Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02384-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02384-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-02384-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
3 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., tres (03) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020170238401 (68414)
Demandante: RAFAEL SALAZAR SUÁREZ
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL Y OTRO
Tema: Falla del servicio por irregularidades en procedimiento de
decomiso. Falla del servicio por mora en trámite de proceso
sancionatorio ambiental. No se acreditó un daño antijurídico.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 3 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 18 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas, uniformados de la Policía Nacional
adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), ingresaron
a un predio ubicado en la vereda Panamá, en zona rural del municipio de Soacha
(Cundinamarca), y luego de advertir el desarrollo irregular de actividades de
explotación minera, solicitaron apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR). A las 12:45 horas de ese mismo día, la autoridad ambiental
arribó al lugar y constató que la extracción de material se adelantaba sin contar con
el instrumento de manejo y control ambiental. En virtud de lo anterior, en la misma
fecha, la CAR impuso medidas precautelativas, consistentes en la suspensión de
actividades de explotación minera y el decomiso preventivo de la excavadora marca
Volvo, modelo EC210BLC y serie 71914, de propiedad de Rafael Salazar Suárez.
Posteriormente, mediante Resolución No. 652 del 2 de diciembre de 2015, la CAR
dio apertura al proceso sancionatorio ambiental No. 52569 contra Luis Alfonso
Flores, Alfonso Bernal Martínez y Carlos Estalin Junco Bernal, quienes se
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
encontraban dirigiendo las actividades de explotación minera en el predio referido,
así como contra Justo Román Carrillo y la sociedad Arcillas Superior S.A.S, en su
condición de beneficiarios del Título Minero 15795. Luego, mediante Resolución No.
248 del 28 de marzo de 2017, la autoridad ambiental vinculó al señor Salazar Suárez
al proceso referido, en calidad de propietario de la excavadora aprehendida. Según
se narra en la demanda, a la fecha la máquina no ha sido restituida a su propietario
ni se ha decidido de fondo el proceso sancionatorio ambiental.
El demandante considera que la Nación - Policía Nacional y la CAR incurrieron en
una falla del servicio al ingresar al predio en el que se encontraba operando su
excavadora, sin mediar autorización u orden de autoridad competente. Asimismo,
sostiene que la CAR incurrió en una falla del servicio, por el retardo injustificado en
tramitar el proceso sancionatorio ambiental No. 52569, del que fue objeto él y la
excavadora de su propiedad.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 19 de diciembre de 20171, Rafael Salazar Suárez, mediante apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca, por los perjuicios causados por la falla del servicio en
que presuntamente incurrieron en el trámite del proceso sancionatorio ambiental,
del que fue objeto él y la excavadora de su propiedad.
Como pretensiones de la demanda, el actor solicita condenar a las entidades
accionadas a pagarle, por daño emergente, la suma de $154.280.00; y por lucro
cesante, la suma de $574.080.000.
En apoyo de las pretensiones, el demandante afirma que el 12 de noviembre de
2015, entregó en arrendamiento, a Luis Alfonso Flores, una excavadora de su
1 Fl. 1 a 9, C. Ppal.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
propiedad, marca Volvo, modelo EC210BLC y serie 71914, para ser utilizada en la
extracción de material de construcción.
Informa que el 18 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas, uniformados de la
Policía Nacional adscritos a la DICAR, ingresaron a un predio ubicado en la vereda
Panamá, en zona rural del municipio de Soacha (Cundinamarca), dentro del cual
evidenciaron el desarrollo de actividades irregulares de explotación minera
mediante la operación de una excavadora, razón por la que solicitaron el apoyo de
la CAR.
Asevera que el mismo día, a las 12:45 horas, la autoridad ambiental arribó al lugar
y constató que la extracción de material se adelantaba sin contar con el instrumento
de manejo y control ambiental.
Sostiene que, en la misma fecha, la CAR impuso medidas preventivas, consistentes
en la suspensión de actividades de explotación minera y el decomiso de su
excavadora.
Declara que, mediante Resolución No. 652 del 2 de diciembre de 2015, la CAR dio
apertura al proceso sancionatorio ambiental No. 52569 contra Luis Alfonso Flores,
Alfonso Bernal Martínez y Carlos Estalin Junco Bernal, quienes se encontraban
dirigiendo las actividades de explotación minera en el predio referido, así como
contra Justo Román Carrillo y la sociedad Arcillas Superior S.A.S, en su condición
de beneficiarios del Título Minero 15795.
Indica que el 15 de enero de 2016, solicitó a la autoridad ambiental la restitución de
su excavadora.
Expone que el 17 de febrero de 2016, la CAR le informó que dicho elemento no
podía devolverse hasta tanto se surtiera el procedimiento sancionatorio ambiental
respectivo.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Señala que mediante Resolución No. 248 del 28 de marzo de 2017, la autoridad
ambiental lo vinculó al proceso sancionatorio ambiental No. 52569, como propietario
de la excavadora aprehendida.
Advierte que a la fecha de presentación de la demanda de reparación directa la
máquina seguía inmovilizada y aún no había culminado el procedimiento
administrativo.
El demandante considera que la Nación - Policía Nacional y la CAR incurrieron en
una falla del servicio al ingresar al predio en el que se encontraba operando su
excavadora, sin mediar autorización u orden de autoridad competente. Asimismo,
sostiene que la CAR incurrió en una falla del servicio, por el retardo injustificado en
tramitar el proceso sancionatorio ambiental No. 52569, del que fue objeto él y la
excavadora de su propiedad.
2. Contestaciones
El 19 de junio de 20182, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. La Policía Nacional3 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando
que no ocasionó un daño antijurídico al demandante, porque sus actuaciones se
adelantaron en cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le
habían sido conferidos.
2.2. La CAR4 manifestó que no le asistía responsabilidad frente al daño reclamado,
pues actuó en cumplimiento del deber de protección del medio ambiente y los
recursos naturales que estaban siendo afectados por la operación de la excavadora
de propiedad del demandante.
2 Fl. 20 y 21, C. Ppal.
3 Fl. 36 a 42, C. Ppal.
4 Fl. 97 a 113, C. Ppal.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
3. Audiencia inicial
El 26 de junio de 20195, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que resolvió las excepciones previas, decretó pruebas y fijó
el objeto del litigio.
Frente a este último punto, esto es, la fijación del objeto del litigio, señaló que se
circunscribiría a determinar “si las demandadas contaban con la autorización para
el ingreso al predio donde se encontraba la excavadora marca Volvo, referencia
EC2010BLC, y, si se vinculó al demandante al proceso sancionatorio No. 52569,
que adelanta la CAR”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 11 de marzo de 20206 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
4.1. La Policía Nacional7 y la CAR8 reiteraron los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
4.2. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 3 de junio de 20219, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las
actuaciones administrativas enjuiciadas no configuraron un daño antijurídico ni se
probó que las entidades accionadas hubiesen incurrido en una falla del servicio.
Al efecto sostuvo que: “la parte demandante no acreditó las afirmaciones conforme
a las cuales el personal de la Policía Nacional ingresó sin autorización al predio,
5 Fl. 127 y 128, C. Ppal.
6 Fl. 132 y 133, C. Ppal.
7 Índice 24, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai.
