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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00310-01

Fecha
9 de diciembre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00310-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia, la cual quedará así: 1º DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Agencia Nacional de Minería-ANM, de conformidad con lo expuesto 35 Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648) Demandante: Emma Alzate Hernández Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho en la presente providencia. 2º NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en las instancias. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00310-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

9 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Número interno: 65648
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otro
Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

ASUNTOS MINEROS-El Código de Minas, Ley 685 de 2001, distribuye las competencias para conocer de
controversias mineras en las diferentes autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia del medio de control contra actos generales,
conforme al inciso segundo art. 138 del CPACA. CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA-Es el principal
instrumento que utiliza el Estado para encauzar la iniciativa privada en la actividad minera y regula los derechos,
deberes, facultades y obligaciones emanados del desarrollo de dicha actividad. INTERÉS GENERAL-Por ser
prevalente, permite las autoridades restringir la actividad minera en áreas de importancia ambiental. ZONAS
EXCLUIDAS DE MINERÍA-El Código de Minas –artículo 34– establece que para que puedan excluirse o
restringirse trabajos y obras de exploración y explotación mineras en las zonas de protección y desarrollo de los
recursos naturales renovables o del ambiente, el acto que las declare deberá estar expresamente motivado.
SABANA DE BOGOTÁ-Sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos son
de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal –art. 61 de la Ley 99
de 1993–.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir los recursos de apelación, interpuestos por la
parte demandada –Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Agencia
Nacional de Minería–, contra la sentencia del 25 de septiembre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección Tercera, Subsección B,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I.SÍNTESIS DEL CASO

Emma Alzate Hernández presentó demanda contra el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible para que se declare la nulidad de una parte del artículo 5 de
la Resolución 2001 de 2016, por la cual se determinaron las zonas compatibles con
las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá y se adoptaron otras
determinaciones. Lo anterior, porque se afirmó que el acto acusado se expidió con
falsa motivación e infracción de las normas superiores en las que debía fundarse. A
título de restablecimiento del derecho, se pidió reparar el daño causado por la
supuesta imposibilidad de desarrollar un proyecto minero en los términos y
condiciones pactadas en el contrato de concesión minera No. EEU-082, suscrito
entre INGEOMINAS (hoy, Agencia Nacional de Minería-ANM) y la demandante.

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

II. ANTECEDENTES

La demanda

El 29 de junio de 20171, Emma Alzate Hernández, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas
(transcripción literal, incluso los errores):

2.1 Que se declare la nulidad parcial de la resolución No. 2001 de diciembre 2 de
2016 expedida por el MADS, publicada en el Diario Oficial 50.079 del 6 de
diciembre de 2016 “por la cual se determinan las zonas compatibles con las
explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, y se adoptan otras
determinaciones” y, específicamente su artículo 5, polígono No. 12, cuya
descripción, según el acto administrativo en cuestión, es: “Se ubica al
suroriente de Cogua, comprende un área de 1.039.9 Hectáreas.

2.2 Que como consecuencia de lo anterior se restablezca el derecho de la
demandante y se condene a la demandada Nación-Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a pagar a la demandante las sumas de dinero,
actualizadas a la fecha de la sentencia y acreditadas dentro del proceso, que
la demandante hubiese dejado de percibir con ocasión de quedar impedida, en
razón de la norma demandada, para el desarrollo de su proyecto minero en las
condiciones y términos pactados con la autoridad minera en el Contrato de
Concesión Minera No. EEU-082, celebrado con el Instituto Colombiano de
Geología y Minería -INGEOMINAS-, hoy Agencia Nacional de Minería -ANM-.

2.3 Que se condene en costas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Hechos

Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:

El 2 de diciembre de 2016, la Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
[MADS] profirió la Resolución No. 2001, por la cual se determinaron las zonas
compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, y se adoptaron
otras determinaciones. El artículo 5 estableció dichas zonas y, en particular, el
polígono 12, que se ubica al suroriente del municipio de Cogua–Cundinamarca, el
cual comprende un área de 1093,9 hectáreas, delimitado por coordenadas.

Sin embargo, se indica que en el área fijada del polígono 12, el MADS eliminó por
completo las áreas compatibles con el contrato de concesión minera No. EEU-082

1 Folios 1 a 21 del cuaderno 1 del Tribunal.

2

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

que tiene como titular a la demandante, pero en la zona compatible se encuentran
(transcripción literal) «varios títulos mineros de iguales o muy similares
características ambientales y mineras al EEU-082 lo que acentúa la odiosa
discriminación y por lo tanto el daño causado a la titular».

Menciona que el artículo 8 de la Resolución No. 2001 de 2016 dispuso que, sobre
las zonas no compatibles, i) no se podían otorgar nuevos títulos mineros, ii) las
actividades mineras existentes debían ser sometidas a Planes de Manejo,
Recuperación y Restauración Ambiental-PMRRA y iii) «quienes posean un título
minero pero no cuenten con licenciamiento ambiental deberán ser objeto de cierre
definitivo, si están explotando (caso de la demandante), o de decisión por parte de
la autoridad minera acerca del futuro de su título minero si no tienen trabajos
actuales».

Lo anterior implicaba «dar por terminado definitivamente su proyecto minero EEU-
082», el cual fue suscrito el 23 de julio de 2004 e inscrito en el Registro Minero
Nacional el 14 de octubre de 2005, cuyo plazo de ejecución se pactó en 30 años,
en los cuales se desarrollarían unas actividades, así (transcripción literal): «i) tres
años para las labores de exploración, ii) tres años para las actividades de
construcción y montaje, y iii) 24 años para la fase de la explotación propiamente
dicha, término susceptible de prórroga por un período igual para cuya operatividad
se suscribe el acta correspondiente».

Además, se aduce que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial municipal de
Cogua (PBOT), la zona del contrato de concesión No. EEU-082 está habilitada para
las labores de extracción de materiales de construcción debido a que el uso del
suelo lo permite, según lo dispone el Acuerdo Municipal No. 022 de 2000,
actualizado por el Acuerdo No. 014 de 2011, lo que significa que desde la
perspectiva de las autoridades municipales el proyecto minero es completamente
viable. Incluso, la normativa anterior al acto acusado, esto es, la Resolución No.
1197 de 2004, expedida por el MADS, permitió que, casos como el del contrato No.
EEU-082, pudieran continuar sus trabajos mineros conforme al instrumento
ambiental denominado Plan de Manejo, Recuperación y Restauración Ambiental
(PMRRA), es decir, una herramienta de control y seguimiento por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca–CAR, con la condición de que
mientras el PMRRA no se encuentre definitivamente aprobado, no habría lugar a
actividad minera alguna.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Con base en lo anterior, señaló como concepto de violación que la parte del acto
acusado incurrió en una «falta de motivación», debido a que se excluye –sin ningún
fundamento– la zona del contrato de concesión No. EEU-082, desconociendo la
normativa aplicable a la Sabana de Bogotá –artículos 61 de la Ley 99 de 1993 y 34
de la Ley 685 de 2001–, según la cual la adopción de zonas mineras debe
soportarse en estudios técnicos, ambientales y sociales, pero para este caso dichos
estudios no incluyeron el carácter social, lo que implicaba «medir los impactos socio-
económicos que genera el hecho de eliminar la minería de algunos espacios del
territorio nacional, por una parte, y por la otra, verificar el impacto medioambiental
en la comunidad». Además, no se tuvo en cuenta que el uso del suelo que tiene el
área del contrato permite la actividad minera, ya que el Municipio de Cogua así lo
determinó en su plan de ordenamiento territorial.

Asimismo, se afectó: i) el «principio de igualdad», debido a que el acto acusado
incluyó títulos mineros con iguales características a las del contrato No. EEU-082, y
ii) el de seguridad jurídica, ya que se afirma que, al obtener un contrato minero,
existe un reconocimiento estatal que debe ser respetado al brindar «las garantías
necesarias a fin de que las distintas etapas de la actividad minera se cumplan sin
altibajos, sin sorpresas que atenten contra la misión del minero», pero las
motivaciones de la autoridad demandada no aplican a la realidad, ya que carecen
del rigor científico suficiente, por lo que «el código de la materia debe imponerse por
sobre cualquier otra consideración y el contrato minero debe continuar sin reparo
alguno».

Contestaciones de la demanda

La Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [MADS], en
memorial del 6 de agosto de 20182, se opuso a las pretensiones de la demanda,
porque la resolución acusada fue expedida en estricto cumplimiento de las
disposiciones legales; así como con el propósito de garantizar la prevalencia de los
intereses comunes y generales frente a derechos subjetivos de particulares, por lo
que no se configura alguno de los vicios alegados, en la medida en que la normativa
de carácter especial de la Sabana de Bogotá prevé que esta área es un ecosistema
de interés nacional, cuya vocación prioritaria es agropecuaria y forestal. Por ello, al
definir las zonas compatibles para actividades mineras se cumple con dicho
mandato.

2 Folios 130 a 137 del cuaderno 1 del Tribunal.

4

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Expresó que el supuesto desconocimiento de la facultad de las autoridades
municipales para regular el uso del suelo encuentra límites en la competencia
privativa establecida en la Ley 99 de 1993 –artículo 61–, por lo que «en ningún
momento podrán extralimitarse en sus funciones estableciendo zonas compatibles
con minería teniendo en cuenta que esta competencia es exclusiva para este ente
Ministerial», en concordancia con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-534 de 1996, que analizó la constitucionalidad de dicho artículo. De
modo que corresponde a los entes territoriales, «modificar o hacer los respectivos
ajustes a su plan de ordenamiento territorial, con el fin de tener en cuenta la
determinate (sic) ambiental de que trata el artículo 61 de la Ley 99 de 1993».

La Agencia Nacional de Minería–ANM3, en escrito del 18 de diciembre de 20184,
contestó la demanda y señaló que, en el desarrollo de actividades de explotación
de minerales, tal como ocurre en el contrato de concesión No. EEU-082, se requiere
contar con la respectiva licencia ambiental.

Por su parte, el Código de Minas –Ley 685 de 2001– estableció la restricción en la
ejecución de los contratos mineros perfeccionados en ciertas zonas o a la necesidad
de contar con determinados permisos o bajo ciertas restricciones, por razones de
orden ambiental o por intereses que corresponde al Estado conciliar o proteger, aún
ante la autorización previa de la concesión. Por ello, dicha normativa prescribe la
posibilidad de que normas posteriores determinen zonas de exclusión de la
actividad minera, dada la especial protección a los recursos naturales y al ambiente
por parte del Estado, tal como lo prevén los artículos 34 y 35 de dicha ley, bajo las
consideraciones realizadas por Corte Constitucional en la sentencia C-339 de 2002.

