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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01639-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01639-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda y condenó por concepto de agencias en derecho a la demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. 140 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 67 Radicado: 25000233600020170163902 (68809) Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro TERCERO: Sin agencias en derecho. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01639-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: GERLY ARÉVALO HERNÁNDEZ Y LUDY ARÉVALO
HERNÁNDEZ
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Tema: Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Inadmisión y
rechazo de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Acción de tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio
de control. No se incurrió en un error jurisdiccional. Apelación de
costas.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 12 de julio de 2011, Gerly y Ludy Arévalo Hernández interpusieron demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad de veintitrés actos
administrativos, expedidos por dieciséis entidades distintas. Mediante auto del 17
de mayo de 2012, confirmado mediante providencia del 8 de noviembre siguiente,
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la
demanda y ordenó a la parte actora subsanar el libelo en un término de 5 días. Así,
los accionantes allegaron la subsanación de la demanda el 7 de diciembre de 2012.

En consecuencia, mediante auto del 19 de diciembre de 2013, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, decisión que fue confirmada
por la Sección Primera del Consejo de Estado en providencia del 14 de agosto de
2014. Asimismo, los demandantes solicitaron la aclaración, adición y corrección de

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

dicho proveído, petición que fue negada mediante auto del 26 de marzo de 2015
por la alta Corporación.

Contra las anteriores decisiones, los señores Arévalo Hernández presentaron
acción de tutela, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al acceso
a la administración de justicia, igualdad y debido proceso. No obstante, mediante
sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2015, la Sección Segunda del Consejo
de Estado negó la solicitud de amparo, decisión que fue confirmada en alzada por
la Sección Cuarta de la misma Corporación, mediante proveído de tutela del 10 de
diciembre de 2015. A su turno, el 14 de enero de 2016, los tutelantes presentaron
solicitud de aclaración, corrección y adición de la anterior decisión, la cual fue
negada mediante providencia del 2 de febrero de 2016 proferida por el Consejo de
Estado.

Los demandantes consideran que la Nación - Rama Judicial (en adelante “Rama
Judicial”) es patrimonialmente responsable por los errores jurisdiccionales
contenidos en los proveídos del 17 de mayo de 20121, 8 de noviembre de 20121, 7
de marzo de 20131, 19 de diciembre de 20132, 14 de agosto de 20143, 26 de marzo
de 20153, 8 de septiembre de 20154, 10 de diciembre de 20155 y 2 de febrero de
20165.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 1 de septiembre de 20176, Gerly y Ludy Arévalo Hernández, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron
demanda en contra de la Nación - Rama Judicial, para que fuera declarada

1 Proferidos por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 Proferido por la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca.
3 Proferidos por la Sección Primera del Consejo de Estado.
4 Proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
5 Proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
6 Fl. 1 a 2096, C.1. a C.3. Fl. 1 a 372, C.P. (Subsanación). Fl. 378 a 446, C.P. (Subsanación).

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

patrimonialmente responsable por los errores jurisdiccionales contenidos en las
providencias del 17 de mayo de 20127, 8 de noviembre de 20127, 7 de marzo de
20137, 19 de diciembre de 20138, 14 de agosto de 20149, 26 de marzo de 20159, 8
de septiembre de 201510, 10 de diciembre de 201511 y 2 de febrero de 201611.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad
demandada a pagarles, por perjuicios morales, 200 SMLMV a cada uno de los
actores; por daño emergente “consolidado y futuro”, la suma de $630.000.000 a los
los señores Arévalo Hernández; por lucro cesante, la suma de $6.750.000.000 a los
demandantes; por “perjuicios materiales de bienes convencional y
constitucionalmente protegidos”, 100 SMLMV para cada uno de los accionantes; por
“perjuicios materiales por la pérdida de bienes materiales”, la suma de
$7.500.000.000 a los actores; por “gastos judiciales, administrativos, contenciosos,
las costas procesales incluidas las agencias de derecho y los honorarios
profesionales”, la suma de $20.000.000 a los accionantes.

Asimismo, la parte actora solicita que “se ordene a la Rama Judicial Dirección
Ejecutiva de la Administración judicial establecer en la página WEB de la entidad un
link donde reconozca públicamente la responsabilidad que se le imponga dentro de
la citada demanda de reparación directa a ser desplegada y donde se puede
acceder a la decisión que se adopte manteniéndola por 6 meses desde la fecha que
dicha información se coloque en tal página web”.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante, en una extensa y confusa
argumentación, afirma que el 12 de julio de 2011, Ludy y Gerly Arévalo Hernández
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la

7 Proferidos por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
8 Proferido por la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca.
9 Proferidos por la Sección Primera del Consejo de Estado.
10 Proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
11 Proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

nulidad de veintitrés actos administrativos, expedidos por dieciséis entidades
distintas12.

Señala que, mediante auto del 17 de mayo de 2012, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda,
argumentando que aquella no cumplía con los requisitos de forma para ser admitida,
por lo que ordenó a la parte demandante subsanar el libelo introductorio en un
término de 5 días.

Añade que, el tribunal equivocadamente adujo que no se allegaron las copias de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para efectuar el
correspondiente traslado a los demandados, pues aquellos fueron radicados con el
libelo introductorio.

Sostiene que el 28 de mayo de 2012, Gerly y Ludy Arévalo Hernández interpusieron
recurso de reposición contra el auto inadmisorio proferido el 17 de mayo de 2012,
aduciendo que la demanda debía ser admitida porque cumplía con todos los
requisitos formales.

Indica que, mediante auto del 8 de noviembre de 2012, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no reponer
el auto del 17 de mayo de 2012.

Afirma que cuando se expidió el referido auto, los funcionarios del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se encontraban en paro judicial, por lo que “el

12 “(1) la Nación- Ministerio de Vivienda y Desarrollo Rural (sic)- Comisión de Regulación de Agua

Potable; (2) la Nación- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- Banco Agrario; (3) La Nación-
Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales seccional
Girardot; (4) La Nación - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; (5) La Nación-
Superintendencia Financiera; (6) la Nación-Superintendencia de Económica (sic) Solidaria; (7) La
Nación - Municipio de Tena - Alcaldía y Secretaria de Gobierno de Tena (sic); (8) la Nación -
Municipio de Tena personería de Tena (sic);(9) la Nación - Municipio de San Antonio del
Tequendama - Personería de San Antonio del Tequendama (sic); (10) la Nación Municipio de la
Mesa - alcaldía de la Mesa (sic); (11) la Nación - Corporación Autónoma Regional CAR provincial
Tequendama (sic); (12) la Nación - Rama Judicial - Tribunal Superior de Bogotá - Sala laboral y
Juzgado 22 Laboral de Bogotá; (13) Cooperativa AVP, (14) Cooperativa Cooptenjo; (15) Banco
Bogotá y (16) Cámara de Comercio de Girardot”.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

despacho judicial estaba con términos judiciales suspendidos, cerrado y con
impedimento para no permitir el ingreso de público al despacho”, por lo que era
inexplicable que hubiese proferido la decisión en ese tiempo.

Señala que el 7 de diciembre de 2012, la parte actora allegó la subsanación de la
demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Manifiesta que el 6 de febrero de 2013, los demandantes presentaron un incidente
de nulidad contra el auto del 8 de noviembre de 2012, argumentando que aquel se
profirió mientras “el despacho judicial está con términos judiciales suspendidos y
cerrado”, con ocasión del paro judicial ocurrido desde el 22 de octubre hasta el 12
de noviembre de 2012.

Afirma que, mediante providencia del 7 de marzo de 2013, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el incidente de
nulidad promovido por la parte actora, aduciendo que el despacho ponente continuó
trabajando durante el paro judicial.

Sostiene que, mediante auto del 21 de marzo de 2013, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente
a la Subsección C “en Descongestión”, pese a que el proceso no se encontraba
para fallo o para correr traslado para alegar, tal como lo exigía el Oficio CSBTSA
13-555 del 6 de febrero de 2013, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Relata que en auto del 19 de diciembre de 2013, la Subsección C de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca avocó conocimiento del
asunto y resolvió rechazar la demanda, toda vez que la subsanación fue presentada
extemporáneamente.

Arguye que el 21 de enero de 2014, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra el anterior auto, aduciendo que la demanda cumplía con todos los requisitos
formales para ser admitida y que la subsanación fue radicada oportunamente.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Afirma que el 4 de marzo de 2014, los demandantes solicitaron la reconstrucción
parcial del expediente, por la pérdida de 16 traslados de la demanda.

Argumenta que, mediante auto del 14 de agosto de 2014, la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó la providencia del 19 de diciembre de 2013, mediante
el cual se rechazó la demanda. Esto, al constatar que la subsanación fue presentada
extemporáneamente y “agregándole más causales como que los actos acusados
no son objeto de demanda y que los hechos de la demanda no tienen relación con
los actos demandados”.

Aduce que, en el referido auto la Sección Primera de esta Corporación negó la
solicitud de reconstrucción del expediente, argumentando que en el expediente
obraban los “13 traslados deshojados de lo que fue radicado”, pese que aún estaban
extraviados los 4 traslados restantes.

Refiere que el 16 de septiembre de 2014, los accionantes elevaron solicitud de
aclaración, adición y corrección del auto del 14 de agosto de 2014.

Aduce que, mediante auto del 26 de marzo de 2015, la Sección Primera del Consejo
de Estado negó dicha solicitud, argumentando que aquella era improcedente toda
vez que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho era “inteligible” y la
subsanación fue radicada extemporáneamente.

Afirma que el 2 de julio de 2015, Gerly y Ludy Arévalo Hernández presentaron
acción de tutela contra las providencias del 17 de mayo de 2012, 8 de noviembre
de 2012, 7 de marzo de 2013, 19 de diciembre de 2013, 14 de agosto de 2014 y 26
de marzo de 2015, pues, a su juicio, dichas decisiones habían incurrido en “violación
de precedentes jurisprudenciales horizontales y verticales […], violación de Io
dispuesto en Pacto Internacional de Derechos Civiles; Convención Americana de
Derechos Humanos de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; Constitución Política y se acusa la existencia de vía de hecho
fáctica, error sustantivo, error en la calificación”.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Añade que en el escrito de amparo, la parte actora solicitó compulsar copias contra
los funcionarios judiciales que extraviaron los traslados de la demanda.

Afirma que, mediante sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2015, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones
de la acción de amparo, al estimar que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho no cumplía con los requisitos de forma para ser admitida y que la
subsanación del libelo introductorio fue presentada extemporáneamente.

Indica que el 13 de octubre de 2015, la parte actora impugnó el fallo de tutela,
reiterando los argumentos expuestos en el escrito de amparo.

Relata que, mediante sentencia de tutela del 10 de diciembre de 2015, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado confirmó el fallo de tutela de primera instancia.

Señala que el 14 de enero de 2016, los accionantes solicitaron la aclaración, adición
y corrección del fallo de tutela del 10 de diciembre de 2015.

Aduce que, mediante providencia del 2 de febrero de 2016, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado negó dicha solicitud, aduciendo que el escrito de tutela era
incomprensible y que no se había indicado causal específica o defecto que
conllevara a la vulneración de un derecho fundamental.

Sostiene que, el 13 de mayo de 2016, la Corte Constitucional decidió no seleccionar
para revisión la mencionada acción de tutela.

Los demandantes consideran que la Rama Judicial es patrimonialmente
responsable por los errores jurisdiccionales contenidos en los proveídos del 17 de
mayo de 201213, 8 de noviembre de 201213, 7 de marzo de 201313, 19 de diciembre

13Proferidos por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

de 201314, 14 de agosto de 201415, 26 de marzo de 201515, 8 de septiembre de
201516, 10 de diciembre de 201517 y 2 de febrero de 201617.

Sobre el particular, textualmente solicitó: “Que la Nación - Rama judicial - Dirección
Administrativa se le declare administrativamente responsable por los daños y
perjuicios causados por las decisiones dictadas el 17 de mayo de 2.012, 8 de
noviembre de 2.012, 7 de marzo de 2.013, 19 de diciembre de 2.012, 14 de agosto
de 2.014, 26 de marzo de 2.015 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
de derecho 25000232400020110041801 y las sentencias dictadas el 8 de
septiembre de 2.015, 10 de diciembre de 2.015, 2 de febrero de 2.016 dentro del
proceso de tutela 11001031500020150175700 promovidos todos ellos por LUDY
ARÉVALO HERNÁNDEZ, GERLY ARÉVALO HERNÁNDEZ y donde las anteriores
sentencias ejecutoriadas se adoptaron inmersas en falla de la administración de
justicia, error judicial, aplicación errónea de la ley y defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia; violación a derechos fundamentales violación a
principios, violación a precedentes jurisprudenciales expedidos por el Consejo de
Estado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Tribunal Administrativo de Sucre,
Tribunal Administrativo de Antioquia, Corte Suprema de Justicia, sala civil, penal,
disciplinaria y sentencias expedidas por la Corte Constitucional; vías de hecho;
errores; exceso de ritualismos; decisiones arbitrarias, caprichosas donde con ellas
hay además violación a lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos y
Deberes del Hombre, Declaración Americana de los derechos y deberes del
Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1.966; Declaración
universal de derechos humanos; Convención Americana de derechos humanos
denominado Pacto de San José de Costa Rica; Constitución; Código de
Procedimiento Civil, Código Contencioso Administrativo; leyes; Códigos y decretos
y con tales decisiones judiciales se comete producen un daño directo, cierto,
concreto, determinado, personal, probado, antijuridico, irremediable presente y
future con menoscabo patrimonial, moral que no están obligados a soportar los

14 Proferido por la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
15 Proferidos por la Sección Primera del Consejo de Estado.
16 Proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
17 Proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

demandantes Ludy Arévalo Hernández identificada con cedula 52.615.024 y Gerly
Arévalo Hernández identificado con cedula 79.062.147”.

2. Contestación

El 10 de septiembre de 201818-19 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al ministerio público.

