RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-36-000-2017-01782-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01782-02

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01782-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte; Alcaldía Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064) Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón Demandado: Nación - Rama Judicial y otros Referencia: Reparación directa - CPACA 4. Pidió las siguientes indemnizaciones: (i) $ 3.350’000.000 por daño emergente, correspondientes al valor de la adjudicación del inmueble, honorarios profesionales, impuestos y estudios técnicos; (ii) $ 15.761’483.150 por lucro cesante, dadas las utilidades dejadas de percibir ante la falta de ejecución del proyecto urbanístico; y (iii) 100 SMLMV por daño moral y a la vida de relación, derivados de la imposibilidad de continuar con la actividad constructora en el país, las amenazas recibidas y la quiebra económica soportada4. Hechos 5. La señora María Carolina Sánchez Blanco promovió un proceso ejecutivo contra la sociedad Inversiones Mablanes Ltda. ante el Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá, el que embargó y secuestró el inmueble con folio inmobiliario 50N-1146473. 6. La medida cautelar fue inscrita el 2 de junio de 1998, y el secuestro se practicó el 7 de marzo de 2000 por parte de un auxiliar de la justicia, quien desalojó a la señora María del Carmen Pinilla, subarrendataria del señor Cosme Cuellar Giraldo. Este último era arrendatario de la parte ejecutada y solo entregó tal predio al secuestre el 15 de mayo de 2005. 7. El señor Joaquín Armando Sánchez Rincón adquirió “los derechos del bien”, con ocasión del remate efectuado en ese proceso y, por escritura pública 3581 del 31 de diciembre de 2007, los transfirió a la sociedad Biconal Ltda., de la que era socio y representante legal. 8. Pese al desalojo del predio referido, el señor Cosme Cuéllar Giraldo promovió un proceso de restitución de inmueble arrendado, cuyas pretensiones fueron acogidas por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá en decisión del 29 de agosto de 2005. Simultáneamente, presentó una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, pero luego desistió de ese asunto. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-01782-02

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-02 (70.064)
Demandante: JOAQUÍN ARMANDO SÁNCHEZ RINCÓN
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - Fallas en actuaciones judiciales, registrales y policivas relacionadas con la
perturbación de la propiedad por terceros / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA - Excepción de fondo
que puede declararse de oficio en la sentencia / PERSONA JURÍDICA Y AUTONOMÍA PATRIMONIAL - Los
perjuicios materiales causados al patrimonio social los debe reclamar la sociedad titular / LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR ACTIVA PARA RECLAMAR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES - Está habilitado para
solicitarlos quien sufre un menoscabo personal e individual / CADUCIDAD - Daño continuado - El término para
demandar se cuenta desde la cesación de la afectación y no a partir de cada hecho reprochado al Estado /
DAÑO MORAL - Recae sobre la esfera íntima de la persona y comprende el dolor, sufrimiento o aflicción; su
reconocimiento exige probar la afectación.

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 7 de diciembre de 2022, dictada por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la caducidad
parcial del medio de control de reparación directa y negó las demás pretensiones
de la demanda.

SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

2. Se modificará la sentencia de primera instancia para: (i) declarar, de oficio, la falta
de legitimación en la causa por activa del señor Joaquín Armando Sánchez Rincón
frente a las pretensiones de perjuicios materiales; y (ii) desestimar las demás
pretensiones porque no se acreditó el daño. Esto último, tras descartar la caducidad
que el Tribunal declaró respecto de la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Distrito Capital de Bogotá, pues
la afectación fue continuada y el término se cuenta desde la entrega material del
inmueble.

ANTECEDENTES

Demanda

3. El 21 de septiembre de 20171, el señor Sánchez Rincón, en nombre propio y “en
representación de la sociedad Sánchez Blanco y Cía. S. en C.”2, presentó demanda
de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial, la Fiscalía General de la
Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá y el Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de
Gobierno - Inspección de Policía de Suba, para que se les indemnicen los perjuicios
causados por la perturbación irregular de terceros sobre áreas del inmueble con
folio inmobiliario 50N-1146473, lo que impidió la construcción de 600 viviendas3.

1 Fls. 1 - 27 del c.1.
2 El poder aportado con la demanda solo se confirió como persona natural (fl.1 del c1).
3 “Primero: Que se condene por FALLA EN EL SERVICIO a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho -

Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte; Alcaldía

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

4. Pidió las siguientes indemnizaciones: (i) $ 3.350’000.000 por daño emergente,
correspondientes al valor de la adjudicación del inmueble, honorarios profesionales,
impuestos y estudios técnicos; (ii) $ 15.761’483.150 por lucro cesante, dadas las
utilidades dejadas de percibir ante la falta de ejecución del proyecto urbanístico; y
(iii) 100 SMLMV por daño moral y a la vida de relación, derivados de la imposibilidad
de continuar con la actividad constructora en el país, las amenazas recibidas y la
quiebra económica soportada4.

Hechos

5. La señora María Carolina Sánchez Blanco promovió un proceso ejecutivo contra
la sociedad Inversiones Mablanes Ltda. ante el Juzgado 22 Civil del Circuito de
Bogotá, el que embargó y secuestró el inmueble con folio inmobiliario 50N-1146473.

6. La medida cautelar fue inscrita el 2 de junio de 1998, y el secuestro se practicó el
7 de marzo de 2000 por parte de un auxiliar de la justicia, quien desalojó a la señora
María del Carmen Pinilla, subarrendataria del señor Cosme Cuellar Giraldo. Este
último era arrendatario de la parte ejecutada y solo entregó tal predio al secuestre
el 15 de mayo de 2005.

7. El señor Joaquín Armando Sánchez Rincón adquirió “los derechos del bien”, con
ocasión del remate efectuado en ese proceso y, por escritura pública 3581 del 31
de diciembre de 2007, los transfirió a la sociedad Biconal Ltda., de la que era socio
y representante legal.

8. Pese al desalojo del predio referido, el señor Cosme Cuéllar Giraldo promovió un
proceso de restitución de inmueble arrendado, cuyas pretensiones fueron acogidas
por el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá en decisión del 29 de agosto de 2005.
Simultáneamente, presentó una demanda de prescripción adquisitiva de dominio,
pero luego desistió de ese asunto.

9. También instauró un proceso de pertenencia que después retiró, e impulsó una
actuación registral en la que la Superintendencia de Notariado y Registro de Bogotá
extendió una falsa tradición del predio con folio de matrícula inmobiliaria 50N-
601598 al 50N-1146473, modificación registral fue revocada.

