Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00535-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00535-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00535-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Expediente: 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: MUNICIPIO DE SOPÓ
Acción: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: Sentencia de segunda instancia
TEMAS: SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO – no es un servicio público domiciliario /
RÉGIMEN CONTRATOS CELEBRADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PÚBLICO – Ley 80 de 1993 / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
– a través del ejercicio de esta facultad las entidades públicas no están habilitadas para
desconocer los efectos legales del pago / PAGO – medio extintivo de las obligaciones.
Surtido el trámite de ley sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
El conflicto se centra en determinar si a través del acta de liquidación unilateral del
negocio jurídico, el municipio podía reliquidar los montos que fueron facturados y
pagados durante la ejecución contractual por concepto de servicio de alumbrado
público.
I. LA SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión adoptada el 10 de septiembre de 2020, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B resolvió negar las pretensiones de la demanda1.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 30 de mayo de 20182
por Codensa S.A. E.S.P.3 (en adelante, la sociedad, la demandante o Codensa), en
contra del municipio de Sopó (en adelante el municipio, la entidad o el demandado),
cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos jurídicos se enuncian a
continuación:
1
Mediante auto del 3 de diciembre de 2020, el a quo adicionó la sentencia, “respecto del cargo ‘vicio por error
de derecho en la aplicación normativa’”, al explicar que ese cargo quedó resuelto “por sustracción de materia”,
con las razones que se sustentaron en relación con el “vicio en torno al motivo del acto” (folios 417 y 418 del
cuaderno principal).
2
Folio 15 del cuaderno 1.
3
El 23 de octubre de 1997 fue constituida la empresa Codensa S.A. E.S.P., mediante escritura pública 4610,
otorgada en la Notaría 36 de Bogotá. Como consta en sus estatutos, “es una sociedad comercial, por acciones,
del tipo de las anónimas, constituida como una empresa de servicios públicos conforme a las disposiciones de
la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y ejerce sus
actividades dentro del ámbito del derecho privado como empresario mercantil” (consultado en:
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13227&dt=S)
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
Pretensiones
3. Se solicitó la nulidad de la Resolución No. 120 del 20 de septiembre de 2017,
por medio de la cual se liquidó unilateralmente el convenio No. 007 de 2003 suscrito
entre Codensa y el municipio, así como la nulidad de la Resolución No. 154 del 11
de diciembre de 2017 que la confirmó. Consecuencialmente se pidió que se
restablezca su derecho, en el sentido de que se extingan las obligaciones
pecuniarias originadas en tales resoluciones y, en el evento de haberse efectuado
su pago, se restituyan los valores a la demandante con la indexación
correspondiente4.
Hechos
4. En apoyo de las pretensiones se enunciaron los hechos que la Sala resume
a continuación:
• El 13 de mayo de 2003 la demandante y la demandada celebraron el convenio No.
007 “para el arrendamiento –uso– de infraestructura de alumbrado público de
propiedad de Codensa S.A. ESP incluido el suministro de energía, el
mantenimiento, modernización (repotenciación) y expansión de redes de alumbrado
público”5, por un plazo de 10 años que vencía el 13 de mayo de 2013, pero que se
prorrogó hasta el 31 de marzo de 2015.
• En la cláusula cuarta se fijó la metodología para el cálculo de la tarifa de consumo
en el sistema de alumbrado público municipal, la cual no fue ajustada por las partes.
No se profirió normativa que incidiera en los métodos de estimación estipulados.
• Codensa facturó los servicios prestados, entre ellos, el de suministro de energía
eléctrica destinado al alumbrado público municipal. El municipio no presentó
reclamación contra las facturas, por lo cual se encuentran en firme (art. 154, Ley
142 de 1994).
• El municipio no convocó a Codensa para la realización de la liquidación bilateral
del convenio; 30 meses después de su finalización lo liquidó unilateralmente.
Reliquidó los valores pagados y ordenó que el saldo de $611’191.138 que resultó
de esa operación le fuera consignado.
Los fundamentos de derecho
5. Como sustento de sus pretensiones Codensa expresó:
(i) Los actos fueron proferidos con desviación de poder. El municipio le otorgó a la
liquidación unilateral un fin distinto al que le corresponde. El acto no versó sobre un
corte de cuentas, sino que comportó la modificación unilateral de las tarifas
acordadas en el contrato. En la cláusula décimo octava se pactó que la tarifa del
4
En el acápite de estimación razonada de la cuantía se indicó que asciende a $611’191.138, “valor que se
indica en las resoluciones que acá se reclaman como el que CODENSA S.A. ESP debe consignar a favor del
Municipio de Sopó como resultado de las reliquidaciones ilegales realizadas en el trámite de liquidación
unilateral del Convenio 007 de 2003” (folio 29 del cuaderno 1).
5
Folio 16 del cuaderno 1.
2
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
suministro de energía y de arrendamiento de la infraestructura se actualizaría por la
existencia de nuevas normas regulatorias. En los términos de la cláusula vigésimo
segunda, para que tales ajustes se incorporaran al contrato debía mediar acuerdo
entre las partes.
La modificación unilateral, además de ser excepcional, opera durante la ejecución
del contrato, por lo que no podía aplicarse respecto de un negocio que ya había
terminado.
(ii) Violación de los principios de respeto por el acto propio, buena fe contractual y
confianza legítima. En el contrato se pactaron los mecanismos para que, previo al
pago, el municipio aprobara la facturación respectiva o presentara los reclamos que
estimara pertinentes. Sin embargo, durante toda la ejecución no presentó ninguno
de los que mencionó en la liquidación, acto en el que revisó toda la facturación para
concluir en un saldo a su favor.
(iv) Vicios en la motivación del acto. En los actos solo se optó por enunciar las
normas técnicas regulatorias sin explicar su aplicación retroactiva para la
modificación del contrato y tampoco la metodología utilizada para determinar los
saldos en contra de Codensa.
(v) Error en la aplicación normativa. Las normas que tuvo en cuenta el municipio
para la liquidación –especialmente la Resolución CREG 181331 de 2009,
concerniente a la vida útil de la infraestructura de alumbrado público que era objeto
de arrendamiento– fueron promulgadas con posterioridad a la celebración del
negocio jurídico, por lo cual no podían ser aplicadas (art. 38, Ley 153 de 1887).
Contestación de la demanda
6. El municipio se opuso a las pretensiones de la demanda. Expuso:
• A través de la liquidación no se modificaron las cláusulas del contrato, se
reliquidaron los cobros de Codensa con base en la normativa aplicable. (i) Respecto
del suministro de energía eléctrica se advirtió que el factor PR –pérdidas– fue mal
introducido por la demandante en las fórmulas, el cual dependía del nivel de tensión
2 y no del 1; (ii) se recalculó el arrendamiento de la infraestructura, según las
variables de vidas útiles de la Resolución 181331 del 6 de agosto de 2009 del
Ministerio de Minas y Energía; y (iii) se liquidaron los gastos anuales de
administración, operación y mantenimiento (OMap), de conformidad con la
Resolución CREG 099 de 1997.
• En la cláusula décimo octava del convenio se estipuló que se actualizaría por
nuevas leyes o regulaciones gubernamentales sobre la prestación del servicio,
cambios en la regulación expedida por la CREG o por modificaciones de tecnología
y repotenciación del sistema actual, por ahorro o aumento en el consumo de energía
de acuerdo al nivel lumínico exigido por el municipio.
• En la cláusula vigésima segunda no se estipuló que para aplicar las nuevas
regulaciones de la CREG se requiriera previo acuerdo de las partes. Se trata de
3
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
normas de obligatorio cumplimiento para todas las personas responsables de la
prestación del servicio de alumbrado público.
• En el negocio jurídico se estableció la forma de liquidación de la tarifa y se indicó
que para su determinación se tomaría como base los parámetros de la CREG, los
cuales sirvieron de sustento para la determinación de las resoluciones enjuiciadas,
a saber: (i) Resolución CREG No. 043 del 23 de octubre de 1995 o la que la
modifique o reemplace –sustituida por la Resolución CREG 123 de 2011–, (ii)
Resolución CREG 043 de 1996, (iii) Resolución CREG 89 de 1996, (iv) Resolución
CREG 082 de 2002, (v) Resolución CREG 097 de 2008, (vi) Resolución CREG 119
de 2007, y (vii) Resolución CREG 123 del 8 de septiembre de 2011. Junto con las
anteriores normas, se agregó el análisis de la Resolución del Ministerio de Minas y
Energía 181331 de 2009, sobre las nuevas vidas útiles para las unidades
constructivas del sistema de alumbrado público municipal.
