Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01953-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-01953-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-01953-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
13 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: RAFAEL ANTONIO FRAGOSO Y OTRO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Caducidad de la pretensión. Error Jurisdiccional. No se configura.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Leasing Ganadero S.A. (hoy Banco BBVA Colombia S.A.) adelantó un proceso
ejecutivo singular de mayor cuantía contra Guillermo Augusto Lora Ramírez, Henry
Ustariz Guerra y Rafael Antonio Fragoso. El proceso culminó con sentencia
proferida el 2 de diciembre de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha, que encontró configurada la excepción de inexistencia probatoria del
título valor y ordenó el pago de los perjuicios causados con las medidas cautelares
que se habían decretado.
Como consecuencia de la mencionada sentencia, el 21 de abril de 2010 los aquí
demandantes impetraron el incidente de “regulación de perjuicios”, que fue
tramitado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar y culminó
con auto del 30 de octubre de 2014, mediante el cual se reconoció a su favor la
suma total de $2.661.487.895, más los intereses de mora. El 15 de diciembre de
2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar decretó el embargo
y retención de los dineros que BBVA Colombia S.A. tenía depositados en cuentas
corrientes o de ahorros, del Banco de la República o del mismo BBVA Colombia
S.A, hasta por $3.000.000.000.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Una vez informado del embargo de sus cuentas bancarias, el Banco BBVA
Colombia S.A. consideró vulnerados sus derechos fundamentales e instauró una
primera acción de tutela solicitando que se dejara sin efectos la sentencia de 2 de
diciembre de 2009 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha.
Seguidamente, el Banco BBVA Colombia S.A. presentó una segunda petición de
amparo dirigida a que se le protegieran sus derechos fundamentales lesionados en
el trámite del incidente de regulación de perjuicios y las decisiones allí adoptadas
que reconocían y ejecutaban a favor de los demandantes la suma de
$3.000.000.000.
La primera tutela fue resuelta el 17 de marzo de 2017 por la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente la protección
constitucional por falta de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez de la acción.
La segunda demanda de amparo fue decidida el 15 de abril y 22 de julio de 2015,
en su orden, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha y la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que en primera y segunda instancia
ampararon los derechos fundamentales vulnerados con el trámite y las decisiones
proferidas en el incidente de regulación de perjuicios, declarando su ineficacia y la
de los actos ejecutivos que se habían adelantado.
Los demandantes consideran: i) que las irregularidades surtidas al interior del
incidente de regulación de perjuicios adelantado por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar constituyen un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia; ii) que los demandantes no fueron vinculados por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha al trámite de la segunda acción
de tutela interpuesta por el Banco BBVA Colombia S.A., configurando un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, y; iii) que se incurrió en error judicial
con las decisiones de tutela del 15 de abril y 22 de julio de 2015, proferidas en su
orden por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha y la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, por desconocimiento de los principios de cosa
juzgada, subsidiaridad, inmediatez y legalidad.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 13 de octubre de 20171, Rafael Antonio Fragoso y Víctor Ponce Parodi, mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa,
1 Fl. 4 a 40 y 45 a 83 (subsanación), C.1.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
presentaron demanda contra la Nación – Rama Judicial por los perjuicios causados
“por falla en el servicio defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y
error judicial [de] la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia
[…] [y] el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha el Juzgado Promiscuo
del Circuito de San Juan del César (Guajira)”.
Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la Nación
– Rama Judicial a pagar, por daño emergente, la suma de $2.103.677.838,11,
correspondientes a la condena impuesta en el trámite incidental de regulación de
perjuicios; y la suma de $252.441.441.340, por concepto de intereses sobre el valor
anterior. Asimismo, por perjuicios morales, la suma de $6.160.000; y por perjuicios
morales subjetivados, 100 SMLMV.
En apoyo de las pretensiones, la parte actora informa que, en fecha indeterminada
y con fundamento en un pagaré de $670.000.000, “LEASING GANADERO S.A. hoy
BANCO BBVA COLOMBIA S.A.” promovió proceso ejecutivo en contra de Rafael
Antonio Fragoso, Henry Ustariz Guerra y Augusto Guillermo Lora Ramírez, radicado
con el número 44650318900020010229900 del Juzgado Promiscuo del Circuito de
San Juan del Cesar.
Advierte que, en el curso de la primera instancia del ejecutivo, el apoderado del
Banco BBVA Colombia S.A. renunció al poder otorgado para su gestión e inició el
incidente de regulación de honorarios.
Indica que, en fecha indeterminada, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan
del Cesar negó el incidente de regulación de honorarios, en consideración a que la
finalización del apoderamiento tuvo lugar por renuncia del apoderado y no por
revocatoria del poderdante.
Señala que, una vez finalizada la primera instancia del proceso ejecutivo y
encontrándose en el trámite de la segunda instancia, el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Riohacha admitió la renuncia del poder y envió las respectivas
comunicaciones al Banco BBVA Colombia S.A.
Sostiene que, el 2 de diciembre de 2009, el proceso ejecutivo finalizó con sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha que absolvió a los demandados, condenando al ejecutante al pago de las
costas del proceso y de los perjuicios ocasionados a los demandados con la
ejecución
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Expone que el 21 de abril de 2010, hallándose ejecutoriada la providencia de
segunda instancia, Víctor Ponce Parodi en calidad de apoderado de Rafael Antonio
Fragoso, presentó solicitud de trámite incidental de “regulación de perjuicios”,
aportando la correspondiente liquidación y los documentos que servían de soporte,
según lo consagrado por el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Asevera que el 3 de mayo de 2010, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan
del Cesar admitió el trámite incidental, pero por error colocó la expresión “regulación
de honorarios”, situación que fue advertida por los aquí demandantes ante el
mencionado juzgado.
Declara que, en fecha indeterminada, se corrió el traslado del auto que admitió el
trámite incidental junto con el del dictamen que contenía la liquidación de perjuicios,
sin que el Banco BBVA Colombia S.A. presentara contestación u oposición alguna.
Indica que el 30 de octubre de 2014 el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan
del Cesar decidió el trámite incidental, condenando al Banco BBVA Colombia S.A.
a pagar, $1.402.461.673 por lucro cesante; $531.968.600 por intereses; y
$6.160.000 por perjuicios morales.
Advierte que, en fecha no especificada, la providencia del 30 de octubre de 2014
quedó ejecutoriada, sin que contra ella interpusiera recurso alguno.
Afirma que, en fecha indeterminada, encontrándose ejecutada la providencia que
fija el valor de los perjuicios a favor de quienes fueron demandados en el proceso
ejecutivo inicial o principal, Víctor Ponce Parodi inició el trámite ejecutivo dirigido
contra el Banco BBVA Colombia S.A. para el pago de los dineros reconocidos en el
incidente de liquidación de perjuicios, trámite que se surtió sin que el Banco BBVA
Colombia S.A. que en esta oportunidad obra como ejecutado, interpusiera
excepciones o recurso alguno.
Señala que, en fecha indeterminada, y una vez finalizada la ejecución de la decisión
que liquidó los perjuicios en contra del Banco BBVA Colombia S.A., los
demandantes presentaron la liquidación final del crédito, por la suma de
$3.000.000.000.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Sostiene que, en fecha indeterminada, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San
Juan del Cesar aprobó la liquidación final del crédito presentada por los
demandantes, por un valor total de $3.000.000.000.
Advierte que, en fecha indeterminada, hallándose en firme la liquidación del crédito,
el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar ordenó el embargo de la
cuenta individual de Banco BBVA Colombia S.A., en el Banco de la República, por
la suma de $3.000.000.000.
Sostiene que, en fecha indeterminada, el Banco BBVA Colombia S.A. interpuso
acción de tutela ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en
la que solicitó dejar sin efecto la sentencia de 2 de diciembre de 2009 del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Riohacha, porque consideró vulnerados sus
derechos fundamentales.
Afirma que el 17 de marzo de 2015, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia negó el amparo solicitado en consideración a que “por lo menos el 19 de
abril de 2010 […] la entidad financiera accionante conoció la renuncia de su
abogado sustituto […] pues en dicha fecha contestó la demanda laboral interpuesta
por éste […] de manera que, se infiere que desde esa data del Banco BBVA S.A.
debió acudir al trámite Ejecutivo cuestionado para enterarse del Estado en que se
encontraba, circunstancia que denota no solamente su falta de diligencia en la
vigilancia del litigio […] sino que reafirma la carencia del presupuesto de
inmediatez.”.
Advierte que, pese a lo anterior, una semana después de proferida la providencia
del 17 de marzo de 2015, el Banco BBVA Colombia S.A. interpuso una segunda
acción de tutela con pretensiones idénticas, sobre los mismos hechos y con
idénticas partes.
Expresa que el 15 de abril de 2015 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Riohacha, sin vincular al trámite de tutela a los aquí demandantes, amparó los
derechos constitucionales de Banco BBVA Colombia S.A. invocados en la segunda
acción de tutela. Así, declaró la ineficacia del trámite de regulación de perjuicios
promovido por el mandatario coejecutado Rafael Antonio Fragoso, desde el auto de
3 de junio de 2010, incluida la decisión de 30 de octubre de 2010.
Asegura que, en fecha indeterminada, los aquí demandantes interpusieron recurso
de apelación contra la decisión anterior.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Especifica que el 22 de julio de 2015, la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte
Suprema de Justicia resolvió la apelación, confirmando la decisión proferida el 15
de abril de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha.
Los demandantes consideran: i) que las irregularidades surtidas al interior del
incidente de regulación de perjuicios adelantado por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar constituyen un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia; ii) que los demandantes no fueron vinculados por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha al trámite de la segunda acción
de tutela interpuesta por el Banco BBVA Colombia S.A., configurándose también un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y; iii) que se incurrió en
error judicial con las decisiones de tutela del 15 de abril y 22 de julio de 2015,
proferidas en su orden por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha y la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, por desconocimiento de los
principios de: 1) cosa juzgada, dada la existencia de la sentencia de 17 de marzo
de 2015 que resolvía el mismo asunto; 2) de subsidiaridad, porque el accionante
contaba con otros mecanismos de defensa de sus derechos, tal y como lo había
declarado la sentencia de 17 de marzo de 2015; 3) inmediatez, porque el accionante
conocía del trámite judicial cuya ineficacia invocaba desde el 19 de abril de 2010,
como lo había declarado la sentencia de 17 de marzo de 2015 y; 4) de legalidad,
porque convalidan la actuación irregular del Banco BBVA Colombia S.A. que
conocía la existencia del trámite incidental y no ejerció medio de defensa alguno
para, de manera desleal, al final interponer una acción de tutela.
