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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01383-01

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01383-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2018, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a los integrantes del Consorcio La Sirena 2014, de forma solidaria, por las razones señaladas en esta providencia, las que deberán ser liquidadas de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso. TERCERO: FIJAR las agencias en derecho de la segunda instancia en tres (3) salarios mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01383-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Expediente: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Demandante: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y CARÁCTER INVARIABLE DE LA CAUSA
PETENDI - El juzgador al definir el alcance del recurso de alzada, así como el demandante
en su interposición y sustentación, están limitados a no variar la causa petendi o
fundamento fáctico que sirvió de sustento de las pretensiones / RESPETO AL DEBIDO
PROCESO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO - Está
acreditado por cuanto la entidad cumplió con el deber de acompañar a la citación los
informes de interventoría en que se sustentaba la actuación, indicando con claridad al
contratista el incumplimiento que se le estaba imputando, y con base en el cual fue tasada
e impuesta la sanción / MULTA CONTRACTUAL Y CLÁUSULA PENAL - Si bien son
similares por su carácter convencional, accesorio y preventivo, poseen unas características
propias que permiten diferenciarlas / MULTA CONTRACTUAL - No tiene un carácter
resarcitorio, compensatorio o indemnizatorio, sino que busca forzar el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, circunscribiéndose a un mecanismo coercitivo para que
el contratista se ponga al día en sus obligaciones / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA - Por
regla general y salvo pacto expreso de las partes, posee una naturaleza indemnizatoria o
liquidatoria, al entenderse como una tasación anticipada de los perjuicios causados con el
incumplimiento del contrato / CUMPLIMIENTO TARDÍO Y EXIGIBILIDAD DE LA PENA -
Conforme al artículo 1594 del Código Civil, las partes pueden válidamente pactar la
exigibilidad de la pena en caso del simple retardo, caso en el cual, el acreedor podrá exigir
tanto el cumplimiento de la obligación, como el pago la sanción pecuniaria estipulada /
INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 - La norma establece que la
entidad pública acreedora podrá dar por terminado el procedimiento sancionatorio
contractual en cualquier momento frente a la cesación de la situación de incumplimiento,
no como un mandato imperativo e ineludible, sino en consideración a que, en cada caso, la
sanción a imponer podría ser incompatible o improcedente ante el cumplimiento tardío.

Surtido el trámite de ley sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Se pide declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la
entidad demandada hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el
contrato.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia ya indicada, proferida el 10 de octubre de 2018,
mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda, cuyas pretensiones,
hechos principales y fundamentos de derecho, son los siguientes:

1

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

La demanda

2. El 25 de julio de 20171, en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales, el Consorcio La Sirena 20142 (el consorcio, el demandante o la parte
actora) interpuso demanda en contra del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU (la
entidad contratante o demandada), con el fin de que se declare la nulidad de los
siguientes actos administrativos proferidos con ocasión del contrato de obra No.
1654 del 29 de octubre de 2014: (i) Resolución 64446 del 24 de noviembre de 2015,
que declaró el incumplimiento del contrato e impuso la cláusula penal y, (ii)
Resolución 009019 del 27 de septiembre de 2016, por la cual se resolvió el recurso
de reposición presentado en contra de la anterior.

3. Producto de la nulidad de los actos antes indicados, la parte actora solicitó:
(i) declarar la inexistencia del incumplimiento, y en consecuencia, la no afectación
de la garantía única de cumplimiento, así como la ausencia de valores a favor del
IDU por cuenta de la ejecución del contrato; (ii) ordenar la devolución de la suma
descontada por la entidad demandada con ocasión de los actos acusados, indexada
y con reconocimiento de intereses de mora hasta la fecha de su devolución efectiva;
y, (iii) oficiar al SECOP, la Cámara de Comercio y a la Procuraduría General de la
Nación, para que se abstengan de publicar lo ordenado mediante las resoluciones
demandadas.

4. El fundamento fáctico de la demanda es, en síntesis, el siguiente3:

(i) El consorcio y el IDU suscribieron el contrato de obra 1654 del 29 de octubre
de 2014 (el contrato), cuyo objeto era realizar la "COMPLEMENTACIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE LA
AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9)
HASTA LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) EN BOGOTÁ D.C.”,
de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas
en el pliego de condiciones, sus anexos y apéndices.

(ii) El contrato se celebró por un valor total de $8.868.123.657, y como plazo de
ejecución, se pactaron nueve (9) meses contados desde la suscripción del acta de
inicio, divididos en tres (3) etapas: (primera) dos (2) meses para la etapa de
complementación y/ o actualización y/ o ajustes y/ o diseños; (segunda) un (1) mes
para la etapa preliminar; y (tercera) seis (6) meses para la etapa de construcción.
Posteriormente, el negocio jurídico fue objeto de las siguientes modificaciones:

a) El 13 de febrero de 2015 se prorrogó el plazo de ejecución de la primera
etapa, por el término de un (1) mes; esta modificación implicó que la primera etapa
ocupara tiempo de la segunda (etapa preliminar), pero no afectó el plazo total del
contrato.

b) El 13 de marzo de 2015 se suscribió una nueva prórroga de la etapa de
preliminares, por un (1) mes adicional, sumado al plazo inicial total del contrato.

c) El 14 de octubre de 2015 y el 11 de mayo de 2016 se amplió el plazo de
ejecución en noventa (90) días y cinco (5) meses, respectivamente.

1 Cuaderno 1, folios 7 a 49.
2 Conformado por Construcciones e Inversiones Beta S.A.S, Promotora el Campin S.A. y Sergio Torres Reatiga.
3 Cuaderno 1, folios 18 a 32.

2

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

d) El 15 de diciembre se celebró una última prórroga por cien (100) días
calendario.

(iii) Mediante oficio del 30 de septiembre de 20154, el IDU citó al contratista a la
audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, para iniciar proceso
sancionatorio por el presunto incumplimiento del contrato, la cual se llevó a cabo el
7 de octubre de 2015. En el desarrollo de la audiencia, el consorcio solicitó la nulidad
del oficio citatorio por incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, no
obstante, esta solicitud fue negada, por lo que el contratista presentó descargos y
aportó pruebas para ejercer su defensa.

(iv) El 24 de noviembre de 2015, el IDU expidió la Resolución 64446, por la que
declaró el incumplimiento del contrato e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria,
por valor de $2.160.736.238, la cual fue notificada en audiencia y recurrida por el
consorcio demandante. La entidad demandada suspendió la audiencia para otorgar
un plazo prudencial al consorcio para sustentar el recurso; el 10 de diciembre de
2015 se reanudó la audiencia, donde el consorcio expuso los argumentos en los
que sustentaba la reposición, y nuevamente fue suspendida para que la entidad
contratante procediera a resolverlo.

(v) El 27 de septiembre de 2016 se llevó a la cabo continuación de la audiencia,
donde el consorcio contratista solicitó oportunidad para volver a sustentar el recurso
de reposición, en tanto, el funcionario que dirigió la audiencia del 10 de diciembre
de 2015 no era el mismo que presidía su continuación. La anterior solicitud fue
rechazada, por lo que la parte propuso incidente de nulidad, el cual fue negado por
el IDU. En audiencia se expidió la Resolución 009019 de 2016, por la que se
resolvieron los recursos de reposición interpuestos y se confirmó la Resolución
64446 de 2015.

(vi) El 7 de abril de 2017 las partes suscribieron el acta 42, donde se dejó
constancia de la terminación del contrato de obra y el cumplimiento del objeto
contractual.