• El municipio no desconoció sus propios actos. Las decisiones cuestionadas se
basaron en la correcta revisión de cuentas y en las comunicaciones radicadas ante
Codensa, respecto de las cuales la demandante no se pronunció. Codensa conocía
los ajustes de la normatividad; sin embargo, no atendió las solicitudes de ajuste
presentadas por el municipio, ni las respondió de fondo.
• No hubo desviación de poder. La liquidación se ciñó al ordenamiento jurídico y a
las prestaciones derivadas de la ejecución del contrato.
• Las resoluciones están debidamente motivadas. Se explicaron las variables de
ajuste y las normas aplicadas.
• Propuso las excepciones de: (i) inexistencia o carencia de razón para el ejercicio
del derecho pretendido. El municipio sí requirió a Codensa para la liquidación del
negocio, pero ésta se sustrajo de remitir la información respectiva; (ii) inexistencia
de vicios de los actos acusados. La entidad se fundamentó en la normativa vigente;
y (iii) temeridad de la acción. Codensa pretende favorecerse de su propio error, al
negarse a concurrir a liquidar de común acuerdo el contrato.
Alegatos en primera instancia
7. Vencido el período probatorio6, en el término para alegar de conclusión,
Codensa insistió en las razones que planteó en el libelo introductorio7 y el municipio
reiteró las razones de su defensa8. El Ministerio Público9 manifestó que no están
llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda, dado que los actos se
basaron en las normas procedentes. Aunque el municipio no manifestó
6
En la continuación de la audiencia inicial celebrada el 6 de agosto de 2019, el Tribunal incorporó como pruebas
los medios documentales aportados con la demanda (c. 2 y cd obrante a folio 1 del c. 1) y en la contestación
(fls. 84 a 261 del c. 1); asimismo, decretó los testimonios de los señores Carlos Fernando Reyes Moreno
(rendido en la audiencia de pruebas del 16 de diciembre de 2019) y Omayra Esperanza Cortés Ariza (practicado
en la audiencia de pruebas del 16 de diciembre de 2019), así como el interrogatorio del representante legal de
Codensa (el a quo aceptó el desistimiento de esta prueba, en la audiencia de pruebas celebrada el 26 de
septiembre de 2019).
7
Folios 360 a 373 del cuaderno 1.
8
Folios 374 a 391 del cuaderno 1.
9
Folios 351 a 356 del cuaderno 1.
4
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
inconformidad sobre la facturación realizada, la liquidación es el momento oportuno
para revisar el estado de cuentas, por lo cual actuó dentro del marco legal y
contractual correspondiente.
Los fundamentos de la sentencia impugnada
8. El Tribunal expresó que las resoluciones enjuiciadas se ajustaron a los
lineamientos del contrato, en particular a las cláusulas 13 y 21 relativas a la
incorporación de la regulación del servicio de alumbrado público, cobro de energía
y arrendamiento. Como se estipuló, para el cálculo del PR –pérdidas–, la tarifa del
servicio de energía, la determinación de la vida útil de las luminarias a efectos de
cuantificar el valor del arrendamiento de infraestructura, y el valor correspondiente
a la Administración, Operación y Mantenimiento –AOM– se aplicó la normativa de
la CREG, por lo cual no puede concluirse que con la liquidación se introdujera
modificaciones unilaterales al negocio jurídico.
9. La demandante incurrió en contradicción. Codensa conocía de la
normatividad técnica del sector, con base en la cual aplicó un ajuste tarifario de
conformidad con la Resolución CREG 119 de 2007, pero se abstuvo de aplicar las
demás regulaciones correspondientes, en especial la relativa al cobro del
componente PR en el nivel de tensión 2 y no en el 1. Se limitó a aplicar las
regulaciones de la CREG que la beneficiaban y omitió aquellas que modificaban la
tarifa en su detrimento.
10. Aunque en 2010 se presentaron peticiones sobre el cobro de la tarifas, para
que el cálculo del PR se realizara con sustento en el nivel 2 de tensión, sin obtener
una respuesta de fondo de Codensa, ello no significa que el tema de reparo
planteado en esos escritos no pudiese verificarse en la liquidación unilateral del
negocio, ya que esa era la etapa establecida para la constatación de los cobros
realizados; además, en las facturas Codensa no detalló de manera técnica y
específica los valores allí plasmados, correspondiéndole al municipio verificarlos.
11. El hecho de que se hubieren expedido las facturas y éstas no se objetaran
no configura una trasgresión al principio de buena fe y confianza legítima o el
desconocimiento de los actos propios, toda vez que al municipio le correspondía
liquidar el contrato. A pesar de que sí se intentó la liquidación bilateral, Codensa no
suministró la información pertinente, por lo cual el demandado debió proceder de
forma unilateral.
II. EL RECURSO DE APELACIÓN
12. La demandante interpuso recurso de apelación con el objeto de que se
revoque la sentencia de primera instancia. Señaló:
• El municipio no podía reliquidar los consumos de energía y ordenar a Codensa el
reembolso del monto indicado, en tanto la facturación del servicio de energía
eléctrica se gobierna por un régimen especial. Las facturas emitidas por Codensa
tienen el carácter de actos administrativos que, al no haber sido discutidos en los
términos del art. 152 de la Ley 142 de 1994, constituyeron una situación jurídica
consolidada que no podía ser variada por la liquidación unilateral. Entre las
5
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
actividades que comporta el servicio de alumbrado público se clasifica la del
suministro de energía eléctrica que se contrata con una empresa comercializadora
que para el desarrollo de esta actividad está sujeta a la regulación que gobierna esa
materia (Res. CREG 089, art. 2) que es la contenida en la Ley 143 de 1994 que, a
su vez, remite, en lo pertinente, a la Ley 142 de 1994 (art. 11, Ley 143 de 1994).
• El municipio no adelantó el trámite regulado en el artículo 152 de la Ley 142 de
1994, las pruebas testimoniales que obran en el plenario dan cuenta de ello. Solo
presentó unas objeciones, pero no interpuso recurso ni reclamación formal.
• Todas las facturas fueron remitidas al municipio para su aprobación antes del
pago. Pese a que en el contrato se pactó un procedimiento para que presentara sus
reclamos frente a los valores facturados, no lo adelantó, por lo cual reliquidar las
facturas en el acto de liquidación constituyó una actuación que va en contra del
principio de buena fe, de sus actos propios y de la confianza legítima que se había
generado en Codensa.
Trámite en segunda instancia
13. En auto del 16 de abril de 202110, el Tribunal concedió el recurso de apelación
y esta Corporación lo admitió en proveído del 30 de agosto de ese año11. Dado que
al presente asunto le son aplicables las previsiones de la Ley 2080 de 2021 12, que
modificó el artículo 247 del CPACA, no se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión, comoquiera que no hubo petición probatoria en segunda instancia.
14. El Ministerio Público guardó silencio13.
III. CONSIDERACIONES
El objeto de la apelación
15. La cuestión se centra en establecer si a través del ejercicio de la potestad de
liquidación unilateral el municipio podía recalcular el valor de las facturas que
Codensa emitió y el demandado pagó, instrumentando el cobro del servicio de
alumbrado público durante la ejecución contractual, a pesar de que no presentó
reclamaciones ni recursos en su contra en los términos del artículo 154 de la Ley
142 de 1993, ni surtió el trámite pactado en el contrato para presentar reclamos
frente a ellas.
16. A través del convenio No. 7 del 13 de mayo de 2003, Codensa se
comprometió a dar en arrendamiento al municipio la infraestructura de alumbrado
público y puntos luminosos localizados en las calles, escenarios deportivos y demás
espacios de libre circulación, ubicados tanto en el área urbana como rural del
10
Folio 428 del cuaderno principal.
11
Folio 433 del cuaderno principal.
12
Toda vez que recurso de apelación se interpuso el 25 de enero de 2021, esto es, en vigencia de la Ley 2080
de 2021 -25 de enero de 2021-.
13
El numeral 6 del art. 247 del CPACA consagra que “[e]l Ministerio Público podrá emitir concepto desde que
se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”; sin embargo, según
consta en el informe secretarial del 4 de octubre de 2021, índice 008 de SAMAI, el Ministerio Público no se
pronunció.
6
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
municipio, y a suministrarle la energía eléctrica para dicho alumbrado, así como el
cambio o reposición de los equipos que se dañaran, su modernización
(repotenciación) y expansión. A su vez, el municipio se obligó a pagar los valores
que la empresa le facturara por concepto de alumbrado público14.
