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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01532-01

Fecha
12 de julio de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01532-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a La Nación - Rama Judicial como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el proceso ejecutivo del caso, por la mora en la entrega del título judicial No. 40010000209457 con el que se hizo el embargo de dineros de la sociedad CANACOL COLOMBIA S.A. SEGUNDO: CONDENAR a La Nación - Rama Judicial, a pagar a favor de la sociedad CANACOL COLOMBIA S.A., la suma correspondiente a ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos veintinueve pesos m/cte ($155´424.229) TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. CUARTO: CONDENAR a La Nación - Rama Judicial, a pagar a favor de la parte demandante por agencias en derecho en esta instancia, el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes. SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01532-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)

Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.

Demandado: NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – mora en el pago
de un depósito judicial / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA – se debe acreditar la desatención o el incumplimiento obligacional que
se presenta con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia /
INDEMNIZACIÓN – no procede el reconocimiento de los intereses pedidos.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por ambas partes,
contra la sentencia proferida por el 13 de mayo de 2020, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
se decidió:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a La
Nación - Rama Judicial como consecuencia del defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en el proceso ejecutivo del caso, por la mora
en la entrega del título judicial No. 40010000209457 con el que se hizo el
embargo de dineros de la sociedad CANACOL COLOMBIA S.A.

SEGUNDO: CONDENAR a La Nación - Rama Judicial, a pagar a favor de
la sociedad CANACOL COLOMBIA S.A., la suma correspondiente a ciento
catorce millones quinientos setenta y ocho mil sesenta y tres pesos
($114.578.063).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR a La Nación - Rama Judicial, a pagar a favor de la
parte demandante por agencias en derecho en esta instancia, el equivalente
a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

I. SÍNTESIS DEL CASO

La empresa Canacol Energy Colombia S.A. fue vinculada a un proceso ejecutivo
como litisconsorte facultativo por pasiva. Con ocasión de dicha vinculación fue
ordenada una medida cautelar de embargo de $1.650´000.000, que fue cumplida
por el Banco Helm.

La empresa interpuso recurso de apelación contra la decisión de vinculación, el cual
fue resuelto de manera favorable. Inconforme con lo decidido, uno de los ejecutados
interpuso recurso de apelación en contra de la orden de desvinculación y
levantamiento de las medidas cautelares; sin embargo, la decisión fue confirmada.

El 15 de octubre de 2015, Canacol Energy Colombia S.A. solicitó la entrega del
depósito judicial constituido con la suma embargada. Luego de que le fuera negada
la entrega del título, en varias oportunidades, le fue devuelto el depósito, el 18 de
julio de 2016.

Aduce la parte demandante que la mora en la devolución del dinero embargado le
causó los perjuicios que ahora reclama.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 15 de agosto de 2017, la señora Martha Isabel
Cabrera Losada, en representación de la empresa Canacol Energy Colombia S.A.,
mediante apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa en contra de
la Nación-Rama Judicial, en la que solicitó que se la declarara responsable de los
perjuicios que le fueron causados por las acciones y omisiones en que incurrieron
los juzgados 16 y 20 Civil del Circuito de Bogotá, al haber “extraviado
temporalmente” el título judicial que había constituido por la suma de
$1.650´000.000.

En la demanda se relataron los siguientes hechos:

La sociedad Materiales y Construcciones Asociados –S.A.S. (en adelante MC
Asociados S.A.S.) y Fundación Valores Ambientales de Colombia presentaron
demanda ejecutiva en contra de la Unión Temporal El Triunfo, R3 Exploración y
Reproducción S.A., Sismografía y Petróleos de Colombia S.A. y el señor Néstor
Morales Pulecio.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

El conocimiento de esa demanda le correspondió por reparto al Juzgado 20 Civil
del Circuito de Bogotá, quien mediante auto de 20 de febrero de 2013, libró
mandamiento de pago por la suma de $462´409.960, “por concepto de cuota
pactada en título ejecutivo vencido el 31 de octubre de 2012”; más $300´000.000,
complementarios a la obligación contenida en el título base de la ejecución, y
$14´167.500, a título de cláusula penal. Esa providencia fue notificada el 25 de
febrero de 2013.

El 5 de junio de 2013, el mismo juzgado, en aplicación del artículo 50 del CPC y de
oficio, integró a la parte pasiva a las empresas Sagres Energy Colombia Inc. y
Canacol Energy Colombia S.A., como litisconsortes facultativas, y les otorgó un
término de 5 días para el pago de las obligaciones. Esta providencia y la anterior
les fueron notificadas el 11 de octubre de 2013.

Contra esas decisiones, la entidad aquí demandante interpuso recurso de
reposición, que fue resuelto el 12 de febrero de 2014, providencia en la que se
accedió a dejar sin efecto su vinculación y se ordenó el levantamiento de las
medidas cautelares impuestas. Decisión contra la cual la ejecutante interpuso
recurso de apelación, que fue concedido en el efecto diferido.

El 4 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de Bogotá admitió el recurso de
apelación en el efecto devolutivo. Luego el 11 de marzo siguiente confirmó el auto
impugnado.

Se afirma en la demanda que, “a partir del 13 de marzo de 2015 cobró firmeza la
decisión judicial de desvincular a la demandante del proceso ejecutivo y en
consecuencia debería cumplirse la decisión de desembargar por arbitraria, la suma
de $1.650´000.000 de propiedad de la actora, que sin respaldo jurídico fueron
sometidos a embargo judicial por el Juzgado 20, por medio de la providencia del
23 de septiembre de 2013”.

Como no fue cumplida la decisión del tribunal, el 15 de octubre de 2015, la parte
demandante requirió al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá para que se le
devolviera el valor embargado; sin embargo, para esa fecha el proceso había sido
enviado al Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá, quien, mediante providencia del
11 de noviembre de 2015, declaró que no había certeza en qué juzgado se retuvo
el dinero que se estaba solicitando devolver, “pues el traslado del expediente
ocasionó que los juzgados perdieran control de los libros de títulos judiciales”.

El 30 de noviembre de 2015, la demandante requirió nuevamente al Juzgado 16
Civil del Circuito la devolución del dinero. El 18 de diciembre de 2015, ese despacho
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

profirió auto en el que dispuso que se estuviera a lo dispuesto en la providencia del
11 de noviembre de 2015, porque no se tenía certeza de a quién se le había
retenido el dinero.

