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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02044-01

Fecha
8 de abril de 2024
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02044-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 15 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y, en su lugar, CONDÉNASE a la NACIÓN — RAMA JUDICIAL a reparar el daño causado por la privación de la libertad del demandante Jaime Carrero. SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las siguientes sumas por perjuicios morales, expresadas en salarios mínimos mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia: DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA 100 Jaime Carrero Víctima directa SMLMV Compañera 50 Ludis Isabel Reyes Zurique permanente SMLMV 35 Estefanía Carrero Reyes Hija SMLMV 35 Camilo Carrero Reyes Hija SMLMV 35 Joan Sebastián Carrero Reyes Hijo SMLMV Tercera 25 Anatolia Núñez de Carrero damnificada SMLMV Tercera 25 Gloria Elsa Carrero Núñez damnificada SMLMV TERCERO: CONDÉNASE a la Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Jaime Carrero la suma de cuarenta y dos millones doscientos setenta y un mil ochocientos veintiún pesos con once centavos ($42.271.821,11). CUARTO: ORDÉNASE al director ejecutivo de la Administración Judicial de la Rama Judicial emitir un comunicado en el cual le ofrezca disculpas a Jaime Carrero por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia. 15 Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084) Demandantes: Jaime Carrero y otros QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: SIN CONDENA en costas. SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos del artículo 192 y el numeral 4 del artículo 195 del CPACA. OCTAVO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP. NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2017-02044-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

8 de abril de 2024

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros
Demandados: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

Tema: Privación de la libertad. Se revoca la decisión de absolver a la Rama
Judicial y, en su lugar, se condena a esa entidad. Si bien no se
puede estudiar la legalidad de la detención del demandante porque
no se allegó la providencia en la que se impuso, se probó que la
víctima sufrió un daño especial como consecuencia de su
detención. Se confirma la decisión de negar las pretensiones contra
la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es imputable
debido a que la medida de aseguramiento fue impuesta por un juez
de control de garantías, en vigencia de la Ley 906 de 2004.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 15 de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, que negó las pretensiones de
la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia de acuerdo con los artículos
150 y 152, numeral 5, de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

El recurso se interpuso en vigencia de la Ley 2080 de 2021 y se admitió mediante
auto del 24 de agosto de 20231. El Ministerio Público solicitó que se confirmara
la decisión que negó las pretensiones de la demanda porque la medida de
aseguramiento cumplió los presupuestos legales.

Al presente caso se le dará prelación conforme a lo acordado por la Sala Plena
de la Sección Tercera de esta Corporación en el acta No. 10 del 25 de abril de
2013, que decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños
causados por privaciones injustas de la libertad pueden decidirse por las
Subsecciones, sin sujeción al turno.

1 F. 425, c. ppl.

1

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 31 de octubre de
2017 por la víctima directa Jaime Carrero y su grupo familiar. Se dirigió contra la
Fiscalía General de la Nación (en adelante, la Fiscalía) y la Rama Judicial para
obtener la reparación del daño causado por la privación injusta de su libertad
ocurrida entre el 10 de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 20152, es decir
por un término de <<treinta (30) meses y doce (12) días>. En el proceso penal se
le imputaron los delitos de receptación agravada, en concurso heterogéneo con
falsedad marcaría agravada.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones, que se resumen
debido a su extensión:

2.1.- Que se condene a la Fiscalía y a la Rama Judicial a reparar el daño causado
por la privación de la libertad del señor Jaime Carrero, quien fue detenido por el
término de 30 meses y 12 días, desde el 10 de marzo de 2013 hasta el 22 de
septiembre de 2015.

2.2.- En consecuencia, que se ordene la indemnización de los siguientes
perjuicios:

a.- Por lucro cesante, el valor de doscientos cincuenta y cinco millones doscientos
sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($255.266.481) porque el
demandante dejó de realizar sus negocios y percibir ganancias como
comerciante durante el tiempo en el que estuvo privado de la libertad.

b.- Por daño emergente: (i) cien millones de pesos ($100.000.000) porque tuvo
que contratar al abogado José Ricardo Ramos Espinoza para su defensa en el
proceso penal CUI. 110016000000201300412; (ii) seiscientos millones de pesos
($600.000.000) correspondientes a la solicitud de un préstamo de dinero al señor
Humberto Romero Agudelo para solventar sus gastos mientras estaba privado
de la libertad; (iii) quinientos ochenta y seis millones seiscientos veinticinco mil
pesos ($586.625.000) porque el demandante perdió “el Corpus” y posesión de la
casa que forma parte de la urbanización Zarzamora, propiedad horizontal situada
en la carrera 71 # 172ª- 29 de la ciudad de Bogotá, que actualmente se identifica
con la nomenclatura calle 172ª # 78-20, Casa número 1, matrícula inmobiliaria
número 50N20263142.

