, la
contratante o entidad demandada), donde solicitó declarar la nulidad de las
resoluciones 11580 del 2 de noviembre y 13408 del 28 de diciembre de 2016.

La demanda y sus fundamentos

1 Cuaderno principal, folios 339 a 350.
2 Cuaderno 1, folios 2 a 81.

Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

3. Como principales hechos y argumentos que sirvieron de sustento para la
acción, la demandante explicó que:

(i) El 28 de octubre de 2015 celebró con la demandada el contrato de obra 1539,
donde en calidad de contratista se obligó a “REALIZAR LAS OBRAS DE
REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE
FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS ZONALES, SEDES
REGIONALES, UNIDADES APLICATIVAS Y DE SERVICIO DEL ICBF A NIVEL
NACIONAL PARA EL GRUPO 3 DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ICBF LP-007-
2015”, por un valor de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000), IVA incluido, y
un plazo máximo de ejecución previsto “hasta el 15 de diciembre de 2015, a partir
del cumplimiento y aprobación de los requisitos de ejecución y previa suscripción
del acta de inicio”3. El acta de inicio se suscribió el 13 de noviembre de 2015.

(ii) En los estudios previos realizados por el ICBF y que sirvieron de base para
la presentación de la oferta y la celebración del contrato, se determinó que las
intervenciones no incluían los servicios de construcción y reconstrucción, pues solo
se requerían intervenciones menores de remodelación, adecuación y ampliación de
los inmuebles.

(iii) Para determinar la priorización de las edificaciones a intervenir bajo el
negocio jurídico, éste contemplaba dos etapas, una de planificación y otra de
ejecución. En la etapa de planificación se realizaron visitas a 14 hogares infantiles
con participación de la entidad contratante, la interventora y el ICBF, producto de lo
cual, el 28 de noviembre de 2015, la interventoría y la supervisión del contrato
informaron al contratista la priorización de los cuatro (4) hogares infantiles que se
debían intervenir: Payasito y Copetín ubicados en Ibagué – Tolima, Mi Terruñito
ubicado en El Líbano - Tolima y Mi Mundo Feliz ubicado en Sibundoy - Putumayo.

(iv) Luego de un nueva visita a los hogares infantiles priorizados, en los reportes
de planificación y de diagnóstico previos a la ejecución de las obras, el contratista
advirtió a la interventoría y al ICBF que las intervenciones a realizar presentaban
condiciones muy diferentes a las previsiones de los documentos contractuales, por
lo que era necesario realizar ajustes a las condiciones técnicas, económicas y
financieras que permitieran cumplir el objeto contractual; no obstante, la entidad
demandada y la interventoría desatendieron las advertencias del contratista y fijaron
un plazo imposible de cumplir, desconociendo la verdadera naturaleza y
condiciones de las intervenciones que se le ordenó realizar variando el objeto del
contrato, que ya no eran de remodelación y adecuación, sino de construcción, así
como contrariando el hecho de que el plazo para realizarlas debía ser razonable y
acorde al tiempo real de ejecución de cada actividad.

(v) Producto de lo anterior, así como del incumplimiento de las obligaciones a
cargo de la entidad demandada, quien vulneró el principio de planeación generando
la variación del objeto del contrato y no entregó los hogares infantiles a tiempo, la

3 Cláusula octava del contrato.

2

Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

parte actora se vio imposibilitada para cumplir con el negocio jurídico dentro del
plazo fijado.

(vi) Mediante la Resolución No 11580 del 2 de noviembre de 2016 la entidad
contratante declaró el incumplimiento del contrato al no haberse ejecutado las obras
dentro del plazo acordado, e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, decisión que
fue confirmada con la Resolución 13408 del 28 de diciembre de 2016.

(vii) Por cuanto fue la entidad demandante quien incumplió el contrato y no el
contratista, a quien se le modificó diametralmente el contrato y se le impuso un plazo
de imposible acatamiento, los actos demandado están falsamente motivados, por lo
que solicitó declarar su nulidad y el pago de los perjuicios causados con su
expedición.

Contestación de la demanda

4. La entidad demandada4 contestó oportunamente la demanda oponiéndose a
las pretensiones, por considerar que los actos demandados fueron proferidos
cumpliendo el procedimiento previsto contractual y legalmente, donde se demostró
que el contratista incumplió las obligaciones a su cargo al punto que solo ejecutó el
27.07% de las obras que comprendía el negocio jurídico, pese a las prórrogas que
fueron celebradas. Indicó que no existe prueba del presunto incumplimiento de la
contratante ni de la supuesta ilegalidad de los actos, siendo insuficiente para su
acreditación las solas afirmaciones de la parte actora dispersas en el texto de la
demanda.

