Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02359-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02359-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-02359-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
2 de agosto de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Demandantes: LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – HECHO DEL
LEGISLADOR – PRINCIPIO DE CONFIANZA
LEGÍTIMA
Síntesis del caso: mediante Acto Legislativo 02 de 2015 se creó el Consejo de Gobierno
Judicial y por Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015 la señora Laura Emilse Marulanda
Tobón fue elegida como uno de sus miembros permanentes para un periodo de dos años , sin
embargo, i) mediante providencia del 15 de diciembre de 2015 la Sección Quinta del Consejo
de Estado suspendió de manera provisional el acto de nombramiento, ii) la Corte
Constitucional en sentencia C-285 de 2016 declaró inexequibles varios artículos del Acto
Legislativo 02 de 2015 y, iii) la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia del 13 de
octubre de 2016 declaró la nulidad del Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015. La
demandante estima que se le debe indemnizar por cuanto se defraudó el principio de
confianza legítima, pues, para ser posesionada como miembro permanente del Consejo de
Gobierno Judicial debió renunciar a otro cargo y asumir varios gastos económicos. La Sala
revoca la decisión de primera instancia que declaró la responsabilidad de la Nación –
Congreso de la República y, en su lugar, niega las pretensiones de la demanda.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora1 y la Nación
– Rama Legislativa2 en contra de la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca3
que dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR al CONGRESO DE LA REPÚBLICA4,
administrativa y patrimonialmente responsable, por los daños que sufrió la
señora LAURA EMILCE MARULANDA TOBÓN de conformidad con lo
expuesto en esta providencia.
1 Documento “048_RECIBEMEMORIALES_RECURSODEAPELACION” índice 98 SAMAI de la primera
instancia.
2 Documento “46_RECIBEMEMORIALES _RE CURSODEAPELACION” índice 96 SAMAI de la primera
instancia.
3 Documento “43_SENTENCIA_SENTENCIA” índice 91 SAMAI de la primera instancia.
4 Es especialmente relevante anotar que si bien la parte demandante y el tribunal de primera instancia
consideraron que una de las demandadas es la “Nación – Congreso de la República”, por disposición
del artículo 159 del CPACA, en realidad corresponde a la Nación – Rama Legislativa, razón por la cual
en esta providencia se hará mención a esta última.
2
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
SEGUNDO: CONDENAR al CONGRESO DE LA REPÚBLICA, a pagar, por
concepto de perjuicios morales, en favor de los accionantes los siguientes
montos:
Nombre Calidad con Condena
que concurre en
al proceso SMLMV
LAURA EMILSE MARULANDA Víctima 30 smlmv
TOBÓN
SEBASTIÁN GÓMEZ MARULANDA Hijo 15 smlmv
DANIEL GÓMEZ MARULANDA Hijo 15 smlmv
TERCERO: CONDENAR al CONGRESO DE LA REPÚBLICA a pagar a la
señora LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de SEISCIENTOS
VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA MIL PESOS ($629.090.000) Mcte.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: La sentencia deberá cumplirse en los términos y condiciones
señalados en los artículos 192 y 195 del CPACA.” (fls. 48 s 49 del PDF
documento “43_SENTENCIA_SENTENCIA” índice 91 SAMAI de la primera
instancia – negrillas, mayúsculas fijas y subrayado del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 14 de diciembre de 2017 (fl. 2 cdno. ppal.) y corregido
el 24 de septiembre de 2018 5 (fl. 35 cdno. ppal.), los señores Laura Emilse Marulanda
Tobón, Sebastián Gómez Marulanda y Daniel Gómez Marulanda, por intermedio de
apoderado judicial promovieron demanda de reparación directa en ejercicio del medio
de control jurisdiccional de reparación directa consagrado en el artículo 140 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA
en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE), la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación – Ministerio del
Interior, la Nación – Rama Legislativa y la Nación – Rama Judicial con las siguientes
súplicas:
“ 3.1. Que se declare que la señora LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN
(VÍCTIMA DIRECTA) fue víctima de los actos del legislador y de las
acciones y omisiones atribuibles a todas y cada una de las demandadas de
5 Se pone de presente que la corrección de la demanda se hizo para precisar hechos y f undamentos
de derecho, así como también para aportar los registros civiles de nacimiento de los demandantes, en
ninguna parte de la acción se agregaron actores o demandadas (f ls. 35 a 48 cdno. ppal.).
3
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
manera conjunta y/o solidaria en razón de que la misma quedó desempleada
(...) se segó el derecho al trabajo y se causó daños de orden material e
inmaterial. Es por ello que el daño causado a los demandantes es atribuible
a LA NACIÓN - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO; LA NACIÓN
• MINISTERIO DEL INTERIOR; LA NACIÓN - CONGRESO DE LA
REPÚBLICA; LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA;
Y LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL.
3.2 Que se declare que las demandadas son administrativamente
responsables de manera conjunta solidaria o individual a quien se hallare
responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes
a consecuencia del daño ocasionado al dejarle sin empleo a la demandante
víctima directa, en hechos acaecidos entre el día 09 de noviembre de 2015
y el 12 de enero de 2016 por el desplegar a título de acción y de omisión de
cada una de las demandadas, a consecuencia de actos del legislador.
3.3 Que se declare que las demandadas son administrativamente
responsables de todos los daños y perjuicios ocasionados a LAURA
EMILSE MARULANDA TOBÓN (VÍCTIMA DIRECTA) como consecuencia
de los daños atribuibles a éstas que le afectaron su empleo y generaron para
la misma un costo de oportunidad que al día de hoy no se ha podido superar
(…).
3.4 Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a
las demandadas a pagar a los demandados, el equivalente en pesos
colombianos de las siguientes cantidades de dinero por los perjuicios y
daños ocasionados:
3.4.1 PERJUICIOS MORALES (…) Cien (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN (VÍCTIMA
DIRECTA) (…) Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para cada uno de los demandantes SEBASTIÁN GÓMEZ MARULANDA y
DANIEL GÓMEZ MARULANDA (…).
3.4.2 DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN (…) Cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para LAURA EMILSE MARULANDA TOBÓN
(VÍCTIMA DIRECTA) (…) Cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes para cada uno de los demandantes SEBASTIÁN
GÓMEZ MARULANDA y DANIEL GÓMEZ MARULANDA (…).
