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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00206-01

Fecha
21 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00206-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 20 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: “[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Martín Emilio Quintero Sánchez, Andrés Felipe Quintero Pérez, Ana María Quintero Pérez, Walber Antonio Quintero Pinzón, Sandra Milena Pérez Prado, Mariana Alexandra Quintero Pérez, Uber Alonso Pérez, Sebastián Pérez Muñoz, María Camila Pérez Muñoz, Ayanibe Pérez Prado, Fredy Baena Pérez y Luz Marina Pérez Prado respecto de la pretensión indemnizatoria por la afectación de las edificaciones construidas sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de unos semovientes y la destrucción de varios cultivos allí sembrados, habida cuenta las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda instancia, la suma equivalente a 1 SMLMV, a cargo de la parte demandante y a favor de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional”. SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00206-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

21 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020180020601 (68205)
Demandante: ADONAIS PÉREZ PRADO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL

Tema: Detonación controlada de artefactos explosivos improvisados
(AEI) por miembros del Ejército Nacional. Afectación de
edificaciones construidas en predio rural, muerte de
semovientes y destrucción de cultivos. Límites al recurso de
apelación. No se acreditó que los “cilindros bomba” fueron
instalados con el propósito de atentar contra la fuerza pública.
“Desplazamiento forzado”. Omisión en los deberes de seguridad
y protección. La presencia de la fuerza pública no es una fuente
generadora de daños. El hecho lesivo no es atribuible al Estado.
Condena en costas en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el extremo activo contra la
sentencia del 24 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En fecha indeterminada y debido a que en esa zona había influencia de varios
grupos subversivos, miembros del Ejército Nacional se “asentaron” sobre el predio
“El Potrero – Babilonia” ubicado en el municipio de Concepción (Norte de
Santander), de propiedad de Adonais Pérez Prado. Posteriormente, el 15 de enero
de 2016, uniformados de esa institución fueron informados sobre la existencia de
dos “cilindros bomba” en el predio referido, por lo que solicitaron apoyo
especializado del grupo de explosivos y demoliciones – EXDE. Instantes después,

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

el personal capacitado en explosivos hizo presencia en la zona donde encontró dos
artefactos y, seguidamente, procedió a detonarlos de “forma controlada y con todas
las medidas de seguridad, para evitar afectar la población civil”. No obstante, lo
anterior, según lo narrado en la demanda, dicho acto produjo graves afectaciones a
las edificaciones construidas sobre el citado predio, así como la muerte de varios
semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados. A raíz de esos
hechos, los demandantes aducen que sufrieron amenazas por parte del ELN debido
a que se les catalogó de “ayudantes del Ejército” y por ello tuvieron que abandonar
forzosamente el inmueble.

En primer lugar, Adonais Pérez Prado considera que la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional es patrimonialmente responsable por la afectación de
las edificaciones construidas sobre el predio de su propiedad, así como por
la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí
sembrados, toda vez que “[los soldados] detonaron ‘fallidamente’ los artefactos
explosivos sin previo aviso a los propietarios y a los habitantes del multicitado
predio”.

Por otra parte, los demandantes estiman que la Administración es responsable por
el “desplazamiento forzado” del que fueron víctimas, pues afirman que “la
presencia del Ejército en la finca fue determinante para recibir amenazas por parte
de alzados en armas que afirmaron pertenecer al ELN, como quiera que ‘estaban
ayudando al Ejército’, y teniendo en cuenta la magnitud de los problemas de orden
público fue necesario abandonar el sitio”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 9 de marzo de 20181, Martín Emilio Quintero Sánchez y Adonais Pérez Prado,
en nombre propio y en representación de Andrés Felipe y Ana María Quintero
Pérez; Walber Antonio Quintero Pinzón y Sandra Milena Pérez Prado, en nombre

1 Fl. 15 a 51, C.1.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

propio y en representación de Mariana Alexandra Quintero Pérez; Uber Alonso
Pérez en nombre propio y en representación de Sebastián y María Camila Pérez
Muñoz; Ayanibe Pérez Prado en nombre propio y en representación en Jhon Fredy
Baena Pérez; y Luz Marina Pérez Prado, mediante apoderado judicial y en ejercicio
del medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante “El Ejército
Nacional”), para que se le declare patrimonialmente responsable por: i) la afectación
de las edificaciones construidas sobre el predio “El Potrero – Babilonia”, así como
por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí
sembrados, luego de la activación de los artefactos explosivos improvisados
ocurrida el 15 de enero de 2016; y ii) por “el desplazamiento forzado” que estos
sufrieron debido a la presencia de la fuerza pública y a las amenazas por integrantes
del ELN.

En primera medida, como pretensiones de su demanda, Adonai Pérez Prado solicita
condenar al Ejército Nacional a pagarle, por perjuicios morales, debido a la
afectación de las edificaciones construidas sobre el predio de su propiedad, así
como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí
sembrados, el equivalente a 100 SMLMV; por daño emergente, la suma de
$705.326.000 y, por lucro cesante, la suma de $617.642.018.

En segundo lugar, Martin Emilio Quintero Sánchez solicita condenar a la entidad
pública demandada a pagarle, por la afectación de las edificaciones construidas
sobre el predio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de varios
semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, por lucro cesante, la
suma de $46.944.144.

Finalmente, los demandantes solicitan condenar a la accionada a pagarle a cada
uno de ellos, por el “desplazamiento forzado” que aducen sufrieron, por perjuicios
morales, 100 SMLMV.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Adonais Pérez
Prado es propietaria del predio “El Potrero – Babilonia” identificado con el folio de

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

matrícula No. 266 – 2519 y ubicado en la veredera Miraflores del municipio de
Convención (Norte de Santander). Además, que el citado predio estaba destinado
a actividades agrícolas y pecuarias.

Señala que, en fecha indeterminada, miembros del Ejército Nacional se “asentaron”
sobre el predio referido porque en esa zona había presencia de diferentes grupos
al margen de la ley.

Indica que, el 15 de enero de 2015, uniformados de la institución castrense fueron
informados sobre la existencia de dos “cilindros bomba” en el citado inmueble, por
lo que solicitaron apoyo del grupo especializado EXDE.

Destaca que, instantes después, el personal capacitado en explosivos del Ejército
Nacional se presentó en la zona y allí localizó dos artefactos explosivos, de manera
que procedieron con su detonación de “forma controlada y con todas las medidas
de seguridad, para evitar afectar la población civil”.

Aduce que dicho acto produjo graves afectaciones a las edificaciones construidas
sobre el citado predio, así como la muerte de varios semovientes y la destrucción
de unos cultivos allí sembrados.

Resalta que a raíz de esos hechos sufrieron amenazas por parte del ELN debido a
que se les catalogó de “ayudantes del Ejército” y por ello tuvieron que abandonar
forzosamente el predio.

Adonais Pérez Prado considera que el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio
de su propiedad, así como por la muerte de varios semovientes y la
destrucción de unos cultivos allí sembrados, toda vez que “[los soldados]
detonaron los artefactos explosivos sin previo aviso a los propietarios y a los
habitantes del multicitado predio”.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

Además, los demandantes estiman que la Administración es responsable por el
“desplazamiento forzado” del que fueron víctimas, pues afirman que “la presencia
del Ejército en la finca fue determinante para recibir amenazas por parte de alzados
en armas que afirmaron pertenecer al ELN, como quiera que ‘estaban ayudando al
Ejército’, y teniendo en cuenta la magnitud de los problemas de orden público fue
necesario abandonar el sitio”.

2. Contestación

El 19 de abril de 20182, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a la accionada y al ministerio público.

2.1. El Ejército Nacional3 argumentó que sus actuaciones se adelantaron en
cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que le han sido
conferidas. Además, advirtió que los daños derivados del “desplazamiento forzado”
no le eran imputables, toda vez que no se acreditó que dicha situación hubiera sido
puesta en conocimiento de las autoridades y, en todo caso, se produjo por una
conducta ilegal, exclusiva y determinante de un tercero. Formuló como excepciones
las que denominó “ausencia de antijuridicidad del daño”, “falta de legitimación en la
causa por pasiva” y “hecho del tercero”.

3. Audiencia inicial

El 21 de mayo de 20194, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la
audiencia inicial en la que, entre otras, realizó el saneamiento del proceso, decretó
pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a establecer la responsabilidad del Ejército Nacional por los puntos centrales del
litigio así: “la destinación agraria y comercial del bien para el sustento, si el bien que

2 Fl. 58, C.1.
3 Fl. 75 a 91, C.1.
4 Fl. 134 C.1.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

se ocupó por la demandada se encontraba en una zona roja por alteración del orden
público, si la explosión de los cilindros fue controlada o no, y si se tomaron las
medidas de seguridad, si con las explosión de causaron daños a los demandantes
y el desplazamiento forzado”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 27 de febrero de 20205 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. Los demandantes6 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda.

4.2. El Ejército Nacional y el ministerio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 24 de junio de 20207 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que “no se
acreditó que la detonación controlada de los artefactos explosivos hubiera sido
efectuada sin el conocimiento de los habitantes del predio, pues la misma se llevó
a cabo por información de la comunidad”. Por otra parte, estimó que lo probado en
el proceso no permitió establecer las circunstancias modales en que ocurrió el
desplazamiento forzado alegado, de modo que “no se cumplió con la carga
probatoria exigida para la configuración de una falla del servicio”. En conclusión, el
a quo consideró que los daños alegados por los demandantes no eran imputables
al Ejército Nacional debido a que no se probó la falla del servicio que le fue atestada.

6. Recurso de apelación

El 31 de mayo de 20218, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el

5 Fl. Fl. 153, C.1.
6 Fl 163 a 182, C.1.
7 Índice No. 21, SAMAI – Consejo de Estado. Archivo: “01 sentencia”.
8 Fl. Índice No. 21, SAMAI – Consejo de Estado. Archivo: “04. Apelación”

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

cual fue concedido el 29 de noviembre de 20219 y admitido el 18 de marzo de
202210.

