Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00190-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00190-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00190-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
Temas: ELEMENTOS PARA LA PROCEDENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
/ DAÑO - Pérdida sufrida por una persona como consecuencia de la lesión a un derecho
jurídicamente tutelado / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA – Persigue proteger al
administrado frente a cambios intempestivos efectuados por las autoridades, siempre que
esté revestida de protección jurídica / ACTO DECLARATORIO DE LA ELECCIÓN - el acto
de nombramiento no crea o modifica la situación jurídica de un particular; la persona
nombrada sólo adquiere los derechos y deberes del cargo al momento de su posesión /
CONTENCIOSO DE ANULACIÓN – constituye una garantía jurídica de los ciudadanos para
asegurar que los actos de la administración se adecuen a las normas jurídicas preexistentes
• defensa de la legalidad en abstracto / NULIDAD ELECTORAL – salvaguarda y protege los
derechos democráticos de la sociedad, garantizando la transparencia de las contiendas
electorales / EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE UN ACTO
PARTICULAR – ex tunc – ficción legal - se interpreta como si el acto no hubiera existido;
declarada la nulidad de la elección, el acto administrativo respectivo desaparece de la vida
jurídica y las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición del
acto afectado de nulidad.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Se analiza la responsabilidad de las demandadas por la declaratoria de
inconstitucionalidad del acto legislativo y la consecuente anulación del acto
administrativo de elección del demandante como miembro del Consejo de Gobierno
Judicial, respectivamente.
I. SENTENCIA APELADA
1. Corresponde a la proferida el 19 de noviembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada el 5
de marzo de 20181, por el señor Juan Carlos Grillo Posada contra la Nación -
Congreso de la República y la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, con el fin de que se les declare patrimonial y solidariamente
responsables por hacer nugatorio su derecho a ejercer el cargo público como
miembro permanente de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial, con
ocasión de la declaratoria de inexequibilidad de algunos artículos del Acto
Legislativo 2 de 2015 y la anulación del Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015,
1 Folio 24, c. 1.
1
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
por medio del cual fue nombrado por un período fijo. Como consecuencia, solicitó
el reconocimiento de perjuicios materiales2, morales, afectación a sus condiciones
de existencia y pérdida de oportunidad3.
2. Como soporte fáctico de sus pretensiones indicó que el Congreso de la
República expidió el Acto Legislativo 2 de 2015, “Por medio del cual se adopta una
reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras
disposiciones”. El artículo 15 de esa norma creó el Consejo de Gobierno Judicial, el
cual estaría compuesto por tres (3) miembros permanentes de dedicación exclusiva.
3. Con fundamento en la norma antes referida, el Consejo de Gobierno Judicial
expidió la Convocatoria Pública No. 1 de 2015, con el propósito de que los
interesados en ocupar los referidos cargos participaran del proceso de selección allí
determinado. Mediante Acuerdo 006 del 3 de noviembre de 2015 (adicionado y
modificado por los acuerdos 007 y 008 de 2015) se conformó la lista de aspirantes
preseleccionados, entre ellos el señor Grillo Posada. El Consejo de Gobierno
Judicial expidió el Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015, por medio del cual
eligió a los tres (3) miembros permanentes de dedicación exclusiva, entre los cuales
fue seleccionado el aquí demandante.
4. El 11 de diciembre de 2015 tomó posesión del mencionado cargo ante el
Presidente de la República; sin embargo, el 15 del mismo mes y año, la Sección
Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del
Acuerdo 009 de 2015, dentro del proceso 11001-03-28-000-2015-00048-00, motivo
por el cual el demandante se vio compelido a cesar en sus funciones. Luego, la
Corte Constitucional mediante sentencia C-285 del 1° de junio de 2016, declaró
inexequibles los artículos 15 y 18 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015, por lo
que sobrevino la pérdida de fuerza ejecutoria del fundamento normativo superior del
nombramiento efectuado.
5. Aduce la parte demandante que el señor Grillo Posada “fue despojado del
cargo al desaparecer del mundo jurídico”, en tanto que la norma que originó su
creación fue expulsada del ordenamiento, toda vez que se edificó sobre
“condiciones de abuso o extralimitación de poder o desconocimiento de principios y
normas”. Adujo que también se evidenciaban los yerros en que incurrió el Consejo
de Gobierno Judicial –hoy Consejo Superior de la Judicatura– al estructurar una
convocatoria que vulneró las normas en que debía fundarse, irregularidades que
conllevaron a la declaratoria de nulidad del acto de elección, lo que hizo nugatorios
2 De manera textual, solicitó: “(…) el valor de la frustración material o la privación de la totalidad de los
ingresos provenientes de la actividad como miembro del Consejo de Gobierno Judicial de Dedicación
Exclusiva —período de cuatro años—, por el derecho que le correspondía como titular del cargo, y que debió
ejercer durante cuatro (4) años según las disposiciones vigentes al momento de su posesión, dejando de
recibir en su patrimonio los distintos valores correspondientes al cargo según la ley vigente al momento
de la posesión, incluidos salarios, prestaciones, compensaciones, primas; reconocimientos y demás
valores relacionados, desde la fecha en que fue despojado del mismo, y hasta que transcurrieran los cuatro
años para los cuales fue nombrado” (se destaca – folios 5 y 6, c. Ppal.).
3 Por estos conceptos pidió: “Las que surjan en el curso del proceso, se presuman o reconozca la Jurisprudencia
en su máxima tasación, de acuerdo con la aplicación de la ley, las reglas de la equidad, o la jurisprudencia, para
la época de la sentencia”.
2
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
los derechos adquiridos del demandante y defraudó su confianza legítima en el
Estado4.
