Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02407-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Fiscalización: la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 no eliminó la función
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2017-02407-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2017-02407-01
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería – ANM.
Referencia: Controversias Contractuales – Ley 1437 de 2011.
Temas: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA /
FISCALIZACIÓN – La declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 no eliminó la función
de fiscalización ni la posibilidad de ejercerla con apoyo técnico de terceros, pues ambas tenían
fundamento autónomo en los artículos 317 y 318 de la Ley 685 de 2001 / POTESTAD
SANCIONATORIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / MULTA EN CONTRATO DE
CONCESIÓN – La autoridad minera puede constatar el incumplimiento contractual e imponer la
multa prevista en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001, previo requerimiento al concesionario, sin
que sea necesaria una declaración judicial previa.
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 16 de junio de 2023 dictada por la Sección Tercera –
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
2. Se confirmará la sentencia apelada. Colsaminas Ltda no desvirtuó el
sustento jurídico de la fiscalización ni la facultad de la ANM para imponer multas por
los incumplimientos del contrato de concesión. No acreditó la falsa motivación de
los actos demandados o la vulneración del debido proceso.
ANTECEDENTES
Demanda
3. El 19 de diciembre de 20171 la sociedad Colsaminas Ltda., presentó
demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales contra la
Agencia Nacional de Minería – ANM, con el fin de obtener la nulidad de los actos
1
Folios 65-68, cuaderno 1.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
administrativos que declararon el incumplimiento del contrato de concesión minera
e impusieron una sanción pecuniaria2.
Hechos
4. El 20 de agosto de 20083 Colsaminas Ltda. y el Ministerio de Minas y Energía
celebraron el contrato de concesión minera para la explotación del centro salinero
localizado en el municipio de Nemocón – Cundinamarca, como resultado de la
licitación pública no. 001 de 2008.
5. El 02 de octubre de 2008 se inscribió el contrato en el Registro Minero
Nacional – RMN – y se le asignó el código HIQO-01. El plazo se fijó por un término
de 30 años, hasta el 01 de octubre de 2038.
6. En virtud del convenio interadministrativo no. 211045 de 2011, suscrito entre
el Servicio Geológico Colombiano y FONADE4, este último adelantó el proceso de
selección no. OPC-017 de 2012, con el fin de contratar 2 firmas consultoras para
llevar a cabo procesos de apoyo de fiscalización integral de los títulos mineros.
7. Surtida la selección, FONADE suscribió los contratos no. 2122052 y 2122051
de 2012 con el Consorcio HGC y el Consorcio Bureau Veritas-Tecnicontrol,
respectivamente. A este último le correspondió la fiscalización de la concesión
HIQO-01.
8. En desarrollo de los distintos ciclos de fiscalización, Tecnicontrol visitó la
mina entre el 26 y el 28 de febrero de 2013. Posteriormente, verificó el expediente
el 20 de diciembre de 2013 e inspeccionó nuevamente el área de la concesión el 9
de enero de 2014. Los soportes correspondientes se consolidaron en el informe de
fiscalización integral que determinó 7 incumplimientos:
9. (i) inexistencia de un sistema de comunicación con el exterior5; (ii) no
presentación de un plan de acción respecto de la estabilidad de las labores
2
“PRETENSIONES. Con fundamento en lo expresado con todo respeto le pido que, con intervención de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,
entidad pública del orden nacional, representada por su Gerente o Director, en calidad de demandada, previo el trámite de un proceso
contractual, se declare la NULIDAD de la resolución VSC 104 del 27 de febrero de 2015 y de la 1063 del 14 de diciembre de 2015- actos
administrativos-, referentes a un contrato estatal, proferidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y, en consecuencia las deje sin ningún
efecto.”
3
Folios 2-11, cuaderno 1.
4
Tuvo como finalidad gestionar y coordinar los procesos para evaluar y hacer seguimiento a las concesiones y títulos mineros en el país,
buscando garantizar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales y económicas de quienes ejercían la actividad minera.
