Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-36-000-2017-02048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-36-000-2017-02048-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-36-000-2017-02048-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
25 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICA JURÍDICA COMO REQUISITO PARA ACCEDER AL TÍTULO DE ABOGADO - Por incumplimiento de requisito legales / ENTIDAD EN LA QUE SE REALIZA LA PRÁCTICA JURÍDICA DEBE ESTAR SOMETIDA A INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ALGUNA SUPERINTENDENCIA ESTABLECIDA EN EL PAÍS
En asuntos como el sub lite debe tenerse en cuenta que la judicatura es un requisito especial exigido a los estudiantes de derecho, debido al riesgo social que se encuentra implícito en esta profesión, la cual le permitirá adquirir experiencia y conocimientos para el posterior ejercicio de su oficio para de esta manera cumplir una labor social conforme al principio de solidaridad lo cual debe primar al momento de evaluar el cumplimiento de tal requisito. Es así que, el contrato de prestación de servicios como práctica profesional suscrito entre el accionante y el CONTE pareciera no ser suficiente para acreditar el requisito exigido para la obtención del título de abogado, pues aquel, aparentemente, no fue suscrito con una entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las superintendencias establecidas en el país como lo exige la norma. (…) En este orden de ideas, está claro que la modalidad de judicatura que debía acreditar el tutelante es la remunerada con un término de duración de 12 meses, en la medida en que el cargo que desempeñó en el CONTE. (…) No obstante, no se puede omitir que, aun cuando las funciones desempeñadas durante la vinculación con el CONTE eran innegablemente jurídicas y acordes a la profesión de abogado, no es posible omitir que aquellas no de realizaron en instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como monitor de los consultorios jurídicos de las universidades, requisito fijado por el Legislador, cuyo incumplimiento impide un pronunciamiento favorable por parte del juez de tutela, máxime cuando no se observa una interpretación contraria a la Constitución Política como norma de normas.Corolario de lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados dentro de la acción de tutela interpuesta por el [accionante] contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
FUENTE FORMAL: DECRETO 3200 DE 1979 - ARTÍCULO 23 / LEY 1086 DE 2006 - ARTÍCULO 3
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-36-000-2017-02048-01(AC)
Actor: CAMILO ERNESTO ORDÓÑEZ PÉREZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA ADMINISTRATIVA, UNIDAD NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por Camilo Ernesto Ordóñez Pérez contra la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo los derechos fundamentales invocados dentro del asunto de la referencia, con ocasión de su solicitud de reconocimiento de la práctica jurídica realizada por el accionante para obtener el título de abogado.
I. EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Manifestó que suscribió contrato el 1° de febrero de 2016 como “auxiliar jurídico” en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas -CONTE-, con el fin de realizar su práctica jurídica (judicatura), de tal manera, el 3 de febrero de 2017 radicó los documentos ante el Consejo Superior de la Judicatura para el reconocimiento de la misma, por lo que fue requerido el 27 del mismo mes y año para que aportara el certificado de la superintendencia que ejerce funciones de inspección, vigilancia o control sobre el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, desprendibles de nómina y certificación que acreditara afiliación al sistema de seguridad social.
Señaló que dio cumplimiento a lo ordenado por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, aportando los desprendibles de nómina y la certificación que acreditaba la afiliación al sistema de seguridad social. Sin embargo, fue requerido nuevamente el 31 de marzo de la misma anualidad para que allegara el certificado de la superintendencia que ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, pero dando alcance radica certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Indicó que respecto a la documentación aportada, la Superintendencia de Industria y Comercio efectuó una consulta sobre las funciones vigilancia, inspección y control relacionados con el CONTE, en consecuencia, mediante Resolución 5766 de 29 de agosto de 2017, le negó la solicitud de reconocimiento de práctica jurídica. Interpuso recurso de reposición que fue resuelto de manera desfavorable, a través de la Resolución 6819 de 13 de octubre de la misma anualidad.
Argumentó que sus derechos fundamentales a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio fueron vulnerados, en tanto, a su juicio, la autoridad accionada no debió negar su solicitud con el argumento de que la entidad en la que se realizó la práctica jurídica no cuenta con vigilancia, inspección y control de alguna superintendencia, pues la judicatura se llevó a cabo con el cumplimiento de los requisitos fijados por el legislador.
Pretensión
Como consecuencia de lo anterior, solicitó:
«[…] 1- Que se oficie a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura para que, expida una resolución reconociendo la práctica jurídica realizada por mí en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE.
