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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00116-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00116-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone: “PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad del medio de control de reparación directa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte accionante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. TERCERO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora y a favor de la Fiscalía General de la Nación, en suma equivalente a 1 SMLMV, las cuales serán liquidadas por Secretaría, conforme a lo expuesto en la parte motiva”. 50 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 22 Radicado: 25000233600020180011601 (66843) Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00116-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: IBETH GUTIÉRREZ OVIEDO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Servidor público abusa de su cargo para inducir a particular a
darle dinero. Concusión. Deber de colaborar con la
administración de justicia. Caducidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En fecha indeterminada, Johay Contreras Agudelo, Fiscal 34 Local de Bogotá,
solicitó a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000, para devolverle un vehículo
que estaba a disposición del ente acusador. Posteriormente, en fecha que tampoco
se conoce, la señora Gutiérrez Oviedo presentó denuncia penal contra el referido
fiscal, pues consideró que su conducta se enmarcaba en el delito de concusión.

El 13 de noviembre de 2008, Contreras Agudelo fue capturado “tras recibir de parte
de la víctima $1.500.000, producto de una entrega vigilada organizada por la policía
judicial” y el 5 de abril de 2010 fue acusado como autor de la conducta punible
referida. Mas adelante, mediante sentencia del 8 de mayo de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá condenó a Johay Contreras Agudelo a 108
meses de prisión, pues lo halló penalmente responsable del delito de concusión;
decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 16
de diciembre de 2015.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

Los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General de la Nación es
patrimonialmente responsable: i) por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en que incurrió el Fiscal 34 Local de Bogotá, pues solicitó
a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000 para cumplir con una función que
tenía asignada por Ley, ii) por la carga que tuvo que asumir la denunciante, de
participar en la entrega vigilada de dinero y iii) porque la propia víctima debió
participar del proceso penal que se adelantó en contra del procesado por el delito
de concusión.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 8 de febrero de 20181, Ibeth Gutiérrez Oviedo, Orlando Rivera Gutiérrez, Orlando
Rivera Pardo y María Fernanda Gutiérrez Oviedo, mediante apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Fiscalía General de la Nación para que fuera declarada patrimonialmente
responsable i) por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en
que incurrió el Fiscal 34 Local de Bogotá al solicitar a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago
de $5.000.000 para cumplir con una función que tenía asignada por Ley, ii) por la
carga que tuvo que asumir la denunciante, de participar en la entrega vigilada de
dinero y iii) porque la propia víctima debió participar del proceso penal que se
adelantó en contra del procesado por el delito de concusión.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la
accionada a pagar, por perjuicios morales, 1000 SMLMV a Ibeth Gutiérrez Oviedo
y 500 SMLMV a los demás demandantes. Adicionalmente, como medida de
reparación no pecuniaria, pide ordenar al Fiscal General de la Nación presentar
excusas públicas a los aquí demandantes.

1 Fl. 19, C.1.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en el año 2005,
Ibeth Gutiérrez Oviedo prestó un vehículo a Adriano Sergio Gómez Cotes, el cual
nunca le devolvió.

Señala que, por esta razón, en fecha indeterminada, la señora Gutiérrez Oviedo
formuló denuncia penal contra Gómez Cotes, pues consideró que su conducta se
enmarcaba en el delito de abuso de confianza.

Esgrime que el 27 de noviembre de 2007, el Fiscal 34 Local de Bogotá - Johay
Contreras Agudelo, quien conoció del proceso por reparto, ordenó la retención del
automotor y el 16 de enero de 2008, la Policía Nacional efectuó su aprehensión.

Manifiesta que, más adelante, en fecha indeterminada, Johay Contreras Agudelo
solicitó a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000 para devolverle el vehículo
que estaba a disposición de su despacho.

Indica que, por esta razón, en fecha que no se conoce, Gutiérrez Oviedo presentó
denuncia penal contra el fiscal, aduciendo que su conducta se enmarcaba en el
delito de concusión.

