Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00015-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00015-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00015-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
6 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022).
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Demandado: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES (CAUCA)
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Temas: RECURSO DE APELACIÓN - no es posible modificar la causa petendi a
través del recurso de apelación - la impugnación no tiene por objeto el que las partes
adicionen o modifiquen sus demandas - es deber de los recurrentes sustentar en
debida forma la apelación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de abril de 20201, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La controversia gira en torno al supuesto incumplimiento de las obligaciones
asumidas mediante la suscripción del acta de liquidación bilateral del convenio
interadministrativo No. 053 de 2008 por parte del ente territorial demandado,
inobservancia en cuya virtud el Servicio Geológico Colombiano, según sostuvo, no
pudo legalizar los recursos aportados para el desarrollo del proyecto, los cuales
provenían del Fondo Nacional de Regalías.
De igual forma, como consecuencia del incumplimiento endilgado al ente territorial
demandado, también se solicitó la nulidad del acta de liquidación bilateral suscrita
por las partes.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1 Folios 211 a 219 del cuaderno del Consejo de Estado.
1
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
En escrito presentado el 11 de enero de 2018 2, subsanado el 9 de abril del mismo
año3, el Servicio Geológico Colombiano (en adelante SGC), por conducto de
apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales contra el municipio de Buenos Aires, Cauca, con el fin
de que se declarara la nulidad del acta de liquidación bilateral del convenio
interadministrativo No. 053 de 2008, celebrado entre el Ingeominas4 y el municipio
de Buenos Aires, suscrita el 30 de diciembre de 2015 y, como consecuencia, que
se liquidara judicialmente el referido convenio y se condenara al ente territorial
demandado a pagar los perjuicios causados por el incumplimiento 5, tanto de lo
acordado en el acta de liquidación bilateral cuestionada, como del convenio mismo.
El SGC determinó que en el presente caso se debía condenar a la entidad
demandada a pagar, por concepto de daño emergente, la suma de $1.703´076.544,
correspondiente al valor total de los recursos comprometidos del Fondo Nacional de
Regalías para el desarrollo del proyecto6.
La entidad demandante también solicitó que se ordenara, como medida cautelar, la
publicación o inscripción de la demanda en un lugar visible de la página web del
municipio demandado.
2. Los hechos
Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
El Consejo Asesor de Regalías, mediante el Acuerdo No. 040 de 26 de septiembre
de 2008, aprobó el proyecto FNR 31711 – Convenio No. 053, por un valor de
$1.703´076.544, incluida la interventoría y la administración financiera.
En el marco de lo anterior, el 19 de diciembre de 2008, se suscribió el convenio
interadministrativo No. 053 entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería -
2 Folios 2 a 11 del cuaderno principal.
3 Folios 19 a 31 del cuaderno principal.
4 A través del Decreto 4131 de 2011 se cambió la naturaleza jurídica y la denominación de la entidad,
de Instituto Colombiano de Geología y Minería -Ingeominas- a Servicio Geológico Colombiano:
“Artículo 1°. Naturaleza y denominación. Cámbiase la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano
de Geología y Minería (Ingeominas) de establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con
personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, que se
denominará Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hará
parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI)”.
5 Se precisa que como algunas de las pretensiones son excluyentes, con posterioridad, el a quo
determinó su alcance.
6 Se precisa que el monto de los perjuicios fue el señalado por la parte actora en el acápite de la
demanda que se refería a la cuantía y que tiene relación con lo manifestado en los hechos del escrito
inicial. Lo anterior se precisa, dado que en el mismo acápite, de manera posterior, se indicó una cifra
menor en el juramento estimatorio de la cuantía.
2
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
Ingeominas-, hoy Servicio Geológico Colombiano7, y el municipio de Buenos Aires,
Cauca, y su objeto consistía en lo siguiente: “Por el presente Convenio EL
MUNICIPIO se compromete al mejoramiento y tecnificación de la actividad minera
en el municipio de Buenos Aires - Cauca” y, además, el municipio se obligaba a
administrar y dirigir el desarrollo de los trabajos, bajo su responsabilidad y
suministrando los medios necesarios para ejecutarlo, con los recursos aportados
por el Instituto.
El plazo de ejecución pactado fue de 12 meses, contados a partir de la orden de
inicio dada por el supervisor del acuerdo, la cual se dio el 6 de noviembre de 2009;
sin embargo, por múltiples suspensiones y prórrogas, el convenio solo terminó
hasta el 1° de mayo de 2013.
La totalidad de los recursos económicos del convenio, que tenía un valor inicial de
$1.703´076.544, fueron aportados por Ingeominas, suma de dinero que fue
desembolsada en su totalidad.
El convenio se ejecutó en el 91,13% y los recursos no ejecutados ascendieron a
$151´006.458.
El 30 de diciembre de 2015, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral
del convenio, en la cual se establecieron algunas obligaciones pendientes a cargo
del municipio que no se cumplieron, por lo que el SGC no pudo legalizar los
recursos recibidos por parte del Fondo Nacional de Regalías, destinados para la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento por parte del municipio le acarreó perjuicios graves al SGC, en la
medida en que debe responder ante el Fondo Nacional de Regalías por la totalidad
del dinero comprometido en la ejecución del convenio, dado que, al tratarse de
7 La Sala precisa que, de conformidad con las pruebas aportadas en el proceso, después de
modificada la naturaleza jurídica del Ingeominas, el SGC continuó con la ejecución del convenio
objeto de la controversia y si bien en la reforma de la demanda se hizo alusión a un conflicto de
competencias negativo entre el SGC y la Agencia Nacional de Minería, promovido ante la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para determinar cuál era la entidad competente para
continuar con la ejecución, liquidación y cierre de los proyectos financiados con recursos del Fondo
Nacional de Regalías, en las referencias no se incluyó, de manera expresa, lo relacionado con el
convenio No. 053 de 2008, como sí se hizo con otros convenios interadministrativos; sin embargo,
después de realizar una revisión en la sistema SAMAI, se encontró que el 30 de octubre de 2013 la
Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación resolvió el conflicto de competencia con el
número de radicación 11001-03-06-000-2013-00494-00(C) en los siguientes términos: “PRIMERO:
DECLARAR competente a Ingeominas, hoy Servicio Geológico colombiano, para realizar la
liquidación del contrato interadministrativo No. 053 de 2008, celebrado entre Ingeominas y el
municipio de buenos Aires (Cauca), y adelantar las actuaciones requeridas dentro del trámite de
cierre del proyecto que dio lugar al contrato”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
recursos provenientes de regalías, no era aceptable el cumplimiento parcial de los
compromisos adquiridos en el proyecto.
3. Trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante
auto del 3 de mayo de 20188, notificado en debida forma a la demandada y al
Ministerio Público9.
El municipio de Buenos Aires contestó la demanda10 y señaló que no se oponía a
que se declarara la nulidad del acta de liquidación del convenio interadministrativo
No. 053 de 2008, pero por razones distintas a las propuestas por el SGC, dado que
consideró que en este caso se había proferido ese acto de forma extemporánea, en
tanto que fue suscrito después de haberse cumplido el término de caducidad del
medio de control de controversias contractuales.
Por lo anterior, también señaló que no era procedente la liquidación judicial que
pretendía el demandante.
De otra parte, sostuvo que se oponía a la condena solicitada como indemnización
de perjuicios, no solo por lo ya expuesto en relación con la caducidad del medio de
control, sino también porque el incumplimiento endilgado por la accionante no
existió y prueba de ello era el reconocimiento del avance del 91,13% de ejecución
de las actividades a su cargo, porcentaje que era avalado por la interventoría
contratada por la demandante, por lo que pretender un reconocimiento económico
del 100% de los recursos aportados para el desarrollo del proyecto conllevaría a la
configuración de un enriquecimiento sin causa.