2- Se compulsen copias a las autoridades competentes, para que se inicien las investigaciones y se apliquen las respectivas sanciones en contra de los funcionarios del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, así como a la entidad al existir mala fe en su actuar. […]»
II. ACTUACIÓN PROCESAL DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto de 3 de noviembre de 2017, la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Camilo Ernesto Ordoñez Pérez contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, y ordenó su notificación como demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
III. INFORME RENDIDO EN EL PROCESO E INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO.
3.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
La directora de la referida entidad rindió informe sobre los supuestos en los que la parte accionante sustenta su reclamo para indicar que no vulneró derecho fundamental alguno, con sustento en los siguientes argumentos:
Después de mencionar los hechos que conforman las pretensiones de la parte actora, manifestó que la ley fijó los requisitos legales que se deben cumplir para el ejercicio de la judicatura de manera clara y precisa, por lo que no hay lugar a dudas en la interpretación de los mismos. En consecuencia, señaló:
«[…] la intención del Legislador fue ampliar el ámbito de alternativas para quienes aspiran obtener el título de Abogado, luego de su formación académica, permitiendo que el requisito de Judicatura para quienes opten por el título de profesionales del Derecho, se pueda cumplir con la prestación de servicios jurídicos a Entidades de Derecho Privado sometidas a inspección, vigilancia y control del Estado a través de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país, bajo el entendido de que la misma razón jurídica que aplicaba para valer el ejercicio de Judicatura de Entidades vigiladas por las Superintendencias Financiera o de Sociedades, resultaba viable para entender que ésta procedería en Entidades sometidas a inspección, vigilancia y control a través de las restantes Superintendencias.
Actualmente la Ley permite que el requisito alternativo de la Judicatura se puede cumplir haciendo un año continuo o discontinuo de práctica o de servicio profesional como Abogado Asesor Jurídico de Entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país, cuando antes solo era posible ante Entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia Financiera o de Sociedades. […]»
IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera, subsección A, mediante la sentencia de 23 de noviembre de 2017, negar el amparo de los derechos invocados, con los siguientes argumentos:
« […] De la anterior certificación, se desprende que, en efecto la Alcaldía Mayor de Bogotá ejerce inspección, sobre el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, así como control y vigilancia en el momento que lo considere necesario.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 1086 de 2006, permite que la práctica jurídica pueda ser realizada en cualquier entidad sometida a la inspección, vigilancia y control de alguna de las Superintendencias establecidas en el país y que el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, no se encuentra sometida a inspección, vigilancia y control por ninguna superintendencia, y teniendo en cuenta que la tutela fue tramitada como mecanismo transitorio, a criterio de esta Sala de Decisión, no puede desconocerse la normatividad aplicable al reconocimiento de la práctica jurídica que se encuentra vigente. […]».
V. LA IMPUGNACIÓN
El señor Camilo Ernesto Ordóñez Pérez impugnó la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiterando los argumentos expuestos en el escrito de contestación de tutela, además de aducir que el juez de primera instancia no analizó por completo los cargos formulados, pues, de un lado no analizó la buena fe con la que actuó al procurar el cumplimiento del requisito de la práctica jurídica para obtener el título de abogado con la convicción de que si el CONTE abrió la convocatoria y suscribió un contrato para desempeñarse como judicante, esto se debe a que previamente verificó los elementos necesarios para poder dar validez al acto jurídico en mención. Adicionalmente, sostuvo que la Corte Constitucional es del criterio según el cual la finalidad de la práctica jurídica es demostrar la idoneidad del estudiante en el ejercicio de la profesión como abogado.
VI. CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo, determinación del problema jurídico, procedencia de la acción de tutela, marco normativo y jurisprudencial aplicable, y caso concreto.
6.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que « […] Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 23 de noviembre de 2017.
6.2. Problema Jurídico
En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para cuestionar el pronunciamiento mediante el que la entidad accionada negó el reconocimiento de la práctica jurídica realizada por el actor?
Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer si: ¿la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura vulneró los derechos fundamentales a la educación y libre escogencia de profesión u oficio del señor Camilo Ernesto Ordóñez Pérez al negar el reconocimiento de la práctica jurídica realizada por el mismo como requisito para obtener el título de abogado en el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas?
6.3. De la procedencia de la acción de tutela.
El artículo 86 de la Carta Política consagró la acción de tutela para reclamar ante los Jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resultaren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública [o incluso de particulares bajo determinados supuestos]. A su turno, según lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, este mecanismo procede: (1) cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo; o, (2) cuando teniéndolo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en cuyo caso surgiría esta acción como mecanismo alterno de protección [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991].
La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010. M.P. Doctor Jorge Iván Palacio Palacio, manifestó que la acción de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:
«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.
