Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-36-000-2017-01694-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Vulneración del derecho de petición: por respuesta incompleta, evasiva y dilatoria
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-36-000-2017-01694-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-36-000-2017-01694-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
25 de enero de 2018
VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN - Por respuesta incompleta, evasiva y dilatoria / PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA FAMILIAR PARA POBLACIÓN DESPLAZADA
FONVIVIENDA respondió la petición del actor relacionada con el trámite que efectúan, en conjunto, FONVIVIENDA y el DPS para que un hogar sea favorecido con una vivienda, a título de subsidio en especie dentro del programa de vivienda ciento por ciento subsidiada. (…) No obstante, como lo expuso el juez de primera instancia, no explicó al actor, da manera particular y concreta, los documentos que debe aportar para postularse, qué entidad es la encargada de recibirlos y los requisitos que debe cumplir para ser beneficiario de un programa de vivienda. (…) [E]ncuentra la Sala que la respuesta proferida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no se refirió a lo atinente a la remisión de información a la UARIV, para la vinculación al programa de alojamiento temporal, conforme lo dispuesto en el Decreto 4800 de 2011. (…) Es decir, no resolvió de forma completa la petición del actor. En consecuencia, se ordenará a dicho ministerio a que emita respuesta que resuelva de forma completa y de fondo la solicitud del actor. (…) En resumen, se advierte que se vulneró el derecho de petición por dos razones: la falta de respuesta completa a la petición de 23 de febrero de 2017 y la falta de oportunidad en las demás respuestas, en tanto que solo hasta el 18 de septiembre de 2017, la UARIV vino a dar respuesta de fondo al interesado.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-01694-01(AC)
Actor: DUBERNEY ARROYO ALVARADO
Demandado: MINISTERIO NACIONAL DE VIVIENDA Y TERRITORIO, FONVIVIENDA Y OTROS
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia del 26 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que resolvió:
“Primero: Conferir la tutela al derecho fundamental de petición del señor Duberney Arroyo Alvarado, conforme a la parte motiva de esta sentencia.
Para tal efecto se ordena al Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio, a través de la Coordinadora del Grupo de Atención al Usuario, para que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído, proceda a emitir respuesta que resuelva de fondo la solicitud del actor adiada del 23 de agosto de 2017 (sic), y notificarle la misma, analizando de manera detallada su caso en particular frente a su vinculación a los programas de vivienda gratuita urbana, indicándole en su caso especial los trámites y requisitos que debe cumplir, la documental que requiere de ser así, y le dé cuenta además de la solicitud de remisión de información a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas – UARIV – de que no cuenta con solución de vivienda definitiva, sin perjuicio de las resultas de dicho trámite ante esta última.
Segundo: Negar las demás pretensiones formuladas en el líbelo introductorio.”
ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor Duberney Arroyo Alvarado ejerció acción de tutela contra el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA y la Unidad Administrativa Especial para las Víctimas - UARIV, por considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad y de vivienda digna. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. ORDÉNESE al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA (sic) quien corresponda o haga sus veces, cumpla con su deber constitucional de abrir convocatorias y entregar subsidios de vivienda, resolviendo de fondo, clara, precisa y congruente la petición presentada el 23/02/2017, recibida bajo radicado No. 2017ER0019575 (…)
2. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, (sic) quien corresponda o haga sus veces, proceda a realizar los trámites correspondientes para que abra convocatorias como así, lo ha hecho en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, y en ese sentido nos garantice los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y no discriminación ante la ley.
3. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, (sic) quien corresponda o haga sus veces, me vincule a los proyectos de vivienda nueva o usada, a los programas de vivienda que ofrece a las víctimas del conflicto armado interno y, de esta forma se nos garantice el derecho a la igualdad, a la vida en condiciones de dignidad humana y al derecho constitucional fundamental a la vivienda, como asó lo ha hecho con otras personas que al igual que yo somos víctimas del conflicto armado interno.
4. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, (sic) quien corresponda o haga sus veces, me informe a través de su Honorable Despacho, cuales son las razones legales que le impiden abrir nuevas convocatorias.
5. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, (sic) quien corresponda o haga sus veces, nos dé un mismo trato preferente a los hogares desplazados que tuvieron la oportunidad (sic) postulasen en las convocatorias de los años 2004, 2005, 2006 y 2007, si se tiene en cuenta que la normatividad Ley 3ª de 1991 y los Decretos 951 de 2001, 2921 de 2009 y 1921 de 2012, y los acuerdos de Paz se exige como requisito postularse para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda en especie.
6. Sírvase ordenar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que además de abrir convocatorias, (sic) la entrega del subsidio familiar de vivienda de manera directa.
7. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, nos vincule al programa de alojamiento transitorio en condiciones dignas, por un periodo inicial de 2 años, de conformidad con el artículo 116 del Decreto 4800 de 2011, y, hasta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio nos vincule a los programas de solución definitiva de vivienda.”
Hechos
Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:
El señor Arroyo Alvarado es víctima del conflicto armado, padre cabeza de familia, encargado de la manutención de su familia, compuesta por 3 hijos y su esposa. Afirmó que no tiene vivienda propia, de modo que para proveer a su familia de un techo, ha arrendado diferentes viviendas.
Narró que la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas, de forma esporádica, le otorga un componente de arriendo transitorio. Por ello, adujo que dicha unidad ha incumplido sus obligaciones, puesto que la obligación de brindar ese apoyo económico subsiste hasta que El problema de vivienda se encuentre solucionado.