Los cargos de nulidad

5. El consorcio demandante fundamentó sus pretensiones en que los actos
demandados son nulos, por:

(i) Desconocimiento del debido proceso en el trámite consagrado en los
artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, en la medida que:

a) El oficio citatorio no expresó las cláusulas presuntamente violadas por el
contratista, no se indicaron las consecuencias del proceso sancionatorio y se
prejuzgó al consorcio, en tanto la entidad, desde esa citación, se afirmó que los
cargos eran imputables al contratista, violando así la presunción de inocencia y la
garantía de presentar descargos y pruebas ante un funcionario imparcial.

b) Aunque la interventoría informó que el atraso de la obra era de un 70.39% y
que la cláusula penal respecto del cargo sexto equivalía a $1.795.352.538, tal y
como se señaló en el oficio citatorio, en la resolución demandada se adujo un atraso
de obra de 83.69% y se tasó la cláusula penal en $2.134.579.541, sancionando al

4 Oficio referenciado como STESV 20153361500061.

3

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

contratista por un supuesto de hecho diferente al que se imputó en el proceso
sancionatorio.

(ii) Expedición irregular, en tanto el cargo relativo a la ausencia de los permisos
de ocupación del cauce y silvicultural se superaron antes de que el proceso
sancionatorio finalizara, por lo que, al momento de la tasación de la sanción, en
aplicación del literal d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la entidad debió
excluir del valor a pagar lo relativo al incumplimiento en la obtención de los permisos,
pues el mismo ya había cesado. Además, indicó que la entidad no podía aplicar la
cláusula penal pecuniaria, puesto que la cláusula 18 del contrato creó una multa
específica por el incumplimiento de las demás obligaciones contenidas en el
contrato o en los documentos que hacen parte integral del mismo, de manera que
la cláusula penal operaba solo de forma subsidiaria.

(iii) Falsa motivación, por cuanto la demandada fundamentó los actos
administrativos acusados en hechos que no se probaron, específicamente, indicó
que:

a) El cargo relativo a la falta de aprobación de los Análisis de Precios Unitarios
Contractuales (APU) por parte de la interventoría, carece de sustento jurídico,
puesto que éstos fueron aprobados mediante correo electrónico del 9 de noviembre
de 2015. Respecto a los APU no previstos, consideró que la entidad interpretó de
forma errónea el contrato, pues la obligación del contratista era la de entregar y/o
presentar oferta a la interventoría, sin que ello implicara su aprobación.

b) Reiteró que los permisos de ocupación de cauce y silvicultural se obtuvieron
antes de que finalizara el proceso sancionatorio, por lo que se había superado la
situación y no podía ser objeto de sanción.

c) Sobre la no entrega del informe SST 4, aseguró que la entidad demandada
no verificó las causas por las que éste se había improbado, puesto que no tuvo en
cuenta que el contratista había pagado los honorarios y/o salarios que exigía el
contrato, y había allegado el paz y salvo que probaba esa situación. Afirmó que la
entidad debió dividir el pago total entre el tiempo laborado, con lo que se habría
constatado el cumplimiento del contrato.

d) En lo relativo al cargo de incumplimiento en la entrega de la programación de
obra ajustada, indicó que perdió sustento fáctico con la suscripción de las prórrogas
al contrato en las que se estableció una nueva programación para la ejecución.
Manifestó que el hecho de que la obra hubiera estado sin cronograma no generó
daño alguno a la entidad y que, en todo caso, el mismo no se podía realizar pues
no se había aprobado el plan de manejo de tránsito, por lo que exigir al contratista
un cronograma sin que se cumplieran los requisitos previos para ello, era una
actuación arbitraria de la entidad y de la interventoría.

e) La entidad demandada sustentó el atraso de la obra con base en un
cronograma de obra que había perdido vigencia, por lo que el contratista nunca
conoció cómo se midió la ejecución del contrato, lo que generó que la tasación de
la sanción fuera ajena al avance físico de la obra.

f) En la matriz de riesgos del contrato, la demora en la aprobación de los
permisos correspondía a ambas partes, por lo que la entidad no podía atribuir esa
circunstancia únicamente al contratista.

4

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

La admisión de la demanda y la defensa

6. Admitida la demanda5 y notificado el auto admisorio6, el Ministerio Público
guardó silencio y el IDU presentó contestación7 en el término de traslado de la
demanda8; se opuso a la totalidad de las pretensiones a partir de las excepciones
que denominó: (i) legalidad de los actos administrativos; (ii) los actos administrativos
se encuentran debidamente motivados; y (iii) el contrato es ley para las partes; las
cuales fundamentó en que:

(i) Los actos acusados fueron expedidos por el funcionario competente como
producto del proceso sancionatorio que se adelantó en contra del contratista, donde
se lograron acreditar sus múltiples incumplimientos y en el que se respetó el
derecho al debido proceso tanto del consorcio como de las aseguradoras. Agregó
que en el oficio citatorio a la audiencia de presunto incumplimiento, se indicaron de
forma clara los cargos imputados y la consecuencia que acarrearía su
comprobación, y aunque en efecto se hizo un recuento de los hechos y presuntos
incumplimientos en que habría incurrido el contratista, ello no implica un
prejuzgamiento como se afirma en la demanda; además, la entidad resolvió en el
proceso sancionatorio la nulidad propuesta por el contratista.

(ii) Los actos se encuentran debidamente motivados y son congruentes con los
incumplimientos comprobados del contratista. Sobre el particular explicó:

a) Como parte de la planeación del proyecto, la aprobación de los APU
contractuales debió hacerse en la etapa de complementación y/o actualización y/o
ajustes y/o diseños, es decir, a más tardar el 14 de abril de 2015, no cinco (5) meses
después de la ejecución de la obra.

b) Contrario a lo manifestado por el demandante, en el anexo técnico del
contrato se especificó respecto a los APU no previstos, que "el contratista deberá
presentar para revisión, verificación y aprobación por parte del interventor, el
ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIO PARA CONSTRUCCIÓN”, por lo que no
es cierto que la obligación del contratista se limitaba a la elaboración y entrega de
la oferta, excluyendo su aprobación.

c) En relación con la aprobación del permiso silvicultural y de ocupación de
cauce explicó que, aunque durante el desarrollo del procedimiento sancionatorio se
hubieran obtenido los permisos, ello no quería decir que la causal de incumplimiento
hubiese desaparecido, puesto que, en todo caso, los permisos se obtuvieron por
fuera del término contemplado en el contrato, configurándose el cargo imputado en
el oficio citatorio.

d) Frente a la no entrega del informe SST 4, afirmó que los paz y salvos
entregados por el contratista en los descargos no probaban el pago de sus
obligaciones laborales, lo cual debía acreditarse a través de las planillas de pago de
seguridad social. Adicionalmente, adujo que el informe presentado tenía varias
falencias que fueron oportunamente informadas para su corrección, y a pesar que
el término máximo para presentar el informe vencía el 21 de abril de 2015, el

5 Auto del 23 de agosto de 2017. Cuaderno 1, folios 53 a 56.
6 Cuaderno 1, folios 60 a 67.
7 Cuaderno 1, folios 83 a 125.
8 Constancia Secretarial. Cuaderno 1, folio 286.