17. Dadas las prestaciones a cargo de los sujetos negociales, el acuerdo en
estudio, al margen de su denominación, se estatuye como un contrato y no como
un convenio15, en la medida que el propósito de las partes no se enlazó a un ánimo
de cooperación para la consecución de un fin común, sino que se enmarcó en la
prestación de unos servicios a cargo de la parte habilitada para ello a cambio de la
remuneración a la que se obligó el municipio.
18. El contrato se gobernó por las disposiciones de la Ley 80 de 1993. En la
actualidad se encuentran superadas las discusiones que en otrora se presentaron
respecto de la regulación aplicable a los contratos para la prestación del servicio de
alumbrado público16 y que, ante la ausencia de regulación expresa sobre la materia,
condujeron en un principio a que se les aplicara las disposiciones de las Leyes 142
y 143 de 1994. Este entendimiento se abandonó en consideración a que el servicio
de alumbrado público no participa de la naturaleza de los servicios públicos
domiciliarios17 y tampoco se puede subsumir en las actividades del sector
energético gobernadas por la segunda18, a lo que se añade que, de conformidad
14
“PRIMERO.- OBJETO DEL CONVENIO: Mediante el presente CONVENIO CODENSA S.A. E.S.P. se
compromete con el Municipio de SOPO a dar en arrendamiento –uso- la infraestructura de alumbrado público
de propiedad de Codensa S.A. ESP ubicada en el área urbana y rural del Municipio de SOPO,
comprometiéndose: a suministrarle la energía, cambiar o reponer los equipos que se dañen; modernizándola
(repotenciación) y expandiéndola. CODENSA S.A. ESP seguirá prestando al Municipio el servicio de energía
hasta tanto el Municipio le manifiesta por escrito a CODENSA lo contrario. El Municipio de SOPO se compromete a cancelar oportunamente los valores que CODENSA S.A. ESP le facture
por la prestación del servicio de alumbrado público” (fl. 3 cdno 2). 15
El punto distintivo de estos institutos se cimienta en que los convenios tienen como objetivo la
complementación y articulación de las funciones de cada entidad, mediante una relación en el ámbito de
igualdad o equivalencia, donde el eje orientador del vínculo es el ánimo de cooperación recíproca, sin que ello
denote que las prestaciones que se pacten no puedan reflejar un contenido patrimonial, lo que significa es que
se evalúan de cara al alcance de los intereses convergentes o comunes. Los contratos son expresión de la
concreción de un interés meramente económico o ganancial, en donde, si bien el actuar de las partes confluye
en el alcance de un interés común –el objeto pactado-, tal propósito está orientado por el logro de ciertas
prestaciones mediante su remuneración a través de obligaciones de contenido patrimonial. Sobre la diferencia
entre contratos y convenios se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección:
(i) del 14 de junio de 2019, radicación AP 2010-02552, (ii) del 20 de noviembre de 2019, radicación 66001-23-
33-000-2015-00131-01 (61429) y (iii) del 31 de marzo de 2023, radicación 76001233100020060328401
(58.623). 16
Inicialmente, esta Colegiatura, en aplicación del mencionado artículo 8 de la Ley 143 de 1994, consideró que
los contratos referidos a la prestación del servicio de alumbrado público debían someterse al derecho privado,
por tratarse de una actividad conexa al servicio público domiciliario de energía eléctrica, en los casos en que no
se hubieren incluido cláusulas excepcionales al derecho común (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, auto del 13 de noviembre de 2003, Radicación 73001-23-31-000-2001-02644-
01(23364); sin embargo, en observancia de las normas especiales sobre la aribución de competencia en torno
al alumbrado público a cargo de la entidades territoriales y en virtud de la constatación del panorama de
aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994, esta Sección se alejó del referido criterio, para colegir que los
contratos para la prestación del alumbrado público se someten al EGCAP, tal como se plasmó en las sentencias:
de la Subsección A del 3 de agosto de 2017, radicación 08001-23-31-000-2005-02501-01(52285), Consejera
Ponente: Marta Nubia Veláquez Rico y del 11 de abril de 2019, radicación 68001-23-31-000-2002-01780-
01(38571), Consejera Ponente: María Adriana Marín y de la Subsección C del 15 de diciembre de 2017,
radicación 76001-23-33-000-2013-00169-01(50045), Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 17
Los servicios públicos domiciliarios son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o
humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad
específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas en sus domicilios (sentencia C-060-05), a
fin de la garantía de los requerimientos básicos de bienestar, salubridad y saneamiento. Los servicios públicos
domiciliarios están definidos de manera taxativa en la Ley 142 de 1994, listado en el que no se incorporó al
servicio de alumbrado público.
18
Contentiva del régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de
electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia
7
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
con el artículo 311 constitucional, en concordancia, en su momento, con el artículo
2 de la Resolución CREG 43 de 1995 y el artículo 4 del mencionado decreto19, la
obligación de prestar los servicios públicos está a cargo de los distritos y los
municipios, cuya actividad contractual se rige por las normas del Estatuto General
de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–.
19. En consecuencia, en las materias reguladas por el EGCAP, el contrato 7 del
13 de mayo de 2003 se sujetó a ellas; en los demás, es necesario remitirse a las
normas especiales pertinentes.
20. Para la época en que se celebró el contrato estaba vigente la Resolución 043
del 23 de octubre de 199520, por medio de la cual la Comisión de Regulación de
Energía y Gas –CREG– reguló de manera general el suministro y el cobro que
efectuaran las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios a los
municipios por el servicio de energía eléctrica destinada a alumbrado público. En
esta resolución la Comisión definió el servicio de alumbrado público como el referido
a “la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre
circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de
derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la
visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares
como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes
electrónicos instalados por el Municipio. Por vías públicas se entienden los senderos
peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular”.
21. En el artículo 2 de la misma resolución estableció las responsabilidades en
las etapas de la prestación del servicio de alumbrado público. Señaló que
corresponde a los municipios la competencia para su prestación dentro del
perímetro urbano y rural de su jurisdicción y que esas entidades territoriales eran
las responsables del mantenimiento de todos los elementos destinados a su
prestación21, de la obligación de velar por la incorporación de los avances
tecnológicos que permitieran hacer uso eficiente de la energía eléctrica destinada
al alumbrado público, y de los elementos que ofrecieran la mejor calidad de
iluminación, según la capacidad económica del municipio, así como de desarrollar
la expansión del sistema. Asignó en cabeza de las empresas distribuidoras o
comercializadoras la responsabilidad respecto del suministro de energía eléctrica.
22. De conformidad con ese mismo artículo 2, para el suministro de la energía
eléctrica los municipios debían celebrar contratos o convenios con empresas
distribuidoras o comercializadoras de ese servicio. Las actividades de
mantenimiento de expansión debían ser prestadas directamente por el municipio o
a través de contratos o convenios con la misma empresa que estaría encargada del
energética. El servicio de alumbrado público comporta, además del suministro de energía eléctrica, las
actividades mantenimiento y expansión que no están reguladas por esta normativa.
19
Decreto 2424 de 2006. “Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables
de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o
indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de
alumbrado público”.
20
Derogada por el artículo 30 de la Resolución 123 de 2011, derogada, a su vez, derogada por el artículo 45
de la Resolución 101-13 de 2022.
21
Para lo cual se debía tener en cuenta la propiedad de las redes y demás elementos destinados al servicio.
8
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
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Acción: Controversias contractuales
suministro de energía eléctrica o con cualquier otra persona natural o jurídica que
acreditara idoneidad y experiencia en esa labor.
23. En el artículo 6 se dispuso que la empresa distribuidora o comercializadora
debía facturar mensualmente o bimestralmente el servicio de alumbrado público al
municipio, según el sistema de facturación que tuviera autorizado, que el municipio
estaba obligado al pago oportuno del servicio y que las partes podían acordar las
modalidades de pago, con sujeción a las disposiciones legales vigentes. En el
artículo 7 se señaló que el municipio se sometería a los procedimientos para pagos
del servicio de energía eléctrica que tuviera establecida la empresa para los
usuarios oficiales, incluyendo los plazos y las sanciones por mora. En el artículo 1
de la Resolución 89 de 199622 la CREG estableció el régimen de libertad de tarifas
para la energía eléctrica que las empresas suministraran a los municipios y distritos,
con destino al alumbrado público.