Al respecto, adujo que en el contrato derivado del Convenio No. 053 de 2008, que
celebró el municipio con la Fundación Universidad del Valle para el desarrollo de las
obras del proyecto, se evidenció una ejecución del 100% de las actividades
pactadas, pero que Ingeominas, hoy SGC, no las recibió por las dificultades técnicas
y administrativas y la falta de planeación de esa entidad en relación con la
contratación de la interventoría.
8 Folios 35 y 36 del cuaderno de primera instancia.
9 Folios 32 al 43 del cuaderno de primera instancia.
10 Folios 45 a 55 del cuaderno principal.
4
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
Adicionalmente, el ente territorial demandado propuso las siguientes excepciones,
las cuales reiteró en escrito separado11 allegado en la misma fecha:
i) la falta de competencia por el factor territorial, toda vez que, al margen de lo
previsto en la cláusula vigesimosegunda del convenio No. 053 de 2008, que
establecía que el domicilio para todos los efectos del acuerdo sería la ciudad de
Bogotá, D.C., lo cierto es que, de conformidad con el objeto -mejoramiento y
tecnificación de la actividad minera en el municipio de Buenos Aires-, era claro que
el lugar de ejecución de las actividades fue el municipio de Buenos Aires, Cauca.
ii) la caducidad del medio de control, al considerar que el convenio
interadministrativo No. 053 de 2008 terminó el 1° de mayo de 2013, por lo que los 4
meses previstos para la liquidación bilateral del convenio se cumplieron el 1° de
septiembre del 2013, y los 2 meses para que se llevara a cabo la liquidación
unilateral vencieron el 1° de noviembre del mismo año. Así las cosas, según lo
afirmado por el municipio, el término de caducidad de dos años feneció el 1° de
noviembre de 2015, por lo que no era procedente liquidar ni bilateral, ni unilateral,
ni judicialmente el convenio después de esa fecha.
3.1. Medida cautelar
A través de providencia fechada el 3 de mayo de 201812, el a quo corrió traslado de
la medida cautelar solicitada por el SGC al ente territorial demandado, decisión que
fue notificada en debida forma13.
Durante el término del traslado no hubo pronunciamiento por parte del municipio de
Buenos Aires.
Mediante auto del 6 de junio de 201814, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó la medida cautelar solicitada por el SGC, al considerar que no era procedente
en este caso, dado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 591 del Código
General del Proceso, la naturaleza de la inscripción de la demanda no se
correspondía con lo pretendido por la accionante, en tanto que esta medida tiene la
finalidad de notificar a terceros sobre la existencia de un proceso judicial respecto
11 Folios 60 a 65 del cuaderno principal.
12 Folio 14 del cuaderno de medidas cautelares.
13 Folios 15 a 18 del cuaderno de medidas cautelares.
14 Folios 20 y 21 del cuaderno de medidas cautelares.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
de un bien sujeto a registro. Esta providencia fue notificada en debida forma a las
partes15.
3.2. Audiencias
El 14 de agosto de 2019 se realizó la audiencia inicial16, diligencia en la cual el a
quo negó la excepción de caducidad del medio de control, por considerar que el
término no debía computarse desde el vencimiento de los plazos pactados por las
partes y previstos en la ley para liquidar el convenio, sino desde la fecha en la que
efectivamente se suscribió el acta de liquidación bilateral, en tanto que en esa
oportunidad se establecieron nuevas obligaciones y lo que se cuestionaba era la
legalidad de ese acto.
De igual forma, también negó la excepción respecto de la falta de competencia
territorial, para lo cual sostuvo que, en virtud del convenio No. 053 de 2008, el ente
territorial demandado suscribió un contrato de obra con la Fundación Universidad
del Valle del Cauca, que debía ejecutarse en el municipio de Buenos Aires, pero en
este caso no se estaba cuestionando la liquidación de ese contrato, sino la del
convenio interadministrativo No. 053 de 2008, que se suscribió en la ciudad de
Bogotá, por lo que concluyó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí era
competente para conocer sobre la presente controversia.
Posteriormente, el litigio se fijó en los siguientes términos (se transcribe de forma
literal):
“El litigio en este caso se centra en las circunstancias fácticas no aceptadas o
de controversia de las partes, relacionadas con el contenido de los hechos
número cuarto y quinto contenidos en la demanda”.
Según el tribunal, estos hechos se referían a si hubo o no un incumplimiento de las
obligaciones a cargo del municipio de Buenos Aires, Cauca, emanadas del acta de
liquidación bilateral del 30 de diciembre de 2015 y respecto de “la imposibilidad de
legalizar los recursos y el tema de los saldos sin ejecutar con base en esa
liquidación”.
15 Folios 22 al 24 del cuaderno de medidas cautelares.
16 El medio magnético que contiene la grabación de la audiencia inicial se encuentra en el folio 153
del cuaderno principal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
El 23 de agosto de 2019 se realizó la audiencia de pruebas17, en la que se
decretaron como medios de prueba los documentos aportados por las partes y se
recibieron los testimonios solicitados por la accionante. En aplicación de lo
dispuesto en el artículo 181 del CPACA, el magistrado conductor del proceso
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y ordenó la presentación
por escrito de los alegatos de conclusión y del concepto del Ministerio Público.
El SGC alegó de conclusión y reiteró los cuestionamientos planteados en la
demanda, al sostener que el municipio de Buenos Aires no había cumplido con lo
previsto en el acta de liquidación del convenio interadministrativo No. 053 de 2008
y, por tanto, debía ser condenado por el monto total de los recursos del proyecto,
dado que la liquidadora del Fondo Nacional de Regalías le ordenó al SGC restituir
esta suma de dinero18.
De otra parte, el Ministerio Público manifestó que en el caso objeto de estudio se
presentaba una ineptitud de la demanda, en tanto que el accionante no cumplió con
lo previsto en el numeral 4 del artículo 82 del CGP, en relación con la precisión y
claridad de las pretensiones, dado que en el escrito inicial no existía congruencia
entre las solicitudes declarativas y las de condena, por lo que, en su concepto, se
debía proferir un fallo inhibitorio o, en su defecto, se tendría que declarar la nulidad
del acta de liquidación bilateral, sin ordenar restituciones mutuas, por tratarse de un
acto viciado de nulidad absoluta por objeto ilícito, en tanto que contenía una
modificación extemporánea del convenio No. 053 de 200819.
El ente territorial demandado guardó silencio.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
mediante sentencia del 23 de abril de 202020, negó las pretensiones de la demanda.
De manera previa, de conformidad con el concepto presentado por el Ministerio
Público en relación con el alcance y la claridad de las pretensiones de la demanda,
el tribunal de primera instancia interpretó lo solicitado por el accionante y precisó
que debía entenderse que la petición de nulidad del acta de liquidación bilateral y el
17 El medio magnético que contiene la grabación de la audiencia de pruebas se encuentra en el folio
163 del cuaderno principal.
18 Folios 194 a 202 del cuaderno de primera instancia.
19 Folios 203 a 209 del cuaderno principal.
20 Folios 211 a 220 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
requerimiento para que se llevara a cabo la liquidación judicial del convenio debían
entenderse como pretensiones principales, mientras que la declaratoria de
incumplimiento de las obligaciones por parte del municipio de Buenos Aires,
emanadas del acta de liquidación bilateral, tenía que considerarse como una
pretensión subsidiaria.
En relación con la pretensión de nulidad del acta de liquidación bilateral del convenio
interadministrativo No. 053 de 2008, el tribunal precisó que los argumentos del
demandante tenían sustento en el incumplimiento de las obligaciones por parte del
ente territorial demandado, pactadas en ese acto y, de otra parte, en la imposibilidad
de legalizar los recursos económicos destinados al proyecto ante el Fondo Nacional
de Regalías.