Alegatos en primera instancia

5. Surtida la etapa probatoria5, la sociedad demandante6 y la entidad
demandada7 insistieron en sus posiciones expuestas en la demanda y su
contestación. El Ministerio Público guardó silencio.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia

6. El Tribunal a quo8 negó las pretensiones de la demanda y para estos efectos,
indicó lo siguiente:

(i) El desconocimiento del principio de planeación, no se centra simplemente en
indicar una presuntas irregularidades en la etapa precontractual, por cuanto debe
estar demostrado desde el punto de vista técnico que existieron deficiencias en la
estructuración y formulación del negocio jurídico, lo cual no se probó en el caso

4 Cuaderno 1, folios 98 a 109.
5 Se decretaron como medios de prueba, a solicitud de la parte actora: (a) las documentales aportadas; y (b) el

testimonio de la señora Catalina Pimienta Gómez, Directora de Contratación del ICBF; a solicitud de la parte
demandada: (c) los antecedentes administrativos aportados. Las partes solicitaron conjuntamente el testimonio
de los señores José Iván Rodríguez Medrano (representante de la Unión Temporal ICBF 2014, quien ejerció la
interventoría del Contrato No 1539 de 2015), y Guillermo Escobar (quien ejerció la supervisión del contrato de
interventoría). En las audiencias de pruebas del 31 de enero de 2019 y 14 de febrero de 2018, se practicaron
las pruebas.
6 Cuaderno 1, folios 194 a 226.
7 Cuaderno 1, folios 331 y 332.
8 Cuaderno principal, folios 339 a 350.

3

Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

concreto, especialmente, cuando está acreditado que la contratante realizó los
estudios previos y del sector, sin que se hubiere desvirtuado su aptitud.

(ii) No se acreditó que la entidad contratante hubiese modificado el objeto del
contrato, pues aunque en la etapa de diagnóstico se identificaron unos ítems
adicionales que no fueron previstos por la entidad estatal ni por el contratista, ese
solo aspecto no determina que el objeto a ejecutar fuera distinto al establecido en
los estudios previos y el negocio jurídico; además, la definición de los ítems
adicionales, su inclusión como parte del contrato y su ejecución, fue un aspecto
convenido por las partes bajo la prórroga 3, no un asunto definido unilateralmente
por la contratante. Revisados los antecedentes administrativos, en especial el
contrato y la mencionada prórroga 3, se tiene que no está demostrada una
modificación del objeto contractual, sino una adición de ítems necesarios para
efectuar la remodelación de los hogares infantiles, sin que se hubiese aportado
prueba alguna para desvirtuar esa conclusión desde el punto de vista técnico.

(iii) No está probado que la entidad demandada y la interventoría definieran
unilateralmente el plazo contractual sin considerar la magnitud de las nuevas
actividades a ejecutar; todo lo contrario, está acreditado que el plazo definitivo para
la ejecución de las obras fue determinado de común acuerdo bajo las prórrogas
celebradas, originadas en las solicitudes realizadas por el propio contratista, y en
donde las partes libremente: (a) fijaron que la entrega de los inmuebles no había
generado ningún tipo de impedimento para la ejecución de las obras; por el
contrario, se indicó que las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad
estuvieron de acuerdo con prorrogar la ejecución de la obra por la seguridad de las
niñas y niños que asistían a los hogares infantiles objeto de las obras; (b) definieron
los ítems imprevistos, su valor e inclusión como parte de las actividades a ejecutar;
(c) definieron el plazo necesario para su realización; y (d) aceptaron que lo
convenido bajo las prórrogas, incluyendo la ejecución de las actividades adicionales,
no conllevaría ningún tipo de erogación adicional a cargo de la entidad demandada.

(iv) Está acreditado que la entrega de los inmuebles no generó ningún tipo de
impedimento o retraso para la ejecución de las obras; los inmuebles se entregaron
y las obras iniciaron, pero las partes estuvieron de acuerdo en ampliar el plazo para
ejecutarlas solo en la medida en que los hogares infantiles cesaran actividades por
la seguridad de las niñas y niños que asistían a estos centros.

(v) Si la entidad demandada había incumplido con sus obligaciones y el
contratista evidenció en la fase de diagnóstico que el objeto contractual no
comprendía una remodelación sino una construcción, derivando que el plazo de
ejecución fuera insuficiente, así debió manifestarlo, no obstante, las pruebas
allegadas dan cuenta que: (a) durante la ejecución del contrato no existió ningún
tipo de reparo del contratista referido al presunto plazo contractual irrisorio o el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad y la interventoría; y (b)
fueron las partes quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y mediante
tres modificaciones a lo inicialmente pactado, solucionaron de común acuerdo los
aspectos imprevistos evidenciados durante la ejecución de la obra, definiendo que
no tenían origen en causas imputables a las partes, incluyendo actividades

4

Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

adicionales (distinto a variar el objeto contratado) y prorrogando el plazo de
ejecución, determinando además que no se generaría erogación adicional alguna a
cargo del ICBF.

(vi) En consecuencia y en vista de que la parte actora no afirma la existencia de
algún vicio del consentimiento en las modificaciones contractuales que convino con
la entidad demandada, resultan improcedentes sus argumentos para sustentar la
nulidad deprecada, toda vez que se fundan en el desconocimiento de sus
actuaciones durante la ejecución del contrato así como de los efectos jurídicos de
las prórrogas celebradas, circunstancia totalmente improcedente al ser contraria a
sus propios actos y al principio de la buena fe contractual.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

7. La anterior decisión fue apelada por la sociedad demandante 9, quien afirmó
que el Tribunal a quo incurrió en una indebida valoración probatoria. Insistió en que
está acreditado el incumplimiento del deber de planeación por cuenta de la posterior
variación del objeto del contrato en perjuicio del contratista, lo que impedía su
ejecución en el plazo que le fue impuesto, sin embargo, algunas pruebas no fueron
estudiadas mientras que otras fueron apreciadas de manera equivocada, error que
influyó de forma determinante en la decisión recurrida. Sobre el particular indicó
que:

