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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00589-01

Fecha
28 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00589-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2020 por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo cual se fija por concepto de agencias en derecho tres salarios mínimos legales mensuales vigentes (3 SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta providencia, divididos en partes iguales para cada una de las demandadas: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, departamento de Cundinamarca y municipio de Fusagasugá. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00589-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

28 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Medio de control de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA -
Elementos para la procedencia de responsabilidad del Estado con base en el título objetivo
de imputación – No se acreditó la configuración del daño antijurídico alegado /
MODIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO - por si sola, no tiene la virtualidad de constituir un
daño antijurídico, en la medida en que se trata de una carga que, de ordinario, los
particulares se encuentran en el deber jurídico de soportar / DELIMITACIÓN DE LA ZONA
DE PROTECCIÓN DEL RÍO CHOCHO Y DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE
AMORTIGUACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS - tuvo como finalidad asegurar la
preservación cualitativa del recurso hídrico y proteger los demás recursos que dependen
del mismo, así como proteger la vida y bienes de quienes se encontraban asentados en la
zona colindante con esa fuente hídrica - las restricciones impuestas no afectan el núcleo
esencial de la propiedad / ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFIEREN PERMISOS,
LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y SIMILARES - son actos provisionales subordinados al
interés público, de ahí que no generan situaciones jurídicas consolidadas / REITERACIÓN
DE JURISPRUDENCIA – en sentencia de 29 de septiembre de 2023 la Subsección
concluyó que las afectaciones derivadas de la Resolución 616 de 2016 no daban cuenta de
la causación de un daño antijurídico imputable a las demandadas.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparación del daño patrimonial derivado del establecimiento de la
ronda hídrica del río Chocho, efectuado mediante la Resolución 616 de 16 de marzo
de 2016, modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de 2016, proferidas por
la CAR; así como por la determinación de la zona de amortiguación, lo cual -a juicio
de la demandante- implicó una limitación al derecho de dominio y la pérdida de valor
comercial de un predio de su propiedad.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1.Corresponde a la decisión proferida el 20 de agosto de 2020, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
negó las pretensiones de la demanda presentada el 14 de junio de 2018 1, por la
señora Beatriz Contreras Rincón2 contra la Corporación Autónoma Regional de

1 Según el sello de presentación (folio 40 vlto. del cuaderno 1).
2 Poder especial que obra a folios 1 a 4 del cuaderno 1.

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

Cundinamarca -CAR-, el departamento de Cundinamarca y el municipio de
Fusagasugá3.

2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho que definió
el Tribunal, es la siguiente:

Pretensiones

3. Reclamó la declaración de responsabilidad con la consiguiente indemnización de
perjuicios inmateriales y materiales que hizo consistir en el valor comercial del
predio identificado con la matrícula inmobiliaria N° 157 – 4289, denominado lote 10
del condominio Vega de Ostos I, ubicado en la vereda Basachoque del municipio
de Fusagasugá, así como los gastos derivados de la limitación al uso del suelo 4.

Hechos

4. Se narró que el 17 de enero de 2011, el Juzgado Primero Administrativo de
Girardot, mediante sentencia de esa fecha - acción popular con radicado número
2009-00199-, amparó los derechos colectivos relacionados con la seguridad pública
y la prevención de desastres respecto de la situación de riesgo que afectaba al
Conjunto Habitacional Vega de Ostos y el sector aledaño ubicado en la vereda
Basachoque del municipio de Fusagasugá.

5. Como consecuencia, ordenó al municipio de Fusagasugá, al departamento de
Cundinamarca y a la CAR , que en el término de 48 horas siguientes a la ejecutoria
del fallo iniciaran las actuaciones administrativas necesarias para construir una
estructura de contención y protección de la margen izquierda del río Chocho, así
como la elaboración de un estudio sobre la dinámica fluvial del referido cuerpo
hídrico, decisión apelada por el municipio de Fusagasugá y el departamento de
Cundinamarca.

6. El 28 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desató los
recursos de apelación en el sentido de confirmar el amparo de los derechos
colectivos vulnerados y modificar las ordenes impartidas a las entidades
accionadas, para lo cual indicó que el municipio de Fusagasugá, el departamento
de Cundinamarca y la CAR debían “iniciar acciones tendientes a resolver el
problema de la comunidad del Barrio Vega de Ostos y dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta decisión presente un plan de acción encaminado a un proyecto
de planeación e inversión que contenga las gestiones que considere necesarias
para contrarrestar la violación a los derechos colectivos invocados, el cual deberá
contener un plan de seguimiento perfectamente definido y evaluable”.

3 Mediante auto de 23 de enero de 2019, el Tribunal a quo admitió la reforma a la demanda presentada a través

de memorial del 27 de noviembre de 2018 en relación con el acápite de pruebas (folios 282 a 286 del cuaderno
1).
4 Como pretensiones indemnizatorias pidió i) $1.035’513.000, correspondiente al valor comercial del predio,

devolución del impuesto predial, reintegro del pago de cuotas de administración; pago de los gastos notariales,
honorarios profesionales de abogados, reintegro por concepto de costos por la recolección de basura, costos
por concepto de la desconexión de servicios públicos, desmonte, embalaje, traslado y cancelación de arriendo
por bodegaje o almacenamiento de los bienes muebles que integran la casa campestre y demás costos
relacionados; ii) el pago del interés legal anual o su equivalente mensual sobre el valor comercial del predio
desde cuando entró en vigor la Resolución 616 de 16 de marzo de 2016, así como la devolución de los
impuestos prediales, sobretasa bomberil, alumbrado público cobrado y pagado sobre la totalidad del lote y de
la casa; reintegro del pago de cuotas de administración y iii) finalmente, por perjuicios inmateriales pidió 100
smlmv.
(folios 6 y 7 del cuaderno 1).