2.1. La Rama Judicial20 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda,
argumentando que no incurrió en un error jurisdiccional en las providencias
acusadas, toda vez que aquellas se profirieron conforme a las normas sustanciales
y procedimentales aplicables al caso concreto. Propuso las excepciones que
denominó “ausencia de los presupuestos para la existencia del error jurisdiccional”,
“ausencia de causa para demandar” e “inexistencia del daño antijurídico”.

3. Orden de sentencia anticipada y alegatos de conclusión en primera
instancia

El 24 de septiembre de 202021-22, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 13 del Decreto 806 del 4 de
junio de 2020, prescindió de la audiencia inicial, decretó pruebas y ordenó correr
traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar
concepto, respectivamente, con el fin de proferir sentencia anticipada.

18 Fl. 449 a 450, C. P.
19 Mediante auto del 9 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió

la demanda, toda vez que “la parte actora no especifica de manera clara la situación fáctica de la
presente demanda” (Fl. 706 a 707, C.3). Asimismo, en auto del 5 de junio de 2018, el a quo inadmitió
nuevamente la demanda y ordenó a la parte demandante que acreditara el requisito de procedibilidad
de la conciliación prejudicial (Fl. 375, C.P).
20 Fl. 490 a 495, C. P.
21 “01. Auto corre traslado para alegar de conclusión”, carpeta “providencias”, One Drive,

“ED_GMAILRV_EXPEDIEN(.PDF)”, índice 2, Samai de apelación del auto.
22 Se advierte que el 6 de octubre de 2020, la parte actora presentó recurso de reposición contra

dicho proveído, en lo relacionado con el decreto de pruebas. Por su parte, mediante auto del 25 de
noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió no reponer el auto del 24
de septiembre de 2020. No obstante, el 3 de diciembre de 2021, los accionantes interpusieron
recurso de apelación contra la anterior providencia, el cual fue concedido el 20 de enero siguiente,
en el efecto devolutivo. Finalmente, mediante auto 20 de noviembre de 2023, este Despacho
Ponente confirmó el auto del 25 de noviembre de 2021 (índice 4, Samai de apelación auto).

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

3.1. La parte actora23 y la Rama Judicial24 reiteraron los argumentos expuestos en
la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

3.2. El ministerio público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 3 de marzo de 202225 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al advertir que las providencias
del 17 de mayo de 2012, 8 de noviembre de 2012, 7 de marzo de 2013, 19 de
diciembre de 2013, 14 de agosto de 2014, 26 de marzo de 2015, 8 de septiembre
de 2015, 10 de diciembre de 2015 y 2 de febrero de 2016 no habían incurrido en
“un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y/o un error judicial”.

En efecto, frente al error jurisdiccional contenido en las providencias proferidas por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-24-000-2011-00418-01, el
a quo sostuvo lo siguiente:

I) El auto del 17 de mayo de 2012, mediante el cual la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, estuvo debidamente justificado y fundamentado, toda

23 Índice 41, Samai del tribunal.
24 “Alegatos Gerly Arévalo Hernández”, carpeta “04. Anexos memorial del 19 de octubre de 2020”,

One Drive, “ED_GMAILRV_EXPEDIEN(.PDF)”, índice 2, Samai de apelación auto.
25 Índice 51, Samai del tribunal.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

vez que el libelo introductorio no cumplía con los requisitos previstos en los artículos
13726, 13827 y 13928 del CCA.

II) El proveído del 8 de noviembre de 2012, mediante el cual la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no reponer el auto del 17 de
mayo de 2012, es “una decisión debidamente justificada”.

III) La providencia del 7 de marzo de 2013, mediante la cual la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el incidente de nulidad contra el auto
del 8 de noviembre de 2012, “estuvo debidamente motivada” pues “el juzgador de
instancia, efectuó una revisión al contenido de la solicitud, solicitó pruebas […] por
lo cual, la Sala no encuentra que en el presente caso, nos encontremos ante una
actuación caprichosa o arbitraria”.

IV) El auto del 19 de diciembre de 2013, mediante el cual la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda, estuvo ajustado a
derecho, pues “el juzgador procedió a corroborar el lapso que se suspendieron
términos a consecuencia de paro judicial, para poder tomar una determinación, y en
donde se demostró que el auto fue notificado cuando ya se había levantado dicha
suspensión de términos […]”.

V) El proveído del 14 de agosto de 2014, mediante el cual la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó el auto que rechazó la demanda, estuvo debidamente
motivado, pues se constató que la subsanación de la demanda fue presentada
extemporáneamente y, además, se “analizó el contenido de la misma, llegando a

26 “Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal
competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se
demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. 4. Los fundamentos
de derecho de las pretensiones. 5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia”.
27 “Artículo 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión.

Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto,
deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de
recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o
confirmen; pero sí fue revocado, sólo procede demandar la última decisión”.
28 “Artículo 139. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las

constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos
y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder […]”.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

concluir que los aspectos que se evidenciaron desde el principio siguen
persistiendo, citando ejemplos del contenido impreciso o ambiguo de la demanda,
que conllevaron a confirmar la decisión de rechazar la demanda”.

VI) La providencia del 26 de marzo de 2015, mediante la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado negó la solicitud de adición, corrección y aclaración del auto
del 14 de agosto de 2014, estuvo ajustada a derecho, pues “se analizó cada punto
de inconformidad, y se procedió a explicar de manera clara y concisa, porque no
prosperaban las peticiones, con argumentos debidamente fundamentados”.

Asimismo, frente al supuesto error jurisdiccional en que incurrieron las providencias
proferidas por las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado en el trámite
de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2015-01757-00, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca sostuvo que aquellas estuvieron ajustadas a
derecho, toda vez que “las decisiones de tutela, pusieron de presente que las
providencias dictadas por las autoridades judiciales se encontraban ajustadas al
ordenamiento jurídico, de manera que no hay lugar a afirmar que resultan contrarias
a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable y/o jurídicamente
atendible […]” y porque “la parte demandante no demostró cuales fueron las
irregularidades u omisiones en las que incurrieron las decisiones en sede de tutela
[…]”.

Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca indicó que no se
encontraba acreditada la causación de costas, por lo que dispuso que “no habrá
condena” por dicho concepto. No obstante, condenó en agencias en derecho a la
parte demandante por un monto de $5.000.000.

5. Recurso de apelación

El 24 de marzo de 202229, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el

29 Índice 55, Samai del tribunal.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

cual fue concedido el 7 de abril de 202230 y admitido el 19 de agosto siguiente31.

5.1. La parte actora32, en un extenso33 y confuso escrito, reiteró los argumentos
expuestos en la demanda, esto es que, contrario a lo establecido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, se acreditó que la Rama Judicial había incurrido
en los yerros reseñados en el libelo introductorio, por la “arbitraria” decisión de
“inadmisión y rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho” y
por la “forma arbitraria, caprichosa” en la que se “negó brindar el amparo
constitucional reclamado”. En sustento, manifestó que el asunto objeto de estudio
no fue desatado correctamente por el a quo, pues no analizó íntegramente los
errores jurisdiccionales alegados ni valoró adecuadamente las pruebas obrantes en
el expediente que daban cuenta de la configuración de los yerros aducidos.

Por último, solicitó revocar la condena por concepto de agencias en derecho,
aduciendo que han sufrido pérdidas materiales por los “[…] graves actos en relación
a lo acaecido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho
20110041800/01, el proceso de tutela 20150175700/00 y donde con dichas
decisiones en últimas tuvo efectos inadmitir y rechazar una demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho […]”.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202134 y habida cuenta que no se

30 Índice 56, Samai del tribunal.
31 Índice 6, Samai del tribunal.
32 Índice 55, Samai del tribunal.
33 La Sala advierte que el recurso de alzada, el cual consta de 404 folios, presenta una argumentación

extensa, confusa y repetitiva frente a la configuración del error jurisdiccional, en donde se mezclan
y reiteran los argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la
argumentación presentada a lo largo del trámite de dicho proceso y de la acción de tutela. No
obstante, de la interpretación íntegra de la demanda se evidencia que el argumento de disenso
contra el fallo apelado radica esencialmente en que no tuvo por acreditado el error jurisdiccional por
la “arbitraria” decisión de “inadmisión y rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho” y por la “forma arbitraria, caprichosa” en la que se “negó brindar el amparo constitucional
reclamado”.
34 “Artículo 247, modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra

sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará

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decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión. Por lo demás, se advierte, que el ministerio
público guardó silencio en esta etapa.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo35, pues la cuantía,
dada por la pretensión mayor de la demanda36, supera la exigida de 500 SMLMV,
para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación
directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación37.

2. Medio de control procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el

de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
35 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”.
36 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la

demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión
mayor […]”.
37 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $7.500.000.000, lo cual es superior a

500 SMLMV del año en que ésta se presentó (2017).

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artículo 14038 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño proveniente de hechos imputables a la administración de
justicia.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el auto admisorio de la demanda el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca sostuvo que la demanda fue interpuesta en tiempo39, en esta
instancia resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal40.

38 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del
hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
39 Fl. 449 a 450, C. P. Justamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo lo siguiente:

“En el presente medio de control, no ha operado el fenómeno jurídico en razón a que el daño
antijuridico invocado por la actora guarda relación con el trámite efectuado a la acción de tutela No.
110010315000-2015-01757-01 interpuesta por las hoy demandantes, por la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado ante la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, radicado No. 25000232000201100418-01; providencia que cobró
ejecutoria el 5 de febrero de 2016, teniendo en cuenta la notificación personal, visible a folio 239 del
cuaderno No. 12. Bajo ese supuesto, la parte actora contaba hasta el día seis (6) de febrero de
2018, para interponer la correspondiente demanda de reparación directa. Dicho termino fue
interrumpido el nueve (9) de junio de 2017 con la solicitud de conciliación prejudicial, trámite que
duró hasta el día veintinueve (29) de agosto de 2017, fecha en la cual, se declaró fallido este trámite
de conciliación, por parte de la Procuraduría 134 Judicial II Administrativa; y en vista que la demanda
fue radicada el primero (1) de septiembre de 2017 (fl. 358 c.29), es factible concluir que la misma se
realizó dentro del término dispuesto para ello, de conformidad con lo señalado en el literal i), numeral
2° del artículo 164 del CPACA”.
40 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius

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Así pues, se advierte que, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar
la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el
legislador, apuntando a la protección del interés general41, estableció unos plazos
para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos
plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables,
irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado
hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así
como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de
solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción42, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda

cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
41 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
42 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto. Sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, como especie de sanción ipso iure43 que opera por
la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer
algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia44, cuya
consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal,
significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – CPACA, vigente para la época de los hechos, determinó que “La
demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […]
Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión

43 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
44 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia.”45.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro46.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar no se ejerció en
tiempo respecto del error jurisdiccional alegado frente a los autos proferidos el 17
de mayo de 2012 y 8 de noviembre de 2012 por la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta i) que las
referidas providencias adquirieron firmeza el 30 de noviembre de 201247; ii) que la
parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 9 de junio de 2017, la
cual se declaró fallida el 29 de agosto de 2017 48; y iii) que la demanda se presentó
el 1 de septiembre de 201749.

La misma suerte corre la pretensión elevada frente al auto del 7 de marzo de 2013
proferido por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, teniendo en cuenta i) que, aunque no hay constancia de la fecha en
la que quedó notificada y/o ejecutoriada dicha providencia, se advierte que,
mediante memorial radicado el 23 de abril de 2013 en el Tribunal Administrativo de

45 Con excepción del término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de

desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto
desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda
con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar
a la desaparición”.
46 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
47 Folio 11, C. 5. Obra constancia que la referida providencia se notificó por estado del 27 de

noviembre de 2012. Según el artículo 331 del CPC “Las providencias quedan ejecutoriadas y son
firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin
haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la
providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o
complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá́ una vez ejecutoriada la que la
resuelva”, norma vigente para ese momento.
48 Fl. 205 a 219, C. 19.
49 Fl. 1 a 2096, C.1. a C.3.

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Cundinamarca, la parte actora manifestó que “mediante decisión de fecha 7 de
marzo de 2013 la magistrada ponente no accede a la nulidad […]”50, lo cual permite
inferir que la parte demandante habría tenido conocimiento de la decisión a partir
de esa fecha; ii) que los accionantes presentaron solicitud de conciliación prejudicial
el 9 de junio de 2017, la cual se declaró fallida el 29 de agosto de 2017 51; y iii) que
la demanda se presentó el 1 de septiembre de 201752.

Asimismo, cabe resaltar que la parte actora, dentro de la extensa argumentación
frente a la configuración de los errores jurisdiccionales, aduce que la remisión del
expediente de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la Subsección A
a la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se efectuó “de forma ilegal sin estar en la condición
impuesta y sin cumplir los requisitos impuestos por el legislador para la
descongestión”. Al respecto, se advierte que el derecho de accionar no se ejerció
en tiempo frente a dicho error jurisdiccional, teniendo en cuenta: i) que, mediante
auto de “cúmplase” del 21 de marzo de 2013, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente a la
Subsección C “en Descongestión” (hecho probado 7.1.9); ii) que dicha decisión no
requería de notificación53, por lo que cobró ejecutoria el 2 de abril siguiente; iii) que,
en memorial radicado el 23 de abril de 2013, la parte actora manifestó que “mediante
auto de fecha 21 de marzo de 2013 la magistrada ponente ordena la descongestión
de expedientes […]”54, lo cual permite permite inferir que la parte demandante habría
tenido conocimiento de la decisión a partir de esa fecha; iv) que los accionantes
presentaron solicitud de conciliación prejudicial el 9 de junio de 2017, la cual se
declaró fallida el 29 de agosto de 201755; y v) que la demanda se presentó el 1 de
septiembre de 201756.