c.- Por perjuicios morales las siguientes sumas:

Jaime Carrero 100 SMLMV Víctima directa

2 Los extremos temporales de la privación se relacionaron en las pretensiones de la demanda.

2

Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros

Ludis Isabel Reyes Zurique 100 SMLMV <<Esposa de la víctima
directa>>
Estefanía Carrero Reyes 100 SMLMV Hija
Camilo Carrero Reyes 100 SMLMV Hijo
Joan Sebastián Carrero Reyes 100 SMLMV Hijo
Anatolia Núñez de Carrero 100 SMLMV Abuela
Gloria Elsa Carrero Núñez 35 SMLMV Tía
Ernestina Carrero Núñez 35 SMLMV Tía

d.- Por perjuicios de la alteración de la vida de relación las siguientes sumas:

Jaime Carrero 300 SMLMV Víctima directa
Ludis Isabel Reyes Zurique 100 SMLMV <<Esposa de la víctima
directa>>
Estefanía Carrero Reyes 100 SMLMV Hija
Camilo Carrero Reyes 100 SMLMV Hijo
Joan Sebastián Carrero Reyes 100 SMLMV Hijo
Anatolia Núñez de Carrero 100 SMLMV Abuela
Gloria Elsa Carrero Núñez 100 SMLMV Tía
Ernestina Carrero Núñez 100 SMLMV Tía

2.3.- Así mismo, se formularon las siguientes pretensiones subsidiarias:

<<… en caso de no ser aceptado como lucro cesante los ingresos, ganancias y
utilidades dejados de percibir durante el tiempo de la privación injusta de la
libertad por la suma de doscientos cincuenta y cinco millones doscientos sesenta
y seis mil cuatrocientos ochenta y un pesos ($255.266.481), suma resultante de
promediar las ganancias obtenidas por el señor Jaime Carrero, en virtud a su
actividad de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, declárese que el
señor Jaime Carrero, devengaba el salario mínimo legal vigente presunto durante
el tiempo que estuvo privado de la libertad (30 meses y 12 días).

Condénese a las partes demandadas, en caso que el señor Jaime Carrero
devengaba el salario mínimo legal vigente presunto durante el tiempo que estuvo
privado de la libertad, a indemnizar la sumas de veintidós millones cuatrocientos
veintiséis mil quinientos diez pesos ($22.426.510) (…)>>

3.- A partir de lo afirmado en la demanda y de las piezas del proceso penal
allegadas por la parte actora, se extrae que:

3.1.- La investigación penal tuvo origen el 15 de marzo de 2012 cuando, en
desarrollo de labores de patrullaje, agentes de la Policía Nacional capturaron a
Carlos Humberto Ortega Torres, quien conducía el vehículo Chevrolet Aveo, color
azul, modelo 2008 de placas CVP 524 (en adelante el vehículo). Los agentes
justificaron su captura porque el sistema físico de identificación del vehículo no
coincidía con los números de motor y chasis consignados en la licencia de
tránsito. Por el contrario, dichos números correspondían al chasis y motor de un
vehículo que había sido objeto de hurto.

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Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros

3.2.- Durante el trascurso de la investigación, Carlos Humberto Ortega Torres
afirmó que su abogado Henry Orlando Martínez Becerra le había entregado el
vehículo como garantía por el préstamo de una suma de dinero. A su vez, el
abogado Henry Orlando Martínez Becerra señaló que el demandante Jaime
Carrero, con quien había hecho negocios previamente, le había entregado el
vehículo. Por lo anterior, el 5 de octubre de 2012 el Juzgado Octavo Penal
Municipal con función de garantías de Bogotá dictó orden de captura contra el
demandante Jaime Carrero.

3.3.- El demandante Jaime Carrero fue capturado el 10 de marzo de 2013. Al día
siguiente, el Juzgado 46 Penal Municipal con función de garantías de Bogotá
legalizó la captura y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en
establecimiento carcelario en su contra, y le imputó los delitos de receptación
agravada, en concurso heterogéneo con falsedad marcaria agravada.

3.4.- En sentencia proferida el 12 de marzo de 2015, el Juzgado 30 Penal del
Circuito con función de conocimiento de Bogotá absolvió al demandante por el
delito de falsedad marcaria agravada, en aplicación del principio in dubio pro reo,
y lo condenó como autor del delito de receptación agravada.

3.5.- El 22 de septiembre de 2015 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Bogotá – Sala Plena: (i) revocó la condena impuesta al demandante por el delito
de receptación agravada y, en su lugar, lo absolvió en aplicación del principio in
dubio pro reo; (ii) confirmó la decisión de absolverlo por el delito de falsedad
marcaria agravada; y (iii) ordenó dejarlo en libertad.