2

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

7. El 16 de julio de 2014, las entidades accionadas, con sustento en los resultados
de un contrato de consultoría cuyo objeto fue establecer la dinámica fluvial del río
Chocho, presentaron un plan de acción para el cumplimiento de lo ordenado por el
juez constitucional consistente en i) la definición de la ronda del río Chocho; ii) la
afectación de predios mediante la inscripción en el registro de instrumentos
públicos; iii) la adopción del plan municipal de Gestión del Riesgo; iv) la gestión y
avalúos de predios afectados; v) la adquisición de predios; y, vi) el plan de
finalización.

8.El 15 de agosto de 2012, la señora Beatriz Contreras adquirió a título de
compraventa un lote de terreno junto con la casa de habitación en él construida,
denominado lote 10 del condominio Vega de Ostos I, ubicado en la vereda
Basachoque del municipio de Fusagasugá, por un valor de $282’500.000.

9. El 16 de marzo de 2016, en cumplimiento del plan de acción, la CAR expidió la
Resolución 0616 de esa fecha, por medio de la cual determinó la zona de ronda de
protección del río Chocho, para lo cual fijó como tal 30 metros a lado y lado del
cauce de los niveles promedio máximos de los últimos 15 años, con el objetivo de
conservación, restauración y uso sostenible de recurso hídrico, así como la
protección del paisaje forestal y las coberturas naturales de la zona.

10. El 15 de diciembre de 2016, previa petición de la CAR, se inscribió en el folio de

matrícula inmobiliaria del predio de la demandante una anotación consistente en
“Declaratoria de rondas hídricas Ley 1076 de 2015, por la declaratoria de ronda de
protección del río Chocho, según resolución CAR 616 de 16 de marzo de 2016 y
resolución 1249 de 7 de junio de 2016”.

11. A juicio de la actora, si bien las restricciones adoptadas en el mencionado acto

administrativo se impusieron de forma legítima en función del interés general, lo
cierto es que le causó un daño que no se encontraba en el deber jurídico de
soportar, dado que su predio quedó comprendido dentro de la ronda hídrica y la
zona de amortiguación, lo cual implicó una limitación en el uso del suelo, pues se
estableció como uso principal la conservación de suelos y la restauración de la
vegetación para la protección de los mismos con lo cual se prohibieron actividades
y destinaciones que eran permitidas por normas anteriores, amparadas bajo el
principio de buena fe y confianza legítima, tales como el loteo, la construcción de
viviendas campestres y el manejo de desechos sólidos, restricciones que
imposibilitan la enajenación del predio e impiden su explotación comercial, con lo
cual perdió la totalidad de su valor comercial.

12. Señaló que la limitación al uso del suelo implicó el rompimiento del principio de

igualdad ante las cargas públicas, porque se afectaron derechos adquiridos y
consolidados frente al uso y disfrute de su propiedad, toda vez que la tradición sobre
el predio venía al menos desde el 29 de mayo de 1873 y las licencias y permisos
para su uso fueron concedidas y autorizadas con antelación a la expedición de la
Resolución 616 de 16 de marzo de 2016, lo cual generaba la obligación de reparar
los daños causados con ese acto administrativo.

3

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

13. Finalmente, indicó que el municipio de Fusagasugá, el departamento de
Cundinamarca y la CAR eran solidariamente responsables de los perjuicios
causados por el referido acto administrativo, dado que, si bien fue expedido por la
CAR, lo cierto es que se profirió en el marco de un plan de acción que ejecutaron
las tres entidades de común acuerdo con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado
en una acción popular5.

La defensa

14. El departamento de Cundinamarca alegó la falta su legitimación en la causa

por pasiva, dado que no participó en la expedición de los actos administrativos por
medio de los cuales se reglamentó la ronda hídrica del río Chocho y que la
demandante considera como causa del daño, los cuales fueron proferidos por la
CAR en el ámbito de sus competencias como autoridad ambiental. Agregó que en
todo caso la reglamentación del uso del suelo era una competencia del municipio y
que no se probó una falla en el servicio atribuible al departamento, aunado a que no
se demostró la supuesta desvalorización del predio de la demandante6.

15. El municipio de Fusagasugá propuso la excepción de falta de legitimación en

la causa por pasiva, porque no expidió ni intervino en la expedición de los actos
administrativos que se consideran como causantes del daño. Sostuvo que los
referidos actos debieron ser cuestionados a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Indicó que su actuación se limitó a dar cumplimiento
a lo ordenado en la sentencia que amparó derechos colectivos y que la afectación
al predio de la demandante se limitó a restringir su uso en beneficio del interés
general y la protección de las fuentes hídricas, lo cual desvirtuaba la existencia de
un daño antijurídico7.

16. La CAR señaló que no se configuró un daño especial en cuanto no se afectó el

derecho a la propiedad privada, dado que la limitación a los usos del suelo no implica
una afectación al patrimonio de su propietario ni conlleva a que el predio pierda todo
su valor adquisitivo.

17. Precisó que no existían derechos adquiridos respecto de usos del suelo, razón

por la cual su variación era un riesgo asociado a cualquier actividad de explotación
económica de un inmueble, aunado a que la determinación de la ronda hídrica era
una medida para proteger el derecho de la comunidad que, si bien implicaba
restricciones en el uso del suelo, lo cierto es que contemplaba que el predio se
pudiera continuar usando, con lo cual no se podía considerar la existencia de un
daño antijurídico8.