Explicó que, como el SGC no formuló ni sustentó ninguna de las causales previstas
en la ley para que se configurara la nulidad absoluta o relativa del acta de liquidación
cuestionada, esta solicitud de nulidad era improcedente, en tanto que los cargos
endilgados no atacaban la validez del acto sino aspectos relacionados con la
responsabilidad contractual del municipio.
Por su parte, en cuanto a lo señalado por el ente territorial en la contestación de la
demanda frente a la nulidad del acta de liquidación por falta de competencia
temporal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que tampoco era
procedente acoger esos argumentos, ya que ese acuerdo de liquidación se había
suscrito en ejercicio de la autonomía de la voluntad de los contratantes y se habían
fijado otras obligaciones a cargo de las partes, por lo que consideró que aceptar
esas afirmaciones convalidaría la vulneración del principio de la buena fe contractual
y la teoría de los actos propios.
Como consecuencia de lo anterior, el tribunal de primera instancia abordó el estudio
de la pretensión subsidiaria solicitada en la demanda, consistente en el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del municipio de Buenos
Aires derivadas del acta de liquidación bilateral, pero no sin antes hacer las
siguientes precisiones (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):
“a. En el plenario está demostrado que el SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO no cumplió con la adecuada supervisión de los recursos
públicos entregados por el Fondo Nacional de Regalías para la ejecución del
proyecto denominado ‘MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL I-2008’, por cuanto el convenio
interadministrativo 53 de 19 de diciembre de 2008 si bien cumplió el objeto
contractual, no se lograron cumplir los alcances del referido proyecto (Ver
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
Resoluciones 722 de 29 de diciembre de 2017, y la Resolución 058 de 13 de
abril de 2018).
“b. En ese sentido, el análisis que a continuación realiza la Sala, de ninguna
manera está destinado a estudiar el cumplimiento del proyecto denominado
‘MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL
TERRITORIO NACIONAL I-2008’; no solamente porque carece de
competencia, sino que además, es desconocer la presunción de legalidad
de la cual gozan: la Resolución 722 de 29 de diciembre de 2017, y la Resolución
058 de 13 de abril de 2018, en virtud de las cuales el FONDO NACIONAL DE
REGALÍAS EN LIQUIDACIÓN determinó que no habían cumplido los alcances
del referido proyecto.
“c. Así las cosas, el análisis del cumplimiento de las obligaciones a cargo del
MUNICIPIO, se realizará como cualquier relación jurídico negocial, para lo cual
se tendrá en cuenta las obligaciones adquiridas en armonía con los informes de
interventoría y supervisión que determinaron el cumplimiento o incumplimiento
obligacional” (resaltado del original).
En la sentencia se analizó el objeto del convenio No. 053 de 2008, las obligaciones
a cargo del ente territorial demandado, tanto las emanadas directamente del
convenio como las establecidas en el acta de liquidación bilateral, así como los
informes de interventoría que señalaban un avance del 91,13% de las actividades y
el acta de verificación de cumplimiento de la obra, del 13 de marzo de 2019, en la
que participaron distintos funcionarios de entidades del orden nacional, incluyendo
al SGC21, para concluir que no era procedente la declaratoria de incumplimiento ni
el reintegro de los recursos económicos destinados para el proyecto, dado que las
pruebas aportadas demostraban lo contrario.
Así mismo, indicó que esta conclusión cobraba mayor relevancia, dado que en el
recurso de reposición presentado por el SGC en contra de la resolución mediante
la cual se le ordenaba la devolución del dinero desembolsado por el Fondo Nacional
de Regalías para el convenio interadministrativo No. 053 de 2008, el ahora
demandante manifestó que el municipio de Buenos Aires había cumplido con el
100% de sus obligaciones emanadas del referido acuerdo, por lo que consideró que
21 El tribunal a quo resaltó los siguientes apartes del acta de verificación (se transcribe literalmente,
incluso con posibles errores):
“[…] Que los registros fotográficos y de video levantados en la presente comisión se determina el
avance efectivo de las obras de reactivación de la planta de beneficio en especial el techado de
las obras para evitar el deterioro de los equipos que estuvieron expuestos durante años, así como la
instalación de los motores, bandas de transporte de materiales e instalación del transformador como
suministro necesario para el componente eléctrico necesario para dar arranque a la planta de
beneficio, se llama la atención que el municipio cumplió con el compromiso de disponer de
suministro de agua al proyecto.
Se recuerda a la Administración Municipal el compromiso posterior a la firma de la presente acta,
consistente en legalizar junto con la cooperativa de mineros el contrato de comodato por medio del
cual el traspase el uso de la planta y sus equipos a la Cooperativa de mineros COOMULTIMINEROS
de Buenos Aires – Cauca, quien es la propietaria de los títulos mineros, esto con el fin de dar
cumplimiento cabal a las obligaciones contractuales y postcontractuales del Convenio 053 de 2008,
el cual deberá ser remitido al Servicio Geológico colombiano…” (resaltado del original).
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
no era admisible que en esta oportunidad manifestara algo distinto, ya que con ello
se vulneraría el principio de buena fe.
Finalmente, el a quo sostuvo que la obligación relacionada con la legalización del
contrato de comodato en favor de la cooperativa de mineros era un aspecto que no
comportaba un incumplimiento contractual que implicara el reintegro de la suma de
$1.703’076.544 a favor del SGC, toda vez que esa fue una obligación que se pactó
con posterioridad a la ejecución del objeto del convenio interadministrativo.
Frente a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
presentó el salvamento de voto22 de uno de los magistrados de la Sala de decisión,
quien consideró que en este caso había operado la caducidad del medio de control,
toda vez que el acta de liquidación bilateral del convenio No. 053 de 2008 se
suscribió con posterioridad a los 2 años que tenían las partes para accionar ante
esta jurisdicción y, además, indicó que, si en gracia de discusión se admitiera que
la demanda fue presentada oportunamente, se debería advertir que el acta de
liquidación adolecería de un vicio de nulidad, al haberse celebrado con falta de
competencia temporal y, además, señaló que invocar la buena fe contractual y el
principio de los actos propios no era suficiente para subsanar el mencionado vicio
de incompetencia.
5. El recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación23 en los siguientes términos (se
transcribe de manera literal, incluso con posibles errores incluidos):
“RESPECTO DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
“De la configuración de la causal de nulidad. Se deprecó la nulidad del acta de
liquidación por cuanto se alegó y demostró que la misma no corresponde a la
realidad fáctica ni jurídica de lo inicialmente contratado. En ese sentido, es claro
que al existir una disparidad entre la realidad y lo allí consignado, el documento
en sí está viciado de falsa motivación”.
“Es esta dimensión, es claro que el SGC probó tanto la información básica del
Convenio 053 como la efectiva ejecución del mismo. Ejecución que se
encuentra demostrada, fue tardía e incompleta, y por lo mismo, dio lugar a la
imposición de sanciones por parte del Departamento Nacional de Planeación,
concretamente mediante la exigencia de reintegro de la totalidad de los
recursos”
“(…).