2. Contestación
El 9 de abril de 20182, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Nación - Rama Judicial3 manifestó que en el presente caso no se
configuraban el defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia ni el
error judicial alegados en la demanda, porque la actuaciones y decisiones de la
administración de justicia se surtieron en derecho. Propuso las excepciones de falta
de agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, toda
vez que al proceso no fue allegada la constancia que acreditara el cumplimiento de
esta exigencia legal, y la de caducidad de la acción, en razón a que el trámite del
2 Fl. 87 a 88, C. 1.
3 Fl. 63 a 74, C.1.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
proceso ejecutivo culminó el 3 de junio de 2010 y la demanda se presentó el 13 de
octubre de 2017.
3. Audiencia inicial
El 31 de mayo y el 14 de noviembre de 20194, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del
proceso, resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si se presentó “el presunto defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en el trámite incidental de regulación de perjuicios
adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar – Guajira,
y el error judicial contenido en las decisiones de tutela proferidas el 15 de abril de
2015, por el Tribunal Superior de Riohacha, y el 22 de julio de 2015, por la H. Corte
Suprema de Justicia”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 14 de noviembre de 20195, en la audiencia inicial, se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.
4.1. Los demandantes6 reiteraron lo dicho en el escrito de demanda.
4.2. El Ministerio Público7 conceptuó: i) que las pretensiones impetradas frente al
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el trámite incidental
de regulación de perjuicios se encontraban caducadas, toda vez que dicho
procedimiento culminó el 30 de octubre de 2014 y la demanda se interpuso el 13 de
octubre de 2017; y ii) que no se configuró el error judicial alegado respecto de las
sentencias de tutela proferidas el 15 de abril y 22 de julio de 2015, en su orden, por
el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia, las cuales
consideró ajustadas a derecho.
4.3. La entidad demandada guardó silencio.
4 Fl. 304 a 311, C.1.
5 Fl. 304 a 311, C.1.
6 Fl. 303, C.1. CD. Audiencia Inicial, minuto 37:35 a 57:55.
7 Fl. 303, C.1. CD. Audiencia Inicial, minuto 58:20 a 1:08:48.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
5. Sentencia de primera instancia
El 14 de noviembre de 20198, en la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda porque no encontró
demostrados el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni el error
judicial alegados en la demanda. Como fundamento de su decisión el a quo indicó:
i) que no existía defectuoso funcionamiento de la administración de justicia causante
de daño alguno, porque todas las irregularidades del trámite del incidente de
liquidación de perjuicios quedaron subsanadas con las sentencias de tutela
proferidas el 15 de abril y el 22 de julio de 2015, en su orden, por el Tribunal Superior
de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia9; y ii) que no existía un daño antijurídico
derivado del error judicial alegado en la demanda, pues la ineficacia declarada a
través de las decisiones de amparo constitucional retrotraían la actuación
adelantada en el trámite incidental, en donde los demandantes conservaban la
oportunidad de demostrar los perjuicios causados con el proceso ejecutivo principal
que dio lugar a su regulación10.
Finalmente, la primera instancia condenó a la parte actora a pagar como agencias en
derecho el 1% de las pretensiones de la demanda, establecido en $23.561.191, y negó
la condena en costas por cuanto no encontró probado que se hubieran causado.
6. Recurso de apelación
El 15 de noviembre de 2019, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
8 Fl. 304 a 311, C.1.
9 “Al declararse la ineficacia del trámite de regulación de perjuicios, a través del medio excepcional
de tutela, se subsanaron todas las irregularidades que se presentaron en dicha actuación, y en ese
sentido, se puede concluir que los defectos alegados no causaron ningún daño antijurídico a los
demandantes. […] Ahora bien, no se puede desconocer la conducta de la parte demandante frente
a ese defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que invoca […], porque tenía
herramientas jurídicas, dentro de la misma actuación procesal, para cuestionar al interior del proceso
esa situación.”
10 “i) No se encuentra configurado un daño antijurídico, teniendo en cuenta que, la ineficacia
decretada a través de las providencias de tutela, tenía como finalidad que se subsanaran las
irregularidades procesales incurridas por el Juez que tramitó el incidente de regulación de perjuicios
y, en ese sentido, que el mismo se llevara a cabo en debida forma. ii) Como quiera que el efecto
jurídico de la ineficacia declarada a través de las decisiones de tutela consistió en retrotraer la
actuación adelantada en el trámite incidental al estudio de su admisión, inadmisión o rechazo, es
claro que el señor Rafael Antonio Fragoso no perdió en ningún momento la oportunidad de demostrar
el pago de los perjuicios causados en el proceso ejecutivo que fue resuelto a su favor; al respecto,
se encuentra demostrado que, con ocasión de las sentencias de tutela, mediante proveído del 26 de
mayo de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar (Guajira) estudió
nuevamente el escrito incidental y resolvió admitir el mismo. iii) En ese sentido, es claro que lo que
se garantizó a través de las providencias de tutela fue el derecho fundamental al debido proceso y.
por tanto, resulta inadmisible que el demandante pretenda que se mantengan o se convaliden las
irregularidades presentadas en el trámite incidental, en perjuicio de la contraparte, como una fuente
de responsabilidad a su favor. iv) El hecho de que se hayan demostrado ciertas irregularidades en
el trámite del incidente de regulación de perjuicios, no significa per se que haya configurado un daño
antijurídico. puesto que la decisión de las autoridades judiciales como jueces de tutela se encaminó
a salvaguardar el derecho de defensa de las partes. […]”
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
fue concedido el 23 de enero de 202011 y admitido el 28 de mayo de 202012.
6.1. La parte actora13 argumentó la configuración del daño antijurídico, consistente
en la pérdida del título ejecutivo – sentencia judicial ejecutoriada que liquidó el
incidente de regulación de perjuicios, la cual contenía un derecho patrimonial
reconocido a favor de los demandantes y quedó sin efecto en razón de las
sentencias de tutela objeto del error judicial aludido en la demanda.
Asimismo, los accionantes insistieron en la configuración del error judicial advertido
en la demanda inicial frente a las sentencias de tutela proferidas el 15 de abril y 22
de julio de 2015, en su orden, por el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte
Suprema de Justicia.
Finalmente, la alzada advirtió que las agencias en derecho debían obedecer al
principio de causación en el trámite procesal, y como en el presente caso “no hubo
gestión de defensa en el curso del proceso, mal podría generarse una condena al
pago de agencias en derecho.”.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 15 de octubre de 202014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte actora, la Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7315
de la Ley 270 de 1996.
11 Fl. 320, C. Ppal.
12 Fl. 328, C. Ppal.
13 Fl. 312 a 318, C. Ppal.
14 Fl. 332, C. Ppal.
15 “Artículo 73. Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los
artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al
procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el
Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14016 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA).
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en la audiencia inicial se discutió la caducidad de la acción, en segunda
instancia resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal17.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general18, estableció unos plazos para poder ejercer
16 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
17 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad
de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción19, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure20 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia21, cuya consecuencia, por demandar más
19 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
20 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
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allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 164 del CPACA, señala que la acción de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento de la administración de la justicia el término de caducidad se cuenta
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en
cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.
Adicionalmente, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por
error jurisdiccional, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que cuando
el daño alegado proviene de un error judicial, el término de caducidad empieza a
contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial
que contiene el aludido yerro22.
En el caso sub examine se estima que el derecho a accionar las pretensiones por
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia frente al incidente de
regulación de perjuicios adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San
Juan del Cesar no se ejerció en tiempo, es decir, dentro del término legal de dos (2)
años, teniendo en cuenta: i) que el mencionado trámite incidental se surtió entre el
21 de abril de 2010 y el 30 de octubre de 2014, cuando se profirió el auto de
regulación de perjuicios que condenó al banco a pagar la suma total de
$2.661.487.895, más los intereses de mora a que hubiera lugar (hecho probado
7.1.5., 7.1.6. y 7.1.7.); ii) que el 9 de junio de 2017, es decir cuando el término de
caducidad había expirado, el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría 142 Judicial II para Asuntos Administrativos, iii)
que el 14 de septiembre de 2017 esta entidad hizo constar23 que no fue posible
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 23 de junio de 2010, Rad.: 17.493; Auto del 9
de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad.: 22.205; Autos de 1 de
febrero de 2012, Rad.: 41.660; Sentencia de 21 de noviembre de 2012, Rad.: 45.094; Sentencia de
14 de agosto de 2013, Rad.: 46.124, entre muchas otras.
23 Fl. 267 a 270, C.1.y Fl. 5 a 8 C.2.
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celebrar la conciliación dentro del término de 3 meses dispuestos por el artículo 2024
de la Ley 640 de 200125; y vi) que la demanda de reparación directa se interpuso el
13 de octubre de 2017.
Asimismo, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por falta de
vinculación de los demandantes al trámite de la segunda acción de tutela
interpuesta por el BBVA Colombia S.A. no se ejerció en tiempo, es decir, dentro del
término legal de dos (2) años, teniendo en cuenta: i) que la vinculación al proceso
constitucional tenía lugar mediante el auto admisorio de la demanda, proferido el 7
de abril de 2015, el cual, con certeza, fue conocido por los demandantes el 29 de
abril de 2015, fecha en la que estos presentaron el respectivo escrito de defensa
(hechos probados 7.1.17. y 7.1.21); ii) que el 9 de junio de 2017, es decir cuando el
término de caducidad había fenecido, el demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 142 Judicial II para Asuntos
Administrativos, iii) que el 14 de septiembre de 2017 esta entidad hizo constar26 que
no fue posible celebrar la conciliación dentro del término de 3 meses dispuestos por
el artículo 2027 de la Ley 640 de 200128; y iv) que la demanda de reparación directa
se interpuso el 13 de octubre de 2017.
Por otro lado, en lo que atañe al error judicial alegado frente a las sentencias de
tutela proferidas el 15 de abril y el 22 de julio de 2015, en su orden, por el Tribunal
Superior de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia, se advierte que estas
adquirieron ejecutoria tres días hábiles después a su notificación29. Sin embargo,
en el plenario no obra constancia de la fecha de notificación ni de ejecutoria.
24 “Artículo 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. […] en todo caso, tendrá que
surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. […]”
25 Inciso 3º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001: “El requisito de procedibilidad se entenderá
cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando
vencido el término previsto en el inciso 1 del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere
celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción
con la sola presentación de la solicitud de conciliación.”