5.1. El extremo activo11 afirmó, en primera medida, que lo probado en el proceso
permitió constatar que los daños derivados del desplazamiento forzado eran
imputables al Ejército Nacional, toda vez que aquellos se causaron por la presencia
de la fuerza pública en el predio “El Potrero – Babilonia” y a las consecuentes
amenazas de las que fueron objeto en tanto se les catalogó de ser “ayudantes del
Ejército”.

Por otra parte, refirió que asistía responsabilidad a la institución castrense porque,
a su juicio, los “cilindros bomba” que causaron los daños estaban dirigidos y
pretendían afectar a la fuerza pública que se encontraba en la zona. Sobre este
punto, la recurrente textualmente señaló:

“[…] el objetivo de las fuerzas ilegales fue la finca en la cual el Ejército se asentó como
sitio estratégico, de donde puede deducirse que si en una casa, latifundio o
establecimiento se afincan personas que representan a entes del Estado puede
estimarse que están prestando ayuda o servicio a estos. No se discute que la labor
militar es legítima, pero creadora de circunstancias riesgosas lejanas de ser
imprevisibles como una emboscada a la instalación de bombas en jurisdicción de la
finca. No se pone un cilindro bomba porque sí, porque la intención era causar el mayor
destrozo posible, con esto queda claro que los insurgentes sabían a quien iban a
atacar y sabían cuáles eran las motivaciones al respecto. Adicionalmente, en una
zona álgida y peligrosa, la presencia del Estado aun cuando su intención sea
contrarrestar el accionar ilegal es generadora de riesgos, los cuales se maximizaron
por ubicarse en un bien o sitio habitado con destinación agropecuaria”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 202112 y habida cuenta que no se

9 Índice No. 21, SAMAI – Consejo de Estado. Archivo: “05. Auto concede recurso”.
10 Fl. 186 a 187, C.1.
11 Fl. 1072 a 1080, C.5.
12 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

decretaron pruebas en el trámite de segunda instancia, no hubo lugar a correr
traslado para alegar de conclusión.

Pese a lo anterior, la parte demandante13 presentó un memorial de “alegatos de
conclusión” en el que reiteró lo expuesto en el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 24 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la
pretensión mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga
vocación de doble instancia ante esta Corporación14, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14015 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.
13 Índice No. 9, SAMAI - Consejo de Estado.
14 La pretensión mayor de la demanda se estimó en 1300 SMLMV
15 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación

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En este caso, el medio de control procedente es el de reparación directa porque se
reclama el resarcimiento de unos daños por hechos imputables al Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal16.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general17, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud

administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de esta. En todos los casos en los que en la causación del daño
estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción
por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o
la omisión en la ocurrencia del daño”.
16 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción18, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún

18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo prescribe que el medio de control de reparación directa deberá
presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe
la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

En primer lugar, se evidencia que el derecho de acción se ejerció en tiempo frente
a la afectación de las edificaciones construidas sobre el predio “El Potrero –
Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos
cultivos, toda vez que: i) el 15 de enero de 2016, ocurrió la explosión de los dos
“cilindros bomba”, sobre lo cual se alega la configuración de unos daños; ii) que los
accionantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría
52 Judicial II para Asuntos Administrativos el 12 de enero de 201821, la cual se
declaró fallida el 7 de marzo siguiente22; y iii) que la demanda se presentó el 9 de
marzo de 201823, es decir, antes del término preclusivo de dos (2) años dispuesto
por el legislador.

En segundo lugar, se evidencia que en el sub-lite no obra prueba que dé cuenta de
la fecha exacta en que se ocasionó el “desplazamiento forzado” alegado por los
demandantes ni alguna otra de las circunstancias que den cuenta de la fecha desde
la que se debe contar el término para establecer si el derecho de acción se ejerció

20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
21 Fl. 176, C.2.
22 Fl. 177, C.2.
23 Fl. 15 a 51, C.1.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

de forma oportuna o no. Sin embargo, atendiendo los criterios fijados por el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional en las sentencias de unificación del 29 de enero
de 2020 y SU 429 del 10 de octubre de 202424, respectivamente, en aplicación de
los principios pro actione y pro damnato25, y para garantizar el acceso a la
administración de justicia, se estudiará el fondo del asunto.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis26.

4.1. Adonais Pérez Prado es la persona sobre quien recae el interés jurídico y está
legitimada en la causa por activa para reclamar perjuicios por la afectación de las
edificaciones construidas sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, así como por la
muerte de varios semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, pues
acreditó ser la propietaria del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 266
– 2519 y ubicado en la veredera Miraflores del municipio de Convención (Norte de
Santander). De esta información da cuenta copia auténtica del correspondiente
registro de tradición expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Convención27.

4.2. Martín Emilio Quintero Sánchez, Andrés Felipe Quintero Pérez, Ana María
Quintero Pérez, Walber Antonio Quintero Pinzón, Sandra Milena Pérez Prado,
Mariana Alexandra Quintero Pérez, Uber Alonso Pérez, Sebastián Pérez Muñoz,
María Camila Pérez Muñoz, Ayanibe Pérez Prado, Fredy Baena Pérez y Luz Marina
Pérez Prado no están legitimados en la causa por activa para reclamar perjuicios

24Criterios reiterados, entre otras más, en la sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Rad. 68665.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2016. Rad.: 39133.
26 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa

corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
27 Fl. 77 a 81, C.1.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

por la afectación de las edificaciones construidas sobre el pedio “El Potrero –
Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción de unos
cultivos allí sembrados, ya que no acreditaron ser propietarios, poseedores o
tenedores del inmueble identificado con el folio de matrícula No. 266 – 2519, o
terceros con un interés patrimonial o extrapatrimonial en las resultas del proceso
por dicho concepto.

4.3. Adonais Pérez Prado, Martín Emilio Quintero Sánchez, Andrés Felipe Quintero
Pérez, Ana María Quintero Pérez, Walber Antonio Quintero Pinzón, Sandra Milena
Pérez Prado, Mariana Alexandra Quintero Pérez, Uber Alonso Pérez, Sebastián
Pérez Muñoz, María Camila Pérez Muñoz, Ayanibe Pérez Prado, Fredy Baena
Pérez y Luz Marina Pérez Prado están legitimados en la causa por activa para
reclamar perjuicios por el desplazamiento forzado porque, según lo expuesto en la
demanda, tuvieron que abandonar forzosamente el predio debido a que sufrieron
amenazas por parte del ELN en tanto se les catalogó de “ayudantes del Ejército” .

4.4. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda vez que
conformidad con lo dispuesto en los artículos 228 y 21729 de la Constitución Política,
es la autoridad a quien corresponde defender y garantizar el orden constitucional,
controlar el orden público, así como brindar protección a los ciudadanos. Además,
por ser la entidad a quien se le atribuye la causación de los daños antijurídicos
alegados en la demanda.

28 Artículo 2º: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta y en la vida política,
económica, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residente en
Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
29 Artículo 217: “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas

por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial
la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden
constitucional.”

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar si en el caso en concreto y acorde con los cargos
formulados en el recurso de apelación: i) el Ejército Nacional es patrimonialmente
responsable por la afectación de las edificaciones construidas sobre el pedio “El
Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de varios semovientes y la destrucción
de unos cultivos allí sembrados, debido a que los artefactos detonados estaban
dirigidos contra la fuerza pública; y ii) si se reúnen los presupuestos para declarar
la responsabilidad del Estado por los daños derivados del desplazamiento sufrido
por el extremo activo.

6. Solución de los problemas jurídicos

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado; ii) la responsabilidad del Estado
por daños causados por la acción de grupos subversivos; iii) respecto al
desplazamiento forzado como situación de hecho que puede conducir a una
obligación resarcitoria en cabeza de la Administración; y iv) frente a la imputación
de responsabilidad por omisión en los deberes de seguridad y protección.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199130 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el

30 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario para establecer la responsabilidad y es el referido a
su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo
de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, con la falla del servicio, el riesgo
excepcional y el daño especial.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Responsabilidad del Estado por daños causados por la acción de grupos
armados subversivos

La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la responsabilidad del
Estado con ocasión de actos de grupos armados puede examinarse a partir de tres
criterios de imputación, a saber: falla del servicio, riesgo excepcional y daño
especial, según la determinación fáctica de cada caso y la atribución jurídica que
proceda.

Así las cosas, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de
vista de la falla del servicio, tratándose de daños causados por grupos armados
insurgentes, cuando se tiene como presupuesto el reconocimiento de la existencia
de mandatos de abstención –deberes negativos- como de acción –deberes
positivos- a cargo del Estado. Sin embargo, para que se genere responsabilidad con
fundamento en ello es menester acreditar, entre otros i) el incumplimiento o
deficiente cumplimiento de deberes normativos y/o ii) la omisión o inactividad de la
administración pública. Como en los daños causados por la acción de grupos
insurgentes se está en presencia de un hecho de un tercero, desde un plano causal,

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
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deberá demostrarse la cognoscibilidad real del peligro que corre el bien jurídico que
debe ser protegido, al igual que la posibilidad material de actuar en defensa de este,
o bien por el negligente o inadecuado despliegue de las acciones de defensa
ejecutadas por la fuerza pública.

Al respecto, el precedente jurisprudencial de esta Corporación ha precisado que
para determinar si la conducta del Estado fue anómala o irregular, por acción o por
omisión, frente al hecho dañoso perpetrado por el tercero, debe analizarse si para
la Administración y para las autoridades era previsible que se desencadenara el
acto terrorista. Este aspecto constituye uno de los puntos más importantes a
analizar dentro de este régimen, pues no es la previsión de la generalidad de los
hechos (estado de anormalidad del orden público) sino de aquellas situaciones que
no dejan margen para la duda, es decir, las que sobrepasan la situación de violencia
ordinaria vivida.