Argumenta que el 13 de noviembre de 2008, Contreras Agudelo fue capturado “tras
recibir de parte de la víctima $1.500.000, producto de una entrega vigilada
organizada por la policía judicial” y el 5 de abril de 2010 fue acusado como autor del
delito referido.

Señala que del proceso contra el fiscal conoció el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, quien mediante en sentencia del 8 de mayo de 2015 lo condenó
a 108 meses de prisión por hallarlo penalmente responsable del delito de concusión;
decisión que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en proveído del 16 de
diciembre de 2015.

Precisa que, luego, en fecha indeterminada, Ibeth Gutiérrez Oviedo solicitó al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tramitar un incidente de reparación

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

integral de perjuicios en contra de Johay Contreras Agudelo y la Fiscalía General
de la Nación.

Afirma que en audiencia del 1° de septiembre de 2016, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá negó la vinculación de la Fiscalía General de la Nación
como tercero civilmente responsable en el trámite incidental; decisión que fue
confirmada por la Corte Suprema de Justicia, mediante proveído del 6 de diciembre
de 2017.

Los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General de la Nación es
patrimonialmente responsable: i) por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en que incurrió el Fiscal 34 Local de Bogotá, pues solicitó
a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000 para cumplir con una función que
tenía asignada por Ley, ii) por la carga que tuvo que asumir la denunciante, de
participar en la entrega vigilada de dinero y iii) porque la propia víctima debió
participar del proceso penal que se adelantó en contra del procesado por el delito
de concusión.

2. Contestación

El 1° de agosto de 20182 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Fiscalía General de la Nación3 se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que la parte actora pretendía la reparación de los mismos
perjuicios que ya había solicitado en el trámite incidental surtido en el proceso penal
que se adelantó en contra de Johay Contreras Agudelo. En ese sentido, alegó que
“se están presentado dos reclamaciones por los mismos hechos […] violando el
principio que señala que nadie puede ser reparado dos veces por los mismo
hechos”.

2 Fl 75 a 76, C 1.
3 Fl 41 a 42, C. 1.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

3. Audiencia inicial

El 15 de febrero de 20194, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las
excepciones previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar si “es administrativa y patrimonialmente responsable la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios causados a la parte
demandante con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia del
que fueron objeto, instrumentalizado en el delito de concusión del cual fueron
víctimas, en hechos ocurridos entre el 16 de enero de 2008 y el 16 de diciembre de
2015, cuando un funcionario de la entidad demandada, en el ejercicio de sus
funciones como Fiscal 34 Local del Bogotá exigió dinero a la señora Ibeth Gutiérrez
Oviedo, para la devolución vehículo que le había sido hurtado por un tercero”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 11 de abril de 20195 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación6 señaló que no incurrió en un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, toda vez que no se le
podía trasladar la responsabilidad patrimonial “por el actuar particular… de uno de
sus funcionarios”.

4.2. La parte demandante7 reiteró los argumentos expuestos en su demanda.

4.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4 Fl. 136 a 137, C. 1.
5 Fl. 154, C. 1.
6 Fl. 156 a 158, C. 1.
7 Fl. 159 a 164, C. 1.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 de diciembre de 20208 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar
que se había acreditado la configuración de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia que ocasionó perjuicios a los demandantes, dado que un
funcionario de la Fiscalía General de la Nación había exigido a Ibeth Gutiérrez
Oviedo la suma de $5.000.000 para hacerle entrega de un automóvil que se
encontraba a disposición del ente acusador y está se convirtió en víctima del delito
y debió asumir la carga de participar en la entrega vigilada de dinero, así como en
el proceso penal que se adelantó en contra del procesado.