De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i) carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como mecanismo transitorio. […]» (Subrayas fuera del texto).
Dentro de este marco normativo es incuestionable que la acción de tutela contra actos administrativos generales (artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591 de 1991) y contra actos administrativos particulares, es, en principio, improcedente, en la medida en que: (i) el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al debido proceso con el objeto de discutir la legalidad de los mismos; y, (ii) porque en muchos eventos la pretensión de restarle validez a los mismos sólo se consigue previo un análisis legal especializado que no es competencia del juez constitucional.
Frente al tópico aquí referido la Corte Constitucional en la Sentencia T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:
«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y concreto, pues para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa “gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca. [...]».
Pese a lo anterior, el juez de tutela, por excepción, puede suspender la aplicación de estos actos administrativos en los siguientes eventos: i) como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue y se pruebe dentro del proceso por la parte accionante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991], o ii) como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no sea eficaz e idónea para la defensa judicial de quien demanda. Al respecto, en la providencia T-244 de 2010, M.P. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, se afirmó:
«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en los cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La primera de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual se presenta cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya protección se invoca, excepción que no emana directamente de la Constitución, pero ha sido introducida por la jurisprudencia de esta Corporación. […]».
Lo anterior se debe, se reitera, a que la acción de tutela como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales, cuando estos han sido violados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, de orden subsidiario y residual, lo cual ha sido en repetidas ocasiones confirmado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El perjuicio irremediable, a su turno, ha sido entendido como aquel que presente las características de: inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente, en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o determinable] relevante para el afectado; e, impostergabilidad, lo que determina que la tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su integridad. Además, el aludido perjuicio debe ser valorado en concreto por el juez atendiendo a las circunstancias en que se encuentre el accionante, a quien, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Sala, le compete la carga de probarlo.
Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser analizado de cara a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto, pues, también le corresponde ser valorado por el juez constitucional de tutela y determina, se reitera, los efectos del fallo de tutela.
Ahora bien, en cuanto al principio de subsidiariedad en materia del reconocimiento de una práctica jurídica como requisito para la obtención del título de abogado, en sentencia T-028 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo:
«[…] No obstante lo anterior, la Corte ha precisado que en los eventos en que se evidencie que (i) la actuación administrativa ha desconocido los derechos fundamentales, en especial los postulados que integran el derecho al debido proceso; y (ii) los mecanismos judiciales ordinarios, llamados a corregir tales yerros, no resultan idóneos en el caso concreto o se está ante la estructuración de la inminencia de un perjuicio irremediable; la acción de tutela es procedente de manera definitiva en el primer caso, o como mecanismo transitorio en el segundo, en aras de contrarrestar los efectos inconstitucionales del acto administrativo.
De esta manera, la Corte ha señalado igualmente que para la comprobación de la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique la procedencia de la acción de tutela, se deben observar criterios como (i) la edad de la persona, por ser sujeto de especial protección en el caso de las personas de la tercera edad; (ii) el estado de salud del solicitante y su familia; y (iii) las condiciones económicas del peticionario del amparo. En estos eventos, debe mencionarse que la Corte ha exigido que se haya desplegado cierta actividad procesal administrativa mínima por parte del interesado.
3.6 Finalmente, en cuanto a la procedencia de la acción de tutela de forma definitiva en relación con actos administrativos, la Corte ha señalado que deben atenderse las circunstancias especiales de cada caso concreto. En estos eventos específicos, ha indicado que pese a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial como el medio de control de la nulidad y restablecimiento del derecho, se deben analizar las condiciones de eficacia material y las circunstancias especiales de quien invoca el amparo, que pueden hacer viable la protección de los derechos del afectado a través de la acción de tutela de forma definitiva. […]».
En vista de lo anterior, esta Sala de decisión debe precisar que la acción de tutela es procedente, en la medida en que aun cuando, en principio, la misma no puede ser utilizada para cuestionar un acto administrativo de carácter particular, no se puede omitir que en el evento de supeditar al accionante a acudir a los medios ordinarios de defensa, estos no resultarían idóneos y eficaces para la protección de sus derechos por el tiempo que su trámite tomaría para dirimir la controversia planteada, carga que resulta desproporcionada, frente a su aspiración de recibir el título de abogado, para lo cual solo le hace falta acreditar el requisito de práctica hoy objeto del debate.