El 11 de mayo de 2016, la asistente judicial del Juzgado 16 Civil del Circuito,
presentó un informe en el que puso de presente la confusión de oficios y
documentos que “traspapelados mantuvieron en forma indefinida la retención de
los $1.650.000.000” irregularmente embargados a la demandante.

La incapacidad operativa de los despachos judiciales obligó a que el secretario del
Juzgado 16 Civil del Circuito, el 19 de mayo de 2016, recurriera a la entidad
bancaria a averiguar el nombre de la persona natural o jurídica a la que le fue
retenida la suma ya enunciada.

Una vez fue aclarada la situación, el Juzgado 16 Civil del Circuito, mediante
providencia del 20 de junio de 2016, ordenó dar cumplimiento a la orden de
devolución del dinero.

Se afirma en al demanda que los perjuicios económicos sufridos por la empresa
Canacol Energy Colombia S.A. no se originaron en la conducta de la parte
ejecutante, que solicitó la medida de embargo, sino que “son imputables por
completo al desgreño administrativo de los despachos judiciales, que tomaron una
medida ejecutiva contra terceros que no eran parte en el proceso, no exigieron
póliza de garantía para la toma de las decisiones, equivocaron la administración de
los títulos valores de forma tan irregular que ellos mismos no pudieron cumplir sus
órdenes de desembargo”.

2. Trámite de primera instancia

La demanda fue inadmitida mediante auto del 23 de octubre de 2019, con el fin de
que la parte demandante explicara cuál era el título de imputación que aludía en el
libelo (fl. 30, c. 1).

A través de escrito radicado el 27 de octubre de 2017, la parte actora subsanó la
demanda (fls. 32-35 c. 1).

En providencia del 8 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó parcialmente la demanda, en lo relativo a los hechos y
pretensiones fundadas en el error jurisdiccional y admitió en lo que respecta al
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (fls. 39-42, c. 1).

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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

La Rama Judicial, en forma oportuna contestó la demanda, solicitó que se negaran
las pretensiones de la demanda porque no cumplía con los presupuestos del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque a pesar de haber
levantado las medidas cautelares y ordenado la devolución de los dineros, fue como
consecuencia de los trámites en el Banco Agrario, que administra los depósitos
judiciales, que no le fue devuelto el dinero de inmediato a la empresa demandante.

Formuló como excepciones las de caducidad, porque la providencia que ordenó la
devolución del dinero fue proferida el 1 de febrero de 2014 y la demanda se presentó
el 15 de agosto de 2017; inexistencia del daño antijurídico, porque no se logró
demostrar que las actuaciones de los despachos judiciales le hubiera causado
perjuicios; hecho de un tercero, porque la vinculación al proceso ejecutivo de la
ahora demandante se realizó con ocasión de la solicitud realizada por los
ejecutados, y a las entidades bancarias, porque no reportaron en debida forma al
juzgado y al Banco Agrario la retención de los dineros (fls. 55-61 c. 1).

En la audiencia inicial celebrada el 3 de abril de 2019, el tribunal declaró no probada
la excepción de caducidad; fijó el litigio en los siguientes términos: “si la demora en
la devolución de los dineros embargados en el proceso ejecutivo, se dio por causa
de la actuación de los juzgados que conocieron del proceso, o si obedeció a los
trámites propios del Banco Agrario, es decir, por culpa de un tercero”; tuvo como
pruebas los documentos allegados al proceso y decretó como prueba de oficio el
aporte de todas las actuaciones relevantes del proceso ejecutivo 2013-000-18-00
(fls. 77-79 c. 1).

En la audiencia de pruebas celebrada el 30 de octubre de 2019, le otorgó la
oportunidad a las partes para que se pronunciaran en relación con la prueba de
oficio, sin que se hiciera ningún pronunciamiento. Luego, corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara
concepto si lo consideraba pertinente (fls. 99-100 c. 1).

Las partes presentaron alegatos de conclusión y el Ministerio Público guardó
silencio (fls. 102-111 c. 1).

3. Sentencia de primera instancia

El 13 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Consideró configurado el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, por la demora injustificada del Juzgado 16 Civil del Circuito de devolver a la
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

sociedad demandante los dineros que se ordenó entregarle, desde el 12 de febrero
de 2014, providencia que fue confirmada el 11 de marzo de 2015.

Aclaró que la mora no era excusable por el cambio de despacho judicial, porque la
guarda efectiva de cada uno de los expedientes es deber propio de los funcionarios
judiciales, incluidos los títulos judiciales y, en general, los documentos que integran
el proceso.

Precisó que entre la primera solicitud presentada por la demandante y la entrega
del título transcurrieron 9 meses y 3 días, con lo cual se afectó la posibilidad de esta
que se pudiera disponer de dicho activo.

Negó el reconocimiento de intereses corrientes sobre la suma de dinero, porque no
encontró probado que la demandante hubiera sufrido un desbalance financiero con
la tardanza en la entrega del título ejecutivo, e indexó el valor desde la fecha en que
se debía hacer la entrega hasta la fecha de la sentencia.

En lo relativo al pago de los intereses de mora, negó su reconocimiento porque la
indexación y el cobro de estos intereses se excluyen entre sí, razón por la cual
dedujo la indexación de esa suma - $1.650.000.000- desde el momento en el que
la sociedad demandante solicitó la entrega del título -15 de octubre de 2015-, hasta
la fecha en la que se hizo la entrega del mismo -18 de julio de 2016-, lo cual,
aplicados los índices correspondientes a esas fechas, arrojó la suma de
$114.578.063 (fls. 112-122 c. 1).

4. Recurso de apelación y su concesión

Inconforme con la anterior decisión, las partes interpusieron sendos recursos de
apelación.

4.1. La parte demandante presentó apelación en relación con las pretensiones que
fueron negadas. Como sustento de su inconformidad adujo que resulta necesario
revisar “la forma como la primera instancia conceptualizó la actualización por IPC
propio del proceso inflacionario, utilizando tal dispositivo para negar a su vez una
figura indemnizatoria que nace del congelamiento de una suma de dinero por un
espacio conocido de tiempo”.

Agregó que no comparte la afirmación de que resultaba necesario “establecer el
colapso en el desbalance financiero de la empresa demandante por el efecto de la
retención indebida, y de otra, que indexación o atracción de una suma de dinero a

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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

valor presente es incompatible con la prima de riesgo por el mero transcurso del
tiempo en la que la cantidad que informa la actuación estuvo injustamente retenida”.