Textualmente, el a quo señaló: “el Estado incumple con su deber jurídico de
garantizar el acceso a la administración de justicia (ART. 1, 2, 6, 229 CP) cuando le
pone obstáculos normativos, sociales o económicos al ciudadano para que no
pueda obtener una decisión oportuna, correcta y justa, pero es mucho más grave
cuando el ciudadano pretende ejercer sus derechos fundamentales y busca en el
Estado y sus autoridades la protección y la garantía de los mismos y lo que
encuentra es que el mismo Estado deviene contra este ciudadano con todo su
aparato para amilanarlo y quitarle la confianza que tenía en sus instituciones. Es
precisamente lo que ocurrió con la señora Ibeth Gutiérrez Oviedo cuando actuó de
manera debida al denunciar al fiscal por haberle pedido un dinero para que
cumpliera su deber de devolverle el carro, pero al mismo tiempo al haber actuado
con cierta inocencia por haberle al mismo tiempo dado un dinero para lograr el fin
buscado […] Ahora, en lo que tiene que ver con la imputación y el nexo de
causalidad, la Sala encuentra acreditada la imputación consistente en el defectuoso
funcionamiento de la administración, en tanto se demostró que un agente de la
Fiscalía General de la Nación exigió a la demandante la suma de cinco millones de
pesos ($5'000.000) como requisito para devolverle el carro de su propiedad, que la
Policía había recuperado (2.4). Esto es, en tanto se demostró que un servidor
público incurrió en el delito de concusión, por el que fue condenado penalmente el
16 de diciembre/de 2015. Como ya se dijo antes, la actuación del fiscal que conoció

8 Fl 176 a 183, C. P.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

de la denuncia interpuesta por la demandante fue la causa eficiente del daño
antijurídico, consistente en la violación del derecho al acceso a la administración de
justicia, con todos los componentes que ello implica”.

En la parte resolutiva el Tribunal condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar,
por perjuicios morales, 25 SMLMV a Ibeth Gutiérrez Londoño por cuanto “se vio
emocional y psicológicamente afectada desde múltiples ángulos” y 15 SMLMV a
Orlando Rivera Gutiérrez, pues “tuvo que vivir y soportar con ella la angustia y
zozobra y preocupación que produce ser víctima del delito de concusión”.
Adicionalmente, ordenó a la entidad demanda publicar “lo sucedido y la decisión
que se adopta” en un diario de circulación nacional.

6. Los recursos de apelación

Los días 209 y 2210 de enero de 2021, la parte demandante y la Fiscalía General de
la Nación interpusieron recursos de apelación, respectivamente, los cuales fueron
concedidos el 25 de enero de 202211-12 y admitidos el 11 de marzo de 202213.

6.1. La parte demandante sostuvo que los montos reconocidos por concepto de
perjuicios morales resultaban irrisorios, dada la gravedad del caso. En ese sentido,
señaló que se debió tener en cuenta la sentencia de unificación proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2013, según la cual
en los casos en que el origen del daño antijuridico es un delito, los perjuicios deben
tasarse de conformidad con el artículo 97 de la Ley 599 de 200014. Adicionalmente,
solicitó reconocer indemnización de perjuicios a María Fernanda Gutiérrez Oviedo
y Jaime Orlando Rivera Pardo, aduciendo que estos fueron probados en el plenario.

9 Fl. 188 a 193, C. P.
10 Fl. 195 a 197, C. P.
11 Fl. 217, C. P.
12 Al respecto, conviene precisar que los recursos fueron concedidos inicialmente por el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca mediante proveído del 15 de febrero de 2021; sin embargo, en auto
del 4 de junio de 2021, el despacho sustanciador ordenó devolver el expediente al Tribunal a quo
con el propósito que se llevara a cabo la audiencia prevista en el inciso 4° del artículo 192 del CPACA.
13 Fl. 220, C. P.
14 “Artículo 97. Indemnización por daños. En relación con el daño derivado de la conducta punible el

juez podrá señalar como indemnización, una suma equivalente, en moneda nacional, hasta mil
(1000) salarios mínimos legales mensuales”.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

6.2. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo
del proceso, aduciendo que la parte actora pretendía la reparación de perjuicios que
ya había promovido en el trámite incidental surtido en el proceso penal que se
adelantó en contra de Johay Contreras Agudelo.

7. Trámite en segunda instancia

El 8 de abril de 202215 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La parte demandante16 y Fiscalía General de la Nación17 reiteraron los
argumentos expuestos a lo largo del proceso.