3.4.3. LUCRO CESANTE. Por lucro cesante futuro comprendido entre el
01 de enero de 2016 hasta el 11 de diciembre de 2017, en razón de un
salario mensual de veintiséis millones de pesos ($26.961.000) con un valor
de salario día de $898.700. así las cosas, se tiene que el valor por los diez
primeros días del mes de enero de 2016 al valor del salario día que asciende
a la suma de $8.987.000; suma ésta a la que se le agrega el valor del salario
mensual por veintitrés (23) meses que corresponden al periodo fijo para un
guarismo de $620.103.000, más los $8.987.000, para un valor total por lucro
cesante futuro por valor de $629.090.000; sumando a ello las
prestaciones sociales durante el tiempo correspondiente al 11 de
diciembre de 2015 y el 11 de diciembre de 2017, debidamente
indexados estos factores (…).
3.4.4. DAÑO EMERGENTE. Condénese a las demandadas a pagar a los
demandantes por daño emergente en las sumas de:
CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) equivalentes a los vuelos a la
ciudad de Bogotá para efectos de desarrollar la actividad laboral.
4
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) equivalentes al valor de los
cánones de arrendamientos pagados en razón y con ocasión de los hechos
narrados (…).
3.5 Condénese a las demandadas dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, e imputar primero cualquier pago o abono
que realice la demandada a los intereses.
3.6 Que se condene a pagar las sumas antes dichas, indexadas al valor
actual de la moneda nacional al momento de hacerse efectivo el pago, de
acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la inflación
certificada por el DANE.
3.7 Que se condene a las demandadas al pago de costas, costos y agencias
en derecho, sí a ello hubiere lugar”. (fls. 5 a 10 cdno. ppal. – negrillas,
mayúsculas fijas y subrayado del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 1° de julio de 2015, en el Diario Oficial se publicó el Acto Legislativo 02 de 2015
“por medio del cual se adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste
institucional” (fl. 10 cdno. ppal.), se reemplazó el artículo 254 de la Constitución
Política de 1991 y se sustituyó el Consejo Superior de la Judicatura por el Consejo de
Gobierno Judicial, entre los integrantes de dicho consejo debía haber tres (3)
miembros permanentes de dedicación exclusiva.
2) Mediante Acuerdo no. 009 del 9 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno
Judicial eligió a la señora Laura Emilse Marulanda Tobón como miembro permanente
del mismo para un periodo de dos (2) años.
3) El 10 de noviembre de 2015, con el fin de tomar posesión como miembro de
dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial, la aquí demandante presentó
renuncia -con efectos a partir del 11 de diciembre de 2015- al cargo de Fiscal
Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Medellín
(Antioquia), el cual ejercía de manera provisional desde el 4 de agosto de 2015.
4) El 11 de diciembre de 2015, la señora Laura Emilse Marulanda Tobón se posesionó
como miembro permanente del Consejo de Gobierno Judicial.
5
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
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5) El 15 de diciembre de 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso
de demanda de nulidad electoral no. 2015-004800 decretó la suspensión provisional
del Acuerdo no. 009 del 9 de noviembre de 2015 por el cual la señora Laura Marulanda
fue elegida miembro del Consejo de Gobierno Judicial, decisión que fue notificada a
la aquí actora de manera personal el 12 de enero de 2016.
6) El 1° de junio de 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante sentencia
C-285 declaró inexequibles varios artículos del Acto Legislativo 02 de 2015, mientras
que el 13 de octubre de 2016 la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
nulidad del Acuerdo no. 009 del 9 de noviembre de 2015 expedido por el Consejo de
Gobierno Judicial por medio del cual la señora Laura Emilse Marulanda Tobón fue
elegida como uno de sus integrantes.
7) La señora Laura Emilse Marulanda Tobón es madre soltera y debido a la actuación
de las demandadas perdió la fuente de sus ingresos económicos y de la cual también
dependían sus hijos por encontrarse cursando estudios universitarios; la parte pasiva
de la litis debe responder patrimonial y extracontractualmente por los perjuicios
morales y materiales causados, la actora debió desplazarse a la ciudad de Bogotá e
incurrió en gastos de arrendamiento y pasajes de viajes aéreos, asimismo, vio
defraudada la confianza legítima de tener unos mayores ingresos durante un período
fijo y renunció al cargo que ejercía en la fiscalía para luego quedar desempleada en
virtud de la actuación de las entidades ahora demandadas.
8) De manera particular, i) la Nación – Rama Legislativa debe responder porque se
configuró el hecho del legislador, ya que la autoridad impuso una mayor carga a la
demandante y “no previó los yerros de su actuar en la creación de la norma y llevó a
que se le causara un daño a la demandante entre tanto la misma renunció a su puesto
para desempeñar el empleo y luego la Corte Constitucional declaró inexequible la
normativa” (fl. 41 cdno. ppal.), ii) la Nación – Rama Judicial es responsable “en la
medida en que a través de ella se posesiona la demandante en el cargo y luego sale
del servicio perteneciendo a la misma” (fl. 41 a 42 cdno. ppal.) y, iii) de encontrarse
que no se configuró la falla en el servicio, en todo caso las demandadas deben
responder por daño especial (fls. 10 a 16 y 35 a 42 cdno. ppal.).
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Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
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3. Contestación de las entidades demandadas
1) Por auto del 31 de mayo de mayo de 2019, la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó la
notificación personal de los representantes legales de las entidades demandadas (fls.
53 a 54 cdno. ppal.).
2) Mediante proveído del 19 de abril de 2021 6, el a quo declaró probadas las
excepciones de falta de legitimación material en la causa por pasiva de la Nación –
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación – Ministerio del Interior y el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de modo que el
proceso de la referencia continuó solo respecto de la Nación – Rama Legislativa y la
Nación – Rama Judicial 7.
3) A través de escrito radicado el 27 de septiembre de 2019, la Nación – Rama Judicial
se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que lo alegado por la parte
demandante consiste en que i) la Corte Constitucional se equivocó en la expedición
de la sentencia C-285 de 2016 por la cual se declararon inexequibles varios artículos
del Acto Legislativo no. 02 del 1° de julio de 2016, sin embargo, no existió ningún error
judicial en dicha providencia, la Constitución Política puede ser reformada de manera
excepcional por el legislador siempre y cuando las modificaciones no la sustituyan, en
ese sentido, el alto tribunal declaró inconstitucionales los artículos demandados por
encontrar vicios en la formación del acto legislativo, así como también haberse
acreditado que hubo una sustitución parcial de la norma superior y, ii) supuestamente,
se defraudó la confianza legítima, pues, la señora Emilse Marulanda Tobón fue
elegida miembro permanente con dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno
Judicial y luego fue anulada su elección en sentencia del 13 de octubre de 2016
dictada en el proceso de nulidad electoral no. 2015-0048, empero, no es dable
reclamar la existencia de un derecho adquirido a partir de un acto administrativo que
fue declarado nulo.