Mayor de Bogotá -Secretaría de Gobierno (…) Inspección de Policía de Suba, a que paguen (…) los perjuicios
(…) causados por la negligencia de las entidades (…) que no permitieron (…) disponer totalmente del predio
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-1146473, y por consiguiente, el desarrollo urbanístico del
mismo en un proyecto de aproximadamente 600 unidades inmobiliarias (…)”.
4 “Segundo. (…) Se condene al pago del daño emergente por los siguientes valores:

La suma de ($3.350.000.000) correspondientes a los siguientes valores: ($2.000.000.000) valor por el cual se
le adjudicó el predio al señor JORGE ARMANDO SÁNCHEZ RINCÓN dentro del proceso ejecutivo que se
adelantó ante el Juzgado 22 Civil del Circuito. (…) ($600.000.000) valor pagado por honorarios de abogado
que han tenido que asumir en sinnúmero de actuaciones adelantadas por el señor JOAQUÍN ARMANDO
SÁNCHEZ RINCÓN con ocasión de la defensa de sus derechos ante los hechos aquí relatados. (…)
($600.000.000) valor cancelado por conceptos de impuesto predial y valorización desde el año 2005 hasta el
año 2010. (…) ($150.000.000) valor cancelado por concepto de estudio de suelos, topográficos, urbanísticos,
arquitectónicos y de diseños de drenajes y de servicios públicos.
Tercero. (…) Se condene al pago de lucro cesante por los siguientes valores: (…) ($15.761.483.150) valor de
las utilidades dejadas de percibir por parte de mis poderdantes con ocasión de no haber podido llevar a cabo
el proyecto urbanístico pretendido de 840 unidades inmobiliarias dentro del predio en cuestión.
Cuarto. (…) Se condene al pago de los perjuicios morales por (…) la suma de 100 salarios mínimos legales
mensuales vigentes (…) en atención a las afectaciones que (…) se han causado en dicho sentido (…).
Quinto. (…) Se condene al pago de los daños a la vida en relación por (…) la suma de 100 salarios mínimos
legales mensuales vigentes (…) en atención a las afectaciones que (…) se han causado en dicho sentido (…),
correspondientes a la decisión de no continuar adelantando el ejercicio de la construcción en el país, a no tener
tranquilidad por causa de las amenazas recibidas, y a causa de la quiebra económica que por esta situación
han tenido que soportar”.
2

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

10. Por esa razón, se abrió investigación disciplinaria y el señor Cuellar Giraldo
formuló una denuncia penal por presunto fraude procesal. Ante ello, la Fiscalía 169
Seccional de Bogotá ordenó rehacer la actuación administrativa y bloquear los folios
inmobiliarios involucrados.

11. Por medio de Resolución 174 del 9 de junio de 2010, la Superintendencia
declaró legal la información del inmueble con matrícula 50N-1146473.

12. El Juzgado 35 Civil de Bogotá ordenó la entrega parcial del bien al señor Cuéllar
Giraldo. El 28 de marzo de 2008, la Inspección de Policía 11A de Bogotá practicó la
diligencia. No obstante, la autoridad judicial declaró ilegal la actuación y ordenó al
Inspección de Policía 11C restituir las cosas al estado anterior.

13. En cumplimiento de lo anterior, se desalojó al arrendatario del señor Sánchez
Rincón, persona que se hallaba en una zona distinta a la que ocupaba el señor
Cuéllar Giraldo. Esto permitió el ingreso del señor Hemel Pérez Lizarazo al predio,
quien invocó una ocupación legítima en virtud de un contrato de compraventa
suscrito con el señor Pedro Poveda Zambrano.

14. Ante esa situación, el señor Joaquín Armando Sánchez Rincón radicó una
querella por ocupación de hecho. No se resolvió en oportunidad por la oposición del
señor Pérez Lizarazo, la desaparición del expediente y la negativa para practicar el
lanzamiento.

15. El actor presentó denuncias penales contra los señores Pérez Lizarazo, Poveda
Zambrano y Cuéllar Giraldo por los delitos de fraude procesal y concierto para
delinquir. La Fiscalía 172 Seccional de Bogotá abrió investigación y los citados no
comparecieron.

16. Dada la falta de atención de la Inspección de Policía 11C para devolver el predio,
el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá le impuso una sanción y comisionó al
Juzgado 1° Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, pero esa autoridad aceptó
la oposición elevada por el señor Hemel Pérez Lizarazo.

17. El 18 de mayo de 2012, el Juzgado 35 Civil del Circuito de Bogotá negó la
entrega del inmueble al considerar que el bien objeto del proceso de restitución no
coincidía con el señalado en la diligencia del 28 de marzo de 2008.

18. El demandante interpuso acción de tutela contra el Juzgado 35 Civil del Circuito
de Bogotá por la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la igualdad. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del 14 de agosto
de 2012, concedió el amparo y dispuso que la entrega del inmueble, sin que se
atendiera la orden.

19. En el marco de la querella, la Inspección de Policía 11A negó el lanzamiento de
los ocupantes, pero en decisión del 26 de diciembre de 2014, el Consejo de Justicia
de Bogotá declaró al señor Hemel Pérez Lizarazo perturbador de la posesión.

20. El 13 de octubre de 2015 se realizó el lanzamiento de los ocupantes y se
restituyó materialmente el predio.

21. El señor Joaquín Armando Sánchez Rincón denunció penalmente al exfiscal
169 Seccional de Bogotá; al señor Cosme Cuellar Giraldo; a los funcionarios de la
3

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, al inspector de Policía 11C; y a los
funcionarios de la Inspección de Policía 11A. Estos procesos no han culminado a la
fecha de la presente demanda.

22. Las entidades demandadas son responsables a título de falla del servicio porque
con sus acciones y omisiones afectaron el ejercicio pleno del derecho a la propiedad
del bien adjudicado y la ejecución del proyecto inmobiliario de 600 viviendas.

23. En concreto, (i) la Rama Judicial entregó parcialmente el predio a los ocupantes
irregulares y no tramitó las oposiciones; (ii) la Fiscalía General de la Nación reabrió
el asunto registral y bloqueó el folio inmobiliario, sin definir la investigación penal;
(iii) la Superintendencia de Notariado y Registro inscribió de forma equivocada una
falsa tradición; y, (iv) el Distrito Capital de Bogotá demoró la entrega material del
bien, permitió la perturbación y extravió el expediente de la querella5.

Contestaciones de la demanda6

24. La Superintendencia de Notariado y Registro dijo que sus actos no se relacionan
con el daño alegado y que no era posible el reconocimiento de la pretensión por la
adjudicación del inmueble, pues no hubo pérdida del derecho de dominio; además,
los impuestos constituyen una carga del propietario y no se probó la paralización
del proyecto inmobiliario.

25. Propuso como excepciones (i) caducidad: el último acto de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá se concretó “en enero de 2011” y la demanda
se radicó el 21 de septiembre de 2017; y (ii) hecho de un tercero: el conflicto
suscitado entre el demandante y el señor Cosme Cuéllar Giraldo fue el que
imposibilitó la plena disposición del inmueble7.