26 Fl. 267 a 270, C.1.y Fl. 5 a 8 C.2.
27 “Artículo 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. […] en todo caso, tendrá que
surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. […]”
28 Inciso 3º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001: “El requisito de procedibilidad se entenderá
cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando
vencido el término previsto en el inciso 1 del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere
celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción
con la sola presentación de la solicitud de conciliación.”
29 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 10 de diciembre de 1993. “Las providencias quedan
ejecutoriadas después de tres días de notificadas cuando carecen de recursos, como es el caso de
las sentencias de tutela de segundo grado. Lo anterior se explica porque, dentro del plazo de esos
tres días, los interesados pueden pedir la aclaración o complementación de la providencia, con lo
cual su ejecutoria se pospondrá hasta el momento en que, a su turno, quede ejecutoriada la
providencia que resuelva sobre la aclaración o complementación. Así, no habiendo solicitud de
aclaración o complementación -lo que ocurrió en el presente caso-, pasados los tres días de la
ejecutoria, para el juez que conoció de la segunda instancia de la acción de tutela empieza a correr
un término de diez días, en el cual debe proceder a enviar el expediente a la Corte Constitucional
para su revisión.”
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No obstante, se estima que el derecho de accionar las pretensiones por error judicial
frente a dichas providencias se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años
para el vencimiento de la acción, teniendo en cuenta: i) que las sentencias de tutela
objeto del error judicial alegado en la demanda datan del 15 de abril y el 22 de julio
de 2015, siendo esta última la decisión de segunda instancia (hechos probados
7.1.21. y 7.1.27.), de manera que su notificación y ejecutoria debió ser posterior,
pero si se admitiera el 22 de julio de 2015 como extremo inicial para el computo de
la caducidad, el término se extendería hasta el 23 de julio de 2017; ii) que el 9 de
junio de 2017 el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 142 Judicial II para Asuntos Administrativos, iii) que el 14 de
septiembre de 2017 esta entidad hizo constar30 que no fue posible celebrar la
conciliación dentro del término de 3 meses dispuestos por el artículo 2031 de la Ley
640 de 200132, de manera que el plazo para interponer las pretensiones de
reparación directa se suspendió hasta el 9 de septiembre de 2017 y se reanudó el
23 de noviembre de 2017; y iv) que la demanda de reparación directa se interpuso
el 13 de octubre de 2017.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis33.
4.1. Rafael Antonio Fragoso y Víctor Ponce Parodi son las personas sobre las que
recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la
causa por activa, ya que ambos actuaron en calidad de incidentantes dentro del
trámite de regulación de perjuicios (hecho probado 7.1.6., 7.1.7., 7.1.21. y 7.1.23)34,
el primero como demandado dentro del proceso ejecutivo principal y, el segundo,
aduciendo la condición de cesionario de derechos litigiosos dentro del incidente de
30 Fl. 267 a 270, C.1.y Fl. 5 a 8 C.2.
31 “Artículo 20. Audiencia de conciliación extrajudicial en derecho. […] en todo caso, tendrá que
surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la presentación de la solicitud. […]”
32 Inciso 3º del artículo 35 de la Ley 640 de 2001: “El requisito de procedibilidad se entenderá
cumplido cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando
vencido el término previsto en el inciso 1 del artículo 20 de esta ley la audiencia no se hubiere
celebrado por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a la jurisdicción
con la sola presentación de la solicitud de conciliación.”
33 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
34 Al efecto la demanda de reparación directa aduce una cesión de derechos litigiosos a favor de
Víctor Ponce Parodi.
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liquidación de perjuicios que fue declarado ineficaz por las sentencias de tutela
objeto del error judicial alegado en la demanda, proferidas el 15 de abril y el 22 de
julio de 2015, en su orden, por el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte Suprema
de Justicia (hecho probado 7.1.21. y 7.1.27.).
4.2. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por la Rama Judicial de conformidad con los criterios señalados por
la jurisprudencia de esta Sección35, pues el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte
Suprema de Justicia profirieron las providencias cuyo error judicial alega la
demanda.
5. Problema jurídico
La Sala determinará si las sentencias de tutela proferidas el 15 de abril y el 22 de
julio de 2015, en su orden, por el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte Suprema
de Justicia adolecen del error judicial enrostrado en la demanda y reiterado en el
recurso de apelación.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado, el desarrollo jurisprudencial frente al
régimen de responsabilidad por error judicial y el principio de cosa juzgada en las
acciones de tutela.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199136 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
35 Al respecto ver auto del 25 de septiembre de 2013, Exp.: 20420, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C.
36 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
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ley o el derecho37, que contraría el orden legal38 o que está desprovista de una
causa que la justifique39, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida40, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros41.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional
En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:
“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”
37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
38 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
40 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad42.
En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 43 y que
causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.
El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”44. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”45
Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
42 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de
noviembre de 2001. Rad.: 13164.
44 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de
Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
45 Ibídem
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los recursos ordinarios46 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido
aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima47 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.
Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.
Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.
Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso48, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
46 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación
manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
47 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
48Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
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de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,
así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.
De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación49, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejó de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada50 o; viii) actuó sin competencia.
Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.
49 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23
de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
50 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27
de abril de 2006. Rad.: 14837.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
6.3. El principio de cosa juzgada en las acciones de tutela
Debe advertirse que el principio de cosa juzgada ha sido definido como “una
institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en
una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes
y definitivas” 51, con el propósito de dotar de seguridad jurídica la definición de los
asuntos puestos bajo el conocimiento de la jurisdicción.
Así, “la cosa juzgada tiene como función negativa, prohibir a los funcionarios
judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto, y como función positiva, dotar de
seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico.”52. En otras palabras,
los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal
derivado de la voluntad del Estado, imposibilitando que los funcionarios judiciales y
las partes vuelvan a entablar el mismo litigio.
Ahora bien, debe igualmente indicarse que una providencia pasa a ser cosa juzgada
frente a otra cuando existe identidad de objeto53, de causa petendi54 y de partes55.
Particularmente, respecto de las decisiones proferidas en sede de tutela la
sentencia C-649 de 2011 estableció que estas hacen tránsito a cosa juzgada
constitucional cuando la Sala encargada de hacer la selección para que se surta la
revisión eventual “decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior
confirmatoria o revocatoria”56.
De esta forma, si un expediente de tutela es excluido de selección, ello acarrea “(i)
la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda instancia; (ii) la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de las sentencias de
instancia (ya sea la única o segunda instancia), que hace la decisión inmutable e
inmodificable57, salvo en la eventualidad de que la sentencia sea anulada por parte
51 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001.
52 Ibidem.
53 “(…) [E]s decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la
cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
54 “(…) [E]s decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.” Sentencia C-774 de 2001.
55 “(…) [E]s decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige
que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.”
Sentencia C-774 de 2001.
56 Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011.
57 Corte Constitucional, sentencia T-813 de 2010.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley; y (iii) la improcedencia
de tutela contra tutela”58. Por el contrario, cuando la tutela es seleccionada por la
Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la ejecutoria del fallo que se
profiere en sede de revisión59.
También ha de señalarse que la cosa juzgada constitucional puede desvirtuarse si
la nueva solicitud de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido
analizados previamente por el juez, o cuando al interponer la primera acción el
peticionario no conocía -y no podía conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos
para sustentarla60.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 14 de noviembre de
2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó de las
pretensiones de la demanda, la parte actora insistió en la configuración de la
responsabilidad de la Rama Judicial, advirtiendo la configuración del daño
antijuridico y del error jurisdiccional invocados en la demanda.
En este sentido, y comoquiera que sólo los demandantes presentaron recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 14 de noviembre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso (en adelante CGP), se resolverá el asunto sub lite
en aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso61. Por ello, a
continuación, se analizará si las sentencias de tutela proferidas el 15 de abril y el 22
de julio de 2015, en su orden, por el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte
Suprema de Justicia adolecen del error judicial reprochado en la demanda y
reiterado en el recurso de apelación.
58 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.
59 Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2013.
60 Corte Constitucional, sentencia T-560 de 2009.
61 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
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Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si se encuentran acreditados los elementos que estructuran
la responsabilidad del Estado.
7.1. Hechos Probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que se les otorgará valor a las pruebas
documentales presentadas en copia simple, en virtud de lo dispuesto en el artículo
246 del CGP62.
En este orden de ideas, se evidencia que, de conformidad con los medios
probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los
siguientes hechos:
7.1.1. Se probó que entre el 12 de agosto de 1997 y el 18 de noviembre de 2004, el
Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar tramitó el proceso ejecutivo
singular de mayor cuantía impetrado por Leasing Ganadero S.A. (hoy Banco BBVA
Colombia S.A.63) contra Guillermo Augusto Lora Ramírez, Henry Ustariz Guerra y
Rafael Antonio Fragoso. En el trámite de la ejecución, el juzgado de conocimiento
libró orden de pago a favor del ejecutante y en contra de los ejecutados por la suma
de $670.000.000 más los intereses corrientes y moratorios a que hubiera lugar y
ordenó el embargo de los bienes y cuentas bancarias de los ejecutados, quienes
propusieron, entre otras, la excepción de inexistencia probatoria del título valor por
falta de pago del impuesto de timbre requerido por el artículo 540 del Estatuto
Tributario. Lo anterior consta en las copias simples del escrito de solicitud del
incidente de regulación de perjuicios64, del mandamiento de pago65, del escrito de
excepciones66, de la mencionada sentencia de primera instancia67 y del también
referido escrito de apelación68.
62 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del
original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia. Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente.”
63 La sentencia proferida el 30 de octubre de 2014 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San
Juan del Cesar hizo constar que el 30 de octubre de 1998, mediante escritura pública No. 2886 de
la Notaría 47 de Bogotá, Leasing Ganadero S.A. fue fusionada y absorbida por el Banco Ganadero
S.A. Posteriormente, en fecha indeterminada, el Banco Ganadero S.A. fue adquirido por el Banco
Bilbao Vizcaya BBVA, entidad que opera bajo la razón social Banco BBVA Colombia S.A.