Sentencia de primera instancia

El 25 de septiembre de 20195, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección

3 Mediante auto del 11 de septiembre de 2018, el Tribunal vinculó a la ANM, en calidad de litisconsorte necesario

(visible a folios 149 a 152 del cuaderno 1 del Tribunal). Decisión que fue recurrida por la ANM en memorial del
24 de septiembre de 2018 (folios 166 a 169, ibidem) y confirmada en providencia del 8 de octubre de 2018
(folios 179 a 181, ibidem). Por auto del 29 de octubre de 2018, se corrió traslado de la demanda a la ANM (folio
191, ibidem).
4 Folios 197A a 205 del cuaderno 2 del Tribunal.
5
Folios 361 a 372 del cuaderno del Consejo de Estado. Decisión que se notificó a las partes por mensaje de
datos del 26 de septiembre de 2019 (folios 373 a 377, ibidem). El término para interponer el recurso de apelación
corrió inicialmente entre el 27 de septiembre al 10 de octubre de 2019; sin embargo, se advierte que hubo cese
de actividades por paro judicial los días 2 y 3 de octubre de esa anualidad, por lo que, en atención al inciso final
del artículo 118 del CGP, esos días no se tiene en cuenta en la contabilización del mencionado término, el cual
se extendió hasta el 15 de octubre de 2019.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Tercera, Subsección B, declaró la nulidad parcial de la Resolución No. 2001 de
2016, en particular el polígono No. 12 del artículo 5, y, como consecuencia, a título
de restablecimiento del derecho, ordenó al «Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible que, con audiencia de la autoridad minera en virtud del postulado de
colaboración que establece la Ley 685 de 2001, determine de nuevo la zona
compatible con las actividades mineras del polígono No. 12, la zona donde se
encuentra delimitado el título minero EEU-082 de la demandante».

Como sustento de esa disposición, estimó que, al proferir el acto acusado, la entidad
se relevó del estudio social y la determinación del uso del suelo definido por las
autoridades locales, ya que no fue expuesto o considerado en el acto, prueba de
ello es que se excluyó el titulo minero de la demandante en el polígono No. 12 de
zonas compatibles con la minería, pero el Plan de Ordenamiento Territorial autoriza
el uso del suelo para explotación minera.

Además, encontró vulnerado el principio de igualdad, debido a que con el dictamen
pericial se acreditó que se había dado un trato diferente a la determinación del
polígono No. 12 de la Resolución No. 2001, ya que (transcripción literal):

[S]us terrenos o zonas presentan las mismas características que las del título
minero en cuestión, sin que las entidades hayan logrado acreditar que la zona de
dicho título debía ser excluida por ser de conservación ambiental y dicha prueba
resulta claro con el dictamen pericial que en efecto a la demandante se le dio un
trato diferente a quienes están dentro del polígono 12 y sus terrenos o zonas
presentan las mismas características que las del título minero en cuestión, sin que
las entidades hayan logrado acreditar que la zona de dicho título debía ser excluida
por ser de conservación ambiental y dicha prueba.

En lo que respecta al supuesto desconocimiento del principio de seguridad jurídica,
indicó que la Ley 685 de 2001 establece el marco legal de explotación minera y
regula lo atinente al contrato de concesión minera, pero a pesar de que el acto
acusado afectó el derecho de la parte demandante, el contrato aún está vigente y
dicho título se mantiene incólume hasta la fecha.

Recursos de apelación

La ANM presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el 11 de octubre
de 20196, con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia y se

6 Folios 378 a 382 del cuaderno del Consejo de Estado.

6

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

negaran las pretensiones de la demanda.

Reprochó el análisis sobre la supuesta vulneración al principio de igualdad, porque
no se tuvo en consideración que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró la
Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y
sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación
prioritaria será la agropecuaria y forestal. Este mandato se desarrolló por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo, al establecer zonas de la Sabana de Bogotá
compatibles con la actividad de explotación minera y otras incompatibles. Además,
el artículo 6 de la Resolución No. 2001 de 2016, modificado por el artículo 8 de la
Resolución No.1499 de 2018, estableció que el titular minero puede solicitar, a
través de la entidad ambiental competente, la precisión cartográfica para la inclusión
del título minero en el polígono No. 12 de la zona compatible.

Por ello, insistió en que no se configuran los vicios de nulidad alegados por la
demandante, ni los motivos falsos por parte de la autoridad ambiental en la
expedición del acto acusado. Incluso, dicha delimitación de zonas compatibles con
la minería en la Sabana de Bogotá se realizó en cumplimiento de la orden impartida
en la sentencia del 28 de marzo de 2014 de la Sección Primera del Consejo de
Estado, proferida dentro de la acción popular No. 2001-90479 [caso río Bogotá].

A su vez, en memorial del 15 de octubre de 20197, el MADS radicó recurso de
apelación solicitando que se revocara la sentencia de primera instancia. Como
fundamento arguyó que el objetivo del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 no fue
determinar zonas compatibles con la minería, sino declarar un ecosistema de
importancia ecológica nacional y determinar una vocación prioritaria agropecuaria y
forestal para esa área, de manera que la minería es una actividad excepcional y
sujeta a estudios ambientales y de compatibilidad con el principal uso de la Sabana
de Bogotá.

Por ello, las zonas determinadas en la resolución acusada fueron producto de un
estudio técnico–científico para valorar las tensiones entre conservación y desarrollo
sostenible. Esta circunstancia la pasó por alto el juez de primera instancia, que
valoró inadecuadamente las pruebas, pues se limitó a hacer un análisis netamente
físico sin tener en cuenta las condiciones y presupuestos fácticos de delimitación de

7 Folios 385 a 398 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

los polígonos. Tampoco reparó en la normativa aplicable al caso.

Resaltó que el contrato de concesión minera No. EEU-082 nunca había estado en
una zona compatible con la actividad minera, conforme a las Resoluciones Nos. 222
de 1994 y 1197 de 2004 expedidas por MADS, por lo que el Municipio de Cogua no
acató lo establecido en el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, debido a que en su Plan
de Ordenamiento Territorial habilitó nuevas áreas compatibles para la explotación
minera en la Sabana de Bogotá, con abierta trasgresión del mandato según el cual
la delimitación de las zonas compatibles con la actividad minera debe tener como
fuente una norma de superior jerarquía –Resolución 2001 de 2016 proferida por el
MADS–. Por demás, el ordenamiento ambiental del territorio no puede ser
modificada al arbitrio de las entidades territoriales.

Junto con la impugnación, el MADS aportó la memoria justificativa de la Resolución
2001 de 2016 y unas actas de la audiencia de verificación de cumplimiento de la
orden 4.26 de la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el Consejo de
Estado, dentro de la acción popular Rad. No. 25000-23-27-000-2001-90479-01, en
la que ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la delimitación
geográfica de unas zonas excluidas de minería y el auto del 1 de octubre de 2018
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación con un incidente de
desacato de la referida providencia del Consejo de Estado.

Trámite de segunda instancia

El 16 de octubre de 20198, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió los
recursos de apelación. Decisión que fue corregida por auto del 16 de enero de
20209. En providencia del 3 de abril de 2020, el Despacho admitió los recursos de
apelación interpuestos10.

El 23 de abril de 2021, se negó tener como prueba, en segunda instancia, los
documentos aportados por el MADS con su recurso de apelación11. Decisión contra
la que no se interpuso recurso alguno.

El 20 de agosto de 2021, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y

8 Folios 415 y 416 del cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folios 432 y 433, ibidem.
10 Cfr. SAMAI, índice 3. Decisión que se notificó por estado del 1 de septiembre de 2020 (visible a índice 4).
11 Cfr. SAMAI, índice 7. Decisión que se notificó por estado del 27 de mayo de 2021 (visible a índice 8).

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto 12. En
esa oportunidad, la parte demandante y el MADS guardaron silencio.

Por su parte, en escrito del 4 de octubre de 202113, la ANM reiteró los argumentos
expuestos a lo largo del proceso, en particular, los de su recurso de apelación. Adujo
que el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos,
aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de
interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria es la agropecuaria y forestal,
por lo que corresponde al MADS determinar las zonas en las cuales existe
compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en criterios técnicos y la
ponderación de variables para la definición y determinación de estas.

Asimismo, señaló que la Resolución 2001 de 2016, contempló –artículo 6– que el
titular minero pudiera solicitar a través de la entidad ambiental correspondiente, una
precisión cartográfica para inclusión del título en el interior del polígono de las zonas
compatibles con la minería de la Sábana de Bogotá, opción que no se ejerció en el
presente asunto. Además, no se podía obviar que la determinación de las zonas
compatibles se dio en cumplimiento de la orden impartida en la sentencia del 28 de
marzo de 2014 por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro de la acción
popular No. No. 2001-90479, por lo que en el acto acusado se realizaron los
estudios geológicos, físico-bióticos y socioeconómicos relacionados con la actividad
minera, así como también se llevaron a cabo inspecciones judiciales en dichas
áreas. Así, la autoridad ambiental ejecutó todos los estudios correspondientes con
el fin de la adecuada delimitación de las zonas compatibles con la minería.

El procurador delegado ante el Consejo de Estado conceptuó 14 en el sentido de
revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de
la demanda, debido a que no se encuentra configurada la causal nulidad por falsa
motivación, en la medida en que para la expedición de la resolución acusada se
realizaron los estudios pertinentes, con observancia del marco constitucional y legal
que regula la actividad minera –artículos 61 de la Ley 99 de 1993 y 34 de la Ley 685
de 2001–. Destacó que los planes municipales de ordenamiento territorial «deben
ajustarse a las normas y disposiciones ambientales y no lo contrario. En este
sentido, el Municipio de Cogua, al momento de reglamentar los usos de suelo, debe

12 Cfr. SAMAI, índice 11. Decisión que se notificó por estado del 21 de septiembre de 2021 (visible a índice 13).
13 Cfr. SAMAI, índice 15.
14 Cfr. SAMAI, índice 16.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

tener en cuenta de forma obligatoria la determinación de las zonas compatibles con
la minería que realice el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible».

En lo que respecta a la afectación a los «principios de igualdad y seguridad jurídica»,
lo cual se enmarca en la causal genérica de infracción de norma superior, sostuvo
que (transcripción literal):

la demandante no indica cuales son las demás personas cuya igualdad de trato
predica, máxime cuando no hay referencia específica de los demás títulos mineros
que si fueron incluidos en las zonas compatibles con la actividad minera pues, no
basta con predicar una presunta vulneración del derecho a la igualdad cuando no
se prueba ese supuesto de hecho en que se fundamenta tal argumentación, razón
por la cual, este cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar.
(…)
Bajo esta perspectiva se considera que, en el presente caso, con la expedición del
acto acusado, no se desconoció el principio de seguridad jurídica, máxime cuando
el título minero de la demandante nunca fue incluido en las zonas compatibles con
la actividad minera, razón por la cual no es dable que invoque tal cuando su título
minero no ha sido tenido en cuenta.