El 23 de febrero de 2017, el actor interpuso derecho de petición ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el que solicitó: i) información respecto a los documentos que debe aportar para ser vinculado a los programas de vivienda urbana; ii) que ese ministerio remita informe a la UARIV en el que se señale que el actor no cuenta con vivienda, con el fin de que esa unidad lo vincule a un programa de vivienda temporal hasta que FONVIVIENDA dé una solución definitiva al problema habitacional; iii) dar a conocer las fechas de las convocatorias para la postulación y asignación de subsidio de vivienda o que se manifieste por qué no se han realizado nuevamente.
El Ministerio, en Oficio No. 2017EE0025212 de 28 de febrero de 2017, le informó que: i) el hogar del actor no se postuló en ninguna de las convocatorias efectuadas por FONVIVIENDA en los años 2004, 2007 y 2011, de modo que no era posible asignarle subsidio familiar de vivienda; ii) la selección de los hogares potencialmente beneficiarios del programa de las 100 Mil Viviendas Gratis no le corresponde a esa entidad, sino al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS; iii) FONVIVIENDA no puede ofrecer información respecto a la fecha probable de asignación del subsidio, comoquiera que debía agotarse el procedimiento, en estricta observancia de las normas que lo regulan, además de tener en cuenta la capacidad presupuestal existente.
El señor Arroyo Alvarado consideró que la respuesta otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no resolvió lo solicitado en el derecho de petición, puesto que no informó las fechas en las que abriría convocatorias y no le explicó los documentos y requisitos que debe cumplir para postularse para la asignación del subsidio de vivienda en especie. De igual forma, advirtió que tampoco le fue explicado por qué el Ministerio demandado no informó a la UARIV que no cuenta con vivienda, para así ser vinculado a los programas de alojamiento temporal, acorde con lo establecido en el artículo 116 del Decreto 4800 de 2011.
De igual forma, advirtió que la última convocatoria realizada por FONVIVIENDA fue realizada hace nueve años, en junio de 2007, circunstancia que configura una violación a los derechos al debido proceso e igualdad.
Adicionalmente, resaltó que la UARIV incumplió con la obligación prevista en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2001, y los Decretos 2569 de 2000 y 4800 de 2011, consistente en brindar alojamiento temporal por dos años y ayuda humanitaria de emergencia, a pesar de que el 23 de febrero de 2017 presentó petición para ser vinculado a este programa y para que se le entregue de la ayuda humanitaria de emergencia.
Oposición
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV
El Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria de la UARIV contestó la acción de tutela y solicitó que se niegue el amparo, con fundamento en los siguientes argumentos:
Informó que el señor Arroyo Alvarado se encuentra incluido en el registro de hecho victimizante de desplazamiento forzado.
En cuanto al derecho de petición radicado por el actor ante esa entidad, anotó que el 18 de septiembre de 2017 remitió respuesta a la dirección de notificaciones aportada por el actor, en los siguientes términos:
i) Explicó que, mediante Resolución No. 0600120171009789 de 2017, suspendió definitivamente la entrega de los componentes de atención de ayuda humanitaria al hogar del actor. El fundamento de esa decisión consistió en que el desplazamiento del hogar ocurrió hace más de 10 años, además que, realizada la medición de carencias, estableció que el hogar no se encuentra en extrema urgencia y vulnerabilidad a causa de la situación de desplazamiento; ii) adujo que esa decisión fue notificada por aviso; iii) señaló que contra esa decisión procedían los recursos de reposición y apelación, ante el Director Técnico de Gestión Social Humanitaria, los cuales debían ser presentados en el término de 1 mes, siguiente a la notificación de la decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015. No obstante, el actor no interpuso recurso alguno, por lo que la resolución quedó en firme.
De otro lado, advirtió que no tiene competencia legal para pronunciarse respecto a las solicitudes relacionadas con el acceso a proyectos productivos y el beneficio de subsidio de vivienda, pues las competentes son el Departamento de Prosperidad Social – Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad y FONVIVIENDA, respectivamente.
Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA
La apoderada del Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA respondió la acción de tutela y solicitó que se negaran las pretensiones del amparo, con fundamento en los siguientes argumentos:
Adujo que realizada la consulta de la cédula del actor en el Sistema de Información del Subsidio Familiar de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, encontró que el hogar del actor no se ha postulado en ninguna de las convocatorias realizadas por FONVIVIENDA. Así mismo, que el hogar del actor no ha sido habilitado por el Departamento de Prosperidad Social – DPS como potencial beneficiario del Subsidio Familiar 100% de Vivienda en Especie. Por ello, afirmó que no es posible asignar el subsidio solicitado por cuanto el actor no ha agotado el procedimiento establecido para el efecto.
En cuanto a la presunta vulneración del derecho de petición, afirmó que la solicitud radicada por el actor fue resuelta en el oficio 2017EE0025212, el cual fue remitido y entregado en la dirección de correspondencia aportada por el actor.
Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
La apoderada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contestó la acción de tutela y solicitó que se declare carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que la petición realizada por el actor fue resuelta dentro de los parámetros previstos en la ley.
Providencia impugnada
La Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2017, amparó el derecho fundamental de petición del actor vulnerado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En consecuencia, ordenó que el Ministerio resuelva de fondo la petición radicada por el actor el 23 de febrero de 2017.