Etapa probatoria

18. El Tribunal a quo, en audiencia inicial del 23 de octubre de 2019 resolvió sobre

las pruebas solicitadas9 Concluida la fase probatoria10, las partes insistieron en sus

5 Folios 6 a 40 y 235 a 244 del cuaderno 1.
6 Folios 74 a 98 y 299 a 302 del cuaderno 1.
7 Folios 158 a 177 y 298 del cuaderno 1.
8 Folios 182 a 194 y303 del cuaderno 1.
9 Folios 311 a 316 del cuaderno 1.
10 Se decretaron como pruebas los documentos aportadas por las partes consistentes en las copias de i)
Escrituras Públicas 52 de 23 de junio de 1873, 22 de 3 de febrero de 1880, 232 del 30 de julio de 1884, 131 del

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

acusaciones y exculpaciones, acompañadas de las precisiones probatorias que
estimaron pertinentes11.

19. El Ministerio Público pidió negar las pretensiones de la demanda, por considerar

que no se acreditó el daño antijurídico alegado en cuanto no se afectó el núcleo
esencial del derecho a la propiedad y el predio de la demandante conserva la
posibilidad de explotación económica12.

La decisión impugnada
20. Al
resolver el conflicto, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al no
encontrar acreditado un daño antijurídico.
21. Señaló que si bien el predio de la demandante quedó comprendido dentro de la

zona de protección del río Chocho (ronda hídrica y zona de amortiguación) con lo

13 de abril de 1886, 863 de 13 de julio de 1949, 8518 de 15 de diciembre de 1967, 2675 del 21 de abril de 1989
de la Notaría Principal del Círculo de Fusagasugá, 1578 del 23 de abril de 1958 de la Notaría 7ª del Círculo de
Bogotá, 1337 del 3 de marzo de 1992 de la Notaria 6ª del Círculo de Bogotá y 4113 del 15 de agosto de 2012
de la Notaría 13 del Círculo de Bogotá, las cuales dan cuenta de la tradición del predio denominado lote 10 de
propiedad de Beatriz Contreras Rincón; ii) folio de matrícula inmobiliaria 157 – 4289; iii) planos de ubicación
del Condominio Vega de Ostos, de la ubicación de los predios dentro del Condominio y de la zona de
conservación, hidrológica y zona de amortiguación de áreas protegidas del río Chocho; iv) antecedentes de
conceptos de uso del suelo y de las licencias de parcelación, construcción y venta del proyecto Vega de Ostos
concedidas desde el 18 de diciembre de 1981; v) sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro
de la acción popular 2009-00199; vi) Plan de Acción elaborado y aprobado para el cumplimiento de lo ordenado
en las referidas sentencias; vii) Acta 002 de fecha 12 de junio de 2013, del Comité de Verificación del fallo, viii)
Acta de 16 de julio de 2014, relativa a la decisión de escoger recuperar la ronda del río Chocho con base en el
estudio elaborado por J.A.M. Ingeniería y Medio Ambiente; ix) Resolución 616 del 16 de marzo de 2016,
proferida por la CAR; x) respuestas de la CAR y el municipio de Fusagasugá sobre porcentajes de afectación
con ocasión de la ronda hídrica del río Chocho de predios ubicados en el Condominio Vega de Ostos, así como
respuestas a peticiones sobre el pago de impuestos prediales, sobretasa bomberil y alumbrado público de los
referidos predios; xi) comunicaciones suscritas por el Coordinador de Gestión Predial de la Empresa Inmobiliaria
de Cundinamarca, en las que relaciona las actividades desarrolladas con la gestión y avalúo de predios
afectados por la declaratoria de la ronda hídrica del río Chocho en el marco del plan de acción para el
cumplimiento de la sentencia proferida en la acción popular 2009-00199; xii) Resolución 1249 de fecha 7 de
Junio de 2016; xiii) copias de los diarios oficiales del 18 de abril y 14 de junio de 2016; xiv) Oficio del 17 de
septiembre de 2017, suscrito por la directora de Defensa Judicial y Extrajudicial del departamento de
Cundinamarca en el que se relacionan las actividades desarrolladas en cumplimiento de lo ordenado en la
sentencia de 17 de octubre de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, xv) actas de
reuniones de concertación del POT del municipio de Fusagasugá; xvi) Resolución 829 del 1 de junio de 2001
por medio de la cual se declaró concertado y aprobado el POT del municipio de Fusagasugá; xvii) planos de la
estructura ecológica principal de Fusagasugá, xviii) plano y verificación de afectación del predio de la señora
Beatriz Contreras Rincón con ocasión de la determinación de la ronda hídrica del Río Chocho; xix) copia del
Acuerdo 16 de 1998 proferido por la CAR (disco compacto obrante a folio 235 del cuaderno 1), xx) auto del 10
de agosto de 2018 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Girardot en la acción popular 2009-00199
mediante el cual se dispuso la realización de los avalúos de los predios afectados y xxi) del auto del 17 de
octubre de 2017 a través del cual se revocó una sanción por desacato de lo ordenado en la sentencia de 28 de
mayo de 2012 proferidas dentro de la acción popular 2009-00199 (folios 1 a 293 del cuaderno de pruebas y
folios 103 a 157, 196 a 235y 245 a 272 del cuaderno 1). Adicionalmente, de oficio, solicitó a las demandadas
que aportaran los antecedentes que dieron lugar a la expedición de la Resolución 616 del 16 de marzo de 2016,
así como de las actuaciones adelantadas en cumplimiento de la acción popular 2009-00199, en virtud de lo cual
se aportaron copias de i) informe y anexos del estudio adelantado por la firma J.A.M.