50 Fl. 169 a 170, C.5.
51 Fl. 205 a 219, C. 19.
52 Fl. 1 a 2096, C.1. a C.3.
53 “Artículo 328. Autos que no requieren notificación. No requieren notificación los autos que
contengan órdenes dirigidas exclusivamente al secretario, y los demás que expresamente señala
este código. Al final de ellos se incluirá la orden "cúmplase".
54 Fl. 169 a 170, C.5.
55 Fl. 205 a 219, C. 19.
56 Fl. 1 a 2096, C.1. a C.3.

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Por el contrario, se estima que el derecho de accionar sí se ejerció en tiempo frente
a los autos del 19 de diciembre de 2013, 14 de agosto de 2014 y 26 de marzo de
2015, proferidos por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y del Consejo de Estado, respectivamente, teniendo en cuenta: i)
que, mediante providencia del 14 de agosto de 2014, la Sección Primera del
Consejo de Estado confirmó el auto del 19 de diciembre de 2013, proferido por la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (hechos probados
7.1.10 y 7.1.16); ii) que, mediante auto del 26 de marzo de 2015, la Sección Primera
del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración, adición y corrección de la
anterior providencia (hechos probados 7.1.17 y 7.1.18); iii) que dichos proveídos
cobraron ejecutoria el 10 de junio de 201557, esto es, con la firmeza del auto
mediante el cual se resolvió la solicitud de aclaración, adición y corrección de la
providencia del 14 de agosto de 2014; iv) que la parte actora presentó solicitud de
conciliación prejudicial el 9 de junio de 2017, la cual se declaró fallida el 29 de agosto
de 201758; y v) que la demanda se presentó el 1 de septiembre de 201759.

En similar forma, se estima que el derecho de accionar frente a los errores
jurisdiccionales en que habrían incurrido las Secciones Segunda y Cuarta del
Consejo de Estado mediante las providencias del 8 de septiembre de 2015, 10 de
diciembre de 2015 y 2 de febrero de 2016 también se ejerció en tiempo, teniendo
en cuenta: i) que mediante providencia del 10 de diciembre de 2015, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia de tutela del 8 de septiembre
de 2015, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación (hechos probados
7.1.20 y 7.1.22); ii) que, mediante auto del 2 de febrero de 2016, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración, adición y corrección de la
anterior providencia (hechos probados 7.1.23 y 7.1.24); iii) que dicha decisión cobró
ejecutoria con la firmeza del auto del 13 de mayo de 2016, mediante el cual la Corte
Constitucional resolvió no seleccionar para revisión la mencionada decisión60; iv)

57 Folio 193, C. 5. Obra constancia que la referida providencia quedo ejecutoriada el 10 de junio de

2015.
58 Fl. 205 a 219, C. 19.
59 Fl. 1 a 2096, C.1. a C.3.
60 Corte Constitucional. Sentencia SU-012 de 2020: “En el caso en que la decisión de este Tribunal

sea la no selección para revisión de una providencia de tutela, el efecto principal del auto que así lo
decida, es la ejecutoria formal y material de esa sentencia. En este sentido, la decisión de no

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que, si bien en el expediente no obra constancia de notificación del auto
mencionado, consultada la página web de esa Corporación61, se corroboró
que esta se notificó el 31 de mayo de 2016, por lo que adquirió firmeza
el 3 de junio siguiente; v) que la parte actora presentó solicitud de conciliación
prejudicial el 9 de junio de 2017, la cual se declaró fallida el 29 de agosto de 201762;
y vi) que la demanda se presentó el 1 de septiembre de 201763.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

4.1. Gerly y Ludy Arévalo Hernández están legitimados en la causa por activa, pues
presentaron la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en la que se
profirieron los proveídos del 19 de diciembre de 2013, 14 de agosto de 2014 y 26
de marzo de 2015, y la acción de tutela donde se expidieron las providencias del 8
de septiembre de 2015, 10 de diciembre de 2015 y 2 de febrero de 2016, los cuales
se acusan de contener un error jurisdiccional.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por la Rama Judicial, ya que la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y las Secciones Primera, Segunda y Cuarta del
Consejo de Estado profirieron las providencias que son objeto de reproche.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar i) si la Rama Judicial a través del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado incurrió en un error

selección en sede de revisión también hace que opere el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
inmutable y definitiva”.
61 Al respecto, se puede consultar:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/estadost/ESTADO%20AUTO%20MAYO%2013%
20DE%202016.pdf/
62 Fl. 205 a 219, C. 19.
63 Fl. 1 a 2096, C.1. a C.3.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

jurisdiccional en las providencias proferidas el 19 de diciembre de 201364, 14 de
agosto de 201465, 26 de marzo de 201565, 8 de septiembre de 201566, 10 de
diciembre de 201567 y 2 de febrero de 201667, respectivamente; y ii) si es procedente
condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y sobre el régimen de
responsabilidad por error jurisdiccional.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199168 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los

64 Proferido por la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.
65 Proferidos por la Sección Primera del Consejo de Estado.
66 Proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
67 Proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
68 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los títulos de imputación que se han desarrollado para ello,
principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, el riesgo excepcional y el daño
especial69 .

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad70.

En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos

69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
70 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.

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transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 71 y que causa
un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme
al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”72. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”73

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios74 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima75 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que

71 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
72 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabilidad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Ley Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
73 Ibídem
74 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
75 Artículo 70, Ley 270 de 1996.

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la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso76, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar

76 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana

López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación77, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada78 o; viii) actuó sin competencia.

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,

77 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
78 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 3 de marzo
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte actora, en un extenso79 y confuso escrito, reiteró los
argumentos expuestos en la demanda, esto es que, contrario a lo establecido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se acreditó que la Rama Judicial había
incurrido en los yerros reseñados en el libelo introductorio, por la “arbitraria” decisión
de “inadmisión y rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho”
y por la “forma arbitraria, caprichosa” en la que se “negó brindar el amparo
constitucional reclamado”. En sustento, manifestó que el asunto objeto de estudio
no fue desatado correctamente por el a quo, pues no analizó íntegramente los
errores jurisdiccionales alegados ni valoró adecuadamente las pruebas obrantes en
el expediente que daban cuenta de la configuración de los yerros aducidos.

Por último, solicitó revocar la condena por concepto de agencias en derecho,
aduciendo que han sufrido pérdidas materiales por los “[…] graves actos en relación
a lo acaecido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho
20110041800/01, el proceso de tutela 20150175700/00 y donde con dichas
decisiones en últimas tuvo efectos inadmitir y rechazar una demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho […]”.

En este sentido, y comoquiera que sólo el extremo activo presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 3 de marzo de 2022 por el Tribunal

79 La Sala advierte que el recurso de alzada, el cual consta de 404 folios, presenta una argumentación

extensa, confusa y repetitiva frente a la configuración del error jurisdiccional, en donde se mezclan
y reiteran los argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la
argumentación presentada a lo largo del trámite de dicho proceso y de la acción de tutela. No
obstante, de la interpretación íntegra de la demanda se evidencia que el argumento de disenso
contra el fallo apelado radica esencialmente en que no tuvo por acreditado el error jurisdiccional por
la “arbitraria” decisión de “inadmisión y rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho” y por la “forma arbitraria, caprichosa” en la que se “negó brindar el amparo constitucional
reclamado”.

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Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código de General del Proceso80, la Sala resolverá el presente asunto en aquello
que se reprocha como desfavorable en el recurso. Por ello, a continuación, se
analizará exclusivamente i) si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado incurrieron en un error jurisdiccional en las providencias
proferidas el 19 de diciembre de 201381, 14 de agosto de 201482, 26 de marzo de
201582, 8 de septiembre de 201583, 10 de diciembre de 201584 y 2 de febrero de
201684, respectivamente; y ii) si es procedente condenar en costas y agencias en
derecho a la parte demandante.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si las providencias acusadas incurrieron en un error
jurisdiccional.

7.1. Hechos Probados85

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se acreditó que el 12 de julio de 2011, Gerly Arévalo Hernández y Ludy
Arévalo Hernández presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, pretendiendo la nulidad de veintitrés actos, expedidos por dieciséis
entidades distintas86. Asimismo, con la radicación del libelo introductorio, se dejó

80 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]”.
81 Proferido por la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca.
82 Proferidos por la Sección Primera del Consejo de Estado.
83 Proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
84 Proferidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
85 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
86 i) Nación – Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial – Comisión de Regulación de Agua

Potable; ii) Banco Agrario; iii) Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Seccional Girardot;

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constancia que los accionantes allegaron “en original con anexos, diecisiete copias
con anexos y una copia sin anexos”. De ello, da cuenta copia del escrito
introductorio87 y de la respectiva constancia secretarial88.

7.1.2. Se probó que, mediante auto del 17 de mayo de 2012, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, pues en aquella era “imposible
determinar de manera clara y precisa las pretensiones de la misma, los hechos que
fundamentan las peticiones, normas violadas y concepto de violación respecto de
los actos administrativos cuya nulidad se solicita, dada la inadecuada presentación
de la misma”. En consecuencia, el tribunal concedió un plazo de 5 días a la parte
demandante para que subsanara el libelo introductorio, de conformidad con el
artículo 143 del CCA. De ello da cuenta copia de dicho proveído89.

7.1.3. Se demostró que el 28 de mayo de 2012, la parte accionante presentó recurso
de reposición contra el auto del 17 de mayo de 2012. En sustento, argumentó que
el libelo introductorio debía ser admitido, toda vez que cumplía con todos los
requisitos de forma, pues se narraron de forma clara los hechos, pretensiones y el
concepto de violación frente a cada uno de los actos acusados, aportándose las
pruebas y anexos requeridos. De ello da cuenta copia del respectivo escrito90.

7.1.4. Se probó que entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre de 2012, los
funcionarios del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encontraban en paro
judicial, según da cuenta copia de la respectiva constancia secretarial91.

iv) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; v) Superintendencia Financiera; vi)
Superintendencia de Economía Solidaria; vii) Municipio de Tena (Cundinamarca); viii) Personería
municipal de Tena (Cundinamarca); ix) Personería municipal de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca); x) municipio de La Mesa (Cundinamarca); xi) Corporación Autónoma Regional CAR
– Provisional Tequendama; xii) Nación – Rama Judicial; xiii) Cooperativa AVP; xiv) Cooperativa
Cooptenjo; xv) Banco de Bogotá; y xvi) Camara de Comercio de Girardot.
87 Fl. 1 a 300, C. 3. Fl. 1 a 29, C.4.
88 Fl. 31, C.4.
89 Fl. 66 a 69. C. 4.
90 Fl. 70 a 300, C. 4. Fl. 1 a 5, C. 5.
91 Fl. 157 y 158, C. 5.

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7.1.5. Se acreditó que, mediante auto del 8 de noviembre de 2012, la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no
reponer el auto inadmisorio del 17 de mayo de 2012, reiterando que el libelo
introductorio era extenso y ambiguo, según da cuenta copia de dicho proveído92.

7.1.6. Está probado que el 7 de diciembre de 2012, la parte demandante presentó
la subsanación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, según da
cuenta copia del referido escrito93.

7.1.7. Se acreditó que el 6 de febrero de 2013, la parte accionante presentó
incidente de nulidad contra el auto del 8 de noviembre de 2012, argumentando que
aquel se profirió mientras los términos judiciales se encontraban suspendidos toda
vez que los funcionarios del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
encontraban en paro judicial en esa fecha. En consecuencia, sostuvo que dicha
providencia se encontraba inmersa en la causal de nulidad contenida en el numeral
5 del artículo 140 del CPC, “Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de
las causales legales de interrupción o de suspensión, o si en estos casos se reanuda
antes de la oportunidad debida”. De ello da cuenta copia de dicho escrito94.

7.1.8. Consta que, mediante auto del 7 de marzo de 2013, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la petición de
nulidad formulada por la parte actora. En sustento, aclaró que los Magistrados de
dicha Subsección no suspendieron sus actividades durante el paro judicial, pero los
funcionarios de la Secretaría sí. En consecuencia, indicó que el auto del 8 de
noviembre de 2012 fue notificado el 27 de noviembre siguiente, esto es, el primer
día hábil siguiente a la reanudación de laborales por parte de los empleados
judiciales de la Secretaría del tribunal, es decir, cuando ya se habían reanudado los
términos judiciales. De ello da cuenta copia del respectivo proveído95.

92 Fl. 8 a 11, C. 5.
93 Fl. 12 a 132, C. 5.
94 Fl. 141 a 146, C. 5.
95 Fl. 159 a 164, C. 5.

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7.1.9. Se probó que, mediante auto del 21 de marzo de 2013, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente
a la Subsección C “en Descongestión”, de conformidad con lo dispuesto en el Oficio
No. CSBTSA 13-555 del 6 de febrero de 2013 del Consejo Superior de la Judicatura.
De ello da cuenta copia de dicha providencia96.

7.1.10. Se demostró que, mediante auto del 19 de diciembre de 2013, la Subsección
C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca avocó conocimiento del asunto y dispuso rechazar la demanda, toda
vez que la subsanación fue presentada extemporáneamente. De ello da cuenta
copia del respectivo proveído97.

7.1.11. Está probado que el 17 de enero de 2014, los accionantes interpusieron
recurso de apelación contra el auto del 19 de diciembre de 2013, argumentado: i)
que el libelo introductorio debía ser admitido, pues cumplía con todos los requisitos
formales; ii) que el motivo para rechazar la demanda no coincidía con las razones
expuestas para su inadmisión; iii) que el auto inadmisorio del 8 de noviembre de
2012 era nulo, pues se profirió cuando los términos judiciales estaban suspendidos
por el paro judicial; y iv) que la subsanación fue radicada oportunamente, toda vez
que el citado auto fue notificado por estado del 27 de noviembre de 2012, por lo que
“la ejecutoria de la decisión corrió entre el 28 al 30 de noviembre de 2012 y por el
cómputo del término para cumplir con la carga procesal de los cinco días para
subsanar la demanda corrieron entre el 3 al 7 de diciembre de 2012 y la subsanación
se hizo en este caso el 7 de diciembre de 2012 dentro del término de ley”. En
consecuencia, solicitaron “dejar sin efectos o revocar” los autos proferidos el 17 de
mayo de 2012, 8 de noviembre de 2012, 7 de marzo de 2013 y 19 de diciembre de
2013. De ello da cuenta copia del escrito del recurso98.