5
Falta de un sistema de comunicación con el exterior de la mina, pese al requerimiento previo formulado por la ANM y a que la omisión persistía
en la visita posterior.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
subterráneas6; (iii) falta de control y aislamiento de las labores abandonadas7; (iv)
no presentación de la información solicitada, crucial para el seguimiento del
proyecto minero, ni de los estudios ecométricos sic correspondientes8; (v)
incumplimiento del Auto VC-017 del 31 de mayo de 20139; (vi) incumplimiento en el
pago de contraprestaciones económicas10 y; (vii) incumplimiento a los
requerimientos a través del Auto no. 088 del 27 de diciembre de 201311.
10. Con fundamento en ello, la ANM expidió la resolución VSC 104 del 27 de
febrero de 2015 que declaró el incumplimiento del contrato HIQO-01 e impuso una
sanción equivalente a 120 SMLMV. Colsaminas formuló recurso de reposición y en
resolución 1063 del 14 de diciembre de 2015, se mantuvo la declaratoria y se redujo
la sanción a 100 SMLMV.
11. Colsaminas señaló que entre la visita de fiscalización y la expedición de los
actos demandados transcurrieron 2 años, periodo en el cual corrigió algunos de los
incumplimientos advertidos. La ANM no verificó esas circunstancias previo a la
imposición de la sanción.
Cargos de nulidad
12. Como primer cargo, la demandante sostuvo que la ANM vulneró el artículo
141 del CPACA, porque determinó el incumplimiento del contrato en sede
administrativa, siendo qué, conforme su criterio, la entidad debía solicitar esa
declaración ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través del medio
de control de controversias contractuales.
13. Concordante con lo anterior, formuló la violación al debido proceso, porque
la ANM no podía establecer esa declaratoria mediante trámite administrativo interno,
toda vez que estaría actuando como juez y parte. Se requería, a su juicio, un
proceso judicial en el que la demandante pudiera ejercer su defensa.
14. Alegó la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos
demandados, según el numeral 2° del artículo 91 del CPACA. Los informes de
6
Falta de un diagnóstico técnico y de un plan de acción para prevenir y corregir los problemas de estabilidad de las labores subterráneas, pese
a los requerimientos previos de la ANM.
7
Falta de barreras y señalización adecuadas para impedir el acceso a las labores mineras abandonadas, pese al requerimiento previo de la
ANM.
8
Falta de registro y soportes técnicos necesarios para el seguimiento de la mina, incluidos los estudios ecométricos sic de los pozos 6 y 7, pese
al requerimiento previo de la ANM.
9
Incumplimiento de las obras y estudios requeridos por la ANM, en especial, la construcción del canal perimetral y sus drenes, así como las
perforaciones para detectar posibles vacíos.
10
Falta de pago de las sumas destinadas a obras de desarrollo regional en el municipio de Nemocón, pese al requerimiento previo de la ANM.
11
Incumplimiento por falta de plan de salvamento, los estudios sobre estabilidad e infiltraciones y los informes de seguimiento estructural de la
mina.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Tecnicontrol se elaboraron de conformidad con el contrato de apoyo de funciones
de fiscalización de títulos mineros al amparo de la Ley 1382 de 2010, que se declaró
inexequible mediante la sentencia C-366 de 2011. En ese sentido, aduce que al
momento de la expedición de las resoluciones sancionatorias, había desaparecido
su fundamento jurídico.
15. Finalmente, atribuyó la falsa motivación. Afirmó que los actos se sustentaron
en hechos contrarios a la realidad, pues algunos incumplimientos no existieron y
otros habían sido subsanados antes de la imposición de la sanción.
Contestación de la demanda
16. La ANM se opuso a las pretensiones. Afirmó que el Código de Minas la
facultaba para fiscalizar el contrato e imponer multas por incumplimiento de las
obligaciones del concesionario, sin acudir previamente al juez. Señaló que la
inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 no afectó los informes de fiscalización ni los
actos acusados, pues esas actuaciones también se sustentaron en la Ley 685 de
2001.