6.4. Del marco normativo y Jurisprudencial aplicable.
Del derecho a la educación. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política la educación goza de una doble calidad, por un lado, es un derecho y, por el otro, un servicio público que cumple una función social. También debe resaltarse que, en términos generales, esta prerrogativa tiene algunas facetas prestacionales y, en dicha medida, su alcance debe ser analizado teniendo en cuenta la existencia de recursos escasos, sin olvidar, por supuesto, la fundamentalidad del derecho, los compromisos internacionales asumidos por el país y el principio de progresividad.
Dentro de este marco el derecho a la educación no sólo garantiza el desarrollo integral del ser humano en sí mismo considerado y como motor de la sociedad, capaz de conocer y transformar su propia realidad en aras de un interés comunitario, sino que es presupuesto de la realización de otros derechos como la igualdad, en la medida en que sólo el acceso a la ciencia y a la cultura permite la construcción de un escenario en el que sea viable la igualdad de oportunidades; la dignidad humana, en razón a que ella se predica de seres satisfechos con la comprensión de su entorno y con la posibilidad de ser partícipes de la construcción de su vida; el libre desarrollo de la personalidad y de muchos más; y de principios y valores fundantes de nuestro ordenamiento jurídico, como el de la democracia, el pluralismo y la tolerancia, pues solo con la capacitación de todos los ciudadanos se logra la edificación de una sociedad consiente y capaz de identificar y propender por el cumplimiento de los intereses de la misma.
El alcance y la trascendencia del derecho en estudio, frente a la consolidación del Estado Social de Derecho, explica el por qué el Estado, la Sociedad y la Familia están llamados a concurrir en la educación de su población; estando a cargo del primero la inspección y vigilancia del servicio con el objeto de garantizar la calidad, el cubrimiento, el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
Ahora bien, atendiendo a la naturaleza del derecho – servicio público a la educación y a lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución Política, jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha desarrollado las siguientes cuatro dimensiones del mismo: la asequibilidad o disponibilidad del servicio; la accesibilidad; la adaptabilidad y la aceptabilidad. Al respecto, en la Sentencia T-775 de 1º de agosto de 2008, se estableció que:
«[…] De igual forma, la Corte ha señalado que el derecho a la educación es un derecho y un servicio el cual “comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que puede resumirse en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo, abstenerse de impedir a los particulares fundar instituciones educativas e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el acceso de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse” […]».
Reconocimiento de la judicatura como requisito para acceder al título de abogado.
Tanto el Legislador como las instituciones de educación superior condicionaron el acceso al título de abogado y el ejercicio de la abogacía al cumplimiento de requisitos especiales de grado, entre los cuales está la práctica de judicatura que se realiza como alternativa de la tesis de grado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la validez constitucional de la práctica jurídica radica en la existencia de una relación inescindible entre el desempeño idóneo del abogado y la posibilidad de acceder a prácticas jurídicas que sirvan de escenario para la aplicación de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas que integran el pensum correspondiente, a través del ejercicio de cargos o actividades que impliquen el desarrollo de tareas propias de la disciplina del Derecho.
De igual manera, el máximo tribunal constitucional mediante la sentencia T-932 de 2013 expuso que el ordenamiento jurídico prevé varias alternativas para realizar la práctica jurídica, ya sea de forma remunerada por el término de un año o ad-honorem por nueve meses.
En cuanto a la primera de las mencionadas, estableció que se puede realizar por el término de un año continuo o discontinuo, el artículo 23 del Decreto 3200 de 1979 estipuló los siguientes:
Juez, Fiscal, Notario o Registrador de Instrumentos, en interinidad.
Relator del Consejo superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia o del consejo de Estado.
Auxiliar de Magistrado o de Fiscal.
Secretario de Juzgado, de Fiscalía y de Procuraduría Delegada o de Distrito.
Oficial Mayor de despacho Judicial, de Fiscalía, de Procuraduría Delegada, de Distrito o Circuito y auditor de Guerra.
Comisario o Inspector de Policía o de Trabajo; Personero titular o delegado, Defensor o Procurador de menores.
Empleado oficial con funciones jurídicas en entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal.
Abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país (literal modificado por el artículo 3º HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1086_2006.htm" \l "3" de la Ley 1086 de 2006).
Monitor de consultorio jurídico debidamente nombrado para jornada completa de trabajo, con el carácter de asistente docente del Director del Consultorio en la realización de las prácticas del Plan de Estudios.
De igual manera, los estudiantes de derecho pueden ejercer la profesión durante dos años con buena reputación moral y buen crédito, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 31 del Decreto 196 de 1971.
Ahora, para la realización de la judicatura ad honorem se encuentran las siguientes entidades:
Auxiliar judicial en organismos de la Rama Judicial, las Fiscalías Delegadas y la justicia penal militar (Decreto 1862 de 1989).