La defensa
6. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló que no incurrió en
un error judicial al haberse declarado la inexequibilidad de algunos artículos del Acto
Legislativo 2 de 2015. Además, propuso las excepciones que denominó: (i)
“ausencia de causa petendi”, por cuanto el daño alegado por el actor no revestía la
connotación de antijurídico, al tiempo que no era procedente aducir la consolidación
de un derecho adquirido a partir de un acto administrativo que fue declarado nulo,
en razón a los efectos que dicha declaración judicial conllevaba (retroactivos o ex
tunc), es decir, que nunca produjo efectos; (ii) “culpa exclusiva de la víctima”, toda
vez que para el momento en que el señor Juan Carlos Grillo Posada tomó posesión
como miembro permanente con dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno
Judicial -11 de diciembre de 2015 / acta de posesión No. 2250-, ya se encontraban
en curso las dos acciones judiciales que tenían vocación de modificar
sustancialmente la suerte jurídica de su nombramiento y, (iii) “hecho de un tercero”,
puesto que fue el Congreso de la República el que expidió el citado acto legislativo,
desbordando su poder de reforma de acuerdo con lo señalado en la sentencia C-
285 de 2016, de modo que ante una eventual condena sería el llamado a responder
patrimonialmente5.
7. La Nación – Congreso de la República, en su defensa, formuló las excepciones
que denominó: (i) “desligamiento de la antijuridicidad del daño causado por el Acto
Legislativo 02 de 2015, declarado inexequible de la declaratoria misma de
inconstitucionalidad”, puesto que dicha declaratoria no generaba per se la
obligación de reparación por parte del Estado, dado que por ley los efectos de esa
decisión son hacía el futuro (artículo 45 de la Ley 270 de 1996); por ende, mientras
estuvieron vigentes los efectos del acto legislativo, el demandante estaba en
obligación de soportarlos; (ii) “imposibilidad legal de ejercer la acción de reparación
directa para pretender la indemnización del presunto daño antijurídico del
demandante” e “inexistencia del derecho del demandante al pago del valor de la
frustración material… de los ingresos provenientes de la actividad como miembro
de Consejo de Gobierno Judicial”, pues pretende que se le reconozca el valor de lo
que dejó de percibir como titular del cargo durante cuatro años, lo que representa
un pago salarial y prestacional que no se puede reclamar a través del medio de
control de reparación directa; (iii) caducidad, porque según el actor el daño se
originó cuando el Consejo de Estado decretó la medida cautelar de suspensión
provisional del Acuerdo 009 de 2015, esto es, el 15 de diciembre del mismo año;
(iv) “hecho exclusivo de un tercero” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
ya que fue el entonces Consejo de Gobierno Judicial el que desconoció las normas
en que debía fundamentarse la convocatoria y la elección de los miembros
permanentes de dedicación exclusiva; (v) “mala fe del actor”, al incoar una demanda
contra el Congreso de la República cuando ejerció su defensa dentro del proceso
4 Folios 3 a 23, c. Ppal.
5 Folios 42 a 58, c. Ppal.
3
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
de nulidad electoral decidido por el Consejo de Estado, en el que se declaró nulo el
acto de elección; (vi) “inexistencia de perjuicios indemnizables”; (vii) “No
comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, toda vez que en el
proceso de formación de las leyes también intervienen la Presidencia de la
República y la Cámara de Representantes y, (viii). “Inexistencia de nexo de
causalidad y de ley sustancial que obligue al Congreso de la República a responder
por las pretensiones del demandante”, por cuanto no intervino en la declaratoria de
inexequibilidad del acto legislativo ni en la decisión de declarar la nulidad del acto
de elección6.
8. Agotada la audiencia inicial7 y concluido el debate probatorio8, al alegar de
conclusión, la parte actora insistió en los argumentos expuestos en el escrito inicial
y aclaró que no demandó a la Rama Judicial por un error jurisdiccional, sino por la
falla del servicio que se configuró en el proceso de convocatoria y selección que
realizó el Consejo de Gobierno Judicial hasta posesionar en el cargo al actor como
miembro permanente de esa Corporación9. Por su parte, las entidades demandadas
reiteraron lo esbozado en la defensa10. El Ministerio Público guardó silencio.
La decisión objeto de impugnación
9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
negó las súplicas de la demanda. Precisó que no resultaba aplicable la postura
unificada de la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, según la cual, si la
declaratoria de inexequibilidad no tiene efectos retroactivos no se configura un daño
antijurídico, bajo la teoría del “hecho del legislador”11, por cuanto el daño que se
alega en el caso concreto no deviene de una carga impuesta al demandante con
ocasión de la norma o acto administrativo, sino de un estado de confianza legítima
que había sido creado por normas que posteriormente fueron expulsadas del
ordenamiento jurídico.
10. Consideró que no estaban dados los presupuestos para concluir que las
demandadas crearon un estado de confianza legítima merecedora de protección,
en tanto que no existió una actuación impredecible e intempestiva que quebrantara
las expectativas legítimas del señor Grillo Posada, por cuanto, si bien es cierto el
Consejo de Gobierno Judicial realizó la convocatoria pública para proveer los tres
6 Folios 59 a 82, C. Ppal.
7 Llevada a cabo el 14 de junio de 2019. El Tribunal a quo declaró no probadas las siguientes excepciones: (i)
indebida escogencia de la acción – caducidad; (ii) no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios
y, (iii) falta de legitimación en la causa por pasiva del Congreso de la República.
8 En la misma audiencia decretó las siguientes pruebas: Documentales: 1. Copia de la convocatoria pública
No. 01 de 2015. 2. Copia del Acto Legislativo 2 del 1 de julio de 2015. 3. Copia Acuerdo No. 6 del 3 de noviembre,
7 del 5 de noviembre y 8 del 6 de noviembre de 2015. 4. Copia del Acuerdo No. 9 del 9 de noviembre de 2015.