17. Propuso como excepciones de mérito: (i) Del título minero n° HIQO – 01: El
contrato de concesión se celebró el 20 de agosto de 2008, se inscribió el 2 de
octubre siguiente y se encontraba vigente y en etapa de explotación cuando se
adelantó la fiscalización.
18. (ii) respecto del fundamento de derecho de las pretensiones y argumentos
del demandante: El Código de Minas la facultaba para fiscalizar el título e imponer
multas, por lo que la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 no privó de sustento
esas actuaciones.
19. (iii) falta de acreditación de requisitos para que se pueda imputar la
responsabilidad a la ANM – ausencia de nexo de causalidad: Colsaminas no
demostró un daño antijurídico ni su imputación a la entidad, que actuó conforme al
régimen minero aplicable.
Sentencia de primera instancia
20. En sentencia del 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
21. Consideró que la ANM tenía competencia para fiscalizar el contrato e
imponer multas al concesionario. Los artículos 115, 287 y 318 del Código de Minas
autorizan esas actuaciones, por lo que la entidad no debía acudir previamente al
juez.
22. Descartó la falsa motivación. La inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010 no
privó de fundamento los actos administrativos, pues los artículos 318 y 325 de la
Ley 685 de 2001 también sustentan las labores de fiscalización. Colsaminas Ltda.
no demostró que los incumplimientos fueran inexistentes o que la ANM los hubiera
valorado de forma errónea.
23. Negó una vulneración al debido proceso. La entidad requirió previamente a
la concesionaria para que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones y solo
impuso la sanción después de que la sociedad no atendiera las exigencias
formuladas.
24. En consecuencia, mantuvo la legalidad de los actos demandados y condenó
en costas a la parte demandante. Fijó agencias en derecho en $1.933.050.
Recurso de apelación
25. Colsaminas apeló la sentencia. Argumentó que el Tribunal centró el análisis
de la falsa motivación en el incumplimiento contractual, aunque el cargo cuestionaba
únicamente el fundamento jurídico de la fiscalización.
26. Los informes de Tecnicontrol carecían de sustento, pues la Ley 1382 de 2010
fue declarada inexequible, por tanto, las resoluciones incurrieron en un error de
derecho al fundarse en una actuación que ya no estaba autorizada.
27. El Tribunal omitió pronunciarse sobre el cargo relacionado con la vulneración
del debido proceso, pues, a su juicio, no resolvió el argumento según el cual la
Agencia Nacional de Minería actuó como juez y parte al declarar el incumplimiento
contractual e imponer la multa mediante un procedimiento administrativo
28. Finalmente, cuestionó la condena en costas. El proceso involucraba un
asunto de interés público y no se acreditó su causación. En consecuencia, solicitó
la revocatoria de la sentencia de primera instancia.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Trámite en segunda instancia
29. En auto del 29 de febrero de 2024, esta Corporación admitió la apelación
interpuesta por Colsaminas12. Las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron
en esta oportunidad.
CONSIDERACIONES
30. La Sala resolverá la apelación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia, previa verificación de los presupuestos procesales
de jurisdicción13, competencia14, conciliación prejudicial15, caducidad16 y
legitimación en la causa por activa y pasiva17.
Alcance de la apelación
31. La apelante busca desvirtuar la legalidad de los actos acusados, porque la
fiscalización carecía de sustento jurídico y la ANM no podía declarar el
incumplimiento ni imponer multa sin una decisión judicial previa. La Sala limitará su
análisis a esos reparos y a la procedencia de la condena en costas.
Problema jurídico
32. La Sala determinará: (i) ¿la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de
2010 dejó sin fundamento jurídico la fiscalización adelantada por Tecnicontrol y
configuró la falsa motivación de los actos administrativos demandados?; (ii) ¿la
ANM tenía competencia para declarar el incumplimiento e imponer multa, sin una
12
Índice 003 Samai, segunda instancia.