Auxiliar del Defensor de Familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (artículos 55 y siguientes de la Ley 23 de 1991).
Defensor público de la Defensoría del Pueblo (artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992).
Auxiliar jurídico ad-honorem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República (Ley 878 de 2004).
Auxiliar ad-honorem en las ligas y asociaciones de consumidores y usuarios. (Ley 1086 de 2006).
Asistente jurídico del Director de Centros de Reclusión (artículo 11 del Decreto 2636 de 2004).
Auxiliar jurídico en la Rama Ejecutiva. (Ley 1322 de 2009).
Labores jurídico administrativas en la Defensoría Pública y Defensorías del Pueblo Regionales y Seccionales (Ley 941 de 2005).
Defensoría Técnica en la Fuerza Pública. (Ley 1224 de 2008).
En las casas de justicia como delegados de la entidades que se encuentren presentes (7 meses) y en los Centros de Conciliación. (Ley 1395 de 2010).
En vista de lo anterior, se deduce que la judicatura es un requisito de grado especial, exigido a los estudiantes de derecho, cuya finalidad consiste en la aplicación de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas que integran el pensum académico, así como adquirir experiencia laboral y conocimientos jurídicos que serán de ayuda al ejercicio de la profesión.
Asimismo, se concluye que la práctica jurídica puede realizarse de forma remunerada o ad honorem, ya que con ella se cumple una labor social inherente a la profesión de abogado que armoniza con el principio de solidaridad y con los deberes de colaboración que se predican de la persona y del ciudadano en torno al buen funcionamiento del Estado en general y de la administración de justicia en particular, tal como la Corte Constitucional lo definió en la sentencia C-621 de 2004.
Así pues, en consonancia con la normativa que regula el tema, la Corte Constitucional ha establecido un criterio en materia de exigibilidad de la práctica jurídica de la judicatura como requisito para acceder al título de abogado, el cual busca dar prevalencia a los derechos de aquel que aspira al título de abogado después de realizar una labor social cumpliendo los supuestos fijados legalmente para ello, de tal manera en sentencia T-028 de 2016, efectuó una síntesis de los mismos de la siguiente manera:
«[…] 4.1. El análisis del problema de la exigibilidad de la práctica de la judicatura como un requisito para acceder al grado profesional de abogado ya ha sido analizado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Así por ejemplo, en la sentencia T-494 de 2004 este Tribunal revisó un caso en el que la Unidad de Registro de Abogados le negó el reconocimiento de una práctica jurídica a un joven estudiante de derecho porque a pesar de haber realizado dicha actividad en el Tribunal Administrativo del Cauca, en la Defensoría del Pueblo, y como abogado litigante mediante licencia temporal, la Universidad a la que pertenecía –Libre Seccional Popayán– no tenía registro Icfes.
En la decisión, la Sala Quinta de Revisión señaló que la educación es un derecho fundamental, y que la negativa de la Unidad de Registro del Consejo Superior de la Judicatura a reconocer la práctica jurídica, que es requisito para otorgar el título de abogado, vulneraba dicho derecho fundamental cuando el solicitante cumplía con todos los requisitos para acceder al título. De esta manera, la omisión de la institución educativa de mantener un registro de calificación de la carrera no podía ser imputable al estudiante, ni una excusa u obstáculo para reconocer y certificar la práctica a quienes han satisfecho las condiciones de grado que estaban vigentes al momento de la finalización de sus estudios.
En el caso, se evidencio, adicionalmente, que el demandante había adelantado y cumplido un proceso mediante el cual se sometió a una prueba de idoneidad para convalidar sus estudios, según los parámetros señalados por el Icfes. Por tal razón, no tenía ningún asidero que la Unidad de Registro negara el reconocimiento de las prácticas cuandoquiera que el accionante ya había convalidado el requisito que se alegaba como incumplido por una omisión que no le era imputable. Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Quinta revocó las decisiones de instancia y ordenó la expedición del acto administrativo para el reconocimiento de la práctica jurídica realizada por el accionante.
4.2 En una nueva decisión, la Sala Octava de Revisión en la sentencia T-892A de 2006 se encargó de revisar una acción de tutela en la que se debía analizar si era posible negar el reconocimiento de una práctica de judicatura argumentando que la resolución de nombramiento se había apoyado en una norma derogada –ley 552 de 1999– o si el legislador mantenía la opción de grado en el ordenamiento jurídico.