26. La Rama Judicial manifestó que las providencias expedidas en los diferentes
asuntos judiciales no eran arbitrarias, por el contrario, respetaron los procedimientos
previstos en la ley, lo que conducía a declarar probadas las excepciones de (i) falta
de presupuestos de error judicial; (ii) inexistencia de causa para demandar; y (iii)
falta de daño antijurídico8.

27. El Distrito Capital de Bogotá aseguró que las inspecciones de policía cumplieron
las órdenes judiciales y que, en la querella y las investigaciones disciplinarias, se
garantizó el debido proceso del actor. No había lugar a reconocer algún rubro por la
adjudicación del predio, en tanto el derecho de propiedad se conserva. Los
impuestos eran su responsabilidad; no se probó el pago de honorarios y los estudios
técnicos hacían parte del objeto social de Biconal Ltda.

28. Formuló como excepciones (i) caducidad: el daño se produjo el 28 de marzo de
2008 -fecha en la que se realizó la entrega temporal del inmueble- y la demanda se
instauró 7 años después; (ii) hecho de un tercero: por las actuaciones del señor

5 Según la subsanación de la demanda. El 17 de enero de 2018, el Tribunal requirió que se precisaran las

imputaciones de cada entidad demandada (Fls. 31 - 109 del c.1).
6 El 14 de marzo de 2018 se admitió la demanda y se surtieron las notificaciones de rigor. A su vez, se requirió

al actor para que allegara el certificado de existencia y representación legal de la sociedad Sánchez Blanco y
Cía. S. en C., a fin de acreditar su calidad de representante legal (Fls. 111 - 113 del c.1).
7 Fls. 131 - 135 del c.1.
8 Fls. 158 - 164 del c.1.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

Hemel Pérez Lizarazo; y (iii) carencia de daño: la perturbación recayó solo sobre
una franja del inmueble y los posibles perjuicios los sufrió la sociedad y no el actor9.

29. La Fiscalía General de la Nación señaló que no era responsable. Las denuncias
penales se presentaron después de la perturbación. No profirió decisiones en el
litigio civil o policivo, ni impidió al demandante ejercer actos de señor y dueño del
predio, por lo que no estaba legitimada en la causa por pasiva10.

30. En la audiencia inicial del 22 de noviembre de 201811, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la
causa, por activa de la sociedad Sánchez Blanco y Cía. S. en C.12 y por pasiva de
la Fiscalía, y de caducidad frente a la Rama Judicial y la Superintendencia.

31. La parte actora apeló esa decisión y, en auto del 17 de enero de 2020, esta
Corporación la modificó13 para declarar no probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía y de caducidad respecto de la
Rama Judicial y la Superintendencia, al no determinarse en ese momento su
intervención en los hechos debatidos y la fecha de causación del daño. En lo demás,
la confirmó14.

Sentencia de primera instancia

32. El 7 de diciembre de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró de oficio la caducidad del medio de control
frente a la Superintendencia de Notariado y Registro, la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, así como la caducidad parcial frente al Distrito Capital de
Bogotá, y negó las demás pretensiones de la demanda15.

33. La imputación a la Rama Judicial derivó de la entrega provisional del bien y la
negativa de tramitar oposiciones. El daño se conoció el 27 de noviembre de 2012,
fecha en la que se declaró improcedente un incidente de desacato y se supo que
no se adelantarían actuaciones adicionales para la entrega, por tanto, el medio de
control presentado en 2017 era extemporáneo.

34. El reproche a la Superintendencia de Notariado y Registro se concentró en la
extensión indebida de la falsa tradición del predio, lo que sucedió entre el 13 de
octubre y el 20 de noviembre de 2006, lapso en el que el actor se enteró del bloqueo
del folio inmobiliario. Entonces, la caducidad se configuró el 21 de noviembre de
2008, sin que se interrumpiera.

35. Para la Fiscalía General de la Nación, la oportunidad corrió desde el archivo de
la investigación penal seguida para esclarecer la situación jurídica del bien, evento
que sucedió el 4 de enero de 2013, pero se acudió a la jurisdicción fuera de término.

36. Frente al Distrito Capital de Bogotá, distinguió dos actuaciones. Primero, la
entrega del inmueble, pretensión que caducó. El 2 de diciembre de 2011 fue

9 Fls. 168 - 184 del c.1.
10 Fls. 210 - 216 del c.1.
11 Fls. 330 - 333 del c.1.
12 Porque no se aportó el certificado de existencia y representación que lo acreditara para actuar como su

representante legal. Dispuso que se tendría como único demandante al señor Joaquín Armando Sánchez
Rincón y no a la sociedad.
13 En ese momento, el despacho a cargo de la magistrada María Adriana Marín.
14 Fls. 354 - 365 del c.1.
15 Índice 86 de Samai del Tribunal.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

sancionada la inspectora y el demandante se enteró de que no recibiría una porción
de este. Así, podía accionar hasta el 3 de diciembre de 2013 y no lo hizo. Segundo,
el trámite de la querella, cuya demanda era oportuna. Ese asunto culminó el 13 de
octubre de 2015 y se atendió el plazo de caducidad que finalizó el 14 de octubre de
2017.

37. Al resolver la única imputación oportuna, concluyó que la “lesión del derecho de
propiedad” del actor frente al inmueble con folio inmobiliario 50N-1146473 no era
antijurídica. Se adjudicó y entregó el 30 de mayo de 2007, libre de ocupantes y al
demandante le correspondía defenderlo a través de los medios legales.

38. La perturbación posterior de una parte del predio por terceros motivó la querella
que se resolvió el 26 de diciembre de 2014 con orden de desalojo. Sin embargo, los
conflictos posesorios representan cargas propias del derecho de propiedad y solo
generan responsabilidad del Estado si hay fallas graves o demoras injustificadas,
situaciones que no se presentaron.

39. Aunque en la demanda se alegó una mora general, las pruebas daban cuenta
de que la reconstrucción del expediente de la querella se hizo en un plazo razonable
y que el trámite se adelantó de manera regular16.

Recurso de apelación

40. El señor Joaquín Armando Sánchez Rincón afirmó que la caducidad se cuenta
desde un único momento, esto es, el 13 de octubre de 2015, fecha en la que se
entregó el predio libre de ocupantes y se concretó el daño.

41. Como las actuaciones están concatenadas, su incidencia en el daño solo pudo
establecerse con la entrega del predio totalmente desocupado. La caducidad debe
flexibilizarse, en la medida en que la afectación se conoció después de los hechos
que lo causaron, y el juez debe interpretar la demanda a favor de la víctima, tal y
como lo ordena la Corte Constitucional, en la sentencia SU-659 de 201517.