7.1.12. Se acreditó que el 4 de marzo de 2014, la parte actora solicitó a la Secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ubicaran y remitieran al Consejo

96 Fl. 165, C. 5.
97 Fl. 171 a 175, C. 5.
98 Fl. 3 a 200, C.9.

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de Estado los 17 traslados de la demanda, con el fin de surtir el recurso de apelación
contra el auto del 19 de diciembre de 2013, toda vez que aquellos “desaparecieron”.
De ello da cuenta copia del mencionado escrito99.
7.1.13. Consta que, mediante Oficio No. DATG-0320 del 25 de marzo de 2014, la
“Subsecretaría Común de Descongestión” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca informó a los accionantes que habían recibido dos cuadernos con
762 y 1.125 folios por parte de la Secretaría de la Sección Primera de dicha
Corporación. De esta forma, aquellos cuadernos fueron con los que se tramitó el
proceso hasta el 26 de febrero 2014 y, posteriormente, fueron remitidos al Consejo
de Estado para surtir la apelación contra el auto del 19 de diciembre de 2013. De
ello da cuenta copia de dicho escrito100.

7.1.14. Se constató que, mediante Oficio No. ER-14-0174 del 11 de abril de 2014,
la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
remitió al Consejo de Estado 13 traslados de la demanda, según da cuenta copia
del mencionado oficio101.

7.1.15. Se probó que el 21 de mayo de 2014, la parte actora solicitó a la Sección
Primera del Consejo de Estado la reconstrucción del expediente, en relación con los
traslados de la demanda radicados el 12 de julio de 2011, 27 de julio de 2011 y 7
de diciembre de 2012, toda vez que aquellos “no aparecen” por la “[…] falta de
cuidado […]” de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca. Asimismo, añadió que de los cuadernos remitidos mediante
Oficio No. ER-14-0174 del 11 de abril de 2014, “solo aparecen 13 juegos
deshojados”. De ello da cuenta copia del respectivo escrito102.

7.1.16. Se constató que, mediante auto del 14 de agosto de 2014, la Sección
Primera del Consejo de Estado confirmó el auto del 19 de diciembre de 2013,
mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Esto, al constatar que la subsanación de la demanda fue radicada

99 Fl. 11 y 12, C.10.
100 Fl. 6, C.10.
101 Fl. 60, C.10.
102 Fl. 22 a 30, C.10.

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extemporáneamente y que, por demás, la demanda no cumplía con los requisitos
formales para ser admitida. Asimismo, indicó que la solicitud de reconstrucción del
expediente era improcedente, toda vez que el 11 de abril de 2013 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió a dicha Corporación los traslados faltantes.
De ello, da cuenta copia de dicho proveído103.

7.1.17. Consta que el 16 de septiembre de 2014, la parte actora presentó una
solicitud de aclaración, adición y corrección del auto del 14 de agosto de 2014,
según da cuenta copia de dicho documento104.

7.1.18. Se probó que, mediante auto del 26 de marzo de 2015, la Sección Primera
del Consejo de Estado negó la solitud de aclaración, adición y corrección
presentada por la parte actora, según da cuenta copia de dicho proveído105.

7.1.19. Se constató que el 2 de julio de 2015, la parte actora presentó acción de
tutela contra la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del
Consejo de Estado, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso, presuntamente
vulnerados como consecuencia de las providencias que resolvieron “confirmar la
decisión de inadmisión y rechazo de la demanda y mantener dicha postura
negándose a la solicitud de aclaración, corrección y adición de la decisión de
rechazo de la demanda y poniendo trabas a la demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho que no tienen justificación”. De ello da cuenta copia de
la mencionada demanda106.

7.1.20. Se acreditó que, mediante sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2015,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo
constitucional solicitado, al constatar que con las providencias acusadas no se
vulneró ningún derecho fundamental, pues la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho no cumplía con los requisitos formales para ser

103 Fl. 68 a 74, C.10.
104 Fl. 76 a 120, C.10.
105 Fl. 121 a 131, C.10.
106 Fl. 12 a 259, C. 11.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

admitida y su subsanación fue radicada extemporáneamente. De ello da cuenta
copia de dicha providencia107.

7.1.21. Se probó que el 13 de octubre de 2015, Gerly y Ludy Arévalo Hernández
impugnaron la precitada decisión, argumentando que la sentencia de primera
instancia incurrió en “violación al principio de congruencia externo e interno, vía de
hecho por defecto factico en dimensión positiva, negativa en unos apartes con
defectuosa valoración probatoria y en otras con no valoración del material
probatorio, vía de hecho por decisión sin motivación, vía de hecho por violación de
precedentes jurisprudenciales y vía de hecho sustantivo o vía de hecho por defecto
procedimental absoluto”. De ello da cuenta copia de dicho escrito108.

7.1.22. Se demostró que, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2015, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó el fallo de tutela del 8 de septiembre
de 2015. De ello da cuenta copia de dicho proveído109.

7.1.23. Consta que el 14 de enero de 2016, Gerly y Ludy Arévalo Hernández
presentaron solicitud de aclaración, corrección y adición de la anterior decisión,
reiterando los argumentos esgrimidos en la solicitud de amparo. De ello da cuenta
copia de dicho escrito110.

7.1.24. Se acreditó que, mediante providencia del 2 de febrero de 2016, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado negó la precitada solicitud, al constatar que los
accionantes no expusieron los apartes de la providencia que requerían aclaración,
adición o corrección, sino que se limitaron a reiterar la argumentación expuesta en
el escrito de tutela. De ello da cuenta copia de dicho proveído111.

107 Fl. 1 a 10, C. 12.
108 Fl. 14 a 106, C.12.
109 Fl. 118 a 127, C. 12.
110 Fl. 131 a 232, C. 12.
111 Fl. 234 a 236, C. 12.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

7.2. Ausencia de error jurisdiccional frente a las providencias proferidas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 250000-23-
24-000-2011-00418-01

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la lesión
injustificada a los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de la parte actora, producto de las decisiones proferidas el 19 de diciembre
de 2013, 14 de agosto de 2014 y 26 de marzo de 2015, por la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado,
respectivamente, mediante las cuales se rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por Gerly y Ludy Arévalo Hernández, y se
negó la solicitud de aclaración, adición y corrección del proveído del 14 de agosto
de 2014.

Ahora bien, se advierte que, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que
sea procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y
ésta deberá encontrarse en firme112.

Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en las providencias
del 14 de agosto de 2014 - mediante el cual se confirmó el rechazo de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho – y del 26 de marzo de 2015 - mediante
el cual se negó la solicitud de aclaración, corrección y adición de la precitada
decisión-, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, pues aquellas
se encontraban en firme y frente a ellas no procedían recursos, por tratarse de una
providencia de segunda instancia y de aquella que resolvía la solicitud de
aclaración113, respectivamente. Sin embargo, no es procedente el estudio frente a
la decisión del 19 de diciembre de 2013 porque ésta no se encontraba en firme ya

112 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
113 “Artículo 309. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.

Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en
auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que
estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella. […] El auto que resuelva
sobre la aclaración no tiene recursos”.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

que frente a ella procedía el recurso de apelación, el cual fue posteriormente
presentado por la parte demandante y resuelto mediante el proveído del 14 de
agosto de 2014.

Al efecto, es menester recordar que aunque en sentencia C-37 de 1996 la Corte
Constitucional manifestó que “…no es posible reclamar por la actuación de las altas
corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del
error jurisdiccional…” y que una decisión en tal sentido “…equivaldría a reconocer
que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con
lo cual… se comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo
Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica…”; lo cierto es que ésta
Corporación se apartó de dicha determinación en sentencia del 4 de septiembre de
1997114 con fundamento en que la posibilidad de que el Estado responda por los
errores en que incurran las altas cortes hace que los principios y valores que rigen
la función jurisdiccional no se vulneren.

Esta posición fue reiterada en sentencia del 5 de diciembre de 2007, donde se
manifestó que el Estado, a través de las acciones y omisiones de sus altas cortes,
también incurre en error judicial determinante de su responsabilidad patrimonial,
entre otras razones: i) porque el artículo 90 Superior no lo prohíbe, ii) porque la
Constitución Política establece que todas las autoridades que ejercen función
pública, pueden determinar con sus acciones u omisiones la responsabilidad del
Estado, iii) porque no atenta contra el principio de seguridad jurídica, iv) porque el
juicio es el de la responsabilidad del Estado y no comporta la reapertura del proceso
definido en la providencia cuestionada, v) porque las altas cortes no son infalibles,
y vi) porque el Consejo de Estado es el tribunal supremo de lo contencioso
administrativo y como corporación judicial competente para juzgar la
responsabilidad del Estado no está limitado por la investidura del juez que incurre
en error judicial115.

114 Consejo de Estado, Sección Tercera. Rad.: 10285.
115 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, exp. 15128, C.P.

Ramiro Saavedra Becerra.

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Pues bien, en el caso sub examine se alega que los autos del 14 de agosto de
2014 y 26 de marzo de 2015 incurrieron en un error jurisdiccional, por la “arbitraria”
decisión de “inadmisión y rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento de
derecho”. Al respecto, debe resaltarse que tanto el libelo introductorio 116 como el
recurso de apelación117 presentan una narrativa extensa, confusa y repetitiva frente
a la configuración del error jurisdiccional, en donde indiscriminadamente se mezclan
y reiteran los argumentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
así como la argumentación presentada a lo largo del trámite de dicho proceso y de
la acción de tutela, lo cual no cumple con la carga argumentativa requerida frente a
la configuración del error jurisdiccional.

De igual forma, la parte actora invoca como vulnerados distintas normas, principios
y precedentes jurisprudenciales118, pero no precisó en qué consistió el defecto
alegado. Señalar simplemente un concepto jurídico o una norma que se considera
mal apreciada o no analizada por el sentenciador apenas indica la causa del
posible defecto, pero es insuficiente para analizar en qué consiste el error
jurisdiccional, pues no señala el yerro de derecho manifiesto que puede conducir a
la configuración de este título de imputación, en caso de existir realmente y ser
demostrado por el recurrente. Este proceso de razonamiento que incumbe
exclusivamente a quien acusa la providencia judicial, implica para él una
argumentativa de hacerle ver al fallador la ostensible contradicción entre el defecto
alegado y la realidad procesal, máxime cuando se invoca en la
jurisdicción contencioso administrativa que tiene como uno de sus
pilares fundamentales el principio de justicia rogada.

116 La demanda consta de 2096 folios y la subsanación consta de 743 folios.
117 El recurso de alzada consta de 404 folios.
118 En efecto, en la demanda se argumenta lo siguiente: “[…] las anteriores sentencias ejecutoriadas

se adoptaron inmersas en falla de la administración de justicia, error judicial, aplicación errónea de
la ley y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; violación a derechos
fundamentales violación a principios, violación a precedentes jurisprudenciales expedidos por el
Consejo de Estado, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Tribunal Administrativo de Sucre,
Tribunal Administrativo de Antioquia, Corte Suprema de Justicia, sala civil, penal, disciplinaria y
sentencias expedidas por la Corte Constitucional; vías de hecho; errores; exceso de ritualismos;
decisiones arbitrarias, caprichosas donde con ellas hay además violación a lo dispuesto en la
Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Americana de los
derechos y deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1.966;
Declaración universal de derechos humanos; Convención Americana de derechos humanos
denominado Pacto de San José de Costa Rica; Constitución; Código de Procedimiento Civil, Código
Contencioso Administrativo; leyes; Códigos y decretos […]”.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Asimismo, se advierte que la parte actora argumenta que las providencias acusadas
“[…] se adoptaron inmersas en falla de la administración de justicia, error judicial,
aplicación errónea de la ley y defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia […]”. Al respecto, resulta necesario aclarar que no sería viable estudiar el
presente caso bajo la óptica del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, pues las decisiones que presuntamente perjudicaron a los demandantes se
adoptaron en providencias judiciales y por su naturaleza solo pueden ser analizadas
bajo el título de imputación de error jurisdiccional.

En este orden de ideas, y atendiendo al deber del juez de interpretar la demanda y
el recurso de apelación de tal manera que permita decidir el asunto de fondo, se
advierte que la parte actora aduce que la Sección Primera del Consejo de Estado
incurrió en un error jurisdiccional en las providencias del 14 de agosto de 2014 y
del 26 de marzo de 2015, toda vez que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho promovida por Gerly y Ludy Arévalo Hernández no debió ser rechazada
ni inadmitida, pues cumplía con todos los requisitos formales para su admisión.

Asimismo, para sustentar dicha postura, los accionantes argumentaron i) que la
subsanación fue presentada oportunamente; ii) que el motivo para rechazar la
demanda no coincidía con las razones expuestas para su inadmisión; iii) que no se
indicó el fundamento fáctico ni jurídico para indicar que los actos demandados no
eran actos administrativos susceptibles de control judicial ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo; y v) que se negó la reconstrucción del expediente, pese
que aún estaban extraviados cuatro traslados y se omitió compulsar copias para
que penal y disciplinariamente se investigaran los funcionarios responsables de la
pérdida del expediente.

Pues bien, en primer lugar, se advierte que, mediante auto del 17 de mayo de 2012,
confirmado mediante providencia del 8 de noviembre siguiente, la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Ludy y Gerly
Arévalo Hernández. Esto, al constatar que los hechos, pretensiones y el concepto

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de violación de los actos demandados no eran claros, por lo que concedió un
término de cinco días a la parte actora para que subsanara el libelo introductorio.
Justamente, la decisión se fundamentó en lo siguiente (hechos probados 7.1.1 a
7.1.5):

“Examinada la demanda obrante folios (sic) 6 al 326, el Despacho encuentra que es
imposible determinar de manera clara y precisa las pretensiones de la misma, los
hechos que fundamentan las peticiones, normas violadas y concepto de violación
respecto de los actos administrativos cuya nulidad se solicita, dada la inadecuada
presentación de la misma.