En el asunto, la Corte señaló que los estudiantes de derecho cuentan con la opción de realizar una monografía o adelantar la llamada judicatura, y que con ello se garantiza que aquellos que escojan la segunda alternativa sean quienes tengan vocación definida de servicio a la comunidad a través del ejercicio del derecho. Al analizar la vigencia de las normas pertinentes, encontró que la judicatura como requisito de grado siempre había estado vigente con base en lo dispuesto en el artículo 151 de la ley 446 de 1998, el cual preveía las actividades que pueden desarrollarse para la práctica laboral como requisito de grado, mientras que el art. 2 de la Ley 552 de 1990 –la norma que se alegaba derogada– establecía simplemente los requisitos para obtener el grado de abogado, dentro de los cuales se incluyó la judicatura. Así mismo, señaló que el listado de los cargos en los que se podía ejercer la judicatura estaba previsto desde el Decreto 3200 de 1979.
Adicionalmente, la Sala Octava indicó que la práctica de la judicatura ha sido entendida como el ejercicio de un cargo en el cual se desempeñan funciones jurídicas, para efectos de acreditar los requisitos de grado de los abogados, y que, con base en los principios de buena fe y confianza legítima, debe ser reconocida a favor del solicitante que cumpla con todos los requisitos académicos que su universidad le exija. En dichos casos el Estado debe responder con el aval correspondiente y no puede sorprender con una decisión que trunca sus expectativas legítimas para graduarse.
Finalmente, concluyó que ninguna de las razones esgrimidas por la entidad accionada excusaba la negativa para certificar o reconocer el mencionado tiempo de servicios a quien había cumplido un año de judicatura en un cargo destinado para ello.
4.3 Posteriormente, en una decisión de gran relevancia para el presente proceso, la Sala Primera de Revisión, a través de la sentencia T-932 de 2012, tuvo la oportunidad de estudiar dos casos en los que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia negó el reconocimiento de las prácticas jurídicas de dos accionantes quienes habían realizado sus prácticas de judicatura en las Personerías Municipales de Valledupar y La Ceja del Tambo. En el caso, la Unidad de Registro alegaba que las personerías no hacían parte de las entidades autorizadas por la ley para realizar dicha práctica.
En su análisis, la Corte reiteró que la educación es un derecho fundamental, dentro del cual el recibir un título hace parte de sus contenidos protegidos. Además, precisó que ese derecho sólo es exigible si el estudiante acredita el cumplimiento de todos los requisitos académicos para su obtención, dado el carácter de derecho y deber que ostenta la educación.
Específicamente, en el caso de los requisitos para acceder al título de abogado, señaló que tanto el Legislador como las instituciones de educación superior han decidido condicionar el acceso al título y el ulterior ejercicio de la abogacía al cumplimiento de requisitos especiales de grado, asociados a la prestación de (i) un servicio social mediante la consulta jurídica orientada a la población más vulnerable (consultorio jurídico), (ii) el desarrollo de prácticas jurídicas en determinadas instituciones públicas (judicatura), y (iii) la presentación de exámenes con pretensión de evaluar integralmente los conocimientos adquiridos en la carrera (exámenes preparatorios).
En relación con el tema de la Judicatura, señaló que la validez constitucional de la práctica jurídica radica en la “existencia de una relación inescindible entre el desempeño idóneo del abogado y la posibilidad de acceder a prácticas jurídicas que sirvan de escenario para la aplicación de los conocimientos adquiridos en las distintas asignaturas que integran el pensum correspondiente, a través del ejercicio de cargos o actividades que impliquen el desarrollo de tareas propias de la disciplina del Derecho”.
Adicionalmente, la Sala Primera explicó que “el ordenamiento jurídico prevé varias alternativas para realizar la práctica jurídica, ya sea de forma remunerada o ad-honorem”. Así por ejemplo, el artículo 23 del Decreto 3200 de 1979 establece los cargos para realizar la práctica remunerada en distintas instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como monitor de los consultorios jurídicos de las universidades. A su turno, el artículo 31 del Decreto 196 de 1971 autoriza el litigio de los estudiantes de derecho durante dos años para acreditar la práctica jurídica.
4.4 En síntesis, la jurisprudencia constitucional relativa a la exigibilidad de la práctica jurídica como requisito para acceder al título profesional de abogado, ha señalado que la judicatura es un requisito de grado especial, exigido a los estudiantes de derecho, en atención al riesgo social que indudablemente se halla ligado al ejercicio de esta profesión, y que parte de considerar su innegable incidencia en la satisfacción de la solidaridad social y en la eficacia de los derechos constitucionales.