42. Para debatir la falta de daño antijurídico declarada, expresó que las
inspecciones de policía no cumplieron con la orden judicial de entrega del predio y
ello representó una carga excesiva, marcada por actuaciones “ilegales que
derivaron en una mora irrazonable y la pérdida de la posesión por más de ocho años
del bien”18.

Trámite en segunda instancia

43. El 6 de octubre de 2023, esta Corporación admitió la apelación 19. Los sujetos
procesales no intervinieron20.

16 No condenó en costas a la parte vencida por falta de prueba de su justificación.
17 (i) Privilegia el acceso a la Administración de Justicia y la reparación integral si existe duda sobre el inicio del

plazo de caducidad; (ii) insta a evaluar el instante en que el afectado cuenta con información relevante acerca
de la intervención del Estado en el daño; (iii) explica que la afectación puede manifestarse con posterioridad a
los hechos que lo originan; (iv) admite la fecha de consolidación del perjuicio en daños permanentes o de tracto
sucesivo; y (v) no aplica el plazo de caducidad en casos de vulneración de derechos humanos.
18 Índice 89 Samai del Tribunal.
19 Índice 5 Samai del Consejo de Estado.
20 Índice 13 Samai del Consejo de Estado.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

CONSIDERACIONES

44. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de primera instancia porque no se configura causal de nulidad que invalide lo
actuado y se cumplen los presupuestos procesales de jurisdicción21, competencia22
y conciliación prejudicial23. Por su relevancia para la decisión, la legitimación24 en la
causa por activa y la caducidad se examinarán de manera particular.

Alcance del recurso de apelación

45. El Tribunal declaró la caducidad respecto de la Superintendencia de Notariado
y Registro, la Rama Judicial y la Fiscalía; y parcialmente frente al Distrito Capital de
Bogotá, pero negó las pretensiones al no acreditarse un daño antijurídico. El bien
se recibió en 2007 libre de ocupantes y las perturbaciones posteriores son cargas
propias del derecho de dominio. Además, no hubo mora en el trámite de la querella.

46. Para la parte actora, el plazo de caducidad debe computarse desde la entrega
material del inmueble y no a partir de cada hecho atribuido a las entidades
demandadas. A su juicio, se configuró una afectación antijurídica porque se
incumplió la orden de entrega del predio, carga irregular que le impidió disponer de
este.

47. Aunque no es un punto de controversia en esta instancia, se analizará de oficio
la legitimación en la causa por activa del señor Joaquín Armando Sánchez Rincón25,
conforme al artículo 187 de la Ley 1437 de 201126 y la jurisprudencia unificada de
esta Corporación27. Esto, para determinar si está facultado para formular todas las
pretensiones indemnizatorias y, de ser el caso, declarar la excepción respecto de
aquellas frente a las que carezca de legitimación.

Problemas jurídicos

48. ¿El demandante se encuentra legitimado en la causa por activa para formular
las pretensiones indemnizatorias o debe declararse, de oficio, probada la excepción

21 Según el numeral 1 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo

conoce de los procesos sobre “la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que
sea el régimen aplicable”. En este caso, la demanda se instauró contra la Rama Judicial, la Fiscalía, la
Superintendencia de Notariado y Registro y el Distrito Capital de Bogotá, entidades públicas del orden nacional
y territorial.
22 De acuerdo con los artículos 150 y 152.6 de la Ley 1437 de 2011, se trata de la apelación de una sentencia

dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso de doble instancia debido a la cuantía.
La pretensión principal por lucro cesante asciende a $15.761’483.150 y para la fecha de presentación de la
demanda superaba el monto exigido de $368’858.500.
23El requisito de procedibilidad previsto en el artículo 161.1 del CPACA y en la Ley 640 de 2001 se agotó ante

la Procuraduría. La solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el 13 de mayo de 2015 y se declaró fallida el
12 de agosto de ese año, por la falta de ánimo conciliatorio de las partes.
24 La legitimación en la causa por pasiva de las entidades demandadas se configura tras las imputaciones

formuladas en la demanda.
25 En la audiencia inicial de primera instancia se declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la

sociedad Sánchez Blanco y Cía. S. en C., decisión que confirmó esta Corporación y está en firme.
26 “Artículo 187. Contenido de la sentencia. (…) En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas

y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus (…)”.
27 La Sala Plena de esta Sección puntualizó: “[P]or regla general el marco fundamental de competencia del juez

de segunda instancia lo constituyen las referencias (…) que se aducen y esgrimen en contra de la decisión (…),
junto con las excepciones que se derivan (…) de las normas legales de carácter imperativo” (Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez). El anterior criterio reiterado en sentencia de unificación del 6 de abril de 2018,
así: “[Si] se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos
que hacen parte de ese aspecto más general (…), sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril
de 2018, expediente 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth).
7

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

en relación con alguna de estas?

49. ¿Debe mantenerse la declaratoria de caducidad efectuada por el juez de
primera instancia o, como lo sostiene la parte actora, el término para demandar se
cuenta desde la entrega efectiva del inmueble y no de forma independiente frente a
cada una de las entidades demandadas?

50. De superarse ese presupuesto procesal, ¿se probó un daño antijurídico
imputable al Estado o, según lo concluyó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, no se acreditó ninguna lesión susceptible de indemnización?

Tesis

51. Se modificará la sentencia de primera instancia. Se declarará, de oficio, la falta
de legitimación en la causa por activa del señor Joaquín Armando Sánchez Rincón
frente a las pretensiones de perjuicios materiales causados a la sociedad Biconal
Ltda. Se descartará la caducidad que el Tribunal declaró frente a la
Superintendencia de Notariado y Registro, la Rama Judicial, la Fiscalía General de
la Nación y el Distrito Capital de Bogotá —caducidad parcial—. Superados esos
aspectos, se negarán las demás pretensiones porque no se probó el daño.

52. La tesis se desarrollará en los siguientes capítulos: (i) legitimación; (ii) titularidad
del derecho de dominio sobre inmuebles; (iii) separación patrimonial entre la
sociedad y sus socios; (iv) habilitación para reclamar daños causados al patrimonio
social; (v) legitimación en la causa por activa del actor; (vi) término de caducidad
aplicable: (vii) daño instantáneo y continuado; (viii) oportunidad de la demanda; (ix)
daño como elemento de la responsabilidad del Estado; (x) afectación alegada y (xi)
costas en segunda instancia.

Legitimación

53. El Consejo de Estado ha señalado que la legitimación en la causa se refiere a
la posición sustancial que ocupa un sujeto dentro de la situación fáctica o del vínculo
jurídico que origina el litigio, de la que pueden derivarse derechos, deberes o su
inexistencia. En tal medida, está legitimado quien tiene la aptitud para intervenir en
el proceso, según su relación con el objeto de la decisión28.