Ingeniería y Medio
Ambiente con ocasión del contrato de consultoría 996 de 2013 (disco compacto que se encuentra en el folio
319 del cuaderno 1); ii) copias de actas de comité y reuniones de trabajo (disco compacto que se encuentra en
el folio 320 del cuaderno 1); iii) copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de la
acción popular 2009-00199; iv) copia del acta de compromiso de 5 de noviembre de 2019, sobre visita técnica
del predio de propiedad del demandante (folios 334 y 335 del cuaderno 1); v) copia del Acuerdo 100-02-01 del
2 de febrero de 2019, por medio del cual el Concejo Municipal de Fusagasugá confirió facultades pro tempore
al alcalde municipal para decretar de utilidad bienes inmuebles, de conformidad con lo señalado en la Ley 399
de 1997 (folios 337 a 339 del cuaderno 1); vi) levantamientos topográficos del Conjunto Residencial Vega de
Ostos (disco compacto que se encuentra en el folio 341 del cuaderno 1); vii) comunicación del 24 de septiembre
de 2019 por medio de la cual la CAR programó una reunión interinstitucional con el municipio de Fusagasugá y
el departamento de Cundinamarca, con el fin de designar recursos para la adquisición de los bienes que sean
declarados como de utilidad pública con fundamento en el Acuerdo municipal 100-02-01 del 2 de febrero de
2019 (folio 340 del cuaderno 1). 11 Folios 369 a 387 y 396 a 476 del cuaderno 1. 12 Folios 388 a 395 del cuaderno 1.

5

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

cual el uso del suelo quedó limitado a la protección del sistema hídrico, lo cierto es
que tal circunstancia no afectó el núcleo esencial de la propiedad, dado que las
restricciones que se derivan de esa afectación no impiden el uso, goce y disposición
del bien y se encuentran encaminadas a satisfacer la función social y ecológica de
la propiedad, razón por la cual no existió un desequilibrio frente a las cargas
públicas.
22. Indicó que se previeron como usos compatibles la recreación pasiva y activa, con

lo cual no se descarta la posibilidad de explotación económica del predio, siempre
que las actividades estén relacionadas con el uso principal de protección y
conservación.
23. Agregó que al margen de lo señalado en la Resolución 616 de 2016 las
limitaciones del dominio ya existían a partir de lo dispuesto en el artículo 58 de la
Constitución Política en cuanto estableció la función social y ecológica de la
propiedad. Precisó que no al existir una afectación a la disponibilidad, uso y disfrute
o el ejercicio real de dominio, se desvirtuaba el avalúo comercial que se adjuntó con
la demanda y en el que se concluyó la pérdida total del valor bien.

24. Precisó que no existió una vulneración al principio de buena fe y confianza
legítima por desconocimiento de derechos adquiridos, dado que no se demostró un
comportamiento estatal homogéneo y constante que hubiese generado
expectativas legítimas de la demandante en relación con la posibilidad de explotar
el bien sin restricciones, ni se probó que previamente la demandante adelantara
gestiones encaminadas a desarrollar alguna actividad económica de las que fueron
restringidas.
25. Finalmente, condenó en costas a la parte actora y fijó $877.803 por concepto de

agencias en derecho en favor de cada una de las entidades demandadas13.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Síntesis del recurso de apelación
26. Para la parte actora el Tribunal desconoció que el acto administrativo que
estableció la ronda hídrica del río Chocho y modificó el uso del suelo de los predios
afectados al de conservación y restauración de vegetación adecuada para la
protección no tenía efectos retroactivos, entre otras razones, para efectos de
preservar la confianza, la seguridad jurídica y la certidumbre de las personas en el
orden jurídico vigente.
27. Indicó que como fundamento de la Resolución 616 del 16 de marzo de 2016 se
citaron una serie de normas que se refieren a la protección y manejo de los recursos
naturales, en virtud de las cuales resulta posible establecer límites y restricciones
de uso sobre bienes de dominio privado, así como frente a derechos adquiridos, lo
cual conlleva la obligación de reparar a los afectados.

28. Señaló que en el caso de los predios del Condominio Vega de Ostos I y II, su
tradición y usos del suelo venían autorizados con antelación a la entrada en vigor
del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y otras normas citadas en

13 Archivo “11_ED_201800589FALLOR(.pdf) NroActua 2” del índice 2 de las actuaciones de segunda instancia

en Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

la Resolución 616 de 2016; no obstante, resultaron afectados por esta última, que
delimitó la ronda hídrica del río Chocho, cambiando el uso del suelo a conservación.
29. Indicó que con el referido acto administrativo se generó una desvalorización del
terreno y la vivienda de la demandante, dado que quedaron destinados a usos no
comerciales, lo que redujo su valor a cero según el avalúo que se allegó junto con
la demanda, en cuanto i) el predio no puede ser objeto de urbanización, loteo o
construcción, ii) los avalúos comerciales consideran la reglamentación urbanística
vigente, que ahora restringe severamente el uso de estos terrenos, iii) las
condiciones físicas y jurídicas afectan negativamente el valor del inmueble, iv) los
avaluadores deben incluir la reglamentación urbanística vigente, como la
Resolución 616 y el POT del Municipio de Fusagasugá, y v) las zonas de ronda
están definidas como suelos de protección, con usos limitados.
30. Señaló que el cambio de uso del suelo ocurrió después de la adquisición de los
terrenos, lo que generó una carga injusta para su propietaria, en cuanto afectó
negativamente los permisos y licencias legítimamente otorgados antes de esa
norma, generando la obligación de resarcir estos daños.
31. Agregó que la afectación al valor comercial del predio también se podía inferir
de que la Resolución 616 del 16 de marzo de 2016 prohibió actividades económicas
en zonas de alto riesgo no mitigable, como el área donde se encuentra el lote en
cuestión, denominada Vega de Ostos, la cual fue declarada como tal desde el 2008.
32. Finalmente, precisó que la afectación legítima derivada de la Resolución 616 de
2016 implicó que los predios privados tuvieran limitaciones como si fueran bienes
de uso público en los términos del artículo 63 de la Constitución Política, lo cual se
podía corroborar con el hecho de que en cumplimiento de lo ordenado en la acción
popular en 2019, el municipio de Fusagasugá inició el proceso de declaratoria de
utilidad pública de los bienes afectados y se estableció un cronograma detallado de
las actividades respecto de los predios que se pretenden adquirir, lo cual daba
cuenta del conocimiento de las demandadas respecto de su obligación de reparar
el daño especial causado14.