(i) En los reportes o informes de planificación y de diagnóstico previos a la
ejecución de las obras, el contratista advirtió que las edificaciones priorizadas tenían
una vetustez promedio de más de 40 años y un avanzado estado de deterioro, por
lo que las previsiones de obras menores descritas en la licitación eran muy
diferentes a la realidad de los inmuebles a intervenir, mientras que el tiempo para la
ejecución impuesto por la contratante era insuficiente, afirmaciones que se
soportaron técnica y científicamente en esos documentos, pero fueron
desconocidos por la demandada y la interventoría; se desconoció que en diferentes
ocasiones el contratista solicitó realizar los ajustes necesarios al contrato para
acompasarlo con la verdadera magnitud de las obras a realizar según el nuevo
alcance definido por la entidad, a pesar de lo cual y sin justificación, se le ordenó
realizar las obras sin ajuste alguno en las condiciones iniciales, absurdo técnico que
derivó en que el plazo fuese imposible de cumplir.

(ii) En la Licitación LP 004-2017 que dio lugar al Contrato ICBF 1586 de 2017
(celebrado entre la demandada y otra sociedad), donde solo se incluía la
intervención del hogar infantil Mi Mundo Feliz de Sibundoy-Putumayo, el ICBF le
concedió al nuevo contratista un plazo 231 días, es decir, 7.7 meses, plazo que
resulta consistente con los tiempos reales que eran requeridos por la demandante
para ejecutar el contrato, y que, por ende, acredita que el plazo impuesto por la
entidad para la ejecución del contrato objeto del proceso era insuficiente.

(iii) Las prórrogas fueron celebradas con el fin de buscar una solución al proceso
de contratación mal planificado y que llevó a error al contratista al momento de

9 Cuaderno principal, folios 356 a 400.

5

Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

suscribir el contrato, pero éstas no atendieron los efectos reales de las
modificaciones a su objeto.

Trámite y alegatos en segunda instancia

8. En la oportunidad correspondiente para alegar de conclusión la parte actora10
y la entidad demandada11 reiteraron sus posiciones. El Ministerio Público guardó
silencio12.

III. CONSIDERACIONES

Problema jurídico

9. Conforme a los motivos de disenso expresados en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala establecer si el Tribunal a quo incurrió en una indebida
valoración de las pruebas, en tanto éstas, según afirma el demandante, acreditan
que (i) la entidad demandada modificó unilateral y arbitrariamente el objeto del
negocio jurídico e (ii) impuso un plazo de imposible cumplimiento al contratista como
producto de la vulneración del deber de planeación, sustento del cargo de falsa
motivación aducido por la parte actora en contra de los actos demandados.

Caso concreto

10. La Sala anticipa que confirmará la decisión adoptada en primera instancia
por cuanto revisado el material probatorio obrante en el proceso, con especial
énfasis en las piezas aducidas por la actora en el recurso de apelación, coincide
con las conclusiones del Tribunal relativas a la no acreditación del desconocimiento
del deber de planeación por cuenta de una variación unilateral del objeto del
contrato en perjuicio del contratista, como tampoco la aducida imposición de un
plazo de imposible ejecución.

Régimen jurídico, objeto, alcance y estructura del contrato ICBF 1586 de 2017

11. Conforme a lo establecido por los artículos 213 y 3214 de la Ley 80 de 1993,
el negocio jurídico que suscita la controversia (1539 de 2015)15 corresponde a un
contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal 16 y
su objeto consistió en la realización de trabajos materiales sobre bienes

10 SAMAI, índice 12.
11 SAMAI, índice 14.
12 Constancia secretarial visible en el cuaderno principal, folio 414.
13 Numeral 1, literal a. “Se denominan entidades estatales (…) los establecimientos públicos, las empresas

industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas (…)”
14 Numeral 1. “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción,

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes
inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”.
15 CD folio 116, cuaderno 2, archivo “01 Contrato 1539 – ICBF”.
16 El ICBF corresponde a un establecimiento público de conformidad con lo establecido por el artículo 50 de la

Ley 75 de 1968, el artículo 19 de la Ley 7 de 1979 y el artículo 1.2.1.1. del Decreto 1084 de 2015.
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Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
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Demandado: ICBF
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inmuebles17, de manera que se rige por las normas del Estatuto General de la
Contratación Pública.

12. El contratista se obligó a realizar unas obras de remodelación, adecuación y
ampliación en la infraestructura dispuesta por el ICBF para el funcionamiento de sus
sedes administrativas, centros zonales, sedes regionales, unidades aplicativas y de
servicio18, por un valor de tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) incluido IVA19,
pagaderos en cortes mensuales de obra de acuerdo con los valores unitarios
ofertados y efectivamente ejecutados previa aprobación de la interventoría20.

13. Las partes especificaron bajo el contrato que su ejecución se realizaría en
dos etapas; una inicial de diagnóstico, en donde se identificarían aquellos inmuebles
que por su grado de deterioro revestían “mayor complejidad y afectación para la
prestación de los servicios”21, considerando que las intervenciones no se harían en
la totalidad de los inmuebles donde funcionan las instalaciones del ICBF, sino que
obedecerían a una priorización de las edificaciones por parte de la entidad
demandada, con fundamento en el análisis de sus reales condiciones por parte del
contratista y con el aval de la interventoría y el supervisor del contrato22.