64 Fl. 60 a 78, C.2.
65 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
66 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
67 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
68 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
7.1.2. Se demostró que el 18 de noviembre de 2004, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar profirió sentencia de primera instancia en la que
desestimó las excepciones propuestas por los ejecutados, ordenó seguir adelante
con la ejecución, evaluar y rematar los bienes embargados, practicar la liquidación
del crédito y condenar en costas a la parte vencida, que interpuso el correspondiente
recurso de apelación. Lo anterior consta en las copias simples del escrito de
solicitud del incidente de regulación de perjuicios69, del mandamiento de pago70, del
escrito de excepciones71, de la mencionada sentencia de primera instancia72 y del
también referido escrito de apelación73.
7.1.3. Está demostrado que el 26 de enero de 2007, en el trámite de la segunda
instancia del proceso ejecutivo principal, el apoderado sustituto del ejecutante
presentó renuncia irrevocable y motivada al mandato otorgado por Banco BBVA
Colombia S.A. Lo anterior consta en la copia simple de la sentencia de tutela de 17
de marzo de 2015, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia74.
7.1.4. Quedó establecido que el 11 de marzo de 2009, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Riohacha remitió a las oficinas del Banco BBVA Colombia S.A.
las comunicaciones que le informaban la renuncia de su apoderado sustituto. Las
comunicaciones se remitieron a las oficinas del Banco BBVA Colombia S.A., a
nombre del apoderado principal, quien para esta fecha se había desvinculado del
banco. Lo anterior consta en la copia simple de la sentencia de tutela de 17 de
marzo de 2015, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia75.
7.1.5. Está demostrado que el 2 de diciembre de 2009, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Riohacha resolvió revocar la sentencia del 18 de noviembre de
2004, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan de Cesar. La
decisión se fundamentó en que la ejecutante no dio cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 540 del Estatuto Tributario, de manera que el titulo ejecutivo adolecía de
valor probatorio. En consecuencia, este tribunal condenó al ejecutante a pagar los
perjuicios sufridos por los ejecutados, con ocasión del trámite ejecutivo y con las
69 Fl. 60 a 78, C.2.
70 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
71 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
72 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
73 Fl. 85. CD Anexos a la demanda.
74 Fl. 89 a 100, C.2.
75 Fl. 89 a 100, C.2.
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medidas cautelares allí decretadas, así como las costas judiciales de primera
instancia. Lo anterior consta en la copia simple en la sentencia referida76.
7.1.6. Se demostró que 21 de abril de 2010, Víctor Ponce Parodi, actuando en
nombre propio y como apoderado de Rafael Antonio Fragoso le solicitó al Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar que iniciara el trámite de regulación
de los perjuicios reconocidos en la sentencia de 2 de diciembre de 2009 por el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha. La parte actora fijó la solicitud de
perjuicios en la suma inicial de $1.402.461.673, advirtiendo que a ella debían
sumarse los perjuicios morales y el lucro cesante que se causara con posterioridad
a la petición incidental. Lo anterior consta en las copias simples de la mencionada
solicitud77 y de auto de regulación de perjuicios del 30 de octubre de 2014 por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar78.
7.1.7. Está demostrado que el 3 de junio de 2010, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de San Juan del Cesar admitió el trámite de regulación de perjuicios propuesto por
Rafael Antonio Fragoso y Víctor Ponce Parodi. En consecuencia, ordenó correr
traslado al Banco BBVA Colombia S.A. por el término de 3 días y conformar el
cuaderno incidental separado. Lo anterior consta en la copia simple de auto de
regulación de perjuicios del 30 de octubre de 2014 por el Juzgado Promiscuo del
Circuito De San Juan del Cesar79.
7.1.8. Consta que el 30 de octubre de 2014, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
San Juan del Cesar profirió el auto de regulación de perjuicios por medio del cual
condenó al Banco BBVA Colombia S.A. a pagar a favor de Rafael Antonio Fragoso
las sumas de $1.402.461.673 correspondientes al lucro cesante consolidado desde
enero de 1998 hasta febrero de 2010; $531.968.600, correspondientes al lucro
cesante consolidado desde marzo del 2010 hasta octubre de 2014 y; $6.160.000,
por concepto de los perjuicios morales causados con el proceso ejecutivo principal.
Lo anterior consta en la copia simple de la mencionada sentencia80.
7.1.9. Está demostrado que el 12 de noviembre de 2014, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar libró mandamiento de pago a favor de Augusto
Guillermo Lora, Henry Ustariz Guerra, y Rafael Antonio Fragoso contra Banco BBVA
76 Fl. 11 a 28, C.2.
77 Fl. 60 a 78, C.2.
78 Fl. 79 a 88, C.2.
79 Fl. 79 a 88, C.2.
80 Fl. 79 a 88, C.2.
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Colombia S.A. por la suma total de $2.661.487.895, más los intereses de mora que
se liquidara. Lo anterior consta en la copia simple de la señala providencia81.
7.1.10. Quedó probado que el 3 de diciembre de 2014, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar profirió el auto que ordenó seguir adelante la
ejecución de los valores ordenados en contra de Banco BBVA Colombia S.A., así
como ordenó la liquidación del crédito y condenó en costas al Banco que en esta
instancia fungía como ejecutado, señalando como agencias en derecho el 6% de
pago total ordenado. Lo anterior consta en la copia simple de la señalada
providencia82.
7.1.11. Quedó establecido que el 15 de diciembre de 2014, el Juzgado Promiscuo
del Circuito de San Juan del Cesar decretó el embargo y retención de los dineros
que BBVA a Colombia S.A. tenía depositados en cuentas corrientes o de ahorros,
del Banco de la República o del mismo BBVA Colombia S.A, hasta por
$3.000.000.000. Lo anterior consta en la copia simple de la mencionada decisión 83.
7.1.12. Está demostrado que el 20 de enero de 2015, mediante comunicaciones
dirigidas al gerente del Banco BBVA Colombia S.A. y el Banco de la República,
estas entidades fueron enteradas del embargo decretado en contra de Banco BBVA
Colombia S.A. por la suma de $3.000.000.000. Lo anterior consta en la copia simple
de la mencionada decisión84.
7.1.13. Consta que el 24 de febrero de 2015, el Banco BBVA Colombia S.A.
presentó incidente de nulidad contra la sentencia proferida el 2 de diciembre de
2009 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha. Lo anterior consta en
la copia simple de la sentencia de tutela de 17 de marzo de 2015, proferida por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia85.
7.1.14. Está demostrado que el 3 de marzo de 2015, el Banco BBVA Colombia S.A.
interpuso acción de tutela (tutela No. 1) contra el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Riohacha. El accionante peticionó la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y defensa técnica que consideró vulnerados con
la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2009 por la autoridad accionada.
81 Fl. 228 a 231, C.2.
82 Fl. 232 a 233, C.2. Sí
83 Fl. 41, CD Anexos a la demanda.
84 Fl. 41, CD Anexos a la demanda.
85 Fl. 89 a 100, C.2.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
En la demanda de amparo constitucional, el Banco BBVA Colombia S.A.: i) solicitó
dejar sin efecto la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2009 por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha, argumentando que para la fecha del
pronunciamiento su apoderado judicial sustituto había renunciado al mandato, de
manera que el Banco, en su calidad de ejecutante, no tenía quién representara sus
intereses; ii) aseguró que no había sido notificado de la renuncia de su apoderado,
toda vez que las comunicaciones remitidas por la autoridad judicial para tal fin fueron
radicadas en las oficinas del Banco BBVA Colombia S.A., pero a nombre del
apoderado principal, quien para este momento no laboraba en el establecimiento
bancario, de manera que la correspondencia no llegó a su destinatario y el Banco
BBVA Colombia S.A. no contaba con autorización para abrirla; iii) indicó que solo
tuvo conocimiento de la decisión impugnada por vía de tutela “en la última semana
del mes de febrero […] cuando le fue embargada una suma de dinero equivalente
a $3.000.000.000”; iv) acusó que la decisión impugnada por vía de tutela incurrió en
vía de hecho por falta de motivación y porque aplicó el artículo 540 del Estatuto
Tributario, que había sido retirado del ordenamiento por la Corte Constitucional y
advirtió que el 24 de febrero de 2015 había formulado un incidente de nulidad contra
dicha decisión, pero afirmó que interpuso la solicitud de amparo constitucional con
el fin de evitar un perjuicio irremediable. Todo lo anterior consta en la copia simple
de la sentencia de tutela de 17 de marzo de 2015, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia86.
7.1.15. Está acreditado que, en fecha indeterminada, Víctor Ponce Parodi, en
calidad de apoderado de los ejecutados, contestó la demanda de tutela No. 1
ejercida en contra del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, aduciendo
que el banco accionante tuvo conocimiento de la renuncia de su abogado sustituto
el 19 de abril de 2010, cuando contestó la demanda laboral que este le formuló. Lo
anterior consta en la copia simple de la sentencia de tutela de 17 de marzo de 2015,
proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia87.
7.1.16. Se probó que el 17 de marzo de 2015, mediante sentencia de tutela No. 1,
la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la
acción de tutela impetrada por Banco BBVA Colombia S.A. contra el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Riohacha. En sustento de su decisión, el juez
constitucional consideró: i) no acreditado el requisito de subsidiaridad de la acción,
toda vez que el accionante contaba con el incidente de nulidad presentado dentro
del trámite del proceso ejecutivo y este no demostró un perjuicio irremediable que
86 Fl. 89 a 100, C.2.
87 Fl. 89 a 100, C.2.
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justificara la intervención del juez de constitucional; ii) no acreditado el requisito de
inmediatez de la tutela, pues la decisión aducida como lesiva a los derechos del
accionante fue proferida el 2 de diciembre de 2009 y la demanda constitucional tuvo
lugar el 3 de marzo de 2015 “sin que sea de recibo la alegación formulada en torno
al supuesto desconocimiento del trámite -a consecuencia de la forma en que fue
notificada la renuncia del apoderado sustituto -, toda vez que […] la corte aprecia
que por lo menos desde el 19 de abril de 2010 […] la entidad financiera accionante
conoció de la renuncia de su abogado sustituto […] pues en dicha fecha contestó la
demanda laboral interpuesta por éste […] de manera que se infiere que desde esa
data el Banco BBVA S.A. debió acudir al trámite ejecutivo cuestionado para
enterarse del estado en que se encontraba, circunstancia que denota no solamente
su falta de diligencia en la vigilancia del litigio acusado sino que reafirma la carencia
del presupuesto de inmediatez.”. Todo lo anterior consta en la copia simple de la
referida sentencia de tutela88.