La decisión del a quo representa para la parte demandante un tratamiento de
discriminación, porque la sentencia le impone una carga atípica “en el flujo del
dinero, como lo es, la negativa al reconocimiento de interés moratorio, fenómeno
previsto por el legislador, al diferir la posibilidad de que ese acontecimiento se
prevea convencionalmente, o en su defecto se presuma” (fls. 135-138 c. 1).

4.2. La parte demandada solicitó la revocatoria de la providencia de primera
instancia porque, según su criterio, no se encuentra demostrada la mora en la
devolución del dinero retenido, producto de una medida cautelar impuesta; además,
insiste en que la mora se debió a la indebida administración de los títulos judiciales
efectuada por el Banco Agrario, que no entregó el depósito en la oportunidad debida,
aunque ya mediaba orden judicial desde el 12 de febrero de 2014, ni informó que
por traslado del proceso el título se encontraba en el juzgado 16 y no en el 20.

Que la decisión impugnada no estudió la responsabilidad de la ahora demandante
al no haber iniciado el incidente de regulación de perjuicios contra quien solicitó su
vinculación al proceso y al no haber informado el banco en el que tenía la cuenta
que fue afectada con la medida cautelar, ni el monto afectado

Agregó, que la etapas procesales fueron cumplidas por el Juzgado 20 Civil del
Circuito de Bogotá y por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, que “la hoy
demandante se muestra inconforme con la decisión del a quo a disponer su
vinculación como litisconsorte facultativo al proceso, pero desconoce que también
era un derecho del demandante de solicitar tal pedimento el que fue resuelto en
derecho, así como también se resolvió en derecho su recurso de reposición contra
el mismo en el auto del 12 de febrero de 2014 donde el juez revoca el proveído de
5 de junio de 2013” (fls. 129-133 c. 1).

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación,
mediante auto del 20 de agosto de 2021 (fl. 229, c. 2).

5. Trámite de segunda instancia

Mediante providencia del 16 de marzo de 2022, fueron admitidos los recursos
interpuestos por las partes (fl. 144 c. 1) y dado que no se solicitaron pruebas en
segunda instancia, el proceso ingresó al despacho para fallo.

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Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

En atención a lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda
instancia, de «las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por
los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación».

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, «de los de
reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales vigentes».

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición normativa1, razón por la cual se concluye
que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de mayo de 2020.

2. Ejercicio oportuno de la acción

La caducidad es la sanción que establece la ley por el ejercicio tardío del derecho
de acción, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el
ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado
de oficio, inclusive.

Para eventos como el que aquí se analiza, la norma de caducidad aplicable es la
contenida en el numeral 2, literal i, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, según
el cual, «cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
prueba la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia».

1
La pretensión mayor corresponde a lo solicitado por concepto de daño emergente el cual ascendió
a la suma de $1.882’992.049 y para la fecha de presentación de la demanda -15 de agosto de 2017-
500 SMLMV equivalían a $410´428.500.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

La parte demandante pretende que se le indemnicen los perjuicios que le fueron
ocasionados con la tardanza en la que incurrió la entidad demandada en la
devolución de un título judicial por la suma de $1´650.000.000.

Así las cosas, el término de caducidad se debe computar desde la fecha en la que
le fue devuelto el dinero embargado a la entidad demandada, lo que sucedió el 18
de julio de 2016 (fl. 397 c. 3).

En tal sentido el plazo para demandar se extendió hasta el 19 de julio de 2018. La
parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 26 de enero de
2017 (cuando faltaba 1 año, 5 meses y 23 días para que se cumpliera el término de
caducidad), la cual fue declarada fallida el 13 de marzo de 2017 (fls. 119 c. 5), como
la demanda fue instaurada el 15 de agosto siguiente, es claro que se presentó de
manera oportuna (fl. 6 c. 1).

3. Legitimación en la causa

Al presente asunto acudió como demandante la empresa Canacol Energy Colombia
S.A. con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios materiales que dice haber
sufrido por la tardanza en la entrega del depósito judicial 400100005209457, por la
suma de $1.650´000.000.

Para la Sala esta demandante se encuentra legitimada en la causa, dado que, está
probado en el plenario que con ocasión a la vinculación a un proceso ejecutivo le
fueron retenidos, como medida cautelar, dichos dineros y que una vez fue
desvinculada del trámite procesal, se ordenó su entrega.

La Nación-Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber
tramitado el proceso ejecutivo al cual fue vinculada la demandante y en el que se
ordenó la medida cautelar de retención de los dineros que luego se ordenaron
devolver.

4. objeto de los recursos de apelación

El recurso de apelación formulado por la parte demandante se encaminó a
cuestionar la negativa de los perjuicios solicitados en la demanda y negados en la
providencia impugnada.

Por su parte, la demandada insistió en que no se encuentra demostrada la mora en
la devolución del dinero retenido, dado que los Juzgados 20 y 16 Civil del Circuito
de Bogotá cumplieron con las etapas procesales que les correspondían.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Reitera que en la sentencia impugnada no se analizó la responsabilidad del Banco
Agrario, porque considera que la mora se debió a la indebida administración de los
títulos judiciales efectuada por esta entidad bancaria, al no haber entregado el
depósito en la oportunidad debida, aunque ya mediaba orden judicial desde el 12
de febrero de 2014, ni haber informado que por traslado del proceso el título se
encontraba en el Juzgado 16 y no en el 20 Civil del Circuito de Bogotá.

Tampoco se examinó la responsabilidad de la víctima, que fue quien causó la mora
reclamada, al no haber iniciado el incidente de regulación de perjuicios contra quien
solicitó su vinculación al proceso y no haber informado el banco en el que tenía la
cuenta que fue afectada con la medida cautelar, ni el monto afectado.

Igualmente advirtió que “la hoy demandante se muestra inconforme con la decisión
del a quo a disponer su vinculación como litisconsorte facultativo al proceso, pero
desconoce que también era un derecho del demandante de solicitar tal pedimento
el que fue resuelto en derecho, así como también se resolvió en derecho su recurso
de reposición contra el mismo en el auto del 12 de febrero de 2014 donde el juez
revoca el proveído de 5 de junio de 2013”.

En este punto resulta oportuno advertir que, si bien la demanda imputaba error
judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, mediante
providencia del 8 de febrero de 2018, el a quo rechazó parcialmente la demanda por
caducidad, en lo relativo a los hechos y pretensiones fundadas en el error judicial,
razón por la cual la sentencia de primera instancia no se ocupó del estudio de dicho
título de responsabilidad y no se hará, en esta instancia, pronunciamiento alguno en
relación con el punto.