Adicionalmente, ha indicado que la Judicatura permite al estudiante adquirir experiencia laboral, además de conocimientos jurídicos que lo ayudarán en el posterior ejercicio de su profesión, y dicha práctica jurídica puede realizarse de forma remunerada, o en calidad de ad-honorem pues con ella se cumple una labor social inherente a la profesión de abogado, que se armoniza con el principio de solidaridad que establece la Constitución Política, y con los deberes de colaboración que se predican de la persona y del ciudadano en torno al buen funcionamiento del Estado en general, y de la administración de justicia en particular. […]».
6.5. Del caso concreto.
Con el fin de resolver el motivo de inconformidad de la parte actora se observa que al caso sub examine fueron aportados distintos medios probatorios al expediente de los cuales se puede establecer que:
• Conforme al certificado expedido el 3 de febrero de 2017 por la Universidad del Rosario, el señor Camilo Ernesto Ordóñez Pérez cursó y aprobó todos los créditos correspondientes al plan de estudios del programa de jurisprudencia, durante el periodo comprendido del año 2011 a 2015, quedando al día el 20 de noviembre de 2015.
• Camilo Ernesto Ordóñez Pérez suscribió contrato con el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE el 1° de febrero de 2016 para desempeñar el cargo de “auxiliar judicial”.
• Las funciones desempeñadas fueron: Elaboración de reparto de quejas disciplinarias, auto de apertura de investigación ético disciplinaria, decreto de pruebas, notificación de resoluciones de cargos, proyección de actos administrativos, entre otras, decuerdo a la certificación del presiente del CONTE.
• Conforme a la certificación expedida por la directora distrital de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas sin ánimo de lucro, el Consejo Nacional de Electricistas se encuentra registrado en el sistema de información de personas jurídicas – SIPEJ, por lo cual está al control que ejerce la Alcaldía Mayor de Bogotá.
• A través de la Resolución 5766 de 29 de agosto de 2017, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia le negó el reconocimiento de la práctica jurídica para optar por el título de abogado a Camilo Ernesto Ordóñez Pérez contra la cual interpuso el recurso de reposición que fue resuelto de manera desfavorable, mediante la Resolución 6819 de 13 de octubre de la misma anualidad.
Teniendo en cuenta la jurisprudencia aplicable y los supuestos debidamente acreditados a través de los medios probatorios allegados, es oportuno referir que en asuntos como el sub lite debe tenerse en cuenta que la judicatura es un requisito especial exigido a los estudiantes de derecho, debido al riesgo social que se encuentra implícito en esta profesión, la cual le permitirá adquirir experiencia y conocimientos para el posterior ejercicio de su oficio para de esta manera cumplir una labor social conforme al principio de solidaridad lo cual debe primar al momento de evaluar el cumplimiento de tal requisito.
Es así que, el contrato de prestación de servicios como práctica profesional suscrito entre el accionante y el CONTE pareciera no ser suficiente para acreditar el requisito exigido para la obtención del título de abogado, pues aquel, aparentemente, no fue suscrito con una entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las superintendencias establecidas en el país como lo exige la norma.
Esto en el entendido de que, aun cuando el criterio de la Corte Constitucional en este tipo de asuntos está encaminado a la primacía de la razonabilidad y fines prácticos de los pronunciamientos de las autoridades en este tipo de asuntos, no se puede omitir que tal posición ha sido aplicada en asuntos en los que la misma entidad educativa genera en el alumno la convicción de que la práctica realizada se encuentra conforme a los lineamientos señalados legalmente, lo cual no ocurre en la situación particular de Camilo Ernesto Ordóñez Pérez.
En este orden de ideas, está claro que la modalidad de judicatura que debía acreditar el tutelante es la remunerada con un término de duración de 12 meses, en la medida en que el cargo que desempeñó en el CONTE se adecuaba a aquellos mencionados en artículo 23 del Decreto 3200 de 1979. Además de que el accionante acreditó realizar su práctica jurídica en el CONTE desde el 1° de febrero de 2016 al 1° de febrero de 2017, es decir, 12 meses, laborando mediante contrato laboral a término fijo como auxiliar jurídico de la misma entidad con una remuneración de $1’069.690.000 pesos durante su vigencia.
No obstante, no se puede omitir que, aun cuando las funciones desempeñadas durante la vinculación con el CONTE eran innegablemente jurídicas y acordes a la profesión de abogado, no es posible omitir que aquellas no de realizaron en instituciones de la Rama Judicial, Ejecutiva, del sector privado sometidas a la inspección y vigilancia de las Superintendencias, o como monitor de los consultorios jurídicos de las universidades, requisito fijado por el Legislador, cuyo incumplimiento impide un pronunciamiento favorable por parte del juez de tutela, máxime cuando no se observa una interpretación contraria a la Constitución Política como norma de normas.