Lo que no sucede con el poder otorgado por los demandantes, donde se determinan
las entidades demandadas y las siguientes decisiones […].

Es decir, que el poder se indican una serie de decisiones que serán demandadas, Io
que no sucede Io mismo con el libelo de la demanda.

Por ello, y para efectos de inadmitir la demanda, es preciso que la parte actora tenga
en cuenta al momento de corregirla, Io siguiente:

El objeto de la jurisdicción de Io contencioso, al tenor del artículo 82 del C.C.A., está
‘instituida para Juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las
entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de
los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales
administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la
ley’.

Respecto del procedimiento a seguir ante esta jurisdicción el artículo 135 del C.C.A.,
señala: ‘La demanda para que se declare la nulidad de un acto particular, que ponga
término a un proceso administrativo, y se restablezca el derecho del actor debe agotar
previamente la vía gubernativa mediante acto expreso o presunto por silencio
negativo...’.

En consecuencia, se inadmitirá la demanda de la referencia y en su lugar se
concederá a la parte actora el término de cinco (5) días para que la subsane, so pena
de rechazo, teniendo en cuenta Io siguiente:

1- Debe dar estricto cumplimiento a Io previsto en los numerales 1° al 6° del artículo
137 del Código Contencioso Administrativo.
2- Debe individualizar con toda precisión los actos cuya nulidad pretende, de
conformidad con Io dispuesto en el artículo 138, Ibidem.
3- Debe acompañar copia autenticada de los actos acusados, con sus respectivas
constancias de notificación, comunicación o ejecución.
4- Respecto del acápite de normas violadas y concepto de violación es necesario
precisar tal concepto, frente a cada uno de los actos que se demanda”.

A su turno, está probado que el 7 de diciembre de 2012, la parte actora radicó la
subsanación de la demanda. En consecuencia, mediante proveído del 7 de marzo

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
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de 2013, la Subsección C “en Descongestión” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca rechazó el libelo, toda vez que el escrito de
subsanación fue presentado extemporáneamente (hechos probados 7.1.6 y 7.1.10).
En efecto, dicha decisión se adoptó con base en la siguiente argumentación:

“En el presente caso se tiene que, con Auto de 17 de mayo de 2012 se inadmitió la
demanda y concedió el término de cinco días a los actores para que de conformidad
con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, subsanaran los defectos
señalados.

Providencia que fue recurrida el 28 de mayo de 2012, y negado el recurso el 8 de
noviembre de 2012, decisión que fue notificada el 27 de noviembre de 2012.

En el interregno de estas actuaciones procesales, es de anotar que, en los procesos
del Despacho de origen con ocasión de paro judicial y cese de actividades, se
suspendieron los términos desde el 22 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2012,
como se prueba en constancias de 26 de noviembre de 2012 (folio 755 cuaderno 1)
y 20 de febrero de 2013 (folio 754 cuaderno 1), suscritas por la Secretaría de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Partiendo de tales premisas, se tiene que, desde el 28 de noviembre de 2012, fecha
en que iniciaba el término de ejecutoria del auto de 17 de mayo de 2012, dentro de
los siguientes cinco días, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2012, contaban los
actores para subsanar la demanda, oportunidad que fue concedida por la A Quo en
virtud del artículo 143 del Código Contencioso Administrativo […]

Aunado lo anterior y, en vista que los accionantes corrigieron los defectos precisados
por la A Quo, el 7 de diciembre de 2012, esto es, posteriormente al término dispuesto
para tal efecto, sin necesidad de más consideraciones, la Sala procede al rechazo de
la demanda […]”.

Pues bien, consta que el 17 de enero de 2014 la parte actora presentó recurso de
apelación contra dicha decisión. Asimismo, el 21 de mayo siguiente, los accionantes
solicitaron la reconstrucción del expediente, aduciendo que los traslados de la
demanda radicados el 12 de julio de 2011, 27 de julio de 2011 y 7 de diciembre de
2012 “no aparecen”, por la “[…] falta de cuidado […]” de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (hechos probados
7.1.11 y 7.1.15).

De esta forma, mediante auto del 14 de agosto de 2013 –el cual se acusa de haber
incurrido en un error jurisdiccional- la Sección Primera del Consejo de Estado
confirmó el auto del 19 de diciembre de 2013, a través del cual se rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, al constatar que la

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subsanación del libelo introductorio fue radicada extemporáneamente y que, por
demás, la demanda y su subsanación no cumplían con los requisitos formales para
ser admitidos. De igual forma, indicó que la solicitud de reconstrucción del
expediente era improcedente, toda vez que el 11 de abril de 2013 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió a dicha Corporación los traslados faltantes
(hecho probado 7.1.16). Dicha decisión se adoptó con fundamento en los siguientes
argumentos:

“A folio 270 del cuaderno de recurso, obra solicitud elevada por el apoderado de la
parte actora, en el sentido de reconstruir el expediente, debido a que a la demanda
se acompañaron los respectivos traslados, que no fueron enviados al Consejo de
Estado, en el momento en que se remitió el expediente para resolver el recurso de
apelación.

No obstante, no es posible atender su petición en la medida en que, a través del Oficio
núm. ER14-0174 de 11 de abril de 2014 (folio 72, cuaderno del recurso), la Secretaria
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, remitió 13
traslados, los cuales obran en el expediente […]

Corresponde a la Sala examinar si asistió razón al a quo para rechazar la demanda,
por no haberse subsanado oportunamente. Los actores, por conducto de apoderado
judicial, incoaron acción de nulidad y restablecimiento del derecho, radicada en la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de Julio de 2011.

Mediante proveído de 17 de mayo de 2012, el Tribunal inadmitió la demanda y
concedió un término de 5 días para corregirla.

Frente a Io anterior, la parte actora interpuso recurso de reposición, que fue resuelto
el 8 de noviembre de 2012, confirmando el auto recurrido.

La decisión se notificó por estado de 27 de noviembre de 2012 (folio 608, vto.) y el
apoderado de los actores presentó escrito de corrección el 7 de diciembre (folio 609)
del mismo año.

Ahora bien, a folio 755 del cuaderno principal, obra constancia secretarial de 26 de
noviembre de 2012, en el siguiente sentido: ‘La suscrita Secretaria deja constancia
de la suspensión de términos judiciales entre el 22 de octubre hasta el 23 de
noviembre de 2012, durante los cuales no hubo atención al usuario por cese de
actividades organizadas por ASONAL JUDICIAL, debido a que tal hecho impidió el
ingreso del público en general al edificio de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca
y de esta Secretaria en particular.’

Es decir, que la decisión mediante la cual quedó en firme el auto de inadmisión de la
demanda, se notificó una vez se reanudaron las actividades, luego del paro judicial,
esto es, el 27 de noviembre de 2012. De manera que los 5 días para subsanar los
defectos formales de la demanda se cumplieron el 4 de diciembre, motivo por el cual
el escrito presentado por el apoderado de la parte actora, 3 días después, Io fue
extemporáneo.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Por otra parte, en la impugnación se pone de presente que no había lugar a inadmitir
la demanda porque, contrario a Io aducido por el Tribunal, si se cumplieron los
requisitos establecidos en el artículo 137 del C.C.A.

Al respecto, observe la Sala que el Tribunal ordeno a los demandantes, mediante
proveído de 17 de mayo de 2012, Io siguiente:

1. Dar estricto cumplimiento a lo previsto en los numerales 1 al 6 del artículo 137 del
C.C.A.
2. Individualizar con toda precisión los actos cuya nulidad pretende.
3. Acompañar copia autentica de los actos acusados, con sus constancias de
notificación, comunicación o ejecución.
4. Precisar el concepto de violación.

Lo anterior, con fundamento en que no fue posible determinar de manera clara los
hechos de la demanda, las pretensiones y el concepto de violación, lo que tornaba al
libelo introductorio en un escrito inadecuado para presentar una demanda.

Ahora bien, es evidente para la Sala que la acción formulada por los señores Gerly y
Ludy Arévalo Hernández, por conducto de apoderado judicial, carece de los requisitos
formales que fueron indicados por el Tribunal, amén de que no se precise con
claridad. que es Io perseguido por estos.

En efecto, se enuncian una serie de hechos que tienen que ver con la personería
jurídica de la ‘Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de Tena y La Mesa –
ASUARTELAM’, posteriormente, ‘Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de
Tequendama’, su inscripción en el registro mercantil, único tributario y de prestador
de servicios públicos domiciliarios, así como el permiso de concesión de aguas
superficiales y otras actuaciones que conforman los anexos de la demanda, entre los
que se encuentran, principalmente, respuestas a sendos derechos de petición
presentados por los señores Gerly y Ludy Arévalo Hernández ante cada una de las
entidades demandadas.

Con ello, se extendió la narración de los hechos a aspectos que, por Io demás,
confunde el asunto objeto de la controversia, para citar un ejemplo, con el título III de
la demanda, denominado ‘concepto de la violación que acredita que se debe imponer
la suspensión provisional (SIC) solicita’ (folio 173, vto del cuaderno principal), en el
que se enumeran 325 párrafos de folios 173 a 288, como hechos relacionados con
una ‘demanda de tutela radicada en el Juzgado 22 Laboral del Circuito de Bogotá’.
También se narran hechos que, al parecer, corresponden a otros procesos judiciales
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que si bien guardan relación con la
‘Asociación de Usuarios del Acueducto Regional de Tequendama’, no fundamentan
propiamente la solicitud de nulidad para la cual esta instituida la acción invocada.

Aunado a Io anterior, se solicita la nulidad de 14 actos (folios 288 a 290 del cuaderno
principal), en muchos de los cuales no se aprecia su vocación de actos administrativos
susceptibles de enjuiciarse ante esta jurisdicción, faltando con ello a los requisitos
establecidos en los artículos 137 y 138 del C.C.A. […].

Es claro pues, que la demanda no cumplía los requisitos aludidos, defectos estos que
fueron anotados por el Tribunal en el auto que la inadmitió […]

A pesar de ello, la parte actora no la subsanó en debida forma, sino que, por el
contrario, mediante escrito de 28 de mayo de 2012, reitera el extenso escrito de la

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demanda que consta de 326 folios, en uno de 236 para cambiar la presentación a un
‘cuadro sinóptico’.

Confirmada la decisión de inadmisión, los demandantes procedieron a ‘dar
cumplimiento con Io dispuesto en la decisión de 8 de noviembre’ mediante memorial
de 122 folios radicado el 7 de diciembre de 2012, en la Secretaría de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

No obstante, allí también se reproduce, bajo la misma argumentación, el libelo
introductorio y cada una de las actuaciones surtidas ante las entidades demandadas,
para reiterar las mismas pretensiones.

Por Io demás, este memorial, como ya se indicó, fue presentado extemporáneamente.
Así las cosas, concluye la Sala que asistió razón al a quo, en inadmitir la demanda y
de ahí que la decisión de rechazo por no haber sido subsanada en tiempo se
encuentre ajustada a derecho. todo Io cual impone confirmar el proveído recurrido”.

Pues bien, el 16 de septiembre de 2014, la parte actora presentó solicitud de
aclaración, adición y corrección de la precitada providencia. En consecuencia,
mediante auto del 26 de marzo de 2015 –el cual se acusa de contener un error
jurisdiccional-, la Sección Primera del Consejo de Estado negó dicha solicitud
(hechos probados 7.1.17 y 7.1.18), de conformidad con la siguiente argumentación:

“El apoderado de los actores, en escrito visible a folios 101 a 145 solicita la adición,
aclaración y corrección de la providencia de 14 de agosto de 2014.

Como fundamento de la adición expone los siguientes puntos:

1- Es pertinente la solicitud de reconstrucción del expediente, para que, con cargo a
la Rama Judicial, se expidan las copias de 4 de los 13 traslados de la demanda, ya
que no fue posible encontrarlos.

2.- Los motivos invocados para la inadmisión de la demanda, no guardan relación con
los aducidos para el rechazo.

3- La demanda relaciona todas las decisiones adoptadas por cada una de las 13
entidades demandadas, Io que fue explicado en el recurso de apelación, pero la
providencia de la Sala no hace mención al respecto. ElIo viola el debido proceso y el
principio de congruencia.

4- A la demanda se acompañó copia de los actos acusados que suministraron las
demandadas y los restantes, pese a que se instauró una acción de tutela, no fue
posible obtenerlos por gozar de reserva legal, por eso se solicitó que se allegaran en
el capítulo de pruebas.

5- La demanda específica cada una de las entidades demandadas y se adjuntó el
respectivo traslado para todas ellas.

6- La demanda contiene los hechos pertinentes, ciertos, claros, específicos y

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

precisos, tal y como se reiteró en el recurso de apelación contra el auto que la
rechazo.

7- La demanda relaciona los actos acusados y pretensiones formuladas contra ellos,
información que posteriormente se compiló a través de un cuadro sinóptico. Los actos
fueron demandados dentro del término de caducidad de la acción, contabilizado a
partir de la expedición de la constancia de no conciliación prejudicial.

8- El recurso de apelación, interpuesto contra la decisión de rechazo de la demanda,
narra ampliamente las actuaciones desplegadas por cada una de las entidades
demandadas, que dieron lugar a la demanda instaurada.

9- El recurso de apelación indica la cuantía del proceso y la competencia del Tribunal.

10- El recurso de apelación explica que el 17 de mayo de 2012, se inadmitió la
demanda y se otorgaron 5 días para subsanarla. La decisión se notificó en estado de
23 de mayo de 2012 y fue objeto del recurso de reposición. En auto de 8 de noviembre
de 2012, que fue notificado el 27 del mismo mes y año, la Magistrada ponente
confirmó la decisión. La ejecutoria de la providencia corrió desde el 28 hasta el 30 de
noviembre y el término para cumplir con la subsanación corrió desde el 3 hasta el 7
de diciembre. Por ende, la subsanación se hizo en tiempo.