4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte actora, en el proceso penal se
surtieron las siguientes actuaciones relevantes: (i) el 10 de marzo de 2013 el
demandante Jaime Carrero fue capturado; (ii) el 11 de marzo de 2013, el juez
de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento privativa de la
libertad; y (iii) el 22 de septiembre de 2015 el tribunal lo absolvió por la totalidad
de los delitos que le fueron imputados.

5.- Según la parte actora, el demandante Jaime Carrero fue privado injustamente
de su libertad porque las autoridades no cumplieron los deberes legales de
investigación integral e inobservaron los requisitos para imponer la medida de
aseguramiento. Así mismo, el Estado no desvirtuó la presunción de inocencia del
demandante, quien finalmente fue absuelto de manera definitiva en el proceso
penal.

6.- En relación con los perjuicios, la parte actora reclamó: (i) los perjuicios
morales que sufrieron la víctima directa y sus familiares con ocasión de la
privación de la libertad del demandante Jaime Carrero; (ii) los ingresos que la
víctima directa dejó de percibir de su actividad laboral como comerciante durante
la detención; (iii) los gastos en los que incurrió la víctima directa para pagar los
honorarios del abogado que le brindó la defensa judicial; (iv) el pago de un

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

préstamo que el demandante solicitó a Humberto Romero Agudelo para solventar
sus gastos mientras estaba privado de la libertad; (v) el <<Corpus>> y la
posesión de la casa ubicada en la carrera 71 # 172ª- 29 de Bogotá y (vi) los
perjuicios por la alteración de las condiciones normales de la vida de la víctima
directa y sus familiares porque no pudieron desarrollar las actividades cotidianas.

B. Posición de las entidades demandadas

7.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda porque: (i) la
medida de aseguramiento estuvo fundamentada en el material probatorio
aportado y la información legalmente obtenida; (ii) el juez penal verificó la
razonabilidad, proporcionalidad y ponderación de la medida y encontró la
necesidad de ordenar la detención de la víctima directa por la gravedad de los
punibles investigados; (iii) no existía nexo causal entre su actuación y el daño,
por cuanto la detención del demandante se produjo como consecuencia del
actuar de la Fiscalía; (iv) el derecho de la libertad del imputado debía ceder al
interés estatal de <<la persecución penal>>; y (v) la sentencia absolutoria no
implicaba la inexistencia de los delitos. Como excepciones, propuso la deficiencia
probatoria de la Fiscalía y la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante
Jaime Carrero era <<un reconocido comerciante de vehículos>> y, a pesar de
ello, se vio envuelto en los punibles investigados y recibió en garantía un vehículo
hurtado a un desconocido para gestionar un préstamo a un tercero.

8.- La Fiscalía también se opuso a las pretensiones. Como argumentos de
defensa expuso que la parte actora no acreditó la antijuridicidad del daño ni el
nexo causal entre este y la actuación de la Fiscalía. Como excepciones propuso
(i) la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante, por su condición de
comerciante de automóviles, sabía que debía revisar los papeles y el estado del
vehículo antes de recibirlo y no lo hizo; (ii) la inexistencia del daño antijurídico e
inexistencia de una falla en el servicio debido a que la medida de aseguramiento
no fue revocada dentro de la investigación penal y la Fiscalía actuó conforme a
la ley y la Constitución y (iii) la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que el daño era imputable a la Rama Judicial porque fue el juez penal quien
impuso la medida de aseguramiento.

C. Sentencia recurrida

9.- En la sentencia del 15 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C negó las pretensiones. Aplicó
un régimen subjetivo de responsabilidad y consideró que la medida de detención
preventiva satisfizo los requisitos subjetivos y objetivos establecidos por la ley
para su imposición.

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Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros

D. Recurso de apelación

10.- La parte actora solicita que se revoque integralmente el fallo de primera
instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda porque:

10.1.- Debió aplicarse un régimen objetivo de responsabilidad <<donde la culpa
del funcionario judicial que impone la medida de detención preventiva se torna
irrelevante y se centre únicamente que ante la falta probatoria y la sospecha se
generó la absolución del señor Jaime Carrero por aplicación del principio in dubio
pro reo>>.

10.2.- El tribunal confundió la privación de la libertad con un caso de error judicial
porque estudió el daño antijurídico con base en la legalidad de la medida de
aseguramiento.