8 Índice 26, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai.
9 Índice 27, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
pues el acceso se produjo por disposición legal, referente a la protección y defensa
del medio ambiente y los recursos naturales, así como la lucha contra la explotación
de recursos naturales sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto.
Por lo tanto, no se configuró la falla en el servicio que se le endilga a la Policía
Nacional, pues el ingreso al predio donde se encontraba la excavadora, se realizó
en cumplimiento de sus funciones… De conformidad con lo anterior, es evidente
que el decomiso de la maquinaria se sustentó en su utilización para actividades que
requerían de licencia ambiental y que generaron una afectación en el lugar. En ese
orden de ideas, se reitera que las demandadas cumplieron un deber legal que
conllevaba la imposición de medida de decomiso provisional de la excavadora, por
lo que el daño que predica el demandante proviene de la actuación del particular a
quien alquiló la maquinaria… El demandante no acreditó que los miembros de la
Policía Nacional ingresaron de forma ilegal al predio donde se encontraba la
excavadora, por el contrario, accedieron al mismo en cumplimiento de un deber
legal relacionado con la protección y defensa del medio ambiente y los recursos
naturales. La autoridad ambiental, en ejercicio de sus funciones, decomisó de
manera preventiva la excavadora y vinculó al demandante a la actuación
administrativa, sin que se advierta que se haya configurado una vulneración al
debido proceso. En todo caso, tampoco se acreditó la culminación del procedimiento
administrativo, por lo que es viable indicar que el daño no se ha consolidado”.
6. Recurso de apelación
El 28 de junio de 202110, el extremo activo interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 1º de marzo de 202211 y admitido el 20 de mayo siguiente12.
6.1. El demandante reiteró que la CAR incurrió en una falla del servicio, por el
retardo injustificado en tramitar el proceso sancionatorio ambiental No. 52569, del
que fue objeto él y la excavadora de su propiedad. Se advierte que, respecto a la
falla del servicio endilgada a las entidades accionadas por irregularidades en el
procedimiento de decomiso, el recurrente no se pronunció.
10 Índice 30, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai.
11 Índice 31, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Samai.
12 Fl. 139 y 140, C. Ppal.
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Al efecto el recurrente se limitó a señalar que: “debo insistir en la responsabilidad
del Estado, como en nuestro caso se probó, se parte de considerar no solo por la
tardanza del proceso inobservando los términos previstos en la ley… en nuestro
caso hay responsabilidad del Estado ya que hay un daño notorio y demostrado en
el bien mueble decomisado preventiva y transitoriamente… en consecuencia, con
la decidía y mora en el servicio por parte de la administración, se torna evidente la
responsabilidad del Estado”.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Comoquiera que no se solicitaron pruebas, ni se decretaron en el término de
ejecutoria del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 247, numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, modificado por
el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar de
conclusión. Asimismo, en esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó
silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación presentado en contra
de la sentencia del 3 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda,
supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación13, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15014 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
13 El valor de la pretensión se estima en la suma de $574.080.000.
14 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.”
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
2. Medio de control procedente
El medio de control de reparación directa es idóneo para perseguir la declaratoria
de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 14015 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños por hechos imputables a la Nación - Policía
Nacional y a la CAR.
3. Vigencia del medio de control
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control, ni la ocurrencia
de tal fenómeno preclusivo fue alegado en oportunidad alguna por las partes, ni en la
sentencia se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la
demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un
presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio16.
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
15 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del
daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
protección del interés general17, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción18, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
En ese sentido, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo21, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
En el caso sub examine, frente a las fallas del servicio endilgadas a las entidades
accionadas, se advierte que no obra prueba que dé cuenta de la fecha en que la
parte demandante tuvo conocimiento de dichos daños. No obstante lo anterior, en
aplicación de los principios pro actione y pro damnato22, y para garantizar el acceso
a la administración de justicia, la Sala estudiará el fondo del asunto, teniendo en
cuenta que la demanda se presentó el 19 de diciembre de 201723 y que se cumplió
19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
21 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,
le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
23 Fl. 1 a 9, C. Ppal.
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Radicado: 25000233600020170238401 (68414)
Demandante: Rafael Salazar Suárez
con el requisito de procedibilidad dispuesto para el efecto en el artículo 13 de la Ley
1285 de 200924, pues el libelista presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 19
de octubre de 2017, la cual se declaró fallida el 11 de diciembre de 201725.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis26.
4.1. Rafael Salazar Suárez es la persona sobre quien recae el interés jurídico que
se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, ya que fue el
sujeto pasivo del proceso sancionatorio ambiental que se tramitó con el número de
radicado 52569, en el cual se decomisó la excavadora de su propiedad, según da
cuenta copia simple de la Resolución No. 248 del 28 de marzo de 2017 dictada por
la CAR27, y frente al cual alega la configuración de una falla del servicio.
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que dicha
entidad participó en el procedimiento que conllevó al decomiso de la excavadora de
propiedad del actor por parte de la CAR, y según lo narrado en la demanda, en la
ejecución de esa diligencia se produjo una falla del servicio.
4.3. La CAR está legitimada en la causa por pasiva, toda vez que fue la entidad que
tramitó el proceso sancionatorio ambiental No. 52569 contra el señor Salazar
Suárez y practicó la diligencia de decomiso de la excavadora de su propiedad,
actuaciones respecto de las cuales se alega una falla del servicio.
24 “Artículo 13. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de
la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de
procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación
extrajudicial”.
25 Fl. 2 a 6, C. 1.
26 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
27 Fl. 136 a 141, C. 1.
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Radicado: 25000233600020170238401 (68414)
Demandante: Rafael Salazar Suárez
5. Problema jurídico
De conformidad con el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si la
CAR incurrió en una falla del servicio, por el retardo injustificado en tramitar el
proceso sancionatorio ambiental No. 52569, del que fue objeto el demandante como
propietario de la máquina referida.
6. Solución del problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199128 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho29, que contraría el orden legal30 o que está desprovista de una
causa que la justifique31, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida32, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
28 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
30 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág. 90.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
32 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros33.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 3 de junio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, el demandante reiteró que la CAR incurrió en una falla
del servicio, por el retardo injustificado en tramitar el proceso sancionatorio
ambiental No. 52569, del que fue objeto él y la excavadora de su propiedad. Se
advierte que, respecto a la falla del servicio endilgada a las entidades accionadas
por irregularidades en el procedimiento de decomiso, el recurrente no se pronunció.
En este sentido, y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra la sentencia proferida el 3 de junio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso (en adelante CGP), se resolverá el asunto sub lite
en aquello que se reprocha como desfavorable34 en el recurso. Por ello, a
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
34 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
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continuación, se analizará, exclusivamente, si la CAR es patrimonialmente
responsables por un retardo injustificado en el trámite del proceso sancionatorio
ambiental No. 52569 del que fue objeto Rafael Salazar Suárez y la excavadora de
su propiedad.
No se estudiará la presunta falla en que incurrieron el Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y la CAR durante el procedimiento de decomiso por haber
ingresado al predio en el que se encontraba operando la excavadora de propiedad
del aquí demandante, sin mediar autorización u orden de autoridad competente,
puesto que el extremo activo no se pronunció sobre este cargo en el recurso de
apelación. Ello permite inferir, entonces, que la parte recurrente se encuentra
conforme con este aspecto del fallo impugnado.