7.2. El Ministerio Público18 indicó que el daño estaba acreditado y resultaba
imputable a la Fiscalía General de la Nación, dado que la conducta punible que
cometió Johay Contreras Agudelo constituyó un defectuoso funcionamiento de la
administración de la justicia. En cuanto a la indemnización de perjuicios, señaló que
los montos reconocidos a Ibeth Gutiérrez Oviedo y a Orlando Rivera Gutiérrez
resultaban proporcionales y razonables de acuerdo con la lesión reclamada.
Finalmente, estimó que no se acreditó la afectación moral sufrida por María
Fernanda Gutiérrez Oviedo y Jaime Orlando Rivera Pardo. De conformidad con lo
anterior, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral

15 Fl. 221, C.P.
16 Índice 21, SAMAI.
17 Índice 22, SAMAI.
18 Índice 23, SAMAI.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), pues la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión material
de la demanda19, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación20.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la
administración de justicia.

3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el derecho de acción se ejerció oportunamente
o si, por el contrario, la acción de reparación directa se encontraba caducada al
momento de la presentación de la demanda.

19 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta

o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin
que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean
los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se
acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”.
La demanda se presentó durante su vigencia el 8 de febrero de 2018 (Fl. 19, C.1.).
20 En el presente caso la mayor pretensión de la demanda es de 1000 SMLMV, lo cual es superior a

500 SMLMV ($390.621.000) del año en que ésta se presentó (2018).
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre
otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una
de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia de la acción.

5. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue
alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal22.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general23, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

22 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción24, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure25 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia26, cuya consecuencia, por demandar más

24 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
25 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el defectuoso
funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta
Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el
conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

6. Caso concreto

En el sub examine los demandantes consideran que la Nación – Fiscalía General
de la Nación es patrimonialmente responsable i) por el defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en que incurrió el Fiscal 34 Local de Bogotá, pues
solicitó a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000 para cumplir con una función
que tenía asignada por Ley, ii) por la carga que tuvo que asumir la denunciante, de
participar en la entrega vigilada de dinero; a su victimario; y iii) porque la propia
víctima debió participar del proceso penal que se adelantó en contra del procesado
por el delito de concusión.

inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo o no.

6.1. Hechos Probados

6.1.1. Se acreditó que, en fecha indeterminada del año 2005, Ibeth Gutiérrez Oviedo
prestó un vehículo a Adriano Sergio Gómez Cotes, el cual nunca le devolvió. De ello
da cuenta copia simple de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por
la Corte Suprema de Justicia27.

6.1.2. Consta que, en fecha indeterminada, la señora Gutiérrez Oviedo formuló
denuncia penal contra Gómez Cotes, por el delito de abuso de confianza, según da
cuenta copia simple de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por la
Corte Suprema de Justicia28.

6.1.3 Está probado que el 27 de noviembre de 2007, el Fiscal 34 Local de Bogotá -
Johay Contreras Agudelo, ordenó la retención del vehículo que había prestado Ibeth
Gutiérrez Oviedo, según da cuenta copia simple de la sentencia del 16 de diciembre
de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia29.

6.1.4. Se probó que el 16 de enero de 2008, la Policía Nacional efectuó la
aprehensión de dicho automotor, según da cuenta copia simple de la sentencia del
16 de diciembre de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia30.

6.1.5. Se demostró que, en fecha indeterminada, el fiscal Johay Contreras Agudelo
solicitó a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000 para devolverle su vehículo.
Esta información consta en la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por
la Corte Suprema de Justicia31.

27 Fl 1 a 29, C. 2.
28 Ibídem.
29 Ibídem.
30 Ibídem.
31 Ibídem.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

6.1.6. Se acreditó que, en fecha indeterminada, la señora Gutiérrez Oviedo
denunció penalmente a Contreras Agudelo por el delito de concusión, según da
cuenta copia simple de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por la
Corte Suprema de Justicia32.

6.1.7. Consta que el 13 de noviembre de 2008, Johay Contreras Agudelo fue
capturado “tras recibir de parte de la víctima $1.500.000, producto de una entrega
vigilada organizada por la policía judicial”. De ello da cuenta copia simple de la
sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia33.