14. En consecuencia, las cantidades de obra y el alcance de las actividades a
ejecutar bajo el contrato serían definidas por el contratista y la interventoría en la
primera etapa, producto del resultado del diagnóstico efectuado sobre los inmuebles
y la real necesidad de los recursos a invertir23. Posteriormente y con fundamento en
los diagnósticos, presupuestos y programaciones elaborados por el contratista,
avalados por la interventoría y aprobados por el supervisor, se daría inicio a la
segunda etapa, de ejecución, donde se realizarían las correspondientes
intervenciones en los inmuebles priorizados24. Estas previsiones fueron
establecidas desde los pliegos de condiciones y la minuta de contrato del proceso
licitatorio que dio origen al negocio jurídico25.

15. Como parte de las intervenciones que se realizarían en los inmuebles, las
partes acordaron que abarcarían: remodelaciones, entendidas como el cambio de
la estructura o la forma espacial y arquitectónica de las edificaciones; ampliaciones,
definidas como el conjunto de acciones continuas para el complemento de los
servicios de los inmuebles de acuerdo a su necesidad; y adecuaciones, que incluían
el acomodo, ajuste o adaptación de los servicios de las edificaciones sin cambiar su
uso. Adicionalmente se especificó que las remodelaciones, ampliaciones y
adecuaciones incluían, entre otros, la intervención de cimentaciones, estructuras,
desagües e instalaciones subterráneas, mampostería, prefabricados en concreto,
instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas sanitarias y de gas, pañetes,

17 Como se indicó, el objeto del contrato consistió en la realización de “OBRAS DE REMODELACIÓN,
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS,
CENTROS ZONALES, SEDES REGIONALES, UNIDADES APLICATIVAS Y DE SERVICIO DEL ICBF A NIVEL
NACIONAL”
18 Cláusula primera.
19 Cláusula sexta.
20 Cláusula séptima.
21 Consideraciones, numeral 6.
22 Ídem, numeral 11.
23 Ídem, numeral 12.
24 Ídem, numeral 13.
25 CD folio 116, cuaderno 2, archivo “01 Pliego de Condiciones Definitivos”.

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Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

pintura, pisos, enchapes, muros, divisiones, iluminación, Drywall, aparatos
sanitarios y accesorios, obras exteriores, retiro de materiales, así como “varias
obras civiles”26.

Los principales hechos probados relacionados con la ejecución del contrato
y sus modificaciones

16. De conformidad con la información y las conclusiones reportadas por el
contratista27 producto de las visitas realizadas a trece (13) hogares infantiles del
ICBF como parte de la posible infraestructura a intervenir, el 28 de noviembre de
201528, la interventoría del contrato informó al ahora demandante la priorización de
los cuatro (4) inmuebles que serían objeto de las obras contratadas, donde se
identificaron los hogares infantiles Payasito y Copetín (Ibagué – Tolima), Mi
Terruñito (El Líbano – Tolima) y Mi Mundo Feliz (Sibundoy – Putumayo). Atendiendo
a lo informado por la interventoría, el contratista de obra y la interventoría efectuaron
una nueva visita a los inmuebles priorizados y definieron bajo sendas “actas de
determinación de alcance” debidamente suscritas, las necesidades y actividades a
realizar en cada uno de ellos29.

17. Posteriormente, mediante oficio COM-ICBF-012-15 del 1 diciembre de
201530, el contratista remitió a la interventoría su reporte de diagnóstico de las
intervenciones a realizar en los inmuebles priorizados, donde incluyó el flujo de caja
semanal, el acumulado de inversiones para los años 2015 y 2016, la ficha técnica
de cada hogar infantil con registro fotográfico, las anotaciones relevantes de cada
componente y el plano digitalizado de cada sitio.

18. En comunicación ICBF-INT-OC-035 del 3 de diciembre de 201531, la
interventoría presentó al contratista diversas observaciones de índole técnico frente
al diagnóstico presentado, en este sentido, solicitó aclaraciones relacionadas con
las cubiertas, carpintería metálica, acabados de pisos, muros y cielo rasos,
instalaciones hidrosanitarias y aparatos sanitarios, instalaciones eléctricas, de gas
y aparatos de cocina; además, indicó la interventoría que el contratista no presentó
un presupuesto ni una programación de obra, por lo que solicitó efectuar la
respectiva evaluación para su revisión y aprobación. Frente a la atención de este
requerimiento por parte del contratista, la interventoría en el oficio ICBF-INT-OC-
05032 del 7 de diciembre siguiente, solicitó implementar el formato de presupuesto
con las actividades y valores estipulados en el listado de la propuesta y el contrato,
indicando que aquellas actividades no contempladas debían presentarse con su
correspondiente análisis de precios unitarios (APU) para su aprobación.