7.1.17. Está demostrado que en abril de 2015 (sic), el Banco BBVA Colombia S.A.
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Promiscuo del Circuito de San
Juan del Cesar, en procura de la protección de los derechos al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró lesionados
en el trámite del incidente de regulación de perjuicios surtido en su contra. Solicitó
que se dejara sin efecto el trámite incidental, que se ordenara rehacer dicha
actuación y que se declarara ineficaz la ejecución de la condena allí impuesta.
En sustento de sus pretensiones el accionante sostuvo que: i) el incidente de
liquidación de perjuicios "nunca fue formalmente iniciado", porque el proveído de 3
de junio de 2010 que admitió el trámite lo denominó “incidente de regulación de
honorarios”, lo cual inducía a error; ii) que fue privado de la oportunidad de contestar
la solicitud de regulación de perjuicios, de pedir y controvertir pruebas, recurrir la
decisión y, en general, de ejercer su derecho de defensa frente a la regulación de
perjuicios, porque el profesional del derecho que representaba sus intereses dentro
del proceso ejecutivo principal había renunciado al mandato y el accionante no
había sido notificado de esta situación; iii) que la providencia que decidió el incidente
de regulación de perjuicios tuvo como fundamento un dictamen pericial que no fue
decretado en debida forma dentro del procedimiento incidental, de manera que se
desconocieron de los artículos 174, 177 y 183 del C.P.C., al respecto argumentó la
configuración de los defectos sustantivo y procedimental de la decisión que puso fin
al trámite incidental y; iv) que tuvo conocimiento de la existencia del incidente de
regulación de perjuicios y de la providencia proferida en su contra, mediante el oficio
88 Fl. 89 a 100, C.2.
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No. 590 que le comunicó la medida cautelar al Banco de la República. Todo lo
anterior consta en las copias simples de las sentencias proferidas el 15 de abril de
2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha89 y el 22 de julio de
2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia90
7.1.18. Quedó establecido que el 7 de abril de 2015, el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Riohacha admitió la acción de tutela y ordenó vincular a los señores
Guillermo Augusto Lora Ramírez, Henry Ustariz Guerra y Rafael Antonio Fragozo,
con el respectivo traslado de las piezas procesales aportadas con la demanda de
amparo. Igualmente ordenó requerir la remisión de los cuadernos que contenían el
incidente de regulación de perjuicios. Lo anterior consta en la sentencia proferida el
15 de abril de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha91.
7.1.19. Se demostró que, en fecha indeterminada, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar rindió informe dentro del proceso de tutela
solicitando que se declarara improcedente. Lo anterior consta en la sentencia
proferida el 15 de abril de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Riohacha92.
7.1.20. Está demostrado que el 15 de abril de 2015, el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Riohacha, mediante sentencia de tutela de primera instancia, amparó el
derecho fundamental al debido proceso del Banco BBVA Colombia S.A. vulnerado
en el trámite de regulación de perjuicios surtido por el Juzgado Promiscuo del
Circuito de San Juan del Cesar.
La decisión de tutela: i) declaró la ineficacia del trámite incidental desde el auto
admisorio del 3 de junio de 2010 y hasta la decisión de 30 de octubre de 2014 que
condenó al accionado; ii) declaró la ineficacia de la etapa de ejecución de la decisión
de 30 de octubre de 2014;iii) ordenó al Juez Promiscuo del Circuito de San Juan del
Cesar que dentro de los 3 días siguientes profiriera la decisión de admisión,
inadmisión o rechazo de la solicitud incidental de regulación de perjuicios, mediando
el estudio del escrito petitorio y de sus anexos, y motivando la decisión y iv) ordenó
compulsar copias de la providencia de tutela a la Sala Administrativa y Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y a
la Fiscalía Especializada de Riohacha, para que en la órbita de sus competencias
89 Fl. 101 a 119, C.2.
90 Fl. 149 a 163, C.2.
91 Fl. 101 a 119, C.2.
92 Fl. 101 a 119, C.2.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
adoptaran las decisiones pertinentes frente a la actuación del incidentante y su
apoderado y del juez de conocimiento.
7.1.21. Está probado que el 29 de abril de 2015, Víctor Ponce Parodi, actuando en
nombre propio y como apoderado de Rafael Antonio Fragoso, presentó ante el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha el escrito en el que solicitó que
“se declar[ara] la ineficacia, o la cesación de los efectos, de la sentencia proferida
en la acción de tutela […] en fecha abril 15 de 2015”. En sustento de su petición
afirmó la existencia de cosa juzgada, dada la decisión emitida el 17 de marzo de
2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo propuesta el 3 de marzo de 2015. Afirmó
la temeridad del accionante configurada en la duplicidad de la acción constitucional
y en la falta de notificación del trámite a los ejecutados Guillermo Augusto Lora
Ramírez, Henry Ustariz Guerra y Rafael Antonio Fragoso. Lo anterior consta en la
copia simple del referido escrito93.
7.1.22. Quedó establecido que, mediante sentencia complementaria, el 27 de abril
de 2015 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, resolvió las peticiones
expuestas por Víctor Ponce Parodi contra la sentencia del 15 de abril de 2015. En
esta oportunidad, el mencionado tribunal rechazó por improcedente la súplica de
ineficacia de la sentencia y ordenó compulsar copias de la providencia a la Junta
Central de Contadores para que investigara la actuación ejercida por el perito que
suscribió la experticia que fundamentó el auto de regulación de perjuicios del 30 de
octubre de 2014. Lo anterior consta en la copia simple de la referida decisión94.
7.1.23. Está demostrado que, en fecha indeterminada, Víctor Ponce Parodi,
actuando en nombre propio y como apoderado de Rafael Antonio Fragoso, presentó
escrito de impugnación contra la sentencia de tutela No. 2 proferida el 15 de abril
de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha. En sustento de la
alzada los recurrentes afirmaron: i) que la decisión fue proferida con
desconocimiento del requisito de inmediatez de la acción de tutela, elemento este
que debía valorarse con el criterio fijado en la sentencia de tutela No. 1 de 17 de
marzo de 2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; ii)
que se había configurado la cosa juzgada contenida en la sentencia de 17 de marzo
de 2015 que declaró la improcedencia del amparo constitucional; iii) que existía
temeridad en la acción de tutela, en razón a la existencia de otro trámite con
93 Fl. 120 a 140, C.2.
94 Fl. 41, CD Anexos a la demanda.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
idénticas pretensiones y; iv) que existía falta de subsidiaridad de la acción. Todo lo
anterior consta en la copia simple del referido escrito95.
7.1.24. Consta que el 26 de mayo de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Riohacha profirió el auto por medio del cual ordenó el levantamiento de las medidas
cautelares decretadas en el trámite del incidente de regulación de perjuicios, en
cumplimiento a la sentencia de 15 de abril de 2015 del Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Riohacha. Lo anterior consta en la copia simple de la decisión
mencionada96.
7.1.25. Se demostró que el 26 de mayo de 2015, el Juzgado Promiscuo del Circuito
de Riohacha profirió el auto por medio del cual admitió el incidente de regulación de
perjuicios promovido por Rafael Antonio Fragoso y su apoderado en contra de
Banco BBVA Colombia S.A. Esta decisión ordenó correr traslado al incidentado
Banco BBVA Colombia S.A. Lo anterior consta en la copia simple de la decisión
mencionada97.
7.1.26. Se probó que, mediante sentencia de tutela No. 2, el 22 de julio de 2015, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de
tutela proferida el 15 de abril de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Riohacha. En sustento en su decisión, el alto tribunal indicó que: i) el juez
constitucional solo podía intervenir los asuntos judiciales ordinarios ante la violación
de los derechos fundamentales de una de las partes, como se advertía en el caso
puesto bajo su conocimiento, al analizar las providencias y demás piezas procesales
emitidas en el trámite del incidente de regulación de perjuicios, invocado como
epicentro del agravio; ii) que el trámite incidental era de regulación de perjuicios,
pero se adelantó como uno de regulación de honorarios, sin que se observara
corrección o pronunciamiento alguno frente a esta imprecisión; iii) que el trámite
incidental fue decidido con vulneración del debido proceso porque al incidentado no
se le otorgó oportunidad de defensa; iv) que el auto de regulación de perjuicios del
30 de octubre de 2014 no hizo un examen crítico de las pruebas, como lo exigían
los artículos 175, 187, 303 y 304 del C.P.C., de manera que el mencionado auto
incurrió en falta de motivación constitutiva de una vía de hecho configurativa de un
defecto fáctico que ameritaba la protección constitucional dispuesta en la sentencia
de 15 de abril de 2015 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha;
v)que se tenía satisfecho el principio de inmediatez porque el trámite incidental
95 Fl. 141 a 148, C.2.
96 Fl. 164 a 167, C.2.
97 Fl. 164 a 167, C.2.
31
Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
finalizó el 30 de octubre de 2014 y la demanda de tutela se presentó en abril de
2015, periodo que estimó razonable; vi) que no tenía lugar la temeridad alegada por
los impugnantes Víctor Ponce Parodi y Rafael Antonio Fragoso , toda vez que la
tutela No. 1 decidida en sentencia de 17 de marzo de 2015 de la misma Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se dirigió contra el proceso ejecutivo
que culminó con la sentencia de 2 de diciembre de 2009, mientras que en esta
oportunidad (tutela No. 2) el objeto del amparo puesto bajo su conocimiento recaía
sobre el trámite incidental de regulación de perjuicios y las decisiones allí
adoptadas; vii) que la posible nulidad por falta de notificación del auto que admitió
la solicitud de amparo (tutela No. 2) interpuesta contra el incidente de regulación de
perjuicios, quedó saneada con la notificación que posteriormente se hiciera y con
las intervenciones de los impugnantes al interior del proceso constitucional y; viii)
que los demás aspectos alegados en la solicitud de ineficacia de la sentencia
constitucional (tutela No. 2) de 15 de abril de 2015 “fueron resueltos en oportunidad
por el tribunal”. Todo lo anterior consta en la copia simple de la sentencia proferida
el 22 de julio de 2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia98.
7.1.26. Está acreditado que, en fecha indeterminada, Víctor Ponce Parodi le solicitó
a la Defensoría del Pueblo que acudiera a la Corte Constitucional para solicitar la
revisión de la sentencia de tutela proferida el 22 de julio de 2015 por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior consta en el oficio de 25
de agosto de 2015 cuna del Defensor del Pueblo Regional Cesar99.