A propósito de este asunto, en sentencia de unificación del 9 de febrero de 201235
esta Corporación sostuvo que la competencia del juez de segunda instancia se
encuentra limitada a los aspectos indicados en el recurso de apelación, de manera
que los demás asuntos están llamados a excluirse del debate en la instancia
superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de
congruencia36 como el dispositivo37. De hecho, en esta providencia se manifestó lo
siguiente:
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón
de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el
trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia”.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad. 21060.
36 Con relación a la aplicabilidad del principio de congruencia, la providencia del 1° de abril de 2009,
(Rad: 32.800) puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando
resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los
aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso
se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el
evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de
nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta
de competencia funcional”.
37 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de
reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con
el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O
como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la
jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso” “Son
características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda
determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el
juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales).
López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General,
Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, Pág. 106.
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“Por regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda
instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se
aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera
instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados
por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin
perjuicio de los casos previstos o autorizados por la Constitución Política o por la
ley, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia
de la sentencia como el principio dispositivo (…)”.
Ahora bien, en relación con la mencionada regla general, según la cual aquellos
temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del
conocimiento del juez ad quem, conviene precisar que dicha regla general no es
absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse junto con las
excepciones que se derivan, por ejemplo, i) de las normas o los principios previstos
en la Constitución Política; ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el
Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados
Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la
vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o iii) de las normas legales de
carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran, a título puramente
ilustrativo, aquellos temas procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe
decretar de manera oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la
parte impugnante como fundamento de su inconformidad para con la decisión
censurada”
Siguiendo esta misma línea de pensamiento, la Corte Constitucional ha indicado
que: "en el recurso de apelación el juez está autorizado para examinar únicamente
los aspectos que son objeto de inconformidad por el apelante […]”38.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos Probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se demostró que el 1º de junio de 2011, Rafael Salazar Suárez compró a la
empresa Chaneme Comercial S.A., una excavadora marca Volvo, modelo
EC210BLC y serie 71914, por la suma de $158.280.000, según da cuenta copia
38 Corte Constitucional, sentencia C -583 de 1997.
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simple de la factura de venta No. AC012339 y la declaración de importación No.
882011000044097-040.
7.1.2. Quedó establecido que el 12 de noviembre de 2015, entre Rafael Salazar
Suárez, en calidad de arrendador, y Luis Alfonso Flores, en calidad de arrendatario,
suscribieron el contrato de arrendamiento sobre la excavadora marca Volvo, modelo
EC210BLC y serie 71914, por la suma de $100.000, sin especificar el lugar y tipo
de actividades a realizar con la máquina, según da cuenta copia simple de dicho
contrato41.
7.1.3. Está demostrado que el 18 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas,
uniformados de la Policía Nacional adscritos a la DICAR, ingresaron a un predio
ubicado en la vereda Panamá, en zona rural del municipio de Soacha
(Cundinamarca), dentro del cual evidenciaron el desarrollo de actividades
irregulares de explotación minera mediante la operación de una excavadora, razón
por la solicitaron el apoyo de la CAR. De esta información da cuenta el acta de
imposición de medida preventiva del 18 de noviembre de 201542.
7.1.4. Se acreditó que el 18 de noviembre de 2015, a las 12:45 horas, la CAR arribó
al lugar de los hechos y decomisó la excavadora marca Volvo, modelo EC210BLC
y serie 71914 que se encontraba operando en la zona. La aprehensión tuvo lugar
porque la extracción de material se estaba adelantando sin contar con el
instrumento de manejo y control ambiental, razón por la cual se dictaron medidas
preventivas, consistentes en la suspensión de actividades de explotación minera y
el decomiso preventivo de la máquina. De esta información da cuenta copia simple
del acta de imposición de medida preventiva43.
7.1.5. Se probó que mediante Resolución No. 106 del 23 de noviembre de 2015, la
CAR legalizó las medidas precautelativas impuestas en situación de flagrancia,
aclarando que el decomiso tendría carácter preventivo, hasta cuando
desaparecieran las causas que dieron lugar a la aprehensión o hasta tanto la
39 Fl. 68, C. 1.
40 Fl. 69, C. 1.
41 Fl. 67, C. 1.
42 Fl. 7 a 12, C. 1.
43 Fl. 7 a 12, C. 1.
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Corporación surtiera el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 y se
adoptara la decisión definitiva que en derecho correspondía. De lo anterior da
cuenta copia simple de dicha Resolución44.
7.1.6. Quedó demostrado que mediante Resolución No. 652 del 2 de diciembre de
2015, la CAR dio apertura al proceso sancionatorio ambiental No. 52569 contra Luis
Alfonso Flores, Alfonso Bernal Martínez y Carlos Estalin Junco Bernal, quienes se
encontraban dirigiendo las actividades de explotación minera en el predio; y,
adicionalmente, contra Justo Román Carrillo y la sociedad Arcillas Superior S.A.S,
en su condición de beneficiarios del Título Minero 15795. De ello da cuenta copia
simple de dicho acto administrativo45.
7.1.7. Consta que el 15 de enero de 2016, Rafael Salazar Suárez solicitó a la CAR
la devolución de su excavadora, para lo cual aportó el contrato de alquiler de
maquinaria del 12 de noviembre de 2015, suscrito con Luis Alfonso Flores, según
da cuenta copia simple de dicho memorial46.
7.1.8. Quedó establecido que el 17 de febrero de 2016, la CAR le indicó al señor
Salazar Suárez que la excavadora decomisada no podía ser devuelta hasta tanto
se surtiera el procedimiento que determinaba la Ley 1333 de 2009, pues dicha
máquina se había utilizado en la actividad de explotación minera sin contar con el
instrumento de manejo y control ambiental. Lo anterior consta en la copia simple del
oficio remisorio47.
7.1.9. Está acreditado que el 14 de julio de 2016, Rafael Salazar Suarez solicitó a
la CAR excluirlo de toda responsabilidad en el proceso sancionatorio ambiental No.
52569, por falta de legitimación por activa y, además, requirió la entrega inmediata
de la máquina decomisada, según da cuenta copia simple del memorial referido48.
7.1.10. Consta que el 14 de julio de 2016, la CAR precisó al señor Salazar Suárez
que “respecto a su exclusión por falta de legitimación activa, en el expediente No.
44 Fl. 30 a 38, C. 1.
45 Fl. 39 a 44, C. 1.
46 Fl. 65, C. 1.
47 Fl. 81, C. 1.
48 Fl. 108 y 109, C. 1.
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52569, no se evidencia en ninguna de las piezas procesales que sea parte del
mismo, o que ostente dicha calidad, por lo tanto no hay lugar a dicha petición… Por
otro lado, respecto a la solicitud de entrega inmediata de la maquinaria, es de aclarar
que sobre ella recae medida de decomiso preventive impuesta el 18 de noviembre
de 2015, que fue legalizada mediante Resolución DRSOA N° 106 de 23 de
noviembre de 2015 y sobre la cual igualmente cursa investigación a través del
expediente 52569. Lo anterior en concordancia con lo reglamentado en la Ley 1333
de 2009”, según da cuenta copia simple del oficio remisorio49.