5

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

contratista señaló que la última versión entregada correspondía a la del 28 de
octubre del mismo año, esto es, seis (6) meses después del momento en que debió
cumplir la obligación.

e) Respecto a la no entrega de la programación de obra ajustada, producto de
la etapa de complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños, indicó que
era obligación del contratista realizar el nuevo cronograma, y en caso de
modificación del plazo de ejecución, era éste quien debía modificarlo, so pena que
el estudio de avance de obra se hiciera con base en el último cronograma
presentado y aprobado por la interventoría. Explicó que no era cierto que al
contratista se le hubiere exigido rehacer el cronograma sin contar con los requisitos
para ello, pues en el anexo técnico separable se explicitaban los trabajos que debía
desarrollar en la primera etapa del contrato, entre éstos, los diseños topográficos,
de tránsito, geométricos, urbanismo y espacio público, redes y servicios públicos,
acueducto y alcantarillado, así como los estudios geotécnicos.

(iii) Las cláusulas que componen el contrato son de obligatorio cumplimiento
para las partes, no obstante, el contratista inobservó varias de las prestaciones a su
cargo conllevando un retraso en la ejecución de la obra y su entrega a la comunidad,
razón por la que la entidad contratante debía imponer las sanciones pactadas
contractualmente en caso de incumplimiento grave.

Los alegatos de conclusión

7. El 19 de abril de 2018 se llevó a cabo audiencia de inicial9, se decretaron las
pruebas10 y se fijó fecha para su práctica; el 24 y 26 de julio de 2018 se celebró la
audiencia de pruebas, y en esta última fecha se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión por escrito11. En la oportunidad correspondiente el Ministerio
Público guardó silencio, mientras que las partes allegaron sus alegatos en los
siguientes términos:

(i) La demandante12 manifestó que dentro del proceso se probó que en el oficio
citatorio no se indicó de forma clara y específica las consecuencias jurídicas a los
incumplimientos imputados y que se impuso una sanción superior a la indicada en
el informe de incumplimiento. Adicionalmente, consideró probada la expedición
irregular y con falsa motivación de los actos demandados, puesto que los cargos
imputados habían sido superados con anterioridad a la finalización del
procedimiento administrativo.

9 Cuaderno 1, folios 303 a 307.
10 Se decretaron las documentales allegadas por las partes, particularmente, las siguientes copias: (i)
documento de constitución del Consorcio La Sirena 2014; (ii) anexo técnico separable de la licitación pública
IDU-LP-SGI-013-2014; (iii) documentos de la licitación pública IDU-LP-SGI-013-2014; (iv) contrato de obra 1654
del 29 de octubre de 2014; (v) actas de inicio, suspensión, prórroga, modificaciones y terminación del contrato;
(vi) oficio citatorio al proceso sancionatorio STESV 20153361500061 del 30 de septiembre de 2015; (vii) solicitud
de nulidad del oficio STESV 20153361500061; (viii) auto del 7 de octubre de 2015 en el que se negó la nulidad
propuesta por el contratista; (ix) descargos presentados por el contratista el 7 de octubre de 2015; (x) Resolución
64446 del 24 de noviembre de 2015 en la que se declaró el incumplimiento del contratista, la ocurrencia del
siniestro y se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria; (xi) recurso de reposición interpuesto en contra de la
resolución anterior; (xii) Resolución 009019 del 27 de septiembre de 2016 en la que se resolvió
desfavorablemente el recurso de reposición anterior; y (xiii) constancia de agotamiento de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría Séptima Judicial 11. También se decretaron y practicaron los testimonios de
José Uber Fajardo, director de obra del contratista y Oscar Alejandro Ramírez, representante legal de la
interventoría.
11 Cuaderno 1, folios 313 a 314 y 333 a 334.
12 Cuaderno 1, folios 338 a 353.

6

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

(ii) La entidad demandada13 reafirmó que respetó las garantías fundamentales
del contratista en el procedimiento sancionatorio, y, por otra parte, que bastaba la
sola comprobación del retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales
para la imposición de la cláusula penal, por lo que resultaba irrelevante que los
cargos imputados en el procedimiento sancionatorio se hubieran subsanado con
anterioridad a la expedición de los actos demandados.

La sentencia de primera instancia y su motivación

8. A través de sentencia del 10 de octubre de 201814, la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes conclusiones:

(i) Contrario a lo afirmado por el demandante, de la revisión del oficio citatorio,
se observa con claridad que la entidad demandada sí expuso de forma concreta y
detallada los presuntos incumplimientos15, las cláusulas del contrato desconocidas,
las obligaciones contenidas en los pliegos de condiciones y en el anexo técnico
separable transgredidas, así como la consecuencia que podía derivarse en su
contra16.

(ii) El simple hecho de imputar cargos en contra del contratista, no es indicativo
de su responsabilidad, pues precisamente es por ello que la entidad, previo a la
declaratoria de incumplimiento o imposición de sanciones, debe adelantar la
audiencia con respeto del debido proceso para determinar si en efecto el contratista
incurrió o no en las conductas que se le imputan en el pliego de cargos; en ese
sentido, no se observa que se hubiera prejuzgado al contratista como se afirma en
la demanda, sino que la entidad realizó el relato de los antecedentes de ejecución
del contrato, las omisiones que podrían constituir incumplimiento y las cláusulas
presuntamente incumplidas, situación que de ningún modo debe ser considerada
como prejuzgamiento, sino como la adecuada formulación de cargos, que deben
ser desvirtuados por la contraparte.

(iii) No son de recibo los argumentos esbozados por el contratista para justificar
la no aprobación de los APU, pues el demandante reconoce que presentó el análisis
correspondiente después de vencido el término que tenía para ello, incluso después
de iniciada la etapa de construcción, aun cuando conocía que para el inicio de esta
fase se debía tener elaborado y aprobado el presupuesto. Tampoco es admisible
que el contratista afirme que el retraso en la presentación de los APU se originó
porque se encontraban pendientes algunos productos de las áreas de tránsito y
transporte, redes secas y húmedas, entre otros, en tanto no puede justificar el
retraso de la ejecución de sus obligaciones en unos incumplimientos propios
previos. Si el contratista hubiera observado desde el principio el cronograma de

13 Cuaderno 1, folios 354 a 362.
14 Cuaderno principal, folios 364 a 378 reverso.
15 A saber: (i) no entrega a satisfacción de los productos de las etapas de complementación y/o actualización

y/o ajustes y/o diseños, así como de preliminares y análisis de precios unitarios con su correspondiente
aprobación; (ii) no entrega del informe mensual de seguridad y salud en el trabajo - SST del periodo
comprendido entre el 15 de marzo y el 14 de abril de 2015, con el lleno de requisitos contractualmente pactados,
correspondiente a la etapa de preliminares durante el mes de prórroga, junto con los soportes de pago de
salarios y/u honorarios de la plantilla mínima; (iii) no obtención de permisos ambientales; (iv) no entrega de la
programación de obra; y (v) atraso en la programación de obra vigente.
16 En el acápite de "CONSECUENCIA QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA (POSIBLE

SANCIÓN)", se indicó que: "Surtido el debido proceso señalado en el artículo 29 de la Constitución Nacional y
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en caso de comprobarse el presunto incumplimiento de las obligaciones
anteriormente descritas, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, mediante acto administrativo, declarará el
incumplimiento y como consecuencia de ello se hará efectivo lo establecido en la Cláusula 19, "Cláusula Penal
Pecuniaria", del Contrato 1654 de 2014, que estipula (...)”

7

Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

actividades, no habría tenido inconvenientes con la obtención de permisos y con la
aprobación del presupuesto de la obra.