Por otro lado, se ha examinado la responsabilidad patrimonial del Estado desde el
punto de vista del riesgo excepcional, cuando el daño ocurre como consecuencia
de la materialización de un riesgo producto de la actividad legítima de la
administración. En efecto, en el desarrollo de las actividades cotidianas del mundo
moderno la sociedad se enfrenta a situaciones de riesgo que le son ineludibles y,
dentro de tal contexto, la administración pública puede crear estas situaciones
excepcionales de peligro a las que nadie puede sustraerse y en las que ninguna
protección existe para el particular, lo cual impone al Estado la obligación de reparar
los daños que cause. Sobre este tema en ciertas ocasiones la Corporación ha
aplicado este criterio de imputación, guiado por un argumento causal, como es que
el ataque del grupo armado se haya dirigido en contra de un establecimiento del
Estado.

Finalmente, se ha examinado la responsabilidad del Estado desde el punto de vista
del daño especial, cuando se evidencia un desequilibrio de las cargas públicas, la
equidad y la solidaridad como materialización del reequilibrio ante una ruptura de la
igualdad, fruto del perjuicio especial y anormal que se le impone administrado.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
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Así, en cada caso, lo que debe examinarse es si por las condiciones que reviste el
daño antijurídico este se puede considerar como un acentuado y singular
desequilibrio anormal de las cargas públicas que deben ser asumidas por los
administrados, entendiéndose como normal aquella carga que es ordinaria a la vida
en sociedad.

En este último caso vale la pena destacar que por lo menos por razones de equidad
y de justicia distributiva, quien ha sufrido el perjuicio causado por la Administración
debe ser indemnizado. No en vano desde el año 1973 esta Corporación ha señalado
que “el Estado en ejercicio de su soberanía puede en veces afectar los derechos de
los particulares, pero si esta afectación es igual para todos los individuos que se
encuentran en las mismas condiciones, no hay violación de la justicia distributiva
que justifique jurídicamente la responsabilidad”. Sin embargo, cuando ello no es así,
sí es dable reparar los daños que se han ocasionado, teniendo bajo el entendido
que “El daño debe ser, por tanto, excepcional y anormal, porque la responsabilidad
no proviene de la naturaleza del hecho que cause el daño, sino del carácter singular
o excepcional del daño causado” 31.

6.3. El desplazamiento forzado como situación fáctica que puede
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado

El desplazamiento forzado32 ha sido definido por la jurisprudencia de esta
Corporación como una situación fáctica, de la cual se produce un desarraigo
producto de: i) la violencia generalizada, ii) la vulneración de los derechos humanos
o iii) la amenaza de las garantías del derecho humanitario.

Así, el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 387 de 18 de julio de 1997
reguló la situación de desplazamiento forzado. Precisamente, el artículo 1º de dicha
disposición definió al desplazado en los siguientes términos:

31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de mayo de 1973, Rad.: 978.
32 Posición que se retoma de las sentencias proferidas por la Subsección C de 21 de febrero de

2011, Exp.: 31093; 34440 y 32476, ambas de 12 de febrero de 2014, sentencia de 20 de octubre de
2014, Exp.: 36682 y sentencia de 10 de agosto de 2015. Exp.: 48392

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“[…] toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales,
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera
de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos,
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas
de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público”33

Asimismo, en la citada norma se consagró como principio sustancial que todo
colombiano tiene el derecho a “no ser desplazado forzadamente” (artículo 2),
radicándose en cabeza del Estado la responsabilidad de “formular las políticas y
adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección y consolidación y estabilización socio económica de los desplazados
internos por la violencia”, como respuesta a lo establecido en el artículo 24 de la
Constitución Política.

Ahora bien, el alcance del desplazamiento forzado como situación jurídica debe
darse a partir de la comprensión sistemática de los artículos 1, 2, 11, 16, 93 y 214
de la Carta Política colombiana, armónica e integradamente con los artículos 1.1, 2,
4 y 22.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como de lo
consagrado en el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra34 el cual
establece:

“Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados

1. No se podrá ordenar el desplazamiento de la población civil por razones
relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas
civiles o razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera que efectuarse,
se tomarán todas las medidas posibles para que la población civil sea acogida en
condiciones satisfactorias de alojamiento, salubridad, higiene, seguridad y
alimentación.

2. No se podrá forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por
razones relacionadas con el conflicto”35

33 Ley 387 de 1997, artículo 1°. Puede verse esta definición acogida en: Sección Tercera, sentencia

de 4 de febrero de 1999, expediente ACU-573.
34 Ratificado por la ley 171 de 1994
35 “La aplicación de tales normas a los conflictos armados internos es aún más evidente, por cuanto

la Constitución señala que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional
humanitario". Además, incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las
víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios

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Asimismo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
consagra que:

“Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho
a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia… Los derechos
antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se
hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y
sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”

Tal como se desprende de la normativa vigente, la situación de desplazamiento
implica que la persona o personas se ven obligadas forzosamente a migrar, a
desarraigarse del lugar en donde tenía afincada su residencia o el lugar habitual de
su actividad profesional, productiva o económica, ante las amenazas a su vida,
integridad física, libertad personal, dignidad, como consecuencia del conflicto
armado interno, de la violencia generalizada, de la vulneración masiva, continuada
y sistemática de los Derechos Humanos, de la infracción al Derecho Internacional
Humanitario, o de toda aquella circunstancia que altere, modifique o quiebre
radicalmente el orden público.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“La jurisprudencia36 ha precisado que, si bien en el plano internacional ningún tratado
define dicho concepto, la Comisión de Derechos Humanos, hoy Consejo de Derechos
Humanos, acogiendo los trabajos realizados por el Relator Temático Francis Deng,
adoptó en 1998 la resolución titulada “Principios Rectores de los Desplazamientos
Internos”, cuyo artículo 2º consagra la siguiente descripción en torno a los
desplazados:

“… las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a
escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, como resultado o
para evitar los efectos de un conflicto armado, por situaciones de violencia
generalizada, por violaciones de derechos humanos o por catástrofes naturales o
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal
internacionalmente reconocida”.

de humanidad, según se desprende no sólo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la
Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que "la enunciación de
derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no
debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no
figuren expresamente en ellos”. Corte Constitucional, sentencia C-225 de 1995.
36 Corte Constitucional, sentencia T-630 de 15 de agosto de 2007.

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No sobra advertir que para la Corte Constitucional37 dichos Principios tienen fuerza
vinculante, pese a que no han sido aprobados mediante un tratado internacional,
“dado que ellos fundamentalmente reflejan y llenan las lagunas de lo establecido en
tratados internacionales de derechos humanos y que han recibido una gran
aceptación por parte de distintos organismos internacionales de derechos humanos”,
por lo cual esta corporación considera que “deben ser tenidos como parámetros para
la creación normativa y la interpretación en el campo de la regulación del
desplazamiento forzado y la atención a las personas desplazadas por parte del
Estado. Lo anterior, claro está, sin perjuicio de que todos sus preceptos que reiteran
normas ya incluidas en tratados internacionales de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario aprobados por Colombia gocen de rango constitucional,
como lo señala el artículo 93 de la Constitución”38.

Es así como, si bien el desplazamiento forzado puede entenderse como una
situación fáctica, lo cierto es que no es una calidad jurídica que pueda operar como
un título de atribución de responsabilidad. En ese sentido, la jurisprudencia
constitucional ha considerado lo siguiente:

“La condición de desplazado, como descripción que es de una situación de hecho,
no conlleva una regulación integral de derechos fundamentales, ni de sus elementos
próximos, aunque evidentemente contribuye a su exigibilidad; tampoco implica
restricciones a tales derechos, pues, por el contrario, la regulación de esa situación
fáctica está orientada a lograr que quienes sufren el desplazamiento forzado puedan
recibir atención oportuna e integral por parte del Estado y reclamarla en caso de que
no le sea prestada. Además, la especificación de un desplazado no puede quedar
petrificada dentro del rígido molde de ordinaria o estatutaria, ya que por derivar de
una realidad en constante evolución”39.

Al efecto, en la jurisprudencia interamericana de derechos humanos se ha precisado
el alcance del desplazamiento forzado y de la situación fáctica del desplazado, como
se desprende de lo decidido, por ejemplo, en el caso “Masacres de Ituango contra
Colombia”:

“Debido a la complejidad del fenómeno del desplazamiento interno y de la amplia
gama de derechos humanos que afecta o pone en riesgo, y en atención a las
circunstancias de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se
encuentran los desplazados, su situación puede ser entendida como una condición
de facto de desprotección. En los términos de la Convención Americana, dicha
situación obliga a los Estados a otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar
medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su referida condición de

37 Corte Constitucional, sentencia C-278 de 2007 (abril 18), M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
38 Corte Constitucional, sentencia SU- 1150 de 2000 (22 de enero), M P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
39 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.

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debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso vis-à-vis actuaciones y prácticas de
terceros particulares”40.

De acuerdo con la anterior jurisprudencia, para que se concrete la situación de
desplazamiento forzado se requiere:

“(i) La coacción, que obliga al afectado a desplazarse dentro del territorio nacional,
así como su permanencia dentro de las fronteras del territorio nacional; (ii) La
amenaza o efectiva violación de derechos fundamentales, toda vez que la definición
legal indica que ese desplazamiento se produce porque la vida, la integridad física, la
seguridad y la libertad personal “han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas”; y (iii) La existencia de unos hechos determinantes, tales como el
conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores; violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos; infracciones al Derecho Internacional
Humanitario, “u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que
puedan alterar o alteren drásticamente el orden público”41.