10.3.- No era necesario probar un error judicial, la culpa o la falla del servicio del
funcionario o del sistema, sino que bastaba con acreditar que el sindicado fue
absuelto.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

11.- La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años contados desde la ejecutoria de la providencia penal que absolvió a la
víctima, momento desde el cual acaece el daño en los términos del artículo 164
del CPACA, según lo ha precisado la jurisprudencia en los eventos de privación
injusta de la libertad. En efecto: (i) la providencia que absolvió al demandante por
todos los delitos que le fueron imputados quedó ejecutoriada el 29 de septiembre
de 20153; (ii) la solicitud de conciliación se presentó el 30 de agosto de 2017 y
los términos se suspendieron hasta el 26 de octubre de 20174, cuando la
audiencia de conciliación se declaró fallida; y (iii) la demanda fue interpuesta a
tiempo el 31 de octubre de 2017.

F. Exposición del litigio, decisiones a adoptar y plan

12.- Si bien los demandantes pretenden que se reconozca el periodo de
detención entre el 10 de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2015, lo cierto
es que no aportaron prueba alguna que acreditara dichos extremos temporales.
Por el contrario, a partir del certificado de libertad expedido por la Cárcel Distrital
de Varones y anexos de Mayores5 y la sentencia absolutoria del 12 de marzo de

3 Constancia de ejecutoria expedida por la Secretaría del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá –

Sala Penal. Fl. 59, c.1.
4 Fl. 146, c.2.
5 Fl. 145, c.1.

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

2015, está probado que el demandante Jaime Carrero estuvo privado de su
libertad entre el 15 de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de 2015, es decir
por un término de dos (2) años, seis (6) meses y ocho (8) días.

13.- También está demostrado que mediante providencia del 22 de septiembre
de 2015, el Tribunal Superior de Distrito judicial de Bogotá – Sala Plena: (i)
absolvió a la víctima directa por el delito de receptación agravada en aplicación
del principio in dubio pro reo porque el material probatorio allegado para
desvirtuar su inocencia no era suficiente y generaba dudas que debían ser
resueltas a favor del demandante Jaime Carrero y (ii) confirmó la decisión de
absolver a la víctima directa por el delito de falsedad marcaria agravada, en
aplicación del principio in dubio pro reo6.

14.- En esta providencia, la Sala:

14.1.- Revocará la decisión de absolver a la Rama Judicial y, en su lugar,
condenará a esa entidad. Aunque no se puede estudiar la legalidad de la medida
de aseguramiento debido a que no se aportó la grabación de la audiencia
preliminar en la que se impuso, la parte actora demostró que la víctima directa
sufrió un daño especial como consecuencia de su detención.

14.2.- Absolverá a la Fiscalía General de la Nación porque el daño no le es
imputable.

14.3.- Determinará los perjuicios de acuerdo con las reglas jurisprudenciales.

G. Plan de exposición

15.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección
del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad 7. En
consecuencia, se referirá a: (i) el daño especial sufrido por la víctima directa; (ii)
las entidades imputadas; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la
determinación de los perjuicios y la reparación.

H. El análisis del daño especial

16.- Con las piezas del proceso penal está demostrado que el demandante Jaime
Carrero fue privado de su libertad durante dos (2) años, seis (6) meses y ocho
(8) días porque le imputaron los delitos de receptación agravada, en concurso
heterogéneo con falsedad marcaria agravada. De acuerdo con la sentencia
absolutoria, la imposición de la medida de aseguramiento se basó en: (i) el

6 Se advierte que en la sentencia del 12 de marzo de 2015 el Juzgado 30 Penal del Circuito con función de

conocimiento de Bogotá absolvió al demandante del delito de falsedad marcaria agravada, en aplicación del
principio in dubio pro reo; y lo condenó como autor del delito de receptación agravada.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del

4 de junio del 2019, expediente 39.626. M.P. Alberto Montaña Plata.

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

informe de la Policía del 15 de marzo de 2012, que establecía que el sistema de
identificación del vehículo que conducía Carlos Humberto Ortega Torres no
coincidía con los guarismos de la licencia de tránsito y, por el contrario,
correspondía a los números de un vehículo que había sido reportado como
hurtado; (ii) la declaración de Carlos Humberto Ortega Torres, quien señaló que
su abogado Henry Orlando Martínez Barrera le había entregado el vehículo para
garantizar un préstamo de dinero y (iii) la declaración del abogado Henry
Orlando Martínez Barrera, quien afirmó que realizaba negocios con el
demandante, quien le entregó el vehículo.