(iv) Respecto al informe SST 45, el contratista se obligó a entregar al IDU un
informe mensual de pago de salarios y seguridad social, así como de los demás
gravámenes y aportes establecidos por la ley, junto con los recibos que acreditaran
el cumplimiento de las obligaciones laborales del mes inmediatamente anterior al
del informe. No obstante, al revisar la documentación aportada por la parte actora
por el periodo respecto en que se determinó el incumplimiento, se observa que si
bien algunos de los paz y salvos mencionan el monto pagado al trabajador, no
expresan el periodo de prestación del servicio, o si expresan el tiempo de servicio a
pagar, el monto que se pagó fue cero (0), por lo que tal y como como concluyó la
demandada en el procedimiento administrativo, con la información aportada por el
contratista, no era posible determinar a qué periodo laboral correspondía el pago, el
monto del mismo, y si era concordante con lo dispuesto en el contrato y sus anexos.
Además, del restante acervo probatorio aportado al expediente, no es posible
determinar si se realizó el pago correspondiente a los aportes de seguridad social
del personal empleado para darle cumplimiento a la prórroga 2 del contrato, que
cubría el periodo del informe SST 4.

(v) En lo atinente a la obtención de los permisos ambientales (ocupación del
cauce y silvicultural), tal obligación debía cumplirse por el contratista en las etapas
previas al inicio de la construcción de la obra, específicamente, en la etapa de
complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños (numeral 4.3.10 anexo
técnico separable), y, de conformidad con la cláusula 12, era obligación del
contratista realizar la gestión necesaria para coordinar con las entidades distritales
y nacionales la aprobación para las intervenciones ambientales que se requieran en
ejecución del proyecto; a pesar de ello, está acreditado que el ahora demandante
solo presentó la solicitud soportada y completa para la obtención de estos permisos
el 27 de agosto de 2015, es decir, casi cuatro (4) meses después de vencido el
término para tenerlos aprobados (abril de 2015), por lo que no hay duda que
incumplió lo acordado.

(vi) Sobre la no entrega de la programación de obra ajustada, explicó que eran
dos (2) obligaciones diferentes las que tenía a cargo el contratista: (a) la primera,
consistente en presentar la programación de la obra que surgía como fruto de la
etapa de complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños, programación
que sería aplicable desde el primer día de la construcción de la obra; y (b) la
segunda relativa a la presentación de un cronograma de actividades ajustado,
cuando se ampliara el plazo de ejecución del contrato. A pesar de ello, de la revisión
de las pruebas y antecedentes administrativos aportados al expediente, no hay
prueba de la existencia del cronograma de obra que debió regir la etapa de
construcción que inició el 15 de abril de 2015, por lo que resultan fundados los
argumentos expuestos por la entidad en los actos administrativos demandados.

(vii) El inciso final del literal d) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, no impone
a las entidades el deber de terminar el procedimiento administrativo cuando se
observe el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se encontraban en
mora, pues el enunciado de la norma es facultativo; en consecuencia, si bien la
administración tiene la potestad de continuar o no con el procedimiento, la norma
no puede interpretarse en el sentido de que el contratista tiene el derecho a exigir
la finalización del procedimiento por la cesación del incumplimiento, especialmente
al considerar que, independientemente que este se allanara al cumplimiento de las

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Referencia: Controversias contractuales

obligaciones por efecto del trámite de sanción, lo pretendido por la entidad no era
conminar al contratista a ejecutar sus prestaciones, sino la compensación de los
perjuicios derivados del incumplimiento o cumplimiento tardío de sus obligaciones
contractuales.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

9. El fallo en precedencia, notificado en debida forma el 12 de octubre de
17
2018 , fue recurrido dentro del término de ejecutoria por el consorcio
demandante18. El recurso de apelación19 se fundamentó en los siguientes motivos
de inconformidad:

(i) El Tribunal a quo omitió pronunciarse sobre el cargo relacionado con la
violación del debido proceso, fundamentado en haberse iniciado el procedimiento
sancionatorio con base en un atraso en la ejecución de la obra del 70.39%, pero
tasada e impuesta la sanción por un atraso del 83.69%. Indicó que el contratista no
tuvo oportunidad de defenderse de “un atraso evidentemente diferente respecto del
cual fue citado a procedimiento sancionatorio”, y que la entidad demandada no
aclaró esa diferencia entre lo manifestado en los hechos del oficio citatorio y la
tasación de la sanción.

(ii) La sentencia incurrió en una indebida interpretación del inciso final del
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Según el apelante, cuando la norma dispone
que “[l]a entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento,
si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de
incumplimiento”, no establece margen alguno al operador judicial para hacer de esa
terminación una facultad discrecional, sino que corresponde a una consecuencia
jurídica plasmada por el legislador que debe aplicar; por tanto, en su concepto y
contrario a lo manifestado por el Tribunal, la palabra “podrá” no puede entenderse
como una facultad discrecional de la administración de terminar el procedimiento
administrativo, pese a existir prueba de la superación de los hechos objeto de los
cargos, sino que dicha facultad debe ejercerse siempre y en cualquier momento,
aun previo a resolver el recurso de reposición interpuesto contra el acto
administrativo sancionatorio.

(iii) El Tribunal realizó una indebida valoración de los hechos y las pruebas en
relación con la declaratoria de incumplimiento por la entrega del Informe SST 4,
relativo a la acreditación de sus obligaciones en materia laboral. Sostuvo que: (a) a
diferencia de lo afirmado por el Tribunal, en los descargos del proceso sancionatorio
y con la demanda se aportaron los documentos correspondientes al periodo a
certificar, los cuales están firmados por cada una de las personas de la nómina; y
(b) las partes no contienden que el informe se entregó con los soportes necesarios,
lo que se discutió en el proceso que éste se entregó de forma extemporánea, pero
como se superó el incumplimiento, la entidad debía dar por terminado el
procedimiento administrativo sancionatorio conforme a lo expuesto en el cargo de
apelación anterior.

(iv) El fallo recurrido no estudió el desconocimiento del principio de buena fe
contractual por parte de la entidad demandada. Sobre el particular, indicó que la
suscripción de la prórroga 3 del 14 de octubre de 2015 implicaba que, para la entidad

17 Cuaderno principal, folios 379 a 386.
18 Cuaderno principal, folios 421 y 422.
19 Cuaderno principal, folios 391 a 420.

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Referencia: Controversias contractuales

proceder con la declaratoria de incumplimiento, era indispensable que en ese
modificatorio hubiese dejado salvedad en virtud de la cual se reservaría el derecho
a demandar o a continuar el procedimiento administrativo sancionador, lo cual no
hizo.

Trámite en segunda instancia

10. En auto del 17 de enero de 201920, este Despacho admitió el mencionado
recurso de apelación por cumplir con lo establecido en el artículo 247 del CPACA.
Así mismo, mediante proveído del 4 de mayo de ese año 21, corrió traslado a las
partes por el término de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión, al
tiempo que ordenó el traslado especial al Agente del Ministerio Público para que
rindiera concepto en el asunto.

11. El consorcio demandante indicó atenerse a los razonamientos expuestos en
la demanda y el recurso de apelación22, mientras que la entidad demandada y el
Ministerio Público guardaron silencio23.

I. CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación y problema jurídico

12. De conformidad con los artículos 357 y 281 del CGP, la competencia del ad
quem se circunscribe a las razones de inconformidad o juicios de reproche
esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera
instancia y los aspectos que estén íntimamente relacionados con ella, esto es,
según la postura unificada del Consejo de Estado24, que se encuadren dentro del
marco global de la apelación; además, la sentencia deber ser congruente con los
hechos y las pretensiones aducidos en las oportunidades dispuestas en la ley
procesal, de manera que, el juzgador al definir el alcance del recurso de alzada para
efectos de establecer su curso y solución, así como el demandante en su
interposición y sustentación, están limitados a no variar la causa petendi, esto es, el
fundamento fáctico que sirvió como sustento de las pretensiones y frente al cual la
parte demandada tuvo la oportunidad de ejercer su defensa.

13. En consecuencia, con el objeto de establecer el objeto de la apelación en el
caso concreto, la Sala debe hacer las siguientes precisiones:

(i) Aunque el Tribunal desestimó en primera instancia los siguientes cargos de
nulidad, tal determinación no fue objeto de reproche por la parte actora en el recurso
de apelación: (a) Desconocimiento del debido proceso por: (1) prejuzgamiento del
contratista; y (2) falta de claridad en las consecuencias que podrían derivarse por la
declaratoria de incumplimiento; y (b) Falsa motivación de los actos administrativos,
en relación con los incumplimientos que le fueron imputados por la no entrega de:
(1) los APU contractuales; (2) los APU no previstos; (3) el permiso silvicultural y de
ocupación de cauce; y (4) la programación de obra ajustada. En esa medida, por
cuanto estos cargos fueron objeto de decisión, pero no son controvertidos en esta

20 Cuaderno principal, folio 423.
21 Cuaderno principal, folio 425.
22 Cuaderno principal, folio 428.
23 Constancia secretarial, cuaderno principal, folio 429.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 6 de

abril de 2018, Exp. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.

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instancia, la Sala se abstendrá de pronunciarse respecto de ellos al tratarse de
aspectos de la sentencia recurrida con los que estuvo de acuerdo el apelante único.

(ii) El demandante afirmó, al sustentar el recurso de apelación, que la entidad
demandada desconoció el principio de buena fe contractual, lo que concateno a una
falsa motivación de los actos acusados, pues con posterioridad al inicio del
procedimiento sancionatorio fue suscrito un otrosí entre las partes, y por tanto, si la
entidad pretendía declarar el incumplimiento del contrato, era indispensable que en
esa modificación la demandada hubiese dejado la salvedad de que continuaría con
el procedimiento sancionatorio. No obstante, revisado el texto de la demanda, la
Sala advierte que la presunta trasgresión del principio de buena fe, y los argumentos
que sustentan dicho cargo en los términos indicados, no fueron cuestiones alegadas
por la parte actora como sustento de sus pretensiones, como tampoco dirigió alguna
en ese sentido, ni se hizo mención a lo descrito en los hechos, correspondiendo en
realidad a argumentos nuevos introducidos por la parte actora en el recurso de
apelación, y que en consecuencia, no fueron abordados por el Tribunal a quo al no
ser parte del objeto de la litis.

Esta Subsección25 ha explicado que, el recurso de apelación no tiene por objeto ni
es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas, pues
con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no
tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir tal actuación, se
desconocería el principio de congruencia y el debido proceso, razón por la cual, en
respeto de estas garantías procesales, el cargo relativo a la trasgresión del principio
de buena fe contractual no puede ser objeto de pronunciamiento en esta instancia.

(iii) De la lectura de la demanda y el fallo impugnado, la Sala encuentra que: (a)
el demandante afirmó como sustento de sus pretensiones el desconocimiento del
derecho al debido proceso, por cuanto fue citado al proceso sancionatorio por un
porcentaje de atraso, pero la sanción fue tasada e impuesta por un retardo mayor;
y (b) como se afirma en el recurso de alzada, el a quo no se pronunció sobre el
particular; por tanto, compete a la Sala en esta instancia absolver este cargo de
nulidad.

(iv) Respecto de la entrega del informe SST 4, relativo a la acreditación del pago
de las obligaciones laborales cargo del contratista, el demandante afirma que no
hay discusión respecto a que éste se entregó, solo que se hizo de forma
extemporánea, de manera que lo que discute realmente en su demanda y el recurso
de alzada “es si la administración debió declarar terminado el proceso sancionatorio
por haber cesado el incumplimiento, a lo cual, en capítulos previos indicamos que
la respuesta debe ser afirmativa, lo que confirma la nulidad de los actos
administrativos”, razón por la cual, este punto se absolverá al definir si, en efecto, el
Tribunal a quo incurrió en una indebida interpretación del inciso final del artículo 86
de la Ley 1474 de 2011.

14. Visto lo anterior, la Sala encuentra que el objeto de la apelación en el caso
concreto se circunscribe a establecer, si:

(i) Los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento del debido
proceso, por cuanto el procedimiento sancionatorio inició con base en un porcentaje

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2021, C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico, Exp.: 05001-23-31-000-2009-00527-02 (65589).

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de atraso en la ejecución de la obra (70.39%), pero posteriormente, fue tasada e
impuesta la sanción por un retardo diferente (83.69%).

(ii) La sentencia de primera instancia incurrió en una indebida interpretación del
inciso final del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por cuanto según el actor, éste
impone que en cualquier evento y de forma ineludible, superado el incumplimiento,
la entidad debe proceder con la terminación del procedimiento administrativo
sancionatorio contractual, lo que implicó desconocer que los actos demandados
fueron expedidos en forma irregular.

Sobre el presunto desconocimiento del debido proceso

15. Afirma el demandante que fue citado a la audiencia de declaratoria de
incumplimiento e imposición de la cláusula penal con ocasión de un porcentaje de
atraso en la ejecución de la obra, pero fue sancionado por uno diferente, por lo que
no tuvo oportunidad de conocer y defenderse del verdadero cargo de
incumplimiento que finalmente le fue imputado en los actos demandados.

16. El artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, ordena que a la citación al
procedimiento sancionatorio contractual al contratista, deberá ir acompañando del
“informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación".

17. Está acreditado que, en cumplimiento de lo anterior, la entidad demandada
remitió al consorcio el oficio STESV 2015336150006126, denominado “Solicitud de
aplicación de Cláusula Penal Contrato de obra pública No. 1654/2014”, en donde
se indicó lo siguiente:

(i) El contratista reiteradamente desconoció las obligaciones a su cargo, de
manera que, con ocasión de “los atrasos que se acumulan por cuenta de su
presunto incumplimiento”, en el plazo restante del contrato en su etapa de
construcción, “no es posible que el Consorcio La Sirena 2014 de cumplimiento al
objeto contratado con el IDU, a pesar de los múltiples requerimientos
conminatorios”.

(ii) Conforme al informe de interventoría (adjunto al oficio citatorio27) CLS-1654-
2014-193, con radicado IDU 20155261164692 del 31 de agosto de 2015, “a fecha
24 de agosto de 2015 el Consorcio La Sirena 2014 ha ejecutado un 5.64% respecto
del valor total de obras civiles y redes frente a un 76.03% según lo programado. Con
lo anterior el proyecto presenta un atraso del 70.39% lo cual afecta de manera
grave el contrato dado que el objeto contractual no podrá ser cumplido en el plazo
que resta".

(iii) Según el reporte semanal No. 41 de interventoría, “con fecha de corte el 27
de septiembre de 2015, el atraso de la etapa de construcción es del 83,69%.”,
documento también adjunto al oficio citatorio como se referencia expresamente en
bajo el acápite de anexos28, aspecto que además no es discutido por la parte actora.