III. CONSIDERACIONES

I. Régimen procesal del litigio

1. Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de interposición de la demanda -29 de junio de 2017-, que
corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como las del Código General
del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa prevista por el
artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Sin embargo, no resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)- toda vez
que los recursos de apelación se interpusieron el 11 y 15 de octubre de 2019, con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -el 26 de enero de 2021-,
en atención al régimen de vigencia y transición previsto en el artículo 86 de esa
normativa.

II. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. Si bien el CPACA, en su redacción original, señalaba las reglas para determinar

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

la competencia entre las diferentes autoridades que conforman la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo -juzgados, tribunales y Consejo de Estado-, en asuntos
de naturaleza minera se debía acudir a la regulación especial15, es decir, al Código
de Minas -Ley 685 de 2001-, que establecía unas competencias en cabeza del
Consejo de Estado, en única instancia, y en los Tribunales Administrativos, en
primera instancia, para conocer de unos temas específicos.

Así las cosas, el artículo 295 del Código de Minas -vigente a la radicación de la
demanda-16 asignaba al Consejo de Estado, en única instancia, el conocimiento «De
las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas a las contractuales
y en los que la Nación o una entidad nacional sea parte». A su vez, el artículo 293
ibidem tenía previsto que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera
instancia, de «las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por
objeto la exploración y explotación de minas».

Luego, la mencionada codificación minera, al establecer la competencia, acudió a
un criterio objetivo, es decir, si la litis tiene relación o no con un contrato, pues, en
caso de tenerla, conocerían en primera instancia «los tribunales administrativos con
jurisdicción en el lugar de su celebración» y, a contrario sensu, correspondería al

15 Así lo estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de unificación

del 13 de febrero de 2014, expediente 48.521, C.P. Enrique Gil Botero, dado que: (…) la ley 1437 de 2011 es
una normativa ordinaria general y posterior que: i) al no suprimir o modificar formalmente (expresa o tácitamente)
la anterior (Código de Minas), ii) al no contener disposiciones incompatibles con la ley 685 de 2001, y iii) al
guardar silencio sobre el tema correspondiente a la competencia en materia minera, no modificó, subrogó, ni
derogó la ley ordinaria especial y previa, es decir, se insiste, la ley 685 de 2001, actual Código de Minas.
Por lo tanto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o cualquier otro distinto del de
controversias contractuales que se promuevan y relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y
donde una de las partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los preceptos
contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula la materia, máxime que la ley 1437 de
2011, que es posterior, guardó silencio sobre este tópico en particular, aunado al hecho que no es posible
concluir, desde ningún punto de vista - ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme– que la legislación
posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en todos los eventos a la anterior
(negrita original de texto).
16 Resulta importante destacar que dicho artículo fue derogado expresamente por el artículo 87 de la Ley 2080

de 2021, la cual introdujo reformas al CPACA y una de las más importantes fue la variación de competencias
de juzgados y tribunales administrativos, así como del Consejo de Estado, a partir de la entrada en vigor el 26
de enero de 2021 -Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021-. Lo anterior implica que esa competencia
especial y privativa del Consejo de Estado desapareció del ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad
se debe acudir a la redistribución de competencias que introdujo la Ley 2080 de 2021, la cual, valga reiterar,
solo empezó a regir respecto de las demandas que se presentaran un año después de publicada dicha ley, lo
cual no ocurre en el presente caso.
Así las cosas, el numeral 24 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021,
estableció que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera instancia, de los conflictos que se susciten
en asuntos petroleros o mineros «en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por
servicios».
Adicionalmente, se debe indicar que, si bien la mencionada codificación minera establecía la competencia bajo
un criterio netamente objetivo, es decir, si la litis tenía relación o no con un contrato, en la actualidad, con
independencia del medio de control que se ejerza, siempre que se trate sobre un asunto petrolero o minero, el
competente será un Tribunal Administrativo.
Sin embargo, se debe tener presente que cuando la controversia sea un asunto minero de naturaleza
contractual, se debe aplicar la competencia especial -artículo 293- consagrada en el Código de Minas, pues no
fue derogada expresa o tácitamente por la Ley 2080 de 2021.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

Consejo de Estado, en única instancia17.

3. En el presente asunto, la demanda fue radicada inicialmente ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual, en providencia del 14 de julio de 2017 18,
ordenó remitir por competencia funcional el expediente al Consejo de Estado, ya
que «el acto administrativo demandado corresponde a un asunto minero». No
obstante, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, por auto del
1 de febrero de 201819, señaló que (transcripción literal, incluidos errores):

(…) la señora Emma Álzate (sic) Hernandez (sic) celebró contrato de concesión
con el Instituto Colombiano de Geología y Minería, para la explotación de un
yacimiento de arcilla y en vigencia de la relación jurídica el Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la resolución n. º 2001 de 2 de diciembre
de 2016, por medio de la cual determina las zonas compatibles con las
explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá y adopta otras disposiciones.

Se advierte, en consecuencia, que la actora plantea un litigio contractual, en
cuanto, a causa de la normatividad expedida por el Ministerio del Medio Ambiente
el objeto convenido no puede ejecutarse. Siendo así la validez de la resolución que
se pretende anular deberá estudiarse en el marco contractual y controvertirse con
la comparecencia de INGEOMINAS, en dos instancias, razón por la cual de
conformidad con el artículo 295 del Código de Minas, esta Corporación carece de
competencia para conocer del asunto de la referencia en única instancia.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, no
queda más que remitir el asunto de la referencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a quién le corresponderá pronunciarse sobre su admisión previa
consideración de los requisitos formales y sustanciales de la demanda20.

Al margen de la anterior determinación, la Sala pone de presente que el Tribunal de
primera instancia acató y cumplió dicha decisión, la cual guarda consonancia con el
artículo 139 del CGP que prevé: «El juez que reciba el expediente no podrá
declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus
superiores funcionales», como ocurrió en el presente asunto21.

17 Código de Minas -Ley 685 de 2001- “ARTÍCULO 295. De las acciones que se promuevan sobre asuntos

mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá
el Consejo de Estado en única instancia”.
Artículo derogado por la Ley 2080 de 2012, ARTÍCULO 87. DEROGATORIA. Deróguense las siguientes
disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: (…) el artículo 295 de la Ley 685 de 2001 por la cual se expide
el Código de Minas y se dictan otras disposiciones.
18 Folios 86 a 89 del cuaderno 1 del Tribunal.
19 Folios 95 a 97, ibidem. Con radicación 11001-03-26-000-2017-00120-00(59855), C.P. Stella Conto Díaz Del

Castillo.
20 Frente a dicha determinación las partes no formularon recurso alguno, por lo que lo decidido en relación con

este aspecto quedó definido en la citada providencia –preclusión del proceso–, por lo que en cumplimiento de
esa decisión el Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección Tercera, Subsección B, profirió auto
admisorio del 26 de abril de 2018 (visible a folios 109 a 111 del cuaderno 1 del Tribunal).
21 Convine aclarar que acto acusado –Resolución 2001 de 2016– no tiene la connotación de acto de naturaleza

contractual, en la medida en que no fue expedido al amparo del contrato de concesión minera No. EEU-082
suscrito entre la demandante y la ANM, debido a que fue preferido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, en el marco de sus competencias como autoridad ambiental –art. 61 de la Ley 99 de 1993–.

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4. Por consiguiente, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
decidir el asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, en su redacción
original, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, a los que les
correspondía el conocimiento de este tipo de controversias, en atención del artículo
293 del Código de Minas.

Medio de control procedente y naturaleza del acto acusado

5. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo, como lo
prevé el artículo 138 del CPACA, para que toda persona que se crea lesionada en
un derecho subjetivo, amparado en una norma jurídica, pueda pedir que se declare
la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por
las causales del artículo 137 del CPACA, esto es: i) infracción de las normas en que
deberían fundarse, ii) falta de competencia, iii) expedición irregular, iv)
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) falsa motivación y vi)
expedición con desviación de las atribuciones propias de quien profirió –desviación
de poder–.

Asimismo, por este medio de control, se puede pretender la nulidad de un acto
administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al demandante o la reparación del daño causado a dicho sujeto –
como ocurre en el presente asunto–, siempre y cuando la demanda se presente en
tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.

6. Se solicita la nulidad de una parte de la Resolución 2001 del 2 de diciembre de
2016, expedida por la Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto
con el correspondiente restablecimiento del derecho o la reparación del supuesto
daño causado por ese hecho, por lo que el medio de control adecuado es el de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad prevista en el inciso 2 del
artículo 138 del CPACA, ya que dicho acto comporta un acto administrativo de
carácter general22 que, de manera abstracta e impersonal, determinó las zonas

22 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires,

1975. Pág. 406. «451. b) Por el alcance del acto con relación a las personas.
Considerado respecto a las personas sobre las que puede incidir los efectos del acto administrativo, éste puede
ser “general”, verbigracia reglamento, o “individual” (concreto o especial).
El acto administrativo “general”, reglamento, se refiere a todas las personas indeterminadamente. El acto

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compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá.

Además, la parte demandante sostiene que ese acto es la causa directa del daño
que se pide indemnizar, toda vez que conforme a aquel habría quedado «impedida»
para el desarrollo de su proyecto minero en las condiciones y términos pactados
con la autoridad minera (Instituto Colombiano de Geología y Minería–
INGEOMINAS–, hoy Agencia Nacional de Minería –ANM–), conforme al contrato de
concesión minera No. EEU-082.

Oportunidad para presentar la demanda

7. El artículo 164 del CPACA prevé el plazo en el que se debe ejercer el derecho de
acción y desde cuándo comienza a correr dicho término, so pena de que una vez
fenecido no se pueda formular el medio de control, dada la naturaleza del fenómeno
jurídico de la caducidad23. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Sección24, dicha figura procesal:

(…) se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los
sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones
judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los
interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en
tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo
su derecho25 (se destaca).

En consonancia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que la
caducidad del término para formular la acción o medio de control:

(…) ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por
la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad
de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. La
caducidad es entonces un límite temporal de orden público, que no se puede
renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente26.

administrativo “individual” (concreto o especial) se refiere a una, varias o muchas personas determinadas o
determinables».
23 El artículo 13 del CGP establece: Observancia de Normas Procesales. Las normas procesales son de orden

público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas,
modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley (se
destaca).
24 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, expediente

39435 [fundamento jurídico 1.4].
25
Original de cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009.
Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014.
26 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009 [fundamento jurídico 4]. En igual sentido se puede

consultar la sentencia C-574 de 1998 [fundamento jurídico 3], al decidir sobre la constitucionalidad del artículo
136 del CCA.