24. En el artículo 8 de la Resolución 043 de 1995 se estableció que, “con
sujeción a las normas que lo rigen”, el municipio podía celebrar convenios o
contratos para el suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado
público y previó los aspectos mínimos que debían contener tales negocios
jurídicos23. Paralelamente, en el artículo 2 de la Resolución 089 de 1996, la CREG
22
Por la cual se estableció el régimen de libertad de tarifas para la venta de energía eléctrica a los municipios
y distritos, con destino al alumbrado público. Derogó el artículo 5 de la Resolución 43 de 1995, que establecía
un sistema tarifario (resolución derogada por el artículo 30 de la Resolución 123 de 2011, derogada, a su vez,
derogada por el artículo 45 de la Resolución 101-13 de 2022).
23
ARTICULO 8o. CONTRATO DE SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y EXPANSION DEL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO. Con sujeción a las normas que lo rigen, el Municipio podrá celebrar convenios o
contratos para el suministro, mantenimiento y expansión del servicio de alumbrado público. Los contratos
deberán contener, como mínimo, los siguientes aspectos:
8.1. SUMINISTRO:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes (condiciones especiales del suministro)
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias)
4. Forma de lectura y estimación del consumo (de acuerdo con lo establecido en la presente resolución).
5. Tarifas del suministro (la cual debe corresponder a la determinada por la entidad competente).
6. Períodos de facturación
7. Forma de pago
8. Intereses moratorios
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato
8.2. MANTENIMIENTO:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes (condiciones especiales del mantenimiento).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias)
4. Modalidad y periodicidad del mantenimiento.
5. Valor del servicio del mantenimiento.
6. Metodología para su cálculo.
7. Facturación.
8. Forma de pago.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato
8.3.EXPANSION:
1. Objeto
2. Obligaciones y deberes de las partes contratantes (condiciones especiales de la expansión, alcances).
3. Estado actual del servicio (inventario de luminarias)
4. Modalidad y periodicidad de la expansión.
5. Valor del servicio de la expansión.
6. Metodología para su cálculo.
7. Facturación.
8. Forma de pago.
9. Causales de revisión del convenio.
10. Causales de terminación anticipada.
11. Duración del contrato
9
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estableció que “[l]a actividad de comercialización de electricidad para alumbrado
público está sujeta a las normas que rigen la comercialización de electricidad”, de
ahí que en este componente del servicio de alumbrado público se deba hacer
remisión a la Ley 143 de 1994, en tanto la comercialización es una de las actividades
del sector energético que están reguladas especialmente por esa normativa, no así
en los aspectos de mantenimiento y expansión, pues a ellos no se refiere esa ley.
25. El artículo 11 de la Ley 143 de 1994 define la comercialización como “la
actividad consistente en la compra de energía eléctrica y su venta a los usuarios
finales, regulados o no regulados” y señala que se sujeta a las disposiciones
contenidas en esa misma ley y en la Ley 142 de 1993, “en lo pertinente”, es decir,
que la remisión a la normativa especial de servicios públicos domiciliarios no opera
respecto de todas y cada una de sus disposiciones, sino solamente respecto de
aquellas que no se opongan al contenido de la Ley 143 y que la complementen,
tales como las regulaciones atinentes al servicio público domiciliario de energía
eléctrica, calificación de la que no participa el servicio de alumbrado público.
26. En materia de suministro de energía eléctrica con destino al alumbrado
público no opera la remisión del referido artículo 11 de la Ley 143 de 1994 a las
disposiciones de la Ley 142 de 1994, específicamente, para lo que interesa a este
caso, a las contenidas en el capítulo VII –DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE
DE LA EMPRESA– del Título VIII –EL CONTRATO DE SERVICIOS PÚBLICOS–,
no solo porque dicho servicio no tiene la condición de domiciliario, sino porque los
mecanismos dispuestos en ese capítulo están diseñados en el marco del contrato
de condiciones uniformes que se pacta para la prestación de los servicios que sí
tienen esa connotación y a la posición de dominio24 que, en ese marco, tienen las
empresas prestadoras de servicios públicos frente a sus usuarios o suscriptores,
negocio jurídico que, según se deriva de la Resolución 43 de 1995 y de las que la
sustituyeron, no es el medio que se utiliza para la contratación del suministro de
energía eléctrica con destino al alumbrado público.
27. Aunque existe conexidad entre el servicio de alumbrado público y el
domiciliario de energía eléctrica, en cuanto en ambos es necesario el suministro de
tal, lo cierto es que entre uno y otro existen marcadas diferencias que se ven
reflejadas, principalmente, en la forma de su contratación y en su destinación 25.
28. El contrato de servicios públicos domiciliarios es un contrato típico, en tanto
está definido legalmente en el artículo 128 de la Ley 142 de 1993 como “un contrato
uniforme, consensual, en virtud del cual una empresa de servicios públicos los
La actividades de que trata el presente artículo podrían ser desarrolladas por uno o varios contratistas, a juicio
de la entidad contratante. En cualquier caso, debe tenerse en cuenta el principio de eficiencia, que procura una
correcta utilización y asignación de los recursos disponibles”.
24
ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
(…)
14.13. POSICIÓN DOMINANTE. Es la que tiene una empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y
la que tiene una empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, cuando
sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado.
25
En el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios se fijan condiciones uniformes para que el
servicio se preste a muchos usuarios no determinados, en lugares específicos como sus viviendas o lugares de
trabajo. El de alumbrado público, aunque está destinado a satisfacer una necesidad colectiva –la iluminación
de espacios de libre circulación– se contrata con un sujeto determinado que tiene a su cargo el deber de prestar
el servicio de manera directa o indirecta a través de los sujetos que la ley autoriza para ello (art. 4, Decreto 2424
de 2006).
10
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presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones
que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”.
Se trata de un contrato de adhesión, consensual, bilateral, oneroso y conmutativo.
Su regulación no está librada a la voluntad de quien fija sus condiciones, sino que,
por involucrar intereses superiores (art. 365 constitucional), está sometido a la
intervención del Estado, entre otras materias, en función de la definición de los
derechos y deberes de los usuarios o suscriptores, el régimen de protección y la
forma de participación en la gestión y fiscalización de las empresas que asumen su
prestación26.
29. El artículo 132 de la misma normativa establece que el contrato no se regula
exclusivamente por las condiciones uniformes que fije la empresa de servicios
públicos, sino también por lo dispuesta en esa ley, por las condiciones especiales
que se pacten con los usuarios y por las normas del Código Civil y el Código de
Comercio, de ahí que se predique respecto suyo un carácter mixto, en tanto su
regulación no solamente es consensual, sino también reglamentaria27.
30. Se destaca que, de conformidad con el artículo 152 del Capítulo VII del Título
VIII de la Ley 142 de 1994, el derecho de petición es de la esencia de esta clase de
contratos y se instituye como un mecanismo de defensa y protección del suscriptor
o usuario de cara a la posición dominante de la empresa prestadora de los
servicios28. En concordancia, en el artículo 154 de ese mismo capítulo, el legislador
estableció la reclamación y el recurso de reposición y en subsidio el de apelación
como un mecanismo para obligar a la empresa a revisar las decisiones que afecten
la prestación del servicio o la ejecución del contrato, tales como la negativa a
celebrarlo, su suspensión, terminación, corte y facturación. Se trata de un
mecanismo destinado a dotar al suscriptor o usuario de instrumentos de defensa y
protección ante las atribuciones que tienen las empresas de servicios públicos en
ejercicio de su posición dominante29, la cual, valga precisar, no deriva de un
26
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias: Corte Constitucional, sentencias T-
540 de 1992, C-1162 de 2000 y C-558 de 2001, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 30 de julio de 2008, Exp. 26520, 19 de febrero de 2021, Exp.
41475 (Subsección A).
27
“Esa relación estatutaria y contractual aparece vertida en el artículo 132 de la ley de servicios, que a su turno
impone una regla hermenéutica tendiente a la armonización jerárquica de esta ley con las condiciones
especiales que se pacten con los usuarios, con las condiciones uniformes que señalen las empresas de
servicios públicos y con las normas de los códigos de comercio y civil. Poniéndose de relieve el carácter mixto,
o si se quiere especial, del contrato de servicios públicos, de suyo uniforme, consensual, de tracto sucesivo,
oneroso y de adhesión”. Sentencia C-558 de 2001.