Consideró que la respuesta proferida por el Ministerio el 28 de febrero de 2017 se limitó a brindar información general de acceso a los programas de vivienda subsidiada y no explicó de manera particular y concreta los documentos que el actor debe entregar o los requisitos que debe cumplir para acceder a los programas de vivienda. Además, que no efectuó ningún pronunciamiento frente a la solicitud de remisión de información a la Unidad Administrativa Especial para Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.
En cuanto a las restantes peticiones, relacionadas con la apertura de convocatorias, la vinculación a proyectos de vivienda nueva o usada y la entrega de subsidios de manera directa, expresó que no existe vulneración de derechos fundamentales, porque el actor no acreditó haber agotado petición de ello ante las autoridades demandadas, en aras de que las mismas emitan pronunciamiento de esas pretensiones.
Impugnación
El actor, mediante apoderado, impugnó la anterior decisión, con base en los siguientes argumentos:
Citó jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional y normas atinentes a que las personas desplazadas por la violencia son sujetos de especial protección constitucional. En consecuencia, manifestó que el Estado debe brindar a esta población soluciones de vivienda temporal o definitiva.
Reiteró lo expuesto en el escrito de tutela, relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, ocasionada por: i) la omisión de adelantar convocatorias para postularse como beneficiario del subsidio familiar de vivienda o información atinente a la fecha en que se realizará la siguiente convocatoria; ii) la negativa a resolver de manera definitiva los problemas de vivienda del hogar del actor; iii) la omisión de enviar a la UARIV reporte en el que conste que el señor Arroyo Alvarado no cuenta con vivienda propia.
En cuanto a la respuesta proferida por la UARIV, consideró que no resolvió de forma clara, de fondo y congruente lo solicitado en el derecho de petición. De igual forma, advirtió que la contestación proferida por la UARIV fue proferida como consecuencia de la acción de tutela.
Adujo que solo con la contestación de la acción de tutela conoció el contenido de la Resolución 0600120171009789, mediante la cual se suspendió de forma definitiva la atención humanitaria. En consecuencia, solicitó que se ordene a esa entidad, como medida transitoria, la entrega de atención humanitaria solicitada, en los componentes de alojamiento temporal y alimentación.
Finalmente, advirtió que el juzgador de primera instancia únicamente se pronunció respecto a la vulneración del derecho fundamental de petición, pero no efectuó un estudio de los demás derechos fundamentales invocados.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
En auto de 7 de diciembre de 2017, el despacho ponente vinculó al Departamento de la Prosperidad Social – DPS como demandado, por lo cual requirió que rindiera informe respecto a la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.
La Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS contestó la tutela y solicitó que se desvinculara a esa entidad del presente trámite tutelar.
Explicó que el DPS, por disposición de la Ley 1537 de 2012 y el Decreto 1077 de 2015, participa únicamente en el programa del subsidio familiar de vivienda en especie “SVFE”, también denominado Programa 100 mil Viviendas Gratis. Adujo que en dicho trámite el DPS se encarga de: i) elaborar listados de los potenciales beneficiarios de las bases de datos remitidas por las entidades competentes. Esos listados son remitidos a FONVIVIENDA, quien da apertura a la convocatoria y postulación con los hogares seleccionados. Una vez verificado que dichos hogares cumplen los requisitos para ser beneficiarios, FONVIVIENDA profiere un listado que es remitido al DPS; ii) El DPS, con fundamento en la lista enviada por FONVIVIENDA selecciona a los hogares beneficiarios del SVFE.
Respecto a la política pública de vivienda urbana, anotó que el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, creado mediante Decreto 555 de 2003, tiene como función asignar subsidios de interés social a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Expresó que las entidades encargadas de responder los derechos de petición radicados por el señor Arroyo Alvarado son la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.
Advirtió que, de conformidad con lo establecido en la Ley 387 de 1997, el Decreto 2569 de 2000, el documento CONPES 3616 de 2009 y la Ley 1448 de 2011, las entidades competentes en el desarrollo de programas de estabilización socioeconómica, la generación de ingreso y empleabilidad para la población desplazada, son las que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la Violencia – SNARIV, las autoridades territoriales, el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el Ministerio del Trabajo.
Resaltó que consultado el Sistema de Gestión Documental, encontró que el señor Arroyo Alvarado no ha presentado ninguna petición ante esa entidad.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, el señor Esneider Ducara Sambony pretende la protección de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y a la vivienda digna, que considera vulnerados con las actuaciones de las entidades demandadas.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción, el actor pretende que se dé respuesta de fondo a las siguientes peticiones:
De 23 de febrero de 2017, ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en la que solicita lo siguiente:
“Me informe qué documentos debo aportar y requisitos debo cumplir para que se me vincule a los programas de vivienda digna urbana, como acceso a una solución definitiva en vivienda.”
“Remitir ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, la información pertinente, en el sentido que no cuento con una vivienda en condiciones dignas, para efectos de que dicha entidad me vincule al programa de alojamiento temporal, de conformidad con el artículo 116 de Decreto 4800 de 2011, hasta tanto el Fondo Nacional de Vivienda me dé una solución definitiva a mi problema habitacional.”
“Se me informe cuándo abren convocatorias para la postulación y asignación de subsidio de vivienda, Bolsa Especial para personas en situación de desplazamiento forzado, o en su defecto informe qué le impide o por qué no se han vuelto realizar convocatorias desde hace más de 8 años, más aún, cuando año tras año el Gobierno Nacional asigna grandes cantidades de recursos para el obligatorio cumplimiento que tiene el Estado para con nosotros las víctimas del conflicto armado en materia de vivienda”.