Entonces, una vez se concreta la situación del desplazamiento, es necesario
demostrar para que una persona sea considerada como desplazado interno que
haya sido obligada a migrar más allá de los límites territoriales del municipio en el
que vivía o residía42.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que:

“(…) quien se desplaza lo hace “para evitar los efectos de un conflicto armado, de
situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una
frontera estatal internacionalmente reconocida”43, no para escapar de una amenaza
de origen común o de las consecuencias de un accidente de tránsito que, si bien
puede tener graves implicaciones y la entidad suficiente para obligar a una persona a
tomar determinadas decisiones, no puede ser susceptible de recibir la protección que
por disposición legal se reserva para las víctimas del conflicto armado interno que son
obligadas a dejar sus lugares de residencia por causa del mismo”44.

Pese a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de
contradicción al momento de aplicar la definición ajustada a un caso de persona o

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1° de julio de 2006. Caso de las
Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.; caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala,
sentencia de 4 de septiembre de 2012, párrafos 172 y ss.
41 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.
42 Corte Constitucional, sentencias T-268 de 27 de marzo de 2003; sentencia T-215 de 2002.
43 Principios Rectores de los desplazamientos internos, Consejo Económico y Social de las Naciones

Unidas, en: [http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0022.pdf; consultado 6 de febrero de 2014].
44 Corte Constitucional, sentencia T-222 de 2010.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
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personas desplazadas internamente deberá acudirse a la aplicación del “principio
pro homine” según el cual son varios los supuestos en los que encajaría la
consideración de una situación de desplazado interno: i) como consecuencia de la
acción ilegítima de las autoridades del estado; ii) la acción u omisión legítima del
Estado; iii) teniendo en cuenta la región del país, la estigmatización derivada para
la persona y su familia cuando como consecuencia de un proceso penal seguido
por hechos ligados al conflicto armado interno, es absuelto posteriormente, y
amenazado por grupos armados ilegales45.

Lo anterior supone, entonces, que el concepto de desplazado “lejos de estructurarse
con unos indicadores y parámetros rígidos, debe moldearse a las muy disímiles
circunstancias en que una u otra persona es desplazada dentro del país. Son
circunstancias claras, contundentes e inclusive subjetivas, como el temor que
emerge de una zozobra generalizada, las que explican objetivamente el
desplazamiento interno”46.

A lo que se agrega, siguiendo la misma jurisprudencia, que el concepto de
desplazado:

“(…) no es un derecho o facultad sino una noción que describe una situación fáctica
cambiante, de la cual se desprende la exigibilidad de derechos y garantías para el
afectado y su núcleo familiar, y de ahí que deba ser entendida y aplicada de manera
amplia con arreglo al principio pro homine47, tal como lo recomiendan la jurisprudencia
de esta corporación y los organismos internacionales, tomando en consideración, por
lo menos tres elementos básicos identificados en los antecedentes reseñados: (i) la
coacción, que hace necesario el traslado, (ii) la permanencia dentro de las fronteras
de la propia nación y (iii) la inminencia o efectiva ocurrencia de hechos que puedan
propiciar desarraigo”

45 Corte Constitucional, sentencia T-630 de 2007.
46 Corte Constitucional, sentencia T-268 de 27 de marzo de 2003.
47 Para esta Corte, el principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho

de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la
interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a
la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o a su suspensión extraordinaria. Este principio coincide
con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor
del hombre. (Cfr. C-1056 de octubre 28 de 2004 y T-284 de abril 5 de 2006 del mismo año, ambas
con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández).

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Como consecuencia del desplazamiento forzado, se ponen en evidencia las
condiciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que tiene que afrontar la
persona considerada como desplazado:

“(…) entendida la primera como aquella situación que sin ser elegida por el individuo,
le impide acceder a aquellas garantías mínimas que le permiten la realización de sus
derechos económicos, sociales y culturales y, en este orden, la adopción de un
proyecto de vida; la segunda, como la ruptura de los vínculos que unen a una persona
a su comunidad de origen; y, la tercera, como aquélla situación en la que se encuentra
un individuo que hace parte de un nuevo escenario en el que no pertenece al grupo
de beneficiarios directos de los intercambios regulares y del reconocimiento social”48.

Ahora bien, así definida la situación de desplazado, resulta necesario
complementarla con los derechos que son amenazados y vulnerados cuando ocurre
esta situación, aspecto que se precisó en la jurisprudencia constitucional que
declaró el estado de cosas inconstitucional mediante la sentencia T-025 de 2004 y
se recoge en la sentencia T-967 de 2009 en los siguientes términos:

“La citada decisión, señaló como derechos amenazados y vulnerados por las
situaciones de desplazamiento forzado, que claro está, no se trata de una lista
exhaustiva, (i) el derecho a la vida en condiciones de dignidad; (ii) los derechos de los
niños, de las mujeres cabeza de familia, los discapacitados y las personas de tercera
edad y de otros grupos especialmente protegidos; (iii) el derecho a escoger su lugar
de domicilio, en la medida en que para huir del riesgo que pesa sobre su vida e
integridad personal, los desplazados se ven forzados a escapar de su sitio habitual
de residencia y trabajo; (iv) los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la
libertad de expresión y de asociación; (v) derechos económicos, sociales y culturales;
(vi) implica una dispersión de las familias afectadas, lesionando así el derecho de sus
miembros a la unidad familiar y a la protección integral de la familia; (vii) el derecho a
la salud; (viii) el derecho a la integridad personal; (ix) el derecho a la seguridad
personal; (x) la libertad de circulación por el territorio nacional y el derecho a
permanecer en el sitio escogido para vivir; (xi) el derecho al trabajo y la libertad de
escoger profesión u oficio, especialmente en el caso de los agricultores que se ven
forzados a migrar a las ciudades; (xii) el derecho a una alimentación mínima; (xiii) el
derecho a la educación, en particular el de los menores de edad que sufren un
desplazamiento forzado y se han visto obligados, por ende, a interrumpir su proceso

48 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2006. “Asimismo, dentro de los efectos nocivos que

provoca el desplazamiento forzado interno, se han destacado la pérdida de la tierra y de la vivienda,
la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro
de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del
acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”. Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Masacre de Mapiripán contra Colombia, nota 8,
párraf.175.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
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de formación; (xiv) el derecho a una vivienda digna; (xv) el derecho a la paz; (xvi) el
derecho a la personalidad jurídica y (xvii) el derecho a la igualdad”49.

Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia de la Sección Tercera, se encuentra que
la condición de desplazado es una circunstancia anómala, ajena a la voluntad de la
persona que crea una situación fáctica de calamidad, donde el individuo se ve
despojado de sus propiedades, tenencia, arraigo, etc.50.

Asimismo, la Sección Tercera del Consejo de Estado siguiendo la jurisprudencia de
la Sección Quinta de la misma Corporación, sostuvo en su momento que la situación
de desplazado, “somete a situaciones afrentosas, lesivas de la dignidad humana,
porque al ser desarraigados de su medio y obligados a abandonar su residencia y
bienes materiales indispensables para proteger su vida y la de sus familias, se le
vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la libre circulación,
etc.”51.

De acuerdo con la base conceptual anterior, procederá el examen de
responsabilidad del Estado siempre que se demuestre o acredite la i) la coacción
que se traduzca en la imperiosa necesidad del afectado (s) de desplazarse de su
lugar habitual de residencia (o donde está la afincó); ii) la existencia de cualquier
tipo de amenaza o la concreción de la violación de los derechos fundamentales (ya

49 Corte Constitucional, sentencias T-025 de 2004 y T-967 de 2009. En la jurisprudencia de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos se sostiene: “En este sentido, la Corte observa que la
situación de desplazamiento forzado interno que han enfrentado las víctimas en el presente caso no
puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la presente sentencia. Las
circunstancias del presente caso y la especial y compleja situación de vulnerabilidad que afecta a
dichas personas, incluyen, pero trascienden el contenido de la protección debida por los Estados en
el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el desplazamiento tiene origen en la
desprotección sufrida durante las masacres, no sólo a raíz de las violaciones al derecho a la vida
(artículo 4 de la Convención) (supra párr. 126 a 138), a la integridad personal (artículo 5 de la
Convención) (infra párr. 252 a 279) y a la libertad personal (artículo 7 de la Convención) (supra párr.
149 a 153 y 168), sino también por la destrucción del ganado y las viviendas, en violación de los
derechos a la propiedad privada (artículo 21 de la Convención) (supra párr. 173 a 188) y respeto a
la vida privada y al domicilio (artículo 11.2 de la Convención) (supra párr. 189 a 200). El conjunto de
estos derechos vulnerados lleva al Tribunal a considerar que, más allá del contenido normativo del
artículo 22 de la Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha afectado el
derecho de las víctimas y sus familiares a una vida digna 49, en los términos anteriormente señalados,
en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos
consagrados en esas normas”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 1° de julio
de 2006. Caso de las Masacres de Ituango contra Colombia. Serie C. 148.
50 Sección Tercera, sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.
51 Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2000, expediente AC-9855; Sección Tercera,

sentencia de 22 de marzo de 2001, expediente 4279 AC.

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sea en la vida, integridad física, seguridad y libertad personal); y iii) la existencia de
hechos determinantes como: “conflicto armado interno; disturbios y tensiones
interiores; violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos;
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, “u otras circunstancias
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente
el orden público” 52.

En suma, el análisis del desplazamiento forzado como situación fáctica que puede
comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado debe hacerse bajo la óptica
de la falla del servicio53, bien sea por el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso
de las obligaciones constitucionales y legales, en virtud de las cuales debe
preservarse los derechos de toda persona a no ser desplazado, desarraigado y
despojado de sus bienes como consecuencia del conflicto armado interno, o de
violaciones sistemáticas de los derechos humanos o, del derecho internacional
humanitario, o por la inactividad determinante54, en la que se encuentran incursas
las autoridades públicas “en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico le ha atribuido”, de tal manera que se hace necesario evaluar el contenido
de las obligaciones (deberes normativos o positivos) fijadas por el ordenamiento
jurídico a cada entidad u órgano de la administración pública llamado a cumplirlas
y, el grado o nivel de cumplimiento para el caso específico55.