17.- También está probado que el Juzgado 30 Penal del Circuito con función de
conocimiento de Bogotá absolvió al demandante por el delito de falsedad
marcaria agravada, en aplicación del principio in dubio pro reo, porque dentro de
la investigación no se probó que en la ejecución del ilícito el demandante hubiera
participado directamente en calidad de autor. Al respecto, señaló lo siguiente:

<<(…) en los medios de prueba testimoniales como documentales obrantes en la
actuación, se encuentra que los mismos se contraen a establecer el origen ilícito
del vehículo, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon
su negociación con el señor Ortega Torres, quedando sin establecer no solo la
manera en que las placas del referido automotor fueron adulteradas, sino también
los responsables de dicho ilícito, habida cuenta que el mismo Jaime Carrero en
su declaración refiere simplemente, que el citado rodante lo recibió de parte de
un sujeto llamado Juan Carlos, mismo de quien valga señalar, no se advierte por
lo menos en el curso de esas diligencias, labor investigativa alguna tendiente a
determinar su identidad, ubicación y demás aspectos que eventualmente hubiera
permitido determinar la procedencia de las placas CVP524 (…) En consecuencia,
ante la existencia de duda insalvable y en aplicación al principio de in dubio pro
reo, en esta oportunidad el despacho proferirá sentencia absolutoria a favor de
Jaime Carrero por el delito de falsedad marcaria agravada>>.

18.- Así mismo, está probado que en sentencia penal de segunda instancia, el
Tribunal Superior de Distrito judicial de Bogotá – Sala Plena absolvió al
demandante por el delito de receptación agravada, en aplicación del principio in
dubio pro reo, porque <<no se le p[odía] atribuir [la autoría del delito] con la
suficiencia que demanda el principio de culpabilidad en el modo doloso, como es
pertinente al delito de receptación, que no admite la modalidad culposa>>. Al
respecto el tribunal resaltó lo siguiente:

<< (…) Se informó en el juicio, que la persona que le había entregado el
Chevrolet Aveo hurtado, es decir, alias «Juan Carlos», corresponde realmente a
Oscar Alexander Espitia, persona que fue capturada por presuntamente traficar
con vehículos de procedencia ilícita en compañía de Yesid Baquero Padilla,
sujeto con el que Jaime Carrero también tuvo contacto en el momento de la
negociación del mencionado vehículo.

Lo que de aquí se puede colegir y según los confusos sucesos relatados por los
deponentes, es que, con los cruces de cuentas, negocios, contratos y demás
actividades comerciales a las que se dedicaban las personas aquí involucradas,
es que alias «Juan Carlos» o sus conocidos necesitaban un dinero y tenían el
mencionado automotor, lo ofrecieron a Jaime Carrero -reconocido comerciante

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

de vehículos- para que consiguiera el préstamo sobre el mismo y este, en
consecuencia, obtuvo por conducto de Henry Orlando Martínez Barrera la suma
de $4.500.000 de manos de Carlos Humberto Ortega Torres, quien fue la
persona que finalmente termino con el vehículo.

Algo más, no escapa también de la lógica, los visos de legalidad que se dieron
al negocio que coordinaba el abogado Henry Orlando Martínez Barrera, como
fue la celebración de un contrato de compraventa con pacto de retroventa, la
entrega de todos los documentos del vehículo y el dinero que se prestó por parte
de Carlos Humberto Ortega Torres, es decir, dando claridad de los negocios en
los que Jaime Carrero, como suele ocurrir en quienes obran prevalidos de la
buena fe y a contrario, de lo que ya nos muestra la experiencia, que quienes a
sabiendas obran ilícitamente no acceden fácilmente a documentar sus actos, y
hasta tratan de ocultar detalles o datos de sus existencias, como se dice ocurrió
con el tenedor inicial del carro después del hurto, “Juan Carlos", que se dijo en
el juicio, tenía otro nombre y fue denunciado por estos hechos, lo cual tampoco
fue desautorizado en las alegaciones del juicio oral8>>

19.- En consecuencia, la Sala concluye que la privación de la libertad que
padeció el demandante Jaime Carrero le generó un daño que no debía soportar
porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho
de vivir en sociedad, en los términos del artículo 90 de la CP. En síntesis, el
demandante estuvo privado de la libertad durante dos (2) años, seis (6) meses
y ocho (8) días, acusado de unos delitos graves sin que se desvirtuara su
presunción de inocencia, lo cual implica sufrir daño particular de especial
gravedad y carente de justificación.

I. Entidad imputada

20.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia de la
Ley 906 de 2004, el daño causado por la privación de la libertad del demandante
Jaime Carrero es imputable únicamente a la Rama Judicial, dado que fue esta
entidad la que impuso la medida de aseguramiento a través del Juzgado 46 Penal
Municipal con función de garantías de Bogotá.

21.- De acuerdo con el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía debe
solicitar al juez de control de garantías la imposición de la medida de
aseguramiento y a este último le corresponde, de manera autónoma e
independiente, proferir la decisión sobre su imposición. Debido a que la Fiscalía
se limita a solicitar la imposición de la medida de aseguramiento y es el juez de
control de garantías quien decide si la decreta o no, el perjuicio causado por tal
determinación debe imputarse a la decisión de este último.