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8. Ahora, en lo que respecta al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que la demanda
deberá presentarse dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día
siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, según el caso.

9. Dado el carácter general del acto acusado –tal como se definió en precedencia–
y que se solicita la reparación del daño directamente causado por esa resolución
administrativa, el término de caducidad se contabiliza de conformidad con el inciso
2 del artículo 138 del CPACA, es decir, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la publicación de dicho acto.

10. La Resolución No. 2001 del 2 de diciembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial
No. 50.079 del 6 de diciembre de 2016, por lo que el plazo para demandar corrió,
en principio, entre el 7 de diciembre de 2016 y el 7 de abril de 2017.

No obstante, dicho término se suspendió por la presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial el 27 de marzo de 2017, cuando faltaban 12 días para
presentar la demanda. Dado que la audiencia se declaró fallida el 21 de junio de la
misma anualidad y en esa misma fecha el Ministerio Público27 expidió la constancia
respectiva, el término se reanudó el 22 de junio de 2017. La demanda se radicó el
29 de junio de 2017 y, por ello, se concluye que se presentó dentro del plazo
establecido en el literal d) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, en
concordancia con el inciso 2 del artículo 138 del CPACA.

Legitimación en la causa

11. La legitimación en la causa, en el ejercicio del medio de control dispuesto en el
artículo 138 del CPACA, se reservó a toda persona que se crea lesionada en un
derecho subjetivo, previsto por una norma jurídica, con ocasión de la expedición de
un acto administrativo particular, de modo que podrá pedir que se declare su nulidad
y se restablezca el derecho; el afectado también podrá solicitar que se le repare el
daño.

En iguales términos, se puede solicitar la nulidad de un acto administrativo

27 Folio 25 a 27 del cuaderno 1 del Tribunal.

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general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al
particular demandante o la reparación del daño causado. Así las cosas, en este
asunto la legitimidad está dada:

Por activa

12. Emma Alzate Hernández está legitimada en la causa por activa, porque es titular
del contrato de concesión minera No. EEU-082 de 2004 que desarrolla actividades
de explotación de arcilla en el municipio de Cogua (departamento de
Cundinamarca), la cual alega haber sido afectada por la expedición de la Resolución
No. 2001 del 2 de diciembre de 2016 en su aparte acusado –polígono 12 que se
ubica al suroriente de Cogua–, ya que determinó las zonas compatibles con las
explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, de lo que se afirma en la demanda
produjo una afectación en su derecho, así como un perjuicio consistente en haber
quedado «impedida» para el desarrollo de su proyecto minero en las condiciones y
términos pactados con la autoridad minera (INGEOMINAS, hoy ANM) en el contrato
de concesión.

Por Pasiva

13. Le asiste legitimación en la causa por pasiva a la Nación-Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, porque es la autoridad que expidió el acto administrativo
acusado –Resolución 2001 del 2 de diciembre de 2016–.

Asimismo, se encuentra vinculado al proceso la Agencia Nacional de Minería-ANM,
en calidad de autoridad del orden nacional en el ramo minero, que subrogó al
INGEOMINAS en los contratos, convenios, acuerdos y procesos de contratación en
curso, en los términos del artículo 20 del Decreto 4134 de 201128, por lo que actúa
como concedente del contrato de concesión minera EEU-082 de 2004, del que se
desprende el supuesto perjuicio reclamado. No obstante, conviene aclarar que la
parte demandante no formuló pretensión declarativa de responsabilidad o
indemnizatoria alguna contra esta entidad, por lo que no podría ser condenada en
el asunto. Además, es claro que tal entidad no expidió el acto acusado, de ahí que

28
Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica.
ARTÍCULO 20. Subrogación de Contratos. El Servicio Geológico Colombiano deberá identificar los contratos,
convenios, acuerdos y procesos de contratación en curso que por su objeto deban ser ejecutados por la Agencia
Nacional de Minería, ANM. Para tal efecto los Representantes Legales de las dos Entidades suscribirán un acta
que contenga la relación de los mismos, y formalizarán las respectivas subrogaciones en un tiempo no superior
a seis (6) meses contados desde la fecha en que entre en operación la Agencia Nacional de Minería, ANM.

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se configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y así se
declarará en la parte resolutiva de la sentencia.

Caso concreto

14. De acuerdo con los recursos de apelación, la Sala decidirá si le asistió razón o
no al Tribunal para declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 2001 del 2 de
diciembre de 2016, en particular, la delimitación del polígono No. 12 del artículo 5,
de las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá.

En síntesis, el Tribunal de primera instancia estimó que el mencionado acto incurrió
en «falsa motivación» por la falta de estudio social y desconocimiento del plan de
ordenamiento territorial municipal. También, por vulneración al principio de igualdad
frente a «quienes están dentro del polígono 12 y sus terrenos o zonas presentan las
mismas características que las del título minero en cuestión».

Por su parte, las entidades demandadas –ANM y MADS– en sus recursos de
apelación, alegaron que el fallo recurrido no tuvo en consideración, por una parte,
el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 que declaró la Sabana de Bogotá, sus páramos,
aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de
interés ecológico nacional. Además, que el artículo 6 de la Resolución No. 2001 de
2016, modificado por el artículo 8 de la Resolución No.1499 de 2018, estableció que
el titular minero puede solicitar, a través de la entidad ambiental competente, la
precisión cartográfica para la inclusión del título minero en el polígono No. 12 de la
zona compatible.

Asimismo, en la impugnación se adujo que la sentencia del Tribunal realizó una
inadecuada valoración probatoria, ya que se limitó a hacer un análisis netamente
físico sin tener en cuenta las condiciones y presupuestos fácticos de delimitación de
los polígonos. Del mismo modo, omitió la normativa aplicable al caso.

15. Como primer aspecto, es importante señalar que la Constitución Política de 1991
otorgó estatus constitucional a la propiedad estatal del subsuelo y de los recursos
naturales no renovables –artículo 332–29, su aprovechamiento y desarrollo

29 En concordancia con el artículo 333 de la Constitución que prevé: La actividad económica y la iniciativa

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos
ni requisitos, sin autorización de la ley. (…)

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sostenible –artículo 80–, así como una contraprestación económica inherente a
favor del Estado por su explotación –artículos 331, 360 y 361–, por lo que la
intervención estatal en este tipo de aspectos no solo es potestativa, sino
obligatoria30. Por ello, en virtud de dicho mandato, el Estado debe planificar el
manejo y aprovechamiento de tales recursos, con el fin de garantizar su desarrollo
sostenible, conservación, restauración o sustitución, actuando en estricta sujeción
de los postulados de concurrencia, coordinación y subsidiariedad definidos por la
Constitución –artículo 288–31 en relación con las competencias que se le atribuyen
a la Nación y las entidades territoriales32.

16. En consonancia, la Ley 99 de 199333, por la cual se creó el Ministerio del Medio
Ambiente, se reordenó el sector público encargado de la gestión y conservación del
ambiente y de los recursos naturales renovables, se organizó el Sistema Nacional
Ambiental-SINA y se dictaron otras disposiciones, en su artículo 61 declaró:

la Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y
sistemas montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación
prioritaria será la agropecuaria y forestal.

El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista
compatibilidad con las explotaciones mineras, con base en esta determinación, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) otorgará o negará las
correspondientes licencias ambientales.

Los municipios y el Distrito Capital expedirán la reglamentación de los usos del
suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este artículo y las que a
nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente34 (subraya fuera del texto).

17. Por otro lado, el principal instrumento que utiliza el Estado para encauzar la
iniciativa privada en la actividad minera y regular los derechos, deberes, facultades
y obligaciones emanados del desarrollo de dicha actividad es el contrato de
concesión para la extracción de recursos naturales no renovables, por lo que el

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la Nación.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 2025, expediente

71454 [fundamento jurídico 54], C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
31 Constitución Política. Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de

competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.
32 Al respecto se puede consultar: Corte Constitucional, sentencia SU-095 del 11 de octubre de 2018

[fundamento jurídico 3.1 y 3.2] M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
33
Publicada en el Diario Oficial No. 41.146 del 22 de diciembre de 1993.
34 El inciso final fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-

534 del 16 de octubre de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz, «bajo el entendimiento de que las disposiciones que
expide el Ministerio de Medio Ambiente son aquellas que se derivan de las competencias específicas y expresas
que surgen de la Ley y de su decreto reglamentario, y que tienen el sentido de velar por su estricto
cumplimiento».

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objeto de explotación que se confiere en este tipo de negocio jurídico son bienes –
recursos naturales no renovables– de propiedad del Estado –dominio eminente35–,
pero susceptibles de apropiación por particulares, de ahí que genere la obligación y
mando estatal de ejercer control sobre el desarrollo de la actividad para la utilización
eficiente de los recursos, ya que «conserva las potestades propias que le confiere
la ley para garantizar el correcto ejercicio de ésta, así como la utilización eficiente
del recurso, su preservación, disponibilidad y aprovechamiento de acuerdo con las
prioridades que aquélla consagra»36.

18. Con esta perspectiva, la Ley 685 de 2001 –Código de Minas– en su artículo 34,
determinó las zonas excluibles de minería37, sobre las cuales recae una prohibición
de ejecutar trabajos y obras de exploración y explotación mineras en zonas
declaradas y delimitadas como de protección y desarrollo de los recursos naturales
renovables o del ambiente, siempre que excluyan la actividad minera en forma
expresa y motivada. Sin embargo, la norma prevé que la autoridad minera tiene la
facultad, previo cumplimiento de unos requisitos, de autorizar, en las zonas
referidas, con excepción de los parques, el adelantamiento de actividades mineras
controladas.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-339 de 2002, al analizar la
constitucionalidad de esta disposición señaló:

El inciso primero prohíbe los trabajos de explotación y exploración minera en zonas