54. La legitimación de hecho se predica de quien formula la pretensión e imputa la
conducta a la parte convocada al proceso, una vez es notificada 29. La legitimación
material apunta a la participación real de las personas en los hechos que generan
la controversia o a la titularidad del derecho reclamado, al margen de que estas
hubieran demandado o sido demandadas, por tal razón, su verificación corresponde
al juez en la sentencia30.

28 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia

de 23 de abril de 2008, expediente 13.503, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencias del 29 de agosto y 9 de octubre de 2014, expedientes 30.391 y 27.438,
ambas con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth.
29 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 30 de agosto de 2024, expediente 66.586, M.P. María Adriana Marín. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 42.286, M.P. Danilo Rojas
Betancourth.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19

de febrero de 2021, expediente 64.401, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
8

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

Titularidad del derecho de dominio sobre inmuebles

55. Según los artículos 74531 y 75632 del Código Civil, el dominio sobre bienes
inmuebles requiere un título y su tradición mediante la inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos, sin perjuicio de otras formas de adquirir el
derecho de propiedad, como la sucesión, la prescripción y la adjudicación.

56. En cuanto a su acreditación, esta Corporación33 ha indicado que el certificado
de libertad y tradición constituye prueba idónea de la propiedad, pues refleja los
actos jurídicos inscritos sobre el predio. En el mismo sentido, la Corte Suprema de
Justicia34 ha sostenido que ese documento acredita tanto la inscripción del derecho
como el título que fundamenta la titularidad registrada, por lo que represente prueba
suficiente del dominio, salvo que las particularidades del caso exijan la aportación
de documentos adicionales.

Separación patrimonial entre la sociedad y sus socios

57. Los artículos 98 y 353 del Código de Comercio disponen que la sociedad
legalmente constituida forma una persona jurídica distinta de sus socios35. Esa
autonomía jurídica implica la existencia de un patrimonio propio y separado del de
sus socios, quienes, por regla general, conservan derechos sobre su participación
en el capital social36.

58. La jurisprudencia constitucional ha identificado esta situación como una garantía
de separación patrimonial, en la que “los bienes de la sociedad no pertenecen en
común a los asociados, quienes carecen de derechos sobre el patrimonio del ente
moral, correspondiéndoles solo un derecho sobre el capital social (C.Co. arts. 143,
144, 145 y 146)”37.

Habilitación para reclamar daños causados al patrimonio social

59. Conforme al artículo 53 del Código General del Proceso38 y el precedente del

31 “Artículo 745. Título traslaticio de dominio. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de

dominio, como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere, además, que el título sea válido respecto de la
persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges”.
32 “Artículo 756. Tradición de bienes inmuebles. Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por

la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera se efectuará la
tradición de los derechos de usufructo o de uso, constituidos en bienes raíces, y de los de habitación o hipoteca”.
33 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2014, expediente 23.128.,

M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
34 Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de julio de 2022, expediente SC1833-2022, M.P. Aroldo Wilson

Quiroz Monsalvo.
35 “Artículo 98. Contrato de sociedad - concepto - persona jurídica distinta. Por el contrato de sociedad dos o

más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con
el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados”.
“Artículo 353. Responsabilidad de los socios en la sociedad de responsabilidad limitada. En las compañías de
responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En los estatutos podrá
estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías
suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades”.
36 En derecho societario, la limitación del riesgo de los socios al monto del capital aportado es la regla general.

Esto indica que existen excepciones como las previstas en los artículos 294 y 323 del Código de Comercio.
37 Corte Constitucional, sentencia C-865 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
38 “Artículo 53. Capacidad para ser parte. Podrán ser parte en un proceso:

1. Las personas naturales y jurídicas.
2. Los patrimonios autónomos.
3. El concebido, para la defensa de sus derechos.
4. Los demás que determine la ley”.
9

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

Consejo de Estado39, las personas jurídicas están facultadas para reclamar la
indemnización de los daños causados a su patrimonio, precisamente porque son
titulares de los bienes y derechos que lo integran.

60. Los socios carecen de interés jurídico para solicitar, en nombre propio, la
reparación de tales afectaciones, porque no son titulares de derechos sobre el
patrimonio social. Admitirlo desconocería la autonomía patrimonial de la persona
jurídica y podría generar una doble indemnización de la afectación.

Legitimación en la causa por activa del demandante

Perjuicios materiales:

61. En los numerales segundo y tercero de la demanda se solicitaron las siguientes
indemnizaciones por perjuicios materiales:

⮚ Por daño emergente:

• $2.000.000.000, por la adjudicación del inmueble.
• $600.000.000, por los honorarios del abogado que asumió la defensa del
predio en los distintos procesos judiciales.
• $600.000.000, por el impuesto predial y valorización del predio.
• $150.000.000, por los estudios técnicos, topográficos, arquitectónicos,
urbanísticos, diseños de drenajes y servicios públicos.

⮚ Por lucro cesante:

• $15.761.483.150, por las utilidades dejadas de percibir al frustrarse el
proyecto urbanístico.

62. Para definir si el actor puede reclamar tales perjuicios, es necesario establecer
la titularidad de los derechos patrimoniales relacionados con el predio identificado
con folio inmobiliario 50N-1146473.

63. Se acreditó que el origen del derecho sobre el inmueble se encuentra en un
proceso ejecutivo iniciado por la señora María Carolina Sánchez Blanco contra la
sociedad Inversiones Mablanes Ltda.40. En desarrollo de ese asunto, el bien fue
rematado y adjudicado a favor de la ejecutante en auto del 8 de febrero de 2006 41,
proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, autoridad que ordenó su entrega y
registro42.

64. El 27 de abril de 2006, la adjudicataria cedió sus derechos sobre el bien en un
65% a la sociedad Sánchez Blanco y Cía. S. en C. y en un 35% al señor Joaquín
Armando Sánchez Rincón, cesión que fue avalada por el Juzgado 22 Civil del
Circuito de Bogotá43.

39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 16 de agosto de 2018, expediente 40.369, M.P. María Adriana Marín.
40 De acuerdo con los antecedentes del auto del 8 de febrero de 2006.
41 Fls. 10 - 11 del c.2.
42 Folios 10 - 12 del c.2.
43 Folio 12 vto. del c.2.

10

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

65. Por escritura pública 3581 del 31 de diciembre de 200744, otorgada en la Notaría
49 del Círculo de Bogotá, se formalizó ese negocio. Los entonces titulares aportaron
el inmueble a la Constructora y Consultora Alameda Ltda. (posteriormente
denominada Biconal Ltda.), compañía de la que eran socios45, para aumentar su
capital46. Esta operación se registró en las anotaciones 9 y 10 del certificado de
libertad y tradición aportado al expediente47, lo que demuestra que el bien dejó de
integrar el patrimonio individual de los aportantes y pasó al patrimonio de esa
persona jurídica.