J. Análisis de la culpa de la víctima

22.- Las autoridades demandadas no acreditaron que la víctima directa hubiera
realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes

8 Fls. 121-124, c.1.

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Radicado: 25000-23-36-000-2017-02044-01 (70084)
Demandantes: Jaime Carrero y otros

para la imposición de la medida de aseguramiento. Así mismo, de las pruebas
aportadas al proceso la Sala tampoco encuentra configurada la culpa exclusiva
de la víctima.

K. Determinación de los perjuicios y reparación

i) Perjuicios morales

23.- En aplicación de la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 9,
para el cálculo de los perjuicios morales reconocidos a la víctima directa se tendrá
en cuenta que el demandante Jaime Carrero estuvo privado de la libertad en
establecimiento carcelario entre el 15 de marzo de 2013 y el 22 de septiembre de
2015, es decir por un término de dos (2) años, seis (6) meses y ocho (8) días.
En consecuencia, se reconocerá a su favor una indemnización de 100 SMLMV.

24.- Debido a que los demandantes Ludis Isabel Reyes Zurique, Joan Sebastián,
Camilo y Estefanía Carrero Reyes tienen la condición de cónyuge e hijos de la
víctima directa, la Sala tendrá por acreditado los perjuicios morales con la
demostración de tal calidad, de conformidad con la sentencia de unificación del
29 de noviembre de 202110. Su parentesco y relación con el demandante Jaime
Carrero se probó así:

24.1.- Con los registros civiles de nacimiento se probó que los demandantes Joan
Sebastián11, Camilo12 y Estefanía Carrero Reyes13 son los hijos de la víctima
directa.

24.2.- En cuanto a la demandante Ludis Isabel Reyes Zurique, quien concurrió al
proceso en calidad de esposa de la víctima directa, advierte la Sala que será
reconocida como compañera permanente14 porque en la declaración rendida por
el primo hermano del demandante Carlos Julio Rodríguez Carrero 15 dentro del
proceso de reparación directa, manifestó que al momento de la captura la señora
Ludis Isabel Reyes Zurique convivía desde veinticinco (25) años atrás con el
demandante Jaime Carrero y que tenían hijos en común. Por lo tanto, se tiene
por probado que Ludis Isabel Reyes Zurique es compañera permanente del
demandante Jaime Carrero.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de
noviembre de 2021, expediente 46681.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de

noviembre de 2021, expediente 46681.
11 Fl. 42, c.1.
12 Fl. 41, c.1.
13 Fl. 40, c.1.
14 En este punto se adopta la posición mayoritaria de la Sala, que no es compartida por el ponente, toda vez

que debería negarse la reparación de Ludis Isabel reyes Zurique porque no acreditó la calidad con la que
compareció al proceso.
15 Cd. Audiencia de pruebas minuto 10:36.

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

25.- En relación con la intensidad de los perjuicios sufridos por estos
demandantes, el testigo Carlos Julio Rodríguez Carrero, primo hermano de la
víctima directa, hizo referencia a que la señora Ludis Isabel Reyes Zurique <<es
la esposa de Jaime, ella sufrió el abandono quedó con los hijos, le tocó trabajar
en casas de familias, fue una situación crítica porque no había para comer>>. Sin
embargo, en esa declaración no manifestó la intensidad de los perjuicios sufridos
por los hijos de la víctima directa. Por lo tanto, el perjuicio moral para la señora
Ludis Isabel Reyes Zurique se cuantificará en el 50% de la víctima directa, esto
es, 50 SMLMV, y a Joan Sebastián, Camilo y Estefanía Carrero Reyes se les
reconocerá una indemnización equivalente al 35% del monto correspondiente a
la víctima directa, esto es, 35 SMLMV para cada uno.

26.- En relación con las demandantes Anatolia Núñez de Carrero y Gloria Elsa
Carrero Núñez, advierte la Sala que no acreditaron la calidad con la que
comparecieron al proceso, esto es de abuela y tía de la víctima directa,
respectivamente.16 Sin embargo, serán reconocidas como terceras damnificadas
debido a que se acreditó el dolor que sufrieron con ocasión de la privación de la
libertad del demandante Jaime Carrero. En efecto, los testigos señalaron que
<<la señora Anatolia es la mamá de Jaime porque lo crió, lo sacó adelante, le dio
estudio y Gloria es nuestra segunda mamá porque nos sacó adelante y nos crió,
(…) ellas sufrieron mucho porque Jaime cumplía con las necesidades de la casa
(…) cuando una de ellas está enferma es Jaime el que las cuida (…) para Anatolia
fue muy duro porque le tocó ocho días en un lado ochos días en otro lado para
poder sobrevivir>>17. En consecuencia, al estar acreditada su relación de
cercanía, la Sala reconocerá a favor de cada una, una indemnización equivalente
al 25% del monto correspondiente a la víctima directa, esto es, 25 SMLMV.

ii) Daño al buen nombre

27.- Como lo ha explicado la Sala en diversos pronunciamientos, toda privación
injusta de la libertad, sin importar el delito que hubiera sido imputado al entonces
procesado, trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de
quien la padeció. Por lo tanto, con fundamento en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014 de esta Sección, es procedente ordenar en estos casos,
inclusive de oficio, la adopción de medidas no pecuniarias para la reparación de
este perjuicio18.