28
“… el carácter esencial que los derechos de petición y contradicción ostentan en el marco del contrato de
condiciones uniformes atiende a la protección inmediata de los derechos del usuario, a la cobertura, calidad y
costos del servicio que informan los fines sociales del Estado, y por supuesto, a la participación de las personas
en las decisiones que las afectan. De lo cual se sigue la necesidad de que las actuaciones y resoluciones de
los prestadores de servicios públicos domiciliarios correspondan tanto a la ley como a la praxis inherente a esa
viabilidad empresarial que la Carta reconoce y estimula al amparo de la libre competencia económica con
responsabilidad social, ambiental y cultural (art. 333)
(…)
Bajo estos lineamientos la ley 142 de 1994 estableció en su capítulo VII las reglas correspondientes a la
DEFENSA DE LOS USUARIOS EN SEDE DE LA EMPRESA, destacando in limine el rol esencial que las
peticiones, quejas y recursos juegan dentro del contrato de servicios públicos domiciliarios …” Sentencia C-558
de 2001.
29
“En relación con el componente reglamentario de la relación ‘empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios – usuario’, se observa que la ley de servicios públicos (Capítulo VII, Ley 142/94: Defensa de los
usuarios en sede de la empresa) consagra, de un lado, el derecho de petición a favor de los usuarios de los
servicios, quienes podrán presentar peticiones, quejas y recursos ante la empresa, y de otro lado, hace
referencia al procedimiento2 -garantista de los derechos de contradicción y defensa a favor de los usuarios- que
se debe adelantar por aquellas siempre que van a resolver tales peticiones o a tomar una decisión que afecte
la prestación del servicio o la ejecución del contrato, estableciendo la procedencia de recursos frente a tales
11
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capricho del legislador, ni de una prebenda a su favor, sino de la necesidad de
otorgarles herramientas que permitan garantizar la continuidad, eficacia y eficiencia
en la prestación de los servicios públicos30.
31. En suma, el contrato de servicios públicos domiciliarios, dentro del que se
clasifica el de energía eléctrica con esa destinación, es un contrato de condiciones
uniformes en el marco del cual el legislador dota de instrumentos a los usuarios o
suscriptores para equilibrar la relación con las empresas que los prestan y que
ostentan una posición dominante frente a ellos. El de alumbrado público no participa
de tales características, en éste prima la libertad de condiciones que estipulen las
partes31, lo que explica que en el contrato 7 del 13 de mayo de 2003, en lugar de
remitirse a los mecanismos de defensa establecidos en el capítulo VII del Título VIII
de la Ley 142 de 1994, se pactaran específicamente los medios para resolver las
diferencias que se pudieran presentar en relación con la facturación del servicio
contratado.
32. Por las razones expresadas no le asiste razón al apelante al asegurar que
se configuraron situaciones jurídicas consolidadas respecto de la facturación de tal
servicio, con base en previsiones normativas que no son aplicables al asunto
particular, como lo es el art. 154 de la Ley 142 de 1994.
33. Lo anterior conduce a la Sala a abordar el cargo de la demanda que se reiteró
en la apelación y que se funda en el desconocimiento del municipio de la cláusula
del contrato en la que se estipularon los mecanismos para resolver las diferencias
que se presentaran en torno a la facturación. En relación con este aspecto las partes
pactaron:
“QUINTA. - FACTURACIÓN Y RECAUDO: CODENSA S.A. ESP facturará
el valor de la prestación del servicio de alumbrado público …
PARÁGRAFO 2.- En caso de discrepancia entre las partes, en los
consumos o montos facturados, el Municipio de SOPO requerirá a
CODENSA S.A. ESP las aclaraciones que sean del caso, dentro de los 5
días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la factura: dentro de
un término igual CODENSA S.A. ESP presentará las explicaciones
solicitadas o efectuará las correcciones pertinentes, comunicando su
resultado al municipio. En caso de que subsista la diferencia, el municipio
procederá a cancelar las sumas que no sean materia de controversia,
previa solicitud de aprobación para recepción del pago en el banco y la
diferencia se someterá al siguiente procedimiento: Cada parte designará,
por escrito, un amigable componedor quienes deberán lograr un acuerdo
dentro de los 30 días siguientes. De no lograrse un acuerdo, entre los
amigables componedores o las partes designarán un ÚNICO ÁRBITRO …
para que en CONCIENCIA dentro de un término máximo de 60 días
profiera su dictamen … Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre la
decisiones, para obligar a la empresa a revisarlas y enunciando como actos susceptibles de dicha impugnación,
los de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación, que realice la empresa”. Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2008, Exp. 26520.
30
“Por lo demás, la posición dominante que exhiben y aprovechan las empresas y entidades prestadoras de
servicios públicos domiciliarios debe encontrar un contrapeso jurídico - económico en el ejercicio del derecho
de contradicción predicable del suscriptor o usuario”. Ídem.
31
“El de energía eléctrica es un contrato de servicios públicos “uniforme, consensual, en virtud del cual una e
mpresa de servicios públicos los presta a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a
estipulaciones que han sido definidas por ella para ofrecerlas a muchos usuarios no determinados”, en términos
del artículo 128 de la Ley 142 de 1994. Por su parte, el de alumbrado público es un contrato donde predomina
la libertad de condiciones fijadas de manera conjunta entre las partes”. Sentencia C-035 de 2003.
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designación del árbitro, cualquiera de ellas podrá solicitar su designación
por parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio
de Bogotá de una lista de 10 seleccionados que podrá enviar cada parte.
En este último evento el fallo será en derecho y se deberá seguir el
procedimiento establecido por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá”32.
34. Las reglas negociales reconocieron la posibilidad de surgimiento de
discrepancias respecto de los montos o valores facturados, frente a las cuales el
municipio podía activar una serie de conductas a fin de solucionar tales
desencuentros directamente o dejar sentada su inconformidad, en aras de que
terceros entraran a resolverlos.
35. En un primer estadio, el municipio, dentro de los 5 días hábiles siguientes a
la presentación de la factura, podía formular las aclaraciones o reparos contra ésta,
para que Codensa, en un término igual, respondiera tales inquietudes o efectuara
las correcciones a las que hubiera lugar. Este mecanismo imponía al deudor la
expresión concreta de la divergencia que hubiere advertido en torno a la facturación,
en un plazo fijo, para que de común acuerdo se intentaran resolver las diferencias.
Si superada esa fase subsistía el desacuerdo, el municipio debía pagar los
componentes tarifarios respecto de los cuales no tuviera diferencia, los demás se
someterían a un panel de amigables componedores y, de no lograrse un acuerdo
por parte de éstos, la discordia se sometería a un tribunal de arbitramento, para que
resolviera en derecho el conflicto, en caso de que las partes no convinieran sobre
la designación de un único árbitro para su resolución en conciencia.
36. Al margen de los cuestionamientos de validez que se podrían edificar en
cuanto a que las partes pactaran la posibilidad de que las controversias relativas a
la facturación fueran resueltas con un arbitramento en conciencia, lo cierto es que,
incluso en ausencia de esta precisa estipulación, es claro que lo que convinieron
fue que el municipio no estaba obligado a realizar el pago respecto del monto frente
al cual tuviera discrepancias, hasta tanto el asunto no fuera resuelto entre las partes
o con la intervención de un tercero. Dicho de otro modo, el pago constituía una
manifestación de aquiescencia con el contenido de las facturas, a la vez, en los
términos de la ley, constituye un medio extintivo de la obligación33.
37. Examinadas las piezas probatorias obrantes en el sub lite, así como lo
consignado en la parte motiva de las resoluciones enjuiciadas, no se advierte que
el municipio hubiere hecho uso de las posibilidades que las reglas contractuales le
otorgaron para reprochar los cobros facturados, sino que procedió a su pago.
38. A través de las resoluciones enjuiciadas, el municipio liquidó unilateralmente
el negocio jurídico y ordenó a Codensa consignar a su favor el monto de los saldos
reliquidados –que ascendieron a seiscientos sesenta y un millones ciento noventa
y un mil ciento treinta y ocho pesos ($661’191.138)–. A efectos de desarrollar su
contenido, se traen de presente sus principales argumentos:
32
Folio 4 del cuaderno 2.
33
“ARTÍCULO 1625. <MODOS DE EXTINCION>. Toda obligación puede extinguirse por una convención en
que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1o.) Por la solución o pago efectivo.
(…)”.