"Por el cual se declaran elegidos los tres miembros permanentes de dedicación exclusiva para conformar el
Consejo de Gobierno Judicial". 5. Copia del acta de posesión del 11 de noviembre de 2015. 6. Copia de la hoja
de vida del señor Juan Carlos Grillo Posada. 7. Copia de los Decretos 1105 de 2015, 243 de 2016 y 1003 de
2017 expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que establecen los ingresos de
funcionarios de la Rama Judicial. 8. Sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado bajo el
radicado 2015-0048. 9. Sentencia C-285 de 2016 proferida por la Corte Constitucional. Interrogatorio de parte:
para que lo absuelva el demandante -mediante auto del 29 de julio de 2019 se aceptó el desistimiento de dicha
prueba- (folios 67 a 72, c. Ppal.).
9 Folios 109 a 118, c. Ppal.
10 Folios 105 a 108 (Congreso) y folios 123 a 145, c. Ppal. (Rama Judicial).
11Adoptada en sentencias de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 13 y 21 de marzo de 2018.
expedientes. 28.769 y 29.352.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
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Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
cargos de miembro permanente de dedicación exclusiva, y estableció que del 1° al
13 de octubre de 2015 los aspirantes debían presentar sus hojas de vida, lo cierto
es que para el 2 de octubre de 2015 la Corte Constitucional ya había admitido la
demanda presentada contra el Acto Legislativo 2 de 2015, ordenándose la
publicación en lista de las disposiciones demandadas para el conocimiento de
cualquier ciudadano; por ello, el demandante desde el inicio de la convocatoria,
inclusive, antes de que fuera preseleccionado tenía conocimiento de dicho proceso
y, por consiguiente, no le resultaba intempestiva una decisión de la Corte
Constitucional, ya fuera declarando la constitucionalidad o inexequibilidad de dichas
disposiciones.
11. Agregó que, aunque la declaratoria de nulidad del Acuerdo 009 de noviembre 9
de 2015 fue por razones distintas a las que llevaron a la Corte Constitucional a
declarar la inexequibilidad de los artículos 15 y 18 transitorio del mencionado acto
legislativo, lo cierto es que con dicha declaratoria la Corporación -Consejo de
Gobierno Judicial- y el cargo para el cual fue seleccionado quedó sin fundamento
jurídico y hasta tanto la Corte Constitucional no se pronunciara sobre la
exequibilidad del acto legislativo, el demandante solo contaba con una mera
expectativa, razón por la cual no había lugar a declarar la responsabilidad de las
entidades demandadas12.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
12. El demandante cuestionó la decisión del a quo, por considerar que interpretó
erradamente el requisito jurisprudencial correspondiente a la concreción de una
“conducta impredecible e intempestiva” para que se configure el quebrantamiento
de la confianza legítima, puesto que la convocatoria, el concurso, el nombramiento,
la posesión e inicio de labores bajo la dignidad y responsabilidad del cargo, los llevó
a cabo en el entendido de que existía un fundamento constitucional y legal
materializado a través de un acto legislativo en firme, que además superó el umbral
de las meras expectativas, pues se consolidó el derecho en cabeza suya una vez el
Consejo de Gobierno Judicial expidió el Acuerdo 009 de 2015 y tomó posesión ante
el Presidente de la República; por ende, al tenor del principio de seguridad jurídica
lo “normal” y esperable era asumir que las autoridades actuaban conforme a
derecho y confiar en la legitimidad de la convocatoria y de la elección.
13. Aseguró que si el acto legislativo era demandado o no, correspondía al mismo
riesgo que tienen todas las normas en Colombia, por virtud del Estado de Derecho
que permite demandar el examen de constitucionalidad o legalidad de cualquiera
de ellas; por ello, al demandante no le correspondía sino asumir la validez de la
situación jurídica consolidada. Como consecuencia, la declaratoria de
inexequibilidad del acto legislativo y que la estructura de la administración de justicia
se retrotrajera constituyen circunstancias intempestivas e impredecibles para el
ciudadano. Si la declaratoria de inexequibilidad del acto expedido por el Congreso
de la República se fundamentó en el abuso del poder y, en ese sentido, la
defraudación de la confianza legítima devino de una falla del servicio de la Nación
12 SAMAI: Expediente digital, “3_ED_03SENTENCIA(.PDF) NroActua2”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
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Referencia: Reparación directa
– Congreso y Rama Judicial que creó unas situaciones jurídicas favorables para el
demandante, pero a partir de irregularidades no atribuibles a él.
14. Por último, sostuvo que la sentencia objeto de cuestionamiento acogió una
postura restringida y sesgada, al pretender responsabilizar al demandante por no
enterarse del auto admisorio de la demanda de constitucionalidad en un proceso
del que ni siquiera hizo parte, obligándolo a prever que sus derechos habían de ser
desconocidos antes de que se profiriera la sentencia de constitucionalidad13.
15. En la oportunidad procesal para las alegaciones finales la parte actora reiteró lo
expuesto en el recurso de apelación14; mientras que las entidades demandadas
solicitaron confirmar el fallo impugnado e insistieron en los argumentos esbozados
en el transcurso del proceso15. El Ministerio Público guardó silencio16.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
16. Surtido el trámite procesal sin que se observe causal de nulidad o vicio que
impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.
El objeto del recurso de apelación
17. En los términos de la sentencia y el recurso de apelación, el debate en esta
instancia se circunscribe a verificar si están dados los elementos para considerar
que se defraudó la confianza que alega el actor lo acompañó al aceptar y
posesionarse como miembro permanente de dedicación exclusiva del Consejo de
Gobierno Judicial, donde se ubica la fuente del daño cuya indemnización se
reclama.
18. La Sala anuncia desde un comienzo que confirmará la determinación adoptada
por el Tribunal de primera instancia.