7.1.27. Quedó probado que, en fecha indeterminada, Víctor Ponce Parodi, actuando
en nombre propio y como apoderado de Rafael Antonio Fragoso, mediante escrito,
le advirtió a la Corte Constitucional que las sentencias proferidas el 17 de abril y 22
de julio de 2015, en su orden, por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Riohacha y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desconocieron
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
Justicia y vulneraron el principio de cosa juzgada. Concluyó que estas decisiones
concedieron una acción de tutela manifiestamente improcedente, por falta del
requisito de subsidiariedad por cuanto no se había agotado el ejercicio previo de los
medios ordinarios de defensa, así como sostuvo que el amparo constitucional se
ejerció a espaldas de los demandantes, ya que no se les notificó de la primera
98 Fl. 149 a 163, C.2.
99 Fl. 174 a 175, C.2.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
instancia. Reiteró la temeridad de la acción de tutela por la duplicidad de las
solicitudes. Lo anterior consta en la copia simple del mencionado escrito 100.
7.2. Ausencia de error judicial
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado está dado por la pérdida del
título ejecutivo – sentencia judicial ejecutoriada que liquidó el incidente de regulación
de perjuicios, la cual contenía un derecho patrimonial reconocido a favor de los
demandantes por la suma de $3.000.000.000 y quedó sin efecto en razón a las
sentencias de tutela objeto del error judicial aludido en la demanda.
Ahora bien, de cara al alegado error judicial es menester destacar lo dispuesto en
el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, según el cual, para que sea procedente
reclamar una indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el afectado
debe haber interpuesto los recursos de ley contra la providencia a la cual se acusa
de contener el yerro y que tal providencia se encuentre en firme.
De acuerdo con lo anterior, se observa que en el caso sub examine se cumplen los
presupuestos para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional frente
a la sentencia de tutela del 15 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Riohacha. Lo anterior, teniendo en cuenta que, aunque se trata
de una providencia de primera instancia que no se encontraba en firme, en materia
de fallos de tutela de primera instancia el requisito de ejecutoria no es aplicable de
forma literal, toda vez que se trata de decisiones a las que se les debe dar
inmediato cumplimiento aun cuando sean impugnadas101, de suerte que
producen efectos durante su vigencia y existe de esta manera la posibilidad de que
se cause un daño susceptible de indemnización, sobre lo cual esta Corporación ha
señalado que es posible reclamar, frente a ellas, un error jurisdiccional, siempre y
cuando se hayan interpuesto los recursos ordinarios de ley102, como aconteció en
el presente caso (hechos probados 7.1.20., 7.1.21., 7.1.22. y 7.1.23.).
Es así que, en el caso de autos se advirtió que el 26 de mayo de 2015, el Juzgado
Promiscuo del Circuito de Riohacha profirió el auto por medio del cual ordenó el
100 Fl. 218 a 228, C.2.
101 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 31 del Decreto 2591 de 1991, que disponen
lo siguiente: “Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirla sin demora” y “Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá
ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean
impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.” (Se resalta)
102 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Subsección A, sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:
46929, Subsección B, sentencia del 14 de febrero de 2018, Rad.: 43.735 y Subsección C, sentencia
del 18 de junio de 2021, Rad.: 42322.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el trámite del incidente de
regulación de perjuicios y admitió nuevamente el incidente de regulación de
perjuicios promovido por Rafael Antonio Fragoso y su apoderado en contra de
Banco BBVA Colombia S.A., ordenando correr traslado al incidentado Banco BBVA
Colombia S.A. Lo anterior en cumplimiento y por efecto de lo dispuesto en la
sentencia de tutela del 15 de abril de 2015 proferida por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Riohacha.
Ahora, es igualmente importante advertir que en el caso de autos la decisión de 15
de abril de 2015 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha
fue confirmada, en todas sus partes por la sentencia de tutela del 22 de julio de 2015
proferida en segunda instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema
de Justicia, que puso fin a la tutela No. 2 impetrada por el Banco BBVA Colombia
S.A.
Sin embargo, en el caso de autos debe advertirse que por tratarse de una sentencia
de tutela era procedente la eventual revisión de la Corte Constitucional103,
gestionada por los demandantes, primero, ante la Defensoría del Pueblo,
suplicando su intervención para la solicitud de selección ante el Tribunal
Constitucional y, segundo, mediante solicitud directa elevada ante la Corte
Constitucional, por los demandantes, argumentando la transgresión de sus
derechos fundamentales (7.1.26. y 7.1.27.).
No obstante, en el sub examine no obra prueba de que el asunto hubiera sido
seleccionado para su eventual revisión, hecho este, bien vale advertirlo, es
indicativo de que la Corte Constitucional no consideró configurados los criterios
orientadores de selección fijados por artículo 52104 el Acuerdo 02 de 2 de julio de
103 Corte Constitucional, sentencia C1716 de 12 de diciembre de 2000. “El artículo 86 de la
Constitución consagra la revisión eventual, por esta Corte, de las decisiones proferidas por los jueces
en materia de tutela. […] La Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de
la Carta Política, verifica la conformidad de esas determinaciones con los principios y fundamentos
de la Constitución Política, con el objeto de unificar la jurisprudencia y para trazar pautas doctrinales
que permitan la solución, con arreglo a los mandatos supremos, de posteriores casos, similares a
los ya vistos. […] El objetivo del análisis que emprende la Corte es el de arrojar luz sobre el alcance
y contenido sistemático de las normas fundamentales relativas a derechos de esa misma índole,
formulando las directrices de interpretación y aplicación que han de ilustrar sucesivas decisiones
judiciales. Ello, a propósito de los casos escogidos, que son paradigmas de los cuales parte la Corte
para establecer su doctrina constitucional y la jurisprudencia. […] si el caso tomado por la Corte como
ejemplo para sentar su doctrina ha sido resuelto en contravía de la Constitución, es preciso que
corrija la providencia dictada y, asumiendo el papel de juez de tutela en concreto, disponga lo
necesario para ajustar la decisión a la Carta Política.”
104 “Artículo 52. Criterios Orientadores de Selección. Sin perjuicio del carácter discrecional de la
selección de fallos de tutelas y ante la inexistencia constitucional de un derecho subjetivo a que un
determinado caso sea seleccionado, la Corte se guiará por los siguientes criterios orientadores: a)
Criterios objetivos: unificación de jurisprudencia, asunto novedoso, necesidad de pronunciarse sobre
una determinada línea jurisprudencial, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
2015105, a saber, la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea
jurisprudencial, de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental o de
establecer la posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte
Constitucional – criterio objetivo -. Igualmente, la falta de selección para la eventual
revisión es indicativa de la inexistencia de “urgencia de proteger un derecho
fundamental” – criterio subjetivo- o de un posible evento de corrupción – criterio
complementario-.
Pese a lo anterior, los demandantes insisten en que se incurrió en desconocimiento
de la cosa juzgada contenida en la sentencia de 17 de marzo de 2015 de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con las providencias del 15 de abril
de 2015 y 22 de julio de 2015, proferidas en su orden por el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Riohacha y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, está última que confirmó la anterior.
Así las cosas, el análisis de los cargos se centrará en la decisión de 22 de julio de
2015 la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que esta
confirmó la anterior y puso fin al trámite de amparo - tutela No. 2 impetrada por el
Banco BBVA Colombia S.A.
Siendo esto así, en el punto 6.3 de esta providencia, además de definirse el principio
de cosa juzgada y establecerse sus elementos, específicamente, frente a las
acciones de tutela, se especificó que una providencia pasa a ser cosa juzgada frente
a otra cuando existe identidad de objeto106, de causa petendi107 y de partes108.
Particularmente, respecto de las decisiones proferidas en sede de tutela la sentencia
fundamental, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. b)
Criterios subjetivos: urgencia de proteger un derecho fundamental o la necesidad de materializar un
enfoque diferencial. c) Criterios complementarios: lucha contra la corrupción, examen de
pronunciamientos de instancias internacionales judiciales o cuasi judiciales, tutela contra
providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional; preservación del interés
general y grave afectación del patrimonio público. Estos criterios de selección, en todo caso, deben
entenderse como meramente enunciativos y no taxativos. Parágrafo. En todos los casos, al aplicar
los criterios de selección, deberá tenerse en cuenta la relevancia constitucional del asunto,
particularmente tratándose de casos de contenido económico.”
105 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional “
106 “(…) [E]s decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la
cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
107 “(…) [E]s decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.” Sentencia C-774 de 2001.
108 “(…) [E]s decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige
que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.”
Sentencia C-774 de 2001.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
C-649 de 2011 estableció que estas hacen tránsito a cosa juzgada constitucional
cuando la Sala encargada de hacer la selección para que se surta la revisión eventual
“decide excluirlos de revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o
revocatoria”109.
Pues bien, en el sub lite se tiene establecida la existencia de un proceso ejecutivo
singular de mayor cuantía impetrado por Leasing Ganadero S.A. (hoy Banco BBVA
Colombia S.A.) contra Guillermo Augusto Lora Ramírez, Henry Ustariz Guerra y
Rafael Antonio Fragoso, el cual culminó con la sentencia proferida el 2 de diciembre
de 2009 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, que encontró
configurada la excepción propuesta por los ejecutados en cuanto a la ausencia del
requisito dispuesto por el artículo 540 del Estatuto Tributario para otorgar valor
probatorio al título ejecutivo que sustentaba la ejecución (hechos probados 7.1.1. y
7.1.4.).
Asimismo, se acreditó que en el trámite de la segunda instancia del mencionado
proceso ejecutivo el representante judicial sustituto del Banco BBVA Colombia S.A.
renunció al mandato que lo habilitaba para tal efecto (hechos probados 7.1.2. y
7.1.3.).
De igual forma, está probado que, producto de la sentencia proferida el 2 de
diciembre de 2009 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, la cual
ordenó el pago a favor de los ejecutados de los perjuicios causados con las medidas
cautelares decretadas en el ejecutivo principal, el 21 de abril de 2010 tuvo inicio el
incidente de regulación de perjuicios tramitado por los demandantes ante el Juzgado
Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, el cual culminó el 30 de octubre de
2014 con el auto que cuantificó los perjuicios de los demandantes en la suma total de
$2.661.487.895, más los intereses a que hubiera lugar (hechos probados 7.1.5.,
7.1.6. y 7.1.7.).