28.- Debido a que la privación de la libertad a la que fue sometido el demandante
Jaime Carrero afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará a la Rama

16 Mediante auto del 31 de octubre de 2018, el tribunal estableció que las demandantes Anatolia Núñez de

Carrero y Gloria Elsa Carrero Núñez serían reconocidas como terceras damnificadas porque no acreditaron
el parentesco con la víctima directa, pero sí el padecimiento que sufrieron en razón de la privación de la
libertad de Jaime Carrero. Así mismo, el tribunal admitió la solicitud de desistimiento de la demanda de la
demandante Ernestina Carrero Núñez.
17 Fl. 85. C.4.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, radicación 05001-

23-25-000-1999-01063-01, expediente 32988.

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

Judicial que expida un comunicado en el que se le ofrezca disculpas por el
perjuicio causado y se reconozca que no era responsable del delito que se le
imputó. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales debe concertarse con la víctima, el demandante le informará a la
Rama Judicial, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si
dicho documento solamente debe entregársele en físico o si, además, desea que
se publique en la plataforma de comunicación y difusión de la entidad; a ello se
procederá una vez así sea comunicado. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la víctima opta por que las disculpas se
expresen de manera privada en documento físico, por lo que así se cumplirá
inmediatamente.

iii) Daño a la vida de relación

29.- La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación. La
denominación de dicha tipología de perjuicio fue abandonada a partir de la
sentencia de unificación del 14 de septiembre de 201119. En todo caso, la parte
actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los perjuicios causados por
no poder desarrollar las actividades cotidianas, lo que no corresponde a un daño
a la salud o a una afectación distinta a los perjuicios inmateriales previamente
reconocidos.

iv) Daño emergente

30.- Por este concepto la parte actora solicitó lo siguiente: (i) los gastos en los
que incurrió la víctima directa para pagar los honorarios del abogado que le brindó
la defensa judicial; (iv) el pago de un préstamo que el demandante le solicitó a
Humberto Romero Agudelo para solventar sus gastos mientras estaba privado
de la libertad; y (v) <<el Corpus>> y la posesión de la casa ubicada en la carrera
71 # 172ª- 29 de Bogotá.

31.- Respecto de la indemnización de los gastos de defensa judicial penal, la Sala
negará la reparación de estos perjuicios. Si bien reposa en el expediente el
contrato de prestación de servicios suscrito entre el abogado defensor y el
demandante, lo cierto es que la parte actora no aportó la factura o el documento
equivalente para acreditar los gastos de defensa judicial, de conformidad con los
parámetros señalados en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2019 20.

32.- Para acreditar el perjuicio del préstamo que el demandante le solicitó a
Humberto Romero Agudelo para solventar sus gastos mientras estaba privado
de la libertad, la parte actora aportó:

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente

38222. M.P. Enrique Gil Botero.
20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, proceso Nº. 2009-

00133-01 (44572).

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32.1.- Un documento escrito a mano, firmado por el demandante Jaime Carrero
en el que acepta la deuda que tiene por seiscientos millones de pesos a favor de
Humberto Romero Agudelo, y en el que le comunica al acreedor que no le puede
pagar por estar recluido en la Cárcel Distrital.

32.2.- Seis (6) letras de cambio por valor de cien millones de pesos cada una,
con la firma y cédula del demandante Jaime Carrero, sin información alguna
adicional.

32.3.- El testimonio de Humberto Romero Agudelo en el que manifestó que era
comerciante de arte y joyas, y que era amigo del demandante Jaime Carrero por
la actividad económica que compartían. Así mismo, señaló que el demandante
Jaime Carrero le adeudaba quinientos cincuenta millones de pesos
($550.000.000) desde antes de la privación de la libertad, y que mientras la
víctima directa estuvo privada de la libertad, le prestó ciento cincuenta millones
de pesos ($150.000.000) a la esposa del demandante Jaime Carrero para pagar
el abogado y la comida de la familia. Finalmente, afirmó que no había recibido
pago alguno por concepto de lo adeudado.

32.4.- Las declaraciones de renta del señor Humberto Romero Agudelo de 2012
a 2019.

33.- La Sala negará la reparación de este perjuicio porque no se acreditó que el
dinero prestado hubiera sido usado para sufragar gastos derivados de la
privación de la libertad del demandante, los cuales tampoco se demostraron.