33. La CAR y el municipio de Fusagasugá pidieron confirmar la sentencia de
primera instancia. A su turno, la parte actora reiteró los reparos formulados en su
recurso de apelación.

34. El Ministerio Público no intervino15.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

35. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede

la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.

El objeto del recurso de apelación

36. En los términos del recurso de apelación, el análisis de la Sala se circunscribe a

determinar si las limitaciones al uso del suelo de un predio de propiedad privada,

14 Índice 57 de las actuaciones de primera instancia en Samai.
15 Índices 14 de las actuaciones de segunda instancia en Samai.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

derivadas de la determinación de la ronda hídrica del río Chocho, constituyen un
daño antijurídico imputable a las demandadas título de daño especial.

Sobre la responsabilidad del Estado por limitación al ejercicio del derecho a
la propiedad privada

37. El artículo 58 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 1

de 199916, establece que la propiedad privada no solo es un derecho subjetivo, sino
que también posee funciones sociales y ecológicas, las cuales están orientadas a
cumplir con varios deberes constitucionales, tales como el respeto de los derechos
ajenos, la protección y conservación del medio ambiente, la promoción de la justicia
y el interés general17.

38. En ese escenario, las reglas para el uso y explotación de los bienes inmuebles

se fundamentan en los principios constitucionales que afirman su función social y
ecológica. Adicionalmente, la ordenación del territorio y la reglamentación de los
usos del suelo son aspectos sobre los que la Constitución y las leyes han
establecido una competencia concreta para definirlos18.
39. En los términos señalados, el derecho a la propiedad no es absoluto y puede
ser restringido, limitado, gravado e incluso expropiado mediante diferentes
instrumentos y con fundamento en diversos motivos, en cuanto debe ceder ante
intereses superiores definidos en los artículos 1 (interés general), 58 (interés público
o social), 79 (protección del ambiente sano), 80 (manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales) y 82 (interés común) de la Constitución Política.

40. En relación con las afectaciones al derecho a la propiedad derivadas de medidas

adoptadas con ocasión de la protección del medio ambiente (zonas de reserva,
zonificación de los usos del suelo recursos naturales, bienes afectos al Sistema

16 Artículo 58. “<Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el

siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles,
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.
Concordancias
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante
sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del
afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa,
sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”.
17 Constitución Política, artículos 1 y 95. La función ecológica del derecho de dominio encuentra asidero en las

disposiciones contempladas en los artículos 58, 79 y 80 de la Constitución Política. Según el artículo 79
constitucional todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano y es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica. Dentro de las
atribuciones reconocidas para cumplir con dicha obligación constitucional, el artículo 80 confiere la posibilidad
de que se establezcan medidas de protección dirigidas a garantizar el desarrollo sostenible, la conservación,
restauración o sustitución de los recursos naturales, con el propósito de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental que puedan causar daño a los ecosistemas de especial importancia ecológica.
18 El artículo 311 de la Constitución Política dispone que, a los municipios como entidades fundamentales de la

división política administrativa del Estado, les corresponde ordenar el desarrollo de sus territorios. Igualmente,
el artículo 313 establece que le corresponde a los Concejos “(…)7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de
los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda. (…) 9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa
del patrimonio ecológico y cultural del municipio”. Véase también artículos 5 a 8 de la Ley 388 de 1997 sobre el
ordenamiento del territorio municipal. Al respecto del régimen de los usos del suelo, la Corte Constitucional ha
señalado que el mismo ocupa una posición central en la planeación urbana, de manera que en su definición se
encuentra comprometido el interés público, social y comunitario y en esa medida, ha destacado la Corte que”
la legislación urbana constituye una fuente legítima de relativización del contenido del derecho de propiedad
sobre los inmuebles”. Corte Constitucional. Sentencia C-192 de 20 de abril de 2016. M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo. Y sentencia T-422 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz-

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

Nacional de Parques Naturales, entre otros) esta Sección ha señalado19 que dichas
limitaciones deben ser analizadas en el marco de las funciones inherentes a ese
derecho en los términos señalados en el artículo 58 de la Constitución Política, las
cuales, por un lado, fijan las competencias del legislador y de la administración para
imponer limitaciones al ejercicio de la propiedad y, por otro, establecen las
condiciones para el ejercicio de ese derecho por los particulares, ya sean
propietarios, poseedores o tenedores.

41. Al respecto se ha precisado que si bien el interés general prevalece sobre el

interés particular, lo cierto es que los particulares no deben soportar todo tipo de
limitación sobre sus derechos patrimoniales, para lo cual resulta necesario aplicar
un juicio de proporcionalidad para equilibrar el interés general con los derechos del
propietario, con el fin de garantizar el núcleo esencial de la propiedad privada y
asegurar que las restricciones no excedan los límites de la función social y
ecológica, dado que si limitan significativamente el ejercicio de ese derecho se
puede considerar la existencia de un daño antijurídico susceptible de ser
indemnizado.

42. Asimismo, esta Sección ha señalado que, por regla general, la sola modificación

de los usos del suelo no tiene la virtualidad de constituir un daño antijurídico, en la
medida en que se trata de una carga que ordinariamente los particulares se
encuentran en el deber jurídico de soportar20; así, corresponde al juez, en cada
caso, establecer si la alegada afectación al derecho de propiedad ostenta el
carácter de excepcional y causa un daño especial a su titular.