6 Documento “4AUTOQUERESUELVE” índice 37 SAMAI de la primera instancia.
7 Por lo anterior, no se realizará ningún pronunciamiento respecto de las entidades que f ueron excluidas
en el auto del 19 de abril de 2021, el cual se encuentra en f irme y contra el que no se interpuso recurso
alguno, lo cual indica que la parte actora aceptó y está conf orme con dicha decisión.
7
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
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Apelación sentencia
Propuso como excepciones i) “ausencia de causa petendi”, por cuanto el daño
alegado por la actora no reviste la característica de antijurídico, ii) “culpa exclusiva de
la víctima”, porque la propia demandante se expuso al riesgo por asumir el cargo de
miembro permanente con dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial
cuando tenía conocimiento de que se encontraban en curso dos acciones judiciales,
que, a la postre, culminaron con sentencias que anularon la elección de la aquí actora,
así como también se declaró la inexequibilidad de varios artículos del Acto Legislativo
no. 02 de 2015 y, iii) “hecho de un tercero”, toda vez fue el Congreso de la República
quien reformó la Carta Política mediante un acto legislativo cuyos artículos fueron
retirados del ordenamiento jurídico (fls. 98 a 118 cdno. ppal.).
4) La Nación – Rama Legislativa contestó de manera extemporánea, de modo que su
escrito no es tenido en cuenta 8.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C en
providencia del 23 de marzo de 2023 declaró la responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación – Rama Legislativa y la condenó a pagar perjuicios
morales y materiales por concepto de lucro cesante en los montos transcritos al inicio
de esta providencia, con sustento en los siguientes argumentos:
1) La señora Emilse Marulanda Tobón tenía un derecho adquirido, en la medida que
por Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015 fue elegida miembro permanente y de
dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial por un periodo de dos años,
cargo del cual tomó posesión el 11 de diciembre de 2015.
2) Para poder tomar posesión en el referido empleo, la demandante debió renunciar
de manera irrevocable como Fiscal Delgada ante el Tribunal Superior de Medellín
(Antioquia).
3) La demandante tenía una posibilidad cierta y real de ejercer el cargo de miembro
8 La autoridad presentó el escrito de contestación el 8 de octubre de 2019 (f ls. 135 a 155 cdno. ppal.),
por f uera del vencimiento de ley, aspecto que f ue advertido por el tribunal de instancia en proveído del
7 de f ebrero de 2020, quien no tuvo en cuenta el líbelo presentado por la entidad (f ls. 166 a 167 cdno.
ppal.).
8
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
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permanente del Consejo de Gobierno Judicial, así como también de recibir el salario
correspondiente durante el periodo para el cual fue designada; no obstante, “se
ocasionó una ruptura del principio de la igualdad ante las cargas públicas, ya que (...)
no todas las personas del cuerpo social vinculadas al cumplimiento de las leyes y
decisiones judiciales, podrían alegar que habían sido nombradas como integrantes
del Consejo de Gobierno Judicial, que para tomar posesión en el nuevo empleo,
renunciaron al cargo de Fiscal Delegado ante el Tribunal de Distrito de Antioquia, y
que, además, tuvieron que trasladarse desde su lugar de residencia a un nuevo
domicilio con el fin de tomar posesión y ejercer sus nuevas responsabilidades en dicho
Consejo; y en tal evento, la persona que resulta afectada con ese trato, está
asumiendo una carga y realizando un sacrificio que está más allá de lo que, en
situación de igualdad, le era exigible a cualquier otro miembro de la comunidad” 9.
4) La Nación – Rama Legislativa es responsable a título de daño especial porque el
daño surgió con la expedición del Acto Legislativo 02 de 2015 el cual dio lugar, a su
vez, a la expedición del Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015 mediante el cual se
declararon elegidos los tres (3) miembros permanentes del Gobierno Judicial, entre
ellos, Laura Emilse Marulanda Tobón.
5) No le asiste responsabilidad a la Nación – Rama Judicial, pues, la Corte
Constitucional solo cumplió sus funciones y aseguró la guarda, integridad y
supremacía de la Constitución en los términos del artículo 241 superior; asimismo, no
le asiste responsabilidad a la entidad por los procesos de nulidad electoral nos. 2015-
00048 y 2015-00047, porque, precisamente, la Sección Quinta del Consejo de Estado
en la sentencia proferida el 13 de octubre 2016 -por medio de la cual se resolvieron
dichos expedientes- declaró la nulidad del Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015
con sustentó en la sentencia C-285 de 2015 de la Corte Constitucional a través de la
cual se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos del Acto Legislativo 02 de
2015.
6) En este caso no se advierte un error judicial en las providencias emitidas por la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, además, “es claro que la demanda y el
proceso instaurado fundamentó sus argumentos respecto a los daños ocasionados
por la función legislativa y no frente a la función judicial, sobre la cual es claro para
9 Fl. 15 documento “43_SENTENCIA_SENTENCIA ” índice 91 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
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esta Sala que la parte actora no identifica claramente el daño derivado de la conducta
de la Rama Judicial”10.
7) En relación con la indemnización de perjuicios, i) se debe pagar a la actora por
concepto de lucro cesante los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por
el periodo que debió ejercer como miembro permanente del Consejo de Gobierno
Judicial, que corresponden a 11.65 meses del año 2016 y 12 meses del año 2017, ii)
en cuanto al perjuicio moral, este se encuentra demostrado con los testimonios
recaudados en el proceso, y para su tasación se acudió al “arbitrio iuris, debido a la
imposibilidad de definir el grado de afectación interior que produjo el daño
antijurídico”11 y, iii) los perjuicios de daño a la vida de relación y emergente se niegan
por no estar demostrados12.
5. Recursos de apelación
5.1 La Nación – Rama Legislativa
El 28 de junio de 2023, la Nación – Rama Legislativa interpuso recurso de apelación,
las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:
1) La parte demandante no demostró la existencia de un daño antijurídico derivado de
la declaración de inexequibilidad de los artículos 15 y 18 del Acto Legislativo 02 de
2015.