66. Si bien inicialmente el señor Joaquín Armando Sánchez Rincón y la sociedad
Sánchez Blanco y Cía. S. en C. adquirieron determinados porcentajes del predio
objeto de remate, desde 2007 esos derechos fueron transferidos a la sociedad
Biconal Ltda., mediante su aporte al capital social. A partir de ese momento, la
titularidad del inmueble y de los derechos patrimoniales asociados a este fue
exclusiva de la sociedad, al margen de que los socios conservaran la calidad de
aportantes.

67. Los perjuicios materiales invocados guardan relación directa con ese inmueble.
El valor atribuido a la adjudicación del predio, los gastos de conservación, la defensa
judicial, los tributos, los estudios técnicos y las utilidades esperadas del proyecto
urbanístico son afectaciones o beneficios vinculados al patrimonio de la sociedad
Biconal Ltda., y no al patrimonio individual del demandante.

68. Varias de las pretensiones fueron formuladas a nombre del señor Joaquín
Armando Sánchez Rincón. Otras no identifican al beneficiario. Con todo, es claro
que el poder para presentar la demanda de reparación directa fue otorgado por él48,
en nombre propio y no en representación de ninguna sociedad, por lo que se
entiende que todas las reclamaciones fueron elevadas a su favor.

69. Que el actor sea socio de la compañía Biconal Ltda. y que hubiera fungido como
representante legal para el 200749 no modifica la anterior conclusión. Estas
condiciones no lo convierten en titular de los bienes o derechos patrimoniales
pertenecientes a la sociedad, ni lo facultan para reclamar, a título personal, la
indemnización de perjuicios que recae sobre esta.

70. Adicionalmente, no se probó que la sociedad Biconal Ltda. se hubiera liquidado
o que se hubiera extinguido su personalidad jurídica. En cualquier caso, únicamente
al finalizar el proceso pertinente podría determinarse si los socios soportaron una
afectación patrimonial derivada de la distribución final de los activos sociales.

71. En consecuencia, la llamada a solicitar los perjuicios materiales era la sociedad
Biconal Ltda., por ser la titular del patrimonio social presuntamente afectado. Como
el señor Joaquín Armando Sánchez Rincón pidió la indemnización de la afectación

44 Registrada el 29 de febrero de 2008.
45 Los socios de Biconal Ltda., hoy Constructora Primar S.A., para el 2007 eran: (i) la sociedad Incopav S.A.

con 3.840 cuotas parte, representativas del 3% del total de cuotas; (ii) el señor Joaquín Armando Sánchez
Rincón con 46.160 cuotas parte, representativas del 30% del total de cuotas; y (iii) la sociedad Sánchez Blanco
y Cía. S en C., con 102.000 cuotas partes, representativas del 67% del total de las cuotas de la sociedad.
46 Folios 1 - 6 del c.2.
47 Folios 7, 8 y 14 del c.2.
48 En el poder otorgado se lee: “Joaquín Armando Sánchez, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado

con cédula de ciudadanía número xxx de Bogotá, en nombre propio, por medio del presente documento
manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a (…)” (Fl. 1 del c.1).
49 Información que se extrae de la escritura 3581 del 31 de diciembre de 2007.

11

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

sufrida por dicha persona jurídica, y no por él mismo, la Sala declarará de oficio su
falta de legitimación en la causa por activa.

72. La legitimación en la causa es presupuesto material para la prosperidad de las
pretensiones que el juez debe verificar al momento de dictar sentencia, incluso de
oficio. En ese sentido, esta decisión no vulnera el principio de la no reforma en peor,
pues no agrava la situación del apelante, sino que consta la ausencia de un requisito
sustancial necesario para acceder a lo reclamado, lo que, en todo caso, ya había
negado el juez de primera instancia.

Perjuicios extrapatrimoniales

73. No ocurre lo mismo con las pretensiones relativas al reconocimiento del daño
moral y a la vida de relación. Estas reclamaciones no recaen sobre el patrimonio de
la sociedad Biconal Ltda., sino respecto del fuero personal del actor.

74. Su procedencia está ligada a la acreditación de un menoscabo individual y no a
la titularidad del bien o derecho patrimonial afectado. Por ello, la falta de legitimación
del señor Joaquín Armando Sánchez Rincón para reclamar perjuicios materiales no
se extiende automáticamente a las pretensiones extrapatrimoniales formuladas.

75. Estas fueron propuestas en nombre propio y se sustentan en las afectaciones
que el actor afirma haber sufrido con ocasión de los hechos objeto de controversia.
En ese sentido, se encuentra legitimado en la causa por activa para solicitarlos, sin
perjuicio de que, al resolver el fondo del asunto, deba verificarse su acreditación.

Término de caducidad aplicable

76. El plazo de caducidad aplicable al asunto es el del literal i), numeral 2° del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Esta norma indica que el cómputo de los 2
años para instaurar la demanda de reparación directa inicia desde el día siguiente
al hecho, omisión u operación administrativa que produjo el daño. No obstante,
cuando el afectado no pudo advertirlo en ese momento, el plazo se cuenta a partir
del día siguiente de aquel en que tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre
que se pruebe la imposibilidad de identificarlo en la fecha de su ocurrencia50.

77. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, cuando la afectación
se produce, consolida o manifiesta con posterioridad al hecho que lo origina, la
caducidad no se cuenta desde este último, sino desde la fecha en que la afectación
adquiere notoriedad o puede ser conocida por la víctima, dado que solo entonces
nace la posibilidad efectiva de acudir a la jurisdicción51.

78. En suma, aunque la regla general prevé que la caducidad corre desde el hecho
causante del daño, de manera excepcional el término inicia cuando el afectado

50 “Artículo 164. oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
51 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia

del 16 de agosto de 2001, expediente 13.772, M.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada por la Sección Tercera en
la sentencia del 7 de mayo de 2008, expediente 16.922, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y por esta Subsección,
entre otras, en sentencia del 3 de octubre de 2019, expediente 46.039, M.P. María Adriana Marín.
12

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

conoció o pudo conocer razonablemente la existencia y alcance de la afectación.
Por ello, la ocurrencia del evento causante no determina la oportunidad del medio
control si el daño solo se hizo evidente o se consolidó con posterioridad52.

Daño instantáneo y continuado

79. La jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha diferenciado los
conceptos de daño instantáneo y continuado53. El primero se identifica en un
momento exacto, aunque sus consecuencias pueden proyectarse hacia el futuro. El
segundo se caracteriza porque la afectación persiste o se prolonga en el tiempo,
continuidad que no se predica de sus efectos, sino del daño en estricto sentido54.