De 23 de febrero de 2017, ante la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, en el que solicitó:
• “Programar y pagar la ayuda humanitaria cada mes (1) y no cada tres meses, por un periodo inicial de 2 años, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto 4800 de 2011.”
-“que la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia no sea condicionada a un estudio.”
• “remitir al Ministerio de Trabajo para que vincule a los programas y proyectos especiales para la generación de ingresos, o me apoye económicamente en la generación de un proyecto productivo.”
• “acreditar con pruebas documentales que realizo los trámites pertinentes ante los Ministerios de Vivienda y de Trabajo expidiendo copia de los oficios remisorios para que cada uno de los Ministerios dentro de la órbita de su competencia, me dé una solución definitiva en materia de vivienda y trabajo.
• “Así mismo, para que la Unidad para las víctimas me otorgue la ayuda humanitaria de emergencia hasta que obtenga mi auto sostenimiento y/o hasta que los Ministerios de Vivienda y Trabajo den una solución definitiva a mi problema de estabilización socioeconómica. De conformidad con la Ley 387 de 1997.”
• “Por último, se espera que la Unidad para las víctimas me informe oportunamente la fecha exacta en que puede ir a retirar el giro de ayuda humanitaria, y no 20 días después o un mes después se me informe que puedo retirar cuando ya los recursos no están disponibles o que fueron devueltos a la Dirección del Tesoro Nacional; pues, estas ayudas son indispensables para suplir nuestras necesidades básicas de alojamiento y el componente alimentario para mis menores hijos.”
En relación con esas solicitudes, también pide que se le amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la vivienda digna.
En el fallo de primera instancia, el juez amparó el derecho fundamental de petición del actor, presuntamente vulnerado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al no bridar respuesta que resolviera de forma clara y de fondo la petición radicada por el actor. No obstante, el actor insiste en que tanto aquel Ministerio como la UARIV con sus actuaciones vulneraron los derechos fundamentales de petición, debido proceso, igualdad y vivienda digna, así como el principio de confianza legítima.
Siendo así, a la Sala le corresponde determinar si las entidades demandadas vulneraron el derecho de petición y los demás derechos fundamentales invocados por el actor, con ocasión de las respuestas que recibió del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la UARIV.
Previo a ello, la Sala se referirá a los derechos fundamentales de petición, a la vivienda digna y a la vivienda digna de la población en situación de desplazamiento.
Del derecho de petición
Frente al derecho de petición el artículo 23 de la Constitución Nacional establece:
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”
De la norma constitucional trascrita se observa que la formulación de una petición implica correlativamente para la autoridad ante la que se presenta, la obligación de dar respuesta oportuna y de fondo a la solicitud del peticionario, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho fundamental de petición.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el derecho de petición:
“no se satisface con una respuesta meramente formal, sino que es necesaria una verdadera resolución acerca de lo planteado, de modo que se defina de fondo el asunto sometido a consideración de la autoridad, desde luego sobre la base de que ella sea competente. Pero además debe distinguirse entre el derecho que tiene el peticionario a la respuesta, en virtud de la garantía constitucional, y el desarrollo interno que, en las dependencias de la Administración, tenga el curso de la petición formulada. En efecto, si la petición busca que la autoridad actúe en el ámbito de sus atribuciones o deberes, cumple su función obrando de inmediato, pero eso no la libera de su obligación de informar al peticionario sobre lo actuado y acerca de los resultados de la actividad emprendida.”
El derecho de petición, en concreto, comprende los siguientes elementos: (i) la posibilidad de formular solicitudes respetuosas ante las autoridades públicas o los particulares, según sea el caso; (ii) la garantía de que se entregue respuesta oportuna, es decir, en las oportunidades que prevé el ordenamiento jurídico; (iii) la respuesta de fondo o contestación material, esto es, la decisión que, en el ámbito de su competencia, debe entregar al destinatario de la petición, sin importar que la decisión sea o no favorable al solicitante; (iv) la comunicación oportuna de lo decidido, y (v) la falta de competencia para pronunciarse sobre la totalidad o parte de la petición presentada no significa que el destinatario quede exento de pronunciarse.
El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la vulneración del derecho de petición.
Del derecho fundamental a la vivienda digna
Lo primero que conviene decir es que el derecho a la vivienda digna tiene categoría constitucional, por lo que el Gobierno Nacional debe brindar herramientas para el acceso efectivo de los ciudadanos a una vivienda que garantice la existencia digna y el mínimo vital.
Sin embargo, para alcanzar dicho objetivo, el Estado ha establecido mecanismos para otorgar soluciones de vivienda de manera progresiva a todos los habitantes del territorio nacional, especialmente, a aquellos que se encuentren en estado de debilidad manifiesta por sus condiciones físicas, mentales o económicas, que hagan indispensable la intervención del Estado.
En desarrollo del artículo 51 de la Constitución Política, la Ley 3 de 1991 creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social con el fin de otorgar condiciones de vivienda satisfactorias a las familias colombianas que no tuvieran capacidad económica para adquirirla, norma que fue reglamentada por los Decretos 951 de 2001 y 975 de 2004, este último, derogado por el Decreto 2190 de 2009.
El Decreto 555 de 2003 creó el Fondo Nacional de Vivienda, cuyo objeto principal es asignar subsidios de vivienda de interés social, en las diferentes modalidades de acuerdo con la normativa vigente, concretamente, el Decreto 2190 de 2009, que como se indicó, regula lo relacionado con el subsidio familiar de vivienda y el procedimiento para su asignación.