2) El a quo la condenó por haberse demostrado la existencia de un daño especial,
empero, en realidad este no se configuró en la medida que no existió una ruptura del
equilibrio frente a las cargas públicas, porque i) la señora Laura Marulanda Tobar
ejerció el cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín desde el 4 de agosto de 2015 en provisionalidad hasta el 11 de diciembre
del mismo año, esto es, no ejercía un cargo en propiedad y no gozaba de estabilidad
laboral, el ejercicio de dicho cargo era relativo por cuanto aquella podía ser removida
del empleo en cualquier momento si la persona que ganó el concurso de méritos
10 Fl. 40 documento “43_SENTENCIA_SENTENCIA ”
índice 91 SAMAI de la primera instancia.
11 Fl. 47 documento “43_SENTENCIA_SENTENCIA ”
índice 91 SAMAI de la primera instancia.
12 Documento “43_SENTENCIA_SENTENCIA” índice 91 SAMAI de la primera instancia.
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Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
ocupaba el mismo, ii) el 2 de octubre de 2015, la Corte Constitucional admitió una
demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 02 de 2015 y dispuso
que la misma fuera publicada, de modo que cualquier ciudadano podía conocerla y,
iii) si bien entre el 1° y el 13 de octubre de 2015 se abrió la convocatoria pública para
proveer los tres (3) cargos de miembros permanentes de dedicación exclusiva del
Consejo de Gobierno Judicial, lo cierto es que ya se encontraba en trámite la demanda
de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 02 de 2015, en ese sentido, los
participantes de la convocatoria pública conocían el alto grado de probabilidad de que
las disposiciones demandadas fueran declaradas inexequibles, esto es, asumieron el
riesgo, la declaratoria de inconstitucionalidad no resultó impredecible o intempestiva
para la demandante.
3) El Consejo de Estado en varias oportunidades ha expresado que la declaración de
inexequibilidad de un acto legislativo no genera, de modo automático ni necesario la
obligación de reparar, solo hay un daño antijurídico cuando la sentencia de
inconstitucionalidad se profiere expresamente con efectos retroactivos y, en este caso
concreto, la Corte Constitucional en la sentencia C- 285 de 2016 -por medio de la cual
se declararon inexequibles los artículos 15 y 18 del Acto Legislativo 02 de 2015- no
moduló sus efectos en el tiempo.
4) Aunque el tribunal de primera instancia consideró que existía responsabilidad por
cuanto la norma creó una confianza legítima o un derecho adquirido que fue
defraudado con la referida declaración de inconstitucionalidad, lo cierto es que para
que exista responsabilidad por vulneración de la confianza legítima se requiere, entre
otros elementos, la existencia de una actuación impredecible e intempestiva que
genere defraudación de las expectativas legítimas y, en el proceso de la referencia, la
aspirante a ser miembro permanente del Consejo de Gobierno Judicial sabía de
antemano, incluso antes de presentarse a la convocatoria, que existía tanto una
demanda de inconstitucionalidad en contra del Acto Legislativo 02 de 2015 como una
demanda de nulidad contra los actos administrativos relacionados con el Consejo de
Gobierno Judicial, de modo que la mencionada declaración de inconstitucionalidad no
fue impredecible o intempestiva, aspecto que fue señalado por la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en otro proceso similar
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Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
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al que aquí se discute13.
5.2 La parte actora
Por su parte, el 11 de julio de 2023, la parte demandante presentó recurso de
apelación en el cual manifestó que su inconformidad se circunscribía tan solo a la
indemnización de perjuicios y a la declaración de responsabilidad de la Nación – Rama
Judicial, en los siguientes términos:
1) Lo reconocido por concepto de perjuicios morales no corresponde al daño
ocasionado, se debió acoger la indemnización solicitada en la demanda dada la
angustia sufrida por los actores; asimismo, el perjuicio material por daño emergente
se encuentra demostrado y debe ser indemnizado.
2) El a quo reconoció por perjuicio material por concepto de lucro cesante la suma de
$765.629.090 por estimar que reconocer más allá de la solicitado en las pretensiones
podría derivar en un fallo extra petita, aunque no se desconoce las razones del tribunal
este debió fallar el valor probado en el proceso, el cual fue mucho mayor y,
actualizarlo.
3) También existe responsabilidad de la Nación – Rama Judicial, “porque genera
expectativa de derecho y a la vez derecho, vincula a tal órgano y luego una persona
como la demandante queda en el limbo jurídico, sin que se le hubiera permitido
insertarse de nuevo al sistema por violación flagrante no solo del qué hacer legislativo
sino también de la seguridad jurídica y la confianza legítima como principios que
orientan el Estado de Derecho, de tal suerte que la imputación también en sentencia
debe cobijar dicho órgano”14.
6. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto del 5 de abril de 2024 (índice 5 SAMAI) se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por la parte actora y la Nación – Rama Legislativa, el 29 de
abril de 2024 (índice 13 SAMAI) ingresó el expediente al despacho para dictar
13 Documento “46_RECIBEMEMORIALES_RE CURSODEAPELACION”.
14 Fl. 12 documento “048_RECIBEMEMORIALES_RE CURSODEAPELA CION”.
12
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
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sentencia, según lo dispuesto en el artículo 247 numeral quinto de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
2) En la oportunidad legal, la Nación – Rama Judicial presentó alegación de conclusión
en las cuales solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada por estimar que se
deben negar las pretensiones porque no se probó la existencia de un daño antijurídico,
la misma demandante confesó que desde el 4 de abril de 2016 comenzó a trabajar
como Secretaría del Instituto de Patrimonio de Antioquia, esto es, en un cargo público,
con lo cual se entiende que renunció de manera tácita a ser miembro permanente del
Consejo de Gobierno Judicial, además, es incompatible devengar al mismo tiempo
dos erogaciones del Estado (índice 11 SAMAI).