80. Esta Sala55 ha advertido que la agravación de la lesión o la extensión de los
perjuicios no significa que se esté ante una afectación continuada. En tales eventos,
lo que permanece en el tiempo son las consecuencias del daño y no el daño mismo.
Así, la caducidad se cuenta desde su consolidación o exteriorización y no se
renueva por la persistencia o incremento de las secuelas, pues, de lo contrario, su
cómputo quedaría supeditado indefinidamente a la evolución posterior de los
perjuicios56.

Oportunidad de la demanda

81. El Tribunal de instancia declaró la caducidad del medio de control de reparación
directa frente a la Superintendencia de Notariado y Registro, la Rama Judicial y la
Fiscalía, y la caducidad parcial sobre el Distrito Capital de Bogotá. Para ello,
identificó el momento en que ocurrieron las actuaciones y omisiones atribuidas a
cada entidad y definió la oportunidad para presentar la demanda.

82. El apelante cuestionó ese análisis. A su juicio, el plazo de caducidad debe
contarse desde un solo momento: la devolución del predio libre de ocupantes.

83. Antes de resolver este punto, se precisa que aquí no se alega ni se configura

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13

de agosto de 2021, expediente 47.402, M.P. María Adriana Marín.
53 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia

del 18 de octubre de 2007, expediente 25000-23-27-000-2001-00029-01 (AG), M.P. Enrique Gil Botero. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre
de 2021, expediente 50.922, M.P. José Roberto Sáchica Méndez; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1° de marzo de 2023, expediente 57.963, M.P
Fredy Ibarra Martínez.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 24 de

octubre de 2025, expediente 73.257, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
55 En los siguientes términos: “Es preciso advertir que no debe confundirse el daño con los perjuicios que este

genera. El primero, al ser ‘la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la molestia, el detrimento ocasionado a
una persona en su cuerpo, en su espíritu’, estructura el quebranto de un aspecto de la integridad de un sujeto
de derecho; el segundo, en cambio, deviene en el ‘menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia del
daño’, esto es, la derivación del primero y su manifestación externa en el y/o los sujetos directa e indirectamente
afectados, que pueden incrementarse con el transcurrir temporal. En este sentido, comoquiera que el daño es
el hecho que genera las aminoraciones subjetivas susceptibles de reparación -de ahí que se erija como el
elemento angular de la responsabilidad civil extracontractual, en su acepción original-, él y no sus consecuencias
es lo que marca el momento a partir del cual debe contarse la caducidad de la acción indemnizatoria” (Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de diciembre de
2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 62.495. Reiterado por la Sala en sentencia del 4 de
diciembre de 2020, expediente 64.548).
56 “En los eventos de perjuicios prolongados en el tiempo, aunque en la práctica es más difícil detectar la fecha

inicial porque puede confundirse el nacimiento del perjuicio con su agravación posterior, no por eso puede
aceptarse que mientras se estén produciendo o agravando los daños seguirá viva la acción, porque esta
solución sería la aceptación de la no caducidad de las acciones indemnizatorias (…)” (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero de 1994, expediente 8.610, M.P.
Carlos Betancur Jaramillo).
13

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

una ocupación temporal o permanente del inmueble en los términos del artículo 140
del CPACA57. La demanda se fundamenta en presuntas fallas en el ejercicio de
funciones judiciales, registrales y policivas que incidieron en que no se aprovechara
plenamente el predio en cuestión.

84. A diferencia de lo resuelto por el juez de primera instancia, la Subsección
considera que el presente asunto no exige realizar conteos individuales de
caducidad frente a cada actuación u omisión atribuida a las entidades demandadas.
Ello, porque el menoscabo alegado tuvo carácter continuado y solo cesó con la
entrega material del inmueble.

85. Según la demanda, la apelación y lo manifestado en la audiencia inicial, no se
pudo disponer plenamente del bien por la perturbación de terceros.

86. Las pruebas evidencian que, aunque el 24 de octubre de 200858 el demandante
conoció que no podía utilizarse la totalidad del inmueble por el fracaso de la
diligencia de lanzamiento, esta situación se prolongó en el tiempo. Las actuaciones
posteriores fueron infructuosas y la afectación culminó con el desalojo efectivo de
los ocupantes irregulares el 13 de octubre de 201559.

87. En criterio de la Sala, la situación planteada no corresponde a una afectación
consumada en la fecha anterior con efectos que se extendieron en el tiempo. Es
claro que desde entonces eran evidentes las circunstancias que limitaban el
aprovechamiento del inmueble, pero el daño se mantuvo mientras permanecieron
los ocupantes. Por tal motivo, el conocimiento de los hechos que originan el litigio
no supone que el menoscabo hubiera quedado consolidado.

88. Además, con independencia de las imputaciones formuladas contra cada
entidad demandada, la imposibilidad de usar y disfrutar plenamente el predio se
mantuvo de manera ininterrumpida hasta el desalojo efectivo de los perturbadores.
De este modo, la afectación solo cesó con la entrega material del inmueble el 13 de
octubre de 2015, momento a partir del cual quedó definido el daño y surgió la
posibilidad de reclamar su reparación.

89. Bajo ese contexto, se concluye que el plazo de caducidad corrió entre el 14 de
octubre de 2015 y el 14 de octubre de 2017. Como la demanda se radicó el 21 de
septiembre de ese año, previa conciliación extrajudicial60, es oportuna. Por tanto, la
Sala hará el estudio de fondo.

Daño como elemento de la responsabilidad del Estado

90. El daño es el primer elemento que se analiza en la responsabilidad del Estado.
Solo si se acredita procede el juicio de imputación61.

57 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la
causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente
de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma (…)”.
58 Fls. 33 - 47 y 63 del c.2.
59 Fls. 401 - 403 del archivo “184A, EXPEDIENTE 10154” del cd que obra a folio 373.
60 Fls. 432 - 437 del c.2.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16

de julio de 2015, expediente 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. También se puede consultar: sentencia del
10 de noviembre de 2017, expediente 38.824; del 10 de noviembre de 2017, expediente 50.451; del 23 de
octubre de 2017, expediente 42.121; del 14 de septiembre de 2017, expediente 44.260; del 19 de julio de 2017,
14

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

91. Consiste en el menoscabo de un derecho o un interés legítimo. Para que sea
indemnizable, debe estar plenamente estructurado: ser personal, cierto —que no
sea eventual o hipotético62— y antijurídico. Es decir, susceptible de determinación
material y jurídica63.

92. Su reconocimiento exige prueba de la afectación de la situación jurídica
protegida, por lo que no basta con la sola afirmación ni con invocar una expectativa
de obtener un beneficio económico.