La prueba del daño en el caso concreto
19. El principio de la confianza legítima ha sido concebido como una pieza esencial
del Estado de Derecho cuyo bastión está fundado en la buena fe y la seguridad
jurídica, consignados en el artículo 83 de la Constitución, cuyo objetivo es el de
evitar la creación de incertidumbres frente a la estabilidad del orden jurídico y la
previsibilidad de la acción estatal, lo que implica un estado de conservación o
adaptación de las condiciones jurídicas existentes.
20. En esa medida, tal principio es apto para legitimar el obrar del particular ante el
Estado y recíprocamente impone a éste dar paso a la presunción de buena fe en el
comportamiento de los administrados. Esta relación consolida la estabilidad
13 SAMAI: Expediente digital, “7_ED_07ANEXOMEMORIAL9D(.PDF) NroActua2”.
14 SAMAI: índice 16.
15 SAMAI: índices 14 y 15.
16 SAMAI: índice 17.
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Referencia: Reparación directa
jurídica, permitiendo de paso proteger a los ciudadanos frente a las intervenciones
intempestivas e incoherentes del Estado.
21. En oportunidades anteriores la Corporación ha discurrido sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado por la defraudación de la confianza legítima,
señalando que los derechos adquiridos17, las expectativas legítimas18 y los estados
de confianza19 son el presupuesto de existencia del daño, ya que su configuración
depende de la lesión a un interés protegido ex ante por la ley o amparado por el
principio de la confianza legítima, de manera que se está ante un deber de reparar
cuando hay prueba de ello y resulte imputable a la Administración.
22. La declaratoria de responsabilidad del Estado por la vulneración del principio
constitucional de la confianza legítima de cara a las nociones del interés público,
colectivo y social, así como a los fines del estado, es exigente y trasciende más allá
de la noción personal del individuo acerca de lo esperado, pues en sociedades
actuales construidas sobre criterios antropocéntricos es posible que el
individualismo niegue la coexistencia con lo público, lo social y lo colectivo.
23. El establecimiento o el reconocimiento de un derecho de cara a una situación
jurídica particular y concreta realizadora de los fines del Estado, a veces solo
depende de un hecho simple, susceptible de realizarse en un solo momento; en
otros casos requiere en su configuración el cumplimiento de un cúmulo de
requisitos, gestiones y actuaciones, encaminadas a su consolidación y
reconocimiento del mismo, de manera que ellas no solo son condiciones para su
nacimiento sino que también condicionan su existencia, que son elementos propios
del principio de legalidad.
24. La confianza que está llamada a tener protección es la jurídica, de aquí que se
requiere que existan disposiciones legales, hechos o circunstancias objetivas
atribuibles al Estado, capaces de generar una expectativa razonable y cierta.
25. Los elementos de convicción allegados al proceso acreditan que el Congreso
de la República profirió el Acto Legislativo 2 del 1° de julio de 2015, “Por medio del
cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se
dictan otras disposiciones” 20. El artículo 15 de esa norma (que modificó el artículo
254 de la Carta Política) creó el Consejo de Gobierno Judicial como un órgano
17 Los derechos subjetivos -jura quaesita- y situaciones jurídicamente consolidadas: Son aquellas
situaciones individuales y subjetivas que se han originado y definido bajo el imperio de una ley, y que por tal
virtud han creado a favor de sus titulares un derecho que debe ser respetado. La doctrina define los derechos
adquiridos como “aquellos que han entrado en el patrimonio, que hacen parte de él, y que nadie los puede
arrebatar” (Valencia Zea, Arturo, Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil. Parte civil y personas, Tomo. I, Temis,
Bogotá, 2002, página. 206) y, por ende, están protegidos de todo “acto oficial que pretenda desconocerlo, pues
la propia Constitución lo garantiza y protege” Corte Constitucional, sentencia C-168 del 20 de abril de 1995.
18 Las expectativas legítimas -jus existens in spe-: Son situaciones que si bien no están consolidadas ni han
generado una situación de adquisición de un derecho, sí han creado expectativas válidas, en cuanto fundadas
en la realización progresiva de los supuestos de hecho tasados legalmente para la obtención del derecho y, por
tanto, se encuentran ubicadas en una posición intermedia entre las meras expectativas y los derechos
adquiridos, ya que conllevan razones válidas que aproximan al perfeccionamiento del derecho y a una gran
posibilidad de que entrará en el patrimonio del titular.
19 Los estados de confianza o confianza legítima: Son los que se crean en el ámbito del sujeto a partir de
comportamientos uniformes del Estado que se caracterizan por ser actos objetivos, externos, claros, tangibles,
inequívocos, reales, que orientan al administrado hacia una determinada conducta.
20 Obrante a folios 2 a 16, c. 2.
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encargado del gobierno y la administración de la Rama Judicial, el cual estaría
integrado por nueve (9) dignatarios, entre ellos tres miembros permanentes de
dedicación exclusiva, nombrados para un período de cuatro años.
26. A su vez, el artículo 18 transitorio del referido acto legislativo estableció que el
Gobierno Nacional debía presentar antes del 1° de octubre de 2015 un proyecto de
ley estatutaria para regular el funcionamiento de los órganos de gobierno y
administración judicial; además, dispuso que los tres miembros de dedicación
exclusiva debían ser elegidos dentro de los dos meses posteriores a la elección o
designación de los demás miembros del primer Consejo de Gobierno Judicial y que
para la primera conformación “uno de los tres miembros permanentes de
dedicación exclusiva será elegido para un periodo de dos años, y otro para un
período de tres años” 21.
27. Posteriormente, el Consejo de Gobierno Judicial, en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 15 del Acto Legislativo 2 de 2015, mediante convocatoria
pública No. 01 de 2015, convocó a todos “los profesionales colombianos
interesados en postularse para ocupar los cargos de miembro permanente de
dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial, de acuerdo con los artículos
15 y 18 transitorio del Acto Legislativo 02 de 2015…”22.