6.4. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado por
omisión en el deber de seguridad y protección

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2º constitucional son fines
esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general,

52 Corte Constitucional, sentencia C-372 de 27 de mayo de 2009.
53 Sección Tercera, sentencias de 8 de marzo de 2007, expediente 27434; de 15 de agosto de 2007,

expedientes 00004 AG y 00385 AG; de 18 de febrero de 2010, expediente 18436.
54 (…) la inactividad del Estado representada en la adopción de medidas o aplicación de herramientas

de manera limitada, insuficiente o sin lograr todo el alcance que razonable y ponderadamente es
exigible para el cumplimiento de los deberes normativos o positivos, y, por lo tanto, para la eficacia
en el respeto de los derechos de los ciudadanos. Cuando se trata del desplazamiento dicha
inactividad puede derivarse de la adopción de medidas políticas [como realización de consejos de
seguridad o reuniones políticas] que no se concretan en la atención a la situación concreta, o en el
seguimiento insuficiente a la situación por parte de las entidades del Estado que tienen a su cargo
esta obligación. Sentencia de Subsección C, 12 de febrero de 2014, expediente: 32476. MP: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa.
55 Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente 18436.

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garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución y en la ley y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo; en cuyo efecto se han instituido las autoridades de la República para proteger
a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, así como para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado56.

Entonces, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la vida de
todas las personas, su integridad psicofísica y sus bienes patrimoniales, de donde
surge lo que la Corte Constitucional ha denominado la “manifestación expresa del
derecho fundamental a la seguridad personal, entendida como una obligación de
medio y no de resultado, por virtud del cual son llamadas las diferentes autoridades
públicas a establecer los mecanismos de amparo que dentro de los conceptos de
razonabilidad y proporcionalidad resulten pertinentes a fin de evitar la lesión o
amenaza de sus derechos”57.

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha definido la noción de “seguridad”
desde tres dimensiones: (i) como un valor constitucional consagrado en el
preámbulo y en el artículo 2º Superior; (ii) como un derecho colectivo y (iii) como un
derecho fundamental individual que, pese a no estar nominado en la Constitución,
proviene de la interpretación sistemática de lo dispuesto en el Preámbulo y en la
carta de garantías concertada especialmente en los artículos 2, 11, 12, 17, 18, 19,

56 “Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”
57 Corte Constitucional, sentencia T-224 del 2 de abril de 2014. Concordante con las sentencias: T-

184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-234 de 2012, T-585A de 2011.

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20, 21, 28, 34, 44 y 7358 superiores, así como del bloque de constitucionalidad59,
frente al cual debe advertirse que tanto la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 194860, como la Convención Americana61 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos62 contemplan el derecho a la seguridad personal.

Ahora, el derecho fundamental a la seguridad personal ha sido definido como “aquel
que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las
autoridades, cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no
tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de
peligro implícitos en la vida en sociedad”63. De manera que los individuos pueden
exigir medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el objetivo
de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios e inaceptables
contra su vida, bienes o integridad personal que las autoridades pueden conjurar o
mitigar.

58 “Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte, Artículo 12. Nadie será

sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus
formas, Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus
convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia, Artículo
19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión
y a difundirla en forma individual o colectiva. (…), Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento (…), Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra (…),
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia (…), Artículo
34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. (…), Artículo 44. Son derechos fundamentales
de los niños: (…), Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional”
59 Ibidem.
60 La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aceptada como costumbre

internacional desde la década de los sesenta, establece en su artículo 3 que “todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
61 La Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, incorporada al

ordenamiento colombiano mediante la Ley 16 de 1972, establece en su artículo 7: “1. Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales...”.
62 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Ley 74 de 1968, dispone

en su artículo 9: “1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales…”.
63 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela contra el Ministerio

del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la
igualdad, presuntamente vulnerados por la actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su
esquema de seguridad no funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a
la seguridad personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su
disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que dichos
mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos
determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales mecanismos. Adicionalmente, pidió al
accionante que presentare solicitud de protección ante el Programa de Protección de Derechos
Humanos del Ministerio en mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de
Riesgos el que determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas.

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Sin embargo, y sumado a las nociones definidas por la Corte Constitucional, no
puede perderse de vista el deber correlativo de seguridad y protección de las
personas en cabeza de las autoridades, en cuyos fundamentos y limites ha
evolucionado la jurisprudencia del Consejo de Estado desde antes de 1991, puesto
que la Constitución anterior ya establecía la obligación de las autoridades de
proteger a las personas64.

Así, en una primera etapa se planteó la posibilidad de endilgar responsabilidad a las
autoridades por su abstención o inercia, aunque para establecer la falla del servicio
se exigió acreditar que la víctima había solicitado protección65; ante lo cual también
se consideró que el Estado no asume una obligación de resultado66.

Posteriormente se hizo exigible la intervención de las autoridades cuando el Estado
se encuentre en la posibilidad de proteger a la víctima, aunque ésta expresamente
no lo hubiera solicitado, pues ante un ambiente de zozobra, confusión, inestabilidad,
peligro o de la especial condición intuito personae de la víctima, las autoridades
debían estar en alerta continua y permanente y no actuar como sujetos pasivos que
demandan la petición de protección del miembro de la comunidad que la necesita67.
En precedentes más recientes, se sostuvo que la responsabilidad del Estado por
falta de protección exige “(…) previo requerimiento a la autoridad, pero en relación
con ese requerimiento no se exige ninguna formalidad, porque todo dependerá de
las circunstancias particulares del caso. Es más, ni siquiera se precisa de un
requerimiento previo cuando la situación de amenaza es conocida por dicha
autoridad”68; y seguidamente se incluyó el conocimiento de la Policía Nacional de
las amenazas derivadas de las “alteraciones de orden público debido a los actos de

64 Artículo 19, Constitución de 1886: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger

a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto
recíproco de los derechos naturales previniendo y castigando los delitos”. Reformado por el artículo
9° del Acto Legislativo N° 1 de 1936 y pasó a ser el artículo 16: “Las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y
bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
(…)”.
65 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 16 de julio de 1980. Rad.:10134.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 17 de febrero de 1983, Rad.: 5737.
67 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 12 de julio de 1988.
68 Consejo de Estado, Sentencia de 26 de enero de 2006.

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violencia” de grupos armados insurgentes69, pues lo que interesa es el elemento
cognitivo en cabeza de las fuerzas del Estado70.

Asimismo, recientemente la Corte Constitucional sostuvo que para evaluar en qué
circunstancias el Estado debe brindar medidas de protección especial habrá de
distinguirse entre el concepto de riesgo y el de amenaza, entendido el primero como
una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca y, el segundo,
como la existencia de hechos reales que implican la alteración del uso pacífico del
derecho atacado y hacen suponer que la vida o integridad de la persona corre
peligro71, Así, ante un nivel de amenaza extrema72 nace la obligación del Estado de
adoptar medidas específicas para salvaguardar el derecho fundamental a la
seguridad personal del individuo73, quien podrá exigir que las autoridades le brinden
protección especial.

69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2007.
70 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2010.
71 Corte Constitucional, sentencia T-339 de 2010.
72 La sentencia T-234 de 2012 estableció dicho parámetro en los siguientes términos: “1) Nivel de

riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal
se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: …y; b) riesgo ordinario… En
este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia
humana y a la vida en sociedad. / Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada
para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no
está siendo afectado, en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión, pero sí, en el mejor
de los casos, un riesgo de lesión. / 2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí,
implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la
integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño
conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido
al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso,
a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel
se divide en dos categorías: / a) amenaza ordinaria: (…). / b) amenaza extrema: una persona se
encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las
características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o
la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus
derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a
la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades. / Por lo tanto, en
el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado, sino
que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la lesión
consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal. De allí que, cuando
la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.”
73 Corte Constitucional, sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía

General de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la vida, a
la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de una persona, quien en
su condición de defensora de derechos humanos, víctima de violencia sexual, desplazamiento
forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no había sido destinataria de ningún tipo de medida
de protección, bajo la consideración de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza
ordinaria. Este tribunal amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades
accionadas que, conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la

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En síntesis, la seguridad personal configura un derecho de raigambre fundamental
correlativo al deber de las autoridades de salvaguardar y proteger dicho derecho,
no como una obligación de resultado, sino bajo el compromiso de “utilizar todos los
medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de
las personas sea una realidad, de manera que no puede conformarse con una
simple defensa formal de los mismos”74.

Igualmente, debe concluirse que el juicio de imputación de los daños antijurídicos
derivados de la omisión en el deber de seguridad y protección personal encuentra
su mayor desarrollo en la aplicación de los criterios de imputación por falla en el
servicio, aunque cabe advertir lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección en la
sentencia de unificación de 19 de abril de 2012, según la cual, al no existir
consagración constitucional de algún régimen de responsabilidad en especial,
corresponde al juez determinar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que
los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la
motivación de la sentencia75.

No obstante, frente al deber de seguridad y protección se reitera la atribución
jurídica por falla en la prestación del servicio en donde es determinante la omisión
de las autoridades públicas en el cumplimiento de las funciones que el ordenamiento
jurídico les impone, frente a lo cual la Corporación ha señalado que es necesario
cotejar el contenido obligacional que, en abstracto, las normas pertinentes fijan para

accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, por intermedio
de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección que necesitaba en su condición
de defensora de derechos humanos, las cuales debían ser dispensadas de manera inmediata e
ininterrumpida, mientras se definiera el esquema de seguridad que requería de acuerdo con su
situación.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad.:14443.
75 Expediente 21.515. “En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa

que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún
régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto,
la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den
sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a
la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar
la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal,
sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al
juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo
título de imputación. En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en
consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que
la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la
responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia.”.