Del subsidio familiar de vivienda para la población en condición de desplazamiento
En desarrollo de las Leyes 3 de 1991 y 387 de 1997, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 951 de 2001, respecto del subsidio de vivienda para la población desplazada que, en el artículo 3, estableció que serían potenciales beneficiarios de la ayuda económica los hogares que estuvieran conformados por personas consideradas como tal, en los términos del artículo 1 de la Ley 387 de 1997 y estuvieran registrados en el Registro Único de Población Desplazada.
El Ministerio de Justicia y del Derecho [en su momento el Ministerio del Interior y de Justicia] profirió el Decreto 170 de 2008, que en el artículo 1 estableció el criterio de atención prioritaria al que se sujetaría el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda de interés social con cargo a los recursos para la población en situación de desplazamiento, en los siguientes términos:
“Artículo 1. Atención prioritaria. Los hogares postulados y calificados en las convocatorias para el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a los recursos para población en situación de desplazamiento, que no hayan sido beneficiarios del subsidio, habiendo cumplido con todos los requisitos establecidos para tal fin, podrán ser atendidos de manera prioritaria hasta completar la totalidad de la asignación a dichos hogares, de conformidad con el procedimiento que para el efecto establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Lo dispuesto en el presente artículo operará siempre y cuando exista disponibilidad de recursos y se dé cumplimiento a las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Parágrafo, adicionado por el artículo 3 del Decreto 4213 de 2011-: Criterios para la asignación prioritaria de subsidios familiares de vivienda a hogares calificados dentro de las convocatorias abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda para la atención de población en situación de desplazamiento. Para efectos de la atención prioritaria de que trata el artículo 1 del presente decreto, la entidad otorgante aplicará, en su orden, los siguientes criterios en la asignación del subsidio familiar de vivienda:
1. Hogares inscritos en planes de vivienda elegibles que cuenten con cupos disponibles determinados mediante acto administrativo por parte de la entidad otorgante. La asignación se efectuará en orden secuencial descendente, conforme a los puntajes de calificación obtenidos.
Los hogares inscritos en planes de vivienda que no resulten asignados por insuficiencia de cupos disponibles, serán asignados en orden secuencial descendente, conforme a los puntajes de calificación obtenidos, cuando se presenten renuncias a cupos dentro del plan de vivienda respectivo (…)”
El artículo 1 del Decreto 4213 de 2011 estableció expresamente los criterios de calificación para las postulaciones y la asignación de los subsidios de vivienda de interés social urbana, así:
“La calificación para las postulaciones y asignación del subsidio de vivienda, en el caso de la población desplazada, se realizará de acuerdo con la ponderación de las siguientes variables:
a) Modalidad de aplicación del subsidio familiar de vivienda (MA): Adquisición de vivienda nueva o usada; mejoramiento de vivienda; construcción en sitio propio.
b) Composición familiar (CF): Hace referencia al número de miembros que conforman el hogar postulante.
c) Composición étnica (CE): Hace referencia a hogares desplazados de minorías étnicas como: Negritudes, afrocolombianos, palenqueros, raizales, indígenas, ROM o Gitanos.
d) Única Jefatura (UJ): Hogares dependientes de un solo miembro, mujer u hombre cabeza de hogar.
e) Hogares con miembros vulnerables (HMV): Hogares con menores de edad, adultos mayores de sesenta y cinco (65) años, y personas con discapacidad.
f) Hogares inscritos en Planes de Vivienda (P): Hogares que hacen parte de planes de vivienda.
g) Hogares incluidos en la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Unidos, UNIDOS.
h) Dependencia económica (DE): Es la relación entre la sumatoria de niños, discapacitados y adultos mayores sobre el total de números de miembros del hogar.
i) Tiempo en situación de desplazamiento (TD): Hace referencia a los años que el hogar ha estado en condición de desplazado”.
Posteriormente, y con el ánimo de facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1537 de 2012, que en el artículo 6 permitió que los recursos de FONVIVIENDA fueran transferidos a patrimonios autónomos que podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de los constructores interesados en desarrollar proyectos de vivienda o para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario.
El artículo 12 de la citada ley, determina que los proyectos de vivienda que se financien con los recursos destinados a otorgar las ayudas económicas para vivienda por parte del Estado, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno Nacional.
El mismo artículo señala que la asignación de las viviendas beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: “a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema o que se encuentren dentro del rango de pobreza extrema; b) que esté en situación de desplazamiento; c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergencias y d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable”. (Se destaca).
El parágrafo 4 del artículo 12 de la Ley 1537 de 2012 dispone que el DPS deberá elaborar el listado de personas y familias potencialmente elegibles en cada municipio y distrito. Con base en ese listado se seleccionarán los beneficiarios del programa del subsidio familiar 100% de vivienda en especie.
En desarrollo de la anterior norma, fue necesario establecer mecanismos para identificar los potenciales hogares beneficiarios de las viviendas gratuitas, a través de procesos de identificación, selección, postulación, priorización y asignación del subsidio familiar de vivienda en especie, para lo cual el Decreto 1921 de 2012 dispuso que para cada grupo de población, el DPS verificaría, en primer orden, que los hogares se encontraran oficialmente vinculados a la estrategia para la superación de la pobreza extrema del Gobierno Nacional [entiéndase vinculados al programa Red Unidos].