28. Adicionalmente, se fijó el cronograma de actividades entre el 1° de octubre al 5
de noviembre de 2015. Mediante Acuerdo 006 del 3 de noviembre de 2015 el
Consejo de Gobierno Judicial conformó una lista de 15 preseleccionados para
ocupar los cargos de miembro permanente de dedicación exclusiva y los convocó
a entrevista en audiencia pública el 5 de noviembre de 2015. Entre los
preseleccionados estaba el señor Juan Carlos Grillo Posada23.
29. Por medio de Acuerdo 007 del 5 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno
Judicial aclaró la convocatoria No. 01 de 2015 y adicionó el Acuerdo 006 del 3 de
noviembre de 2015, en el sentido de ampliar la lista a veinticuatro (24)
preseleccionados y, como consecuencia, evaluar otras nueve (9) hojas de vida de
aspirantes del género femenino24. A través del Acuerdo 008 del 6 del mismo mes y
año se conformó la lista adicional de nueve aspirantes preseleccionadas para ser
escuchadas en audiencia pública el 9 de noviembre de 201525.
30. A través de Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno
Judicial declaró elegidos a los tres miembros para ocupar los cargos permanentes
de dedicación exclusiva de esa Corporación, entre ellos al señor Juan Carlos Grillo
Posada, por un período de cuatro (4) años26, cargo del cual tomó posesión el 11 de
diciembre de 2015, según acta de posesión No. 2250 de esa fecha27.
21 Folio 11, c. 2.
22 Folio 2, c. 2.
23 Folios 17 a 19, c. 2.
24 Folios 20 a 22, c. 2.
25 Folios 23 a 25, c. 2.
26 Folio 26 a 28, c. 2.
27 Folio 29, c. 2.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
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31. Contra ese acto declaratorio de la elección de los tres miembros permanentes
de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial se instauraron sendas
demandas de nulidad electoral. En ambos procesos se decretó medida de
suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 009 de 2015, decisiones que
fueron recurridas y confirmadas el 4 de febrero de 2016 (proceso 2015-00048) y el
18 del mismo mes y año (proceso 2015-00047) y, por medio de proveído del 1° de
abril de 2016 se decretó la acumulación de esos procesos 28.
32. Estando en curso ese proceso, la Corte Constitucional profirió la sentencia C-
285 del 1° de junio de 2016, por medio de la cual declaró inexequibles, entre otros,
los artículos 1529 y 18 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015, en síntesis, al
considerar que aunque el Congreso de la República tenía amplias potestades para
variar el modelo de gestión del poder judicial, e incluso para suprimir los órganos
creados en la Constitución de 1991 para gobernar y administrar esa rama del poder
público, el nuevo esquema de administración y gobierno de la Rama Judicial
plasmado en el mencionado acto legislativo desbordó el poder de reforma
constitucional con el que cuenta el Congreso, ya que suprimió el principio de
autogobierno judicial30 como expresión de la autonomía de la Rama, la
independencia judicial y la separación de poderes31.
33. En el marco del proceso de nulidad electoral 2015-00048 (acumulado con el
2015-00047), la Sección Quinta del Consejo de Estado dictó fallo el 13 de octubre
de 2016, en el que declaró la nulidad del Acuerdo 009 de 9 de noviembre de 2015.
Al adoptar esta decisión, la Sala precisó que si bien la inexequibilidad declarada
por la Corte Constitucional en sentencia C-285 de 2016 impactaba la convocatoria
pública No. 1 de 2015 y el acto de declaratoria de elección, en la medida en que se
configuraba la pérdida de fuerza ejecutoria del fundamento normativo superior; en
28 Tal información se extrae de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2016, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que fue aportada al proceso. Además fue confirmada en el Sistema de Gestión Judicial
SAMAI. La información registrada en los sistemas de gestión judicial de la Rama Judicial es susceptible de
valoración, por corresponder a mensajes de datos que hacen más eficiente el cumplimiento de sus funciones,
ya que constituye una herramienta que facilita a la administración de justicia el cumplimiento eficiente de sus
cometidos, en particular de su deber de dar publicidad a las actuaciones judiciales, a la vez que facilita a los
ciudadanos el acceso a la administración de justicia. Al respecto, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto del 11 de junio de 2013, expediente 43.105; Sección
Tercera, Subsección A, providencia del 30 de junio de 2017, expediente: 55.993; Corte Constitucional, sentencia
SU-355 de 2022.
29 Este artículo al modificar el artículo 254 original de la Carta, produjo tres efectos en la organización de la
Rama Judicial: (i) eliminó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, así como los
consejos seccionales de la judicatura; (ii) suprimió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
y, (iii) consagró un sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial a cargo del Consejo de Gobierno
Judicial y de la Gerencia de la Rama, y fijó las principales funciones y el modo de conformación del primer
órgano. Sin embargo, como la Corte se inhibió frente a los cargos presentados contra la primera consecuencia
(eliminación de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del CSJ) por ineptitud sustantiva de la demanda, se declaró
inexequible el artículo 15, salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura y de la habilitación al legislador para crear los consejos seccionales de la
judicatura.
30 En la Constitución de 1991, el principio de autogobierno judicial comprende tres elementos: (i) la existencia
de una institucionalidad encargada del gobierno y administración del poder judicial; (ii) se requiere que dichas
instancias sean endógenas al poder judicial, es decir, que se inserten a la estructura de dicho poder y, (iii) estas
instancias deben tener la capacidad para dirigir y gestionar la Rama Judicial considerada como órgano y como
función de administración de justicia.