34.- Respecto del perjuicio derivado de la pérdida del <<Corpus>> y la posesión
de la casa ubicada en la carrera 71 # 172ª- 29 de Bogotá, la parte actora aportó
la escritura pública No. 327 del 6 de febrero de 2006, de forma incompleta, en la
que consta que se realizó una dación en pago de la casa antes aludida. Sin
embargo, en ese documento no se observa la relación que el demandante Jaime
Carrero tenía con dicho inmueble, pues en su contenido no aparece su nombre.
En todo caso, tampoco se acreditó la relación existente entre este perjuicio y la
privación de la libertad de la víctima directa. Por lo tanto, la Sala negará su
reparación.

v) Lucro cesante

35.- La parte actora solicitó indemnización por los ingresos dejados de devengar
por la víctima directa durante el tiempo en el que estuvo privado de la libertad.

36.- Para probar los perjuicios alegados por concepto de lucro cesante, la parte
actora allegó: (i) copia de contratos de compraventa de inmuebles; (ii) el
testimonio de Humberto Romero Agudelo, quien indicó ser comerciante y colega
del demandante, en el que señaló que << [Jaime Carrero] tenía un negocio en la
15 con 119, comprábamos y vendíamos carros, apartamentos, trabajamos con

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

fincas raíces>>; y (iii) el testimonio de Carlos Julio Rodríguez Carrero, primo
hermano del demandante Jaime Carrero, en el que indicó que el demandante
Jaime Carrero <<se dedicaba a ser intermediario, como una forma de
comisionista de casas, carros, fincas>>21.

37.- Con los medios de prueba señalados, la parte actora probó que el
demandante Jaime Carrero trabajaba como comerciante e intermediario en
compraventa de muebles e inmuebles para el momento en el que fue privado de
la libertad. Sin embargo, no se acreditó cuál era el monto total de sus ingresos.
En consecuencia, para liquidar el lucro cesante la Sala aplicará la presunción del
salario mínimo legal mensual vigente. Para la liquidación del perjuicio se tendrá
en cuenta:

37.1.- Periodo indemnizable: 30,26 meses, concernientes al tiempo que estuvo
privado de la libertad.

37.2.- Salario mínimo de 2024: $ 1.300.000

37.3.- Se calcula con base en la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n - 1
i

Donde:
S= Valor de indemnización por el período
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.004867
n= número de meses a indemnizar: 30,26
1= Constante
(1 + 0.004867) 30,26 - 1
S = 1.300.000
0.004867

S = $ 42.271.821,11

38.- Así las cosas, se reconocerá a cargo de la Rama Judicial y a favor del
demandante Jaime Carrero la suma de cuarenta y dos millones doscientos
setenta y un mil ochocientos veintiún pesos con once centavos.

L. Costas

39.- Dado que el tribunal no condenó en costas en primera instancia y esa
decisión no fue objeto de apelación, la Sala la confirmará.

21 Min. 19:56, CD. Audiencia de pruebas.

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

40.- Ahora bien, para la fijación de las agencias en derecho en la segunda
instancia se tiene en cuenta que las pretensiones prosperaron parcialmente. En
consecuencia, la Sala se abstiene de condenar en costas a los demandantes, en
virtud del artículo 365 (numeral 5) del CGP.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 15 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C y,
en su lugar, CONDÉNASE a la NACIÓN — RAMA JUDICIAL a reparar el daño
causado por la privación de la libertad del demandante Jaime Carrero.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las
siguientes sumas por perjuicios morales, expresadas en salarios mínimos
mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de esta providencia:

DEMANDANTE PARENTESCO CUANTÍA
100
Jaime Carrero Víctima directa
SMLMV
Compañera 50
Ludis Isabel Reyes Zurique
permanente SMLMV
35
Estefanía Carrero Reyes Hija
SMLMV
35
Camilo Carrero Reyes Hija
SMLMV
35
Joan Sebastián Carrero Reyes Hijo
SMLMV
Tercera 25
Anatolia Núñez de Carrero
damnificada SMLMV
Tercera 25
Gloria Elsa Carrero Núñez
damnificada SMLMV

TERCERO: CONDÉNASE a la Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de Jaime Carrero la suma de
cuarenta y dos millones doscientos setenta y un mil ochocientos veintiún pesos
con once centavos ($42.271.821,11).

CUARTO: ORDÉNASE al director ejecutivo de la Administración Judicial de la
Rama Judicial emitir un comunicado en el cual le ofrezca disculpas a Jaime
Carrero por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta
de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.

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Demandantes: Jaime Carrero y otros

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: SIN CONDENA en costas.

SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos del artículo 192 y el
numeral 4 del artículo 195 del CPACA.

OCTAVO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a
las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Aclara voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

16

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