3) El Ministerio Público rindió concepto en el cual deprecó la revocatoria de la
sentencia de primera instancia, por estimar que i) el a quo declaró la responsabilidad
de la Nación – Rama Legislativa con la premisa de que la declaración de
inexequibilidad de la norma que creó el Consejo de Gobierno Judicial desencadenó,
a su vez, la nulidad del acto de elección de la señora Laura Marulanda Tobón, sin
embargo, la sentencia dictada en el proceso de nulidad electoral en realidad estuvo
sustentada en razones diferentes a la mencionada declaratoria de inexequibilidad, ii)
la causa eficiente del daño deprecado correspondió a una actuación irregular del
entonces Consejo de Gobierno Judicial, quien estableció un proceso de selección que
contrariaba el ordenamiento jurídico, luego, la desvinculación de la demandante
obedeció a fallas en la estructuración de la convocatoria pública para proveer el cargo
de miembro permanente del Consejo de Gobierno Judicial y no al hecho del legislador,
no obstante, “como ninguno de los cargos del líbelo introductorio predica la
responsabilidad de la Rama Judicial derivada de las irregularidades que se
presentaron con ocasión de la convocatoria (…) se hace evidente que se trata de un
asunto que sobrepasa el marco de congruencia externa de la sentencia y que el juez
se debe abstenerse de analizar” (índice 12 SAMAI), en ese sentido, se deben negar
las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
13
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
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con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
análisis de la impugnación, 3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
1) Presentada la demanda de manera oportuna 15, corresponde a la Sala determinar
si en el presente caso la Nación – Rama Legislativa es patrimonial y
extracontractualmente responsable por la expedición de los artículos 15, 16, 17, 18
transitorio e incisos 2 y 6 del artículo 26 que fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional mediante la sentencia C-285 de 201616, aspecto que se afirma
llevó a que la señora Laura Emilse Marulanda Tobón fuera desvinculada como
miembro del Consejo de Gobierno Judicial y, si como consecuencia de ello hay lugar
a reparar los perjuicios reclamados por la parte actora.
La sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda será revocada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda
15 El daño alegado en la demanda, consistente en que la señora Laura Emilse Marulanda Tobón f ue
desvinculada del Consejo de Gobierno Judicial, se materializó con la sentencia del 13 de octubre de
2016 dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró la nulidad
del Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015 a través del cual la aquí demandante f ue elegida como
integrante del Consejo de Gobierno Judicial, esta providencia quedó ejecutoriada el 25 de octubre de
2016 (documento 23_RECIBEMEMORIALES_ALLEGA RESPUES TAA de la primera instancia - link
07Exp2015-048) y, en la medida que el medio de control de reparación directa se f ormuló el 14 de
diciembre de 2017, se advierte que f ue radicado en tiempo de conf ormidad con el literal i) numeral 2
del artículo 164 del CPACA. Es preciso señalar que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 26 de octubre de 2017, la cual f ue declarada
f racasada el 4 de diciembre de 2017 (f ls. 145 a 147 cdno. pruebas).
16 En concreto, la Corte Constitucional i) declaró inexequible el artículo 15 del Acto Legislativo 02 de
2015, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria tácita del numeral 2º del artículo 254 de la
Constitución, en relación con la cual la Corte se inhibió de pronunciarse de f ondo por ineptitud
sustantiva de la demanda; ii) declaró inexequible el artículo 16, así como los incisos 2º y 6º del artículo
26 del Acto Legislativo 02 de 2015; iii) declaró inexequible el artículo 17 del Acto Legislativo 02 de 2015,
salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto de la expresión “o a los Consejos seccionales,
según el caso”, como de los numerales 3º y 6º del artículo 256 de la Constitución, en relación con lo
cual la Corte se inhibió de pronunciarse de f ondo por ineptitud sustantiva de la demanda; iv)
declaró inexequible el artículo 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015, con excepción de los
siguientes pronunciamientos: a) se declaró exequible el literal f ), del numeral 1º, salvo en lo ref erente
a la expresión “también ejercerán la función prevista en el artículo 85, numeral 18, de la Ley 270 de
1996”, que se declaró inexequible, b) se declaró exequible el literal g), del numeral 1º, en su totalidad
y c) en relación con la expresión “la autoridad nominadora para las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial será la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, prevista en el numeral 6, la Corte
se inhibió de pronunciarse de f ondo por ineptitud sustantiva de la demanda y, v)
declaró inexequibles las remisiones al Consejo de Gobierno Judicial y a la Gerencia de la Rama Judicial
contenidas en los artículos 8, 11 y 19 del Acto Legislativo 02 de 2015, en consecuencia, declaró que
en las disposiciones constitucionales a las que tales artículos aluden, la expresión “Consejo de
Gobierno Judicial” se sustituye por “Consejo Superior de la Judicatura”, y se suprime la expresión “y
adelantada por la Gerencia de la Rama Judicial”.
14
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porque no se acreditó la existencia de un daño antijurídico atribuible a la Nación –
Rama Legislativa.
2) De otro lado, aunque la parte demandante en el recurso de apelación sostiene que
la Nación – Rama Judicial es igualmente responsable porque vinculó a la demandante
y luego defraudó el principio de confianza legítima; lo cierto es que no precisa de
manera concreta cuáles fueron los hechos concretos o decisiones judiciales con los
cuales se atribuye responsabilidad a la entidad, aspecto que impide un
pronunciamiento de la Corporación y que lleva a negar las pretensiones de la
demanda, lo cual será ahondado en el acápite de análisis de la impugnación.
2. Análisis de la impugnación
En los términos en que ha sido planteada la controversia, la sentencia apelada será
revocada por las razones que exponen a continuación.
2.1 Hechos demostrados
Por razones metodológicas, la Sala primero realizará un recuento de los hechos
relevantes para la resolución de la controversia, para luego explicar por qué no se
configuró el daño antijurídico alegado en cabeza de la Nación – Rama Legislativa y
por qué razón no se puede estudiar la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial.
En ese marco, en el expediente se encuentran acreditados los siguientes hechos:
1) Mediante Acto Legislativo no. 02 del 1° de julio de 2015, el Congreso de la
República adoptó una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional, en ese
sentido, el artículo 15 dispuso la creación del Consejo de Gobierno Judicial como el
órgano encargado de reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura y que sería el
encargado de definir las políticas, gobierno y administración de la Rama Judicial,
asimismo, se estableció que dicha corporación estaría integrada por nueve (9)
miembros17, entre ellos, tres (3) integrantes permanentes de dedicación exclusiva,
17 Los nueve (9) miembros eran: “los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado; el gerente de la Rama Judicial, quien deberá ser profesional con
veinte años de experiencia, de los cuales diez deberán ser en administración de empresas o en
entidades públicas, y será nombrado por el Consejo de Gobierno Judicial para un período de cuatro
15
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quienes serían nombrados por los demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial
para un periodo de cuatro (4) años (fls. 1 a 13 cdno. pruebas).