6.1.8. Está probado que el 5 de abril de 2010, la Fiscalía General de la Nación acusó
al señor Contreras Agudelo como autor de la conducta punible de concusión, según
da cuenta copia simple de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por
la Corte Suprema de Justicia34.

6.1.9. Se probó que el 10 de mayo de 2010, el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá dio inicio a la audiencia preparatoria, la cual continuó los días 11 de junio,
15 de julio, 19 de agosto, 30 de septiembre de 2010, 18 de febrero, 25 de abril, 9 de
mayo de 2011 y 5 de febrero, 19 de diciembre de 2013 y 25 de junio de 2014. De
ello da cuenta copia simple de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida
por la Corte Suprema de Justicia35.

6.1.10. Se demostró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá adelantó
el juicio oral en audiencia celebrada los días 23 de julio, 19, 20, 21 y 25 de agosto,
1° de septiembre de 2014 y 5 y 26 de febrero de 2015, según da cuenta copia simple
de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Corte Suprema de
Justicia36.

6.1.11. Se acreditó que, mediante sentencia del 8 de mayo de 2015, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró penalmente responsable a Johay

32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 Ibídem.
35 Ibídem.
36 Ibídem.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

Contreras Agudelo por el delito de concusión y lo condenó a pena de prisión de 108
meses y al pago de una multa equivalente a 78,6 SMLMV, según da cuenta copia
simple de la sentencia del 16 de diciembre de 2015, proferida por la Corte Suprema
de Justicia37.

6.1.12. Consta que, en providencia del 16 de diciembre de 2015, la Corte Suprema
de Justicia confirmó la decisión anterior, según da cuenta copia simple de dicha
providencia 38. Como sustento de la decisión se indicó:

“Según el testimonio de la señora IBETH GUTIÉRREZ OVIEDO, ella prestó al señor
ADRIANO SERGIO GÓMEZ COTES el vehículo identificado con placas BSA-481
para un viaje de negocios, quien no lo devolvió, motivo por el cual presentó en su
contra denuncia penal por abuso de confianza, la cual correspondió a la Fiscalía 34
Local de Bogotá, a cargo de JOHAY CONTRERAS AGUDELO, quien el 27 de
noviembre de 2007 ordenó la retención del automóvil.

En virtud de lo dispuesto, el 16 de enero de 2008 la Policía Nacional de Neiva (Huila)
recuperó el vehículo. Sin embargo, el fiscal JOHAY CONTRERAS AGUDELO exigió
a IBETH GUTIÉRREZ OVIEDO la suma de $5.000.000.oo como condición para
devolverle el automotor.

[…]. Con todo, admitiendo que el acusado ya no tenía poder de disuasión sobre la
ofendida, lo cierto es que la conducta ya se había materializado con la solicitud del
dinero, hecho del que simplemente dan cuenta las labores investigativas agotadas
por la Fiscalía.

En ese orden de ideas, aparte del testimonio de IBETH GUTIÉRREZ OVIEDO, claro
y enfático en indicar que JOHAY CONTRERAS AGUDELO le solicitó $5.000.000.oo
para entregarle el automotor, en diferentes labores de investigación se recopilaron
grabaciones de audios y videos de conversaciones y reuniones, en las que se
corrobora tal versión.

A partir de lo expuesto, considera la Sala que, contrario a lo planteado por el
apelante, no existe duda respecto a que JOHAY CONTRERAS AGUDELO cometió
y es responsable de la conducta que le fue imputada, conclusión a la que se arriba
tras analizarse los diferentes medios de pruebas allegados a la actuación.”

6.1.13. Está probado que, en fecha indeterminada, Ibeth Gutiérrez Oviedo solicitó
al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tramitar un incidente de
reparación integral de perjuicios en contra de Johay Contreras Agudelo y la Fiscalía

37 Ibídem.
38 Ibídem.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

General de la Nación. De ello da cuenta copia simple de la providencia proferida del
6 de diciembre de 2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia39.