26 Cuaderno 2, folios 124 a 185.
27 Cuaderno 2, folio 182, referenciado bajo el cuadro de “OFICIOS CIVILE LTDA.”, casilla 6.
28Cuaderno 2, folio 183, referenciado como “INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 41, DEL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE El 24 Y EL 27 DE SEPTIEMBRE OE 2015”.

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(iv) En esa medida, también se explicó que: (a) para el cálculo de la tasación de
la sanción se tendría en cuenta la información más reciente, esto es “el reporte
semanal No. 41 de Interventoría con fecha de corte el 27 de septiembre de 2015”,
conforme al cual, “el atraso de la etapa de construcción es del 83,69%”; y (b) como
la Cláusula Penal Pecuniaria pactada establecía que el valor de la sanción podía
alcanzar como máximo el 30% del valor total del contrato, “se realiza el cálculo de
la sanción aplicando el porcentaje de atraso de obra al valor máximo aplicable por
concepto de la Cláusula Penal pecuniaria”, como se ilustra a continuación:

18. A pesar de ser claro lo expuesto hasta el momento, donde la entidad informó
sin lugar a equívocos que el retraso informado por la interventoría en su último
informe era del 83,69%, y que, por ende, con base en esta información correspondía
la tasación de la sanción, la contratista, expuso ante la entidad contratante los
mismos argumentos ahora reiterados en sede jurisdiccional. Sobre el particular
indicó:

“Ahora bien, también se observa el incumplimiento al deber de aportar un informe
de interventoría que justifique la apertura del proceso sancionatorio. Ciertamente
si bien se aportó informe de interventoría, lo que se advierte es que la interventoría
presenta un informe en que aduce que el atraso es de 70,39% y que por ende la
tasación de la cláusula penal frente al sexto cargo sería por valor de
$1.795'352.538.00; mientras que en tasación que se hace en la citación a proceso
citatorio se indica que el atraso es de un 83,69%, tasando la cláusula penal en la
suma de $2.134'579.541.00.

Lo anterior nos lleva a una irregularidad de la citación, o a una falta de claridad,
mucho mayor, en la que se está tasando el incumplimiento sobre un porcentaje
de atraso de 83,69% mientras que en los hechos en que se funda el
incumplimiento se indica que el atraso es de 70,39%”29.

19. El IDU descartó este argumento por lo que mantuvo la tasación de la sanción
prevista en el oficio citatorio, explicando en la Resolución 64446 de 2015 que en
este último, “se citan los oficios con los cuales se apremió al Contratista por lo
atrasos en desarrollo de la obra, relacionando los hechos que se observan en la
dinámica de la construcción y que deben ser corregidos, así como los comités de
seguimiento semanales con asistencia del Contratista, la Interventoría y el IDU,
comités en los que se informó por parte de la Interventoría el porcentaje de avance
programado y ejecutado, con lo cual era de conocimiento de las partes el avance
del atraso a pesar de estar en ejecución de la obra” 30.

29 Cuaderno 2, folio 193.
30 Cuaderno 2, folio 252 reverso.

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20. Adicionalmente, dado que el consorcio contratista insistió en ese mismo
razonamiento al interponer recurso de reposición31, la entidad reiteró su
improcedencia al resolverlo bajo la Resolución 009019 de 2016, en los siguientes
términos:

“Una vez más dentro del presente procedimiento administrativo sancionatorio, se
expone como argumento que no es clara la razón por la cual la Entidad realizó la
actualización del porcentaje de atraso (…) Para el efecto se reitera que el informe
de la Interventoría, que tiene consecutivo CLS-1654-2014-199 del 28 de agosto
de 2015 y radicado IDU No. 20155261164692 del 31 de agosto de 2015, señalaba
para ese entonces un atraso del 70.39%, como se citó en la página 42 del oficio
primigenio de citación a audiencia (…)

No obstante, los porcentajes de avance programado y ejecutado de la obra son
dinámicos en el tiempo, y se registran semanalmente a través de los informes
semanales de Interventoría, conforme con lo dispuesto en el Manual de
Interventoría y/o Supervisión de Contratos de infraestructura Vial y Espacio
Público de la Entidad, por lo que para el oficio de citación a audiencia señala en
la página 55, el capítulo correspondiente a la TASACIÓN DE LA CLÁUSULA
PENAL, que:

“Para el cálculo de la tasación se tiene en cuenta que según el reporte semanal
No. 41 de Interventoría con fecha de corte el 27 de septiembre de 2015, el atraso
de la etapa de construcción es del 83,69%.”

En ese sentido, dado el carácter cambiante del porcentaje de ejecución real del
Contrato, se realizó la actualización del valor de la sanción conforme con el atraso
reportado por la Interventoría para la fecha de elaboración del oficio de citación a
audiencia. Además se expone conforme con lo arriba citado, que en el oficio de
citación a audiencia STESV 20153361500061 del 30 de septiembre de 2015
remitido al contratista, se explicó dicha actualización y se adjuntó el informe
semanal de Interventoría que sirvió de soporte”.

21. Visto lo anterior, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, para la
Sala está acreditado, que:

(i) El oficio citatorio al proceso sancionatorio fue diáfano y preciso al indicar que,
aunque el informe CLS-1654-2014-193, cuya información se reportaba con corte al
24 de agosto de 2015, determinaba un atraso del 70,39%, el reporte semanal No.
41 de la misma interventoría con corte al 27 de septiembre de 2015, momento en
que se hacía la citación e iniciaba el procedimiento sancionatorio, el atraso de la
etapa de construcción era del 83,69%, en vista de que los incumplimientos del
demandante continuaban acumulándose.

(ii) El reporte semanal de interventoría No. 41, bajo el cual se estableció la
información más actualizada del atraso al iniciar el procedimiento administrativo, y
conforme al cual se tasó e impuso la sanción, se adjuntó al oficio citatorio y fue
conocido por el contratista.

(iii) El consorcio demandante tuvo oportunidad de controvertir el porcentaje de
atraso que le fue imputado conforme a la actualización realizada, como en efecto lo
hizo reiteradamente, mientras que la entidad resolvió sus argumentos en cada una
de esas oportunidades, explicando que desde un inicio se explicitó que el reporte

31 “ACTA No. 4 AUDIENCIA -PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO- CONTRATO IDU No.

1654-2014; CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y EL CONSORCIO LA
SIRENA 2014”. Cd contentivo de los antecedentes administrativos, archivo “TOMO 2 PAS 1654-2014.”

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semanal de interventoría No. 41 denotaba un atraso del 83,69%, sin que hubiesen
allegado pruebas para controvertir tal circunstancia.

22. En consecuencia, los argumentos del demandante en relación con el
presunto desconocimiento del derecho al debido proceso carecen de fundamento
fáctico y jurídico alguno, en tanto y en cuanto:

(i) La entidad demandada sí cumplió el deber contentivo en el artículo 86 de la
ley 1474 de 2011, relativa a acompañar a la citación del informe de interventoría o
de supervisión en que se sustentaba la actuación.

(ii) No es cierto que la contratante hubiese iniciado el procedimiento
sancionatorio por un atraso distinto al que fue informado por la interventoría, pues
en el reporte No. 41 de la interventoría el demandante sumaba un atraso del
83,69%, porcentaje que fue informado en el oficio citatorio, reporte que fue puesto
en conocimiento del contratista, y bajo el cual fue tasada desde un primer momento
la sanción, así como finalmente impuesta.