13
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Acción: Controversias contractuales
Fecha 20 de septiembre de 2017
Resolutiva 1. Liquida unilateralmente el convenio No. 7 de
2003, así: a) ordena la reliquidación de los
valores de servicio de energía, recalculando el
valor de PR, con un saldo a favor del municipio
por $175’134.550; b) reliquida arrendamiento
de infraestructura en su componente de “vida
útil”; c) reliquida el AOM, en atención a que este
componente no está desagregado ni en los
cobros ni en los pagos (fija el saldo a favor del
municipio de forma conjunta para el
arrendamiento y el AOM en $436’056.588)
2. Ordena consignar los saldos establecidos a
favor del municipio, por el monto total de
$611’191.138
Fundamentos - Para el consumo de energía es preciso calcular su
valor con base en las resoluciones 082 de 2002, 097
RESOLUCIÓN 120 DE
de 2008 y 123 de 2011. Se debe reliquidar el factor
201734
PR, dado que se está cobrando un costo de tensión
1 debiendo cobrarse en el nivel de tensión 2, lo cual
arroja una suma a favor de la entidad territorial.
• Arriendo de infraestructura. Para su cálculo se
tendría en cuenta, entre otros, la vida útil de las
estructuras, la cual se estableció vía convencional,
porque no existía regulación específica. En razón a
que en el mismo convenio se estipuló que este
debía actualizarse con la nueva regulación,
corresponde reliquidar el cálculo del arriendo, pues
de acuerdo a la resolución 181331 del 6 de agosto
de 2009, las luminarias tienen una vida útil de 15
años – o sea mayor a lo estipulado-.
• AOM, comoquiera que en la ejecución no aparecen
discriminados sus componentes, ni en las facturas,
ni en los pagos, procede a efectuar el cálculo
pertinente para se identifiquen sus componentes y
declararlo a paz y salvo.
Fecha 11 de diciembre de 2017
Resolutiva Confirma la Resolución 120 de 2017 y ordena a
Codensa consignar los saldos reliquidados, por el
monto de $611’191.138.
Fundamentos - El municipio no actuó con desviación de poder,
pues la liquidación se hizo en el marco de la
normativa aplicable, el interés general y el bien
común.
RESOLUCIÓN 154 DE
201735
• Respecto del suministro de energía, se fijó una
fórmula análoga a la CREG más no una fórmula
expedida por la CREG, se determinó actualizar los
componentes G, T y D conforme la CREG, pero no
se pactó lo mismo en torno al PR 36, por lo que se
debe utilizar el factor PR para 2003; sin embargo,
Codensa actualizó el porcentaje PR de acuerdo a
34
Folios 46 a 51 del cuaderno 2.
35
Folios 53 a 67 del cuaderno 2.
36
Los factores que se tienen en cuenta para el cálculo del suministro de energía, según el Anexo 1, son los
siguientes:
CUap Costo unitario de suministro de energía para alumbrado público
G Costo unitario de suministro de energía para alumbrado público
T Costo promedio por uso del sistema de Transmisión Nacional
D Costo por el uso del Sistema de Distribución
O Costos adicionales del Mercado Mayorista
PR Porcentaje reconocido de pérdidas (técnicas y no técnicas) de energías acumuladas hasta el nivel de
tensión I
C Costo de comercialización
14
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Acción: Controversias contractuales
las resoluciones de la CREG, el municipio se
sostiene en la reliquidación del costo del PR debe
realizarse según el nivel de tensión 2.
• Las facturas expedidas por Codensa en 2014,
2015, 2016 y 2017 no corresponden a la regulación
vigente.
• Mediante la liquidación unilateral sí es procedente
realizar las reliquidaciones ordenadas, dado que
ésta supone la determinación de los conceptos que
se adeudan, con el fin de realizar los ajustes,
revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Se
trata de un ejercicio impositivo por parte de la
Administración, donde puede declararse a paz y
salvo, o deudora o acreedora del contratista.
• El reajuste ordenado no constituye una
modificación unilateral del contrato, lo que se realizó
fue un desarrollo de los compromisos del convenio,
al aplicar la Resolución CREG 123 de 2011, que
derogó la 043 de 1995, que versa sobre la
prestación del servicio de alumbrado público.
• No se trasgredió el principio de respeto del acto
propio, pues lo desarrollado se complementa con
las comunicaciones que el municipio elevó a
Codensa, sobre las cuales no obtuvo
pronunciamiento. A saber, las peticiones del 23 de
agosto de 2010, 11 de marzo de 2011, 8 de marzo
de 2010 y 8 de junio de 2010.
39. A partir del contenido de los actos de liquidación –que, valga mencionar, bajo
la égida del EGCAP constituye el cierre integral y definitivo de todo tipo de relación
surgida a partir de la ejecución del contrato– es posible deducir que durante el plazo
negocial, que transcurrió entre el 13 de mayo de 2003 al 31 de marzo de 2015 37,
Codensa cumplió con la obligación de facturar mensualmente el servicio de
alumbrado público, al lado que el municipio observó el compromiso que adquirió en
contraprestación38.
40. Luego de poner de presente que la liquidación opera como un instrumento
de definición y valoración del estado de la ejecución, mediante un ajuste expreso y
claro sobre el estado de las cuentas y el cumplimiento de las prestaciones
convenidas, en la Resolución 120 de 2017 el municipio explicó los factores que
incluyó en este balance y que recalculó en aras de alcanzar el finiquito del negocio.
En punto a estos ítems detalló los totales facturados por Codensa y los calculados
por la entidad territorial, cuya comparación arrojó un saldo a su favor, así:
37
En virtud de las prórrogas suscritas entre las partes.
38
Cláusula Primera del Convenio No. 7 de 2003: “… El Municipio de SOPO se compromete a cancelar
oportunamente los valores que CODENSA S.A. ESP le facture por la prestación del servicio de alumbrado
público”.
15
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
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Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
Tabla referente a la tarifa por consumo de energía
Tabla que detalla los valores por arrendamiento de infraestructura
Tabla referida a la reliquidación de los componentes de arrendamiento y AOM
41. En el ordinal segundo de la Resolución 120 de 2017 se indicó, de forma clara
y en atención a las operaciones y razonamientos desarrollados en la parte motiva,
la expresa manifestación de los valores pagados por el municipio, las resultas de la
reliquidación de los componentes de la tarifa cobrada y las sumas resultantes a
favor de la entidad territorial, en los términos que a continuación se leen39:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Consignar los saldos reliquidados y a favor del
municipio en las cuentas que para tal fin le sean señaladas por el mismo, por
un valor total de SEISCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($611.191.138).
Concepto Valores pagados Valores Saldos a favor del
Reliquidados municipio
Suministro de energía 3.428.121.929 3.252.997.379 175.134.550
39
Folio 51 del cuaderno 2.
16
Expediente 25000233600020180053501 (67.323)
Demandante: CODENSA S.A. E.S.P.
Demandado: Municipio de Sopó
Acción: Controversias contractuales
Arrendamiento y AOM 3.158.235.307 2.722.178.719 436.056.588
Totales 6.586.367.236 5.975.176.098 611.191.138
42. El contenido de la liquidación conduce inexorablemente a un razonamiento
congruente con su conclusión matemática, consistente en que la deducción de un
saldo a favor del municipio y la orden de que le fuera reintegrado, supone
necesariamente el pago que la entidad realizó por esos conceptos, sin que tal
aseveración contenida en el acta hubiere sido refutada por la demandante.
43. En los términos de los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150
de 2007, ante la falta de acuerdo entre las partes para realizar la liquidación, la
entidad pública queda revestida de poder público –a la vez que obligada– para
determinar de manera unilateral y con carácter vinculante el balance económico final
del contrato, estableciendo para ello los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
hubiere lugar. Esta prerrogativa no debe ser entendida como el momento oportuno
para hacer declaraciones diferentes a aquellas que se concretaron en el devenir
contractual e introducir por esa vía obligaciones que debieron quedar fijadas de
manera previa40, sino solamente para determinar las que resulten del cruce de
cuentas y aquellas respecto de las cuales exista indefinición o conflicto entre las
partes, es ahí donde se activa la prerrogativa de poder público para definir de
manera unilateral el asunto con carácter vinculante para el contratista.
44. El balance técnico, administrativo y financiero comprende entonces la
relación de todos los pagos realizados y el reconocimiento de los saldos o cuentas
pendientes por pagar, así como una revisión o ajuste de esos aspectos en espera
o incompletos, más no una rectificación de las situaciones respecto de las cuales ya
operó el ánimo de cumplimiento o satisfacción. En línea con ello, el corte de cuentas
no constituye una herramienta para eludir los efectos de la extinción de los débitos
negociales, acaecido por la propia conducta de las partes, sino que se circunscribe
al esclarecimiento del acontecer negocial, que supone el ajuste o revisión de los
asuntos pendientes por concreción o definición, pero no habilita a la administración
para obviar o pasar por alto las consecuencias legales y convencionales
concluyentes del pago, como mecanismo insignia de la culminación de los
compromisos obligacionales.