22 Folios 224 y 225 del cuaderno del Consejo de Estado.
23 Folios 231 a 241 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
“Así las cosas, demostrada como está la causal de anulación y la causación y
cuantía de los perjuicios generados a mi representada, corresponde emitir
sentencia favorable a los pedimentos de la demanda”.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación mediante auto del 27 de
agosto de 202124. Posteriormente, a través de auto del 27 de septiembre del mismo
año25, previo requerimiento a los sujetos procesales para que solicitaran su registro
en el sistema de gestión judicial SAMAI, se corrió traslado a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
El 11 de octubre de 2021, el ente territorial demandado presentó sus alegatos de
conclusión26, reiterando que en el presente caso se había configurado la caducidad
del medio de control de controversias contractuales, para lo cual utilizó los
planteamientos manifestados en el salvamento de voto de la sentencia del 23 de
abril de 2020 y, además, sostuvo que el recurso de apelación presentado por el
accionante no controvertía ninguno de los argumentos señalados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la sentencia recurrida.
De igual forma, advirtió que la entidad demandante tampoco allegó ningún medio
de prueba que sustentara el incumplimiento que alegaba por parte del municipio de
Buenos Aires, en relación con las obligaciones a su cargo, derivadas del convenio
No. 053 de 2008.
El 20 de octubre de 2021, el SGC presentó su escrito de alegatos de conclusión 27,
reiterando lo señalado en el recurso de apelación en contra de la sentencia que
ahora es objeto de discusión.
El Ministerio Público guardó silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Ejercicio oportuno de la acción
Previo a definir las reglas que deben observarse para efectos del cómputo de la
caducidad del medio de control de controversias contractuales en el caso concreto,
24 Índice electrónico No.12 de SAMAI.
25 Índice electrónico No.22 de SAMAI.
26 Índice electrónico No. 26 de SAMAI.
27 Índice electrónico No. 28 de SAMAI.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
la Sala estima necesario referirse a la naturaleza del negocio jurídico génesis del
debate.
1.1. El convenio interadministrativo No. 053
En este proceso se encuentra acreditado que, el 19 de diciembre de 2008,
Ingeominas, hoy Servicio Geológico Colombiano, y el municipio de Buenos Aires,
Cauca, celebraron el convenio interadministrativo No. 05328, cuyo objeto era el
siguiente (se transcribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Por el presente Convenio EL MUNICIPIO se
compromete al mejoramiento tecnificación de la actividad minera en el Municipio
de buenos Aires – Cauca, proyecto que se encuentra inscrito, formulado y
evaluado por la Oficina de Planeación Municipal de Buenos Aires – Cauca, el
cual pertenece al sector de minería programada de desarrollo de actividades
mineras, contemplado en el esquema de ordenamiento territorial vigente e
incluido en el Plan de Desarrollo Municipal Vigencia 2008 – 2011. PARÁGRAFO
PRIMERO: EL MUNICIPIO se obliga con el INSTITUTO a administrar y dirigir el
desarrollo de los trabajos, bajo su exclusiva responsabilidad administrativa y
técnica, suministrando directa o indirectamente los medios necesarios para
ejecutarlo, con los recursos aportados por el INSTITUTO”.
De igual forma, resulta oportuno destacar que en los estudios previos que
sustentaron el presente convenio se estableció que, en el departamento del Cauca,
el municipio de Buenos Aires tenía una participación importante en la producción
minera, principalmente de oro y plata, y que en ese sector se encontraba sustentada
buena parte de su economía, por lo cual existía la necesidad de aunar esfuerzos
para transformar la pequeña minería, con el fin de hacer más eficiente y competitiva
esta actividad, aprovechando de mejor manera los recursos minerales, teniendo
como resultado una afectación positiva en cerca de 21.000 habitantes, por el mayor
nivel de empleo y por el aumento de las regalías 29.
Asimismo, de las obligaciones contraídas por las partes se puede concluir que el rol
del Ingeominas -hoy SGC- era el de aportante de los recursos económicos para el
desarrollo del convenio, pero también con actividades a su cargo en relación con la
asesoría, el suministro de información, la participación activa en la evaluación y
aprobación de los trabajos entregados, entre otras, mientras que, por su parte, el
ente territorial básicamente cumplía un rol de administrador y director, no solo de
los recursos económicos aportados, sino de las labores que se debían desarrollar
para el éxito del proyecto.
28Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo I.
29 Ibidem.
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Actor: Servicio Geológico Colombiano
Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
Este acuerdo se constituyó en una asociación entre entidades públicas, no para
obtener una retribución patrimonial particular, sino con el fin de mejorar y tecnificar
el sector productivo minero, en una zona específica del territorio nacional, en orden
a incidir en el crecimiento de la economía en general y en la calidad de vida de las
personas del municipio de Buenos Aires, fin compatible con las funciones
administrativas y/o los servicios a cargo de las entidades suscribientes.
Por lo anterior, la Sala concluye que el acuerdo de voluntades que es objeto de
estudio corresponde a un convenio interadministrativo, que se enmarca en lo
previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 199830.
Con esta precisión, se examinará el momento a partir del cual se debe computar el
término de caducidad en este caso.
1.2. Aspectos fácticos relevantes sobre el desarrollo del convenio
interadministrativo No. 053 que inciden en el cómputo de la caducidad en el
caso concreto
Es de relevancia anotar, de entrada, que aun cuando la formulación de las
pretensiones de la demanda no fue la más precisa y afortunada, en cuanto no se
indicó con claridad si lo que se pretendía de manera principal declarativa era la
nulidad o el incumplimiento del acta de liquidación bilateral del convenio No. 053, la
Sala acogerá la consideración que sobre el particular introdujo el a quo en la
sentencia de primera instancia, en la que interpretó que la pretensión de nulidad del
acta se formuló de manera principal, mientras que la de su incumplimiento se elevó
de forma subsidiaria, en tanto ninguna objeción al respecto se formuló en el recurso
de apelación.
Dicho esto, la Sala se referirá a lo acontecido en relación con el plazo de ejecución
del convenio No. 053 y a su liquidación bilateral, para a partir de allí examinar las
reglas normativas que deben aplicarse con el fin de establecer el cómputo de la
caducidad del presente medio de control.
El convenio interadministrativo No. 053 se celebró el 19 de diciembre de 2008 y el
plazo de ejecución pactado fue de 12 meses contados a partir de la orden de inicio
30 “ARTÍCULO 95.- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios
interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro”.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
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Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
dada por el supervisor del convenio, la cual se dio mediante acta suscrita el 6 de
noviembre del 200931.
En este orden de ideas, el acuerdo celebrado entre las partes tenía como plazo para
su ejecución hasta el 6 de noviembre de 2010; sin embargo, en el transcurso de
este tiempo, por diferentes motivos, se suscribieron algunas prórrogas y
suspensiones del convenio, que dieron lugar a la modificación de la fecha
inicialmente pactada como límite temporal para el desarrollo del proyecto.
La primera suspensión del convenio interadministrativo No. 053 de 2008 fue pactada
de común acuerdo por las partes, mediante acta del 22 de julio de 2010, por un
término de tres meses, hasta el 22 de octubre de 201032; posteriormente, el 20 de
octubre de 2010 las partes suscribieron el acta de prórroga No. 1 a la suspensión
del referido convenio, ampliando el término de suspensión por 5 meses más, hasta
el 20 de marzo de 201133; el 18 de marzo de 2011 se suscribió una segunda
prórroga a la suspensión del convenio por 5 meses más, hasta el 18 de agosto de
201134.
No obstante que las partes acordaron suspender el convenio hasta el 18 de agosto
de 2011, mediante acta del 19 de mayo de 2011, decidieron reiniciar las
actividades35; posteriormente, el 1º de septiembre de 2011, al acercarse la fecha de
terminación del acuerdo, los 12 meses inicialmente pactados, las entidades públicas
suscribieron una prórroga de este plazo, hasta el 31 de diciembre de 201136.