11- Dentro del recurso de apelación se acusa que la decisión que confirma la
inadmisión de la demanda se adoptó el 8 de noviembre de 2012, cuando los términos
no estaban corriendo, debido al paro judicial y, por tanto, el Despacho estaba cerrado
al público.

Por otra parte, solicita que se corrija la providencia de 14 de agosto de 2014 en lo
concerniente a afirmar que los hechos enunciados en la demanda no guardan relación
con la pretensión de nulidad de los actos acusados.

Finalmente, pide que se aclare si ha existido un cambio de Jurisprudencia respecto
de cuáles son los actos enjuiciables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
debido a que, en su criterio, los que demandó crean, modifican y extinguen
situaciones jurídicas, luego sí debieron tenerse como actos enjuiciables.

El apoderado de la parte actora solicita que se adicione el auto de 14 de agosto de
2014, en 11 aspectos que fueron brevemente sintetizados en los antecedentes de la
presente providencia. No obstante, no se reúnen los requisitos para acceder a dicha
solicitud, conforme pasa a explicarse.

1- La reconstrucción del Expediente.

Como se indicó en la providencia de 14 de agosto de 2014, no hay lugar a acceder a
la solicitud de reconstrucción del expediente comoquiera que la Secretaría del
Tribunal remitió, a través del Oficio num. ER14-0174 de 11 de abril de 2014, visible a
folio 72 del cuaderno del recurso, 13 traslados que constan en los siguientes
cuadernos, que reposan en el expediente […]

Luego, los 4 traslados que el apoderado asegura se extraviaron, no Io fueron en esta
Corporación. De ahí que deba dirigir su solicitud ante el Juez de primera instancia,
quien resolverá mediante auto susceptible del recurso de apelación, conforme a Io
preceptuado en el artículo 133 del C. de P.C.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

2- Los motivos de la inadmisión de la demanda.

Al respecto, se efectuó, en la providencia cuya adición se solicita, un análisis de los
fundamentos que adujo el a quo para ordenar la corrección de la demanda,
encontrándolos ajustados al artículo 137 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984), dado que no fue posible determinar de manera clara las
pretensiones, los hechos en que se basan, las normas violadas y el concepto de
violación. […]

3- Individualización de los actos demandados.

En el proveído de 14 de agosto de 2014, la Sala encontró que asistió razón al Tribunal
al indicar que no se individualizaron con toda precisión los actos cuya nulidad se
pretendía, como lo ordena el artículo 138 del C.C.A. […]

Es de resaltar que en vista, precisamente, del orden y precisión echados de menos
en la presentación del objeto de la demanda, la providencia mencionó que se
pretendía la anulación de 14 actos, y en la solicitud de adición el apoderado de la
parte actora aclara que son 23, pero esto no es óbice para que se accede a la adición
solicitada, pues el fondo del asunto es que unos y otros ‘actos’, no fueron
individualizados con precisión, como lo advirtió el a quo en el proveído que resolvió
el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio […].

De manera que, se reitera, la inadecuada presentación de su escrito, Io hizo
ininteligible, al punto de que pese a enlistar una serie de actos y señalar las
Autoridades que supuestamente los expidieron, no se pudieron conocer los hechos
que fundamentaban las pretensiones y, con ello, determinar con exactitud el objeto
de la demanda, cuyo contenido debe ser expreso (artículo 137, C.C.A.) y sin lugar a
dubitaciones.

No obstante, la claridad de los términos en que se le solicitó que se corrigiera el
escrito, la parte actora procedió a interponer recurso de reposición, insistiendo en que
su demanda sí reunía los requisitos de ley. Y para el momento en que procedió a dar
cumplimiento a los defectos señalados, ya había finalizado el plazo concedido, por Io
que su escrito extemporáneo no pudo ser tornado en cuenta.

4- Copia de los actos acusados.

En la providencia de 14 de agosto de 2014, la Sala encontró que asistió razón al
Tribunal al indicar que la demanda no reunía los requisitos formales, por Io que
concedió un término para que se individualizaran los actos acusados y se allegara
copia de los mismos. Ello, en armonía con Io dispuesto en los artículos 138 y 139 del
C.C.A., como se indicó en el punto anterior.

5- Las entidades demandadas.

No encuentra fundamento la Sala para adicionar la providencia de 14 de agosto de
2014, en este sentido. Se reitera que se confirmó la decisión de rechazo del a quo,
por las razones que quedaron suficientemente explicadas en el auto inadmisorio, en
el que resolvió el recurso de reposición, en el de rechazo y en el que se decidió la
apelación.

Si a la parte actora se le orientó para que subsanara su demanda con sujeción a Io
dispuesto en los numerales 1 al 6 del artículo 137 del C.C.A., en los que se incluye el

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

requisito de la designación de las partes, ello no tuvo como pretexto discutir si las
partes fueron o no bien designadas.

6- Los hechos.

Se adecua al mismo razonamiento anterior.

7- Los actos acusados v la caducidad de la acción.

Se repite que la inadecuada presentación del libelo introductorio, Io hizo ininteligible,
al punto de que pese a enlistar una serie de actos y señalar las Autoridades que
supuestamente los expidieron, no se pudieron conocer los hechos que
fundamentaban las pretensiones y, con ello, determinar con exactitud el objeto de la
demanda, cuyo contenido debe ser expreso (artículo 137, C.C.A.) y sin lugar a
dubitaciones.

8- Las actuaciones de las entidades demandadas v el recurso de apelación.

Se adecua al mismo razonamiento de los numerales 5 y 6.

9- La cuantía del proceso y la competencia del Tribunal

Si a la parte actora se le orientó para que subsanara su demanda con sujeción a Io
dispuesto en los numerales 1 al 6 del artículo 137 del C.C.A., en los que se incluye el
requisito de la estimación de la cuantía y la competencia, ello no tuvo como pretexto
discutir si dichos conceptos fueron claros o no, por Io que no habría lugar a adicionar
aspecto alguno.

10- La oportunidad en la presentación del escrito de corrección.

En la providencia de 14 de agosto de 2014, la Sala expreso:

‘[….] la decisión mediante la cual quedó en firme el auto de inadmisión de la demanda,
se notificó una vez se reanudaron las actividades, luego del paro Judicial, esto es, el
27 de noviembre de 2012. De manera que los 5 días para subsanar los defectos
formales de la demanda se cumplieron el 4 de diciembre, motivo por el cual el escrito
presentado por el apoderado de la parte actora 3 días después Io fue extemporáneo’.

En consecuencia, no hay lugar a adicionar la providencia en relación con este
aspecto.

11- Cese de actividades, por paro judicial.

Se reitera Io dicho en el numeral anterior, que fue expresamente consignado en el
proveído de 14 de agosto de 2014:

‘Es decir, que la decisión mediante la cual quedó en firme el auto de inadmisión de la
demanda, se notificó una vez se reanudaron las actividades. luego del paro judicial,
esto es, el 27 de noviembre de 2012. De manera que los 5 días para subsanar los
defectos formales de la demanda se cumplieron el 4 de diciembre, motivo por el cual
el escrito presentado por el apoderado de la parte actora 3 días después, Io fue
extemporáneo." (Resaltado fuera del texto).

Por tal razón, tampoco hay lugar a adicionar este punto.

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De la corrección de autos. […]

El apoderado de la parte demandante solicita que se corrija la providencia de 14 de
agosto de 2014, en lo concerniente a afirmar que los hechos enunciados en la
demanda no guardan relación con la pretensión de nulidad de los actos acusados.

Para la Sala, es evidente que tal solicitud de corrección no se estructuró sobre algún
error en que haya incurrido la providencia, sino que se pretende controvertir el defecto
atribuido a la demanda, en cuanto extiende la narración de los hechos a diversos
asuntos que la hacen ininteligible, como ya se ha explicado reiteradamente. y también
se consignó en el auto de la Sala […].

Siendo ello así, resulta improcedente la solicitud de corrección.

De la aclaración de autos.

El apoderado de los demandantes pide que se aclare si ha existido un cambio de
Jurisprudencia respecto de cuáles son los actos enjuiciables ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, debido a que, en su criterio, los que demandó crean,
modifican y extinguen situaciones jurídicas, luego sí debieron tenerse como actos
enjuiciables. […]

Conforme a Io anterior, no hay lugar a aclarar el auto de 14 de agosto de 2014, si se
tiene en cuenta que no contiene motivos de duda que influyan en la decisión de
rechazo, la cual no se sustentó en la variación de la Jurisprudencia, sino en la
inadecuada presentación del libelo introductorio que Io hizo ininteligible, que motivó
la decisión de inadmisión, pues no hubo claridad sobre el objeto de la demanda, cuyo
contenido debe ser expreso y adecuado al artículo 137 del C.C.A. Así, habiéndose
presentado de manera extemporánea la corrección, se imponía el rechazo de la
demanda”.

i) Ausencia de error jurisdiccional frente al auto del 14 de agosto de 2014,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se
confirmó el rechazo de la demanda

Pues bien, bajo el anterior contexto, estima la Sala que el cargo propuesto por los
demandantes no está llamado a prosperar, pues, como se analizó, en la providencia
acusada la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el rechazó la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho, pues la subsanación del libelo
introductorio fue radicada extemporáneamente (hecho probado 7.1.16).

De esta forma, la conclusión a la que se arribó en el proveído del 14 de agosto de
2014 no puede catalogarse como errada o equivocada y, por ende, incursa en error
jurisdiccional, tal como pasará a explicarse.

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Justamente, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó el rechazó de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, al constatar que el auto del 8
de noviembre de 2012 - mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó el auto inadmisorio - fue notificado por estado del 27 de
noviembre de 2012119. En consecuencia, el término de 5 días para presentar la
subsanación de la demanda venció el 4 de diciembre de 2012. No obstante, aquella
fue radicada extemporáneamente el 7 de diciembre siguiente, motivo por el cual lo
procedente era rechazar la demanda (hechos probados 7.1.5, 7.1.6 y 7.1.16).

Asimismo, la Sección Primera de esta Corporación explicó que, si bien el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se encontraba en cese de actividades entre el 22
de octubre y el 23 de noviembre de 2012 con ocasión del paro judicial, lo cierto es
que el auto inadmisorio del 8 de noviembre de 2012 fue notificado una vez finalizó
el paro judicial y se reanudaron los términos judiciales (hechos probados 7.1.4 y
7.1.5).

Pues bien, la parte actora argumentó que la subsanación de la demanda fue
radicada oportunamente, toda vez que como el auto del 8 de noviembre de 2012
fue notificado por estado del 27 de noviembre siguiente, “la ejecutoria de la decisión
corrió entre el 28 al 30 de noviembre de 2012 y por el cómputo del término para
cumplir con la carga procesal de los cinco días para subsanar la demanda corrieron
entre el 3 al 7 de diciembre de 2012 y la subsanación se hizo en este caso el 7 de
diciembre de 2012 dentro del término de ley”.

Al respecto, cabe aclarar que los términos judiciales comienzan a correr desde el
día siguiente a la notificación de la providencia que los concede, de conformidad
con el artículo 120 del CPC120.

119 Folio 11, C. 5. Obra constancia que la referida providencia fue notificada por estado del 27 de

noviembre de 2012.
120 “Artículo 120. Cómputo de términos. Todo término comenzará a correr desde el día siguiente al

de la notificación de la providencia que lo conceda; si fuere común a varias partes, será menester la
notificación a todas. En caso de que haya de retirarse el expediente, el término correrá desde la
ejecutoria del auto respectivo […]”.

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En consecuencia, contrario a lo argumentado por la parte actora, el término para
subsanar la demanda comenzó a correr a partir del día siguiente a la notificación
del auto inadmisorio del 8 de noviembre de 2012, y no desde la ejecutoria de dicha
providencia. En ese sentido, el término para radicar la subsanación del libelo
introductorio transcurrió entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2012. No
obstante, dicho escrito fue radicado de forma extemporánea el 7 de diciembre
siguiente (hechos probados 7.1.5 y 7.1.6).

De igual forma, se advierte que, en la providencia acusada, la Sección Primera del
Consejo de Estado, luego de concluir que la subsanación de la demanda fue
presentada extemporáneamente, examinó los argumentos expuestos por la parte
actora en el recurso de apelación, en donde se insistía que el libelo introductorio
debía ser admitido porque cumplía con todos los requisitos formales para su
admisión. En efecto, en la providencia acusada se evidenció y explicó con
suficiencia que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no cumplía
con los requisitos para ser admitida, toda vez que sus pretensiones no eran claras,
se incluían hechos que no guardaban relación con el objeto de la controversia y
muchos de los proveídos acusados no eran actos administrativos susceptibles de
ser enjuiciados ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, la
Sección Primera también examinó el escrito de subsanación de la demanda, frente
a lo cual concluyó que aquella tampoco era clara, pues se limitaba a reiterar el
contenido del libelo introductorio. De esta forma, en el referido proveído se concluyó
que la decisión de inadmitir y posteriormente rechazar la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho estuvo ajustada a derecho.

En ese orden, en el auto del 14 de agosto de 2014, la Sección Primera de esta
Corporación negó la solicitud de reconstrucción del expediente, al constatar que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca había remitido los 13 traslados
“extraviados”. Al respecto, cabe resaltar que, contrario a lo argumentado por la parte
actora, la supuesta ausencia de los traslados de la demanda no tuvo incidencia en
la decisión de inadmitir y posteriormente rechazar el libelo introductorio. En efecto,
se reitera, tales decisiones obedecieron a que los hechos, pretensiones y el
concepto de violación de los actos acusados no eran claros, así como a la

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presentación extemporánea de la subsanación de la demanda. De igual forma, se
advierte que en el auto inadmisorio del 17 de mayo de 2012, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca ordenó a la parte actora que allegara la copia
autenticada de los actos acusados, mas no se refirió a los traslados de la demanda
(hechos probados 7.1.2, 7.1.14 y 7.1.16).

De lo expuesto, es claro que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por Ludy y Gerly Arévalo Hernández no cumplía con los requisitos para
ser admitida, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les concedió
un término de 5 días para subsanar el libelo. No obstante, aquella fue radicada
extemporáneamente, lo cual dio lugar al rechazo de la demanda. Ello da cuenta,
entonces, que, contrario a lo señalado por los demandantes, la decisión de rechazar
la demanda no fue injustificada ni arbitraria.