26 Ídem, numeral 15.
27 CD folio 119, cuaderno 2, archivos “09 Comité Reporte de Planificación 25-Nov-15” y “09 Reporte Planificación

25-Nov-16”.
28 Ídem, archivo “07 ICBF_INT_OC_015 Priorización 28-Nov-15”.
29 Ídem, archivos “8A Acta Determinación Alcance HI Payasito”, “8B Acta Determinación Alcance HI Copetin”,

“8C Acta Determinación Alcance HI Terruñito” y “8D Acta Determinación Alcance HI Mi Mundo Feliz”.
30 Ídem, archivo “12 COM-ICBF-012-15 Respuesta Comunicación ICBF_INT_OC_015”
31 Ídem, archivo “ICBF_INT_OC_035 Revisión Diagnósticos HI 03- Dic-15”.
32 Ídem, archivo “ICBF_INT_OC_050 Revisión Diagnósticos HI 07- Dic-15”

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Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

19. Mediante oficio COM-ICBF-015-15 el contratista solicitó prorrogar el plazo
contractual argumentando la identificación en la etapa de diagnóstico de
“adecuaciones mayores a las inicialmente estimadas”, solicitud que fue aprobada
por la interventoría en oficio ICBF-INT-OC-058 del 10 de diciembre de 201533. En
virtud de lo anterior, el 15 de diciembre de 2015 las partes decidieron extender el
plazo contractual hasta el 31 de diciembre de ese año mediante la Prórroga 134,
donde el demandante aceptó que su celebración no generaría erogación
presupuestal alguna para el ICBF.

20. Con oficio COM-ICBF-024-15 el contratista solicitó la ampliación del plazo de
ejecución hasta el 31 de enero de 2016 manifestando dificultades para ejecutar las
actividades de obra debido a su magnitud y a la operación regular de los hogares
infantiles, solicitud aprobada por la interventoría mediante comunicación ICBF-INT-
OC-088 del 28 de diciembre de 201535, con fundamento en que se evidenció que
las intervenciones priorizadas implicaban en algunos casos procesos de mayor
complejidad y que lo ideal, en la medida de lo posible, era ejecutar las actividades
sin la presencia de niños en los hogares infantiles, sin perjuicio de lo cual resultaba
fundamental que el contratista asumiera la obligatoriedad del plazo en caso de que
fuese aprobada la ampliación por la entidad contratante. Con base en lo anterior,
las partes celebraron la Prórroga 236 el 30 de diciembre de 2015, extendiendo el
plazo contractual hasta el 31 de enero de 2016 y especificando que sus causas
tuvieron origen en circunstancias no imputables a las partes y que su suscripción no
generaría sobrecosto alguno.

21. Después de diversas comunicaciones cruzadas, el contratista y la
interventoría concluyeron que era pertinente ejecutar algunas actividades que no
fueron previstas bajo el contrato en tanto resultaban necesarias para cumplir con su
objeto; el interventor y la supervisión del contrato aprobaron los valores para estos
ítems no previstos, y posteriormente, el contratista y la entidad demandada
suscribieron la Prórroga 337 el 29 de enero de 2016, acuerdo donde se identificaron
e incorporaron al negocio jurídico los ítems no previstos a ser ejecutados con sus
correspondientes precios unitarios, extendiendo además el término de ejecución del
contrato hasta el 31 de marzo de 2016, en concordancia con la nueva solicitud de
ampliación del plazo presentada por el demandante en oficio COM-ICBF-008-138.
En la prórroga se indicó que la inclusión de los ítems no previstos no alteraría el
valor del contrato39, por lo que se acordó expresamente -como en las dos prórrogas
anteriores- que su suscripción no implicaría algún tipo de erogación presupuestal
adicional.

22. Está también acreditado, y el demandante no lo discute, que finalizado el
plazo acordado bajo la Prórroga 3, el contrato no fue ejecutado en su totalidad.

33 Ídem, archivo “ICBF_INT_OC_058 Rta Solicitud de Prorroga 10- Dic-15”.
34 CD folio 116, cuaderno 2, archivo “07 Prorroga No 1- 1539 ICBF”.
35 CD folio 119, cuaderno 2, archivos, archivo “ICBF_INT_OC_088 Concepto Oficio COM-ICBF-024-15 Sol

Prorroga 28- Dic-15”.
36 CD folio 116, cuaderno 2, archivo “10 Prorroga No 2 - 1539 ICBF”.
37 Ídem, archivo “13 Prorroga No 3 - 1539 ICBF”.
38 Sobre el particular, puede verse el oficio ICBF-INT-OC-150, CD visible en el folio 119, cuaderno 2.
39 Se explica en su consideraciones que los ítems no previstos del contrato y que se adjuntan con la presente

solicitud de modificación contractual, de ninguna manera modificarán o aumentarán el valor total del contrato.
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Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

23. A partir del anterior recuento cronológico soportado en las pruebas allegadas
al proceso, la Sala observa que no le asiste razón al demandante respecto de los
cargos de apelación aducidos, por las razones que se exponen a continuación.

La parte actora no acreditó que la entidad demandada hubiese modificado
unilateralmente el objeto del contrato, menos aún, que se hubiese
transmutado de simples remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones, a la
reconstrucción de los inmuebles que fueron intervenidos; tampoco se
acreditó el desconocimiento del deber de planeación

24. De conformidad con el material probatorio, lo que está acreditado es que
desde los pliegos de condiciones se tenía previsto, y bajo el contrato se acordó por
las partes, que los inmuebles a intervenir y las actividades a ejecutar serían
definidas en una primera etapa de diagnóstico, producto de la cual, fue el contratista
quien propuso los hogares infantiles que finalmente fueron priorizados por la
contratante, así como las actividades a ser ejecutadas para lograr el cumplimiento
del objeto contractual.