El 23 de diciembre de 2011 las partes suscribieron un acta para ampliar, por
segunda vez, el plazo de ejecución del acuerdo, desde el 1º de enero de 2012 hasta
el 30 de abril 201237, fecha que posteriormente fue modificada en 3 oportunidades:
mediante acta del 24 de abril de 2012 se amplió el plazo de ejecución del convenio
hasta el 1º de noviembre de 2012; a través de acta del 24 de octubre de 2012 se
prorrogó este plazo hasta el 31 de diciembre del mismo año y, finalmente, mediante
31 Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo I.
32 Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo II.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo III.
36 Fechas sustraídas de la segunda acta de prórroga, en tanto que la primera acta se encontraba
incompleta. Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo III.
37 Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo III.
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Referencia: Controversias contractuales
la prórroga No. 538, se acordó ampliar el plazo de ejecución del convenio por cuatro
meses más, a partir del 1º de enero de 2013 y hasta el 1º de mayo de 2013 39.
Así las cosas, una vez analizadas las pruebas allegadas a este proceso y de
conformidad con lo afirmado por las partes, es claro que la fecha de terminación del
convenio interadministrativo No. 053 de 2008 fue extendida hasta el 1º de mayo de
2013.
También resulta oportuno mencionar que, con ocasión del cambio de naturaleza y
denominación del Ingeominas en Servicio Geológico Colombiano se produjo una
distribución de funciones de esa entidad, lo que implicó que surgiera una
controversia entre el SGC y la Agencia Nacional de Minería en relación con la
competencia para liquidar el convenio interadministrativo No. 053 de 2008, por lo
que se promovió un conflicto negativo de competencia ante la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, la cual resolvió que el SGC era la entidad que
debía realizar la liquidación de aquel40.
De conformidad con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en su
decisión y según lo manifestado por el SGC, se puede concluir que esta entidad
entendió que durante el trámite del conflicto negativo de competencia se suspendió
el término para liquidar el convenio interadministrativo No. 053 de 2008.
Como consecuencia de lo anterior, el 30 de diciembre de 2015, el SGC y el
municipio de Buenos Aires, de común acuerdo, suscribieron el acta de liquidación
del convenio interadministrativo No. 053 de 2008, en la que se plasmó el balance
financiero derivado de la ejecución de las actividades a cargo de las partes y se
pactaron algunas obligaciones pendientes41.
38 Se precisa que, si bien en el acta de la referencia no se incluyó la fecha en la que se suscribió, en
la demanda la parte actora presentó una cronología de las suspensiones y prórrogas que se
efectuaron en este caso, en la que sostuvo que la prórroga no. 5 fue suscrita el 27 de diciembre de
2012; así mismo, en varios documentos que se allegaron como pruebas en el proceso, como en el
acta de liquidación bilateral del 30 de diciembre de 2015, se indicó la misma fecha, sin que exista
discusión al respecto.
39 Folio 59 del cuaderno principal -medio magnético-. Documento almacenado en la carpeta
denominada Tomo IV.
40 El conflicto de competencia promovido el 16 de septiembre de 2013, con el número de radicación
11001-03-06-000-2013-00494-00(C), fue resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado el 30 de octubre de 2013 y la providencia fue comunicada el 28 de noviembre del mismo
año.
41 Cuaderno de pruebas No. 2.
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Referencia: Controversias contractuales
1.3. Sobre la liquidación del convenio No. 053 y el cómputo de la caducidad
en el caso concreto
El municipio de Buenos Aires e Ingeominas acordaron que el convenio
interadministrativo No. 053 de 2008 se debía liquidar, según los dictados de la
cláusula decimonovena, en los siguientes términos (se transcribe de forma literal):
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO: El presente
convenio se liquidará por mutuo acuerdo de las partes, quienes para tal efecto
suscribirán un acta de liquidación. Dicha acta deberá suscribirse dentro de los
cuatro (4) meses siguientes a la terminación del convenio; de no llegarse a
ningún acuerdo, la liquidación será practicada unilateralmente por EL
INSTITUTO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 80 de
1993.
En virtud de lo anterior, según ya se indicó, el 30 de diciembre de 2015, las partes
del convenio interadministrativo No. 053 de 2008 suscribieron su liquidación de
común acuerdo, en observancia de los términos pactados en la referida cláusula,
materializando así uno de los efectos jurídicos previstos y disciplinados en el propio
convenio42, lo que precisamente justifica que, tratándose de las reglas en materia
de caducidad, resulte aplicable el supuesto previsto en el primer inciso del literal j)
del numeral 2) del artículo 164 del CPACA43, vinculado a los motivos de hecho o de
derecho que, en cada caso, sirvan de fundamento a las pretensiones de la
demanda.
Dado que las pretensiones de la demanda plantean una controversia en torno al
contenido de lo convenido en la liquidación del convenio interadministrativo No. 053
de 2008, los motivos de hecho o de derecho de la demanda se circunscriben al acta
de 30 de diciembre de 2015 y, consecuencialmente, se ha de tomar el día siguiente
a la fecha en que se adoptó la liquidación bilateral del contrato, es decir que en este
caso el término de caducidad comenzó a correr desde el 31 de diciembre de 2015,
hasta el 31 de diciembre de 201744.
42 Este planteamiento resulta importante reafirmarlo para poner en contexto lo que ha sostenido esta
Subsección frente al contenido de los convenios del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, en el sentido
de que, dada su finalidad asociativa, el convenio interadministrativo debe autorregularse por sus
propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades
cooperantes, sin que pueda hacerse prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles
con dicha finalidad.
43 “En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de
fundamento.”
44 Se precisa que, de igual forma, si se realizara el cómputo de este término con base en las reglas
especiales previstas en el estatuto procesal cuando se haya efectuado la liquidación del contrato, en
particular la contenida en el artículo 164, numeral 2, del literal j), apartado iii, que se refiere a los
eventos en los que existe liquidación bilateral de los acuerdos, el resultado sería el mismo, toda vez
que coincidiría el momento a partir del cual se debe hacer el conteo de la caducidad.
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En este caso, si bien la demanda se presentó el 11 de enero de 2018, se debe
precisar que, cuando venció el término de caducidad del medio de control de
controversias contractuales, la jurisdicción de lo contencioso administrativo se
encontraba en vacancia judicial, la cual se extendió hasta el 10 de enero de 2018,
por lo que la Sala concluye que la demanda fue presentada oportunamente el primer
día hábil después de finalizada la vacancia45.
Se precisa que no hubo suspensión del término de caducidad porque la entidad
demandante no presentó solicitud de conciliación extrajudicial, pues en el mismo
escrito inicial sostuvo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 590 del
CGP, en los procesos en los que se solicite la práctica de medidas cautelares se
podría prescindir del cumplimiento de este requisito.
2. Alcance del recurso de apelación
2.1. El recurso de apelación en relación con la nulidad del acta de liquidación
bilateral del convenio interadministrativo No. 053 de 2008
En la demanda y en su subsanación, el SGC solicitó que se declarara la nulidad del
acta de liquidación bilateral suscrita el 30 de diciembre de 2015, pero solo presentó
como sustento para ello argumentos relacionados con el supuesto incumplimiento
de las obligaciones asumidas por el municipio de Buenos Aires en ese acto, los
cuales, en su criterio, conllevaron a la imposibilidad de legalizar los recursos
económicos que aportó, provenientes del Fondo Nacional de Regalías.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abordó
el estudio de esta pretensión, para concluir que, en este caso, la parte actora tenía
la carga no solo de invocar la nulidad del acta, sino de indicar y sustentar alguna de
las causales previstas en la ley para que se configurara una nulidad absoluta o
relativa, por lo que no era procedente avalar en su reemplazo los argumentos
propuestos en relación con el incumplimiento de las obligaciones, dado que no
atacaban la validez del acto sino la desatención de los compromisos negociales
originados en un acuerdo válido.