Por demás, cabe advertir que la parte accionante, dentro de la extensa
argumentación respecto de la configuración del error jurisdiccional expuso distintos
argumentos o “irregularidades” en que supuestamente incurrieron el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado al inadmitir y rechazar la
demanda. No obstante, lo cierto es aquellos no constituyen verdaderos defectos ni
desvirtúan la decisión de rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho. De esta forma, resulta errado argumentar que el motivo para rechazar la
demanda no coincidió con las razones expuestas para su inadmisión, cuando, se
reitera, el rechazo de la demanda obedeció a que la subsanación del libelo
introductorio fue radicada extemporáneamente.

Así las cosas, si bien la Sección Primera del Consejo de Estado, luego de concluir
que la subsanación se allegó de forma extemporánea, analizó el contenido de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, aquello fue en aras de resolver
los reparos formulados por la parte actora en el recurso de apelación, en donde
insistió que el libelo introductorio cumplía con todos los requisitos formales para su
admisión. De igual forma, se advierte que dicho estudio se ajustó a lo decidido
previamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a lo argumentando
por los accionantes.

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Así pues, se advierte que no le asiste razón al extremo activo cuando afirma que se
configuró un error jurisdiccional en el proveído del 14 de agosto de 2014, por el
rechazo de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
los aquí demandantes.

ii) Ausencia de error jurisdiccional frente al auto del 26 de marzo de 2015,
proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante el cual se
negó la solicitud de aclaración, adición y corrección del auto del 14 de agosto
de 2014

En similar sentido, se advierte que la decisión adoptada por la Sección Primera del
Consejo de Estado mediante auto del 26 de marzo de 2015, por medio del cual se
negó la solicitud de aclaración, corrección y adición del auto del 14 de agosto de
2014, también estuvo ajustada a derecho. En efecto, se evidencia que, tal como se
explicó en la providencia acusada, dicha solicitud era improcedente, pues los
planteamientos expuestos por la parte actora no correspondían verdaderamente a
asuntos susceptibles de aclaración, corrección y adición. Por el contrario, a través
de dicha petición se buscaba controvertir la decisión del 14 de agosto de 2014, lo
cual no corresponde al objeto de dicha figura. Asimismo, se observa que la Sección
Primera de esta Corporación analizó y explicó detalladamente a la parte
demandante porque su solicitud resultaba improcedente frente a cada uno de los
puntos planteados (hechos probados 7.1.16 a 7.1.18).

Del mismo modo, en cuanto a la solicitud de adición del auto del 14 de agosto de
2014, en lo que respecta a la reconstrucción del expediente, la Sección Primera
reiteró a la parte demandante que dicha solicitud era improcedente, toda vez que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había remitido los 13 traslados que
reposaban en el expediente. Así, respecto a los otros 4 traslados faltantes, se indicó
en la providencia acusada que los accionantes podían radicar la solicitud de
reconstrucción del expediente ante el ad quem, quien resolvería dicha petición
mediante auto susceptible de recurso de apelación, en los términos del artículo 133
del CPC. De esta forma, frente a dicha decisión tampoco se evidencia un actuar

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caprichoso o injustificado por parte de la Sección Primera de esta Corporación.

Así las cosas, se concluye que tampoco le asiste razón al extremo activo cuando
afirma que se configuró un error jurisdiccional en el proveído proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado el 26 de marzo de 2015, al negar la solicitud de
aclaración, adición y corrección del auto del 14 de agosto de 2014.

Una lectura detenida de los argumentos expuestos en las decisiones objeto de
reproche permite auscultar los criterios razonables y concretos que las sustentan,
pues sus motivaciones fueron congruentes con la realidad procesal y no se advierte
la comisión de un error jurisdiccional que demuestre, sin asomo de duda, una
actuación subjetiva, caprichosa o arbitraria por parte del operador de justicia.

De lo expuesto es claro que la actora pretende utilizar como una instancia adicional
el medio de control de reparación directa, para controvertir las decisiones del 14 de
agosto de 2014 y 26 de marzo de 2015, proferidas por la Sección Primera del
Consejo de Estado, decisiones frente a las cuales en el acápite anterior se
estudiaron los cargos formulados por los demandantes. Además, dichas
providencias hicieron tránsito a cosa juzgada. Es decir, so pretexto de la alegada
violación de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los accionante pretenden, realmente, una nueva revisión
de los autos que fueron adversos a sus intereses, respecto del rechazo de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener– la vocación
de constituirse en una instancia adicional, a las tramitadas dentro del cauce
procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio
al que conduce el ejercicio de la reparación directa tiene como presupuesto la
intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judiciales a las cuales

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se le endilga la producción del daño antijurídico121.
En últimas, se evidencia que las providencias del 14 de agosto de 2014 y el 26 de
marzo de 2015, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado no
carecieron de fundamento y, adicionalmente, se evidencia que los
demandantes pretenden utilizar como una instancia adicional el medio de control
de reparación directa sin el debido uso que se le debe dar cuando se demanda al
error jurisdiccional.

7.3. Ausencia de error jurisdiccional frente a las providencias proferidas
dentro de la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2015-01757-00

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la lesión
injustificada a los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso de la parte actora, producto de las decisiones de tutela proferidas el 8 de
septiembre de 2015, 10 de diciembre de 2015 y 2 de febrero de 2016 por las
Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado, mediante las cuales se negó
el amparo constitucional solicitado y la solicitud de aclaración, adición y corrección
del proveído del 10 de diciembre de 2015, respectivamente.

Ahora bien, se reitera que, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que sea
procedente reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el
afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y
ésta deberá encontrarse en firme122.

Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional en las providencias
del 10 de diciembre de 2015 - mediante la cual se negó el amparo constitucional

121 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:

Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).
122 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.

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solicitado - y del 2 de febrero de 2016 - mediante la cual se negó la solicitud de
aclaración, corrección y adición de la anterior decisión-, proferidas por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, pues se encontraban en firme y frente a ellas no
procedían recursos, por tratarse de una providencia de segunda instancia y de
aquella que resolvía la solicitud de aclaración123, respectivamente. Sin embargo, no
es procedente el estudio frente a la decisión del 8 de septiembre de 2015 porque
ésta no se encontraba en firme ya que frente a ella procedía el recurso de apelación,
el cual fue posteriormente presentado por la parte demandante y se resolvió
mediante el proveído del 10 de diciembre de 2015 (hechos probados 7.1.20, 7.1.22
y 7.1.24).

Pues bien, en el caso sub examine se alega que las providencias del 10 de
diciembre de 2015 y del 2 de febrero de 2016 incurrieron en un error jurisdiccional,
por la “forma arbitraria, caprichosa” en la que se “negó brindar el amparo
constitucional reclamado”.

En efecto, en el caso concreto está acreditado que el 2 de julio de 2015, Gerly y
Ludy Arévalo Hernández interpusieron acción de tutela contra las providencias del
17 de mayo de 2012, 8 de noviembre de 2012, 7 de marzo de 2013, 19 de diciembre
de 2013, 14 de agosto de 2014 y 26 de marzo de 2015, proferidas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente,
pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, igualdad y al debido proceso (hecho probado 7.1.19).

En consecuencia, mediante sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2015, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó la solicitud de
amparo (hecho probado 7.1.20), en los siguientes términos:

“[…] encuentra esta Sala que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron
alguna vulneración de derechos fundamentales, por las siguientes razones:

123 “Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció.

Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o
frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva
de la sentencia o influyan en ella. […] La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite
recursos, pero dentro de su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia
objeto de aclaración”.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

3.6.1. Comparte plenamente la Sala las reflexiones contenidas en las providencias
objeto de censura, cuando manifiestan que la demanda ordinaria presentada por los
actores carecía de los requisitos formales para ser admitida.

Al respecto, una vez verificado el contenido de las 326 páginas que conforman el
libelo, es de resaltar que contiene una profusa narración de hechos que no resultan
prístinos en cuanto a su relevancia, coherencia y conexidad, al tiempo que se
enumeran una serie de actos jurídicos como demandados (14 en total), muchos de
los cuales no resultan susceptibles de enjuiciarse ante la Jurisdicción.

Ello impedía, por supuesto, que a la acción se le diera el trámite respectivo, so pena
de culminar con un fallo inhibitorio y con un desgaste innecesario de la administración
de justicia.

3.6.2. Adicionalmente, las instancias judiciales respectivas fueron unánimes en
indicar que el termino de cinco (5) días para corregir la demanda inicio a correr el 28
de noviembre de 2012, y como tal los actores contaban hasta el 4 de diciembre del
mismo año para subsanar el escrito. Sin embargo allegaron a la Secretaria del
Tribunal un memorial de ‘corrección’ el día 7 del mismo mes y año, vale decir cuando
ya resultaba extemporánea.

Y, aunque se manifiesta que la providencia fue proferida durante el cese de
actividades de la Rama Judicial (22 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2012), Io
cierto es que la notificación de la decisión se surtió cuando el cese había culminado.
Io que resulta determinante para concluir que el debido proceso le fue respetado a los
demandantes.

3.6.3. Finalmente es necesario señalar que los demandantes necesariamente deben
acudir al Tribunal, con el objeto de indagar sobre la ubicación de los anexos que echa
de menos. Es más los interesados pueden formular las quejas y denuncias que
estimen pertinentes. Io que constituye una forma de averiguar por qué y en donde se
extraviaron los documentos”.

Por su parte, el 13 de octubre de 2015, la parte accionante impugnó el referido fallo
de tutela. En consecuencia, mediante sentencia del 10 de diciembre de 2014 –
frente a la cual se alega que incurrió en un error jurisdiccional-, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado confirmó la providencia de primera instancia (hechos
probados 7.1.21 y 7.1.22). En efecto, el fundamento de dicha decisión fue el
siguiente:

“Ahora bien, a pesar del incomprensible escrito de tutela y la respectiva impugnación,
que constan de más de 500 páginas, lo que en principio serla causal de inadmisión
también de la solicitud de amparo constitucional, de acuerdo con los hechos narrados
por las demandantes, se pudo extraer a manera de síntesis, que la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados se dio por la decisión de las
autoridades judiciales de inadmitir y rechazar una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que interpusieron contra la Nación - Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y otros.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Sin embargo, al constatar lo señalado anteriormente y los antecedentes del proceso
ordinario, para la Sala es claro que, como bien Io determinaron las autoridades
judiciales demandadas, en ese caso no se cumplían los requisitos formales
necesarios pare, poder determinar cuáles eran las pretensiones de la demanda, los
actos administrativos demandados o las actuaciones de las entidades demandadas
que constituyeran la trasgresión de algún derecho, motivo por el cual, era inevitable
inadmitir y, posteriormente rechazar un escrito al que no se le podía dar el trámite
previsto por la ley, pues ello generaría un desgaste que la administración de justicia
no puede asumir.

Ahora bien, en Io relativo a la acción de tutela, se debe señalar que las demandantes
no cumplieron con unos de los requisitos exigidos por la jurisprudencia antes
transcrita para la procedencia del amparo contra providencias judiciales, puesto que
como se subrayó, estas no identificaron de manera clara, ni sustentaron la causal o
casuales específicas de procedibilidad contra providencias judiciales, pues la
viabilidad de ella, está sujeta a que se den unos requisitos generales y específicos,
estos últimos que deben ser sustentados así sea sucintamente por parte del
interesado y, de esa forma darle la posibilidad al juez constitucional, que acometa el
estudio de un supuesto error cometido dentro de un proceso ordinario, que ya fue
analizado y definido bajo la óptica del su juez natural.

En este caso la falta de sustento claro y congruente por parte de las demandantes del
supuesto defecto o defectos en los que hayan incurrido los jueces ordinarios, es
suficiente para que la Sala se abstenga de examinar la tutela presentada, pues no
hay parámetros para establecer si los autos censurados desconocieron los derechos
fundamentales invocados. […]

Por esas razones, no se advierte evidencia de que las decisiones judiciales objeto de
tutela comprometan los contenidos constitucionalmente protegidos del derecho al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia que ameriten la
intervención del juez constitucional, en la medida en que no se trata de un proveídos
absolutamente caprichosos, arbitrarios o carentes de justificación o motivación
jurídica o que conduzca a la inexistencia de defense y contradicción dentro del
proceso, teniendo en cuenta que las demandantes tuvieron a su disposición y
utilizaron los medios de defensa establecidos por el legislador para controvertir las
decisiones atacadas ahora por vía de tutela”.

Seguidamente, el 14 de enero de 2016, Gerly y Ludy Arévalo Hernández
presentaron solicitud de aclaración, corrección y adición del fallo de tutela de
segunda instancia. De esta forma, mediante providencia del 2 de febrero de 2016
– frente a la cual se alega que incurrió en un error jurisdiccional-, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado negó dicha solicitud (hechos probados 7.1.23 y 7.1.24), de
conformidad con la siguiente argumentación:

“Ahora bien, en el caso bajo examen, las demandantes solicitaron la aclaración, la
adición y corrección de la sentencia de 10 de diciembre de 2015, pues consideraron
que en dicha providencia no se tuvo en cuenta que tanto en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, que fue inadmitida y posteriormente rechazada por las

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Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

autoridades judiciales accionadas en la tutela de la referencia, como en el escrito que
contenía la solicitud de amparo constitucional, se señalaron de manera clara los
argumentos encaminados a demostrar la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

En Io concerniente a dicha solicitud, se debe resaltar que los motivos aducidos por
las señoras Arévalo Hernández, son idénticos a los que anteriormente tomaron como
base para argumentar la solicitud de tutela resuelta en segunda instancia en la
sentencia de 10 de diciembre de 2015.