35 Corte Constitucional, sentencia C-126 del 1 de abril 1998 [fundamento jurídico 34 y 34], M.P. Alejandro

Martínez Caballero. 34- La Constitución establece límites a la propiedad privada sobre ciertos bienes. Así, frente
a determinados bienes, el ordenamiento puede establecer una reserva al dominio privado, pues la Carta
establece que determinados bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables (CP art. 63). Igualmente
la Constitución establece que los recursos no renovables o que se encuentren en el subsuelo son propiedad del
Estado, sin perjuicio de los derechos adquiridos con arreglo a las leyes preexistentes (CP art. 322). Sin embargo,
en la medida en que la Constitución reconoce de manera genérica la propiedad privada (CP art. 58), se entiende
que en principio ésta puede recaer sobre los recursos naturales renovables, que no hayan sido sometidos por
la ley a la reserva de dominio privado previstas por la Carta (CP art. 63).
35- De otro lado, para la Corte es claro que el artículo 102 de la Carta, que se encuentra precisamente en el
capítulo sobre el territorio, no está estableciendo una forma de propiedad patrimonial de la Nación sobre todo
el territorio colombiano, pues si así se interpretara esa disposición, no podría existir propiedad privada, ni
propiedad asociativa o solidaria sobre las tierras, cuando la Carta expresamente reconoce esa posibilidad para
ese tipo de bienes (…) la doctrina y la jurisprudencia han entendido que la norma según la cual el territorio
pertenece a la Nación consagra una figura diferente a la propiedad privada o pública, a saber, el llamado
"dominio eminente del Estado", el cual comprende todas aquellas facultades inherentes a la soberanía que tiene
el Estado sobre su territorio y sobre los bienes en él contenidos, a fin de conservar el orden jurídico y cumplir
las funciones constitucionales que le han sido atribuidas. Esto significa que ese dominio eminente no es carácter
económico, como el derecho de propiedad, sino que tiene naturaleza jurídico-política, pues la Nación no es
"dueña" del territorio, en el sentido de ser su propietaria, sino que le "pertenece", por cuanto ejerce soberanía
sobre estos espacios físicos, ya que el territorio es el ámbito espacial de validez de las normas estatales. Por
ende, el dominio eminente sobre el territorio previsto por el artículo 102 es perfectamente compatible con el
reconocimiento de la propiedad privada sobre tierras o recursos naturales renovables.
36 Corte Constitucional, sentencia C-983 del 1 de diciembre de 2010 [fundamento 3.2.2], reiterada en la

sentencia C-035 de 2016.
37 Al respecto se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2010,

expediente 30987 [fundamento 3], C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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que sean delimitadas y declaradas conforme con la normatividad vigente, como de
protección de los recursos naturales renovables o del ambiente, o que
expresamente excluyan el trabajo minero. Hasta aquí no existe ninguna objeción
sobre la norma, porque concuerda con los postulados axiológicos de la
Constitución tendentes a la protección del medio ambiente y de los recursos
naturales, reseñados al comienzo de estas consideraciones.

El inciso segundo señala que las zonas de exclusión se encuentran integradas por
las siguientes áreas: a) el sistema de parques nacionales naturales, b) los parques
naturales de carácter regional y, c) las zonas de reserva forestal. Con lo anterior
se pretende la protección de la biodiversidad, de acuerdo con la gran importancia
de Colombia a nivel mundial como lo reconoció la Corte cuando analizó el tema38.
La Corte precisa que además de las zonas de exclusión previstas en esta Ley,
pueden existir otras, ya declaradas con anterioridad o que se declaren en el futuro
por la autoridad ambiental.

Naturalmente las zonas excluidas deben ser claramente delimitadas
geográficamente y esta función se le asigna a la autoridad ambiental en integración
y armonía con lo preceptuado por el artículo 5 de la ley 99 de 1993. Además,
incluye la colaboración de la autoridad minera en las áreas de interés minero, con
lo cual se hace efectivo el principio de protección prioritaria de la biodiversidad del
país junto con un aprovechamiento en forma sostenible, de acuerdo con los
principios universales y de desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de
Río de Janeiro de junio de 1992, ratificada por Colombia.

Se hace necesario para la Corte señalar que la autoridad minera tiene el deber de
colaborar con la autoridad ambiental, pero que este deber de colaboración no limita
ni condiciona el ejercicio de la competencia de la autoridad ambiental quien es la
que puede establecer las zonas de exclusión; por esta razón en la parte resolutiva
se condicionará la exequibilidad del inciso segundo del artículo 34 de la ley 685 de
2001.

En la aplicación del inciso 3 se debe seguir el principio de precaución, principio que
se puede expresar con la expresión “in dubio pro ambiente”. El mismo principio
debe aplicarse respecto del inciso cuarto del artículo 34 y que este debe ser
observado también al estudiar y evaluar los métodos y sistemas de extracción, en
consonancia con el principio número 25 de la Declaración de Río de Janeiro que
postula: “La paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son
interdependientes e inseparables”.
(…)
Para el asunto que nos ocupa, esto quiere decir que en caso de presentarse una
falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de
una zona determinada; la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la
protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se
demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus
consecuencias.

19. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha considerado que la «defensa o protección del ambiente
constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado Social
de Derecho39 y como bien jurídico constitucional presenta una triple dimensión: (i)

38
Original de cita: Sentencia C-519 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
39 Original de cita: La Carta Política de 1991 reconoce que el ambiente sano constituye un interés superior. Por

medio de múltiples disposiciones, el constituyente primario incluyó un bloque de normas que configuran lo que
se ha denominado como “Constitución ecológica” o “Constitución verde”, en las que se consagran una serie de
principios, derechos y deberes enfocados hacia la protección del ambiente y dirigidos a garantizar un modelo
de desarrollo sostenible. En la sentencia T-411 de 1992, la Corte Constitucional realizó una exposición en la

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es un principio, por lo que le corresponde al Estado proteger las riquezas naturales
de la Nación; (ii) es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) y, (iii) es
una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, que
implica deberes calificados de protección»40. Así, el artículo 80 constitucional
establece que el Estado debe «prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados» y, a su vez, el numeral 8 del artículo 95 ibidem prevé como obligación
de los ciudadanos, la de «proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano».

20. En ese contexto, conviene destacar que en el contrato de concesión el Estado
le entrega al particular una participación en la explotación del bien y, si bien dicha
actividad económica se encuentra respaldada y protegida por la Constitución, esta
debe consultar al interés general, de modo que el margen de la libertad de decisión
de los particulares es significativamente menor que para el desarrollo de otras
actividades económicas, bien sea por las previsiones del Código de Minas o la
normativa de carácter ambiental. Ello no implica que dicha prevalencia del interés
general sea absoluta, pues un Estado de derecho no puede fundarse en la
proscripción o atropello de los derechos individuales. Por el contrario, el bien común
no puede ser otra cosa que la protección, en conjunto, de los derechos
particulares.

Así, en cada caso concreto, se debe constatar cómo y en qué condiciones debe
atenderse la prevalencia del interés general. «Por ello, constituye un requisito
indispensable para la aplicación de la máxima de la prevalencia del interés general,
que el operador jurídico analice minuciosamente las particularidades de cada caso,

que se sintetizaron las principales normas constitucionales sobre la materia, dentro de los que se destacan:
“Preámbulo (vida), 2º (fines esenciales del Estado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger las riquezas
culturales y naturales de la Nación), 11 (inviolabilidad del derecho a la vida), 49 (atención de la salud y del
saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 67 (la educación para la protección del
ambiente), 78 (regulación de la producción y comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente
sano y participación en las decisiones ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 215 (emergencia por
perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las relaciones ecológicas, 277-4
(defensa del ambiente como función del Procurador),300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente),
301 (gestión administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias
ecológicas), 310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los
recursos naturales), 317 y 294 (contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos
naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y preservación de los recursos naturales), 332 (dominio
del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 (limitaciones a la libertad económica
por razones del medio ambiente), 334 (intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de
un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional de desarrollo), 366 (solución de necesidades del
saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)”.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 2025, expediente

71454 [fundamento jurídico 57], C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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intente armonizar el interés general con los derechos de los particulares y, en caso
de no ser posible, lo pondere teniendo en cuenta la jerarquía de valores propia de
la Constitución»41.

21. En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha considerado que «la sola
existencia de un contrato de concesión no impide al Estado limitar, condicionar o
prohibir la actividad objeto de la concesión, cuando con ello se pretenda proteger
un bien jurídico de mayor importancia constitucional»42 y, en esa medida, se puede
prohibir la extracción de un recurso de su propiedad, siempre que con ello se persiga
evitar o contener la afectación de bienes jurídicos de gran relevancia o impacto para
la sociedad en general, se insiste, sin perder de vista que para tal determinación
debe atenderse, en la medida de lo posible, la salvaguarda de situaciones
particulares.

En este sentido, una interpretación conforme con la regla constitucional de
prevalencia del interés general permite concluir que tanto el legislador como las
autoridades administrativas, actuando en estricta sujeción de los postulados de
concurrencia, coordinación y subsidiariedad definidos por la Constitución –artículo
288–43, están facultados para prohibir o restringir actividades previamente
permitidas a particulares, cuando ello sea absolutamente necesario e
indispensable –es decir, sin que haya espacio para la arbitrariedad o el capricho
subjetivo de quien ocupe un cargo de autoridad– para prevenir riesgos o
afectaciones sobre bienes jurídicamente protegidos, como el ambiente.

Asimismo, el otorgamiento de una licencia ambiental para una actividad extractiva
no constituye impedimento para que posteriormente se restrinja o modifique su
ejercicio, en aras de alcanzar fines superiores, siempre que dicha decisión esté
debidamente motivada en el acto administrativo correspondiente que, por supuesto,
deberá estar acorde con los preceptos constitucionales y legales impuestos al
ejercicio de la respectiva autoridad e, incluso, previstas por esa normativa –v.gr.
artículo 61 de la Ley 99 de 1993–.

41 Corte Constitucional, sentencia C-053 del 24 de enero 2001 [fundamento jurídico 1], M.P.(E) Cristina Pardo

Schlesinger.
42
Corte Constitucional, sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016 [fundamento jurídico 126], M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Criterio reiterado en sentencia C-389 del 27 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
43 Constitución Política. Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de

competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

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22. En el presente asunto, de la revisión del material probatorio obrante en el
expediente, se evidencia que en los considerandos de la Resolución No. 2001 de
201644 se indicaron de manera amplia las razones de orden técnico que llevaron a
la determinación de las zonas incompatibles y compatibles con la minería en la
Sabana de Bogotá, en los siguientes términos in extenso (transcripción literal):

Consideraciones técnicas.

De acuerdo con lo conceptuado por la Corporación Autónoma de Regional — CAR,
en Oficio 20152130675 del 22 de Septiembre de 2015, “...La Sabana de Bogotá
tiene que incluir los cerros que la rodean hasta la divisoria de aguas, así se debe
considerar toda la cuenca alta del Río Bogotá, es decir toda la cuenca hidrográfica
del río y sus afluentes, los páramos circundantes hasta la salida del río del
altiplano. De esta manera incluye entonces, entre otras, las subcuencas de los ríos
Bojacá, Subachoque, Frío, Tunjuelo, Teusacá, Tomine, Chequa, Neusa y un gran
número de microcuencas de quebradas. La unidad del área está dada por su
geografía, su geología, su hidrogeología y su hidrología...”45.