Caso concreto

43. No existe controversia sobre la calidad de la señora Beatriz Contreras Rincón

como propietaria del predio denominado lote 10 del condominio Vega de Ostos I,
ubicado en la vereda Basachoque del municipio de Fusagasugá y que frente al
predio de mayor extensión al que pertenecía ese lote se habían expedido conceptos
de uso de suelo y licencias para la parcelación y construcción de edificaciones, con
antelación a la determinación de la zona de ronda hídrica del río Chocho 21.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 21906. Cf.,

también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, Exp. 26437,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
20 “Finalmente, resulta pertinente resaltar que la disminución en el valor de un bien, así ésta sea

significativa, no es argumento suficiente y/o necesario para determinar la existencia de un daño
antijurídico en cabeza del demandante, frente a ello es de suma importancia aclarar que, al menos en lo
que al lucro cesante se refiere, la depreciación del predio no es per se constitutiva de responsabilidad
patrimonial, pues ello dependerá del contenido del derecho en cuestión y no necesariamente de su
valuación económica o de sus limitaciones, pero también de las condiciones particulares del
propietario, de sus intereses concretos respecto del predio, todo ello a la luz de los medios de
convicción allegados al expediente(…)”. Se resalta. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 26 de agosto de 2015, Exp. 33113, C.P. Hernán Andrade Rincón.
21 Según la copia de la escritura pública 4113 del 15 de agosto de 2012 de la Notaría 13 del Círculo de Bogotá

y del folio de matrícula inmobiliaria 157 – 4289. Folios 52 a 66 del cuaderno de pruebas.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

44.Adicionalmente, no es objeto de debate que mediante la Resolución 616 de 16
de marzo de 201622, modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de 201623, la
CAR estableció la ronda hídrica del río Chocho y que el predio de la demandante
quedó parcialmente comprendido dentro del área delimitada mediante ese acto
administrativo24.

45. Según los anexos de la Resolución 616 de 16 de marzo de 2016, modificada por

la Resolución 1249 del 7 de junio de 2016 y lo certificado por la CAR 25, de 869,78
m2 que corresponden al área total del predio, 29 m2 quedaron dentro de la zona de
ronda de protección26 y le resultan aplicables las restricciones señaladas en esa
resolución mientras que el área restante del predio quedó dentro de la zona de
amortiguación de áreas protegidas27, la cual, si bien había sido establecida
desde el Acuerdo 29 de 2001 -años antes de que la hoy demandante lo adquirió-
por medio del cual se aprobó el POT del municipio de Fusagasugá, lo cierto es que
dependía de la determinación de la zona de protección, la cual solo se estableció
una vez se fijó el área de protección.

46. En suma, con la expedición de la Resolución 616 de 16 de marzo de 2016,

modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de 2016, el 3% del área del terreno
del predio de la demandante se encuentra dentro de la zona de protección y el 97%
en el área de amortiguación, con lo cual el inmueble quedó sujeto a las siguientes
restricciones:

Zona de ronda de protección 3% del área Zona de amortiguación de áreas protegidas
del predio 97% del área del predio
Resolución 616 de 16 de marzo de 2016, Acuerdo municipal No. 29 de 200129.
modificada por la Resolución 1249 del 7 de
junio de 2016, proferidas por la CAR28. -Uso principal: Actividades orientadas a la
protección integral de los recursos naturales.
-Uso Principal: Conservación de suelos y - Usos compatibles: Recreación
restauración de vegetación adecuada para la contemplativa, rehabilitación ecológica e
protección de los mismos. investigación controlada y cultivos
• Usos compatibles: Recreación permanentes.
contemplativa. - Usos condicionados: Agropecuarios
tradicionales, aprovechamiento forestal de
especies.

22 “ARTICULO 1: Determinar como zona de protección del rio Chocho, la franja comprendida entre la línea de

niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a
lado y lado del cauce, con un ·rea total de cuatrocientos doce mil novecientos cuarenta y siete punto cuarenta
y tres (412947,43) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las (…) PAR£GRAFO:
La determinación de la zona de ronda de protección a que hace referencia el presente artículo, se encuentra
soportada en el documento técnico (Anexo1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes
coordenadas (Anexo 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución. ARTICULO 2. AMBITO DE
Aplicación Espacial: LA zona determinada como ronda de protección del Río Chocho que aquí se anuncia, se
delimita en el Anexo 2, que forma parte integral de la presente resolución y tiene efecto sobre todos los predios
ubicados dentro de la zona de afectación 8…)”. Folio 49 del cuaderno 1.
23 “Artículo 1: modificar el artículo 6° de la Resolución CAR 616 de 16 de marzo de 2016 “por medio de la cual

se determina la zona de protección del rio chocho, el cual quedar así: ARTICULO 6°: ZONAS DE ALTO RIESGO
NO MITIGABLES: Bajo ninguna circunstancia se permitir· la continuidad, de las actividades económicas,
asentamientos, y ocupaciones de predios localizados, en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que ser·
objeto de control por la Administraciones Municipales de Fusagasugá· y Silvania pertenecientes a la cuenca
con colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la
materia. Artículo 2: Los demás preceptos de la Resolución CAR No. 616 de 2016 permanecen inalterados”.
24 Documentos que se encuentra en el disco compacto que obra a folio 235 del cuaderno 1.
25 Folio 235 del cuaderno 1.
26 Treinta metros al lado y lado del cauce del río Chocho.
27 Setenta metros contiguos a la ronda hídrica del rio Chocho.
28 Folio 49 del cuaderno 1.
29 Folios 201 a 234 del cuaderno 1 y consultado en la página web del municipio de Fusagasugá,

https://www.fusagasuga.gov.co/tema/normatividad, en virtud de los dispuesto en el artículo 177 del CGP.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

• Usos prohibidos: Agropecuarios, - Usos prohibidos: Institucionales,
industriales, urbanos y suburbanos, loteo, y agropecuario mecanizado, recreación masiva y
construcción de viviendas, minería, disposición parcelaciones con fines de construcción de
de residuos sólidos, tala y rocería de la vivienda campestre, minería y extracción de
vegetación. materiales de construcción.