7.1.11. Se demostró que el 9 de agosto y el 26 de octubre de 2016, Rafael Salazar
Suárez reiteró a la CAR las solicitudes de exclusión, terminación del proceso y
devolución de la máquina excavadora, según dan cuenta copias simples de dichos
memoriales50.
7.1.12. Se probó que el 29 de agosto y el 3 de noviembre de 2016, la CAR reiteró
la negativa a tales peticiones al señor Salazar Suárez, según dan cuenta copias
simples de dichos oficios51.
7.1.13. Se acreditó que mediante Resolución No. 248 del 28 de marzo de 2017, la
CAR vinculó a Rafael Salazar Suárez al proceso sancionatorio ambiental No. 52569,
como propietario de la excavadora aprehendida y “teniendo en cuenta que permitió
con dicho equipo la realización de la actividad de explotación minera consistente en
extracción de materiales de construcción”, según da cuenta copia simple de dicha
Resolución52.
7.1.14. Consta que el 9 de agosto de 2017, Rafael Salazar Suarez solicitó
nuevamente a la CAR la terminación del proceso administrativo y la entrega
inmediata de la máquina excavadora, porque en el “momento del contrato de alquiler
de maquinaria, que reposa en el expediente, los señores Alfonso Bernal Martínez y
Luis Alfonso Flores, afirmaron la existencia de títulos mineros y el resto de
49 Fl. 110, C. 1.
50 Fl. 111 y 112, y 117 a 119, C. 1.
51 Fl. 113 y 114, y 132 y 133, C. 1.
52 Fl. 136 a 141, C. 1.
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documentación para el ejercicio de la explotación minera”, según da cuenta copia
simple del memorial referido53.
7.1.15. Consta que el 14 de diciembre de 2017, Rafael Salazar Suárez solicitó a la
CAR, “iniciar las averiguaciones disciplinarias, administrativas, así como la remisión
o traslado del asunto a las autoridades fiscales y penales competentes, a fin de
establecer la responsabilidad que le pudiere caber a cada uno de los funcionarios
y/o contratistas que han tenido que ver en desarrollo de proceso No. 52569, por
cuanto es evidente la violación a los términos procesales, el desobedecimiento del
debido proceso, la omisión de funciones, todo lo cual conllevó al estado actual del
mismo”, según da cuenta copia simple de dicho memorial54.
7.1.16. Está demostrado que mediante Resolución No. 4428 del 29 de diciembre de
2017, la CAR dispuso la cesación del procedimiento frente a Justo Ramón Carrillo,
uno de los vinculados en el expediente No. 52569, porque se acreditó que para la
fecha de los hechos no tenía la calidad de beneficiario del título minero No. 15795.
Lo anterior consta en la copia simple del respectivo acto administrativo55.
7.1.17. Quedó probado que el 5 de abril de 2018, la CAR informó al señor Salazar
Suárez que el trámite del proceso sancionatorio ambiental No. 52569 se ha
adelantado conforme los términos dispuestos en la Ley 1333 de 2009, sin que se
avizoré un actuar negligente por parte de los funcionarios que han conocido del
proceso, según da cuenta copia simple de dicho oficio56. Al efecto, se cita in extenso
lo siguiente:
“Una vez revisadas las actuaciones surtidas dentro del trámite administrativo
ambiental del carácter sancionatorio que cursa dentro del expediente No. 52569 se
evidencia que:
Mediante Resolución DRSOA No. 106 del 23 de noviembre de 2015 (fis. 20-33), se
legalizan las medidas preventivas impuestas en situación de flagrancia mediante
Acta del día 18 de noviembre de 2015, a los señores CARLOS ESTALIN JUNCO
BERNAL, ALFONSO BERNAL MARTlNEZ, LUIS ALFONSO FLOREZ (quienes
dirigían las actividades de explotación minera), consistentes en la suspensión de
actividades de explotación, extracción de materiales de construcción del área del
Título Minero 15795 el cual no contaba con el instrumento de manejo y control
53 Fl. 184 y 185, C. 1.
54 Fl. 232, C. 2.
55 Fl. 233 a 239, C. 1.
56 Fl. 254 a 256, C. 2.
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ambiental, y el decomiso preventivo de la maquina marca Volvo, referencia EC2010
BLC, serial VCEC210BC00071914, color amarillo, horas de trabajo 1048 y Modelo
2011.
La citada Resolución DRSOA No. 106 de 23 de noviembre de 2015, fue comunicada
con oficios Nos. 11152103693, 11152103694, 11152103695, 11152103696 y
11152103697 del 21 de diciembre de 2015, al señor ALFONSO BERNAL
MARTINEZ, a la sociedad ARCILLAS SUPERIOR S.A.S., a los señores CARLOS
ESTALIN JUNCO BERNAL, JUSTO RAMON CARRILLO HERNANDEZ y LUIS
ALFONSO FLOREZ, en su orden. (Folios 46 al 50).
Que mediante AUTO DRSOA No. 652 del 2 de diciembre de 2015 (fis. 34 al 39),
publicado en el boletín oficial de la Corporación del 4 de marzo de 2016 (fl. 82), se
dio inicio al trámite administrative ambiental de carácter sancionatorio en contra del
señor CARLOS ESTALIN JUNCO BERNAL, ALFONSO BERNAL MARTINEZ y
LUIS ALFONSO LOPEZ, quienes se encontraban dirigiendo las actividades de
explotación minera, extracción de materiales de construcción, que se realizaban con
la excavadora anteriormente citada; así como, al señor JUSTO ROMAN CARRILLO,
SOCIEDAD ARCILLAS SUPERIOR S.A,S., en su condición de beneficiarios del
Título Minero 15795, dentro del cual se estaban adelantando actividades de
explotación minera. En el artículo segundo del AUTO DRSOA No. 652 del 2 de
diciembre de 2015, se dispuso practicar diligencias de versión libre a los señores
CARLOS ESTALIN JUNCO BERNAL, ALFONSO BERNAL MARTINEZ y LUIS
ALFONSO FLOREZ, el 15 de enero de 2016.
El mencionado Auto DRSOA No. 652 de 2 de diciembre de 2015, fue notificado
personalmente a los señores CARLOS ESTALIN JUNCO BERNAL, ALFONSO
BERNAL MARTINEZ y LUIS ALFONSO FLOREZ, el 30 de diciembre de 2015 (fl. 38
reverso) y a la sociedad ARCILLAS SUPERIOR S.A.S., por aviso remitido con oficio
No. 11162100011 del 5 de enero de 2016, entregado el 12 de enero de 2016 (fIs.
53 y 54) y el 21 de enero de 2016, por intermedio del doctor ORLANDO CARO
BELTRAN, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.108.420 y
profesionalmente con la tarjeta profesional de abogado No. 162.098 del C.S. de la
J., conforme al poder otorgado por el señor GERMAN GOMEZ SERNA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 19.315.338, representante legal de la mencionada
sociedad, con nota de presentación ante notario, soportado en el certificado de
existencia y representación legal aportados con radicación No. 11161100116 de 21
de enero de 2016 (fl. 67).