13
Según el numeral 2 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos relativos
a “los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del
Estado”. En este caso, la entidad demandada es la Agencia Nacional de Minería. Según el Decreto 4134 de 2011, la ANM, entidad que suscribió
el contrato HIQO-01, es una agencia estatal de naturaleza especial, perteneciente al sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
14
El proceso de la referencia es de competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que se controvierte una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Igualmente, teniendo en cuenta la
legislación especial que rige el proceso de la referencia, el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, atribuye a los tribunales administrativos el
conocimiento en primera instancia, de las controversias relacionadas con contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y
explotación minera, por lo que la apelación de las providencias resultantes le corresponde a esta Corporación.
15
Colsaminas Ltda presentó solicitud de conciliación prejudicial el 2 de septiembre de 2016 ante la Procuraduría. En audiencia del 2 de
noviembre de 2016 se declaró fallida en atención a la falta de ánimo conciliatorio y se expidió la constancia correspondiente. Conforme lo
anterior, cumplió el requisito previsto en el numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.
16
La resolución 1063 del 14 de diciembre de 2015, que resolvió el recurso de reposición contra la resolución VCS 104 del 27 de febrero de
2015, se notificó personalmente el 4 de enero de 2016. La solicitud de conciliación suspendió el término de caducidad entre el 2 de septiembre
y el 2 de noviembre de 2016. Como la demanda se presentó el 19 de diciembre de 2017, se ejerció dentro del plazo de dos años previsto en el
literal j) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, contados desde “el día siguiente a la ocurrencia de los motivos… de derecho
que les sirvan de fundamento.”
17
Colsaminas Ltda está legitimada por activa porque suscribió el contrato de concesión minera HIQO-01 y fue destinataria de los actos
acusados. La Agencia Nacional de Minería lo está por pasiva porque expidió las resoluciones que impusieron y confirmaron la sanción.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
decisión judicial previa? y; (iii) ¿procede la condena en costas contra la
demandante?
Tesis
33. La sentencia de primera instancia se confirmará. La Ley 685 de 2001
sustenta la fiscalización y la facultad sancionatoria de la ANM, con independencia
de la Ley 1382 de 2010. La inexequibilidad de esta última no afectó la motivación
de los actos administrativos demandados. No se requería una declaración judicial
de incumplimiento para proferirlos.
34. Se desarrollará así: (i) sustento normativo de la fiscalización en materia
minera; (ii) la facultad sancionatoria de la ANM; (iii) caso concreto y; (iv) la condena
en costas.
Sustento normativo de la fiscalización en materia minera
35. La fiscalización constituye una manifestación del deber estatal de administrar
y controlar la explotación de los recursos naturales no renovables. Su finalidad es
verificar que la actividad minera se ajuste a las condiciones legales, técnicas,
operativas y ambientales establecidas.
36. Los artículos 317 y 318 de la Ley 685 de 2001 atribuyen a la autoridad minera
la fiscalización de los títulos y permiten que esa labor se ejerza con el apoyo de
auditores o terceros especializados. La intervención del tercero se limita a las
actividades técnicas contratadas y no transfiere la competencia administrativa para
la formulación de requerimientos, la valoración de los hallazgos y la adopción de
decisiones permanecen en la autoridad minera. La validez de los informes exige,
además, que el tercero haya actuado dentro del objeto, plazo y alcance del contrato
de apoyo correspondiente.
37. El Decreto Ley 4134 de 2011 creó la Agencia Nacional de Minería como una
entidad estatal de naturaleza especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Le
asignó las funciones de autoridad minera o concedente y la administración integral
de los recursos minerales de propiedad del Estado.
38. El numeral 3° del artículo 7 de la Ley 1530 de 2012, atribuyó la Ministerio de
Minas y Energía la función de fiscalizar la exploración y explotación de los recursos
naturales no renovable. A su vez, el artículo 13 de la norma definió el alcance de
esa actividad y permitió su tercerización en personas naturales o jurídicas.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
39. Esa regulación rigió desde el 17 de mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre
de 2020, en consecuencia, estuvo vigente durante las visitas efectuadas por
Tecnicontrol y al momento de la expedición de las resoluciones sancionatorias en
201518.