Y, el artículo 8 del Decreto 1921 de 2012, modificado por el artículo 5 del Decreto 2164 de 2013, estableció los criterios de priorización que el DPS debería aplicar para conformar los grupos de población a los que se les asignaran los proyectos de vivienda [del programa de vivienda gratuita SFVE], en el siguiente orden:
“l. Población de la Red Unidos:
Primer orden de priorización: Hogares de la Red Unidos en condición de desplazamiento que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por FONVIVIENDA que se encuentre sin aplicar.
Segundo orden de priorización: Hogares de la Red Unidos en condición de desplazamiento que se encuentren en estado "Calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por FONVIVIENDA y que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007.
Tercer orden de priorización: Hogares indígenas, afrocolombianos, ROM o gitanos que hagan parte de la Red Unidos en su componente de atención diferencial.
Cuarto orden de priorización: Población Red Unidos que no cumpla con los criterios de priorización previamente mencionados.
Quinto orden de priorización: hogares que estén incluidos en la base del SISBEN III, de acuerdo a los puntos de corte que establezca el DPS por Resolución.
11. Población en condición de desplazamiento
Primer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por FONVIVIENDA que se encuentre sin aplicar y pertenezcan a la Red Unidos.
Segundo orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que hayan sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda urbano asignado por FONVIVIENDA que se encuentre sin aplicar.
Tercer orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se encuentren en estado "Calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por FONVIVIENDA, que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007 y pertenezcan a la Red Unidos.
Cuarto orden de priorización: Hogares en condición de desplazamiento que se encuentren en estado "Calificado" en el sistema de información del subsidio familiar de vivienda administrado por FONVIVIENDA y que se hayan postulado en la convocatoria para población en situación de desplazamiento realizada en el año 2007.
Quinto orden de priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de datos del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de FONVIVIENDA dirigida a población desplazada y que adicionalmente pertenezcan a la Red Unidos.
Sexto orden de priorización: Hogares incorporados como desplazados en la base de datos del RUV, que no hayan participado en ninguna convocatoria de FONVIVIENDA dirigida a población desplazada.
111. Hogares damnificados de desastre natural, calamidad pública o emergencia, o localizados en zonas de alto riesgo: (…)”
Por su parte, el artículo 9 de la misma norma, indica que el DPS comunicará a Fonvivienda el acto administrativo que contenga la relación de los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto de vivienda, en listados que contendrán el 150% del número de hogares definidos para cada grupo de población, por proyecto.
Y, una vez se ha allegado dicha información, corresponde a Fonvivienda mediante acto administrativo dar apertura a la convocatoria a los hogares potencialmente beneficiarios de acuerdo con los listados contenidos en la resolución emitida por el DPS, para su postulación ante Fonvivienda o el operador que este designe, hasta completar el número de hogares beneficiarios de acuerdo con las viviendas a ser transferidas.
De acuerdo con lo anterior, se observa que las reglas de la asignación y entrega de subsidio de vivienda han sido modificadas durante el transcurso del tiempo, de conformidad con las necesidades que impone el aumento de fenómenos tales como el desplazamiento forzado, los desastres naturales y, en general, la necesidad de superar la pobreza extrema que enfrenta gran parte de la población colombiana.
Del caso concreto
De la lectura del expediente se advierte que frente a la solicitud del actor, formulada el 23 de febrero de 2017, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en Oficio 2017EE0025212, respondió la consulta realizada por el actor, así:
PETICIÓN
RESPUESTA
1. Me informe qué documentos debo aportar y requisitos debo cumplir para que se me vincule a los programas de vivienda digna urbana, como acceso a una solución definitiva en vivienda.
De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 los postulantes al subsidio familiar de vivienda, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles por el Fondo Nacional de Vivienda o por el Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda si es vivienda urbana o rural y serán atendidos con cargo a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el efecto.
Por su parte, el subsidio familiar de vivienda otorgado hará parte de la indemnización administrativa entregada como medida de reparación a las víctimas de desplazamiento por el Gobierno Nacional.
De igual forma, uno de los requisitos establecidos en las normas que regulan el tema para que las personas tengan derecho a acceder a un subsidio de vivienda, es (sic) postularse en una de las convocatorias abiertas por el Fondo Nacional de Vivienda, entendiendo por postulación la solicitud que debe hacer el hogar con el objeto de acceder a un subsidio de vivienda.
(…)
Para la población en situación de desplazamiento, como es su caso, Fonvivienda llevó a cabo convocatorias en los años 2004 y 2007 “desplazados arrendamiento mejoramiento CSP y adquisición vivienda nueva o usada y posteriormente en el año 2011, dentro del proceso de promoción y oferta – Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012. No obstante lo anterior, su hogar no se postuló en ninguna de las convocatorias mencionadas; es decir, no presentó la solicitud dirigida a obtener un subsidio familiar de vivienda.
A la fecha, FONVIVIENDA no abrirá convocatorias por el Sistema Tradicional, en virtud de las nuevas políticas que se vienen aplicando (…) En consecuencia, para acceder al subsidio, actualmente, se debe seguir el procedimiento y requisitos establecidos en la Ley 1537 de 2012 y sus normas reglamentarias, que busca otorgar Subsidios Familiares de vivienda cien por ciento en especie – SFVE.
(…)
Es importante aclarar que el programa de vivienda cien por ciento subsidiada se orienta a la población más vulnerable de acuerdo con los siguientes criterios:
(…)
b) que esté en situación de desplazamiento.