En dichos términos se procederá a verificar si se produjo la mora en la entrega del
depósito judicial y si la misma es imputable a la demandada o, por el contrario, se
produjo por causa de la indebida administración del Banco Agrario o por culpa de la
víctima.

En caso de que haya lugar a confirmar la conclusión del a quo, se procederá a
revisar lo correspondiente a los perjuicios solicitados en la demanda y negados en
la sentencia impugnada.

5. El caso concreto

De las pruebas recaudadas se encuentran probados los siguientes hechos:

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Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Mediante providencia del 5 de junio de 2013 el Juzgado 20 Civil del Circuito de
Bogotá integró como litisconsorte facultativo por pasiva a Canacol Energy Colombia
S.A., en un proceso ejecutivo que se tramitaba en dicho despacho judicial. El 23 de
septiembre siguiente, decretó el embargo y retención de los dineros que por
cualquier concepto poseía Canacol Energy Colombia S.A., en Bancolombia, Banco
de Bogotá, Banco Helm Bank, Banco BBVA, Banco Davivienda, Banco Caja Social,
Banco Santander, Banco AV Villas, Banco de Occidente y Banco Agrario, y limitó la
medida a $1.650´000.000 (fl. 229 c. 3 y 88 c. 2).

En cumplimiento de dicha orden se libraron sendos oficios a cada una de las
entidades bancarias referenciadas (fls. 89-98 c. 2).

Mediante comunicación del 12 de noviembre de 2013, remitida por el banco Helm
al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, le informó que la ahora demandante tenía
vínculo con dicha entidad bancaria y que en cumplimiento del requerimiento
realizado habían retenido los recursos y procederían a consignarlos en la cuenta
judicial asignada a dicho despacho judicial (fl. 124 c. 2).

Inconforme con lo decidido, Canacol Energy Colombia S.A. interpuso recurso de
reposición en contra de la decisión que la integró al proceso como litisconsorte
facultativo, recurso que fue decidido en forma satisfactoria el 12 de febrero de 2014,
decisión en la que también se ordenó levantar las medidas cautelares decretadas
en su contra (fls. 323-329 c. 3).

El ejecutado, señor Calos José Morales Pulecio, dentro del término legal, interpuso
recurso de apelación contra la anterior providencia (fls.330-331 c. 3), el cual fue
concedido, en el efecto diferido, el 25 de febrero de 2014 (fl. 332 c. 3).

Canacol Energy Colombia S.A. interpuso recurso de reposición, con el fin de que el
recurso fuera concedido en el efecto devolutivo y no en el diferido; sin embargo, el
3 de junio de 2014, le fue negado el recurso interpuesto (fls. 333-335, 338-339 c. 3).

El Tribunal Superior de Bogotá, el 4 de febrero de 2015 admitió el recurso de
apelación en el efecto devolutivo (fl. 4 c. 4) y el 11 de marzo siguiente se confirmó
el auto impugnado (fls 11-14 c. 4).

Dado que el tribunal admitió el recurso en el efecto devolutivo, la sociedad Canacol
Energy Colombia S.A., mediante petición incoada el 20 de febrero de 2015 solicitó
al Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá: i) levantar las medidas cautelares
impuestas, ii) reintegrarle la suma de $1.650.000.000 representados en el título
judicial 400100004316984 (fl.s 341-342 c. 3)
11

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

En cumplimiento del acuerdo PSAA15-10300 del 25 de febrero de 2015, el proceso
fue remitido al Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá para que continuara con el
trámite del mismo (fl. 344 c. 3). El 21 de mayo de 2015, el juzgado enunciado i)
avocó conocimiento del trámite procesal, ii) ordenó oficiar al Juzgado 20 Civil del
Circuito para que pusiera a disposición de ese despacho, previa conversión, los
dineros consignado a favor de dicho proceso, iii) certificara a cuáles demandados
se les habían retenido dineros, “previa confrontación de las sábanas de constitución
de depósitos judicial del Banco Agrario” (fl. 345 c. 3).

En cumplimiento del anterior requerimiento, el 5 de junio de 2015, se libró el oficio
1825 para el Juzgado 20 Civil del Circuito, que fue radicado en dicho despacho
judicial el 15 de junio siguiente (Fl. 346 c. 3).

El 7 de octubre de 2015, se ordenó requerir al Juzgado 20 Civil del Circuito para
que informara el trámite dado al oficio 1825 antes enunciado (fl. 353 c. 3).

El 15 de octubre de 2015, el apoderado de Canacol Energy Colombia S.A., presentó
escrito con el que presentó la conversión del depósito judicial del Juzgado 20 al 16
Civil del Circuito y solicitó que se le hiciera entrega del mismo, en cumplimiento de
las decisiones del 12 de febrero de 2014 y 11 de marzo de 2015 (fls. 354-355 c. 3).

La anterior petición le fue negada el 11 de noviembre de 2015, dado que el juzgado
no tenía certeza a cuál de las empresas demandadas se le había retenido la suma
enunciada, por lo que reiteró que se oficiara al Juzgado 20 Civil del Circuito de
Bogotá para que se rindiera información en tal sentido (fl. 357 c. 3).

La secretaría dio cumplimiento al requerimiento con oficio 3286, radicado el 19 de
noviembre siguiente, en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá (fl. 358 c. 3).

El 30 de noviembre de 2015, el apoderado judicial de Canacol Energy Colombia
S.A., reiteró la solicitud de devolución del título judicial (fls. 373-378 c. 3).

El 18 de diciembre de 2015, el juzgado le negó la solicitud y le ordenó estarse a lo
dispuesto en providencia del 11 de noviembre anterior, dado que no se tenía certeza
de a cuál de las demandadas se le habían retenido los dineros contenidos en el
título judicial solicitado y ordenó requerir nuevamente al Juzgado 20 Civil del Circuito
para que remitiera la información solicitada; además, ordenó oficiar al Banco Agrario
para que certificara el nombre de la persona o entidad a quien le habían retenido el
dinero (fl. 379 c. 3).