40. El artículo 23 de la Ley 1382 de 2010 adicionó 3 incisos al artículo 325 de la
Ley 685 de 2001. Esas disposiciones regularon el cobro de los servicios de
fiscalización, la destinación de los recursos, los componentes de la tarifa y la
prestación el servicio por medio de funcionarios o contratistas.
41. La reforma no modificó ni derogó los artículos 317 y 318 de la Ley 685 de
2001, que atribuían a la autoridad minera la función de fiscalización y permitían
ejercerla directamente o por medio de auditores. Tampoco alteró los artículos 115 y
287 que establecían la facultad y el procedimiento para imponer multas al
concesionario.
42. La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1382 de 2010 por medio
de la Sentencia C-366 de 2011 y difirió los efectos de esa decisión hasta el 11 de
mayo de 2013. A partir de esa fecha dejaron de producir efectos los incisos
agregados al artículo 325, pero permaneció vigente el texto original de esa
disposición y las demás normas del Código de Minas que no fueron modificadas por
aquella ley.
43. Por tanto, la terminación de los efectos de la Ley 1382 de 2010 no eliminó la
función de fiscalización ni el apoyo técnico de terceros. Esas actividades
conservaron sustento en los artículos 317 y 318 de la Ley 685 de 2001, los artículos
7 y 13 de la Ley 1530 de 2012 y las normas que atribuían y delegaban esa función
en la ANM. La facultad sancionatoria, por su parte, permaneció regulada por los
artículos 115 y 287 del Código de Minas.
La facultad sancionatoria de la ANM
44. La fiscalización minera no se limita a constatar las condiciones en que se
ejecuta el título minero. También comprende la adopción de las medidas previstas
en la ley frente al incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del
concesionario, entre ellas, la imposición de multas por la autoridad competente.
18
La Ley 1530 de 2012 publicada en el Diario Oficial 17 de mayo de 2012, vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Derogada por el artículo
211 de la Ley 2056 de 2020.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
45. Entre las disposiciones del Código de Minas se encuentra la multa regulada
por el artículo 115 de la Ley 685 de 2001. Su imposición corresponde a la autoridad
concedente frente al incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
concesión, con sujeción al procedimiento especial aplicable19. La multa no tiene por
objeto indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento contractual.
46. Para la fecha de expedición de la Resolución VSC 104 de 2015, el artículo
111 de la Ley 1450 de 2011 había incrementado hasta en 1.000 SMLMV el límite
de multas previstas en el artículo 115 del Código de Minas. La Resolución 9 1544
del 24 de diciembre de 2014 estableció los criterios para su graduación.
47. La facultad para imponer estas multas corresponde a la autoridad
concedente. Esta condición corresponde a la ANM, de acuerdo con el artículo 317
de norma en mención y el artículo 4 del Decreto Ley 4134 de 2011, que le asignó
las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional.
48. La ANM puede verificar los incumplimientos del contrato, declararlo para
efectos sancionatorios e imponer las multas correspondientes. Estas pueden
aplicarse por cada infracción y de manera sucesiva mientras persista la conducta.
49. El ejercicio de esa facultad exige el procedimiento previsto en el artículo 287
del Código de Minas. Antes de imponer la sanción, la ANM debe identificar la
obligación incumplida y requerir al concesionario para que subsane la falta o ejerza
su defensa.
50. Este procedimiento especial prevalece sobre las disposiciones generales del
CPACA. Este último se aplica de manera supletoria a los aspectos no regulados por
la legislación minera, como la notificación, los recursos y la firmeza del acto
administrativo.
51. En consecuencia, la ANM no necesita obtener una declaración judicial previa
del incumplimiento. El artículo 141 del CPACA permite acudir al juez para resolver
controversias contractuales, pero no limita o desplaza la potestad sancionatoria
atribuida a la autoridad administrativa directamente por la norma especial aplicable.