(…)
Por tanto, para que un hogar sea favorecido con una vivienda a título de subsidio en especie dentro del programa de vivienda cien por ciento subsidiada debe encontrarse registrado en las bases de datos que permitan su focalización (…)
(…)
Esto significa que las convocatorias realizadas por FONVIVIENDA serán para la postulación de aquellos hogares señalados por el DPS, como potenciales beneficiarios, en tal sentido la postulación solo podrá llevarse a cabo, una vez el DPS haya incluido al hogar en el listado de hogares potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda cien por ciento en especie – SFVE.
(…)
Por lo aquí explicado, FONVIVIENDA no puede ofrecer a los hogares fechas probables de asignación de subsidio, pues los procedimientos se realizan en condiciones de igualdad, en estricto cumplimiento de las normas, y teniendo en cuenta la capacidad presupuestal existente.
De modo que FONVIVIENDA respondió la petición del actor relacionada con el trámite que efectúan, en conjunto, FONVIVIENDA y el DPS para que un hogar sea favorecido con una vivienda, a título de subsidio en especie dentro del programa de vivienda ciento por ciento subsidiada. Así mismo, en lo referente a la petición de precisar las fechas de las futuras convocatorias, respondió que no abriría estas mediante el método tradicional, sino de conformidad con el procedimiento y las fases previstas en la Ley 1537 de 2012, esto es, a través del sistema de priorización y focalización.
No obstante, como lo expuso el juez de primera instancia, no explicó al actor, da manera particular y concreta, los documentos que debe aportar para postularse, qué entidad es la encargada de recibirlos y los requisitos que debe cumplir para ser beneficiario de un programa de vivienda. Aunado a lo anterior, se limitó a hacer referencia a que no puede dar fecha probable de la asignación de subsidios, solicitud que no hizo parte de la petición realizada por el señor Arroyo Alvarado.
De otro lado, encuentra la Sala que la respuesta proferida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no se refirió a lo atinente a la remisión de información a la UARIV, para la vinculación al programa de alojamiento temporal, conforme lo dispuesto en el Decreto 4800 de 2011.
Es decir, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no resolvió de forma completa la petición del actor. En consecuencia, se ordenará a dicho ministerio a que emita respuesta que resuelva de forma completa y de fondo la solicitud del actor de 23 de febrero de 2017.
Por otra parte, la UARIV se pronunció sobre la consulta 2, relacionada con la entrega de ayuda humanitaria, por conceptos de alimentación y arriendo, y la vinculación un programa o proyecto productivo, realizada el 23 de febrero de 2017.
Sobre el asunto, en sentencia T-561 de 2012, la Corte Constitucional expuso que:
“la ayuda humanitaria de emergencia es uno de los componentes prestacionales necesarios para la subsistencia de las personas víctimas de desplazamiento forzado, ya que su fin constitucional es precisamente “mitigar las necesidades básicas en alimentación, salud, atención sicológica, alojamiento, transporte de emergencia, elementos de hábitat interno y salubridad pública,” es decir, brindar aquellos mínimos necesarios para atender las necesidades más apremiantes de la población desplazada”. En este sentido, la Corte ha sostenido que la ayuda humanitaria de emergencia hace parte del catálogo de los derechos fundamentales mínimos de la población desplazada, como medio imprescindible para el goce efectivo del derecho al mínimo vital para la población en situación de desplazamiento, razón por la cual debe ser garantizada por el Estado.
Sobre este punto, la Corporación ha señalado que, de conformidad con los principios rectores de los desplazamientos internos, “las autoridades competentes deben proveer y asegurar el acceso seguro de, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales.” También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas.”
En este orden de ideas, se tiene que, conforme con lo dispuesto en los artículos 106 a 117 del Decreto 4800 de 2011, el componente de alojamiento temporal hace parte de la ayuda humanitaria de emergencia que, en reiteradas oportunidades ha sido otorgada al actor por la UARIV.
Sobre el asunto se advierte que la petición del actor de 23 de febrero de 2017, fue la siguiente:
“1. Programar y pagar la ayuda humanitaria cada mes (1) y no cada tres meses, por un periodo inicial de 2 años, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 116 del Decreto 4800 de 2011; ii) que la entrega de la ayuda humanitaria no sea condicionada a un estudio; iii) remitir al Ministerio de Trabajo para que me vincule a los programas y proyectos especiales para la generación de ingresos, o me apoye económicamente en la generación de un proyecto productivo; v) acreditar con pruebas documentales que realizó los trámites pertinentes ante los Ministerios de Vivienda y de Trabajo expidiendo copias de los oficios remisorios para que cada uno de los ministerios dentro de la órbita de su competencia, me dé una solución definitiva en materia de vivienda y trabajo. Así mismo, para que la Unidad de Victimas me otorgue la ayuda humanitaria hasta que tenga mi auto sostenimiento y/o hasta que los Ministerios de Vivienda y Trabajo den una solución definitiva a mi problema de estabilización socioeconómica. De conformidad con la Ley 387 de 1997.”
El 18 de septiembre de 2017, la UARIV profirió respuesta a las peticiones en los siguientes términos:
i) Atinente a la entrega de la atención humanitaria de emergencia, expresó:
“Atendiendo a su petición, nos permitimos informarle que, frente al escrito presentado en donde solicita la atención humanitaria, el Director Técnico de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas, realizó el correspondiente estudio, expidiendo la Resolución No. 060012071009789 de 2017 por la cual se suspende la entrega de los componentes de la atención humanitaria al hogar, la cual fue notificada por aviso desde el 3 de abril de 2017 (sic) el 7 de abril de 2017, por ende se contaba con 1 mes a partir del día siguiente a la notificación para interponer los recursos de reposición y/o apelación, los cuales validando en nuestro sistemas de información no registran radicados, encontrándose en estos momentos en firme la decisión.