12

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

El 11 de mayo de 2016, la asistente judicial del Juzgado 16 Civil del Circuito, rindió
el siguiente informe:

En la fecha me permito informar al señor juez que en varias ocasiones el
Secretario de este despacho judicial se comunicó vía telefónica con el homólogo
del Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, requiriéndole para que de manera
inmediata certificara respecto de lo solicitado en oficios 1825 del 5 de junio de
2015 y reiterado mediante oficio 3286 del 13 de noviembre del mismo año, de
la misma manera el día 27 de abril del año en curso me dirigí a las instalaciones
del Juzgado 20 Civil del Circuito y hablé directamente con el secretario de ese
despacho para que me comunicara qué había pasado con la respuesta que
debería emitir, quien me informa que los oficios se encontraban traspapelados,
y que el empleado que estaba encargado de eso ya no trabajaba allí, que si le
colaboraba enviándole copia de los oficios y que con mucho gusto nos daría
respuesta. Ese mismo día se le enviaron los oficios mediante correo electrónico
suministrado por el funcionario ccto20fbt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

En varias ocasiones nos comunicamos con el secretario de ese despacho sin
que a la fecha se pronuncie al respecto de los oficios radicados y enviados por
correo, en la fecha me comuniqué nuevamente con él y me informó que no
encontraba las sábanas del Banco Agrario de Colombia, que eso estaba
archivado entonces que oficiaría a dicho Banco para que le enviara el reporte
correspondiente (fl. 385 c. 3).

El 17 de mayo de 2016, el Juzgado 20 Civil del Circuito le informó al Juzgado 16,
mediante oficio 0941, que con el fin de dar respuesta a los oficios tantas veces
enunciados había oficiado al Banco Agrario de Colombia (fl. 385 c. 3).

El 19 de mayo de 2016, el Juzgado 16 Civil del Circuito ordenó oficiar al Banco Helm
para que certificara el nombre de la persona natural o jurídica a la que se le habían
retenido los $1.650.000.000 (fl. 386 c. 3).

En cumplimiento de la orden anterior, ese mismo día se libró el oficio 1081, y el 27
de mayo siguiente, el Banco Helm certificó que la retención de los dineros se le
había hecho a Canacol Energy Colombia S.A.2 (fl. 390 c. 3).

El 20 de junio de 2016, el Juzgado 16 Civil del Circuito ordenó la entrega de
$1´650´000.000 a Canacol Energy Colombia S.A. (fl. 392 c. 3).

El 18 de julio siguiente, se libró la comunicación de orden de pago del depósito
judicial al Banco Agrario (fl. 397 c. 3).

Conviene precisar que el título de imputación de defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia exige acreditar la desatención o el incumplimiento
obligacional que se presenta con ocasión del ejercicio de la función de impartir
justicia.

2
Específicamente certificó que: “Nos permitimos informar que el día 7 de noviembre de 2013 se
realizó retención de fondos por valor de $1.650´000.000 en la cuenta de ahorros n.° xx de nuestro
cliente Canacol Energy Colombia S.A.”
13

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Esta Corporación ha considerado que para establecer si el retardo de una actuación
judicial genera responsabilidad patrimonial del Estado, se deben observar diversos
factores, tales como, la complejidad del asunto, la conducta de las partes, el
volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento de cada despacho judicial,
así como las especificidades de cada trámite judicial, incluido el análisis de factores
exógenos al proceso y, en general, eventos de toda índole con impacto directo en
el trámite de los procesos y su duración, punto que debe analizarse desde la propia
realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, y no desde
un Estado ideal3.

Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las
autoridades judiciales puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a
los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de
las partes e intervinientes, dado que no todo procedimiento que se prolongue en el
tiempo más allá de las previsiones legales, puede calificarse automáticamente
como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso
del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas
circunstancias ajenas al operador judicial, de ahí que deban analizarse las
condiciones particulares del servicio de administración de justicia, en concreto, de
la entidad a cargo del respectivo proceso, de su trámite, del tipo de proceso que se
invoca como fundamento del petitum y de la conducta de las partes, con el fin de
constatar si la tardanza constituye o no un defectuoso funcionamiento del servicio4.

Claro lo anterior, la Subsección analizará la responsabilidad de la entidad
demandada a partir de las conclusiones probatorias sobre las actuaciones
desarrolladas en el proceso ejecutivo, las normas que regulan el tema y las
circunstancias justificantes que pudieron acaecer en el curso procesal.

Es claro que la ahora demandante solicitó la entrega del depósito judicial por
$1.650´000.000, una vez el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el auto proferido
por el Juzgado 20 Civil del Circuito que ordenó su desvinculación y el levantamiento
de las medidas cautelares impuestas, esto es, la devolución del dinero que le había
sido embargado de la cuenta que tenía en el Banco Helm.

Si bien, por medidas de descongestión, el proceso ejecutivo fue transferido del
Juzgado 20 Civil del Circuito al Juzgado 16 Civil del Circuito, dicho movimiento no

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del 11
de mayo de 2011, expediente 22.322, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, criterio reiterado por la
Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia del 26 de agosto de 2011, expediente número 27.524, M.P. Hernán Andrade
Rincón.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 48.271, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
14

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

produjo ningún tipo de demora en el trámite que se le debía imprimir a la entrega
del depósito judicial, dado que el mismo debía ser remitido junto con los dineros
que habían sido consignados a su favor.

A pesar de que era deber del Juzgado 20 Civil del Circuito realizar la
correspondiente conversión5 del título para que fuera asociado al proceso ejecutivo
y dejarlo a disposición del Juzgado 16 Civil del Circuito, por ser este el despacho
judicial que asumió su trámite, no lo hizo; por tanto, una vez el proceso ingresó al
despacho del último de los juzgados enunciados y se procedió a darle trámite a la
solicitud de entrega del dinero, debió proferir un auto en el que ordenó la conversión
del título.

Se encuentra probado que el Juzgado 16 Civil del Circuito requirió en varias
oportunidades al Juzgado 20 para que remitiera la información necesaria, con el fin
de verificar si el dinero contenido en el depósito judicial solicitado por Canacol
Energy Colombia S.A., le había sido embargado a esta empresa; sin embargo,
dicho despacho judicial, nunca envió los datos requeridos. En un primer momento,
guardó silencio y luego de que se insistió en varias oportunidades, e inclusive,
empleados del primer despacho se acercaron a las oficinas del segundo, con el fin
de solicitar pronta respuesta, se les manifestó que se habían traspapelado las
solicitudes y, a pesar de que estas les fueron remitidas nuevamente, no dio
respuesta, al parecer, por no haber encontrado la sábana del depósito remitida por
el Banco Agrario, en la cual se encontraba la información solicitada, tanto así que
le fue necesario oficiar a dicho banco para poder dar la respuesta tantas veces
solicitada.