31 La Corte Constitucional concluyó que “el Acto Legislativo 02 de 2015 suprimió el órgano de autogobierno que
en la Constitución de 1991 materializaba el principio de autonomía de la Rama Judicial, y lo sustituyó por un
diseño orgánico que, aunque nominalmente apunta al mismo objetivo, carece de la aptitud necesaria para el
efecto, en cuanto se separa de todos los criterios a partir de los cuales se delineó la autonomía de la Rama
Judicial”.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
tanto la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 15 y 18 del Acto
Legislativo 2 de 2015 tuvo efectos hacia el futuro, se imponía el pronunciamiento
judicial de anulación conforme a la normativa vigente al momento de la expedición
del acto demandado.
34. En relación con el fondo del asunto, la Sección Quinta analizó el cargo
correspondiente a la inexistencia de reglas sobre asignación de puntajes, el cual
estaba directamente relacionado con no haber publicado los resultados obtenidos
por los candidatos en las distintas fases. De esta manera consideró que “…, no se
dejaron previstos los procedimientos de mérito, a partir de factores o métodos
objetivos, determinados o determinables de evaluación, para la selección de los
elegidos, pues no se tuvieron claros los criterios objetivos de clasificación ni de
ponderación de las hojas de vida, ni de los preseleccionados, de la lista de elegibles
original y la agregada para cumplir con la Ley de cuotas, ni de los designados como
miembros permanentes”, de manera que “ … la convocatoria vulneró las normas
en que debía fundamentarse y, por ende, esa irregularidad evidenciada afecta la
totalidad de la convocatoria devenida de la inobservancia del artículo 126 superior,
incide y genera la nulidad del acto declaratorio de elección por expedición
irregular…”32 .
35. El material probatorio referido conduce a la Sala a colegir que el daño
reclamado en la demanda tiene origen directo y mediato en la declaratoria de
nulidad del Acuerdo 009 del 9 de noviembre de 2015, proferido por el Consejo de
Gobierno Judicial, y no en la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 15
y 18 transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015; de modo que fue la remoción del
ordenamiento jurídico del referido acuerdo lo que generó, según el actor, el
quebrantamiento de la confianza depositada en la Administración.
36. Si bien no se desconoce que el demandante en el escrito inicial y en la
apelación realizó imputaciones en contra del Congreso de la República por las
irregularidades en que incurrió al ejercer sus funciones como poder constituyente
derivado, lo cierto es que el derecho subjetivo que invoca el actor como merecedor
de protección es precisamente el que le otorgó el acto de elección -Acuerdo 009 de
2015-, de modo que el daño que hoy alega tiene causa adecuada en que dicho acto
se haya declarado nulo. Solo en la medida en que tal acto administrativo no hubiese
sido expulsado del ordenamiento jurídico habría lugar a analizar la responsabilidad
del constituyente, pues la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 15 y 18
transitorio del Acto Legislativo 2 de 2015 tuvo efectos ex nunc -artículo 45 de la Ley
270 de 1996-; por ende, la situación jurídica que creó el Acuerdo 009 de 2015
tendría plenos efectos hasta la referida declaratoria de inexequibilidad, de no ser,
se itera, porque fue anulado.
37. Con esta precisión, la Sala pasa a determinar si existió un derecho adquirido o
una expectativa legítima que fuera desconocida. Con tal propósito se analizará qué
tipo de acto es y qué derechos reconoció el Acuerdo 009 de 2015, así como las
consecuencias jurídicas de su anulación.
32 Sentencia obrante a folios 94 a 117, c. 2.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
El acto administrativo declaratorio de la elección del señor Juan Carlos Grillo
Posada (Acuerdo 009 de 2015)
38. Se trata de un acto electoral, cuya naturaleza jurídica corresponde a un “acto-
condición”, que implica la designación sujeta a la verificación de unos presupuestos
legales que conducen a formalizar el nombramiento y a completar la investidura de
servidor, de manera que el nombrado sólo adquiere los derechos y deberes propios
del cargo en el momento en que toma posesión del mismo. En esas condiciones,
el solo acto de nombramiento no crea o modifica la situación jurídica de un
particular, ni reconoce un derecho de igual categoría; por tanto, la persona
nombrada sólo adquiere los derechos y deberes del cargo al momento de su
posesión.
39. Para el caso particular, resultaba aplicable lo dispuesto en la Ley 270 de 1996
“Ley Estatutaria de Administración de Justicia”, cuyo artículo 133 refiere a los actos
de comunicación, aceptación, comprobación y posesión.
40. En este punto se destaca que la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
señalado que el nombramiento y posesión faculta al empleado a ejercer la función
pública, pero no le otorga un derecho subjetivo para permanecer en el cargo, pues
el cargo de ninguna manera le pertenece; su ejercicio y relativa estabilidad sólo se
las otorga “el ordenamiento jurídico vigente y únicamente en la medida en que éste
lo determine”; por ello, los derechos adquiridos se invocan respecto de los derechos
laborales que el empleado ha consolidado durante su relación laboral, pero no
sobre expectativas que dependen del mantenimiento de la vinculación, “pues sobre
el vínculo no se adquiere derecho”33.
41. En el caso de los empleados escalafonados en la carrera judicial, la ley previó
-art. 92 de la Ley 270 de 1996- que, ante la supresión de los cargos, deben ser
incorporados dentro de los seis meses siguientes en el primer cargo vacante de su
misma denominación, categoría y especialidad que exista en el distrito. Si vencido
dicho término no fuese posible la incorporación por no existir la correspondiente
vacante, los funcionarios y empleados cuyos cargos se supriman tendrán derecho
al reconocimiento y pago de una indemnización. Ello es así en los casos de los
cargos de carrera judicial y administrativa34, pues, a diferencia de los de período
fijo, en aquellos la Corte Constitucional ha señalado que el deber de indemnizar
encuentra fundamento en el artículo 90 del estatuto superior, en tanto que el
empleado público de carrera administrativa o judicial “es titular de unos derechos
subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional… De allí que, si fuese
necesario que el Estado, por razones de esa índole [interés general], elimine el
empleo que ejercía el trabajador inscrito en carrera, como podría acontecer con la
aplicación del artículo 20 transitorio de la Carta, sería también indispensable
indemnizarlo para no romper el principio de igualdad en relación con las cargas
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de diciembre
de 1991, expediente: 5697, sentencia del 24 de agosto de 1994, expediente 7456, sentencia de 17 de agosto
de 2000, expediente 981-98.