(iii) En el procedimiento administrativo se garantizó al demandante el efectivo
ejercicio del derecho de defensa frente a los cargos presentados en el oficio
citatorio, donde la entidad informó, explicó y soportó que el atraso era del 83,69%,
por lo que el demandante tuvo siempre claridad acerca de cuál fue el retardo que
efectivamente se le estaba imputando.

23. Sin perjuicio de lo anterior, que denota la improcedencia del cargo de
violación al debido proceso objeto de pronunciamiento en esta instancia, se advierte
además que lo argumentado por el demandante en este punto carece de suficiencia
para efectos de afirmar la nulidad de los actos acusados, considerando que: (i) El
consorcio contratista no desconoce que la obra presentaba un atraso superior al
70% restando días para el vencimiento del plazo inicialmente pactado, por lo que
acepta que estaba incurso en la causal de incumplimiento que sustentó la sanción
impuesta, esto es, el atraso en la ejecución de la obra; y, (ii) si lo que pretendía
acreditar el demandante era que el porcentaje de atraso real era distinto a aquel por
el cual fue tasada e impuesta la sanción, y por ende, una falta de proporcionalidad
de la pena, así debía indicarlo y acreditarlo, explicitando cual era el verdadero atraso
para ese momento, lo cual no hizo, sin que hubiese aportado o solicitado el decreto
y práctica de prueba alguna para tal efecto.

Sobre la indebida interpretación del inciso final del artículo 86 de la Ley 1474
de 2011

24. El apelante funda su inconformidad en su interpretación de la citada norma,
según la cual, cuando esta dispone que “[l]a entidad podrá dar por terminado el
procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la
cesación de situación de incumplimiento”, siempre se debe proceder con la
finalización del procedimiento, interpretación que no comparte la Sala.

25. Dentro de las sanciones pecuniarias pactadas por las partes en ejercicio de
la libre autonomía de la voluntad, con el fin de garantizar el cumplimiento del negocio
jurídico celebrado, se encuentran principalmente la cláusula penal y la multa
contractual, figuras convencionales que poseen unas características propias que
permiten diferenciarlas en función de su naturaleza coercitiva o indemnizatoria de
cara al incumplimiento de lo pactado. En este sentido:

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Referencia: Controversias contractuales

(i) Las multas tienen una finalidad de constreñimiento o coacción para compeler
o apremiar al contratista a cumplir con las obligaciones a su cargo, cuando incurre
en mora en su ejecución conforme a los plazos convenidos; en esa medida, la multa
contractual no posee un carácter resarcitorio, compensatorio o indemnizatorio, sino
que tiene por finalidad exclusiva forzar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato, circunscribiéndose a un mecanismo coercitivo con el fin de que el
contratista se ponga al día en sus obligaciones y el acreedor obtenga la satisfacción
del objeto contractual acordado.

(ii) Por su parte, la cláusula penal pecuniaria, por regla general y salvo pacto
expreso de las partes32 conforme al mandato de los artículos 159933 y 160034 del
Código Civil, posee una naturaleza indemnizatoria o liquidatoria, al entenderse
como una tasación anticipada de los perjuicios causados con el incumplimiento del
contrato, de manera que el acreedor se exime de probar su existencia y cuantía; sin
perjuicio de lo anterior, el artículo 159435 de la misma codificación establece que las
partes pueden válidamente pactar la exigibilidad de la pena en caso del simple
retardo, caso en el cual, el acreedor podrá exigir tanto el cumplimiento de la
obligación como el pago la sanción pecuniaria estipulada.

26. De esta forma, mientras la cláusula penal pecuniaria, entendida como una
tasación anticipada de perjuicios, tiene por finalidad reparar el daño causado con el
incumplimiento del objeto acordado, incluso en aquellos casos del simple retardo en
la ejecución de las prestaciones acordadas, la multa busca siempre forzar el
cumplimiento del contrato como medida de presión o de apremio, y en
consecuencia, entre otras características principales:

(i) La multa solo es viable pactarla en contratos de tracto sucesivo, mientras que
la cláusula penal pecuniaria es viable acordarla en éstos y en negocios de ejecución
instantánea; y,

(ii) La multa únicamente es exigible mientras la situación de incumplimiento
persista, pues una vez superada, carecería de sustento ante su naturaleza de
apremio ya definida, a diferencia de la cláusula penal pecuniaria, que como se
explicó, resulta procedente frente al incumplimiento o simple retardo cuando las
partes así lo hayan pactado, y por ende, aun en caso del cumplimiento tardío de la
obligación respaldada por la pena, al tratarse de una tasación anticipada de
perjuicios por esa circunstancia prevista desde la celebración del negocio jurídico.

32 No obstante la clara redacción del artículo 1592 del Código Civil, el cual vislumbra una naturaleza de apremio

de la cláusula penal pecuniaria al indicar que tiene por finalidad “asegurar el cumplimiento de una obligación”,
lo cierto es que seguidamente, en su artículo 1600, dispone que “No podrá pedirse a la vez la pena y la
indemnización de perjuicios, a menos de haberse estipulado así expresamente”, determinando que la cláusula
penal, por regla general, no corresponde a una coacción para inducir el cumplimiento, sino que tiene una
naturaleza indemnizatoria o resarcitoria, razón y fundamento del artículo 1600; de acuerdo a lo expuesto por la
Corte Suprema de Justicia y la doctrina, el acreedor no puede pedir a la vez la indemnización compensatoria y
la pena estipulada para satisfacer una indemnización de la misma índole, porque si así fuera, evidentemente se
propiciaría un enriquecimiento indebido a su favor y en contra del deudor. Al respecto puede verse: SUESCÚN,
Jorge. Derecho Privado: Estudios sobre Derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo I. 2005. Pág. 43. /
PEIRANO FACIO, Jorge. La Cláusula Penal. 1964. pág. 27 / Corte Suprema de Justicia, sentencia de junio de
2002. Exp. 7320. M.P. Silvio Fernando Trejos.
33 Artículo 1599 del Código Civil: “Habrá lugar a exigir la pena en todos los casos en que se hubiere estipulado,

sin que pueda alegarse por el deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le
ha producido beneficio”.
34 Artículo 1600 del Código Civil: “No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos

de haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la indemnización o
la pena”
35 Artículo 1594 del Código Civil: “Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a

su arbitrio la obligación principal o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora,
puede el acreedor pedir a un tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las
dos cosas a su arbitrio; a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que
se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal”.

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Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

27. Visto lo anterior, el inciso final del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
establece que la entidad pública acreedora podrá dar por terminado el
procedimiento sancionatorio contractual en cualquier momento frente a la cesación
de la situación de incumplimiento, no como un mandato imperativo e ineludible, sino
en consideración a que la sanción a imponer puede -en cada caso- ser incompatible
o improcedente a la luz de tal circunstancia, por ejemplo, en aquellos eventos en
que la pena convencional tenga una naturaleza compulsiva o de apremio -como en
el caso de las multas atendiendo a su inherente naturaleza conminatoria- o cuando
las partes así lo hubiesen pactado expresamente en virtud de la libre voluntad
negocial, estando justificada la terminación del proceso; en este sentido, se
recuerda que de conformidad con el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, es un deber de
las entidades contratantes adelantar “las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere
lugar”.