Es decir, se encuentra plenamente demostrado el desorden administrativo en el
Juzgado 20 Civil del Circuito, al no remitir junto con el proceso los depósitos
judiciales asociados al mismo, el hecho de no encontrar la sábana del depósito
judicial 400100005209457 por $1.650´000.000, de guardar silencio a pesar de los
múltiples requerimientos, retardaron la entrega oportuna del depósito enunciado.

5
“Acuerdo 1676 de 2002. Numeral NOVENO. - CONVERSIÓN. Cuando una suma depositada deba
transferirse a un proceso diferente que cursa en otro despacho judicial o en el mismo que ordenó su
constitución, el depósito se modificará en los términos que ordene el funcionario judicial a cuya orden
se constituyó inicialmente.
La orden de conversión se expedirá según el Formato DJ07, que hace parte del presente
Reglamento.
También se aplicará la conversión en el caso de procesos que deban trasladarse de un despacho
a otro por aplicación de normas legales, medidas de reordenamiento o de descongestión que
afecten la capacidad de disposición de los depósitos judiciales.
El depósito inicial se cancelará en virtud de la conversión.
Cuando hubiere título o títulos éstos se anexarán al oficio respectivo, sin diligenciamiento alguno.
PARÁGRAFO. Cuando la transferencia que implica la conversión genere división del depósito
judicial, previamente se realizará el fraccionamiento en los términos que ordene el funcionario
judicial, mediante el diligenciamiento del Formato DJ08, que hace parte del presente Reglamento”.
15

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Si bien el Juzgado 16 Civil del Circuito consideraba necesario que su homólogo le
informara si el dinero contenido en el depósito judicial solicitado le había sido
embargado a la ahora demandante, dicha información no era necesaria, dado que
esta se encontraba en el encuadernamiento del proceso ejecutivo. En efecto, a folio
124 del c. 2, obra la comunicación remitida el 12 de noviembre de 2013 por el Banco
Helm al Juzgado 20 Civil del Circuito, en la que le informaba que como Canacol
Energy Colombia S.A. tenía vínculo en dicha entidad, había procedido a retener los
recursos, los cuales consignaría a la cuenta judicial asignada a dicho despacho
judicial.

En consecuencia, una vez confirmada la decisión de levantar las medidas
cautelares y solicitada la entrega del depósito judicial, el juzgado que tenía a su
cargo el trámite del proceso debió solicitar la conversión del título y entregarlo a su
beneficiario, dado que bien pudo, desde un inicio, verificar el origen de los dineros,
con la información previamente remitida por el Banco Helm u oficiar al Banco
Agrario.

Con lo hasta aquí expuesto se encuentra plenamente probado que si existió mora
en la entrega del depósito judicial 400100005209457 por $1.650´000.000 a la ahora
demandante, dado que la solicitud data del 16 de octubre de 2015 y la entrega se
produjo el 18 de julio de 2016.

No puede imputarse responsabilidad a la ahora demandante, por no haber iniciado
el incidente de perjuicios en el proceso ejecutivo, dado que lo que se está
reclamando en este proceso es la mora en la entrega del depósito judicial, y no el
perjuicio ocasionado con la solicitud de vinculación e imposición de medidas
cautelares, que sería el tema del incidente de perjuicios.

Ahora, la parte demandante fue diligente, pues en las varias oportunidades solicitó
la entrega del depósito judicial, allegó copia de la conversión del título y la consulta
del depósito judicial en la página del Banco Agrario, con el fin de demostrar que era
el beneficiario del dinero.

Tampoco se le puede imputar responsabilidad al Banco Agrario por la indebida
administración de los depósitos judiciales, consistente, según la parte demandada,
en no haber entregado el depósito en la oportunidad debida, aunque ya mediaba
orden judicial desde el 12 de febrero de 2014, ni haber informado que por traslado
del proceso el título se encontraba en el juzgado 16 y no en el 20, por las razones
que se pasan a exponer:

16

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Al Banco Agrario le corresponde ejercer las funciones de recibo, depósito y
administración de los dineros que sean consignados a las cuentas de los
despachos judiciales6; sin embargo, no puede proceder a pagar un depósito sin que
medie orden judicial contenida en un auto, en el que se discrimine el número del
depósito judicial y el valor del mismo; además, dicha orden debe ser informada por
el despacho mediante un oficio suscrito con la firma completa, antefirma y huella
del juez y del secretario, al que se deberá acompañar el formato DJ04, documentos
que deben ser entregados al interesado o a su apoderado, previa constancia de
recibido para que obren en el expediente7.

Además de mediar la orden judicial, el oficio y el formato DJ04, el banco debía
confirmar la orden de pago mediante el procedimiento de visación de las firmas
registradas de los empleados encargados de la administración de los depósitos
judiciales, en particular, porque el depósito era superior a 15 SMLMV8.

En el presente asunto, de conformidad con las pruebas que obran en el expediente,
se concluye que el 12 de febrero de 2014, el Juzgado 20 Civil del Circuito ordenó
la desvinculación del proceso ejecutivo de la ahora demandante y también decretó
el levantamiento de las medidas cautelares, decisión que fue impugnada y
confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá el 11 de marzo de 2015.

Si bien con la decisión del tribunal cobró firmeza la desvinculación de Canacol
Energy Colombia S.A. y el levantamiento de las medidas cautelares cuya
consecuencia era la entrega de los dineros retenidos, para ese momento no existía
orden de entrega del depósito judicial 400100005209457 por $1.650´000.000; por
el contrario, a pesar de mediar solicitudes de entrega presentadas por la
demandante el 15 de octubre y del 30 de noviembre de 2015, le fueron negadas
por el Juzgado 16 Civil del Circuito, porque desconocía a quién se debía hacer
entrega del depósito judicial.

6
Decreto 2419 de 1999.
7
Acuerdo 1676 de 2002. NUMERAL SEXTO. - ORDEN DE PAGO. Únicamente podrá disponerse
de los depósitos judiciales en virtud de providencia judicial, comunicada al Banco por medio de oficio.
El oficio será suscrito con la firma completa, antefirma, huella del magistrado o juez y del secretario,
en los términos de los artículos 103 y 111 del C.P.C, y elaborado según el Formato DJ04, que hace
parte del presente Reglamento, el cual se entregará al interesado o a su apoderado, quienes firmarán
las copias en señal de recibo.
Cuando hubiere título o títulos, éstos se anexarán al oficio que ordene el pago, sin diligenciamiento
alguno.
8
Acuerdo 1676 de 2002. NUMERAL VEINTE.- CONFIRMACIÓN: PARA DESPACHOS
JUDICIALES SIN CONFIRMACIÓN ELECTRÓNICA. El Banco realizará la confirmación, mediante
el procedimiento de visación de las firmas registradas de los empleados de las dependencias
encargadas de la administración de los depósitos, debidamente identificados.
Para cuantías superiores a quince salarios mínimos legales mensuales vigentes (15) S.M.L.M.V., la
confirmación se efectuará personalmente con la presencia indelegable de los servidores judiciales,
quienes, sin excepción, firmarán la respectiva confirmación.
17

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

En dichos términos no es posible afirmar que la mora en la entrega del depósito
judicial tantas veces enunciado se le debe atribuir al Banco Agrario, dado que dicha
entidad bancaria solo puede hacer el pago del mismo una vez reciba la orden
judicial y el formato DJ04, lo cual, en ese caso sucedió el 18 de julio de 2016.