45 El artículo 118 del Código General del Proceso, en relación con el conteo de términos, prevé lo
siguiente: “…Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día
que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el
último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta
el primer día hábil siguiente”. (se resalta).
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Referencia: Controversias contractuales
En relación con este planteamiento, en el recurso de apelación, el SGC indicó que,
tal como se había alegado y demostrado, el contenido del acta de liquidación no
correspondía con la realidad fáctica ni jurídica de lo inicialmente pactado, por lo que
“el documento estaba viciado de falsa motivación”.
En este orden de ideas, resulta claro que ni en la demanda ni en su subsanación el
SGC planteó el cargo de falsa motivación para atacar la validez del acta de
liquidación bilateral y que solo lo alegó cuando en la sentencia de primera instancia
se echó de menos su formulación y se cuestionó el hecho de que planteara
argumentos relacionados con el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
municipio para cuestionar la legalidad del acta.
De igual forma, también resulta oportuno precisar que en el recurso de apelación
tampoco se sustentó ese nuevo cargo.
Sin perjuicio de lo expuesto, para la Sala no deja de resultar incomprensible que se
hubiera invocado la causal de nulidad de falsa motivación -prevista para acusar la
nulidad de los actos administrativos- en orden a atacar la validez de un negocio
jurídico suscrito de mutuo acuerdo, acto jurídico que la propia entidad produjo de
manera coordinada con el ente territorial demandado y cuya nulidad corresponde
ser controvertida por causales diferentes.
Al respecto, esta Sala ha planteado lo siguiente en relación con los
cuestionamientos formulados frente a la liquidación bilateral de los contratos46:
“A propósito del tema relativo a la liquidación bilateral de los contratos, la
Sección Tercera de esta Corporación, de manera uniforme y reiterada ha
considerado47 que una vez el contrato se liquida por mutuo acuerdo entre las
partes, el documento en el que consta la misma contiene un consenso de los
extremos contratantes que no puede ser desconocido posteriormente ante la
instancia judicial por parte de quien lo suscribe, salvo que se invoque algún vicio
del consentimiento (error, fuerza o dolo) o se deje expresa constancia de la
existencia de salvedades o discrepancias respecto del cruce de cuentas que allí
se consigna.
“De igual modo, su contenido también puede ser controvertido por la parte
cuandoquiera que de allí se desprenda algún vicio que afecte su validez, como
ocurriría por ejemplo en el evento de existir falta de competencia, falta de
capacidad, u objeto o causa ilícita”.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 14 de septiembre de 2016, exp. 50.907.
47Cita del original: ver entre otras: sentencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, del 22 de agosto de 2013, Exp. 22.947, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida el 20 de octubre de 2014, Exp.
27.777, C.P. Enrique Gil Botero.
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Ahora, retomando el hecho de la inclusión de una causal que no había sido invocada
en la demanda para atacar la validez del acta de liquidación bilateral del convenio
objeto de controversia, resulta oportuno señalar que, de conformidad con el principio
de congruencia y del debido proceso, los jueces de lo contencioso administrativo
carecen de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la demanda,
con fundamento en que la modificación del petitum y del marco fáctico implicaría un
“desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso”, pues se
sorprendería a la contraparte con cargos que nunca tuvo la posibilidad de rebatir o
de controvertir a lo largo del proceso48.
Así las cosas, a los jueces les corresponde resolver sobre las pretensiones de la
demanda, con base en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso,
tal como lo dispone el artículo 281 del Código General del Proceso, norma que se
refiere al principio de congruencia que deben respetar los operadores judiciales al
momento de proferir las respectivas sentencias.
Lo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes por fuera
de las oportunidades previstas para el efecto no pueden modificar lo alegado en la
demanda interpuesta. Recientemente, esta Subsección sostuvo lo siguiente:
(...) no le es dable al juez ni a las partes modificar la causa petendi mediante
señalamientos alegados por fuera de las etapas procesales previstas
legalmente para ello, esto es, la demanda, su corrección o adición,
momentos que la ley dispuso para que se precise la extensión, contenido
y alcance de la controversia que se propone y frente a los cuales se
garantiza la oportunidad de la contraparte para pronunciarse al respecto.
(...) Revisado el recurso de apelación, se puede observar que los demandantes
esgrimen un único argumento, el cual se hizo consistir en la violación de las
normas imperativas de la Ley 80 de 1993 por parte del Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, en tanto no las tuvo en cuenta a la hora de suscribir los
contratos de construcción –del cual no se tiene certeza a cuál hace referencia,
pues no refiere mayor información al respecto– y de arrendamiento del 26 de
agosto de 2002 y del 1 de mayo de 2005, con ocasión de los cuales se promovió
la demanda de la referencia (...) En cambio, en la demanda la parte actora no
aduce como fundamento de sus pretensiones la supuesta violación al Estatuto
de Contratación Pública y tampoco refiere contrato de construcción suscrito por
la entidad demandada (...) Como se evidencia, el fundamento que se plantea
en la demanda y en el recurso de apelación son distintos, lo que quiere
decir que aquello que se alega ante esta instancia no fue parte de la
discusión sustancial respecto de la cual se trabó la litis.
(...).
48Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente No. 34.357, M.P. Hernán Andrade Rincón; reiterada
por la misma Subsección, entre otras, en sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente No.
54.407, M.P. María Adriana Marín, en fallo del 13 de agosto de 2020, expediente No. 59.791 y en
sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865.
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Así las cosas, dado que: i) no se encontró que las pretensiones de la
demanda se hubieren fincado en las inconformidades que ahora señala en
la apelación; ii) que éstas estuviesen comprendidas dentro de las que sí se
alegaron en el escrito de demanda; iii) que se hubieren adicionado a la demanda
en la oportunidad procesal prevista para ello; o iv) que comporten un aspecto
que de oficio deba ser resuelto por el juez, no es posible abordar su
conocimiento en esta instancia, pues, por las razones que ya se
expresaron, hacerlo implicaría desconocer el principio de congruencia y
violar el derecho de defensa de la contraparte49 (se destaca).
De acuerdo con lo anterior, conviene señalar que con la demanda y su
correspondiente corrección o adición la parte actora tiene la oportunidad de fijar el
alcance de la controversia que plantea, de manera que, con posterioridad a esas
etapas procesales, no puede caprichosamente cambiar el petitum y el contexto
fáctico y jurídico de lo expuesto inicialmente.
En ese sentido, la Sala advierte que ni el recurso de apelación ni los alegatos de
conclusión50 tienen por objeto que las partes adicionen o modifiquen sus demandas,
pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos, con lo que se
desconocería el principio de congruencia y el debido proceso51.
Con base en lo anterior, el cargo de apelación referente a la falsa motivación del
acta de liquidación no está llamado a ser resuelto y, por tanto, la Sala se abstendrá
de analizarlo.
49 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 30 de julio de 2021, expediente No. 50.728, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
50 Esto ha dicho la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado: “(...) a pesar de que
en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión tanto de primera como de segunda
instancia presentados por la actora se puntualizó, entre otras cosas, que la providencia
respecto de la cual se predicaba el error judicial era la sentencia absolutoria que dictó el
Juzgado Promiscuo Municipal de Socha, por haber realizado ‘falsos juicios de existencia
probatoria por omisión y de identidad’, lo cierto es que tales afirmaciones reflejan con claridad
la intención del extremo activo de modificar la causa petendi de la demanda -lo cual no es
permitido-, en la medida en que se refiere a una imputación de responsabilidad adicional de aquella
por la cual se demandó a la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que únicamente giró
en torno al defectuoso funcionamiento de la Administración Justicia, tal como ya se dijo. En tal virtud,
el proceso se estudiará exclusivamente según los postulados del defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia y no del error judicial, pues no basta la simple indicación del supuesto
error, dado que es necesario identificar en la demanda, con toda precisión, la providencia que lo
contiene y los motivos por los cuales se configuró, circunstancia que, a pesar de que se trató de
subsanar por la vía de los alegatos de conclusión y del recurso de apelación interpuesto por
los actores, no resulta ser una conducta procesalmente admisible. Así las cosas, como el
recurso de apelación no tiene por objeto que las partes adicionen o modifiquen sus demandas
y sorprendan a su contraparte con cargos nuevos frente a los cuales no tuvo la oportunidad
de defenderse ni aportar o solicitar pruebas, la Sala se abstendrá de analizar las
modificaciones realizadas a la imputación de responsabilidad de las entidades públicas
demandadas formulada en las alegaciones conclusivas y en el recurso de apelación” (se
destaca) (Sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente No. 64.865).