6.1.14. Se probó que, en audiencia del 1° de septiembre de 2016, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la vinculación de la Fiscalía General
de la Nación como tercero civilmente responsable en el precitado trámite incidental,
según da cuenta copia simple de la providencia proferida del 6 de diciembre de
2017, proferida por la Corte Suprema de Justicia40.

6.1.15. Se demostró que en auto del 6 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de
Justicia confirmó el anterior proveído, según da cuenta copia simple de dicha
providencia 41.

6.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consistente en la afectación
de los demandantes a su derecho a la debida administración de justicia: i) por el
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió el Fiscal
34 Local de Bogotá, al solicitar a Ibeth Gutiérrez Oviedo el pago de $5.000.000 para
cumplir con una función que tenía asignada por Ley, ii) por la carga que tuvo que
asumir la denunciante, de participar en la entrega vigilada de dinero y iii) porque la
propia víctima debió participar del proceso penal que se adelantó en contra del
procesado por el delito de concusión.

Ahora bien, tal y como se indicó en el acápite quinto de esta providencia, el artículo
164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño.

39 Fl 60 a 70, C. 1.
40 Ibídem.
41 Ibídem.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera
reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un defectuoso funcionamiento
de la administración de la justicia, el término de caducidad empieza a contabilizarse
a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en
cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

Descendiendo al caso concreto, se encuentra acreditado lo siguiente: i) que en
fecha indeterminada, el fiscal Johay Contreras Agudelo solicitó a Ibeth Gutiérrez
Oviedo el pago de $5.000.000 para entregarle un vehículo que se encontraba a
disposición del ente acusador (hecho probado 6.1.5.); ii) que por esta razón la
señora Gutiérrez Oviedo denunció penalmente al señor Contreras Agudelo (hecho
probado 6.1.6.), el cual fue capturado el 13 de noviembre de 2008 “tras recibir de
parte de la víctima $1.500.000, producto de una entrega vigilada organizada por la
policía judicial” (hecho probado 6.1.7.); iii) que en sentencia del 8 de mayo de 2015,
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá declaró penalmente responsable
al señor Contreras Agudelo por el delito de concusión y lo condenó a pena de prisión
de 108 meses; y iv) que esta decisión fue confirmada por Corte Suprema de Justicia,
mediante providencia del 16 de diciembre de 2015 (hecho probado 6.1.12.).

En ese sentido, se advierte que el 13 de noviembre de 2008 se concretó el daño
antijurídico alegado por la comisión de la conducta punible de la que fue víctima
Ibeth Gutiérrez Oviedo, pues ese día se consumó el delito de concusión, en tanto
en esa fecha el servidor público abusó de su cargo induciendo a la usuaria de la
administración de justicia a entregarle dinero para que pudiera devolverle el vehículo
que se encontraba a disposición del ente acusador42.

Adicionalmente, se estima que “la afectación” ocasionada porque la víctima del
delito participó en la entrega vigilada de dinero, se concretó ese mismo día - 13 de

42 Código Penal. “Artículo 404. Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o de sus

funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o
cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta
(180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

noviembre de 2008 - pues corresponde a aquel en el que se efectuó el operativo de
policía judicial por el que se reclaman perjuicios.

Finalmente, respecto del daño ocasionado a los demandantes como consecuencia
de que Ibeth Gutiérrez Oviedo debió participar en el proceso penal adelantado en
contra de Johay Contreras Agudelo, se advierte que en el sub examine no obra
prueba alguna que acredité la fecha en la que se surtió su vinculación a dicha
actuación; sin embargo, frente a este aspecto el término de caducidad se computará
a partir del 8 de mayo de 2015, cuando el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá declaró penalmente responsable al señor Contreras Agudelo por el delito de
concusión, por cuanto dicha condena se fundamentó, entre otros, en la colaboración
previa que - en la etapa probatoria - tuvo la propia víctima al rendir su testimonio,
hecho que quedó probado en el recuento que hiciere posteriormente la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia que confirmó la condena penal en contra del
Fiscal 34 Local de Bogotá (hecho probado 6.1.12.)43.