19
El artículo 287 del Código de Minas regula el procedimiento especial para imponer multas. La autoridad debe requerir previamente al
concesionario, identificar las faltas u omisiones y concederles un término máximo de 30 días para subsanarlas o justificar la necesidad de un
plazo mayor. Por su parte, el inciso 3° del artículo 2 del CPACA dispone que las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos
previstos en ese código, sin perjuicio de los regulados en leyes especiales, y que sus disposiciones solo se aplicarán a estos en lo no previsto,
por lo tanto, el artículo 287 rige directamente la imposición de multas mineras y el CPACA cumple una función supletoria.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Resolución de cargos
52. La apelante sostiene que los actos demandados incurrieron en falsa
motivación porque los informes de Tecnicontrol perdieron soporte jurídico con la
declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010.
53. La falsa motivación se configura cuando existe una divergencia entre la
realidad fáctica o jurídica y las razones que sustentan el acto administrativo. El cargo
exige acreditar que los hechos invocados no ocurrieron o que carecían de respaldo
normativo, de modo que se fundamente la invalidez de la actuación.
54. El recurso de apelación no cuestionó de manera concreta los
incumplimientos atribuidos a Colsaminas. Por el contrario, el apelante incluso
reconoció que "alguno de los hechos que sirven de fundamento a las resoluciones
son ciertos". En ese contexto, el reparo se circunscribió a sostener que el proceso
de fiscalización carecía de fundamento jurídico como consecuencia de la
inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010.
55. Los actos demandados valoraron los hallazgos obtenidos durante los
distintos ciclos de fiscalización, así como los requerimientos formulados por la ANM
y las respuestas de la concesionaria. El hecho de que algunas de esas actuaciones
se realizaran después de que la Ley 1382 de 2010 dejara de producir efectos no las
privó de fundamento jurídico, pues la fiscalización y el apoyo técnico de terceros
estaban autorizados por los artículos 317 y 318 de la Ley 685 de 2001 y 13 de la
Ley 1530 de 2012.
56. El Decreto Ley 4134 de 2011 asignó a la ANM las funciones de autoridad
minera y el Ministerio de Minas y Energía la delegó para la fiscalización, seguimiento
y control de los títulos de esa naturaleza20. Tecnicontrol se limitó a realizar las visitas
de inspección, documentar los hallazgos y formular recomendaciones.
57. La agencia evaluó esa información, requirió al concesionario, examinó sus
respuestas e impuso la multa. El fiscalizador no ejerció la potestad sancionatoria ni
sustituyó a la autoridad minera.
58. En ese orden de ideas, no se configuró la divergencia jurídica alegada. El
apelante partió de la premisa equivocada, al considerar que la inexequibilidad de la
20
Mediante Resolución no. 18-0876 del 7 de junio de 2012, el Ministerio de Minas y Energía delegó de forma expresa las funciones de
fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros a la ANM. En Resolución no. 9-1818 del 13 de diciembre de 2012 la disposición se
mantuvo.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Ley 1382 eliminó la fiscalización minera y ello derivaba en el desconocimiento de
los resultados surgidos.
59. Respecto de la declaración administrativa de incumplimiento, Colsaminas
afirmó que la ANM no podía establecerlo, porque el artículo 141 del CPACA exigía
acudir para ello a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
60. Ese argumento desconoce la potestad sancionatoria prevista en los artículos
115 y 287 de la Ley 685 de 2001. Estas disposiciones facultan a la autoridad minera
para constatar las infracciones contractuales en materia minera e imponer las
multas correspondientes, previo requerimiento al concesionario.
61. La declaración efectuada por la ANM se circunscribe a constatar el
incumplimiento como presupuesto para ejercer la potestad sancionatoria
expresamente atribuida por el Código de Minas. No define con fuerza de cosa
juzgada una controversia contractual ni sustituye el control de la jurisdicción
contencioso-administrativa sobre la legalidad del acto. Por tanto, la entidad no
ejerce función judicial ni actúa como juez del contrato; adopta una decisión
administrativa sometida al debido proceso y al posterior control judicial.