28. En el contrato objeto de la controversia, aunque las partes en efecto pactaron
la imposición de multas sucesivas por cada día de retardo en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista (cláusula 18), también se
acordó bajo la misma disposición que cuando “pasaren más de treinta días (30)
calendario sin que el CONTRATISTA haya cumplido, el IDU podrá declarar la
caducidad del Contrato y/o hacer efectiva la cláusula penal”.

29. La entidad demandada decidió proceder con la imposición de la cláusula
penal pecuniaria pactada, en vista de que el retraso en la ejecución de la obra
informado por la interventoría era del 83,69% faltando solo 14 días para la
finalización del plazo36, y por cuanto todos los incumplimientos endilgados al
contratista superaron ese término 30 días37, asunto no controvertido por el consorcio
demandante, quien se limitó a afirmar que algunos de ellos fueron subsanados y
por ende el procedimiento sancionatorio debía darse por terminado.

30. Por su parte la cláusula penal acordada (cláusula 19), instaura expresamente
que sería exigible “[e]n caso de declaratoria de caducidad y/o incumplimiento parcial
o total del Contrato o el mero retardo en el cumplimiento de las obligaciones
contractuales”38, entendida “como una estimación anticipada de perjuicios”,
denotando que, en el caso concreto, la entidad pública no estaba compelida a dar
por terminado el proceso sancionatorio ante el cumplimiento tardío del contratista
con fundamento en el inciso final del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, incluyendo

36 En la Resolución 64446 de 2015 se precisó que “El Contrato de obra tiene prevista su terminación el 14 de

octubre de 2015 y presentaba para el 27 de septiembre de 2015 un atraso del 83,69% en su cronograma vigente.
Es decir, a 14 días calendario de terminarse el plazo acordado por las partes para la terminación del Contrato
(contados a partir del 30 de septiembre de 2015), el Consorcio La Sirena 2014 no solo presenta un atraso en
sus actividades de obra, sino que sigue en mora de cumplir con algunas obligaciones de las etapas que
terminaron el 14 de abril de 2015”.
37 En la misma resolución se explicó: “Precisamente por lo anterior, es que la entidad utiliza cono figura jurídica

sancionatoria en este caso la declaratoria de incumplimiento y en consecuencia la afectación de la cláusula
penal pecuniaria, como quiera que de conformidad con lo descrito contractualmente en la cláusula Décimo
Octava, en el evento de “no cumplir con las demás obligaciones contenidas en el Contrato o en los documentos
que hacen parte integral del mismo, o cumplirlas deficientemente o por fuera del tiempo estipulado” se aplicará
la multa, no obstante, en la misma cláusula se establece que: “Si pasaren más de treinta días (30) calendario
sin que el CONTRATISTA haya cumplido, el IDU podrá declarar la caducidad del contrato y/o hacer efectiva la
cláusula penal”, como: en efecto ocurrió en el presente caso, en el que todos los incumplimientos endilgados
superaron ese término”.
38 Caso en el cual “el CONTRATISTA pagará al IDU, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente hasta

el treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato. La tasación de la cláusula penal atenderá ciertos criterios
de razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se
considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el CONTRATISTA cause al IDU. El valor pagado
como cláusula penal no es óbice para demandar, ante el Juez del Contrato, la indemnización integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal”

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Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

el relativo a la entrega del informe SST 4 que pretendía acreditar el cumplimiento
de sus obligaciones en materia laboral, conclusión que deriva de lo pactado por las
partes bajo el contrato y la naturaleza misma de la sanción a ser impuesta, en este
caso, de carácter indemnizatorio ante el simple retardo o cumplimiento por fuera de
los plazos acordados.

31. Sumado a lo anterior, considerando que las demás obligaciones que se le
imputaron incumplidas al consorcio fueron confirmadas por el Tribunal a quo, lo que
no fue objetado por el contratista, lo cierto es que aun cuando el demandante
hubiese cumplido oportunamente con la entrega del informe SST 4, la declaratoria
de nulidad de los actos demandados resultaría improcedente, no solo por cuanto el
demandante no desvirtuó el atraso superior al 80%, principal fundamento de los
actos acusados así como de los valores conformaron la tasación de la sanción
($2.134.579.541, de un total de $2.160.736.238, es decir, el 98.8%39), sino también
al considerar que el demandante no indicó ni procuró acreditar a cuánto ascendía
la tasación de ese específico incumplimiento de los restantes $26.156.697
correspondientes a los cargos distintos al retraso en la ejecución, para que
eventualmente fuese descontado, lo cual tampoco solicitó.

32. Conforme a lo expuesto, ante la improcedencia de los cargos de apelación,
por cuanto: (i) no se acreditó el desconocimiento del debido proceso, estando
probado que la entidad cumplió con el deber de acompañar a la citación los informes
de interventoría en que se sustentaba la actuación, indicando con claridad al
contratista el incumplimiento que se le estaba imputando, y con base en el cual fue
tasada e impuesta la sanción; y, (ii) el Tribunal a quo no incurrió en una indebida
interpretación del inciso final del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, toda vez que
la naturaleza de la sanción a aplicar permitía su exigibilidad ante el solo retardo en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista; la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

Costas

33. Como en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad
con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a
la parte actora en la medida en que se confirmará la sentencia de primera instancia.
Bajo las reglas del código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación
o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda
vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un
criterio netamente objetivo, en este caso, frente a la parte que ha resultado vencida,
“siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley”.

34. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. En relación con las
agencias en derecho, se pone de presente que éstas se rigen por el Acuerdo No.
PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para la fecha en que se presentó
la demanda40, el cual dispone que, en las sentencias dictadas en procesos
declarativos en segunda instancia, como sucede en el caso concreto, se fijarán
entre 1 a 5 SMLMV.

39 Resolución 64446 de 2015, página 100. Cuaderno 2, folio 262 reverso.
40 Aplicable para el 25 de julio de 2017, por cuanto entró en vigor el 5 de agosto de 2016.

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Radicación: 250002336000-2017-01383-01 (62986)
Actor: Consorcio La Sirena 2014
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Referencia: Controversias contractuales

35. Con fundamento en lo anterior, en el presente caso corresponde condenar
en costas y perjuicios a la parte recurrente, no obstante, solo lo hará por concepto
de agencias en derecho, por encontrarse acreditado que el IDU tuvo que ejercer su
derecho de defensa a través de apoderado judicial.

36. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho en atención a las reglas vigentes en la materia, por lo que en los términos
del Acuerdo No. 10554 de 201641, se fijan por tal concepto a cargo de la parte
recurrente, la suma equivalente de tres (3) salarios mínimo legal mensual vigente
(SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, a favor del IDU, teniendo en
cuenta la naturaleza, calidad y duración de su gestión en segunda instancia. No se
incluirá suma alguna por concepto de gastos y expensas por no aparecer causadas.

II. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de octubre de 2018, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a los integrantes del
Consorcio La Sirena 2014, de forma solidaria, por las razones señaladas en esta
providencia, las que deberán ser liquidadas de manera concentrada en el Tribunal
que conoció del proceso en primera instancia, de conformidad con el artículo 366
del Código General del Proceso.

TERCERO: FIJAR las agencias en derecho de la segunda instancia en tres (3)
salarios mínimo legal mensual vigente (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE42
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
VF

41 “Artículo 2. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro

del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración
de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica
desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites. “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas
de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en general. (…) En segunda instancia. Entre 1 y 6
S.M.M.L.V.”
42 Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y

que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace http:
//relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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