Tampoco era obligación del Banco Agrario informar que el depósito judicial
400100005209457 por $1.650´000.000, había sido trasladado del Juzgado 20 Civil
del Circuito de Bogotá al Juzgado 16 Civil del Circuito, dado que la entidad bancaria
no tiene ninguna incidencia en el trámite interno que los despachos judiciales les
imprimen a los depósitos judiciales, es decir, solo cumple las órdenes judiciales en
relación con la conversión, desfragmentación y otros trámites relacionados con los
mismos.

Así las cosas, se confirmará la responsabilidad de la entidad demandada y se
procederá a revisar lo correspondiente a los perjuicios solicitados en la demanda y
negados en la sentencia impugnada.

6. Indemnización

La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de los intereses bancarios
corrientes y moratorios, petición que fue despachada desfavorablemente por el a
quo, por considerar que no se demostró que la suma retenida le hubiera producido
el manifestado desbalance financiero a la empresa demandante y porque los
intereses de mora y la indexación son excluyentes.

Para resolver lo anterior, conviene mencionar que los intereses remuneratorios
(bancarios) corresponden a aquellos que se cobran tanto en negocios jurídicos de
carácter comercial como civil9 por el rendimiento de un capital durante un plazo que
se le ha otorgado al deudor para pagarlo. Estos deben ser pactados y se estará a
la voluntad de las partes, siempre que no superen el límite máximo legal establecido;
de no acordarse tasa por este concepto, se debe acudir a la legislación pertinente
para efectos de analizar su procedencia.

Para que surja la obligación de reconocer ese tipo de interés, se requiere la
existencia de un acuerdo o una disposición legal que lo consagre. Así lo ha

9
El doctrinante Jaime Alberto Arrubla Paucar señala (…) “los intereses remuneratorios son los
causados por el otorgamiento de un crédito durante el plazo que se ha otorgado al deudor para
pagarlo, los cuales representan no sólo el costo financiero causado para la entidad financiera
otorgante y la ganancia por el no uso de esos recursos, sino la pérdida del poder adquisitivo del
dinero durante el plazo, pero es claro que los mismos siempre se calculan, liquidan y causan sobre
el capital adeudado puesto que, como su nombre lo indica, buscan remunerar al acreedor que ha
puesto su dinero a disposición de un deudor. (Sobre el régimen legal de los intereses en
Colombia, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Javeriana, ISSN 0120-
3886, Medellín, Colombia, 1982, pág. 54).
18

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

sostenido la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia10, como de la
Corte Constitucional11:

(…) Ciertamente, sobre las presunciones legales en casos como el que se
analiza, en sentencia de esa Sala de Casación del 28 de noviembre de 1989,
esta Corte dijo: convencionalmente se pueden estipular los intereses
remuneratorios; (…) la obligación de pagar intereses remuneratorios como
fruto de prestaciones dinerarias no opera ipso iure, como acontece con los
intereses moratorios, sino que es incuestionablemente necesario que la
obligación de pagarlos dimane de un acuerdo entre las partes o de una
disposición legal que así lo determine.

(…) Ahora bien, desde el punto de vista específico del régimen de intereses
que fija uno y otro estatuto, es claro que, en lo concerniente a los intereses
convencionales, la expresión de voluntad debe respetar los topes máximos
que el legislador señala como protección de los abusos, en ambas
legislaciones. Así, en relación con i) los intereses remuneratorios
convencionales, el código civil permite acordar libremente entre las partes la
cuantía del interés, circunscribiéndose a señalar como límite de tal
autodeterminación, que no se pueda superar en una mitad el interés corriente
(el que se cobra en una plaza determinada), vigente al momento del convenio,
so pena de perder el exceso, mediante solicitud al juez de reducirlo. (art.
2230). En el Código de Comercio se permite a las partes establecer intereses
remuneratorios convencionales a su arbitrio, siempre y cuando no excedan
del interés bancario corriente certificado por la Superbancaria, so pena de
perder la totalidad de los intereses cuando se presente el exceso (art. 884)
(…).

De otro modo, los intereses legales12, son aquellos cuya tasa determina el
legislador. No operan cuando los particulares han fijado convencionalmente
los intereses sino únicamente, en ausencia de tal expresión de voluntad a fin
de suplirla. En la legislación civil se concibe que el mutuo puede ser gratuito u
oneroso, a instancia de las partes, pero en ausencia de manifestación alguna
en cuanto a los iii) intereses remuneratorios, se presume que el mutuo es
gratuito. En el evento en que las partes hayan estipulado la causación de
intereses de plazo, pero hayan omitido su cuantía, el interés legal fijado, es el
6% anual. En el Código de comercio, por el carácter oneroso de la actividad
mercantil se presume el interés lucrativo, por ende, se excluye el carácter
gratuito del mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés
legal equivale al bancario corriente, salvo estipulación en contrario (…).

En el caso examinado no concurren los supuestos descritos, puesto que se fija una
indemnización de perjuicios derivada de una falla del servicio por la tardanza en la
entrega de un depósito judicial y no se acreditó la existencia de un vínculo
contractual o una disposición legal que fundamentara la procedencia de este tipo de
intereses durante el período en que se produjo la mora, así como tampoco se
demostró que la cuenta bancaria en la que se encontraban depositados los recursos
embargados a la ahora demandante produjera estos o, en su defecto, que se
hubiera pactado una tasa específica de rendimiento financiero, lo que implica su
negativa.