34 Ley 909 de 2004, artículo 44.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
públicas (art. 13 C.N.), en cuanto aquél no tendría obligación de soportar el
perjuicio”35.
42. La construcción jurídica y política del Estado Social de Derecho descansa en el
principio de legalidad, que conlleva no sólo a que toda la actuación de los órganos
del poder público se someta a la Constitución y a las leyes, sino también a la
necesidad de que el ordenamiento positivo instituya una serie de controles políticos
y jurídicos para sancionar las actuaciones que se desvíen de los parámetros
normativos a que están sometidas. En orden a preservar de manera efectiva la
legalidad de la actividad administrativa, el contencioso de anulación electoral
constituye una garantía jurídica para asegurar que los actos de la administración
pública se adecuen a las normas jurídicas preexistentes.
43. En ese sentido, el Consejo de Estado al realizar el estudio objetivo de legalidad
del Acuerdo 009 de 2015, constató la existencia de un vicio preexistente del acto
que se impugnaba, de manera que con dicha decisión se concretó su expulsión del
ordenamiento jurídico por contrariar normas superiores, declarando formalmente
dicha trasgresión. Como el vicio de nulidad es de origen, pues es anterior o
concomitante a su nacimiento, la declaratoria de nulidad implica la remoción del
acto del ordenamiento jurídico, teniéndolo como si nunca se hubiere proferido; de
aquí que la declaratoria de nulidad surte efectos ex tunc - “desde el origen”.
44. Sobre los efectos de las sentencias que declaran la nulidad de un acto
administrativo, el artículo 189 del CPACA establece que “tendrá fuerza de cosa
juzgada erga omnes”; sin embargo, la legislación colombiana no regula
expresamente sus efectos en el tiempo, a excepción de ciertos casos particulares
en los que el legislador decidió darle efectos hacia el futuro -ex nunc-, tales como:
la anulación judicial de un acto administrativo relacionado con servicios públicos;
la nulidad del acto de inscripción y calificación en el registro único de proponentes
y, las sentencias dictadas en juicios de nulidad por inconstitucionalidad.
45. La Sección Quinta del Consejo de Estado en sede de nulidad electoral ha
sostenido, por regla general36, que de la declaratoria de nulidad necesariamente se
35 Sentencia C-479/92 M.M.P.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, reiterada
en C-104/94, C-527/94, C-96/95, C-522/95, entre otras.
36 De manera excepcional, la Sección Quinta del Consejo de Estado moduló los efectos de una sentencia que
declaró la nulidad de un acto administrativo electoral (sentencia del 6 de octubre de 2011, exp: 2010-00120).
Se trata de una sentencia que, con efectos diferidos, declaró la nulidad de la elección de los miembros del
Consejo Nacional Electoral, su eficacia se dio hasta unos meses después de haberse producido el fallo, dada
la proximidad de las elecciones del Congreso. Con ello se pretendía evitar problemas en el desarrollo de los
comicios y los Consejeros Nacionales Electorales, pese a haberse decretado la nulidad de sus respectivas
elecciones, oficiaron como tales unos meses más, mientras el Congreso Colombiano integró nuevamente y en
debida forma a los miembros de esa Corporación. En sentencia del 22 de junio de 2006, exp: 3952, se indicó
que: “es del caso señalar que los efectos que se desprendan de una decisión de nulidad de un acto de
declaratoria de elección o de nombramiento no constituyen un asunto que deba ser objeto de pronunciamiento
por el juez de conocimiento, pues ese aspecto, por regla general, corresponde analizarlo y definirlo a las
autoridades administrativas encargadas de cumplir la sentencia judicial, de conformidad con las normas legales
que regulan la situación administrativa que surge de la declaración judicial de nulidad de la elección o del
nombramiento. Se dice que por regla general, dado que, en el caso de elecciones por voto popular la ley prevé
que, por la prosperidad de determinadas causales objetivas de nulidad, al juez de conocimiento le corresponde
dar cumplimiento al fallo de nulidad rehaciendo parte de la actuación adelantada por las correspondientes
autoridades electorales para adecuarla al ordenamiento jurídico. Por tanto, sólo en aquellos eventos en que la
ley, de manera expresa, imponga al juez un pronunciamiento en determinado sentido en punto a los efectos de
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
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Referencia: Reparación directa
deriva la inexistencia del acto, ya que opera una ficción legal de devolver las cosas
al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto viciado
(restablecimiento de la situación ex ante).37
46. En el presente asunto, conforme se extrae de la decisión que declaró la nulidad
del Acuerdo 009 de 2015, lo fue con efectos ex tunc, pues en ella el Consejo de
Estado consideró que si bien la inexequibilidad declarada por la Corte
Constitucional en sentencia C-285 de 2016 impactaba la convocatoria pública No.
1 de 2015 y el acto de declaratoria de elección, en la medida en que se configuraba
la pérdida de fuerza ejecutoria del fundamento normativo superior, lo cierto era que
como dicha declaratoria había tenido efectos hacia el futuro, se imponía un
pronunciamiento judicial sobre la legalidad del acto administrativo, “por cuanto se
trata de aquel que declaró la elección sobre sujetos particulares, así que el análisis
objetivo de legalidad, se realiza conforme al régimen vigente al momento de la
expedición del acto”. Ello, por cuanto el acto seguía amparado por el principio de
legalidad y la anulación era la manera de restablecer el orden vulnerado, ya que
surte efectos “ab-initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la legalidad”.