2) De igual modo, el artículo 18 transitorio del referido acto legislativo dispuso que los
tres (3) miembros de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial debían
ser elegidos en el plazo de dos (2) meses posteriores a la designación o elección de
los demás miembros del primer del primer Consejo de Gobierno Judicial; la norma
precisó que, si bien los integrantes permanentes eran elegidos para un periodo de
cuatro (4) años, tratándose del primer consejo, uno de los tres miembros sería elegido
para un periodo de dos (2) años, mientras que otro sería elegido para un interregno
de tres (3) años (fls. 1 a 13 cdno. pruebas).
3) En cumplimiento de lo anterior, el Consejo de Gobierno Judicial mediante
convocatoria pública no. 01 de 2015 llamó a “todos los profesionales colombianos
interesados en postularse para ocupar los cargos de miembro permanente de
dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con los artículos
15 y 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015… podrán participar profesionales
con diez años de experiencia de diseño, evaluación o seguimiento de políticas
públicas, modelos de gestión o administración pública, para garantizar la diversidad
profesional y académica de estos integrantes del Consejo de Gobierno Judicial, se
hace extensiva la convocatoria a especialistas en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), profesionales con capacidades gerenciales (finanzas,
administración del talento humano) y expertos en políticas públicas con conocimientos
o experiencia en el sistema judicial” (fl. 17 cdno. pruebas); el cronograma para el
proceso inició el 1° de octubre de 2005 con la inscripción de las personas interesadas
y debía culminar el 5 de noviembre de 2015 con las entrevistas de los aspirantes
admitidos, al cabo de las cuales se elegirían a los tres (3) miembros permanentes del
primer Consejo de Gobierno Judicial.
4) Desde el 4 de agosto de 2015 y hasta el 10 de diciembre de 2015, la señora Laura
Emilse Marulanda Tobón ejerció el cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal del
Distrito Judicial de Medellín (Antioquia) en provisionalidad (fls. 92 a 100 cdno.
años; un representante de los magistrados de los Tribunales y de los jueces, elegido por ellos para un
periodo de cuatro años; un representante de los empleados de la Rama Judicial elegido por estos para
un periodo de cuatro años; tres miembros permanentes de dedicación exclusiva, nombrados por los
demás miembros del Consejo de Gobierno Judicial” (f l. 7 cdno. ppal.).
16
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pruebas) y se presentó como aspirante a la convocatoria pública no. 01 de 2015 del
Consejo de Gobierno Judicial.
5) Mediante Acuerdo no. 009 del 9 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno
Judicial declaró elegidos a los tres (3) miembros permanentes de dedicación exclusiva
de dicha corporación, entre ellos, la señora Laura Emilse Marulanda Tobón, quien fue
elegida para un periodo de dos (2) años (fls. 27 a 29 cdno. pruebas) y tomó posesión
del cargo el 11 de diciembre de 2015 según acta no. 2252 de dicha fecha (fl. 30 cdno.
pruebas).
6) El 3 de diciembre de 2015, se presentaron de manera separada dos (2) demandas
de nulidad electoral en contra de la elección de los referidos tres (3) miembros
permanentes de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial declarada en
el Acuerdo no. 009 de 2015 (fls. 31 a 54 y 101 a 144 cdno. pruebas), las cuales fueron
admitidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado en proveídos del 15 de
diciembre de 2015 -que dio origen al expediente no. 2015-0048- y 21 de enero de
2016 -que dio lugar al expediente no. 2015-0047-, adicionalmente, es pertinente poner
de presente que en ambas providencias de admisión se decretó también la
suspensión provisional de los efectos del Acuerdo no. 009 de 2015 (fls. 55 a 80 y 83
a 88 cdno. pruebas) y, de manera posterior, los dos procesos de nulidad electoral
fueron acumulados.
7) En el tiempo en que se adelantaba el proceso acumulado de nulidad electoral, la
Corte Constitucional en sentencia C-285 del 1° de junio de 2016 declaró
inexequibles18 los artículos 15 y 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015 por
considerar, entre otros aspectos, que i) si bien el Congreso de la República se
encuentra habilitado de manera general para modificar la Constitución de 1991, no
está facultado para cambiarla, ni sustituirla, ni tampoco puede modificar o sustituir los
ejes fundamentales de la Carta Política y, ii) el autogobierno judicial -entendido como
la capacidad de la Rama Judicial para gestionarse y conducirse por sí misma, sin la
18 Aunque en el proceso de la ref erencia no hay constancia de la f echa de presentación de la demanda
de inconstitucionalidad que dio origen a la sentencia C-285 del 1° de junio de 2016, revisada la página
electrónica de la Corte Constitucional se tiene que f ue radicada el 8 de septiembre de 2015 expediente
D0010990.
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultac/proceso.php?proceso=1&campo=rad_codi
go&date3=1992-01-01&date4=2024-05-21&todos=%25&palabra=10990.
17
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
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interferencia de otros poderes y órganos del Estado- constituye un pilar esencial de la
Constitución, pese a ello, el esquema de administración y gobierno plasmado en el
Acto Legislativo 02 de 2015 desbordó el poder de reforma constitucional con el que
cuenta el Congreso, pues, suprimió el principio de autogobierno judicial como
expresión de la autonomía de la Rama, la independencia judicial y la separación de
poderes .
8) Luego de dictarse la anterior decisión, en el marco del proceso acumulado de
nulidad electoral no. 2015-0048 la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante
sentencia del 13 de octubre de 2016 declaró la nulidad del Acuerdo no. 009 de 9 de
noviembre de 2015, con base en los siguientes argumentos:
a) “El Acto Legislativo 02 de 2015 es causa primigenia del Acuerdo 009 de 2015
demandado, así como de la Convocatoria 01 de 2015 como bitácora subyacente, así
que la declaratoria de inexequibilidad que efectuara la Corte Constitucional en
sentencia C-285 de 2016, impacta en forma importante a aquellos, pues se está frente
a la pérdida de fuerza ejecutoria del fundamento normativo superior” 19.
b) La inexequibilidad de los artículos 15 y 18 transitorio del Acto Legislativo no. 02 de
2015 impactó tanto la convocatoria pública no. 1 de 2015 como el acto de declaración
de elección de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial, sin embargo, la
inconstitucionalidad de dichas normas tuvo efectos solo hacia el futuro, de modo que
se impone realizar un pronunciamiento judicial sobre la anulación del Acuerdo no.