El 15 de enero de 2016, se escuchó en diligencia de versión libre a los señores
CARLOS ESTALIN JUNCO BERNAL, ALFONSO BERNAL MARTINEZ y LUIS
ALFONSO FLORES.
Mediante radicación No. 11161100070 del 15 de enero de 2016 (fls. 62 a 66), el
señor RAFAEL SALAZAR SUAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
19,434.178 de Bogotá, manifiesta a la Corporación que es el propietario de la
excavadora Marca Volvo, Modelo EC210BLC, Serie 71914 y solicita su pronta
devolución, teniendo en cuenta que no es el infractor ambiental, pues la misma se
encontraba alquilada a los señores LUIS ALFONSO FLOREZ y ALFONSO BERNAL
MARTINEZ, con contrato celebrado el 12 de noviembre de 2015, el cual anexa (fls.
62- 66)
Lo anterior, fue atendido con radicación 11162100286 del 29 de enero de 2016 (fl
76) complementada con oficio No. 1162100493 del 17 de febrero de 2016 (fl. 77)
indicándole al señor RAFAEL SALAZAR SUAREZ, que dicho elemento no es objeto
de devolución hasta tanto se surta el procedimiento administrativa ambiental de
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carácter sancionatorio, como lo determine la Ley 1333 de 2009, por cuanto este
hace parte del material probatorio obrante dentro de las diligencias surtidas, ya que
como lo estableció el área técnica, con dicho vehículo se estaba llevando a cabo la
actividad de explotación minera.
Mediante escrito radicado bajo el No. 20161113526 de 19 de abril de 2016 (fls. 83 a
101), la Doctora ADRIANA LUCIA MARTINEZ VILLEGAS, actuando en calidad de
apoderada del señor JUSTO RAMON CARRILLO, solicita la cesación del
procedimiento sancionatorio, iniciado en contra de su representado mediante Auto
DRSOA No. 652 del 2 de diciembre de 2015, teniendo en cuenta que la conducta
investigada no le es imputable, por no ser infractor ambiental, anexando para tal
efecto, certificado de Registro Minero del Título 15795 y Auto DRSOA No. 624 del
23 de noviembre de 2015.
Que con radicación No. 20161123378 del 17 de julio de 2016 (fl. 104 al 105), la
Doctora LUZ YOLANDA SANCHEZ NOVOA, actuando como apoderada del señor
RAFAEL SALAZAR SUAREZ, solicita la exclusión de responsabilidad por falta de
legitimación activa y se autorice la entrega inmediata de la máquina, marca Volvo,
Modelo EC210BLC, Serie 71914.
Dicha solicitud fue resuelta mediante oficio CAR No. 20162128968 del 28 de julio de
2016, en el cual al Corporación informó que mediante acto administrativo motivado
se tomaran las decisiones a que haya lugar dentro del expediente sancionatorio No.
52569 (folio 106).
Mediante radicado CAR No. 20161126422 del 9 de agosto de 2016, la Doctora LUZ
YOLANDA SANCHEZ NOVOA, apoderada del señor RAFAEL SALAZAR SUAREZ,
solicita nuevamente la autorización de la entrega inmediata de la máquina
retroexcavadora, marca Volvo, Modelo EC210BLC, Serie 71914 (folios 107-108).
Lo anterior, fue atendido mediante oficio CAR No. 20162133221 del 28 de agosto
de 2016, en el cual la Corporación reitera que hasta tanto se decida el trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, la Corporación decidirá sobre la
procedencia o no de hacer la devolución de la maquinaria decomisada (folios 109-
112).
A través del radicado CAR No. 20161136219 del 26 de octubre de 2016, la Doctora
LUZ YOLANDA SANCHEZ NOVOA, apoderada del señor RAFAEL SALAZAR
SUAREZ, solicita la autorización de la entrega inmediata de la máquina
retroexcavadora, marca Volvo, Modelo EC210BLC, Serie 71914, la terminación del
proceso administrativo sancionatorio y solicita la práctica de pruebas (folios 113-
127).
Dicha solicitud fue atendida mediante oficio CAR No. 20162147401 del 3 de
noviembre de 2016, en el cual la Corporación da respuesta a la solicitud de la
Doctora.
Mediante Auto DRSOA No. 248 del 28 de marzo de 2017, la Corporación modificó
el artículo primero del Auto DRSOA No. 652 del 2 de diciembre de 2015, mediante
el cual se inicia el proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y
dispone vincular al señor RAFAEL SAUXZAR SUAREZ, en calidad del propietario
de la excavadora marca Volvo, referenda EC2010BLC, Serial
VCEC210BC00071914, color amarillo y modelo 2011, encontrada en flagrancia
realizando actividades de explotación minera, por permitir que con dicho elemento
se realizara la extracción de materiales de construcción dentro del Título Minero
15795, sin contar con el respectivo instrumento ambiental.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Que mediante radicado CAR No. 11171100953 del 9 de mayo de 2017, ADRIANA
LUCIA MARTINEZ VILLEGAS, apoderada especial del señor JUSTO RAMON
CARRILLO, reitera la solicitud de declarar la cesación del proceso administrativo
sancionatorio ambiental abierto en contra de su representado.
Mediante radicado CAR No. 11171101755 del 9 de agosto de 2017, la Dra. LUZ
YOLANDA SANCHEZ NOVOA, solicita nuevamente que se autorice la entrega
inmediata de la máquina retroexcavadora marca Volvo, modelo EC210BLC, serie
71914, de propiedad del señor RAFAEL SALAZAR SUAREZ, y el archivo del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio. La anterior solicitud fue atendida
por la Corporación, mediante oficio CAR No. 11172103784 del 29 de agosto de
2017, en la cual se le indico a la apoderada que la maquinaria no es objeto de
devolución hasta tanto se agote el trámite establecido en la Ley 1333 de 2009.
Como quiera que la Corporación encontró procedente la mencionada solicitud, se
expidió la Resolución CAR No. 4428 del 9 de diciembre de 2017 (folios 211-217),
mediante la cual se resolvió cesar el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio respecto del señor JUSTO RAMON CARRILLO y, continuar el mismo
frente a los demás investigados, entre ellos el señor RAFAEL SALAZAR SUAREZ.
Actualmente la corporación se encuentra notificando a las partes de dicha actuación
con el fin de continuar con la etapa de formulación de cargos.
De acuerdo con los antecedentes indicados, la Corporación encuentra que el trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio que cursa en el expediente objeto
de la presente petición, se ha adelantado conforme Io establece la Ley 1333 de 2009
y en respeto del debido proceso de cada uno de los allí investigados, en el entendido
que se han adelantado las actuaciones administrativas encaminadas a establecer la
responsabilidad por acción u omisión de cada uno de los involucrados, se han
realizado las debidas notificaciones de dichas actuaciones y se han atendido todas
las solicitudes realizadas por los investigados. terceros intervinientes y entidades de
control; Io anterior, en un tiempo prudente.
Así pues, actualmente el trámite se encuentra en etapa de formulación de cargos
mediante la cual se le endilgara a cada uno de los investigados la presunta
responsabilidad, ya sea por acción u omisión, por infringir la normativa ambiental,
para posteriormente, garantizar su derecho a la defensa mediante el escrito de
descargos y las pruebas que soliciten o aporten los presuntos infractores, conforme
Io establecido en los artículos 24 y 25 de la Lev 1333 de 2009.