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 13 de agosto de 2021, exp. 65589.
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2.2. El recurso de apelación en relación con el supuesto incumplimiento de las
obligaciones a cargo del municipio de Buenos Aires
En relación con el supuesto incumplimiento de las obligaciones a cargo del
municipio de Buenos Aires, en la sentencia de primera instancia, el a quo precisó
que el estudio de esta pretensión estaría atado al análisis del contenido obligacional
asumido por el ente territorial demandado, derivado del convenio interadministrativo
No. 053 de 2008, que contrastaría con los informes de interventoría y supervisión,
al margen del cumplimiento de los objetivos propuestos en el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL
TERRITORIO NACIONAL I-2008”, es decir, se ceñiría a lo acordado por las partes
en el convenio particular deslindándolo del proyecto global del cuál hacía parte.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, después de abordar el
objeto contractual y las obligaciones asumidas por el municipio, tanto en el convenio
como en el acta de liquidación bilateral, pasó a analizar los informes de interventoría
y el acta de verificación de la obra, que también fue suscrita, entre otros, por
representantes del SGC, para concluir que el ente territorial demandado sí había
cumplido con sus obligaciones, por lo que no era procedente el reintegro del valor
del convenio.
De manera particular, también señaló que ese análisis cobraba relevancia en tanto
que el mismo SGC había manifestado ante el Fondo Nacional de Regalías que el
municipio sí cumplió con sus obligaciones, por lo que el proyecto era funcional, por
lo que desconocer esa afirmación vulneraría el principio de la buena fe contractual
y la teoría de los actos propios.
Finalmente, precisó que se encontraba pendiente la obligación de legalizar el
contrato de comodato del proyecto en favor de la cooperativa de mineros, pero que
esa obligación se había pactado con posterioridad a la ejecución del convenio y no
implicaba un incumplimiento que tuviera como consecuencia el reintegro de los
recursos del proyecto.
Por su parte, el SGC en el recurso de apelación se limitó a señalar que había
demostrado que la ejecución del convenio había sido tardía e incompleta y que ello
había dado lugar a la sanción impuesta, consistente en la exigencia del reintegro de
la totalidad de los recursos económicos aportados para el desarrollo del proyecto.
En relación con lo anterior, conviene precisar que son los cargos de la apelación los
que determinan el marco de competencia del juez de segunda instancia, razón por
21
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Referencia: Controversias contractuales
la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así
como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la
decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea
analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o
desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis
planteada52.
De igual forma, esta Subsección53 ha considerado que la carga de sustentación
que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera
manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la
petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los
fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia
en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la
decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad
existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que
conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado.
Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las
razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las
consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico
confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad
planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente
a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las razones de
inconformidad de la parte apelante frente a la sentencia y, por esa vía, de suplir las
cargas que legalmente le han sido impuestas a ella”54.
En ese orden de ideas, la Sala reitera lo señalado por esta Subsección55 en
oportunidad anterior, en el sentido de que, al advertirse la ausencia de sustentación
suficiente, adecuada o material del recurso de apelación, cuyo fundamento sea
simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación argumentos para
52 Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección Tercera
de esta Corporación: i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 54.675; ii) sentencia
del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; iii) auto del 14 de octubre de 2015, expediente
No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón y iv) sentencia del 9 de abril de 2014, expediente No.
27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez.
54 Ibidem.
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de junio de 2020, expediente No. 49.572, M.P. María Adriana Marín.
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cuestionar la providencia impugnada, al superior jerárquico no le queda una opción
diferente que la de confirmar el proveído apelado56.
En relación con el caso concreto, la Sala encuentra que, si bien la actora recurrió
formalmente la sentencia dictada por el Tribunal a quo, lo cierto es que de su escrito
de impugnación no se extrae ningún reparo concreto en contra de las conclusiones
del fallo de primera instancia, de ahí que también la parte demandada señale en
sus alegatos de conclusión la falta de sustentación del recurso de apelación.
Es claro que en el recurso de apelación que ahora se analiza no se cuestiona el
alcance que el a quo le dio a la pretensión de incumplimiento, ni se debate la
conclusión a la que llegó el tribunal de primera instancia después de revisar las
pruebas, en particular los informes de interventoría y el acta de verificación de la
obra y tampoco se sustentan en este caso las razones por las cuales se deberían
desconocer las manifestaciones hechas por la parte actora en relación con el
cumplimiento pleno de las obligaciones a cargo del ente territorial demandado que
realizó ante el Fondo Nacional de Garantías, que fueron básicamente los
argumentos expuestos en la sentencia para negar esa pretensión.
Por lo anterior, la Sala concluye que materialmente no existió recurso de apelación
como tal, por lo que se confirmará la providencia que ahora es objeto de estudio,
dado que no se controvirtieron los fundamentos de hecho y de derecho que llevaron
al Tribunal a quo a adoptar la decisión recurrida, lo que evidencia una falta de
sustentación material del escrito de impugnación.
3. Costas
En la sentencia apelada se consideró improcedente la condena en costas por la
primera instancia, punto que no fue apelado, de ahí que no le corresponda estudiarlo
a la Sala, sin perjuicio de la decisión que se deba adoptar en relación con la condena
derivada de la apelación interpuesta contra el fallo del a quo.
3.1. Procedencia en segunda instancia
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, “[s]alvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
56Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 7 de diciembre de 2021, exp. 65.962.
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costas”, disposición que fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 57,
en el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal”.
La modificación señalada no implica que se hubiese retomado el criterio subjetivo
de la condena establecido en el artículo 171 del CCA, pues la norma tiene un
alcance distinto, en cuanto debe interpretarse en concordancia con el inciso primero
del citado artículo 188.
La nueva disposición no es aplicable frente a las costas de los procesos ordinarios
de lo contencioso administrativo en los cuales prima el factor objetivo -ser la parte
vencida en el proceso o a quien se le resuelva de manera desfavorable el recurso
interpuesto-, sino que rige para aquellos en los que se ventila un interés público,
pues, si bien en estos, en principio, es improcedente la condena por tal concepto,
no es menos cierto que es posible imponerla cuando “se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
En suma, para las costas lo determinante es perder el proceso o que la actuación
promovida sea resuelta de manera desfavorable, sin que para ello tenga alguna
injerencia la conducta subjetiva de las partes durante el trámite, situación que tiene
otras consecuencias procesales.
57
La Ley 2080 del 25 de enero de 2021 corresponde a una normativa de orden público, de aplicación
inmediata y, por ende, rige en todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor,
salvo frente algunos supuestos específicos:
i) Las nuevas normas de competencias de los juzgados y tribunales administrativos.
ii) Las actuaciones previstas en el artículo 86 ejusdem, que corresponden a los recursos interpuestos,
la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos
que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo,
aspectos que se rigen por la norma vigente para la fecha en la que se iniciaron tales actuaciones.
iii) Las modificaciones frente al dictamen pericial se aplican a los procesos en curso a la fecha de
entrada en vigor, siempre no se hubiese decretado pruebas.