25. También está probado que, aunque se advirtió la existencia de actividades
no previstas, fue la contratista quien las identificó, determinó su necesidad, su valor
y propuso su ejecución, lo cual fue finalmente acordado con la contratante bajo la
prórroga 3 del 29 de enero de 2016.

26. Contrario a lo afirmado por el demandante, los reportes o informes de
planificación y de diagnóstico previos a la ejecución de las obras, no prueban la
supuesta modificación del objeto contractual, como tampoco sus oficios remisorios,
pues aunque en éstos se identifica el estado de los hogares infantiles y las
necesarias intervenciones a realizar, en ninguno de ellos se afirma o advierte una
variación del objeto contratado, y por ende, no contienen análisis alguno tendiente
a acreditar tal circunstancia. Todo lo contrario, en comunicación COM-ICBF-014-15
del 7 de diciembre, esto es, pocos días después del diagnóstico remitido el 1 de
diciembre de 2015 (con oficio COM-ICBF-012-15), el propio contratista manifestaba
a la entidad contratante que la ejecución de las obras “más que intervenciones
complejas, requieren es de acciones coordinadas y expeditas, con toma de
decisiones oportunas que permitan el cumplimiento contractual”40.

27. Adicionalmente, la parte actora no aportó ni solicitó algún tipo de prueba
técnica que permita afirmar que los ítems u obras adicionales identificadas y
acordadas entre las partes (v.gr suministro e instalación de accesorios y estructuras
en acero, el desmonte de cubiertas, flanches, mantos de impermeabilización,
ventiladores de techo, aparatos eléctricos, redes superficiales eléctricas,
hidrosanitarias y gas, la demolición de guarda escobas, regatas sobre muro para la
instalación de ductos, escarificada de placas de cubierta, encoroce muros en
bloque, columneta de confinamiento en concreto, resane y preparación de

40 CD folio 119, cuaderno 2, archivo “11A COM-ICBF-014-15 Respuesta ICBF-INT-OC-
27,29,32,35,38,40,50,51”
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Radicación: 250002336000-2017-01146-01 (66227)
Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

superficies, suministro e instalación de filtros, tratamiento de juntas en muros 41)
excedieran el objeto contratado, el cual como se ha explicado, incluía en las
actividades de remodelación, ampliación y adecuación, todas aquellas continuas y
necesarias para cambiar la estructura o la forma espacial y arquitectónica de los
hogares infantiles, así como para complementar, acomodar, ajustar o adaptar sus
servicios de acuerdo a sus necesidades; además, ninguna de las actividades no
previstas acordadas, ni su sumatoria, permite inducir que se trató de una
reconstrucción de los hogares infantiles, particularmente cuando su propio nombre
determina que en su mayoría se trató de suministros, desmontes, instalaciones y
demoliciones menores.

28. Por tanto, la afirmación de la parte actora respecto de la supuesta variación
del objeto del negocio jurídico celebrado carece de sustento probatorio,
circunstancia que en el caso concreto impone afirmar que tampoco se acreditó el
alegado desconocimiento del principio de planeación a cargo de la entidad
contratante, puesto que no se demostró que las actividades que posteriormente
fueron advertidas como necesarias pero imprevistas hubiesen excedido el objeto
contratado, pero adicionalmente, por cuanto tampoco comprueban por sí mismas
que los estudios previos realizados por la entidad42 no fueran aptos y conllevaran a
una indebida estructuración del contrato.

29. El solo hecho de que se hubiesen advertido actividades no previstas
necesarias para el cumplimiento del contrato no determina el incumplimiento del
deber de planeación a cargo de la entidad contratante, particularmente cuando en
este caso se acordó que solo durante su ejecución, en la etapa inicial de diagnóstico,
se determinarían las edificaciones a intervenir y las actividades a ejecutar, lo que
hacía altamente probable -y claramente previsible- que surgieran algunas que no
fueron identificadas previamente, lo cual fue aceptado por el contratista sin reserva
alguna.

La demandante tampoco probó que se le hubiese impuesto un plazo de
imposible ejecución, por cuenta de una decisión unilateral de la contratante
que desconoció las reales condiciones de las intervenciones a ser realizadas
en los hogares infantiles

30. La realidad es que fue el demandante quien solicitó en varias ocasiones la
ampliación del término de ejecución de las obras, y en virtud de ello, el plazo se
prorrogó en tres ocasiones, la última de ellas, hasta el 31 de marzo de 2016
mediante la prórroga 3, atendiendo precisamente al tiempo y condiciones que fueron
solicitadas por el contratista en oficio COM-ICBF-008-1 del 19 de enero de ese
mismo año.

31. El contenido expreso de esta última prórroga, registra que estuvo sustentada
en que: (i) al realizar los diagnósticos técnicos que denotaran las condiciones
iniciales de intervención de los hogares infantiles priorizados, se evidenciaron
necesidades particulares prioritarias para su correcto funcionamiento y para lo cual

41 Tomadas por la Sala de la prórroga 3.
42 CD folio 119, cuaderno 2, archivo “03 Estudios Previos”.

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Demandado: ICBF
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se formularon los presupuestos de intervención de conformidad con las actividades
basadas en los ítems contractuales que condujeran a la correcta ejecución de las
obras en los plazos pactados; (ii) sin embargo, el contratista y la interventoría
consideraron pertinente ejecutar unos ítems que no fueron previstos, pero que
resultaban necesarios para cumplir con el objeto del contrato; (iii) en consecuencia,
las partes decidieron incluir y acordar los precios unitarios para las actividades no
previstas -presentados por el contratista y aprobados por la interventoría-, así como
ampliar el plazo de ejecución según lo solicitado por el demandante, aceptando,
además, la inexistencia de sobrecostos o de variación del valor del contrato.