0009 de 2015 demandado, porque “resulta que de un acto administrativo, aún si ha
sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que lo protege y que solo
pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente (...) la derogatoria surte
efectos hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma y sin
restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal
razón el imperio de la legalidad (...) la competencia del juez de lo Contencioso
Administrativo frente a la legalidad el acto administrativo retirado del ordenamiento
jurídico pende de la temporalidad en la que éste tuvo existencia, ante la necesidad de
19 Fls. 213 a 214 del PDF documento “23_RECIBEMEMORIALES _ALLE GARESPUES TAA ” expediente
digital de la primera instancia - enlace 07Exp2015-048
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evaluar y decidir sobre la legalidad del acto, así éste al momento de proferirse la
decisión judicial ya no esté vigente”20.
c) El Consejo de Gobierno Judicial realizó la convocatoria pública no. 1 de 2015 con
el propósito de elegir a tres (3) de sus miembros permanentes, no obstante, la
convocatoria no cumplió los parámetros del artículo 126 de la Constitución Política,
pues, por el hecho de tratarse de un concurso no regulado en la ley debía estar
precedida de una convocatoria pública en la que se debían dejar previstos los
procedimientos de mérito a partir de factores o métodos objetivos, determinados o
determinables de evaluación para la selección de los elegidos, empero, esto no se
cumplió, en concreto no se tuvieron claros los criterios objetivos de clasificación, de
ponderación de las hojas de vida, de los preseleccionados, de la lista de elegibles
original y la agregada para cumplir con la denominada Ley de Cuotas y de los
designados como miembros permanentes, de manera que la convocatoria “vulneró
las normas en que debía fundamentarse y, por ende, esa irregularidad evidenciada
afecta la totalidad de la convocatoria devenida de la inobservancia del artículo 126
superior, incide y genera la nulidad del acto declaratorio de elección por expedición
irregular”21.
9) La señora Laura Emilse Marulanda Tobón percibió ingresos como integrante de
Consejo de Gobierno Judicial desde la fecha de su posesión -11 de diciembre de
2015- hasta el 18 de diciembre del mismo año 22.
2.2 La inexistencia del daño antijurídico alegado en cabeza de la Nación – Rama
Legislativa
1) La señora Laura Emilse Marulanda Tobón considera que por el hecho de haber
sido elegida miembro permanente y exclusivo del Consejo de Gobierno Judicial, se le
generó la confianza legítima de ejercer dicho cargo para un periodo de dos (2) años,
en ese sentido, por no haber podido laborar durante todo el periodo esperado,
20 Fls. 217 a 218 del PDF documento “23_RECIBEMEMORIALES _ALLE GARESPUES TAA ” expediente
digital de la primera instancia - enlace 07Exp2015-048
21 Fl. 223 del PDF documento “23_RECIBEMEMORIALES _ALLE GARESPUES TAA ” expediente digital
de la primera instancia - enlace 07Exp2015-048
22 Documento “22_RECIBEMEMORIALES _ALLE GARESPUES TA TRA” expediente digital de la primera
instancia.
19
Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
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sostiene que se le deben pagar, entre otros elementos, los salarios que aspiraba
percibir como integrante de aquel organismo.
2) La demandante, de igual manera, atribuye la responsabilidad a la Nación – Rama
Legislativa por estimar que esta entidad “defraudó la confianza legítima” por expedir
un acto legislativo del cual varios de sus artículos fueron declarados inexequibles por
la Corte Constitucional.
3) Sobre el particular, la Sala evidencia que no le asiste razón a la parte demandante
y que, en realidad, no se le causó un daño antijurídico en cabeza de la Nación – Rama
Legislativa.
4) En efecto, si bien la señora Laura Emilse Marulanda Tobón fue elegida miembro
permanente y exclusivo del Consejo de Gobierno Judicial, cargo del cual tomó
posesión, no lo es menos que el acto administrativo por el cual fue elegida fue anulado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
5) En concreto, la Sección Quinta del Consejo de Estado constató que existieron vicios
en el proceso de selección de los miembros permanentes del Consejo de Gobierno
Judicial, es decir, irregularidades anteriores a la expedición del Acuerdo no. 009 de
2015, de modo que declaró la nulidad del acto de elección de la señora Laura Emilse
Marulanda Tobón y lo retiró del ordenamiento jurídico, por lo cual se tiene como si
este nunca se hubiere proferido o nacido a la vida jurídica, en otras palabras, la nulidad
surtió efectos ex tunc o desde el origen 23.
23 La Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia del 13 de octubre de 2016 mediante la cual
se declaró la nulidad del acto declaratorio de elección de la señora Laura Emilse Marulanda Tobón, f ue
enf ática en señalar que “se advierte de la decisión de la Corte Constitucional que sus efectos son a
futuro, como también son aquellos cuando el acto administrativo o electoral se suprime del
ordenamiento jurídico, bien sea por derogatoria, o por la pérdida de vigencia del acto, o la pérdida de
fuerza ejecutoria y el decaimiento del acto (artículo 91 numeral 2° del CPACA), dejando incólume las
decisiones frente a situaciones particulares y concretas anteriores a la ocurrencia del acto sustraído del
ordenamiento jurídico, o de aquellas que el acto produjo, las cuales pueden judicializarse (…). La
declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 15 y 18 Transitorio del Acto Legislativo reformatorio
de la Constitución, creadores del Primer Consejo de Gobierno Judicial, implica que desaparecieron los
fundamentos soporte de dicho ente, en tanto su base constitucional y acto creador no existe, pero se
permite al operador jurídico, como ya se indicó, cotejar el acto de elección demandado con la normativa
vigente al momento de expedirlo, incluido el acto legislativo que fue retirado, parcialmente, del
ordenamiento porque debe juzgarse su legalidad mientras estuvo vigente”. (f ls. 217 a 219 documento
“23_RECIBEMEMORIA LES_ALLE GARESP UES TAA” expediente digital de la primera instancia -
enlace 07Exp2015-048).
20
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6) En cuanto a los efectos de las decisiones de anulabilidad de los actos
administrativos, la Sección Tercera de esta Corporación en forma reiterada ha
dispuesto, con total claridad, que “la única manera de que un acto se invalide desde
el momento de su expedición es mediante una sentencia que así lo declare, dentro de
una acción de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho; sentencia que por
su naturaleza declarativa de una situación invalidante ab initio del acto que revisa, sí
tiene efectos ex tunc o hacia el pasado”24, desde el origen o desde siempre.