Una de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 es la relacionada con la regulación de costas,
en cuanto adicionó el referido artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
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En efecto, en virtud de los artículos 8058 y 8159 del CGP las partes o terceros que
actúen con temeridad o mala fe, sin perjuicio de las costas, deben responder por los
perjuicios causados con su proceder.
Si quien actúa en dichos términos es el abogado se le aplicará tal regla de
responsabilidad, pero también se le impondrá multa de 10 a 50 smmlv. Si la condena
reprochable es imputable tanto al poderdante como el apoderado se les condenará
de manera solidaria.
En relación con el alcance de la modificación en materia de costas contenida en el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la Subsección B de la Sección Tercera ha
señalado60:
“De la lectura de la disposición es posible establecer la finalidad y el propósito
del legislador con esta nueva modificación.
El objetivo del legislador es que el ejercicio del derecho de acción a través de
los medios de control se haga de manera responsable, leal y seria, tanto así
que consagró la posibilidad de que aun en los procesos en que se ventile un
interés público (contencioso objetivo) sea procedente y viable la condena en
costas siempre y cuando se acredite que la demanda se presentó con
‘manifiesta carencia de fundamento legal’.
El artículo 188 del CPACA fijó (i) la regla general de la procedencia de las costas
en los procesos contencioso-administrativos; además (ii) definió la excepción a
la regla, esto es, los procesos en que se ventile un interés público y, por último,
(iii) consagró una excepción a la excepción, puesto que será posible condenar
en costas incluso en los procesos contencioso-objetivos sobre la condición de
que se acredite que la demanda carece por completo de fundamento legal.
Esta hermenéutica garantiza el principio interpretativo del efecto útil de las
normas; se adecúa de manera sistemática con el propósito del legislador de
promover el ejercicio recto y responsable del derecho de acción y permite darle
un entendimiento apropiado a la expresión “en todo caso” con la cual el
58
“Artículo 80. Responsabilidad patrimonial de las partes. Cada una de las partes responderá por
los perjuicios que con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a
terceros intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el
juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la correspondiente condena en la
sentencia o en el auto que los decida. Si no le fuere posible fijar allí su monto, ordenará que se liquide
por incidente.
A la misma responsabilidad y consiguiente condena están sujetos los terceros intervinientes en el
proceso o incidente.
Siendo varios los litigantes responsables de los perjuicios, se les condenará en proporción a su
interés en el proceso o incidente”.
59
“Artículo 81. Responsabilidad patrimonial de apoderados y poderdantes. Al apoderado que actúe
con temeridad o mala fe se le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las
costas del proceso, incidente o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos
mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la
investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.
60
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 11001-03-26-000-2019-00011-00(63217), CP:
Fredy Ibarra Martínez.
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legislador estableció, como excepción a la excepción, la posibilidad de condenar
en costas aun en los procesos en los que se ventile un interés público.
En efecto, si no se interpreta de manera armónica e integrada los dos incisos
del artículo 188 del CPACA -adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021- se generaría una consecuencia absurda consistente en que solo habría
condena en costas en una vía, esto es, solo para la parte actora y sobre la
condición de que la demanda carezca por completo de fundamento legal, pero,
no habría posibilidad en costas cuando la parte vencida fuera el extremo
demandado, lo que contravendría el principio del efecto útil de las normas y el
propósito del legislador de promover el ejercicio adecuado del derecho de
acción.
En suma, la mejor interpretación de la disposición es aquella que promueve la
efectividad y aplicabilidad de la norma a través sistematicidad entre los incisos
primero y segundo del artículo 188 ibidem, que garantiza la aplicación de la
regla general -condena en costas para la parte vencida, demandante o
demandada, en cualquier tipo de procesos- salvo en los que se ventile un interés
público (acciones públicas ) y, en todo caso, en este tipo de asuntos será
procedente la condena en costas al demandante cuando se advierta que la
demanda carece por completo de fundamento legal porque se castiga el
ejercicio infundado e irresponsable del derecho de acción, al promover un
desgaste innecesario del aparato jurisdiccional”.
En las condiciones analizadas, en el caso concreto no resulta aplicable la
modificación frente a costas dispuesta por la Ley 2080 de 2021, sino que la regla
que rige el asunto es el inciso primero del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011,
teniendo en cuenta que tampoco resulta procedente la excepción prevista en esa
norma, toda vez que las partes promovieron un proceso a través del medio de
control de controversias contractuales y, por tanto, al margen de que en este caso
se discuta lo acontecido en el marco de la ejecución de un convenio
interadministrativo en el que no existían intereses contrapuestos, en esta
oportunidad, al presentarse la controversia mediante un medio de control de
carácter contencioso subjetivo, sí existen intereses particulares de las entidades
involucradas en el proceso judicial, en tanto que de la decisión adoptada se derivan
consecuencias económicas que favorecen o afectan a las partes.
En ese orden de ideas, y en concordancia con el numeral 1 del artículo 365 y el
artículo 366 del C.G.P., en la sentencia se condenará en costas a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación.
La liquidación pertinente se hará de manera concentrada en primera instancia, una
vez ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de
obedecimiento a lo dispuesto por el superior.
3.2. Agencias en derecho
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Las costas incluyen las agencias en derecho61, que se fijan a partir de las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o por la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales62.
Así las cosas, las agencias en derecho proceden incluso cuando la parte ha litigado
en nombre propio, sin incurrir en el pago de honorarios profesionales, razonamiento
que también es aplicable a las entidades que comparecen a través de sus abogados
de planta, pues, si bien en tal escenario no incurre en gastos adicionales a los de
nómina, no es menos cierto que sí tuvo que destinar alguno de sus funcionarios
para atender el asunto.
En cuanto a las tarifas, el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554
del 5 de agosto de 2016 –normativa vigente para la fecha de presentación de la
demanda63- señaló que en la segunda instancia de los procesos declarativos -como
el de la referencia- por agencias en derecho resulta procedente fijar entre 1 y 6
mmlv64.
En el sub lite el a quo negó las pretensiones, sentencia contra la cual la parte actora
interpuso un recurso de apelación que no prosperó, de ahí que corresponda
condenarla en costas por el hecho de que su recurso hubiese sido resuelto de
manera desfavorable y para lo pertinente, por concepto de agencias en derecho, se
fija 1 smmlv.
El monto señalado se encuentra dentro del rango fijado por el Consejo Superior de
la Judicatura; además, resulta coherente con la naturaleza del asunto y la actuación
desplegada en esta instancia por la apoderada del ente territorial demandado, pues
se pronunció frente al recurso interpuesto.
61
Artículo 361 del CGP.
62
Numeral 4 del artículo 366 del CGP, que señala: 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
63
La demanda se presentó el 11 de enero de 2018 y la referida normativa entró en vigor el 6 de
agosto de 2016.
64
“Artículo. 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.
(…)
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. (negrillas de la Sala).
27
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00015-01 (66.594)
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Demandado: Municipio de Buenos Aires (Cauca)
Referencia: Controversias contractuales
En este orden de ideas, se condenará en costas al Servicio Geológico Colombiano,
el cual deberá pagar a favor del municipio de Buenos Aires, Cauca, la suma de 1
smmlv.
En todo caso, la liquidación final de las costas la efectuará la primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia, en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de abril de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, subsección A, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al Servicio Geológico
Colombiano, para lo cual se fija 1 smmlv por concepto de agencias en derecho en
favor del municipio de Buenos Aires, Cauca. La liquidación de las costas de todo el
proceso se hará en primera instancia por parte del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del C.G.P.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
28
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