32. Como se observa, el plazo de ejecución del contrato ajustado a las
necesidades reales de intervención, estuvo sustentado en el diagnóstico elaborado
por el contratista así como en los plazos que éste propuso y finalmente acordó con
la entidad bajo la prórroga 3, desvirtuando los argumentos fundantes de la demanda
respecto de una supuesta imposición arbitraria del plazo desconociendo la realidad
técnica de las obras a ejecutar.

33. La sociedad demandante no desconoció la suscripción de las prórrogas ni
afirmó la existencia de algún vicio del consentimiento para impugnar su contenido,
y en el recurso de apelación, se limitó a indicar que éstas no atendieron los efectos
reales de las modificaciones a su objeto, sin embargo, tal afirmación resulta
insuficiente para desconocer su voluntad expresada en esos acuerdos y desatender
los principios de normatividad e intangibilidad que los ampara y les hace ostentar la
fuerza de una ley para las partes43. Además, en las comunicaciones citadas por el
contratista en la demanda y a través del recurso de apelación, tampoco se observa
que éste hubiese expresado algún tipo de desacuerdo con lo pactado bajo las
prórrogas antes, durante o con posterioridad a su celebración; sobre el particular
está acreditado que:

(i) Las comunicaciones COM-ICBF-012-15 del 1 de diciembre de 2015 y COM-
ICBF-014-15 de 7 de diciembre de 2015 son anteriores a la celebración de las
prórrogas y en ellas no se hace alusión a una minuta, o la negociación de sus
términos o condiciones.

(ii) En la comunicación COM-ICBF-027-15 del 5 de enero de 2016, el contratista
dio respuesta a los requerimientos efectuados por la interventoría mediante los
oficios ICBF-INT-OC-074, 076 y 081, relacionadas con retrasos en la ejecución de
las obras, donde el demandante solicitó fortalecer el trabajo colaborativo entre la
contratante, la interventoría y el contratista para llevar a buen término el contrato,
pero no hizo manifestación alguna respecto de su voluntad plasmada en la prórroga
1 celebrada el 15 de diciembre de 2015; tampoco existió alusión alguna en ese
sentido respecto de las prórroga 2 bajo los oficios COM-ICBF-007-16 y COM-ICBF-
010-16 del 22 enero de 2016, ni en la comunicación COM-ICBF-011-16 del 25 de
enero siguiente, donde el contratista presentó un plan de acción para la finalización
del proyecto y un programa de flujo y fondos a ser ejecutados.

43 Artículos 1602 y 1603 del Código Civil.

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(iii) Con excepción del oficio COM-ICBF-080-16, dirigido a la Procuraduría
General de la Nación, la parte actora no aludió en la demanda ni en el recurso de
apelación a comunicación alguna enviada con posterioridad a la prórroga 3, mucho
menos, alguna relacionada con disconformidades o salvedades respecto de su
contenido y alcance, asunto que, en cualquier caso, tampoco se argumentó en el
transcurso del proceso.

34. Por tanto, las pruebas revelan que ante la identificación de las edificaciones
a intervenir, la magnitud y naturaleza de las actividades a realizar, así como aquellas
que no fueron previstas, todo como parte de una planificada etapa contractual
preliminar de diagnóstico, al demandante no se le impuso y ordenó realizar las obras
contratadas sin ajuste alguno en las condiciones iniciales conllevando a que el plazo
fuese imposible de cumplir, sino que las partes de común acuerdo y en ejercicio de
la autonomía de la voluntad, definieron las acciones necesarias para garantizar la
ejecución del objeto contractual acordando las actividades adicionales y
prorrogando el plazo de ejecución con fundamento en los ítems de obra, los valores
y los tiempos propuestos por el mismo contratista y aprobados por la interventoría;
paralelamente, la parte actora no discutió la legalidad de estos acuerdos, como
tampoco replicó frente a su contenido durante o después de su celebración.

El cuestionamiento relacionado con el contrato celebrado por la entidad
demandada con un tercero, además de improcedente, corresponde a un nuevo
argumento que no fue planteado al inicio del proceso

35. Afirma el demandante en el recurso de apelación que, como prueba
fehaciente del insuficiente plazo que tuvo para ejecutar las intervenciones en los
cuatro hogares infantiles priorizados, en otro negocio jurídico celebrado por el ICBF
con un tercero (contrato ICBF 1586 de 2017), donde solo incluía la intervención del
hogar infantil Mi Mundo Feliz de Sibundoy (Putumayo), se le concedió al nuevo
contratista un plazo muy superior al que en su caso le fue impuesto por la entidad
demandada.