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el órgano administrativo implicado, versus el grado de cumplimiento u observancia
del mismo por parte de la autoridad demandada en el caso concreto76, por supuesto,
cuando las personas: (i) han solicitado protección especial, con justificación en las
especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona77; (ii) no han
solicitado dicha protección pero es evidente que la necesitaba, en consideración a
que existían pruebas o indicios conocidos que permitían asegurar que se
encontraba amenazada o expuesta a sufrir graves riesgos contra su vida o sus
bienes78; o (iii) cuando las autoridades dejan a la población a merced de los grupos
de delincuencia, sin brindarles ninguna protección, teniendo conocimiento de que
los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados
al margen de la ley79.

7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 20 de junio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, la parte demandante afirmó, en primera medida, que
lo probado en el proceso permitió constatar que los daños derivados del
desplazamiento forzado eran imputables al Ejército Nacional, toda vez que ellos se
produjeron debido a la presencia de la fuerza pública en el predio “El Potrero –
Babilonia” y a las consecuentes amenazas de las que fueron objeto en tanto se les
catalogó de ser “ayudantes del Ejército”. Agregó, además, que asistía
responsabilidad a la institución castrense porque los “cilindros bomba” que causaron
los daños reclamados estaban dirigidos y pretendían afectar a la fuerza pública que
se encontraba en la zona.

En este sentido, y comoquiera únicamente la parte demandante presentó recurso
de apelación contra el fallo del proferido el 20 de junio de 2020 por el Tribunal

76 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad.: 27434; Sentencia

del 22 de abril de 2009, Rad.: 16192; Sentencia del 9 de junio de 2010, Rad.: 18375; Sentencia del
30 de enero de 2013, Rad.: 27040.
77 Consejo de Estado, Sentencia del 16 de julio de 1980, Rad 10134; Consejo de Estado, Sección

Tercera, Sentencia del 17 de febrero de 1983, Rad. 5737.
78 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 1997, Rad. 10958.
79 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio de 1998, Rad. 17004.

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Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32880 del Código General del Proceso, únicamente habrá lugar a resolverse los
cargos formulados contra la decisión recurrida.

Según lo expuesto, se analizará exclusivamente i) si la afectación de las
edificaciones construidas sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, así como la muerte
de unos semovientes y la destrucción de varios cultivos allí sembrados es imputable
al Ejército Nacional debido a que los artefactos que fueron detonados estaban
dirigidos contra los miembros de la fuerza pública que hacían presencia en la zona;
y ii) si los daños derivados del desplazamiento forzado del que fueron víctimas los
demandantes son imputables o no al Ejército Nacional.

No se analizarán los daños reclamados porque el tribunal los tuvo por acreditados
y, pese a ello, el Ejército Nacional no recurrió su causación, lo cual denota su
conformidad o satisfacción con lo decidido en la primera instancia. Asimismo,
porque ello no fue reparado por la parte recurrente y pronunciarse respecto de su
configuración podría hacer más gravosa la situación del apelante único,
contraviniendo así el principio de la non reformatio in pejus.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

Antes de señalar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
expediente, es menester poner de presente que a las fotografías aportadas por la

80 Artículo 328. “Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
(…)
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”.

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parte demandante81 se les dará el valor correspondiente, según criterio uniforme de
esta Sala82, conforme al artículo 244 del Código General del Proceso, esto es,
teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que fueron
tomadas, de manera que permitan dar certeza de los hechos que pretenden
acreditar. Sin embargo, dadas las condiciones en que el material fotográfico fue
arrimado al plenario, no ofrece certeza de la persona que los realizó ni tampoco de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se obtuvieron, pues carecen
de georreferenciación y de otros datos que indiquen el momento, lugar y tiempo en
que se realizaron y si corresponden al día y lugar que se expone en la demanda.

Así las cosas, debe precisarse que las fotografías que fueron allegados al proceso
por la parte demandante sólo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las
cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en fueron tomadas,
y al carecer de reconocimiento o ratificación83, no pueden ser cotejadas con otros
medios probatorios allegados y valorados en el presente proceso 84, por lo que no
podrán ser valoradas para resolver el presente asunto litigioso.

Por otra parte, es pertinente recordar que los recortes de prensa serán valorados
según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
la sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la
Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los
hechos85.

Ahora bien, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

81 Fl. 4 a 29, C.1.
82 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto

de 2014, Rad. 28.832
83 Al respecto, la sentencia: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, Exp. 27353”, señala que la fotografía puede ser
reconocida por el testigo y su autenticidad se puede lograr a través de la confesión de la parte
contraria o de testigos al instante en que ocurrieron los hechos que se pretenden acreditar.
84Ibídem.
85 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo

de 2012, Rad.: 11001031500020110137800

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7.1.1. Está probado que, el 14 de marzo de 2007, Adonai Pérez Prado adquirió
mediante compraventa la propiedad del inmueble “El Potrero – Babilonia”,
identificado con el folio de matrícula No. 266 – 2519 y ubicado en el municipio de
Convención (Norte de Santander). De esta información da cuenta el
correspondiente certificado de tradición expedido por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos del referido ente territorial86.

7.1.2. Se probó que, el 15 de enero de 2016, uniformados del Ejército Nacional que
se encontraban en operaciones en el municipio de Convención (Norte de Santander)
fueron informados sobre la presencia de dos “cilindros bomba” en el predio referido,
por lo que solicitaron apoyo especializado del grupo EXDE. De esta información da
cuenta copia auténtica del oficio del 30 de enero de 2016, suscrito por el
Comandante de la Brigada Móvil No. 23 del Ejército Nacional87.

7.1.3. Se demostró que el 15 de enero de 2016, el personal capacitado del Ejército
Nacional en explosivos hizo presencia en la zona referida y estando allí encontró
dos artefactos explosivos, por lo que procedió a detonarlos de “forma controlada y
con todas las medidas de seguridad, para evitar afectar la población civil”. De esta
información da cuenta copia auténtica del oficio del 30 de enero de 2016, suscrito
por el Comandante de la Brigada Móvil No. 23 del Ejército Nacional88.

7.1.4. Está probado que, el 29 de enero de 2016, Adonai Pérez Prado denunció ante
la Fiscalía General de la Nación que había sido víctima de amenazas por parte de
desconocidos. En sustento, afirmó que el 19 de enero de esa anualidad, dos
hombres la abordaron y le manifestaron que se “atuviera a las consecuencias por
apoyar al Ejército”. De esta información da cuenta copia auténtica del referido
memorial89.

7.1.5. Se acreditó que, en fecha indeterminada, Martin Emilio Quintero Sánchez,
Adonais Pérez Prado y, Andrés Felipe y Ana María Quintero Pérez fueron

86 Fl. 77 a 81, C.2.
87 Fl. 24 a 28, C.2.
88 Fl. 24 a 28, C.2.
89 Fl. 30, C.1.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

reconocidos como víctimas del conflicto armado por “acto terrorista / atentado /
combates / enfrentamientos / hostigamientos”, “amenazas”, “abandono o despojo
de tierra” y “desplazamiento forzado”. De esta información da cuenta el certificado
del 25 de octubre de 2016, expedido por la Directora de Registro y Gestión de la
Información de la Unidad Nacional para la atención y reparación integral a las
víctimas90.

7.1.6. Consta que, mediante Resolución No. 2016 – 37751 del 10 de febrero de
2016, expedida por el Director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad
Nacional para la atención y reparación integral a las víctimas se reconoció a Uber
Alonso Pérez Prado, Sandra Milena Pérez Prado y a sus grupos familiares, como
víctimas del conflicto armado por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado”.
De esta información da cuenta copia auténtica del referido acto administrativo91.

7.2. La imputación

En atención a los cargos formulados por el extremo activo en el recurso de apelación
por las razones atrás expuestas, es necesario determinar si i) la afectación de las
edificaciones construidas sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, la muerte de varios
semovientes y la destrucción de unos cultivos allí sembrados, así como ii) los daños
derivados del desplazamiento forzado alegado, cuya causación no fue discutida ni
reparada por la parte demandada, le son atribuibles a el Ejército Nacional.

Ahora bien, se observa que además de los medios de prueba obrantes en el
proceso, de los cuales ya se hizo recuento en el respectivo capítulo de hechos
probados, obra en el expediente el testimonio de Hilda González Rueda, vecina del
del sector, quien manifestó que el 15 de enero de 2016, escuchó la explosión de
unos “cilindros bomba” porque su predio colindaba con la finca “El Potrero –
Babilonia”. Refirió, además, que la detonación de los artefactos la realizaron
miembros de la fuerza pública porque “el Ejército subió hacia el lugar” en que estas
ocurrieron. También, indicó que en la zona había problemas de orden público debido

90 Fl. 32 a 35, C.1.
91 Fl. 44 a 54, C.1.

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

a la presencia de las FARC, ELN y EPL, y que, por ello, en la zona
permanentemente patrullaban tropas del Ejército Nacional. Además, advirtió que
“creía” que los cilindros eran para atentar contra la fuerza pública y que después de
ese hecho, otros explosivos han sido detonados en el sector vecino por uniformados
de la institución castrense. Finalmente, destacó que consideró que miembros de los
grupos subversivos amenazaron a los demandantes y que por tal motivo estos se
vieron forzados a abandonar el predio durante tres (3) meses.

Asimismo, se evidencia que Kelly Johana González, también vecina de la zona,
indicó que el 15 de enero de 2016, en la finca “El Potrero – Babilonia” fueron
detonados unos “cilindros bomba” que eran del ELN o del EPL. También, resaltó
que esa “zona era muy caliente” y que por ello el Ejército Nacional hacía presencia
en el sector. Además, manifestó que allí no podían saludar a los uniformados porque
“daba miedo” y que “allá no dejan entrar al Ejército”. Por último, resaltó que conoció
de amenazas en el pueblo y no específicamente frente a los demandantes.