Conforme Io mencionado, la Corporación no encuentra actuar negligente por parte
de los funcionarios o contratistas que han sustanciado y/o emitido las actuaciones
administrativas pues han sido conforme a la Ley”.
7.1.18. Quedó establecido que el 10 de abril de 2018, la sociedad Arcillas Superior
S.A.S., vinculada dentro del trámite No. 52569, presentó recurso de reposición
contra la Resolución No. 4428 de 2017, según da cuenta copia simple de dicho
memorial57.
57 Fl. 258 a 262, C. 2.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
7.1.19. Se acreditó que mediante auto No. 0632 del 28 de mayo de 2018, la CAR,
con ocasión del recurso de reposición presentado por uno de los vinculados, ordenó
la práctica de varias pruebas, según da cuenta copia simple de dicho proveído58.
7.2.1. No existió retardo injustificado dentro del proceso sancionatorio
ambiental
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado está dado por el menoscabo
patrimonial sufrido por Rafael Salazar Suárez, por no poder disponer de su máquina
excavadora objeto de decomiso, derivada de la presunta falla del servicio en que
incurrió la CAR, por mora en el trámite administrativo.
Como este es el punto sobre el versa el recurso de apelación, será éste el que se
resuelva en el presente acápite.
Al respecto, entonces, se tiene que el artículo 80 de la Constitución Política, en
forma expresa, dispone en el Estado el deber de “prevenir y controlar los factores
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados”. De dicho mandato surge la potestad sancionatoria del Estado en
materia ambiental, ejercida dentro del propósito de garantizar la conservación,
preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y de los recursos
naturales.
A su turno, se advierte que, tratándose de la potestad sancionatoria administrativa
en el ámbito del derecho administrativo, esta corresponde a la facultad que se le da
a la Administración para investigar y sancionar a los administrados y/o funcionarios
públicos cuando infrinjan disposiciones legales. En materia ambiental, esta potestad
conserva una fuerte solidez administrativa, ya que, por mandato constitucional,
corresponde a las autoridades de este sector con sujeción a la Constitución y a la
Ley, formular las políticas y lineamientos en materia ambiental, adelantar las labores
de control, inspección y vigilancia de los recursos naturales renovables, así como
de investigar y sancionar las conductas que los puedan afectar de conformidad con
la normatividad ambiental. Esta sujeción a la Constitución y a la Ley, indica que la
58 Fl. 269 a 276, C. 2.
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Radicado: 25000233600020170238401 (68414)
Demandante: Rafael Salazar Suárez
potestad sancionatoria en materia ambiental, como manifestación del ius puniendi,
es reglada y no discrecional.
Para el efecto, la Ley 1333 de 2009 reguló el procedimiento sancionatorio ambiental.
Así pues, el artículo 3º prevé que “son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas, y los principios ambientales prescritos en el artículo 9 del Código
de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, 1 de la Ley 99 de
1993, la Ley 165 de 1994, la Ley 388 de 1997 y los demás principios contenidos en
las disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen”.
Sumado a lo anterior, el artículo 5º de la Ley 1333 de 2009 dispone que “se
considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya
violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994, las demás normas ambientales vigentes y en los actos administrativos con
contenido ambiental expedidos por la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones para configurar la responsabilidad civil
extracontractual y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin
perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil”.
Igualmente, el artículo 12 ibidem establece que “las medidas preventivas tienen por
objeto prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad
o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana”.
La fase previa, de conformidad con el artículo 13 ejusdem, tiene inicio cuando “una
vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental
competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer
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Radicado: 25000233600020170238401 (68414)
Demandante: Rafael Salazar Suárez
medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo
motivado”.
A continuación, el artículo 14 de la Ley 1333 de 2009 - frente a la flagrancia -
contempla que “cuando un agente sea sorprendido en flagrancia causando daños
al medio ambiente, a los recursos naturales o violando disposición que favorecen el
medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las autoridades ambientales
competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares que garanticen
la presencia del agente durante el proceso sancionatorio”.
En concordancia con lo anterior, el artículo 15 de la misma norma establece el
procedimiento que debe seguirse para la imposición de medidas preventivas en
caso de flagrancia, así: “en los eventos de flagrancia que requieran la imposición de
una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se procederá a
levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican… El acta deberá
ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se establecerán
condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a tres
días”.
Seguidamente, el artículo 16 de esa normativa, estipula que una vez “legalizada la
medida preventiva mediante el acto administrativo, se procederá, en un término no
mayor a 10 días, a evaluar si existe mérito para iniciar el procedimiento
sancionatorio. De no encontrarse mérito suficiente para iniciar el procedimiento, se
procederá a levantar la medida preventiva. En caso contrario, se levantará dicha
medida una vez se compruebe que desaparecieron las causas que la motivaron”.
Asimismo, el artículo 18 de la misma Ley, indica que el procedimiento sancionatorio
inicia “de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Al mismo tiempo, el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, señala que “iniciado el
procedimiento sancionatorio, cualquier persona natural o jurídica podrá intervenir
para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente
en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993”.
También, el artículo 24 ibidem prescribe que “cuando exista mérito para continuar
con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el
presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental”.
De otro lado, el artículo 25 ejusdem, prevé que “dentro de los diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este,
directamente o mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar
descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes”.
Luego, el artículo 26 de dicha norma, establece que “vencido el término indicado en
el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que
hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y
necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere necesarias. Las pruebas
ordenadas se practicarán en un término de treinta (30) días, el cual podrá
prorrogarse por una sola vez y hasta por 60 días, soportado en un concepto técnico
que establezca la necesidad de un plazo mayor para la ejecución de las pruebas”.
Posteriormente, la autoridad ambiental competente debe determinar la
responsabilidad y sanción “dentro de los ochenta (80) días siguientes al vencimiento
del término para presentar descargos o alegatos de conclusión, según sea el caso,
la autoridad ambiental mediante acto administrativo motivado, declarará la
responsabilidad del infractor e impondrá las sanciones y las medidas de Corrección
y de compensación a las que haya lugar para la reparación del daño causado si
fuere el caso. En caso de que no hora lugar a declarar la responsabilidad, la
autoridad ambiental exonerará a los presuntos infractores, mediante acto
administrativo motivado”, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009.
27
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Por último, el artículo 35 de la normativa referida, señala que “las medidas
preventivas se levantarán de oficio o a petición de parte, cuando se compruebe que
han desaparecido las causas que las originaron”.
En el caso concreto está probado que el 12 de noviembre de 2015, entre Rafael
Salazar Suárez, en calidad de arrendador, y Luis Alfonso Flores, en calidad de
arrendatario, suscribieron el contrato de arrendamiento sobre la excavadora marca
Volvo, modelo EC210BLC y serie 71914, por la suma de $100.000, sin especificar
el lugar y tipo de actividades a realizar con la máquina (hecho probado 7.1.2.).