Al procedimiento anterior lo siguió la ejecución de los valores liquidados en el auto de
regulación de perjuicios de 30 de octubre de 2014. Así, el 12 de noviembre de 2014
el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar libró mandamiento de pago
en contra del Banco BBVA Colombia S.A., por la suma total de $2.661.487.895, más
los intereses de mora, y ante el silencio del Banco que en esta oportunidad procesal
transmutó de ejecutante a ejecutado, el 3 de diciembre de 2014 se ordenó seguir con
la ejecución, liquidar el crédito y condenar en costas al nuevo ejecutado. Finalmente,
el 15 de diciembre de 2014 se ordenó el embargo de las cuentas bancarias del nuevo
109 Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
ejecutado y el 20 de enero de 2015 se radicaron los oficios de embargo en el Banco
de la República y el BBVA Colombia S.A. por la suma final de $3.000.000.000
(hechos probados 7.1.8., 7.1.9., 7.1.10. y 7.1.11.).
Por la otra parte, se observó que, una vez informado del embargo de sus cuentas
bancarias, el Banco BBVA Colombia S.A. consideró que el trámite judicial surtido en
la segunda instancia del proceso ejecutivo principal y el procedimiento adelantado en
el incidente de regulación de perjuicios vulneraron sus derechos fundamentales,
principalmente, el de debido proceso y defensa técnica, toda vez que se gestionaron
con ausencia de su representante judicial (hechos probados 7.1.13. y 7.1.16.)
En vista de lo anterior, el Banco BBVA Colombia S.A. impetró sendas acciones de
tutela que fueron resueltas, la primera, en una sola instancia por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia el 17 de marzo de 2015 y, la segunda, en doble
instancia por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha y la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencias del 15 de abril
y el 22 de julio de 2015 (hechos probados 7.1.13., 7.1.15., 7.1.16. 7.1.17., 7.1.18. y
7.1.20.).
En lo anterior, los demandantes fundan su cargo por configuración de la cosa
juzgada, pues consideran que el asunto resuelto en las decisiones del 15 de abril y
22 de julio de 2015 tiene identidad de objeto, identidad de causa petendi e identidad
de partes, respecto al pronunciamiento emitido el 17 de marzo de 2015.
En otras palabras, se confrontan las sentencias de 17 de marzo y 22 de julio de 2015,
ambas proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al
efecto, conviene revisar el primero de los elementos configurativos de la cosa
juzgada, la identidad de objeto entre una y otra decisión, en cuyo evento se tiene:
Objeto de la litis resuelta en sentencia de Objeto de la litis resuelta en sentencia de
17 de marzo de 2015 22 de julio de 2015
Al respecto, se tiene el objeto de la solicitud de Aquí, se observa la solicitud de amparo de
amparo de 3 de marzo de 2015, consiste en la abril de 2015 (sic) procura la protección de los
protección de los derechos fundamentales al derechos al debido proceso, igualdad y
debido proceso y defensa técnica que el acceso a la administración de justicia
Banco BBVA Colombia S.A. consideró lesionados con el trámite y las decisiones del
vulnerados con la sentencia proferida el 2 de incidente de regulación de perjuicios surtido
diciembre de 2009 por la autoridad contra el Banco BBVA Colombia S.A., y la
accionada. (hecho probado 7.1.13.). ejecución de los dineros allí cuantificados
(hecho probado 7.1.16.).
Así las cosas, está claramente evidenciado que el objeto de la litis propuesto en uno
y otro caso son esencialmente diferentes, pues la primera exige revisar la decisión
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
del 2 de diciembre de 2009 que puso fin al proceso ejecutivo singular de mayor
cuantía impetrado por Leasing Ganadero S.A. (hoy Banco BBVA Colombia S.A.)
contra Guillermo Augusto Lora Ramírez, Henry Ustariz Guerra y Rafael Antonio
Fragoso, al paso que la segunda demanda de tutela impugnó el trámite del incidente
de regulación de perjuicios, las decisiones allí proferidas y la ejecución de la cuantía
liquidada a favor de los demandantes y en contra del banco.
Aunado a lo anterior, en lo que atañe a la identidad de causa petendi se tiene lo
siguiente:
Causa petendi de la litis resuelta en Causa petendi de la litis resuelta en
sentencia de 17 de marzo de 2015 sentencia de 22 de julio de 2015
La demanda de amparo de 3 de marzo de La solicitud de amparo de abril de 2015 (sic)
2015 solicitó dejar sin efecto la sentencia el 2 solicitó dejar sin efecto el incidente de
de diciembre de 2009, argumentando: regulación de perjuicios, ordenar rehacer la
actuación y declarar ineficaz la ejecución de
i) que para esta fecha de la decisión el banco la condena impuesta en contra del Banco
no contaba con representante judicial, toda BBVA Colombia S.A., con fundamento en:
vez su apoderado sustituto había renunciado
al mandato. i) que el incidente de liquidación de perjuicios
"nunca fue formalmente iniciado", porque el
ii) que no había sido notificado de la renuncia proveído de 3 de junio de 2010, que admitió
de su apoderado, porque las comunicaciones el trámite lo denominó “incidente de
remitidas por la autoridad judicial fueron regulación de honorarios”, lo cual inducía a
radicadas en las oficinas del BBVA Colombia error.
S.A., pero a nombre del apoderado principal
quien para este momento no laboraba en el ii) que el banco fue privado de la oportunidad
establecimiento bancario. De manera que la de contestar la solicitud de regulación de
correspondencia no llegó a su destinatario y perjuicios, de pedir y controvertir pruebas,
el banco no tenía autorización para abrirla. recurrir la decisión y, en general, de ejercer
su derecho de defensa frente a la regulación
iii) que solo tuvo conocimiento de la decisión de perjuicios, porque el profesional del
impugnada “en la última semana del mes de derecho que representaba sus intereses
febrero […] cuando le fue embargada una dentro del proceso ejecutivo principal había
suma de dinero equivalente a renunciado al mandato y el accionante no
$3.000.000.000”. había sido notificado de esta situación.
iv) que la decisión incurrió en vía de hecho iii) que la providencia de 30 de octubre de
por falta de motivación y porque aplicó el 2004 que decidió el incidente de regulación
artículo 540 del Estatuto Tributario, el cual de perjuicios tuvo como fundamento un
había sido retirado del ordenamiento jurídico dictamen pericial que no fue decretado en
por la Corte Constitucional. debida forma dentro del procedimiento
incidental, de manera que se desconocieron
v) que el 24 de febrero de 2015 formuló de los artículos 174, 177 y 183 del C.P.C.
incidente de nulidad contra la sentencia el 2 Sobre este particular argumentó la
de diciembre de 2009, pero interpuso la tutela configuración de los defectos sustantivo y
para evitar un perjuicio irremediable (hecho procedimental de la decisión que puso fin al
probado 7.1.13.). trámite incidental.
iv) que tuvo conocimiento de la existencia del
incidente de regulación de perjuicios y de la
providencia proferida en su contra, mediante
el oficio No. 590 que le comunicó la medida
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
cautelar al Banco de la República. (hecho
probado 7.1.16.).
Siendo esto así, aparece claramente demostrada la diferencia en la causa petendi
de cada una de las demandas. Ahora, el contraste reseñado se refleja en las
decisiones emitidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
en cuyos fundamentos se observa:
Fundamentos sentencia de 17 de marzo Fundamentos sentencia de 22 de julio de
de 2015 2015
Declaró improcedente la acción de tutela en Confirmó la sentencia proferida el 15 de abril
consideración a: de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Riohacha. En atención a la
i) que no encontró acreditado el requisito de impugnación presentada por los
subsidiaridad, porque el accionante contaba demandantes, el alto tribunal indicó:
con el incidente de nulidad presentado el 24
de febrero de 2015 dentro del proceso i) que el juez constitucional solo podía
ejecutivo principal y no demostró un perjuicio intervenir los asuntos judiciales ordinarios
irremediable que justificara la intervención del ante la violación de los derechos
juez de constitucional. fundamentales de una de las partes, como se
advertía en el caso puesto bajo su
ii) que no encontró acreditado el requisito de conocimiento, al analizar las providencias y
inmediatez de la tutela, pues la decisión demás piezas procesales emitidas en el
aducida como lesiva a los derechos del trámite del incidente de regulación de
accionante fue proferida el 2 de diciembre de perjuicios, invocado como epicentro del
2009 y la demanda constitucional tuvo lugar agravio.
el 3 de marzo de 2015.
(hechos probados 7.1.12. y 7.1.15.) ii) que el trámite incidental era de regulación
de perjuicios, pero se adelantó como uno de
regulación de honorarios, sin que se
observara corrección o pronunciamiento
alguno frente a esta imprecisión.
iii) que el trámite incidental fue decidido con
vulneración del debido proceso porque al
incidentado no se le otorgó oportunidad de
defensa.
iv) que el auto de regulación de perjuicios del
30 de octubre de 2014 no hizo un examen
crítico de las pruebas, como lo exigían los
artículos 175, 187, 303 y 304 del C.P.C. De
manera que incurrió en falta de motivación
constitutiva de una vía de hecho y
configurativa de un defecto fáctico que
ameritaba la protección constitucional
dispuesta en la sentencia de 15 de abril de
2015 por el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Riohacha.
v) que encontró satisfecho el principio de
inmediatez porque el trámite incidental
finalizó el 30 de octubre de 2014 y la
demanda de tutela se presentó en abril de
2015, periodo que estimó razonable.
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
vi) que la temeridad alegada por los
impugnantes frente a la existencia de dos
demandas de tutela no tenía lugar, porque la
tutela decidida el 17 de marzo de 2015 se
dirigió contra el proceso ejecutivo que
culminó con la sentencia de 2 de diciembre
de 2009, mientras que, en esta oportunidad
el objeto del amparo recaía sobre el trámite
incidental de regulación de perjuicios y las
decisiones allí adoptadas.
vii) que la posible nulidad por falta de
notificación del auto que admitió esta solicitud
de amparo quedó saneada con la notificación
que posteriormente se hiciera, y con la
intervención de los impugnantes ante el
Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Riohacha de 29 de abril de 2015, así como
con el escrito de impugnación que era
resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
viii) que los demás aspectos alegados por los
demandantes contra la sentencia
constitucional de 15 de abril de 2015 “fueron
resueltos en oportunidad por el tribunal”, es
decir en la providencia complementarias de
27 de abril de 2015.
(hechos probados 7.1.21., 7.1.22., 7.1.23. y
7.1.26.).
Visto así, no cabe duda que la ratio decidendi de una y otra decisión son
sustancialmente diferentes. Circunstancia que, a su vez, obedece a la diferencia de
los asuntos puestos bajo el conocimiento de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia.