10
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 1989, M.P.
Rafael Romero Sierra, reiterada el 23 de septiembre de 2019, expediente STC12891-2019, M.P. Luis
Alonso Rico Puerta.
11
Corte Constitucional, sentencia C-364 de 2000, expediente D-2470, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, tesis retirada en sentencia C-604 de 2012, expediente D-8896, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
12
Ante la ausencia de pacto expreso.
19

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Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Los intereses moratorios representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso
en la ejecución de la obligación13. El artículo 1617 del Código Civil prevé este tipo
de interés como una indemnización derivada del retardo, la cual podrá ser
convencional si es tasada por las partes o legal, caso en el cual será equivalente al
6% anual14, mientras que el artículo 884 del Código de Comercio determina que, a
falta de estipulación contractual, serán equivalentes a una y media veces el interés
bancario corriente15, reglas que han sido reconocidas por la Corte Constitucional16:

(…) Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone
que, en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se
siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés
superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés
legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación
de intereses corrientes (art. 1617). En el caso comercial, la inexistencia de
previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media
veces el interés bancario corriente.

En el sub lite, se descarta la aplicación de la norma comercial, ya que la sociedad
demandante considera que no resulta necesario justificar el perjuicio, dado que
basta el retardo en el pago de la suma adeudada.

En el presente asunto no es posible predicar intereses moratorios, en tanto la
presente providencia es la que reconoce el pago indemnizatorio, sin preexistencia
de una obligación insoluta17.

13
Sobre el particular, la doctrina ha indicado: “Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter
esencial, se acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, puesto que
representan el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento
de la obligación”( Planiol, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
Hinestrosa Forero, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2002, pág. 165).
14
A cuyo tenor: “Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar una
cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual.
2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el
hecho del retardo.
3a.) Los intereses atrasados no producen interés”.
4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
15
A cuyo tenor: “cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que
se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado
el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con
certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.
16
Corte Constitucional, sentencia C-364 de 2000, expediente D-2470, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
17
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que “no se está frente a una
obligación dineraria incumplida, sino que la obligación de pagar la suma de dinero a cargo de la
entidad demandada, surge con ocasión de la presente providencia y en virtud de la condena que
aquí se proferirá en su contra, razón por la cual no puede hablarse de mora en el pago de dicha
obligación”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, expediente
27.593, M.P. Danilo Rojas Betancourth; y, sentencia del 28 de febrero de 2022, expediente 57.011,
M.P. Nicolás Yepes Corrales).
20

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

En todo caso, se debe señalar que, si bien el cumplimiento de la condena está
sometida al plazo dispuesto el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 195.4
ibidem señala que “las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan
o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses
moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez
vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo
192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo
que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo
del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán
un interés moratorio a la tasa comercial”. Por consiguiente, los intereses de mora a
que hubiere lugar se generarán de acuerdo con lo antes descrito, premisa que
encuentra respaldo en lo sostenido por la Corte Constitucional18:

(…) En primer lugar, el procedimiento para el pago de las obligaciones de la
administración pública es completamente distinto al llevado a cabo por los
particulares, pues éstos no deben cumplir con las normas del presupuesto ni
con los procedimientos internos de las entidades públicas, por lo cual resulta
razonable establecer un plazo distinto para el cumplimiento de las obligaciones
del Estado.

El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 contempla un procedimiento que deben
llevar a cabo las entidades públicas para el cumplimiento de sus obligaciones
en un plazo de 10 meses, el cual no se encontraba regulado en el Código
Contencioso Administrativo, situación que ha variado las reglas aplicables antes
de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En segundo lugar, la norma sí consagra un interés moratorio en contra de la
administración pública, pues la DTF no solamente tiene un componente
inflacionario, sino también un valor adicional que se reconoce en este caso
como el elemento indemnizatorio.

En tercer lugar, esta Corporación ha reconocido la posibilidad de que existan
diferencias entre las tasas de interés en el ordenamiento jurídico colombiano,
tal como sucede con los intereses civiles y los comerciales. En este sentido,
históricamente las tasas de interés contempladas en el Código de Comercio han
sido muy superiores a la tasa de interés del 6 por ciento anual establecida en el
Código Civil, llegando incluso a ser más de cuatro veces mayor en el año 2001.

Por lo anterior se considera que la norma reconoce el pago de intereses
moratorios por parte del Estado a una tasa especial justificada en virtud del
procedimiento para el plazo del pago que deben cumplir las entidades públicas
según la ley 1437 de 2011 para no desconocer los principios presupuestales y
los trámites administrativos al interior de las entidades públicas.

En definitiva, resulta improcedente reconocer los intereses en los términos
solicitados por la parte actora.

18
Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012, expediente D-8896, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
21

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

7. Actualización de condena

El valor reconocido en primera instancia -114’578.063-, que corresponde a la
indexación de la suma desde la fecha en la que se pidió la entrega del título, hasta
aquella en la que fue materializada esa orden, será actualizado desde la fecha de
la sentencia de primera instancia, hasta la fecha de esta providencia.

VP = VH * I. F. (I.P.C. mayo 2024)
I. I. (I.P.C. mayo 2020)

VP = 114’578.063 142,92
105,36

VP = $155´424.229

8. Condena en costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento
civil. Como la condena en costas obedece a un factor objetivo, no se tiene en cuenta
la conducta de las partes, sino a los supuestos decantados por la norma.

Así, el artículo 365 del CGP señala que hay lugar a condenar en costas a la parte
vencida en un proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación. Por su parte el artículo 361 ibídem establece que las costas “están
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del
proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 de esa misma
norma.

En el presente asunto las partes interpusieron sendos recursos de apelación y
ninguno prosperó, dado que la sentencia se confirmó tal como fue dictada en
primera instancia, así las cosas, se debe concluir que no hay lugar a condenar en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

22

Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01532-01 (67946)
Actor: CANACOL ENERGY COLOMBIA S.A.
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, la cual
quedará así:

PRIMERO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsable a La
Nación - Rama Judicial como consecuencia del defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en el proceso ejecutivo del caso, por la mora
en la entrega del título judicial No. 40010000209457 con el que se hizo el
embargo de dineros de la sociedad CANACOL COLOMBIA S.A.

SEGUNDO: CONDENAR a La Nación - Rama Judicial, a pagar a favor de
la sociedad CANACOL COLOMBIA S.A., la suma correspondiente a ciento
cincuenta y cinco millones cuatrocientos veinticuatro mil doscientos
veintinueve pesos m/cte ($155´424.229)

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: CONDENAR a La Nación - Rama Judicial, a pagar a favor de la
parte demandante por agencias en derecho en esta instancia, el equivalente
a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto

Ausente con excusa
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

23

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