Corolario de lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Camilo Ernesto Ordóñez Pérez contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
VII. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 23 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados dentro de la acción de tutela interpuesta por el señor Camilo Ernesto Ordóñez Pérez contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, conforme a las precisas razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 22 de enero de 2018, obrante a folio 213. Folios 1 a 11. Mediante requerimiento 602. Visible a folio 54 del cuaderno principal. Folios 61 a 67 vto. Folios 70 a 74 vto. Folio 78 y 79. Sentencias Corte Constitucional: T- 1277 de 2005, T-771 de 2004, T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999 y T-007 de 1992. Corte Constitucional, Sentencias T- 771 de 2004 y T-600 de 2002. Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”. Sentencia T-932 de 2012 M.P. María Victoria Calle Correa. Consultar, adicionalmente, las sentencias T-387 de 2009 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y T-076 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Al respecto consultar las sentencias T-229 de 2006 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-935 de 2006 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-376 de 2007 M.P. Jaime Araujo Rentería, T-529 de 2007 Álvaro Tafur Galvis, T-607 de 2007 M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-652 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-762 de 2008 M.P. Jaime Araujo Rentería y T-881 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. T-881 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-392 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-048 de 2009 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Para profundizar en este tema, remítase al numeral 6.5.5 de los fundamentos de este fallo. Fundamentalidad que no se ve disminuida por el hecho de que la educación tenga facetas prestacionales. Al respecto, principalmente, ver el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (artículos 13 y 14). Artículo 1º de la Constitución Política. Sentencia T-787 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
“por la cual se deroga el Título I de la Parte Quinta de la Ley 446 de 1998”. Sentencia C-749 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, reiterado en la sentencia T-932 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
“Por el cual se dictan normas sobre la enseñanza del Derecho”.
“Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía”. Con ponencia del doctor Jaime Araujo Rentería. M.P. Rodrigo Escobar Gil. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-1053 de 2001
Gaceta del Congreso 329, 24 de septiembre de 1999, páginas 10 y 11. En la sentencia T-932 de 2012 se explicaron las principales características del derecho a la educación: “(i) es objeto de protección especial del Estado, por lo que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para obtener la protección del mismo; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho; (iv) su núcleo esencial está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación; (v) se trata de un derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre todos los actores del proceso educativo”. En igual sentido se pueden consultar las sentencias T-974 de 1999 y T-925 de 2002 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-041 de 2009 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-465 de 2010 (M.P.
Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras. En la sentencia T-237 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se dijo: “Es del núcleo esencial de este derecho el que se le otorguen los títulos al estudiante que conforme a los reglamentos del centro docente adelante su labor educativa, y no pueden servir para desconocer la obligatoriedad de la expedición de ese título, conductas de los directivos, que desconozcan los propios reglamentos de la institución, o contradictorias en sus interpretaciones, o vagas y dilatorias o reflejos de conflictos entre directivos o docentes”. Sentencia C-749 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), reiterado en la sentencia T-932 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa). Así, dentro de las múltiples posibilidades, en la sentencia T-932 de 2012 se nombraron las siguientes: “existen diversas disposiciones que permiten ejercer la práctica jurídica sin remuneración alguna, esto es, ad-honorem, como son (i) auxiliar judicial en organismos de la Rama Judicial, las Fiscalías Delegadas y la justicia penal militar, según lo regula el Decreto 1862 de 1989; (ii) auxiliar del Defensor de Familia, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conforme lo dispuesto en los artículos 55 y siguientes de la Ley 23 de 1991; (iii) defensor público de la Defensoría del Pueblo, práctica regulada en los artículos 21 y 22 de la Ley 24 de 1992; (iv) auxiliar jurídico ad-honorem en la Procuraduría General de la Nación y en el Congreso de la República, cargos autorizados por la Ley 878 de 2004; (v) auxiliar ad-honorem en las ligas y asociaciones de consumidores y usuarios; al igual que como abogado o asesor jurídico de entidad sometida a inspección, vigilancia y control de cualquiera de las Superintendencias establecidas en el país, según lo regula la Ley 1086 de 2006; (vi) asistente jurídico del Director de Centros de Reclusión, de acuerdo al artículo 11 del Decreto 2636 de 2004; y (vii) auxiliar ad-honorem para desarrollar labores jurídico administrativas en la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Pública y en las Defensorías del Pueblo Regionales y Seccionales, según lo establece la Ley 941 de 2005.”
Sentencia T-932 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa). Sentencia C-621 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería). Folio 104. Folios 108 a 112. Folio 105. Tl como hace constar el presidente del CONTE en la certificación obrante a folios 105 y 106.
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