62. El CPACA permite que las partes soliciten al juez las declaraciones y
condenas derivadas del negocio jurídico. Sin embargo, no reserva a la jurisdicción
la constatación de los incumplimientos que sustentan una potestad administrativa
reconocida expresamente por la ley.
63. En este asunto, la ANM requirió a Colsaminas mediante los autos 088 de
2013 y 108 de 2014. La concesionaria respondió el 10 de febrero y el 1 de
septiembre de 2014, respectivamente.
64. Colsaminas interpuso oportunamente recurso de reposición contra la
sanción. La ANM examinó sus argumentos y redujo la multa de 120 a 100 salarios
mínimos mensuales legales vigentes al reconocer el cumplimiento parcial de las
obligaciones relacionadas con los estudios de geología y geotecnia sobre los
fenómenos que afectan la estructura y los estudios hidrológicos e hidrogeológicos.
65. La actuación muestra que la demandante conoció los cargos, presentó
explicaciones e impugnó la decisión; sin embargo, la suficiencia de la motivación
depende de esa correspondencia concreta.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
66. En consecuencia, la ANM ejerció la potestad sancionatoria con observancia
del procedimiento previsto en el Código de Minas y garantizó el derecho de defensa
de Colsaminas. La fiscalización contaba con sustento jurídico y no se requería una
declaración judicial previa del incumplimiento, por lo que los reparos no desvirtúan
la legalidad de los actos demandados ni de la sentencia apelada.
67. El apelante cuestionó la condena en costas en primera instancia porque el
ANM es una entidad estatal, estuvo representada por un servidor público y no
acreditó los gastos de su defensa. Afirmó que el proceso involucraba un interés
público.
68. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe pronunciarse
sobre las costas, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público. Su
imposición se rige por los criterios previstos en los artículos 365 y 366 del CGP.
69. Este proceso no persiguió la protección objetiva del orden jurídico.
Colsaminas promovió una controversia contractual para obtener la nulidad de los
actos que le impusieron una sanción y evitar sus efectos económicos. Invocar el
principio de legalidad no convierte ese interés particular en uno público.
70. Las costas tampoco constituyen una sanción por acudir a la jurisdicción, son
una consecuencia procesal de la derrota y comprenden las expensas causadas y
las agencias en derecho reconocidas a la parte vencedora.
71. La condición de servidor público del apoderado de la ANM no impide su
reconocimiento. Las agencias en derecho pertenecen a la parte beneficiaria y
pueden fijarse incluso cuando esta litiga sin apoderado, conforme lo dispone el
numeral 3° del artículo 366 del CGP.
72. En el mismo sentido, no es necesario acreditar el pago de honorarios
profesionales. Esa exigencia se refiere a las expensas y demás gastos procesales,
mientras que las agencias en derecho las fija el juez según la gestión realizada y
las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura.
73. En este caso, la ANM contestó la demanda, formuló su defensa y presentó
alegatos de conclusión en el trámite de la primera instancia. Las agencias en
derecho se causaron y el Tribunal podía reconocerlas. En consecuencia, se
mantendrá la condena.
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Costas
74. El numeral 1° del artículo 365 del CGP establece que se condenará en costas
“a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”. Sin embargo,
el numeral 8° condiciona su reconocimiento a que aparezcan causadas en el
expediente y en la medida de su comprobación.
75. En esta instancia la ANM no intervino, por lo que no se acreditaron las
expensas ni se causaron las agencias en derecho. No habrá condena en costas en
esta instancia.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2023 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas ni agencias en derecho en esta instancia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Rad. 25000-23-36-000-2017-02407-01 (70622)
Demandante: Colsaminas Ltda.
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversias Contractuales
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en
el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el
código QR que aparece a la derecha.
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