Asimismo, se probó que el 18 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas, uniformados
de la Policía Nacional adscritos a la DICAR, ingresaron a un predio ubicado en la
vereda Panamá en zona rural del municipio de Soacha (Cundinamarca), dentro del
cual evidenciaron el desarrollo de actividades de explotación minera mediante la
operación de una excavadora, razón por la solicitaron el apoyo de la CAR (hecho
probado 7.1.3.).
Del mismo modo, quedó probado que el 18 de noviembre de 2015, a las 12:45
horas, la CAR arribó al lugar de los hechos y decomisó la excavadora marca Volvo,
modelo EC210BLC y serie 71914 que se encontraba operando en la zona. La
aprehensión tuvo lugar porque la extracción de material se estaba adelantando sin
contar con el instrumento de manejo y control ambiental, razón por la cual se
dictaron medidas precautelativas en flagrancia, consistentes en la suspensión de
actividades de explotación minera y el decomiso preventivo de la máquina referida
(hecho probado 7.1.4.).
Igualmente, se probó que mediante Resolución No. 106 del 23 de noviembre de
2015, la CAR legalizó las medidas preventivas impuestas en situación de flagrancia,
aclarando que la medida de decomiso tendría carácter provisorio, hasta cuando
desaparecieran las causas que la habían originado o hasta tanto la Corporación
surtiera el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 y se adoptara la
decisión definitiva que en derecho correspondiese (hecho probado 7.1.5.).
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Asimismo, consta que mediante Resolución No. 652 del 2 de diciembre de 2015, la
CAR dio apertura al proceso sancionatorio ambiental No. 52569 contra Luis Alfonso
Flores, Alfonso Bernal Martínez y Carlos Estalin Junco Bernal, quienes se
encontraban dirigiendo las actividades de explotación minera; así como contra Justo
Román Carrillo y la sociedad Arcillas Superior S.A.S, en su condición de
beneficiarios del Título Minero 15795 (hecho probado 7.1.6.).
Se demostró que que el 15 de enero de 2016, Rafael Salazar Suárez solicitó a la
CAR la devolución de su excavadora, para lo cual aportó el contrato de alquiler de
maquinaria del 12 de noviembre de 2015, suscrito con el señor Luis Alfonso Flores
(hecho probado 7.1.7.).
Igualmente, se logró establecer que el 17 de febrero de 2016, la CAR le indicó al
señor Salazar Suárez que la excavadora decomisada no podía ser devuelta hasta
tanto se surtiera el procedimiento que determinaba la Ley 1333 de 2009, pues dicha
máquina se había utilizado en la actividad de explotación minera sin contar con el
instrumento de manejo y control ambiental (hecho probado 7.1.8.).
Del mismo modo, quedó probado que los días 14 de julio, 9 de agosto y 26 de
octubre de 2016 y el 9 de agosto de 2017, Rafael Salazar Suárez reiteró a la CAR
las solicitudes de exclusión, terminación del proceso y devolución de la máquina
excavadora (hechos probados 7.1.9., 7.1.11. y 7.1.14.).
Consta que los días 14 de julio, 29 de agosto y 3 de noviembre de 2016, la CAR
negó tales peticiones al señor Salazar Suárez (hechos probados 7.1.10. y 7.1.12.).
Igualmente, quedó demostrado que mediante Resolución No. 248 del 28 de marzo
de 2017, la CAR vinculó a Rafael Salazar Suárez al proceso sancionatorio ambiental
No. 52569, como propietario de la excavadora aprehendida (hecho probado
7.1.13.).
A su turno, quedó acreditado que el 14 de diciembre de 2017, Rafael Salazar Suárez
solicitó a la CAR, “iniciar las averiguaciones disciplinarias, administrativas, así como
la remisión o traslado del asunto a las autoridades fiscales y penales competentes,
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
a fin de establecer la responsabilidad que le pudiere caber a cada uno de los
funcionarios y/o contratistas que han tenido que ver en desarrollo de proceso No.
52569, por cuanto es evidente la violación a los términos procesales, el
desobedecimiento del debido proceso, la omisión de funciones, todo lo cual conllevo
al estado actual del mismo” (hecho probado 7.1.15.).
Y, finalmente, se probó que el 5 de abril de 2018, la CAR informó al señor Salazar
Suárez que el trámite del proceso sancionatorio ambiental No. 52569 se había
adelantado conforme a los términos dispuestos en la Ley 1333 de 2009, sin que se
avizorara un actuar negligente por parte de los funcionarios que habían conocido
del proceso (hecho probado 7.1.17.).
Bajo esa óptica, y de conformidad con los hechos probados expuestos en esta
sentencia, encuentra la Sala que la falla del servicio por mora en el trámite
sancionatorio ambiental, alegada por la parte demandante, no se encuentra
acreditada.
En efecto, al revisar las piezas procesales que reposan en el expediente, se
evidencia con claridad que desde el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental
No. 52569 a la fecha de presentación de la demanda de reparación directa,
transcurrieron 2 años, sin que este acreditado que dicho trámite estuviere viciado
por actuaciones u omisiones dilatorias de la autoridad que ha tenido a cargo el
mencionado procedimiento.
En efecto, observa la Sala que no es posible verificar en su orden los requisitos
referidos, comoquiera que la parte actora allegó como prueba al presente proceso
actuaciones aisladas del procedimiento sancionatorio ambiental, de las cuales no
es posible determinar cuál fue el comportamiento dilatorio de la CAR. De hecho, se
advierte que en el presente caso se desconoce si el trámite del expediente No.
52569 culminó, pues únicamente se logró establecer de acuerdo con el oficio del 5
de abril de 2018, que el trámite se encontraba en etapa de formulación de cargos
(hecho probado 7.1.17.) y, posteriormente, que mediante Resolución No. 0632 del
28 de mayo de 2018, la CAR ordenó la práctica de varias pruebas (hecho probado
7.1.19.).
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Y es que si bien el demandante probó que habían transcurrido 2 años desde el inicio
del trámite del proceso sancionatorio ambiental enjuiciado hasta la fecha en que
demandó en sede contencioso administrativa, ello no significa que, de forma
automática, el Estado sea patrimonialmente responsable por mora, en el entendido
que a la parte demandante le corresponde demostrar que la CAR, incumplió con las
obligaciones a su cargo o las cumplió de forma irregular o anormal, pruebas que en
el expediente se echan de menos, sin que se pueda deducirse de los pocos
documentos allegados cuáles fueron aquellas actuaciones que incidieron de forma
directa en la mora alegada.
Por el contrario, del recuento de las actuaciones procesales surtidas por la CAR, se
puede inferir que dicha entidad actuó de conformidad con las obligaciones a su
cargo, sin que se puedan avizorar acciones u omisiones tendientes a impedir que el
proceso sancionatorio ambiental No. 52569 siguiera su curso normal. En efecto, por
un lado, las piezas procesales del proceso sancionatorio ambiental aportadas al
expediente permiten establecer que la CAR respondió a cada una de las solicitudes
de devolución de la excavadora marca Volvo, modelo EC210BLC y serie 71914 y
cesación del mencionado trámite presentadas por el aquí demandante,
pronunciamientos que estuvieron enmarcados en la Ley 1333 de 2009, sin que se
pueda apreciar una actuación dilatoria o negligente por parte de la autoridad
ambiental (hechos probados 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9., 7.1.10., 7.1.11., 7.1.12., 7.1.14. y
7.1.17.).