47. La Sala encuentra que la delimitación de la ronda de protección del río Chocho

y la consecuente fijación de la zona de amortiguación por parte de la CAR y el
municipio de Fusagasugá, respectivamente, no ocasionaron un daño susceptible
de ser indemnizado, por las siguientes razones:

48. El inmueble de la demandante forma parte de un proyecto de parcelación
denominado Vega de Ostos, el cual se conformó como un condominio turístico 30
sometido al régimen de propiedad horizontal31. El referido condominio comprende
bienes de propiedad privada y bienes comunes ubicados en el sector Basachoque
del municipio de Fusagasugá a orillas del río Chocho y sobre la margen derecha de
la vía Bogotá – Girardot.

49. Con ocasión de su ubicación geográfica, el mencionado condominio resultó
afectado por un fenómeno natural relacionado con la socavación de la margen
izquierda del cauce del río Chocho, la que fue causada por el aumento de las lluvias.

50. La situación descrita conllevó a que uno de sus residentes del condominio
promoviera una acción popular con el fin de que se ampararan los derechos
colectivos a la seguridad pública y prevención de desastres técnicamente
previsibles, en cuanto se afectaron dos edificaciones que se encontraban en riesgo
inminente de deslizamiento, lo cual podía extenderse a los demás bienes privados
y comunes de ese desarrollo habitacional, dada la pérdida de soporte de la base
del talud que colinda con esa fuente hídrica32.

51. Para lo anterior, el actor popular solicitó que se ordenara a la CAR i) adelantar

trabajos necesarios para eliminar los depósitos de areniscas de gran tamaño que
modificaron el cauce natural del río Chocho, ii) construir una estructura de
contención y iii) realizar un estudio de la dinámica fluvial del citado afluente.

52. El
17 de enero de 2011, el Juzgado Administrativo del Circuito de Girardot
amparó los derechos colectivos invocados por el demandante y ordenó a las
accionadas que en el término de 48 horas siguientes a la ejecutoria del fallo

30 Aprobado por el municipio de Fusagasugá mediante la Resolución 006 del 26 de abril de 1990. (Folios 70 a

96 del cuaderno de pruebas).
31
Según el reglamento protocolizado mediante la escritura pública 7387 del 25 de octubre de 1990 otorgada en
la Notaría 6ª del Círculo de Bogotá, adicionada mediante escritura pública 1735 de 14 de marzo de 1991 de la
Notaría 6ª del Círculo de Bogotá y reformada en cuando a acogerse a la Ley 675 de 2011 a través de la Escritura
Pública 111 de 16 de enero de 2012 de la Notaría 73 del Círculo de Bogotá. (Folios 52 a 61 del cuaderno de
pruebas).
32 Informe técnico OPSU No. 172 del 6 de marzo de 2009 -prevención de desastres- emitido por la CAR “Es

importante mencionar que los fenómenos que afectan la dinámica del rio Chocho, son generalizados en todo
su trayecto desde su parte alta, hasta su desembocadura: Se resalta que el fenómeno de socavación de la
margen izquierda del río Chocho en límites con el conjunto Vega de Ostos es puntual, es decir que la
inestabilidad no obedece a un fenómeno regional o sectorial de inestabilidad de ladera, donde su parta sea la
margen del río. “Se considera que actualmente no existe un riesgo inminente de afectación sobre las viviendas
ubicadas aledañas a la margen afectada, sin embargo, de no tomarse las medidas de protección de la margen
izquierda del rio Chocho, afectada por el fenómeno de socavación, se continuara con la pérdida de terreno,
conllevando a que en poco tiempo afecte las viviendas allí ubicadas. La aceleración del fenómeno de socavación
estará directamente ligado a las condiciones climáticas, específicamente al régimen pluviométrico (…)”. Folios
121 a 124 del cuaderno de pruebas.

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Actor: Beatriz Contreras Rincón
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Referencia: Reparación directa

iniciaran las actuaciones administrativas necesarias para construir una estructura
de contención y protección de la margen izquierda del río Chocho, así como la
elaboración de un estudio sobre la dinámica fluvial del referido cuerpo hídrico. Dada
la situación de riesgo en la que se encontraba el Condominio Vega de Ostos el
juzgado señaló33 (se transcribe en forma literal):

“Se encuentra probado el riesgo de deslizamiento para viviendas y obras de
infraestructura del Conjunto Habitacional Vega de Ostos, levantadas sobre talud
colindante con el margen izquierdo del río Chocho y su génesis en cambio de
la dinámica fluvial del citado cuerpo de agua.

Premisa que asume especial importancia como quiera que en de la precedente
reseña normativo- jurisprudencial y en orden correspondencia con la vía judicial
escogida, se tiene que tal situación apareja afectación a los derechos colectivos,
en particular los de seguridad y prevención de desastres técnicamente
previsibles, y ello impone al juez popular, ordenar las acciones conducentes a
su amparo, salvo que se encuentre probado con suficiencia, que las accionadas
avocaron en órbita de sus competencias, y continúan gestionando, para superar
la amenaza o atenuar el riesgo.

Conforme se establece de la realidad procesal, de no atenuarse la fuerza del
impacto del caudal del río Chocho contra el talud, resulta inminente la pérdida
de su base y deslizamiento al cuerpo de agua de su terreno y de las casas de
habitación e infraestructura edificadas sobre el mismo, de lo que devendría
afectación para la vida e integridad de las personas que por razones de
residencia, descanso, o actividad laboral se encuentren en tales edificaciones
y/o sector aledaño, y la compresión de este último puede ser mayor, en la
medida en que el deslizamiento origine cambios en la dinámica fluvial del
cuerpo de agua.