45. El pago constituye la satisfacción de lo que se debe41, cuya realización
genera la solución o la liberación de las obligaciones ligadas a este, es decir, da
lugar a la terminación de la obligación debida, de manera que el nexo jurídico
existente en torno a la obligación se soluciona o se extingue, una vez acontece el
pago de la prestación debida.
46. El pago lleva inmersa la intención del deudor de extinguir la deuda –
solvendae obligationis animo– por lo que una vez cumplida la prestación a la que
se sujeta se presume que su voluntad es suprimir o concluir esa obligación, sin que
se torne esencial una manifestación al respecto, pues la conducta desarrollada en
torno al cumplimiento de la prestación es suficiente para tener por probado el ánimo
de extinguirla. Además de enlazar ese objetivo de concluir el débito obligacional,
40
Como, por ejemplo, la declaración de incumplimiento del contratista y la consecuente determinación de los
perjuicios causados.
41
El art. 1626 del Código Civil contempla que “El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.
17
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impone la satisfacción de todos los aspectos que llenan de contenido el tenor de la
obligación contraída –art. 1627 del C.C.–, al paso que una vez recibido por el
acreedor sin la presentación de reparo o debate alguno en torno a su extensión, se
entiende que cobijó todos los aspectos que tocan la prestación cumplida.
47. En el asunto de la referencia, la obligación precedente al pago o que sirvió
como causa del mismo se estableció en el clausulado negocial y se configuró
cuando aconteció, para cada periodo pactado, el supuesto causal en el que se
enmarcó –la prestación del servicio de alumbrado público–, se hizo exigible con la
aceptación tácita de las facturas por parte del municipio –no hay prueba de que las
hubiere devuelto o rechazado o de que hubiere adelantado el trámite que pactaron
las partes para solucionar las diferencias que se pudieran presentar frente a la
facturación–, y se extinguió mediante la cancelación de los valores en ellas
indicados, por lo cual no podía el demandado, a través de un acto unilateral por él
mismo expedido, obviar los efectos que la ley y, en concordancia con ella, en el
contrato, se le otorgaron a los pagos que efectuó de forma periódica durante los
casi 12 años de plazo del negocio jurídico, soslayando la materialización del ánimo
de extinción de cada uno de los débitos plasmados en las facturas emitidas
mensualmente y, a la par con ello, consolidando los valores contenidos en ellas.
48. Resulta primordial traer de presente las peticiones que en 2010 y 2011 el
municipio formuló a la empresa, en torno al cálculo de algunos componentes de la
facturación. Los escritos formulados a Codensa sobre los cobros efectuados al
municipio que se allegaron al sub examine se refieren a lo siguiente:
Escritos instaurados por el municipio Respuesta de Codensa
A. En escrito del 8 de marzo de 201042, A. En oficio del 29 de marzo de 201043, en
radicado # 01497930, la entidad territorial respuesta al radicado, Codensa se refirió
solicitó a la empresa su pronunciamiento respecto de cada uno de los puntos
sobre los siguientes aspectos: solicitados, así:
1. Informar la energía mensual que 1. Indicó el consumo para marzo de 2010 y
consume el municipio y el precio. su valor.
2. Informar el último inventario de 2 y 3. En una tabla resumida señaló el
luminarias. inventario de luminarias.
3. Discriminar cuántas luminarias son de 4. Adujo que la metodología de
mercurio y cuántas de sodio. remuneración se encuentra explicada en el
4. Detallar la metodología actual aplicada anexo 1 del convenio.
para remunerar la prestación del servicio 5. Indicó que la información reposaba en la
de alumbrado público desde el año 2002 a alcaldía, por lo que cualquier inquietud
2010, con indicación de las resoluciones en específica podía solventarse con esa
que se sustentan. documentación.
5. Solicitó un cuadro histórico del 6. 7 y 9. Solicitó que se aclarara el fin de
suministro de energía para la cuenta tales peticiones, dado que Codensa no
2380274-4 desde el año que se viene tenía obligación de informar acerca de
cobrando, con la indicación del recaudo actividades con particulares.
mensual que ha tenido que pagar. 8. Al momento de su constitución, Codensa
6. Requirió copia del inventario de activos recibió de la EEB todos los activos
de distribución y alumbrado público asociados a la prestación de servicios
entregado a Codensa por la empresa de relacionados en la comunicación.
energía de Bogotá en 1997. 10. Las obras de expansión se soportaron
7. Pidió información sobre las inversiones en actas firmadas conjuntamente con el
de redes eléctricas de media y baja tensión municipio, por lo que esa información
reposaba en la Alcaldía.
42
Folios 205 a 210 del cuaderno 1.
43
Folios 199 y 200 del cuaderno 1.
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y en alumbrado público que Codensa
hubiese invertido desde el año 1998.
8. Solicitó que se certificara que la
infraestructura para el alumbrado era de
propiedad de Codensa.
9. Solicitó que se certificaran las obras de
subterranización de redes desde el año
1998 efectuadas por Codensa en el
municipio.
10. Pidió certificación de la expansión de la
red de alumbrado público.
B. En documento del 8 de junio de 201044, B. En escrito del 10 de agosto de 201045,
el municipio solicitó que se liquide Codensa señaló que los valores de la
nuevamente lo correspondiente a la cuenta cuenta 2380274-4 se vienen liquidando
2380274-4, relativa al servicio de según lo dispuesto en el contrato y que, en
alumbrado público de Sopó, en aplicación todo caso, trimestralmente se hacían las
de la Resolución CREG 082 de 2002 y 097 conciliaciones de saldos
de 2008 que indica que: cuando no existan
redes exclusivas para el alumbrado -Antes de iniciar el proceso de
público, el comercializador aplicará sobre remuneración es necesario adelantar el
las demandas respectivas cargos por uso estudio de la validación de la propiedad de
de nivel tensión 2 y devolverá los dineros activos.
demás que esté causando sobre costos en
la actual facturación.
También solicitó que se excluyera del cobro
las luminarias vía a la autopista Norte pues
debía hacerse a los dueños o
concesionarios actuales de las vías y no al
municipio.
Solicita la firma de un nuevo otrosí para la
aplicación de la nueva metodología de la
resolución 002 de 2010 y que como el
municipio pagó unas obras que involucran
activos que está usando Codensa
(Contrato 191 de 2000), se aplique la
resolución CREG 070 DE 1998, sobre la
remuneración de activos de terceros y se
inicie la remuneración de los activos que
actualmente Codensa hace USO de ellos.
Que se inicie la subterranización del
alumbrado entre la calle 3 sur y el
cementerio municipal sobre la carrera 3 sur
Se dé respuesta a la petición del 8 de
marzo, en los puntos 5, 6, 7, 8, las cuales
no fueron reconocidas con precisión, a
través de oficio 775553.
C. Mediante escrito del 23 de agosto de
201046, el municipio reitera las solicitudes
que esgrimió el 8 de junio de ese año
D. mediante oficio del 11 de marzo de
201147, el municipio pidió la terminación del
convenio en consonancia con la resolución
CREG 183 DE 2010, sobre nueva
metodología para remunerar a los
prestadores, así como el USO de los
44
Folios 188 a 196 del cuaderno 1.
45
Folios 185 y 186 del cuaderno 1.
46
Folios 175 a 184 del cuaderno 1.
47
Folios 201 a 205 del cuaderno 1.
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activos vinculados al sistema de Alumbrado
Público.