Fisiográficamente la Sabana de Bogotá está conformada por dos zonas: el
altiplano y la zona montañosa. El altiplano se sitúa en la parte central del área con
alturas que van desde los 2.200 m.s.n.m., hasta los 2.600 m.s.n.m.; la zona
montañosa rodea el altiplano limitándolo al oriente y al occidente hasta la divisoria
de aguas, con alturas hasta 3.800 m.s.n.m.

La Sabana de Bogotá se localiza en el eje de la Cordillera Oriental y abarca la zona
centro del departamento de Cundinamarca y sus puntos extremos están
localizados de la siguiente manera:

En este sentido la Sabana de Bogotá, está comprendida por los siguientes
municipios: Bogotá, Chocontá, Guasca, La Calera, Zipaquirá, Subachoque,
Soacha, Guatavita, Facatativá, Sesquilé, Tausa, Suesca, Cogua, Villapinzón,
Madrid, Tenjo, Sopó, Mosquera, Nemocón, Sibaté, Chía, Tabio, El Rosal,
Tocancipá, Funza, Bojacá, Cota, Cajicá, Gachancipá, Cucunubá, Chipaque,
Choachi, Pasca, Zipacón, Carmen de Carupa, Machetá, Pacho, La Vega, Ubaque,
Sasaima, San Francisco, Silvania, Albán, Lenguazaque, Une, San Antonio del
Tequendama, Anolaima, Sutatausa en el departamento de Cundinamarca y
Turmequé en el departamento de Boyacá.

Ecosistémicamente la Sabana de Bogotá hace parte de la estructura ecológica
regional central, la cual está conformada por el Sistema de Áreas Protegidas de la
Región Central y del Distrito Capital, corredores ecológicos, y área de Manejo
Especial del río Bogotá, entre otras; las cuales se componen de ecosistemas como
bosques secos andinos, bosques húmedos andinos, bosques fragmentados,
herbazal andino húmedo, páramos húmedo y seco, subxerofitia andina, acuáticos,

44 Folios 209 a 229 del cuaderno 2 del Tribunal. También se puede consultar en el enlace:
https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-2001-de-2016/.
45 Original de cita: Plan Ambiental de la Cuenca Alta del Río Bogotá, Análisis y Orientaciones para el

Ordenamiento Territorial, Thomas Van Der Hammen - Corporación Autónoma de Regional CAR, Bogotá, 1998.

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arbustal andino húmedo, complejo rocoso de los andes, vegetación secundaria,
agro-ecosistemas, etc.

En relación con la hidrografía, la Sabana de Bogotá está conformada por las
cuencas alta en el páramo de Guacheneque y media del río Bogotá hasta el Salto
del Tequendama; en esta zona converge todo el sistema de microcuencas que se
forman desde la divisoria de aguas que limitan la Sabana de Bogotá y descienden
por las vertientes montañosas del oriente y del occidente; por su parte la zona sur
del altiplano se caracteriza como un área inundable por la confluencia de un mayor
número de afluentes del río Bogotá. Así mismo, la Sabana de Bogotá cuenta con
una red antrópica de canales y embalses construidos para generar energía, para
riego, acueductos, entre otros.

Los servicios ecosistémicos que prestan la Sabana de Bogotá, sus páramos,
aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, corresponden
a servicios básicos de provisión, regulación y soporte, tales como el abastecimiento
de agua potable para más de 9 millones de usuarios del sistema de abastecimiento
conformado por los sistemas: Sistema Chingaza que incluye los embalses de
Chuza y San Rafael y el subsistema río Blanco; Sumapaz, cuenca alta del río
Tunjuelo que incluye los embalses de La Regadera y Chisacá y la laguna de Los
Tunjos o Chisacá y el subsistema Cerros Orientales; Sistema Tibitoc - Agregado
Norte que Incluye el embalse de Aposentos y los embalses de Neusa, Sisga y
Tominé.

Asimismo, disponibilidad del recurso hídrico para sectores productivos como
industria, servicios públicos, agricultura, ganadería, generación de energía,
recreación y turismo. Disposición de residuos sólidos para municipios de la Sabana
de Bogotá, en 7 rellenos sanitarios que incluye 1 regional y 1 para la ciudad de
Bogotá. La provisión de alimentos para una población asentada en el 0.37% del
territorio total del país. Servicios culturales para la recreación, el turismo y la
protección paisajística de la región. El control de inundaciones y prevención de
riesgos asociados para los habitantes de la cuenca del río Bogotá. El
mantenimiento de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático por
captura de carbono principalmente en las áreas de reserva forestal. Todo ello
contribuyendo a las condiciones básicas de la calidad de vida de la población de
la región.

Que identificada la necesidad de reglamentar totalmente el artículo 61 de la Ley 99
de 1993, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -
MAVDT y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales —
IDEAM, celebraron el Convenio Interadministrativo N° 172 de 2009 cuyo objeto fue
“Construir criterios técnicos para la evaluación ambiental, social y territorial de la
Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y
sistemas montañosos y, proponer la redefinición de zonas ambientalmente
compatibles con la actividad minera”.

Que en el estudio se determinaron las características físico-bióticas de la Sabana
de Bogotá; a escala 1:100.000: hidrología, geología, geología estructural,
hidrogeología, geomorfología, edafología, ecosistemas y especies; las amenazas
naturales; vulnerabilidad y riesgo, condiciones socio - económicas y los valores
paisajísticos.

Que los resultados de dicho convenio aportan bases técnicas al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible para determinar las zonas de la Sabana de
Bogotá, con las explotaciones mineras.

El ejercicio de definición de zonas compatibles con la actividad minera en la
Sabana de Bogotá se estructura alrededor de los elementos que componen el
interés ecológico de la región y su destinación prioritaria agropecuaria y
forestal, los cuales tienen como propósito garantizar la sostenibilidad ambiental

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de la región, la cual apunta a que “en el lapso de varias generaciones, la región
dispondrá de los recursos de Agua, Subsuelo, Suelo y Biodiversidad en cantidad y
calidad suficientes para asegurar la supervivencia de la población, el beneficio
social, las actividades económicas prioritarias, la prevención de riesgos y la
permanencia de los ecosistemas y los procesos ecológicos que los proveen”46;
tales como:

46 Original de cita: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT y el Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales — IDEAM, celebraron el Convenio Interadministrativo N° 172 de 2009.

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23. Igualmente, en la motivación del acto acusado se expresaron las razones de
orden legal e incluso jurisprudencial, que se tuvieron en cuenta para la expedición
de la resolución, de lo cual se destaca, por una parte, el marco normativo de la
protección del ambiente –artículos 333, 334 de la Constitución, Declaración de Río
de Janeiro de 1992, artículo 61 de la Ley 99 de 1993–, y, por otra parte, la orden
4.26 impartida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia del
28 de marzo de 201447, en el proceso de protección de los derechos e intereses
colectivos –acción popular– del río Bogotá en la que se ordenó al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el Ministerio de Minas y
Energía, delimitar geográficamente las zonas excluidas de minería en donde no
podrán ejecutarse trabajos y obras de explotación.

24. También en el acto se refirió que, atendiendo unas decisiones de la Corte
Constitucional, serían las «Entidades Territoriales en la Jurisdicción del Ecosistema
de especial importancia Ecológica de la Sabana de Bogotá, en el marco de las
competencias constitucionales y legales en torno a la reglamentación de los usos
del suelo y protección del ambiente, quienes determinen la viabilidad o prohibición
de las actividades mineras en su territorio, bajo los mecanismos jurídicos existentes
en el ordenamiento jurídico colombiano». Por ello, en el artículo 6 de la Resolución
No. 2001 de 2016 se estableció la actualización de los polígonos, disposición que

47 Radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

26

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fue modificada por la Resolución No. 1499 de 201848, la cual si bien no alteró la
delimitación del polígono No. 12 del artículo 5, estableció que (transcripción literal):

Artículo 8. Modificar el artículo 6 de la Resolución 2001 de 2016, en el sentido de
incluir un nuevo inciso conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo y cuyo texto quedará así:

ARTÍCULO 6°. ACTUALIZACIÓN DE LOS POLÍGONOS. En todo caso, en el
evento en que los municipios de la Sabana de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Ambiente (SDA), la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio),
la Corporación Autónoma Regional de Chivor (Corpochivor), la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) o la Agencia Nacional de Minería (ANM) generen
y presenten cartografía más precisa y, sustentada en información confiable en
las áreas adyacentes a los polígonos aquí descritos, dicha información podrá
ser enviada el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a efectos de que
se evalúe y de resultar viable, se realice la respectiva precisión o actualización
cartográfica.

En todo caso, la solicitud deberá estar acompañada de los estudios técnicos
ambientales (suelo, zonas de recarga de acuíferos, cuencas y microcuencas
priorizadas para el sistema de abastecimiento agua para consumo humano,
Subxerofitia Andina, determinación de la dinámica fluvial, establecimiento de la
envolvente de divagación, mediante análisis multitemporal utilizando imágenes
e información de por lo menos cinco (5) épocas diferentes, con un rango de
tiempo no inferior a cincuenta (50) años de las corrientes hídricas del área de
estudio, análisis de riesgo y amenazas naturales, las clasificaciones de uso de
los POMCA y los Planes de Ordenamiento Territorial de que trata le Ley 388 de
1997, etc.), sociales, económicos y mineros (geología detallada del área de
estudio, cálculos de reservas, etc.), a escala 1.25.000 o más detallada.

Los mencionados estudios técnicos ambientales podrán ser elaborados o
financiados por los particulares interesados en la actualización de que trata
el presente artículo y serán presentados por las mencionadas entidades ante el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo el análisis de los mismos
(sic), en el marco de sus competencias.

Parágrafo: Las solicitudes de actualización presentadas antes de la expedición
de la presente modificación, seguirán sujetas a los términos y condiciones al
momento de su inicio (negrita fuera del texto).

23. Se recuerda que, para el Tribunal de primera instancia, el contrato de concesión
minera No. EEU-08249, celebrado por la demandante y el INGEOMINAS (hoy,
ANM), para la exploración y explotación de arcilla en la «jurisdicción del Municipio
de Cogua, Departamento de Cundinamarca», junto con el dictamen pericial
allegado50, el cual fue sustentado en la audiencia de pruebas51, y el «certificado de

48 La cual se expidió en atención a los incidentes de seguimiento de cumplimiento de la sentencia del río Bogotá,

tal como se evidencia en la parte considerativa de ese acto. Visible a folios 230 a 248 del cuaderno 2 del
Tribunal.
49 Folios 30 a 34 del cuaderno 1 del Tribunal.
50 Cuaderno dictamen pericial del Tribunal.
51 Folios 320 a 324 del cuaderno 2 del Tribunal. Audiencia del 19 de agosto de 2019, visible a folio 319 en disco

compacto.