En tal sentido, encuentra el Despacho que las solicitantes no exponen con claridad
en qué sentido desean que se aclare, adiciones o corrija algún error aritmético de la
mencionada providencia. teniendo en cuenta los requisitos taxativos que exige la
norma en comento, simplemente, se limitan a manifestar sus inconformidades
respecto de los argumentos que acompañaron la decisión cuestionada en la que se
decidió no amparar los derechos fundamentales invocados y que presuntamente
fueron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de
Estado, Sección Primera, al resolver que la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesta por las demandantes en tutela debía ser inadmitida, y por no
haber sido subsanada, se resolvió el rechazo in limine.

En otras palabras, no se presentan las situaciones exigidas por la Ley para que
proceda la aclaración, adición o corrección del auto, contrario a ello, se observe que
la parte demandada pretende reabrir el debate surtido tanto en el proceso ordinario
como en el trámite de tutela sobre puntos ya decididos, circunstancia que hace
inviable la petición elevada, razón por la cual, será negada”.

i) Ausencia de error jurisdiccional frente a la sentencia de tutela del 10 de
diciembre de 2015, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado

Pues bien, bajo el anterior contexto probatorio, se observa que la decisión contenida
en la sentencia del 10 de diciembre de 2015 estuvo ajustada a derecho. En efecto,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo constitucional solicitado
al constatar que con las providencias acusadas no se vulneró ningún derecho
fundamental, pues la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no
cumplía con los requisitos formales para ser admitida. De esta forma, adujo que
resultaba necesario inadmitir el libelo introductorio para que la parte actora
subsanara dichos yerros y así evitar un desgaste de la administración de justicia
(hecho probado 7.1.22).

Asimismo, el juez de tutela advirtió que en el escrito de amparo no se precisaron los
defectos o las causales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, razón por la cual no contaba con parámetros para establecer si

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las providencias censuradas vulneraron los derechos fundamentales invocados. De
esta forma, concluyó que no se advirtió la vulneración de un interés protegido
constitucionalmente, en tanto no se evidenció que los proveídos acusados fueran
caprichosos o arbitrarios.

Ello da cuenta, entonces, que, contrario a lo señalado por los demandantes, la
decisión de negar el amparo constitucional no fue injustificada. De acuerdo con lo
expuesto, resulta palmario que la autoridad judicial accionada no incurrió en un
error jurisdiccional, pues la decisión se adoptó con fundamento en un estudio
razonable del escrito de tutela y de las providencias acusadas, lo cual no permitió
acreditar la existencia de un defecto en aquellas ni la vulneración de un interés
constitucionalmente protegido.

ii) Ausencia de error jurisdiccional frente al auto del 2 de febrero 2016,
proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante el cual se
niega la solicitud de aclaración, adición y corrección de la sentencia de tutela
del 10 de diciembre de 2015

De igual forma, se observa que la providencia del 2 de febrero de 2016, mediante
la cual se negó la solicitud de aclaración, corrección y adición de la sentencia del 10
de diciembre de 2015, también estuvo ajustada a derecho. En efecto, se advierte
que la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó dicha solicitud, al constatar que
los tutelantes no plantearon puntos susceptibles de aclaración, adicción o
corrección, sino que se limitaron a reiterar los argumentos expuestos durante el
trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo reabrir
el debate ya surtido, lo cual excedía la finalidad de dicho mecanismo procesal
(hecho probado 7.1.24).

Así las cosas, se concluye que en el caso sub examine no se encuentra acreditado
el error jurisdiccional alegado en las providencias del 10 de diciembre de 2015 y 2
de febrero de 2016, proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

7.4. Apelación de costas

Por último, se advierte que la parte actora solicitó en el recurso de apelación revocar
la condena por concepto de agencias en derecho, aduciendo que ha sufrido
pérdidas materiales por los “[…] graves actos en relación a lo acaecido dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho 20110041800/01, el proceso de
tutela 20150175700/00 y donde con dichas decisiones en últimas tuvo efectos
inadmitir y rechazar una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho […]”.

En efecto, dado que la impugnación se dirigió a cuestionar la imposición de la
condena en costas y no el monto de las expensas o agencias en derecho, las cuales,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5124 del artículo 366 del Código
General del Proceso solo pueden controvertirse mediante los recursos de reposición
y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas, la Sala
considera que la procedencia de la condena sí es susceptible de ser discutida a
través del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia y, por ende, ser
estudiada en la providencia que desata la apelación125.

Pues bien, en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca indicó que no se acreditó la causación de costas, por lo que dispuso
que “no habrá condena” por dicho concepto. No obstante, condenó a la parte
demandante por concepto de agencias en derecho, a pagar la suma de $5.000.000
a la Rama Judicial, de conformidad con el artículo 365 del CGP.

124 “La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse

mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.
La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se
concederá en el suspensivo”.
125 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 2 de julio de 2021, Rad. 65018: “Ahora, si bien el artículo 366-5 del Código General
del Proceso dispone que la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo
es cuestionable a través de los recursos de reposición y apelación en contra del auto que aprueba
la liquidación de costas, lo cierto es que esa norma no resulta aplicable a este asunto, por la sencilla
razón de que la impugnación está orientada a cuestionar la procedencia de la condena en costas y
no el monto de agencias en derecho que se fijó en primera instancia. De este modo, por la vía del
recurso de apelación contra la sentencia del a quo, sí resulta viable cuestionar la procedencia de la
condena en costas en el sub examine”.

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

Al respecto, debe aclarase que, contrario a lo manifestado por el a quo, las agencias
en derecho hacen parte del concepto de costas. En efecto, el artículo 361 del
C.G.P. vigente para el momento en el que se interpuso el recurso de apelación,
establece que las costas “están integradas por la totalidad de las expensas y gastos
sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”; sin
embargo, vale aclarar que estás últimas serán determinadas por las tarifas que,
para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con
el numeral 4 del artículo 366 de esa misma norma.

A su turno, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.

Al punto, entonces, se tiene que el artículo 365 ibídem, prevé las siguientes reglas
para proceder a la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”. (Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que es procedente confirmar la
condena en costas y agencias en derecho impuesta en primera instancia a la parte
demandante, toda vez que fue vencida en el proceso de reparación directa y
aquellas fueron plenamente acreditadas, en tanto la demandada (Rama Judicial)
compareció al proceso mediante apoderado judicial y realizó actividades de defensa

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Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

judicial durante la gestión surtida en primera instancia, tales como contestar la
demanda126 y alegar de conclusión127.

De otra parte, es importante advertir que el elemento subjetivo para imponer costas
estaba establecido en el artículo 171128 del C.C.A., no obstante, este criterio cambió
con la entrada en vigencia del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 365
del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa, pues con estas
últimas normas ya no se tiene en cuenta la conducta asumida por las partes durante
el proceso, sino cuál de ellas resulta vencida.

En virtud de lo anterior y conforme a la evolución normativa mencionada, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el legislador introdujo un
cambio sustancial respecto de la condena en costas129, al pasar de un criterio
“subjetivo” -CCA- a uno “objetivo valorativo” -CPACA-. Objetivo, porque en toda
sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para
condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas
del CGP y; valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez debe
establecer si “se causaron y en la medida de su comprobación”, esto es, con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del mismo; valoración en la que, se reitera, no se
analiza la mala fe o temeridad de las partes.

En otras palabras, la imposición de las costas y las agencias en derecho no depende
de la temeridad o la mala fe de las partes, sino del hecho de ser vencido en juicio y
de que «en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación», lo cual ocurrió en este caso, pues la parte demandada tuvo que

126 Fl. 490 a 495, C. P.
127 “Alegatos Gerly Arévalo Hernández”, carpeta “04. Anexos memorial del 19 de octubre de 2020”,

One Drive, “ED_GMAILRV_EXPEDIEN(.PDF)”, índice 2, Samai de apelación del auto.
128 “En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la

conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o
recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.”
129 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 7

de abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14).

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incurrir en ciertos gastos, comoquiera que debieron acudir al proceso mediante
apoderado judicial para contestar la demanda130 y alegar de conclusión131.

Finalmente, respecto del argumento consistente en que con la condena al pago de
agencias en derecho se estaría “agravando con decisiones de tal orden las pérdidas
de los todos los bienes y derechos frente a lo cual interpusieron en su momento la
demanda de nulidad y restablecimiento de derecho”, se evidencia que de
conformidad con el artículo 10° del Código General del Proceso el “servicio de
justicia que presta el Estado será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las
costas procesales”.

De otro lado, el artículo 151 ibídem dispone que se “concederá el amparo de
pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del
proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las
personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un
derecho litigioso a título oneroso”. A su turno, el 152 de esa normativa indica que
“el amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación
de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. El
solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones
previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio
de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado”.

Al respecto, el Consejo de Estado132 ha modulado su entendimiento en el sentido
de indicar que: “[…] no es necesario probar la incapacidad económica para asumir
los costos del proceso (…) y que solo basta con afirmar bajo juramento que se está
en incapacidad de atender los gastos del proceso […]”.

130 Fl. 490 a 495, C. P.
131 “Alegatos Gerly Arévalo Hernández”, carpeta “04. Anexos memorial del 19 de octubre de 2020”,

One Drive, “ED_GMAILRV_EXPEDIEN(.PDF)”, índice 2, Samai de apelación del auto.
132 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 6 de

marzo de 2020. Expediente 85001-23-33-000-2019-00189-01(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 19 de julio de 2018, Exp. 11001-03-25-000-2017-00275-00 (1344-2017), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de
mayo de 2019, Exp. 05001-23-33-000-2018-00420-01; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

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Por su parte, la Corte Constitucional133 ha sostenido “que frente a situaciones
económicas críticas que impidan a las partes en un proceso atender los gastos que
éste genera, existe el recurso de amparo de pobreza, el cual deberá ser solicitado
por el demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las
partes durante el proceso […]”.

En consecuencia, el trámite de un proceso judicial acarrea gastos que deben ser
asumidos por las partes, salvo que no se hallen en capacidad de atender dichos
costos, para lo cual el Legislador tiene prevista la figura del amparo de pobreza.

Ahora bien, los demandantes aducen que “inadmitir y rechazar una demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho y done (sic) al no dar curso a ella los actos
acusados quedaron con efectos y al no permitir el curso de la demanda entonces
tampoco se permitió acceder al restablecimiento del derecho y así se perdieron e
(sic) bienes y derechos”, no se advierte que haya solicitado el amparo de pobreza
con las exigencias que la ley prevé, esto es, bajo la solemnidad de juramento.

Además, es importante destacar que esta Corporación ha establecido que la
responsabilidad de determinar el momento oportuno para solicitar el amparo recae
en el demandante. En consecuencia, se ha establecido que el actor tiene la facultad
de presentar solicitud de amparo de pobreza con anterioridad a la interposición de
la demanda, simultáneamente con ella o en cualquier fase del proceso judicial. No
obstante, en el caso de presentar la solicitud en una etapa del proceso, ésta
solamente surtirá efectos hacia el futuro y no permitirá al demandante evadir el
pago de los gastos procesales que se hayan causado134.

Bajo al anterior contexto, se advierte que la parte actora no puede pretender evitar
el pago de las costas procesales, que ya fueron causadas, argumentado que con
ello se estaría “agravando con decisiones de tal orden las pérdidas de los todos los

133 Corte Constitucional, sentencia T-420 del 26 de junio de 2009.
134 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de octubre de 2019,

Rad.: 20001-33-31-004-2007-00158-01(A)(AP)Rev y sentencia de 1° de octubre de 2019, Rad.:
20001-33-31-005-2007-00175-01(A).

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bienes y derechos frente a lo cual interpusieron en su momento la demanda de
nulidad y restablecimiento de derecho”. Esto pues, ante la imposibilidad de sufragar
los gastos procesales, tuvo la posibilidad de presentar la solicitud de amparo de
pobreza con anterioridad al acaecimiento de la condena en costas.

Así las cosas, la Sala evidencia que la condena en costas, incluyendo el concepto
de agencias en derecho, impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
en sentencia del 3 de marzo de 2022, era procedente y se encuentra conforme a
derecho, pues en relación con las agencias en procesos de primera instancia, de
conformidad con lo establecido en los numerales 376 y 477 del artículo 366 del
Código General del Proceso, en concordancia con el Acuerdo 10554 de 2016135,
vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual
tratándose de procesos declarativos, en general, en primera instancia, la tarifa de
las referidas agencias podrá fijarse entre el 3% y el 7.5% del valor de las
pretensiones pedidas136.

En consecuencia, la Sala confirmará la condena en costas, incluido el concepto de
agencias en derecho, impuesta a la parte demandante, debido a que fue la parte
vencida en el proceso y su causación está comprobada, por lo que su liquidación
se hará de manera concentrada por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso,
tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem.

Como corolario de todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 3 de marzo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda y condenó por concepto de agencias en derecho a la
parte demandante, por las razones expuestas en esta providencia.

135 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
136 “Artículo. 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS

EN GENERAL. […] En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii)
De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […] ”.

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8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 numeral 1 del CGP, vigente para el momento en el que se
interpuso el recurso de apelación, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que
dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes
la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4.
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte
vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. […] 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación”.

De acuerdo con lo anterior, la Sala en la parte resolutiva condenará en costas en
segunda instancia a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando
en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas
en el proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho137 en segunda instancia, es
menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza,
calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora138.
A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016139 proferido por la Sala Administrativa del

137 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
138 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034.
139 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos, en
general, en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV140. En este sentido,
comoquiera que la parte demandada no se pronunció en esta instancia y no
desplegó ninguna actividad de defensa judicial respecto del recurso de apelación
interpuesto por la demandante, no habrá lugar a fijar agencias en derecho.

En este sentido, comoquiera que la demandada (Rama Judicial) no se pronunció en
esta instancia y no desplegó ninguna actividad de defensa judicial respecto del
recurso de apelación interpuesto por la demandante, no habrá lugar a fijar agencias
en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda y condenó por concepto de agencias en derecho a la demandante, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando
en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del
Proceso.

140 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.

En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

67

Radicado: 25000233600020170163902 (68809)
Demandante: Gerly Arévalo Hernández y otro

TERCERO: Sin agencias en derecho.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto

VF

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