Ahora bien, advirtiendo que una providencia pasa a ser cosa juzgada frente a otra
cuando existe identidad de objeto110, de causa petendi111 y de partes112, es
necesario señalar que estos 3 presupuestos son concurrentes y la ausencia de uno
de ellos es suficiente para desvirtuar su configuración.
110 “(…) [E]s decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la
cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
111 “(…) [E]s decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos
fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta
nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez
puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva
causa.” Sentencia C-774 de 2001.
112 “(…) [E]s decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron
vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige
que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad jurídica.”
Sentencia C-774 de 2001.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Así, en el caso de autos la sentencia de 22 de julio de 2015 de la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia no lesionó el principio de cosa juzgada, dada la
carencia frente a la identidad de objeto de la litis y a la identidad en la causa petendi;
de manera que no se configuró el error jurisdiccional alegado por el demandante, así
como, dicho sea de paso, no se configuraba la temeridad del BBVA Colombia S.A.,
alegada en el escrito de impugnación (hecho probado 7.1.23.), con fundamento en la
denegada existencia de la cosa juzgada.
De otro lado, además del desconocimiento del principio de cosa juzgada alegado en
la demanda como error judicial, allí también se invocó la falta de los requisitos de
subsidiaridad e inmediatez, con fundamento, nuevamente, en lo dispuesto por la
sentencia de 17 de marzo de 2015.
Dicho de otro modo, la demanda de reparación directa considera que los elementos
de subsidiaridad e inmediatez en la sentencia de 22 de julio de 2015 debieron
resolverse dando aplicación a los argumentos expuestos en la sentencia proferida
el 17 de marzo de 2015 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, porque entiende que esta constituye cosa juzgada frente a aquella.
Sin embargo, con anterioridad quedó plenamente establecido que, el asunto
resuelto en la sentencia de 17 de marzo de 2015 dista completamente del que fue
objeto de la decisión adoptada por la misma Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia el 22 de julio de 2015.
En otras palabras, entre los asuntos puestos bajo el conocimiento de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia no existe cosa juzgada ni identidad
fáctica que le permita aplicar las razones de la decisión de 17 de marzo de 2015 a
la adoptada el 22 de julio de 2015.
Así, se advierte que la sentencia de 17 de marzo de 2015 declaró improcedente la
acción de tutela impetrada contra la decisión de 2 de diciembre de 2009, porque
consideró insatisfecho el requisito de subsidiaridad, dado que contra la decisión
accionada se había interpuesto el incidente de nulidad radicado el 24 de febrero de
2015 (hechos probados 7.1.12. y 7.1.15.). Sin embargo, contrario a lo afirmado por
el demandante, nótese que este criterio no tenía cabida ante la solicitud de amparo
presentada contra el trámite de regulación de perjuicios y las decisiones allí
proferidas, pues en este evento no se había surtido incidente de nulidad alguno y
por el contrario, en la sentencia de 22 de julio de 2015, la Sala de Casación Civil de
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Radicado: 25000233600020170195301 (65993)
Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
la Corte Suprema de Justicia fue enfática en justificar la intervención del juez
constitucional, dada la violación de los derechos fundamentales que allí evidenció,
en cuyo efecto consideró suplido el requisito de subsidiaridad de la acción, dando
respuesta al cargo expuesto en este sentido por los impugnantes, hoy
demandantes.
Igualmente, de cara al elemento de la inmediatez de la acción de tutela, la demanda
sostuvo que la sentencia de 22 de julio de 2015 debió emplear el criterio establecido
en el multicitado fallo de 17 de marzo de 2015, que computó el término desde la
fecha de la providencia accionada, es decir desde el 2 de diciembre de 2009 (hecho
probado 7.1.15.). Se itera, porque estimó que esta decisión constituía cosa juzgada,
frente a aquella.
Sin embargo, la equivocación de los demandantes ha quedado demostrada y se ha
establecido que no existe el tan alegado fenómeno de la cosa juzgada. Por el
contrario, de cara a las diferencias fácticas de los asuntos puestos bajo la
consideración de la Corte Suprema de Justicia, quedó establecido que la decisión
del 22 de julio de 2015 del juez constitucional tuvo como objeto el trámite de
regulación de perjuicios, frente al cual encontró satisfecho el principio de inmediatez
porque el trámite incidental finalizó el 30 de octubre de 2014 y la demanda de tutela
se presentó en abril de 2015, periodo que estimó razonable, toda vez que no se
habían agotado los 6 meses jurisprudencialmente establecidos para el efecto113.
Sin embargo, no ocurre así con el objeto de la sentencia de 17 de marzo de 2015
que, como se ha repetido, resolvió la solicitud de amparo interpuesta el 3 de marzo
de 2015 contra la sentencia de 2 de diciembre de 2009, cuando se había superado
el término jurisprudencial de 6 meses contados entre la decisión aducida como
lesiva a los derechos del accionante y la fecha de la solicitud de amparo.
En este sentido, se observa que la sentencia proferida el 22 de julio de 2015 por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió todos los cargos de
impugnación presentados por los demandantes contra la sentencia de 15 de abril
de 2015 del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, garantizando sus
derechos sustanciales y materiales, sin que se evidencie yerro alguno en su
decisión.
113 La Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 – Exp.
2012-02201, especificó que la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo razonable, para
cuyo efecto fijó como regla general, “un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el caso”
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Entonces, en el plenario no se encuentra configurado el error judicial advertido en
la demanda, así como tampoco se evidencia que el Banco BBVA Colombia S.A.
hubiera conocido el trámite incidental y se hubiera abstenido de intervenir para
sorprender a los demandantes con las acciones de tutela que declararon la
ineficacia de la regulación de perjuicios, pues, precisamente, el amparo de los
derechos fundamentales del accionante tuvo lugar porque las irregularidades
surtidas en el incidente adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San
Juan del Cesar quedaron acreditadas y fueron de tal relevancia que afectaron los
derechos fundamentales del banco, en cuanto sujeto procesal.
Asimismo, nótese que los hechos constitutivos de la vulneración constitucional eran
de conocimiento de los demandantes, quienes alegaron estas circunstancias como
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Dicho lo anterior, en el caso de autos no se encuentra acreditado el error judicial
alegado en la demanda y, en tal sentido, fuerza comprender que la ineficacia del
trámite incidental que se discute, así como de las decisiones allí proferidas, son una
consecuencia de la vulneración de los derechos fundamentales del Banco BBVA
Colombia S.A. que no puede servir de sustento en la consolidación de derecho
alguno; de manera que se encuentra justificada la reanudación de la liquidación de
perjuicios mediante un procedimiento que se ajuste a los preceptos legales y
constitucionales.
Por el contrario, lo que se observa en el presente caso es que la parte actora pretende
utilizar como tercera instancia o como mecanismo de eventual revisión el medio de
control de reparación directa por error jurisdiccional, pues busca controvertir
nuevamente la decisión del 22 de julio de 2015, proferida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia, que fue adversa a sus intereses.
A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener- la vocación
de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal
en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que
conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la
intangibilidad de la cosa juzgada que reviste las providencias judiciales a las cuales
se les endilga la producción del daño antijurídico60.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
En conclusión, una lectura detenida de los argumentos expuestos en la sentencia
objeto de reproche permite auscultar criterios razonables y concretos que
permitieron sustentar su decisión, pues sus motivaciones fueron congruentes con
los medios probatorios, la ley vigente para el momento de los hechos y el
precedente jurisprudencial, sin que se observe la comisión de un error jurisdiccional
que demuestre sin ningún asomo de duda una actuación subjetiva, caprichosa y
arbitraria por parte del operador de justicia.
Finalmente, se advierte que la sentencia de primera instancia condenó a la parte
actora a pagar como agencias en derecho el 1% de las pretensiones de la demanda,
establecido en $23.561.191, y negó la condena en costas por cuanto no encontró
probado que se hubieran causado, a propósito de lo cual la alzada advirtió que las
agencias en derecho deben obedecer al principio de causación en el trámite
procesal y que, como en el presente caso “no hubo gestión de defensa en el curso
del proceso, mal podría generarse una condena al pago de agencias en derecho.”
Al respecto, es menester anotar que lo concerniente a la liquidación de las expensas
y al monto de las agencias en derecho en primera instancia114, de conformidad con
lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 366 del CGP, solo puede controvertirse
mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la
liquidación de costas, lo cual, en el sub examine aún no ha acaecido.
Es así pues, en efecto, el numeral 5 del artículo 366 del CGP prevé que “la
liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán
controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que
apruebe la liquidación de costas”.
Asimismo, sobre este punto, en auto de unificación del 31 de mayo de 2022115 esta
Corporación concluyó que: “el auto que aprueba la liquidación de las costas es una
providencia susceptible de ser controvertida mediante los recursos de reposición y
apelación, pues así lo consagra expresamente el numeral 5 del artículo 366 del
Código General del Proceso”.
Bajo esta óptica, se considera improcedente el cargo de la apelación propuesto
contra la fijación de agencias en derecho en primera instancia.
114 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 2 de agosto de 2023, Rad.: 56185.
115 Consejo de Estado, Sala Plena, auto de 31 de mayo de 2022, Rad.: 11001-03-15-000-2021-
11312-00 (IJ).
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 14 de noviembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones expuestas en la demanda contra la Rama Judicial, al constatar que no
se configuró error judicial alguno.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas,
a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas y contrario a lo sostenido
por el demandante en el recurso de apelación, la Sala en la parte resolutiva
condenará en costas al extremo activo, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
Asimismo, respecto a las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora116.
116 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016117 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que en los procesos declarativos en
general en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 5 S.M.L.M.V.118.
En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte demandada
presentó alegatos de conclusión. En consecuencia, las agencias en derecho a
cargo del extremo activo se fijan en 5 S.M.L.M.V.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
“PRIMERO: DECLARAR la caducidad del derecho a accionar las
pretensiones elevadas por defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia frente al incidente de regulación de perjuicios adelantado por el
Juzgado Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar y por falta de
vinculación de los demandantes al trámite de la acción de tutela interpuesta
en abril de 2015 por el BBVA Colombia S.A.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: CONDENAR en primera instancia a la parte actora a pagar como
agencias en derecho el 1% de las pretensiones de la demanda, establecido en
$23.561.191, y NEGAR la condena en costas por cuanto no encontró probado
que se hubieran causado.”
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y
365.8 del CGP.
117 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
118 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.
En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
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Demandante: Rafael Antonio Fragoso y otro
Fijar por concepto de agencias en derecho en segunda instancia la suma de 1
S.M.L.M.V. en favor de la Rama Judicial.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
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