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uso de suelo» expedido por la gerencia de planeación del Municipio de Cogua52,
dan sustento a la nulidad parcial de la Resolución No. 2001 de 2016.

24. Sin embargo, a partir del material probatorio y del contexto normativo expuesto,
la Sala considera que los argumentos en los que se sustentó la declaratoria de
nulidad del polígono No. 12 del artículo 5 de la Resolución 2001 de 2016 proferida
por el MADS, tal como lo indicaron los recurrentes y el Ministerio Público en su
concepto, no cuentan con la identidad y trascendencia suficiente para que se
hubiera accedido a las pretensiones de la demanda, pues el acto acusado está
soportado en normas superiores y razones técnicas que justifican las limitaciones
allí contenidas.

En efecto , en la medida en que, por un lado, no se puede pasar por alto que, en
asuntos mineros, las disposiciones expedidas por las autoridades competentes –
especialmente la autoridad ambiental– con posterioridad al perfeccionamiento del
contrato de concesión e, incluso, después de otorgada la habilitación ambiental,
último aspecto que no se acreditó que ocurriera en este caso, pues no obra en
el expediente una habilitación ambiental para la actividad minera en el área
concedida, son aptas para modificar el título de explotación de bienes públicos «de
propiedad estatal», pues por estar en un área de especial protección se impone
privilegiar el interés general.

25. Al respecto, conviene destacar que, en el expediente administrativo del contrato
de concesión No. EEU-08253 aportado por la ANM y decretado como prueba, reposa
el informe de fiscalización del título minero del 4 de diciembre de 201354, entre otros,
en que se indicó que en relación con el componente ambiental (transcripción literal):

Aspectos ambientales: El titular no cuenta con acto administrativo y ejecutoriado
de la viabilidad ambiental expedido por la autoridad ambiental competente.

Aspectos legales: El titular no cuenta con póliza minero ambiental que garantice
las obligaciones minero ambientales.

Lo anterior, guarda concordancia con la certificación expedida por el secretario
general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, aportada por la

52 Folios 37 a 39 del cuaderno 1 del Tribunal.
53 Visible en el disco compacto del folio 279 del cuaderno 2 del Tribunal, allegado por la ANM. Documento

«CONCTO2018-001365_EEU-082_PRINCIPAL_4_10490705.PDF».
54 Ibidem. Páginas 73 a 86.

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demandante55, en la que se señaló (transcripción literal):

Que la documentación por la señora EMMA ALZATE HERNÁNDEZ fue evaluada
mediante el Concepto Técnico OPSC No. 1042 del 31 de julio de 2006.

Que a través del Auto OPSC No. 719 del 3 de octubre de 2007 se efectúo cobro
por concepto del servicio de evaluación ambiental, cuya constancia de pago fue
allegada con radicado CAR No. 02892 del 23 de octubre de 2007.

Que con Auto OPSC No. 945 del 20 de noviembre de 2007 se dispuso no aceptar
el Plan de Manejo y Restauración Ambiental presentado por la señora EMMA
ALZATE HERNÁNDEZ y se le requirió información adicional a fin de complementar
la documentación presentada.

Que mediante el Informe Técnico OPSC No. 260 del 4 de febrero de 2008, se
evalúo el estado ambiental de área objeto del trámite que se surte en el expediente
No. 7023.

Que con radicado CAR No. 689 del 5 de marzo de 2008 se presentó la Información
complementaria requerida por el Auto OPSC No. 945 del 20 de noviembre de 2007
la cual fue evaluada mediante el Informe Técnico No. 632 del 4 de abril de 2008.
Que a través del Auto OPSC No. 617 del 9 de julio de 2008 se requirió a la señora
EMMA ALZATE HERNANDEZ para que presentara la documentación completa,
numerada y debidamente justificada, acorde con lo requerido en el artículo
segundo del Auto OPBC No. 945 del 20 de noviembre de 2007.

Que con radicado CAR No. 20091102228 del 20 de febrero de 2009, el señor
NELSON MERIZALDE VANEGAS identificado con cédula de ciudadanía No.
19.247.280, en calidad de apoderado del señor FELIX ANTONIO ALZATE
HERNÁNDEZ, representante legal de la señora EMMA ALZATE HERNÁNDEZ, y
de la sociedad GIRALDO MOTOA E HIJOS LTDA, solicitó la cesión del trámite
ambiental a favor de la sociedad GIRALDO MOTOA E HIJOS LTDA, para lo cual
adjunto copia del radicado ante INGEOMINAS de la solicitud de cesión total de
derechos del Contrato de Concesión EEU-082, entre otros.

Que el señor NELSON MERIZALDE VANEGAS con radicados CAR Nos.
20111106518 del 5 de mayo de 2011 y 20111108491 del 3 de junio de 2011,
remitió el complemento al Plan de Manejo y Restauración Ambiental en
cumplimiento de lo dispuesto por el Auto 617 del 9 de julio de 2008, Informe
Técnico de evaluación de emisiones atmosféricas por fuentes fijas y escrito
radicado ante el ICANH denominado Prospección Arqueológica en el Área del
Contrato de Concesión EBU-082.

Que el día 12 de septiembre de 2011 se emitió Informe Técnico OPSC 998 por
medio del cual se evaluó documentación técnica de emisiones para verificar el
cumplimiento de la normativa en la industria ladrillera.

Que el expediente actualmente se encuentra en evaluación técnica.

LA PRESENTE CERTIFICACIÓN NO CONSTITUYE PERMISO ALGUNO Y SE
EXPIDE DE ACUERDO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SEÑOR
NELSON MERIZALDE VANEGAS, SEGÚN SOLICITUD RADICADA BAJO EL N°
20151120763 DEL 03 DE JULIO DE 2015.

26. Conforme a estas premisas fácticas, resulta evidente para la Sala que, en la

55 Folios 71 a 73 del cuaderno 1 del Tribunal.

29

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

sentencia impugnada, por una parte, no se realizó una adecuada valoración
probatoria en la medida en que no se hizo un análisis integral de la documentación
allegada al proceso como se evidenció y advirtieron las entidades demandadas, por
lo que resulta importante resaltar que corresponde con un deber del juez valorar las
pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de
las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de
ciertos actos, tal como prevé el artículo 176 del CGP. Sobre el particular, un sector
de la doctrina expone que56:

Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental
que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pue da deducirse de
su contenido. Cada medio de prueba es susceptible de valoración individual, y en
ocasiones puede bastar uno para formar la convicción del juez, pero lo ordinario
es que se requieran varios, de la misma o de distinta clase, para llegar a la certeza
sobre los hechos discutidos, en el proceso contencioso, o sobre los simplemente
afirmados, en el voluntario. De ahí que cuando se habla de apreciación o
valoración de la prueba se comprende su estudio crítico de conjunto, tanto de los
varios medios aportados por una parte para tratar de demostrar sus alegaciones
de hecho, como de los que la otra adujo para desvirtuarlas u oponer otros hechos
y los que el juez decretó oficiosamente.

Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez, como lo vimos al tratar de los
sujetos de la prueba (cfr., núm. 60), pues las partes o sus apodera-dos tienen
únicamente una función de colaboradores, cuando presentan sus pun-tos de vista
en alegaciones o memoriales. Es el momento culminante y decisivo de la actividad
probatoria; define si el esfuerzo, el trabajo, el dinero y el tiempo invertidos en
investigar, asegurar, solicitar, presentar, admitir, ordenar y practicar las pruebas
que se reunieron en el proceso, han sido o no provechosos o perdidos e inútiles;
si esa prueba cumple o no el fin procesal a que estaba destinada, esto es, llevarle
la convicción al juez.

27. Por otra parte, no se aprecia un análisis del marco normativo expuesto en
precedencia, en particular, de las sentencias de la Corte Constitucional57 y del
Consejo de Estado58, en las que se ha considerado que la realización de los
derechos e intereses generales y colectivos se acompasa con la esfera de lo
individual o de los derechos subjetivos, de manera que a la vez que se protegen los
valores esenciales que afectan a la comunidad, los derechos individuales están
llamados a realizarse en un perfecto ejercicio sincrónico de intereses.

56 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. Sexta edición. Editorial Temis.

Bogotá. 2022. Pág. 273.
57 Corte Constitucional, sentencia C-519 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; sentencia C-534 del 16 de

octubre de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; sentencia C-126 del 1 de abril 1998, M.P. Alejandro Martínez
Caballero; sentencia C-983 del 1 de diciembre de 2010, M.P. Luís Ernesto Vargas Silva; sentencia C-035 del 8
de febrero de 2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; sentencia C-389 del 27 de julio de 2016, M.P. María
Victoria Calle Correa.
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2010, expediente 30987 [fundamento 3],

C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de la Subsección C, sentencia del 1 de junio de 2022, expediente 56007, C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia del 19 de febrero de 2024, expediente 66480, C.P. Nicolás Yepes
Corrales; sentencia del 24 de abril de 2024, expediente 57563, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de la
Subsección A, sentencia del 25 de septiembre de 2025, expediente 71454, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

30

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

En el marco de un Estado Social de Derecho, los derechos están sometidos a
cargas y límites en su ejercicio. Por consiguiente, para justificar la afectación en la
ejecución de un título minero será indispensable demostrar, en cada caso, la
supresión o desaparición de un elemento que, en principio, no estaba llamado a
restringirse o a quedar condicionado por la función ecológica y social de la
propiedad y la observancia del bien común, pues, en todo caso, la regla general es
el respeto por los postulados constitucionales de la iniciativa privada, la libertad
económica y de empresa, en los términos del artículo 333 de la Constitución Política.
En esa medida, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha considerado que59:

los contratos celebrados conforme a la ley pueden verse afectados cuando
ingresan al ordenamiento jurídico “principios y/o reglas que pueden eventualmente
modificar significativa y sustancialmente el acuerdo contractual al que habían
llegado las partes, máxime si, se insiste, las normas proferidas son catalogadas
como de orden público”, […].

En lo que respecta particularmente a los contratos mineros que fueron afectados
por disposiciones legales y reglamentarias de carácter ambiental dictadas con
posterioridad a la suscripción de aquel, se itera que el Código de Minas prevé, en
forma expresa, que estas son de aplicación general e inmediata para todas las
obras y labores minera60 (…). En suma, se recuerda que la Corte Constitucional al
analizar la constitucionalidad del artículo 34 del Código de Minas —zonas
excluibles de minería— estableció que además de las zonas expresamente
mencionadas en esa normativa, la autoridad ambiental puede declarar otras en el
futuro61, lo que implica que eventualmente, se afecten los contratos de concesión
minera que, en principio, recaían sobre zonas no excluibles de la minería.