47. Bajo este entendimiento, la Sala no puede compartir la tesis del actor sobre la
consolidación en cabeza suya de un derecho adquirido como lo afirma en la
demanda, pues el derecho está vinculado a su fuente y si ella se remueve del
ordenamiento jurídico, ningún derecho puede reclamarse. Y tampoco se comparte
estar ante una expectativa “legítima”, puesto que con la declaratoria de nulidad del
Acuerdo 009 de 2015 -sentencia del 13 de octubre de 2016-, las situaciones
jurídicas particulares que pudieron haberse generado luego de adquirir firmeza el
acto, se reestablecieron al estado en que se encontraban antes de que el mismo
fuera anulado, es decir, a partir de una ficción legal se entiende que la declaratoria
de elección nunca existió y, por ende, tampoco su ejercicio como miembro
permanente de dedicación exclusiva del Consejo de Gobierno Judicial, ya que la
nulidad surtió efectos “desde el origen”.
48. Este es un efecto de raíz inscrito en la declaratoria de nulidad; por consiguiente,
no puede derivarse un daño de una situación inexistente, pues no se configuró una
lesión a un interés protegido ex ante por el ordenamiento jurídico, siendo el derecho
subjetivo un presupuesto necesario para la existencia del daño.
49. Y la confianza que aduce haber depositado el actor no es real y obedece más
bien a su concepto subjetivo y personal, pues justamente la presunción de legalidad
del acto fue desvirtuada, sin asombro o sorpresa, luego de un proceso judicial.
la declaración de nulidad de un acto de declaratoria de elección, será procedente tal pronunciamiento” (se
subraya). Esta misma postura fue adoptada en sentencia del 22 de mayo de 2008, exp: 2007-00035. Pero la
gran mayoría de sentencias que declaran la nulidad de actos de electorales lo son con efectos ex tunc o no se
pronuncian sobre los efectos, pero por ser una postura pacífica se ha entendido que es con efectos desde el
origen.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3 de noviembre de
2005, exp: 3792.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
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Referencia: Reparación directa
50. Para abundar en precisiones, se recuerda que la finalidad del contencioso de
anulación electoral se dirige a hacer efectivo el artículo 1º de la Carta Política, en
cuanto a la formación democrática y pluralista del Estado y el ejercicio del poder
que constituye uno de los elementos que le dan origen y fijan sus cometidos. Este
medio de control persigue salvaguardar y proteger los derechos democráticos de la
sociedad, garantizando no solo la transparencia de los procesos electivos sino
también que el ejercicio del poder público esté a cargo de personas idóneas,
habilitadas y que cumplieron con los requisitos objetivos para ser elegidos.
51. Así, bajo la égida del citado artículo 1° constitucional cuando existe tensión
entre el interés general y el particular siempre prevalecerá el primero, motivo por el
cual la eliminación de cargos, la supresión de períodos, la anulación de actos de
elección y demás situaciones referentes a la organización, funcionamiento y
legitimidad del poder público, no pueden estar limitados por las situaciones
personales de quienes en un determinado momento lo ejercen, pues el interés
supremo de la colectividad siempre debe primar; por ende, cuando existan motivos
de interés general que justifiquen la abolición de un cargo, es legítimo que el Estado
lo haga, sin que puedan oponérsele los derechos del particular.
52. En el sub lite el sometimiento de la Administración pública al ordenamiento
jurídico y la prevalencia de la ley -en sentido amplio- tuvo repercusión en la elección
del demandante como miembro permanente de dedicación exclusiva del Consejo
de Gobierno Judicial, frente a lo cual no puede hablarse de derechos adquiridos ni
de situaciones concretas que los hubieran creado, pues de cara a un fallo de nulidad
del acto que proveyó el cargo no hay confianza legítima para considerar que la
presunción de legalidad nunca será desvirtuada.
53. El ejercicio del cargo como miembro permanente con dedicación exclusiva,
suponía la existencia y legalidad del acto administrativo declaratorio de la elección,
que al ser anulado condujo al restablecimiento de las situaciones ex ante, sin que
pueda alegarse un derecho adquirido, una expectativa o la lesión de la confianza
legítima, pues prima el principio de que el interés particular o personal debe ceder
al interés público o social.
54.En este orden de ideas, confirma la Sala el sentido de la decisión que se
anunció al inicio de este proveído en tanto no está acreditado el daño antijurídico
que se reclama, requisito ineludible de toda reparación.
Condena en costas
55. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la
sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil.
56. El artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 señala que hay lugar a condenar en costas
a la parte vencida en un proceso o a quien se resuelve desfavorablemente el recurso
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
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Referencia: Reparación directa
de apelación. El artículo 361 ibidem establece que las costas “están integradas por
la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las
tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura.
57. En relación con las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, de
conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 366 de la Ley 1564 de 2012,
se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere.
58. Así las cosas, se fija como agencias en derecho el valor equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de la parte demandante
(recurrente), suma que se reconocerá, en favor de la Nación – Congreso de la
República y Rama Judicial, por partes iguales. Esta determinación se efectúa de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016,
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura38, norma vigente en materia de
tarifas de agencias en derecho para la fecha en que se presentó la demanda39.
59. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo,
en los términos del artículo 366 ejusdem, para lo cual, además, tendrá en cuenta
todas las expensas y las agencias en derecho de primera instancia fijadas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del 19 de noviembre de
2020.
IV. PARTE RESOLUTIVA
60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de noviembre de 2020, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, en favor de la Nación – Congreso de la República y la Rama Judicial.
Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de dos (2) SMLMV,
38 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta,
dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y
demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor
jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
39 5 de marzo de 2018.
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Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00190-01 (67.137)
Actor: Juan Carlos Grillo Posada
Demandado: Nación - Congreso de la República y otro
Referencia: Reparación directa
suma que se dividirá en partes iguales. Las costas se liquidarán de manera
concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
16
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