Adicionalmente, se advierte que la excavadora marca Volvo, modelo EC210BLC y
serie 71914 fue decomisada por la CAR, porque se le encontró realizando
actividades de explotación minera correspondiente a la extracción de materiales de
construcción sin contar con el instrumento de manejo y control ambiental (hecho
probado 7.1.4.). En otras palabras, la máquina fue utilizada para cometer una
infracción ambiental y, en tal sentido, se configuró una de las causales para
decomisarla preventivamente, según lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley
1333 de 2009.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
Así las cosas, aunque el demandante sostenía que era el propietario del bien, que
lo había adquirido legalmente y que lo había entregado en arrendamiento al autor
de la infracción ambiental, no era posible acceder a las peticiones elevadas por
Rafael Salazar Suárez, ni omitir el trámite del proceso sancionatorio ambiental, ni
ordenar la devolución de la máquina, pues, se reitera, la excavadora marca Volvo,
modelo EC210BLC y serie 71914 estaba incursa en la causal 1ª del artículo 36 de
la Ley 1333 de 200959 y, en tal sentido, le correspondía a la autoridad ambiental
iniciar y tramitar hasta su culminación el procedimiento sancionatorio ambiental,
como en efecto lo ha venido haciendo la CAR.
En este sentido, pese a que desde el 14 de julio de 2016, Rafael Salazar Suárez le
advirtió a la CAR que él era el titular del derecho de dominio sobre la excavadora
marca Volvo, modelo EC210BLC y serie 71914, que la había adquirido legalmente
y que se la había entregado en arrendamiento a Luis Alfonso Flores, era un deber
legal de la autoridad enjuiciada adelantar el respectivo proceso sancionatorio
ambiental.
En otras palabras, contrario a lo manifestado por el demandante, la CAR se
encontraba obligada a proferir en derecho, y dentro de los términos y
procedimientos legales, las decisiones antes referidas, como en efecto se acreditó,
de modo que el actor se equivoca al señalar que el procedimiento no debió
adelantarse, que las resoluciones dictadas no debieron pronunciarse en el sentido
de dar trámite al procedimiento sancionatorio ambiental, sino que debieron limitarse
a ordenar la devolución de la máquina de su propiedad, todo lo cual devendría
contrario a derecho porque, como se vio, era una obligación legal de la autoridad
ambiental dar inicio, tramitar y llevar hasta su culminación el procedimiento extintivo,
en todas sus fases, que a la postre se advierte se desconoce si ya culminó.
59 “Artículo 36. Tipos de medidas preventivas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, y las demás autoridades
ambientales, la Autoridad Nacional dé Licencias Ambientales, las Autoridades Ambientales, las
entidades territoriales, los demás centros urbanos, Parques Nacionales Naturales de Colombia y las
delegaciones de asuntos ambientales de la Armada Nacional, el Ejercito Nacional, la Fuerza Aérea
Colombiana y la Policía Nacional, impondrán al infractor de las normas ambientales, mediante acto
administrativo motivado y de acuerdo con la gravedad de la infracción, entre otras, alguna o algunas
de las siguientes medidas preventivas: 1. Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o
implementos utilizados para cometer la infracción…”.
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Adicionalmente, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley 1333 de 2009, las medidas preventivas se levantarán de oficio o a petición
de parte, cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron. Así pues, en el caso particular, se evidencia que la CAR debía continuar
con el trámite del proceso sancionatorio ambiental y que la medida preventiva
consistente en el decomiso de la excavadora marca Volvo, modelo EC210BLC y
serie 71914 continuaba vigente, pues no habían desaparecido las causas que
conllevaron a la aprehensión de la misma. De hecho, así lo reiteró la autoridad
ambiental en los oficios mediante los cuales dio respuesta a las peticiones de
devolución y cesación del procedimiento presentadas por el aquí demandante.
Ahora, paralelo al mencionado deber legal de la autoridad ambiental, se halla el
deber del afectado con la medida de soportar el procedimiento sancionatorio, toda
vez que era evidente la configuración de la causal 1ª del artículo 36 de la Ley 1333
de 2009, pues era claro que la máquina decomisada se encontró extrayendo
material de construcción y que sirvió de instrumento en la comisión de la infracción
ambiental, todo lo cual, se reitera, justificaba y exigía el trámite referido y, en tal
sentido, imponía al propietario del bien la obligación de soportar la carga que
conllevaba el proceso sancionatorio ambiental, de suerte que no está acreditado un
retardo injustificado o producto de la decidía o inactividad de la entidad demandada,
tal y como lo dispone la jurisprudencia de esta Corporación60. Precisamente, así lo
advirtió la CAR en el oficio del 5 de abril de 2018 (hecho probado 7.1.17.), “la
Corporación encuentra que el trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio que cursa en el expediente objeto de la presente petición, se ha
adelantado conforme Io establece la Ley 1333 de 2009 y en respeto del debido
proceso de cada uno de los allí investigados, en el entendido que se han adelantado
las actuaciones administrativas encaminadas a establecer la responsabilidad por
acción u omisión de cada uno de los involucrados, se han realizado las debidas
notificaciones de dichas actuaciones y se han atendido todas las solicitudes
realizadas por los investigados. terceros intervinientes y entidades de control; Io
60Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 22322, criterio reiterado por la Subsección A de la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
del 26 de agosto de 2011, expediente número 27524, y, en sentencia del 14 de septiembre de 2017,
expediente número 48.271.
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anterior, en un tiempo prudente… Conforme Io mencionado, la Corporación no
encuentra actuar negligente por parte de los funcionarios o contratistas que han
sustanciado y/o emitido las actuaciones administrativas pues han sido conforme a
la Ley”.
Resulta necesario precisar que la sola afirmación del demandante consistente en
que la entidad demandada incurrió en un retardo injustificado no resulta suficiente
para edificar una falla del servicio por mora en un trámite administrativo; pues de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP, se debe probar que hubo
un retardo injustificado, y que el mismo obedeció a maniobras dilatorias,
actuaciones evasivas, temerarias o caprichosas que pudieran afectar el curso
normal del proceso; circunstancias que no se encontraron acreditadas en el
presente caso, según lo expuesto en precedencia.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 3 de junio de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, comoquiera que no se acreditó el retardo injustificado dentro del proceso
sancionatorio ambiental No. 52569 alegado en el escrito introductorio.
8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas,
a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
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Demandante: Rafael Salazar Suárez
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas y contrario a lo sostenido
por el demandante en el recurso de apelación, la Sala en la parte resolutiva
condenará en costas al extremo activo, toda vez que el recurso de apelación que
interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada
el a quo, en los términos del artículo 366 del CGP, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
En relación con las agencias en derecho61 en segunda instancia, se entienden
causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora62. A su turno, el Acuerdo 10554 de 201663
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determina
que en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse
entre 1 a 5 S.M.L.M.V.64.
En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte demandada no
desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias
en derecho a cargo del extremo activo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
61 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
62 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
63 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
64 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En
única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre
el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
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Radicado: 25000233600020170238401 (68414)
Demandante: Rafael Salazar Suárez
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de junio de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
VF
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