Por otra parte, Edison Coronel Carrascal, extrabajador de Adonais Pérez Prado,
advirtió que para la época en que ocurrieron los hechos era quien administraba el
predio “El Potrero – Babilonia”. Refirió, además, que llegó a trabajar allí porque
durante el servicio militar que presentó en la Brigada 23 del Ejército Nacional
conoció a los demandantes. Indicó que en la zona había presencia de grupos
subversivos y que, el 15 de enero de 2016, durante sus labores cotidianas, escuchó
la explosión de unos cilindros. Finalmente, destacó que después de los hechos
renunció y se trasladó a un municipio del César porque “ya iba a tener miedo de
estar ahí”.

A partir de lo anterior, debe señalarse que como el testimonio del señor Coronel
Carrascal proviene de una persona que tuvo un vínculo laboral con los
demandantes, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 211 del Código General
del Proceso, esta declaración resulta sospechosa, por lo cual será valorada con la
especial severidad que se requiere. Al respecto, vale la pena reiterar que, conforme
lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no
pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con

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mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de
acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso92.

Ahora bien, se advierte que los testimonios vertidos por Hilda González Rueda, Kelly
Johana González y Edison Coronel Carrascal tienen valor probatorio, porque se
realizaron bajo la gravedad del juramento, se rindieron de conformidad con las
exigencias sustanciales previstas para el efecto, y no fueron desvirtuados por
ninguno de los extremos que integran la litis.

Con todo, pese a que como acaba de advertirse los testimonios mencionados gozan
de valor probatorio, lo cierto es que estos no permiten acreditar que el
desplazamiento forzado alegado por demandantes se debió a la presencia de la
fuerza pública en el predio “El Potrero – Babilonia”, así como tampoco que este
hecho se produjo porque uniformados del Ejército Nacional fueron quienes
detonaron los “cilindros bomba” en la referida finca. Igualmente, lo depuesto por los
testigos impide constatar que los artefactos estuvieran dirigidos u orientados a
atentar contra los uniformados del Ejército Nacional que se asentaron sobre el
predio de Adonai Pérez Prado.

Al efecto, debe señalarse que, pese a que los testimonios fueron coincidentes y
uniformes al señalar que el 15 de enero de 2015, uniformados del Ejército Nacional
que se encontraban en operaciones en el municipio de Convención (Norte de
Santander) detonaron unos “cilindros bomba”, lo cierto es que ello no es suficiente
para tener por acreditado que dichos artefactos fueron instalados en el predio “El
Potrero – Babilonia” para atentar directamente contra la fuerza pública, siendo así
plausible la tesis de que estos fueron instalados contra otro de los grupos
subversivos que hacían presencia en la zona, máxime, teniendo en cuenta que,
como igualmente se narró en las referidas declaraciones, era un sector en el que
también se encontraban las FARC y el EPL.

Por su parte, se evidencia que lo depuesto por los testigos tampoco permite
demostrar, con grado de certeza, que el desplazamiento alegado se debió a la

92 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2011, Rad. 20.262

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presencia de la fuerza pública en la zona o la detonación de los “cilindros bomba”
en el predio “El Potrero – Babilonia”, ni a las amenazas que aducen haber sufrido
los demandantes por parte de miembros del ELN, pues, aunque pudo constatarse
que en la zona sí había presencia de grupos beligerantes, lo cierto es que no se
acreditó con precisión las circunstanciales temporales y modales en que dicho
hecho victimizante ocurrió.

Así las cosas, los anteriores testimonios no permiten acreditar, con grado de
certeza, que los “cilindros bomba” estaban dirigidos y pretendían afectar a la fuerza
pública que se encontraba en la zona, así como tampoco que el desplazamiento
reclamado se haya debido a la presencia de la fuerza pública en el sector.

Pues bien, una vez valorados íntegramente los medios de prueba decretados y
practicados en el proceso, se observa que el 14 de marzo de 2007, Adonai Pérez
Prado adquirió mediante compraventa la propiedad del inmueble “El Potrero –
Babilonia”, identificado con el folio de matrícula No. 266 – 2519 y ubicado en el
municipio de Convención (Norte de Santander) (hecho probado 7.1.1.).

Asimismo, que el 15 de enero de 2016, uniformados del Ejército Nacional que se
encontraban en operaciones en el municipio de Convención (Norte de Santander)
fueron informados sobre la presencia de dos “cilindros bomba” en el predio “El
Potrero – Babilonia”, por lo que solicitaron apoyo especializado del grupo EXDE
(hecho probado 7.1.2.). Además, que instantes después, el personal capacitado del
Ejército Nacional en explosivos hizo presencia en la zona referida y estando allí
encontró dos artefactos explosivos, por lo que procedió a detonarlos de “forma
controlada y con todas las medidas de seguridad, para evitar afectar la población
civil” (hecho probado 7.1.3.).

Adicionalmente, que el 29 de enero de 2016, Adonai Pérez Prado denunció ante la
Fiscalía General de la Nación que había sido víctima de amenazas por parte de
desconocidos (hecho probado 7.1.4.) y, posteriormente, que en fecha
indeterminada, Martin Emilio Quintero Sánchez, Adonais Pérez Prado y, Andrés
Felipe y Ana María Quintero Pérez fueron reconocidos como víctimas del conflicto

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armado por “acto terrorista / atentado / combates / enfrentamientos /
hostigamientos”, “amenazas”, “abandono o despojo de tierra” y “desplazamiento
forzado” (hecho probado 7.1.5.).

Por último, consta que mediante Resolución No. 2016 - 37751 del 10 de febrero de
2016, expedida por el director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad
Nacional para la atención y reparación integral a las víctimas se reconoció a Uber
Alonso Pérez Prado, Sandra Milena Pérez Prado y a sus grupos familiares, como
víctimas del conflicto armado por el hecho victimizante de “desplazamiento forzado”
(hecho probado 7.1.6.).

Bajo el anterior contexto, se advierte que en los reparos formulados en el recurso
de apelación se atribuye la responsabilidad al Estado por dos hipótesis divergentes,
por lo cual, para mayor claridad del proyecto, se analizará cada una de ellas de
forma independiente.

7.2.1. Respecto a la imputación consistente en que los “cilindros bomba” que
causaron los daños reclamados estaban dirigidos y pretendían afectar a la fuerza
pública que se encontraba en la zona.

Pues bien, la parte demandante afirmó en el recurso de apelación presentado contra
la sentencia del 20 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que asistía responsabilidad al Ejército Nacional porque los “cilindros
bomba” que causaron los daños reclamados estaban dirigidos y pretendían afectar
a la fuerza pública que se encontraba en la zona. Sobre este punto, textualmente
se señaló:

“[…] el objetivo de las fuerzas ilegales fue la finca en la cual el Ejército se asentó como
sitio estratégico, de donde puede deducirse que si en una casa, latifundio o
establecimiento se afincan personas que representan a entes del Estado puede
estimarse que están prestando ayuda o servicio a estos. No se discute que la labor
militar es legítima, pero creadora de circunstancias riesgosas lejanas de ser
imprevisibles como una emboscada a la instalación de bombas en jurisdicción de la
finca. No se pone un cilindro bomba porque sí, porque la intención era causar el mayor
destrozo posible, con esto queda claro que los insurgentes sabían a quien iban a
atacar y sabias cuales eran las motivaciones al respecto. Adicionalmente, en una
zona álgida y peligrosa, la presencia del Estado aun cuando su intención sea

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

contrarrestar el accionar ilegal es generadora de riesgos, los cuales se maximizaron
por ubicarse en un bien o sitio habitado con destinación agropecuaria”.

Según lo expuesto, se advierte que, diferente a lo considerado por el extremo activo,
ninguna de las pruebas obrantes en el plenario permitió acreditar, con grado de
certeza, que los “cilindros bomba” que fueron instalados por el ELN en el predio “El
Potrero – Babilonia” y posteriormente detonados por el Ejército Nacional, tuvieran
como objetivo atentar contra la fuerza pública. Por el contrario, lo probado en el
proceso permitió establecer que en la vereda Miraflores del municipio de
Convención (Norte de Santander), donde se encontraba ubicada la finca de los
demandantes, había presencia de diferentes actores armados, por lo cual también
podría ser válida la hipótesis de que estos fueron instalados por alguno de los otros
grupos subversivos con el propósito de tener el control territorial de ese sector.

Es más, de lo probado en el proceso lo único que está demostrado con grado de
certeza, es que el 15 de enero de 2016 uniformados del Ejército Nacional fueron
informados sobre la presencia de unos artefactos explosivos improvisados en el
predio de la demandante y por ello, miembros del grupo EXDE, en tanto personal
calificado, atendió la situación adoptando las medidas que estaban a su alcance
para preservar el orden público y, garantizar la vida e integridad personal de sus
moradores.

Así, del escaso recaudo probatorio no puede dilucidarse si, en efecto, como lo
afirman los recurrentes, los artefactos explosivos improvisados instalados por el
ELN tuvieron como propósito afectar o atentar contra la fuerza pública pues los
medios de prueba obrantes en el expediente no lo tuvieron por acreditado y, debe
reiterarse que la sola referencia de estos hechos por el extremo activo no resulta
suficiente para tenerlo por probado, en tanto no puede la propia parte que alega un
hecho acreditarlo con su propio dicho93. Asimismo, resulta del caso advertir que
ninguna de las pruebas decretadas y practicadas en el presente asunto, permitió
acreditar, con grado de certeza, que miembros del Ejército Nacional “asentaran” en
la finca de los demandantes, así como tampoco una conexión entre la instalación

93 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 17 de junio de 2024, Rad.: 68394.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
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de los artefactos explosivos improvisados y su supuesta presencia, frente a lo cual
pudiera preverse que los grupos subversivos, con antelación a la ocurrencia de los
hechos, habían tenido alguna intención de perpetrar un ataque en contra de los
integrantes de la fuerza pública que patrullaban por la zona.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, donde los elementos estructurales
de la obligación resarcitoria requieren de prueba, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de los elementos
estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, no es posible su declaración.