49. A partir del contenido de tales peticiones no es viable colegir que el municipio
hubiere adelantado el procedimiento pactado por las partes de cara a las diferencias
que pudieran presentarse frente a los cobros que hiciera Codensa a través de su
facturación, tampoco que al momento de la liquidación existieran diferencias sobre
la facturación que no hubiere sido ya solucionadas por el pago y que activaran las
prerrogativas públicas de la entidad territorial para definirlas unilateralmente, en la
medida que en las referidas solicitudes:
(i) No se cuestionaron específicamente las facturas, ni siquiera se identificaron;
(ii) En la solicitud del 8 de marzo de 2010 se pidió información general sobre
aspectos que influían en el cálculo de los valores facturados por Codensa;
(iii) No se presentaron dentro de los 5 días siguientes a la presentación de las
facturas. La solicitud de reliquidación general de los factores de la cuenta del
municipio por concepto de alumbrado público se presentó en junio de 2010, con
base en la aplicación de resoluciones de la CREG de 2002 y de 2008 que invocó;
(iv) Los reparos advertidos por el municipio no tocaron todos los componentes que
fueron objeto de revisión en los actos de liquidación unilateral. En las
comunicaciones se esbozó un reparo consistente en que la facturación del
suministro de energía debía hacerse con base en el nivel de tensión 2, lo cual
guarda coincidencia con lo aludido en las resoluciones demandadas en torno al
factor PR del componente de suministro de energía. Nada se dijo nada en relación
con los ítems de arrendamiento de infraestructura y AOM, los cuales también fueron
recalculados por el municipio para tasar un valor diferente en la facturación y, por
esa vía, un saldo a su favor.
(v) Incluso si, en gracia de discusión, se admitiera que las solicitudes suponían que
el municipio estaba siguiendo el clausulado del contrato de cara a la solución de las
diferencias en torno a la facturación, lo cierto es que, al no recibir una respuesta
satisfactoria a sus planteamientos por parte de Codensa en el sentido de reformular
la manera en la que venía realizando la liquidación, no solicitó la intervención de un
tercero para que zanjara la controversia; en su lugar, según se deduce del propio
contenido del acto de liquidación unilateral, procedió al pago de sus obligaciones
durante los 4 años subsiguientes48, aun cuando, en los términos del parágrafo 2 de
la cláusula quinta no habría estado obligado a ello hasta tanto la divergencia fuera
resuelta a través de los mecanismos dispuestos por las partes con ese específico
objeto.
50. En esa medida, las comunicaciones traídas al proceso no resultan en
insumos suficientes para echar abajo la intencionalidad o ánimo establecido a través
del pago de las obligaciones contenidas en las facturas, dado que no corresponden
a la integralidad de las divergencias plasmadas en los actos debatidos y, en todo
48
El contrato finalizó el 31 de mayo de 2015. En la liquidación se incluyen cuentas de todo el periodo contractual,
y pagos que, en sentir de la entidad, realizó demás incluso después de la presentación de las referidas
solicitudes presentadas en los años 2010 y 2011.
20
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caso, las desavenencias señaladas fueron superadas por el municipio mediante su
propia conducta, al pagar los cobros que le fueron realizados, dando por terminados
los débitos constituidos en las facturas.
51. La conducta del demandado desdibujó cualquier manifestación de
desencuentro que pudo esgrimir respecto de la facturación, pues procedió a realizar
los pagos, sin que exista constancia siquiera de que la cancelación del débito se
hubiese hecho bajo condicionamiento alguno, de forma que con el pago, no solo
sugirió su conformidad con la facturación y la falta de discordancia al respecto, sino
que solucionó la obligación.
52. Demostrado que el municipio observó los compromisos patrimoniales
surgidos en torno a la cancelación de la tarifa de alumbrado público y dado el
alcance de las prerrogativas públicas que se enmarcan en el acto de liquidación
unilateral del contrato, bajo la justificación de elaborar el corte de cuentas definitivo
del negocio jurídico, el municipio no estaba habilitado para desconocer los efectos
legales y convencionales que se derivan del pago; de manera que si estimaba que
Codensa incumplió los términos del contrato al liquidar las facturas en
desconocimiento de las regulaciones de la CREG debió buscar esa declaración en
las etapas previas a la de la liquidación del contrato, o si su conclusión fue que hizo
un pago de lo no debido, debió acudir al juez para que así lo declarara.
53. Así las cosas, la Sala encuentra probado el cargo de nulidad alegado en la
demanda y reiterado en la apelación, consistente en que las Resoluciones 120 y
154 de 2017 proferidas por el municipio de Sopó desconocieron lo pactado en el
contrato, que es ley para las partes (art. 1602, Código Civil)49. Adicionalmente,
observa que el vicio alegado en la demanda también se encuadra en la falta de
competencia material del municipio para dejar sin efectos en el acto de la liquidación
las consecuencias derivadas de los pagos que voluntariamente y sin ningún
condicionamiento realizó, que aparejaron la consolidación de los valores contenidos
en las facturas que emitió Condensa por la prestación del servicio de alumbrado
público. En consecuencia, revocará la decisión de primera instancia para, en su
lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados.
54. Al advertir que en el sub lite no obra medio probatorio que demuestre el pago
efectivo de las suma dispuestas en las resoluciones proferidas por el municipio, a
saber, el saldo a su favor por monto de seiscientos once millones ciento noventa y
un mil ciento treinta y ocho pesos ($611’191.138), no hay lugar a acceder a un
reconocimiento indemnizatorio ante su falta de probanza, dejando a salvo en la
parte resolutiva de este proveído que de haberse efectuado el pago se abrirá paso
a su restitución debidamente actualizada desde el pago hasta la fecha de esta
sentencia, sin posibilidad alguna de que esta orden sea considerada como una
resolución no pedida, pues se acompasa con la pretensión tercera formulada en la
demanda50.
49
En la demanda y en la apelación el cargo se denominó como transgresión “de los principios de respeto por
el acto propio, buena fe contractual y confianza legítima”.
50
“Tercera. Que en virtud de las declaratorias de nulidad atrás señaladas, se restablezca el derecho a
CODENSA S.A. ESP. frente a los cobros que en dichas resoluciones se le impone, extinguiendo las obligaciones
pecuniarias que de dichas resoluciones emergen, y por tanto haciendo cesar el cobro de dichos valores y sus
eventuales intereses, o (de haberse efectuado el pago de los mismos) se restituya los montos pagados con la
debida indexación legal”.
21
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Costas
55. Dado que a este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de
conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso (núm. 4), la Sala
condenará en costas de ambas instancias al municipio de Sopó, en la medida que
resultó la parte vencida del proceso y se revocará en su integridad la sentencia
recurrida que lo había favorecido. Se advierte que bajo las reglas del código en cita
la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual
dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en
este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de
su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley”.
56. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 366 del Código General del Proceso.
57. En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen
por el Acuerdo 10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que Codensa contó con
apoderado judicial en el curso de ambas instancias y actúo activamente en las
diferentes etapas del proceso y, además, formuló el recurso de alzada, se
condenará al municipio demandado a pagar a favor de la demandante por concepto
de agencias de la primera instancia, el monto de dieciocho millones trescientos
treinta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos con catorce centavos
($18’335.734,14), equivalente al 3% del valor correspondiente a la pretensión
pecuniaria de la demanda51, por las agencias de la segunda instancia se lo condena
al pago de dos (2) SMLMV.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, sección Tercera, Subsección B, el 10 de septiembre de 2020.
51
De conformidad con el artículo 5 del referido acuerdo, en los procesos de mayor cuantía, las agencias en
derecho de la primera instancia se deben fijar entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. El CPACA no contiene una
regla para clasificar los procesos como de mayor o menor cuantía, por lo cual, para efectos de aplicar esta
norma se debe acudir a las regulaciones que sobre esa materia contempla el CGP, que en su artículo 25 dispone
que son procesos de mayor cuantía aquellos cuyas pretensiones patrimoniales excedan 150 salarios mínimos
vigentes al momento de la presentación de la demanda. En el año 2018, el salario mínimo equivalía a $781.242,
por lo que para que un proceso fuera calificado como de mayor cuantía sus pretensiones debían superar el
valor de $117.186.300. La parte demandante solicitó que se declare la nulidad del acto que le impuso la
obligación de reintegrar la suma de $611’191.138. Al accederse a esa pretensión, se derriba su fuerza ejecutoria
y, por tanto, la exigibilidad de esta suma en contra de la demandante.
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SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones 120 y 154 de 2017,
proferidas por el municipio de Sopó, por las razones esgrimidas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, en caso de haberse efectuado
un pago relativo a las sumas ordenadas en las resoluciones anuladas, habrá lugar
a su restitución debidamente actualizada desde el momento del pago hasta la fecha
de la sentencia.
CUARTO: CONDENAR en costas de la primera y segunda instancia al municipio
de Sopó a favor de Codensa S.A. E.S.P. La liquidación se hará de manera
concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de
conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso.
QUINTO: FIJAR las agencias en derecho de la primera instancia en dieciocho
millones trescientos treinta y cinco mil setecientos treinta y cuatro pesos con catorce
centavos ($18’335.734,14), las de la segunda instancia en dos (2) SMLMV.
SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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