7) Precisamente, la Sección Quinta del Consejo de Estado en el momento de estudiar
la legalidad del Acuerdo no. 009 de 2015 del Consejo de Gobierno Judicial, señaló
que dicho análisis era necesario en la medida que la inexequibilidad de los artículos
15 y 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015 tuvo efectos ex nunc, huelga decir,
tan solo hacia el futuro y, por ende, el acto administrativo demandado durante el
periodo en el cual estuvo vigente gozó de presunción de legalidad, empero, con la
nulidad se reestableció el orden jurídico vulnerado.
8) Por lo anterior, no se puede afirmar, válidamente, que la señora Laura Emilse
Marulanda Tobón vio defraudada su “confianza legítima” con la actuación del
Congreso de la República -tal como se alega en la demanda y en el recurso de
apelación-, pues, para empezar, la aquí demandante no tuvo una expectativa legítima
y menos un derecho adquirido, más aún si se tiene en cuenta que no nacen ni se
adquieren derechos de lo ilegal, pues, la Constitución y la Ley amparan sólo aquellos
que se obtienen con justo título.
9) Ciertamente, con la declaración de nulidad del Acuerdo no. 009 de 2015, las
situaciones jurídicas particulares que pudieron haberse generado con la firmeza de
dicho acto se restablecieron a un estado anterior la expedición de aquel, esto es, con
la nulidad se entiende que la declaratoria de elección nunca existió y, por ende, no se
24 Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias prof eridas por el Consejo de
Estado: i) sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del 29 de enero de 2015, radicación no.
3077-13, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez; ii) sentencia de la Sección Tercera del 16 de agosto de 1973,
radicación no. 1973-N1302, MP Eduardo Martínez Méndez; iii) sentencia de la Sección Tercera del 10
de marzo de 2005, radicación no. 7961, MP María Elena Giraldo Gómez; iv) sentencia de la Sección
Tercera del 27 de septiembre de 2006, radicación no. 18.402, MP Ramiro Saavedra Becerra; v)
sentencia de la Sección Tercera del 20 de f ebrero de 2014, radicación no. 27.507, MP Danilo Rojas
Betancourth; vi) sentencia de la Sección Tercera del 29 de mayo de 2014, radicación no. 33.832, MP
Hernán Andrade Rincón (E); vii) sentencia de la Sección Cuarta del 3 de marzo de 2011, radicación no.
17.741, MP William Giraldo Giraldo, y sentencia de la Sección Cuarta del 3 de agosto de 2016,
radicación no. 21.616, MP Martha Teresa Briceño de Valencia.
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puede afirmar que la señora Laura Emilse Marulanda Tobón tenía derecho a ser
miembro permanente de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial
porque, se insiste, la nulidad surtió efectos “desde el origen”.
10) De igual manera, dado que el acto de elección de la demandante como integrante
del Consejo de Gobierno Judicial fue judicialmente anulado, no se puede afirmar con
validez y sustento jurídico real que la señora Laura Emilse Marulanda Tobón tenía la
confianza legítima en que iba a ejercer el cargo durante el periodo para el cual había
sido elegida, toda vez que la anulación conllevó a que nunca tuviera un derecho; en
otras palabras, no se puede sostener con fundamento válido que la demandante vio
defraudado su expectativa de ser miembro del Consejo de Gobierno Judicial por una
actuación del Congreso de la República, y, en ese sentido, no se puede señalar que
se configuró el hecho del legislador, como causa generadora de un daño antijurídico.
11) En relación con esto último, es especialmente relevante poner de presente que la
anulación del Acuerdo no. 009 de 2015 -expedido por el Consejo de Gobierno Judicial-
obedeció a razones sustancialmente muy diferentes de la declaración de
inexequibilidad de los artículos 15 y 18 transitorio del Acto Legislativo no. 002 de 2015,
de manera que, aún en la hipótesis de que la Corte Constitucional no se hubiera
pronunciado sobre dichas normas, lo cierto es que no varía la decisión de nulidad del
acto elección debido a que los vicios se presentaron en el proceso de elección de los
miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial, en los cuales no hubo
ninguna participación del Congreso de la República.
12) Por lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró la
responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Legislativa y, en su lugar, las
pretensiones de la demanda serán negadas por cuan to no se encuentra acreditado el
daño que se reclama.
2.3 La actuación de la Nación - Rama Judicial
1) Desde otro punto de la controversia, la parte demandante en el recurso de
apelación solicitó la declaración de responsabilidad de la Nación – Rama Judicial, por
estimar que aquella también defraudó el principio de confianza legítima, no obstante,
la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima para que esta Sala
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Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
pueda estudiar el recurso, en la medida que no se especifica cuáles son los hechos o
actuaciones de las cuales se predica la pretendida responsabilidad patrimonial
extracontractual.
2) Si bien el tribunal de primera instancia consideró que la demanda en contra de la
Nación – Rama Judicial se encontraba dirigida a cuestionar tanto la sentencia C-285
de 2016 de la Corte Constitucional como la providencia del 13 de octubre de 2016
dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sobre el particular, una revisión
a la demanda da cuenta que en ninguna parte se elevan argumentos de error judicial
en contra de las mismas25 y, en todo caso, el recurso de apelación tampoco hace
alusión a la existencia de un error judicial ni mucho menos señala cuales son las
razones por las cuales se le debe atribuir responsabilidad.
3) En ese sentido, toda vez que no se precisa de modo concreto cuáles son las
actuaciones y hechos por las cuales se predica la responsabilidad de la Nación –
Rama Judicial, esta Corporación negará las pretensiones de la demanda.
3. Conclusión
Se revocará la sentencia de primera instancia de declaró la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Nación – Rama Legislativa y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda porque no se acreditó la existencia de un
daño antijurídico.
4. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se
desestimó el recurso de alzada interpuesto por la parte actora, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 365 y 366 del CGP.
25 Es importante enf atizar que las sentencias judiciales, en principio, no producen daños antijurídicos,
a menos que se demuestre el error jurisdiccional.
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Expediente 25000-23-36-000-2017-02359-02 (70.935)
Actor: Laura Emilse Marulanda Tobón y otros
Reparación directa
Apelación sentencia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
1°) Revocáse la sentencia proferida el 23 de marzo de 2023 por la Subsección C de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar se
dispone:
PRIMERO: Denigánse las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
2º) Condénase en costas de segunda instancia a la parte demandante, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
Aclaración de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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