36. Sobre el particular, en adición a que la Sala descartó que el plazo se hubiese
impuesto, elemento medular del reclamo del demandante para afirmar su
insuficiencia, se advierte que el cargo propuesto resulta improcedente formal y
sustancialmente, en tanto y en cuanto:

(i) La sentencia debe ser congruente con los hechos y las pretensiones
aducidos en las oportunidades dispuestas en la ley procesal, de manera que tanto
el demandante, con la interposición y sustentación del recurso de apelación, como
el juez al definir su alcance y solución, están limitados a no variar la causa petendi,
es decir, el fundamento fáctico que sirvió como sustento de las pretensiones y frente
al cual la parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su defensa; en ese orden,
esta Subsección44 ha explicado que el recurso de apelación no es un instrumento
para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas, pues con ello
sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos y sorpresivos frente a los cuales

44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico, Exp.: 05001-23-31-000-2009-00527-02 (65589).
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no tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tal actuación, se
desconocería el principio de congruencia y el debido proceso.

Revisado el texto de la demanda, la Sala advierte que el cuestionamiento
relacionado con el contrato ICBF 1586 de 2017, su plazo y la comparación con el
negocio jurídico objeto de controversia no fue una cuestión aducida por la parte
actora en la demanda, correspondiendo en realidad a argumentos nuevos
introducidos en el recurso de apelación, y que, en consecuencia, no fueron
abordados por el Tribunal a quo -al no ser parte del objeto de la litis- y en la misma
medida, no pueden ser objeto de un pronunciamiento de fondo en esta instancia en
respeto de las garantías procesales de las partes.

(ii) En cualquier caso y sin profundizar en el cargo aducido, lo cierto es que la
parte actora no puede acreditar la imposibilidad de cumplir el plazo que ella misma
propuso y acordó, o que éste le fue impuesto desconociendo la realidad técnica del
contrato en contraposición de las demás pruebas que revelan lo contrario, a partir
de la simple y llana comparación del tiempo de ejecución del negocio jurídico objeto
de la controversia, con el acordado bajo otro contrato que fue celebrado bajo
condiciones distintas y como producto de un proceso licitatorio también diferente
(LP-004-2017), especialmente cuando no se efectuó un mínimo esfuerzo
argumentativo y probatorio para acreditar la naturaleza, alcance, dimensión y
dificultad de las obras que se realizarían bajo ese otro negocio jurídico.

Conclusión

37. Contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, el Tribunal a quo no
incurrió en una indebida valoración de las pruebas, sino que tal como se advirtió en
la decisión cuestionada, éstas revelan que la parte actora no acreditó las premisas
fácticas sobre las cuales fundó sus pretensiones y los reproches aducidos en el
recurso de alzada, toda vez que:

(i) No se acreditó que la entidad contratante hubiese modificado el objeto del
contrato ni omitido cumplir con el deber de planeación; aunque en la etapa de
diagnóstico se identificaron ítems no previstos, ese solo aspecto no determina que
el objeto a ejecutar fuera distinto o que existieran deficiencias en la estructuración y
formulación previa del negocio jurídico, sin que en el caso concreto se hubiese
allegado prueba alguna para acreditar lo contrario; además, la definición de los
ítems adicionales, su inclusión como parte del contrato y su ejecución, fue un
aspecto convenido por las partes bajo la prórroga 3, mas no un asunto definido
unilateralmente por la entidad contratante.

(ii) Tampoco está probado que al contratista se le hubiese impuesto
unilateralmente el plazo para ejecutar las obras sin considerar la realidad de las
actividades a ejecutar; contrariamente, el plazo definitivo para la ejecución de las
obras fue definido de común acuerdo bajo las prórrogas celebradas con fundamento
en las solicitudes y los tiempos propuestos por el contratista, sin que éste hubiese
impugnado el contenido y la legalidad de esos acuerdos, como tampoco presentado
algún tipo de reparo referido al presunto plazo contractual irrisorio.

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(iii) Los argumentos relativos a la acreditación de la insuficiencia del plazo con
fundamento en la sola comparativa del acordado en otro negocio jurídico, además
de exiguos a simple vista para acreditar tal circunstancia, son elucidaciones nuevas
que pretenden variar el objeto de la litis, por lo que no pueden ser objeto de un
pronunciamiento de fondo.

38. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.

Costas

39. Como en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad
con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a
la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. La condena en
costas en el recurso de apelación bajo las reglas del código en cita, no requiere la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le
imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con
fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso, frente a la parte que ha
resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de
que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”.

40. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las
agencias en derecho, éstas se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto
de 2016, vigente para la fecha en que se presentó la demanda 45, el cual dispone
que en las sentencias dictadas en procesos declarativos en segunda instancia,
como sucede en el caso concreto, se fijarán entre 1 a 5 SMLMV.

41. Con fundamento en lo anterior, la sociedad demandante será condenada al
pago de agencias en derecho en atención a las reglas vigentes en la materia, por lo
que en los términos del artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 de 201646, se fijan
como agencias en derecho a cargo de la parte recurrente, la suma equivalente a un
(1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, a favor de entidad demandada, teniendo en cuenta la naturaleza, calidad
y duración de su gestión en segunda instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

45 Aplicable para el 21 de junio de 2017, por cuanto entró en vigor el 5 de agosto de 2016.
46 “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas
de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. (…) En segunda instancia. Entre 1 y 6
S.M.M.L.V.”
15

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Demandante: Inversiones Quorum S.A.
Demandado: ICBF
Acción: Controversias contractuales

42. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de octubre de 2019, proferida por la
Subsección A, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y recurrente; FIJAR
como agencias en derecho a su cargo y en favor del ICBF, la suma equivalente a
un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia. Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal a
quo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del
Proceso.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
(aclaración de voto)

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se
recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de
registrarse en el sistema SAMAI.

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