Afectación alegada

93. Como en casos semejantes64, la Sala definirá si se demostró la afectación
extrapatrimonial alegada65. Ello, porque la indemnización presupone la
demostración de un daño cierto en cabeza de quien lo reclama y no de la mera
ocurrencia de los hechos invocados.

94. El daño moral recae sobre la esfera íntima de la persona y comprende el
sufrimiento, la aflicción o la alteración de sus condiciones emocionales. Acreditada
su existencia, corresponde al juez valorar su intensidad de acuerdo con la extensión
y grado de afectación sufrido por la víctima. Con todo, su demostración no puede
confundirse con la prueba de su valoración económica66.

95. Según el actor, soportó una afectación moral y a la vida de relación67. En cuanto

expediente 43.447; del 26 de abril de 2017, expediente 39.321, entre otras.
62 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia

del 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, y sentencia del 2 de septiembre de 2013, expediente 26.589,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 20.614, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Criterio
reiterado por esta subsección en sentencias del 14 de septiembre de 2017, expediente 44.260; del 28 de
septiembre de 2017, expediente 53.447; del 19 de abril de 2018, expediente 56.171; del 13 de agosto de 2020,
expediente 53.664; del 20 de noviembre de 2020, expediente 55.798; y del 8 de mayo de 2023, expediente
59.868.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25

de marzo de 2015, expediente 32.570, M.P. Hernán Andrade Rincón.
64 Se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección

A, sentencia del 16 de agosto de 2018, expediente 40.369, M.P. María Adriana Marín; del 24 de abril de 2023 y
del 5 de marzo de 2021, expedientes 59.604 y 51.343, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
65 Esta Subsección ha reflexionado: “(…) [S]e tiene que el concepto de daño abarca diversidad de fenómenos

que son descritos como fuente generadora de responsabilidad; así, se habla del daño emergente, del lucro
cesante, del daño moral y, en general, las demás modalidades de daño, reconocidas tanto por las leyes como
por la jurisprudencia. A la par de lo anterior, la noción de daño también comprende aquellos eventos en los que
un determinado sujeto resulta afectado por hechos u acciones que directamente hubieren recaído sobre otra
persona, lo que claramente permite que a su abrigo se admita como víctimas a los familiares de los directamente
lesionados, siempre que por causa de esa agresión hubieren sufrido una situación desfavorable, jurídicamente
relevante, y predicable en la esfera de sus derechos.
(…) Así, para evitar el fracaso del proceso por insuficiencia de la prueba, a las partes se les exige que aporten
certeramente los medios de prueba porque el juez no conoce más verdad que la comunicada y acreditada por
las partes. Es por ello que el demandante agraviado debe probar tanto los daños efectivamente materializados
como que esos pueden cuantificarse o estimarse dinerariamente, es decir que debe haber suficiencia probatoria
tanto para acreditar el daño como para probar su cuantía. Así, bajo el entendido que el juzgador no puede
asumir como ciertas las afirmaciones de la demanda con solo probarse uno de los rubros, resulta imperioso que
los interesados prueben tanto el daño como la afectación objetiva o subjetiva que este produjo, ya que en la
práctica no se indemnizan los eventos dañosos como tal sino las consecuencias que aquellos tienen sobre una
persona determinada.
De acuerdo con lo anterior, no podrá confundirse la ausencia de prueba del daño con la del perjuicio, pues aquel
se soporta en la lesión de un derecho o interés jurídicamente protegido, al paso que la prueba del perjuicio
corresponde al de la valoración del mismo” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente 51.343, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez).
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5

de marzo de 2021, expediente 51.343, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
67 El daño a la vida de la relación cambió su tipología. En su lugar, se reconocen las categorías de daño a la

salud (cuando estos provengan de una lesión a la integridad sicofísica de la persona) y de afectación relevante
a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados (cuando su concreción se encuentre
acreditada en el proceso y se precise su reparación integral, teniendo en cuenta la relevancia del caso y la
gravedad de los hechos). (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
15

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

al primero, destacó su aflicción por la imposibilidad de continuar la actividad
constructora en el país, las amenazas recibidas por los ocupantes ilegales y la
quiebra económica que afrontó. No desarrolló la segunda categoría de perjuicio
mencionada.

96. Sobre el menoscabo alegado la única prueba obrante en el expediente es el
interrogatorio de parte rendido por el señor Joaquín Armando Sánchez Rincón,
quien relató la ruina económica por el fracaso del proyecto urbanístico y las
aparentes obligaciones financieras que asumió por tal causa 68. Aunque la
declaración de parte es un medio de prueba admisible, de acuerdo con el artículo
191 del CGP, sus afirmaciones favorables carecen de respaldo en otros medios de
convicción, por lo que resultan insuficientes para demostrar la afectación.

97. En ese sentido, se advierte que el interrogatorio del actor está relacionado con
las consecuencias patrimoniales de la actividad desarrollada por la sociedad Biconal
Ltda., lo que no permite inferir una afectación moral indemnizable. Además, las
aparentes amenazas no fueron corroboradas con otros medios de prueba y tampoco
se acreditó un daño autónomo a la vida de relación (hoy daño a la salud); de hecho,
ni siquiera está debidamente sustentado.

98. En consecuencia, la Sala mantendrá la negativa de las pretensiones declarada
en la sentencia apelada, ante la falta de acreditación del daño.

Costas en segunda instancia

99. El artículo 365.1 del Código General del Proceso señala que se condenará en
costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el
numeral 8 de esa norma la condiciona a “...cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

100. No se condenará en costas. Pese a que se resolvió desfavorablemente la
apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, las entidades demandadas no intervinieron en
segunda instancia y no se demostró que se causaron agencias en derecho a su
favor69.

101. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1°. MODIFICAR la sentencia del 7 de diciembre de 2022, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que quedará
así:

sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 28.832, M.P. Danilo Rojas
Betancourth y expediente 31.170. M.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente
31.170, M.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencias de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente 32.988, M.P. Ramiro Pazos
Guerrero y expediente 26.251, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa).
68 Audio de la audiencia de pruebas.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16

de junio de 2026, expediente 70.563. M.P. Zoranny Castillo Otálora.
16

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01782-01 (70.064)
Demandante: Joaquín Armando Sánchez Rincón
Demandado: Nación - Rama Judicial y otros
Referencia: Reparación directa - CPACA

PRIMERO. DECLARAR, de oficio, la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Joaquín Armando Sánchez Rincón, respecto de las
pretensiones de perjuicios materiales causados a la sociedad Biconal
Ltda. y, como consecuencia, negar las pretensiones sobre este punto.

SEGUNDO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. NO CONDENAR en costas procesales.

2°. Sin condena en costas en segunda instancia.

3°. Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente de este
proceso al Tribunal de origen y FINALIZAR y ARCHIVAR esta actuación en la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.

17

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.