Por lo anterior, no hay lugar a la entrega de la atención humanitaria solicitada.”
A folios 34 – 35 del expediente de la tutela, se observa que, el 16 de febrero de 2016, la UARIV profirió la Resolución No. 0600120171009789, mediante la cual suspendió la entrega de los componentes de atención humanitaria al hogar del señor Arroyo Alvarado. Esa decisión fue notificada mediante aviso desfijado el 7 de abril de 2017.
ii) En cuanto a los programas de vivienda urbana aclaró que las entidades competentes para desarrollar aquellos son el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda y el Departamento de Prosperidad Social. Así mismo, explicó el procedimiento de postulación de la familia para ser postulada como beneficiaria del subsidio y las fases que deben agotarse para obtener aquel beneficio.
iii) Respecto a la petición de remisión de información al Ministerio del Trabajo con el fin de ser incluido en un proyecto productivo, manifestó:
“es pertinente informarle que la competencia en lo que tiene que ver con todo lo relacionado con proyectos productivos corresponde respectivamente al Departamento de la prosperidad social – D.P.S., Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad, donde le brindarán la información pertinente sobre el asunto de su petición y reglamentación actual sobre los mencionados proyectos productivos, con la línea gratuita nacional 01-8000-95-1100 o a la dirección de correo electrónico HYPERLINK "mailto:servicioalciudadano@dps.gov.co" servicioalciudadano@dps.gov.co, para el caso del Departamento de Prosperidad Social – D.P.S., Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad.
En resumen, se advierte que se vulneró el derecho de petición por dos razones: la falta de respuesta completa a la petición de 23 de febrero de 2017 y la falta de oportunidad en las demás respuestas, en tanto que solo hasta el 18 de septiembre de 2017, la UARIV vino a dar respuesta de fondo al interesado y la oportunidad es uno de los requisitos que debe cumplir la respuesta al derecho de petición para que este derecho fundamental no se entienda vulnerado.
De otro lado, de la lectura en extenso del expediente de tutela no se observa que el tutelante haya realizado la postulación para adquirir el subsidio familiar de vivienda, por lo que no es de recibo que mediante el ejercicio de la presente acción pretenda que se le asignen soluciones de vivienda o subsidios económicos.
Esa carga no se puede endilgar a las entidades demandadas y, por lo tanto, no se advierten vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, a la dignidad humana y a la vivienda digna.
A pesar de que la Sala no desconoce la difícil condición que atraviesan las personas víctimas del desplazamiento, tal circunstancia no autoriza al juez de tutela a dar una orden en el sentido de entregar subsidios de vivienda.
Lo anterior, porque el hecho del desplazamiento forzado y las difíciles condiciones que atraviesa el actor, aunque lamentables, no generan de suyo el derecho a obtener una vivienda, sin agotar los trámites y procedimientos que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto, o de lo contrario, además, de perder sentido las normas y procedimientos establecidos para ese fin y convertir la acción de tutela en el escenario para otorgar subsidios económicos, se desconocería el derecho de las demás personas que en iguales condiciones inician el proceso de asignación y entrega de los subsidios familiares y pacientemente esperan la entrega del apoyo económico, incluso si son desplazadas.
Así las cosas, la presente acción de tutela se torna improcedente para solicitar la asignación del subsidio de vivienda a favor de la demandante, en tanto, no ha agotado los mecanismos ante la administración para solicitar el apoyo económico pretendido y, en ese sentido, cuenta con otros mecanismos para la protección del derecho fundamental invocado.
Ahora bien, nada impide que el demandante aplique a un proceso de selección en el que allegue todos los documentos necesarios para acreditar los requisitos mínimos de clasificación para la asignación de los subsidios de vivienda.
Por lo anterior, se impone confirmar la sentencia proferida el 26 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C que amparó el derecho de petición del actor.
De otro lado, se adicionará el numeral segundo, en el que se declarará la improcedencia del amparo respecto a la asignación del subsidio de vivienda a favor del señor Arroyo Alvarado.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
1. CONFIRMAR el fallo del 26 de septiembre de 2017, proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. DECLARAR la improcedencia del amparo respecto a la solicitud de asignación de subsidio de vivienda, a favor del hogar del actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Reconocer personería para actuar al doctor Gustavo Alberto Muñoz, en los términos del poder obrante a folio 105 del expediente.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 1 y 2.
Folio 6 del expediente.
Folio 9 del expediente.
La Ley 1755 de 2015 —vigente a partir del pasado 30 de junio de 2015— reguló lo concerniente al derecho fundamental de petición y sustituyó el título II de la Ley 1437 de 2011 (artículos 13 a 33), que mediante sentencia C-858 de 2011 declaró inexequible la Corte Constitucional.
Corte Constitucional, Sentencia T-1150 de 2004, Exp. T – 961534.
Sentencia T-178-00, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 3ª de 1991 y 387 de 1997, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada.
Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6545" \l "0" 49 de 1990, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1164" \l "0" 3ª de 1991, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339" \l "0" 388 de 1997, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=180" \l "0" 546 de 1999, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6778" \l "0" 789 de 2002 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932" \l "0" 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas.
Por el cual se crea el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda.
“Artículo 1.- Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público.
(…)”
Folios 80-82.
Folio 36 reverso.
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