Por lo anterior, para la Subsección resulta claro que es a partir de estos momentos
(13 de noviembre de 2008 y 8 de mayo de 2015) que debe contarse el término de
caducidad frente a los daños alegados en el caso sub examine.

Asimismo, conviene precisar que, en virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 188744,
dado que el término de caducidad frente a los cargos elevados i) por la afectación
derivada de la comisión de la conducta punible de concusión y ii) porque Ibeth
Gutiérrez Oviedo tuvo que participar en el diligencia de entrega vigilada de dinero
empezó correr en vigencia del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso

43 Sobre el particular, debe recordarse que Gutiérrez Oviedo no fungió como parte del proceso penal

sino como tercero dentro del mismo, al ser víctima del delito de concusión, por lo que la antijuridicidad
del daño que reclama por la participación en aquel no fue conocida cuando el proceso culminó, sino
desde el mismo momento en que prestó su colaboración para brindar elementos probatorios que
diesen cuenta de la conducta punible cometida por el servidor público, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 95 de la Constitución Política. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T 973 de 2003.
44 ”Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las

anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren
empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley
vigente al tiempo de su iniciación”.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

Administrativo45, dicha norma es la aplicable para efectuar dicho computo, la cual,
a su vez, contemplaba el plazo de 2 años para ejercer la acción de reparación
directa.

Establecido lo anterior, entonces, se tiene que el plazo de dos años que tenía la
parte actora para ejercer su derecho de acción corrió, en primer lugar, entre el 14
de noviembre de 2008 y el 14 de noviembre de 2010 (por la afectación derivada de
la comisión de la conducta punible y porque Ibeth Gutiérrez Oviedo tuvo que
participar en el diligencia de entrega vigilada de dinero); y, en segundo lugar, entre
el 9 de mayo de 2015 y 9 de mayo de 2017 (por la supuesta afectación ocasionada
como consecuencia de que Gutiérrez Oviedo debió participar en el proceso penal
adelantado en contra del referido fiscal). No obstante, toda vez que la demanda
solo se presentó hasta el 8 de febrero de 2018, se impone concluir que operó el
fenómeno jurídico de la caducidad de la acción frente a todos los daños alegados.

Y aunque lo probado en el proceso permitió constatar que el 18 diciembre 2017, el
extremo activo presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida el 7 de
febrero de 201846, lo cierto es que para ese momento no había término de caducidad
susceptible de ser suspendido porque, como se explicó anteriormente, ya había
operado el fenómeno preclusivo que extinguía para esa causa la posibilidad de
invocar la acción de reparación directa frente al menoscabo alegado por los
accionantes.

Así las cosas, la Sala revocará la sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará probada de oficio la caducidad
del medio de control de reparación directa, por las razones expuestas en esta
providencia.

45 “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir

del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
46 Fl. 30 a 32, C. 2.

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Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

7. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, la Sala en la parte
resolutiva condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de
apelación que interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho47 en segunda instancia, es menester
poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad,
la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora 48. A su
turno, el Acuerdo 10554 de 201649 proferido por la Sala Administrativa del Consejo

47 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
48 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
49 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos en general
en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 5 SMLMV50.

En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la Fiscalía General
de la Nación en segunda instancia comprendió la presentación de alegatos de
conclusión en la oportunidad procesal correspondiente, en la parte resolutiva se
condenará al pago de las agencias en derecho a la parte demandante y a favor de
la Fiscalía General de la Nación, las cuales se fijan en 1 SMLMV, las cuales serán
liquidadas por Secretaría.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 2 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad del medio de control de reparación
directa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte accionante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

TERCERO: CONDENAR en agencias en derecho a la parte actora y a favor de la
Fiscalía General de la Nación, en suma equivalente a 1 SMLMV, las cuales serán
liquidadas por Secretaría, conforme a lo expuesto en la parte motiva”.

50 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general. En

única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre
el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

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Radicado: 25000233600020180011601 (66843)
Demandante: Ibeth Gutiérrez Oviedo y otros

SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado

EX4

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