28. De este modo, cuando se presentan situaciones específicas que surgen dentro
de relaciones ligadas a la utilidad pública o el interés social, si bien, aunque aparece
un derecho que protege una posición o relación jurídica, no significa que este
implique un estado de cosas inalterable, sino que debe sujetarse a la regulación
legal, máxime cuando está inmersa la protección ambiental y, por ende, la guarda
del interés común.

Esto sucede en esta controversia, en la que el derecho contractual [concesión
minera] de explotar recursos naturales no renovables de un yacimiento de arcilla
debe estar en armonía con el cumplimiento de objetivos de interés público, como la
protección de bienes jurídicamente relevantes, tal es el caso de la conservación de

59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, expediente 57563

[fundamento jurídico 4.19], C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
60 Original de cita: Apartado 4.13 (segundo párrafo).
61 Original de cita: Apartado 4.8.

31

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

un ecosistema de interés estratégico, a saber, la Sabana de Bogotá, sus páramos,
aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos, que fueron
declarados –artículo 61 de la Ley 99 de 1993– como de interés ecológico nacional,
cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y forestal.

29. En igual sentido, tal como lo consideró la Corte Constitucional, en la sentencia
C-534 de 199662, al estudiar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993, la facultad que la
Constitución les otorgó a los municipios de Cundinamarca y al Distrito de Bogotá
para reglamentar los usos del suelo y dictar normas tendientes a la protección de
su patrimonio ecológico, en nada la interfiere la mencionada disposición, pero sí
configura un límite:

a la autonomía de esas entidades territoriales, legítimamente establecidas por el
Congreso de la República en ejercicio de su potestad legislativa, para preservar el
patrimonio ambiental de la Nación, que como tales deberán ser tenidas en cuenta
por las corporaciones municipales de elección popular, a la hora de desarrollar las
competencias reglamentarias que les corresponden.

En cuanto a las disposiciones del inciso tercero del artículo 61 de la ley 99 de 1993,
objeto de impugnación, ellas, como ha quedado establecido, hacen parte de una
norma dirigida de manera específica a los municipios de Cundinamarca y a la
Sabana de Santa Fe de Bogotá; su contenido simplemente desarrolla el mandato
del artículo 334 de la Carta Política, que le ordena al Estado intervenir, por mandato
de la ley, en materia de uso de suelos y explotación de recursos naturales, sin que
su contenido impida que dichas entidades territoriales puedan ejercer la actividad
normativa que les señalan los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Carta Política,
para lo cual deberán tener en cuenta, no solo las disposiciones de la misma ley,
sino aquellas que a nivel nacional expida el gobierno en desarrollo de la potestad
reglamentaria que para el efecto le reconoce el numeral 11 del artículo 189 de la
C.P., la cual puede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Carta
Política, ejercer a través del Ministerio del Medio Ambiente.

Se materializa, en este precepto legal, la intervención del Estado en lo relacionado
con la explotación de recursos naturales y el uso del suelo, a las que se refiere
expresamente el artículo 334 superior, haciendo armónico el desarrollo del artículo
8 de la Constitución que le ordena a las personas y al Estado proteger las riquezas
naturales de la Nación, con los objetivos, también atribuidos al Estado, de
garantizar e impulsar un desarrollo económico sostenido, que a tiempo que
garantice el bienestar general, preserve ese patrimonio esencial conformado por
las riquezas naturales y el medio ambiente. Y no podía ser de otra manera, dada
la relación estrecha de dependencia que existe entre procesos de desarrollo
económico, recursos naturales y medio ambiente.

30. Por lo anterior, con independencia del «certificado de uso de suelo» expedido
por la gerencia de planeación del Municipio de Cogua63, en el que se señala que el
Plan Básico de Ordenamiento Territorial-PBOT, adoptado por el Acuerdo No. 022

62 [Fundamento jurídico 8], M.P. Fabio Morón Díaz.
63 Folios 37 a 39 del cuaderno 1 del Tribunal.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

de 2000, dispone zonas mineras para explotación de canteras y «gravilleras», entre
las que supuestamente se encuentra el área de concesión del contrato minero EEU-
082, lo cierto es que dicha reglamentación debe armonizarse con la Resolución No
2001 de 2016, ya que, en relación con la Sabana de Bogotá, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con estricto apego por la ley y sin que exista
lugar al capricho de quien ocupa un cargo de autoridad, tiene la competencia
de determinar zonas de compatibilidad e incompatibilidad con las explotaciones
mineras. Así lo autoriza el mencionado artículo 61 de la Ley 99 de 1993.

31. Asimismo, la supuesta vulneración al principio de igualdad no encuentra
fundamento cuando en la Resolución 2001 de 2016 se prevé, como se explicó en
precedencia, la posibilidad de que el titular minero solicite la actualización del
polígono de la zona compatible con la minería –artículo 6, modificado por el artículo
8 de la Resolución 1499 de 2018–, lo cual guarda concordancia con el artículo 34
del Código de Minas, en relación con las zonas excluibles de la minería, en el que
se establece: «No obstante, la autoridad minera previo acto administrativo
fundamentado de la autoridad ambiental que decrete la sustracción del área
requerida, podrá autorizar que en las zonas mencionadas en el presente artículo,
con excepción de los parques, puedan adelantarse actividades mineras en forma
restringida o sólo por determinados métodos y sistemas de extracción que no
afecten los objetivos de la zona de exclusión. Para tal efecto, el interesado en el
Contrato de Concesión deberá presentar los estudios que demuestren la
compatibilidad de las actividades mineras con tales objetivos»64. Aspecto que
no se acreditó que ocurriera en el presente caso.

Igualmente, resulta importante destacar que, tal como lo ha considerado la
jurisprudencia de esta Subsección de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
«el principio de igualdad material no se satisface con la mera invocación genérica
de un trato diferenciado, sino que exige demostrar la identidad sustancial de los
supuestos fácticos y jurídicos entre el caso analizado y otros precedentes
comparables, así como la existencia de un trato diverso carente de justificación
objetiva y razonable»65. Por ello, no hay un tertium comparationis66 válido que

64 Inciso declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-339 del 7 mayo de 2002, M.P.

Jaime Araújo Rentería; 'en el entendido que la autoridad ambiental deberá aplicar el principio de precaución'.
En igual sentido, se pronunció es misma Corte en sentencia C-443 del 8 de julio de 2009, M.P. Humberto Antonio
Sierra Porto.
65 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de octubre de 2025, expediente 56570

[fundamento jurídico 4.4], C.P. Adriana Polidura Castillo.
66 Ibidem. Nota al pie 91 «El tertium comparationis corresponde al criterio objetivo y común de referencia que

habilita la realización de un juicio de igualdad entre dos situaciones, actos o sujetos jurídicos. En el ámbito

33

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

permita activar un auténtico juicio de igualdad en este asunto, tal como lo expresó
el Ministerio Público en su concepto67 (transcripción literal):

la demandante no indica cuales son las demás personas cuya igualdad de trato
predica, máxime cuando no hay referencia específica de los demás títulos mineros
que si fueron incluidos en las zonas compatibles con la actividad minera pues, no
basta con predicar una presunta vulneración del derecho a la igualdad cuando no
se prueba ese supuesto de hecho en que se fundamenta tal argumentación, razón
por la cual, este cargo de nulidad tampoco está llamado a prosperar.

Inclusive, lo anterior se ratifica al revisar el «dictamen pericial»68 allegado con el
escrito inicial, en el cual, no se indicaron los títulos mineros incluidos en la zona
compatible del polígono No 12 de la Resolución 2001 de 2016 que sean realmente
comparables, por lo que dicha prueba se encuentra desprovista de un parámetro
objetivo y verificable de contraste, y resulta insuficiente para estructurar un
verdadero juicio de igualdad.

32. En ese orden de ideas, quedó demostrado que el acto acusado –Resolución
2001 de 2016 proferida por el MADS– se expidió con apego de las normas de orden
superior en que debía fundarse. No incurrió en una «falsa motivación», debido a
que, como se señaló, se indicaron de manera amplia las razones de orden técnico
que llevaron a la determinación de las zonas incompatibles y compatibles con la
minería en la Sabana de Bogotá.

Igualmente, no se puede desconocer que la existencia del título minero debe estar
en armonía con la regulación ambiental –art. 34 del Código de Minas–, así como
con la protección del interés general, ya que dicho negocio jurídico «no impide al
Estado limitar, condicionar o prohibir la actividad objeto de la concesión, cuando con
ello se pretenda proteger un bien jurídico de mayor importancia constitucional» 69.
Incluso, en el presente asunto no se demostró la existencia del necesario permiso
ambiental para ejecutar la actividad minera. Tampoco se agotó el trámite de
actualización del polígono, por solicitud de la interesada, que la misma resolución

constitucional y contencioso administrativo, constituye el elemento compartido indispensable para establecer si
un trato diferenciado encuentra una justificación razonable o, por el contrario, comporta un acto de
discriminación contrario al principio de igualdad. La ausencia de este punto de comparación priva de sustento
jurídico la alegación de trato desigual, en tanto impide demostrar la existencia de supuestos fácticos
equiparables sometidos a un tratamiento normativo divergente. Al respecto ver, entre otras, CORTE
CONSTITUCIONAL, Sentencia C-084 de 2020 y Sentencia C-539 de 2009. CONSEJO DE ESTADO, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, exp. 4203-17 y Sentencia del 19 de septiembre de
2019, exp. 2330-16».
67 Cfr. SAMAI, índice 16.
68 Folios 1 a 25 del cuaderno 3 del Tribunal.
69 Corte Constitucional, sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016 [fundamento jurídico 126], M.P. Gloria Stella

Ortiz Delgado. Criterio reiterado en sentencia C-389 del 27 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

acusada tiene previsto, ni se señaló títulos mineros incluidos en zonas compatibles
que sean realmente comparables, por lo que no se acreditó un parámetro objetivo
y verificable de contraste, necesario para estructurar un verdadero juicio de
igualdad.

Por consiguiente, la Sala encuentra prosperidad en los argumentos de los recursos
de apelación contra la sentencia del 25 de septiembre de 2019 y se dispondrá a
modificar su parte resolutiva –que accedió parcialmente a las pretensiones– y, en
su lugar, se desestimarán todas.

Condena en costas

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP. A su turno, en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación.

Como en este asunto los recursos de apelación interpuestos por el MADS y la ANM
se resolvieron de manera favorable, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2019, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera, Subsección B, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia,
la cual quedará así:

1º DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva de la Agencia Nacional de Minería-ANM, de conformidad con lo expuesto

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00310-01 (65648)
Demandante: Emma Alzate Hernández
Demandado: Nación–Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otro
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

en la presente providencia.

2º NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas en las instancias.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
PRESIDENTE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE70
NICOLÁS YEPES CORRALES
ACS/MAR/VF

70 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se

suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

36

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