En el caso en ciernes, es evidente el desinterés de la parte demandante para probar
los supuestos fácticos alegados pues, más allá de las afirmaciones contenidas en
el recurso de apelación, no hay otro medio de prueba que permita, siquiera inferir,
que los artefactos explosivos improvisados que fueron detonados de forma
controlada por uniformados del Ejército Nacional y que produjeron la afectación de
las edificaciones construidas sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, la muerte de
unos semovientes y la destrucción de varios cultivos allí sembrados, fueron
instalados por subversivos del ELN para atentar contra los miembros de la fuerza
pública que se encontraban en labores de operación en el municipio de Convención
(Norte de Santander).

Finalmente, debe reiterarse que la sola presencia de la fuerza pública no puede
constituirse de facto en una fuente generadora de riesgo para la sociedad, porque
es presupuesto material de lo dispuesto en la Carta Política, en tanto el artículo 2°
señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes; y, por lo tanto, ello
es razón suficiente para concluir que los daños causados a terceros por actos
terroristas dirigidos contra miembros de la fuerza pública, no les pueden ser

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

atribuibles. Dicho de otra manera, la presencia legítima y constitucional de la fuerza
pública para la consecución de los fines del Estado Social de Derecho no puede
concebirse como una fuente creadora de riesgos, pues, precisamente, es una
facultad constitucional y un rasgo esencial del poder público, tal como la Sala lo
señaló en un asunto similar94.

Al respecto, debe precisarse que la presencia transitoria y legítima del Ejército
Nacional en un predio con el propósito de garantizar el orden constitucional del
Estado y preservar el orden público a través de operaciones de control territorial,
seguridad y defensa, no puede considerarse como lo afirmó la parte recurrente una
circunstancia “creadora de situaciones riesgosas” o “generadoras de riesgos” ni
implica que se trate de “sitio estratégico, de donde puede deducirse que si en una
casa, latifundio o establecimiento se afincan personas que representan a entes del
Estado puede estimarse que están prestando ayuda o servicio a estos”, sino que,
por el contrario, dicha prerrogativa es un presupuesto material de la Constitución
Política y un rasgo esencial del poder público.

En suma, se advierte que, conforme acaba de exponerse, las pruebas que reposan
en el expediente no permiten acreditar que los daños derivados de la detonación de
los “cilindros bomba” sean imputables al Ejército Nacional, por lo cual respecto de
esta primera hipótesis se confirmará el sentido de la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.

7.2.2. Frente a la atribución consistente en que el desplazamiento forzado se debió
a la presencia de la fuerza pública y a las amenazas por “apoyar al Ejército”.

El extremo activo afirmó en el recurso de apelación que lo probado en el proceso
permitió constatar que los daños derivados del desplazamiento forzado eran
imputables al Ejército Nacional, toda vez que ellos se produjeron debido a la
presencia de la fuerza pública en el predio “El Potrero – Babilonia” y a las amenazas
de las que fueron objeto en tanto se les catalogó de “ayudantes del Ejército”.

94Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 19 de abril de 2023, exp. 65546.

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En virtud de lo expuesto, se advierte que, distinto a lo afirmado por los demandantes
en el recurso de la apelación, no hay ningún medio probatorio que permita acreditar
que el desplazamiento se produjo por la presencia de la fuerza pública en la zona,
ni tampoco a las amenazas que, según aquellos, sufrieron porque se les catalogó
de “ayudantes del Ejército”.

Al efecto, debe señalarse que pese a que las pruebas permitieron constatar que
Adonai Pérez Prado radicó una denuncia penal a través de la cual puso en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que había sido víctima de
amenazas por unos desconocidos quienes le “afirmaron que se atuviera a las
consecuencias por apoyar al Ejército” (hecho probado 7.1.4.), ello no supone, de
facto, que el hecho victimizante respecto del cual se pretende la indemnización de
perjuicios se haya debido a la presencia legítima de la fuerza pública en la zona y
ni a la supuestos amenazas por “apoyar al Ejército”. No puede perderse de vista
que la denuncia penal en tanto un acto procesal de carácter informativo se limita a
poner en conocimiento de la autoridad encargada de investigar la perpetración de
una conducta presuntamente criminal, pero ella, por sí sola, no constituye el
fundamento de la “imputación, ni el grado de participación, o de la ejecución de un
hecho”, careciendo en si misma de valor probatorio95.

Por otra parte, aunque se advierte que los demandantes fueron reconocidos como
víctimas del conflicto armado y, específicamente, por el hecho victimizante de
“desplazamiento forzado” (hechos probados 7.1.5. y 7.1.6.), ello no es suficiente
para tener por acreditado que el mismo se debió a la presencia de la fuerza pública
en el sector ni tampoco a las amenazas que según estos sufrieron porque se les
catalogó de “ayudantes del Ejército”. Dichas afirmaciones tampoco pudieron
verificarse o cotejarse con las declaraciones vertidas por los testigos, toda vez que
estos no fueron uniformes ni coincidentes respecto de las circunstancias
temporales, modales y especiales que motivaron esos hechos, y debe recordarse
que la sola referencia de ellos por extremo activo no resulta suficiente para tenerlos
por probadas, en tanto, se reitera, no puede la propia parte que alega un hecho

95 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 1º de marzo de 2018, Rad.

STP3038-2018 No. 96859

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Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

acreditarlo con su propio dicho96.

En todo caso, debe insistirse en que la presencia de la fuerza pública no puede
constituirse per se en una fuente generadora de riesgo para la sociedad, porque,
como se advirtió anteriormente, dicha prerrogativa es un presupuesto material de la
Constitución Política y un rasgo esencial del poder público.

Finalmente y, en gracia de discusión, tampoco se evidencia que los daños derivados
del desplazamiento alegado resulten imputables al Ejército Nacional a título de falla
del servicio por omisión a los deberes de seguridad y protección, pues debe
reiterarse que para que el hecho lesivo sea imputable al Estado en dichas hipótesis,
no basta la acreditación de una amenaza cierta y real en contra de la víctima, sino
que deben confluir el elemento cognitivo de dicha amenaza por parte de la autoridad
pública accionada, ya sea por solicitud expresa de protección o por conocimiento
de la situación de peligro, y la configuración de una omisión en el cumplimiento de
las funciones que el ordenamiento jurídico le impone a la entidad pública, verificada
mediante el cotejo de tal contenido obligacional frente al grado de cumplimiento u
observancia del mismo por parte de dicha entidad, y el vínculo causal entre la
omisión y el hecho dañoso, lo cual en el presente caso no ocurrió o, por lo menos,
no se acreditó.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del
Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, donde los elementos estructurales
de la obligación resarcitoria requieren de prueba, cuya omisión por la demandante,
a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de los elementos
estructurales de la responsabilidad, sin la cual, en los términos del artículo 90 de la
Constitución Política, no es posible su declaración.

96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.

Sentencia del 17 de junio de 2024, Rad.: 68394.

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En definitiva, se evidencia que lo probado en el proceso tampoco permitió acreditar
que los daños derivados del desplazamiento forzado resulten atribuibles al Ejército
Nacional, lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

En virtud de lo anterior, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la
sentencia del 20 de junio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones, no sin antes adicionar un numeral que
disponga declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Martín Emilio
Quintero Sánchez, Andrés Felipe Quintero Pérez, Ana María Quintero Pérez,
Walber Antonio Quintero Pinzón, Sandra Milena Pérez Prado, Mariana Alexandra
Quintero Pérez, Uber Alonso Pérez, Sebastián Pérez Muñoz, María Camila Pérez
Muñoz, Ayanibe Pérez Prado, Fredy Baena Pérez y Luz Marina Pérez Prado
respecto de la pretensión indemnizatoria por la afectación de las edificaciones
construidas sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de unos
semovientes y la destrucción de varios cultivos allí sembrados, habida cuenta las
razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

9. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del

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inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.

En relación con las agencias en derecho97 en segunda instancia, se entienden
causadas debido a la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación
desplegada por la parte vencedora98. A su turno, el Acuerdo 10554 de 201699
proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina
que, en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse
entre 1 a 6 SMLMV100.

En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandante en segunda
instancia comprendió la presentación de memoriales101, lo cual denota un
comportamiento activo en el trámite procesal, habrá lugar al pago de las agencias
en derecho a cargo del extremo activo y a favor de la entidad demandanda, las
cuales se fijan en la suma equivalente a 1 SMLMV.

97 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
98 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
99 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
100 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.

En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda
se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo
pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la naturaleza del asunto. En
aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
101 Memorial de “alegatos de conclusión”. Índice No. 9, SAMAI – Consejo de Estado.

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Radicado: 25000233600020180020601 (68205)
Demandante: Adonais Pérez Prado y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 20 de junio de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Martín
Emilio Quintero Sánchez, Andrés Felipe Quintero Pérez, Ana María Quintero Pérez,
Walber Antonio Quintero Pinzón, Sandra Milena Pérez Prado, Mariana Alexandra
Quintero Pérez, Uber Alonso Pérez, Sebastián Pérez Muñoz, María Camila Pérez
Muñoz, Ayanibe Pérez Prado, Fredy Baena Pérez y Luz Marina Pérez Prado respecto
de la pretensión indemnizatoria por la afectación de las edificaciones construidas
sobre el pedio “El Potrero – Babilonia”, así como por la muerte de unos semovientes
y la destrucción de varios cultivos allí sembrados, habida cuenta las razones
expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda

TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: FIJAR en el presente proceso, como agencias en derecho por la segunda
instancia, la suma equivalente a 1 SMLMV, a cargo de la parte demandante y a favor
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional”.

SEGUNDO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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