Luego resulta probado que de no implementarse medidas eficaces, se
concretaría daño y/o alteración grave de las condiciones normales de vida en el
referido sector de la vereda Bosachoque en comprensión del municipio de
Fusagasugá (…)”.

53. A este proceso no se hizo presenta la hoy demandante ni quien le vendiera el

predio en el año 2012.

54. La sentencia fue apelada por el municipio de Fusagasugá y el departamento de

Cundinamarca. El 28 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
resolvió los recursos de apelación, confirmó el amparo de los derechos colectivos
vulnerados y modificó las ordenes impartidas a las entidades accionadas, para lo
cual indicó que debían “iniciar acciones tendientes a resolver el problema de la
comunidad del Barrio Vega de Ostos y dentro del mes siguiente a la ejecutoria de
esta decisión presente un plan de acción encaminado a un proyecto de planeación
e inversión que contenga las gestiones que considere necesarias para contrarrestar
la violación a los derechos colectivos invocados, el cual deberá contener un plan
de seguimiento perfectamente definido y evaluable”34.

33 Folios 97 a 117 del cuaderno de pruebas.
34 Folios 130 a 155 del cuaderno de pruebas.

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Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

55.Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, la CAR celebró con la firma J.A.M.
Ingeniería y Medio Ambiente el contrato de consultoría 996 de 2013, cuyo objeto
fue elaborar los estudios hidrológicos, hidráulicos, sedimentológicos, geotécnicos,
morfológicos y de dinámica fluvial, de la cuenca de tercer orden, denominada río
Chocho, municipio de Fusagasugá, con el fin de establecer los escenarios de
amenaza por inundación y procesos de socavación.

56. Por lo anterior, la firma J.A.M. Ingeniería y Medio Ambiente rindió un informe

técnico en el que planteó tres alternativas de solución a los problemas de
inundación y socavación en el río Chocho i) recuperación del cauce del río, ii) obras
de protección y iii) obras de mitigación. Con base en criterios técnicos, ambientales,
normativos, a nivel de riesgos y económicos recomendó la primera alternativa35.

57. El 16 de julio de 2014, los delegados de las entidades accionadas decidieron

adoptar la recuperación del cauce del río como alternativa para la cesación
definitiva del riesgo generado por el fenómeno de socavación de la margen
izquierda del río Chocho36

58. La mencionada alternativa contempló como medidas estructurales la reubicación

de viviendas y asignación de predios, la demolición de obras localizadas en el cauce
y la rehabilitación ambiental de la zona de retiro. Adicionalmente, como medidas no
estructurales señaló la delimitación de la zona de retiro, la delimitación de la zona
de protección y manejo ambiental (ZMPA), un estudio biótico y urbanístico y la
regulación del uso del suelo (Adopción de Zona de Retiro y ZMPA).

59. En el marco de las medidas no estructurales, la CAR profirió la Resolución 616

de 16 de marzo de 2016, modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de 2016,
por medio de la cual determinó la zona de protección del río Chocho.

60. Lo anterior permite evidenciar que la adopción de la ronda de protección del río

Chocho y la consecuente fijación de la zona de amortiguación, con las restricciones
frente al uso que ello implicó, obedecieron a la protección de los derechos colectivos
a la seguridad pública y prevención desastres técnicamente previsibles de los
propietarios y residentes del Conjunto Residencial Vega de Ostos, dentro del cual
se encuentra el predio de la señora Beatriz Contreras Rincón y que la afectación
del mencionado desarrollo habitacional tiene como causa principal los riesgos
causados por un fenómeno natural y no las medidas que se adoptaron para
conjurarlos.

61. En esas condiciones, las restricciones derivadas de la delimitación de la ronda

de protección del río Chocho y la consecuente fijación de la zona de amortiguación
no pueden considerarse como un daño antijurídico en cuanto, se reitera, la
afectación principal de su predio deviene de un fenómeno natural antecedente que

35 Informe que se encuentra en el disco compacto que obra a folio 319 del cuaderno 1.
36 “El grupo técnico de trabajo conformado por las condenadas en la Acción Popular No. 2009-199 referente a

la comunidad VEGA DE OSTOS, Integrado por el Departamento de Cundinamarca, la CAR y el Municipio de
Fusagasugá, de conformidad con los principios administrativos de responsabilidad, coordinación y economía,
según lo previsto en la Ley 1437 de 2011, deciden AVALAR de común acuerdo la alternativa de recuperación
del cauce del Río Chocho, que implica la restitución de la zona de ronda, en el condominio Vega de Ostos de
Fusagasugá, la cual será comunicada al comité de verificación conformado por el Personero Municipal, el actor
popular y el Municipio de Fusagasugá una vez cuente con el informe final del contratista JAM INGENIERÍA
frente a la alternativa adoptada en pleno por este comité técnico”. Folios 167 a 170 del cuaderno 1.

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Referencia: Reparación directa

implicó la adopción de esas medidas administrativas, las cuales, además, fueron
previstas en beneficio de los habitantes y propietarios del Conjunto Residencial,
incluido el predio de la demandante, en el marco de un proceso judicial que
promovió uno de sus residentes.

62. Adicionalmente, resulta relevante precisar que para el 15 de agosto de 2012,

cuando la señora Beatriz Contreras Rincón adquirió el predio denominado lote 10
del condominio Vega de Ostos, resultaba evidente la situación de riesgo en la que
se encontraban los bienes privados y comunes de esa parcelación, dado que la
sentencia de segunda instancia que amparó los derechos colectivos de los
propietarios y residentes de ese desarrollo habitacional se profirió el 28 de mayo de
2012, circunstancia que la demandante debió conocer y tomar en consideración al
pactar los términos de compra del predio.

63. Aunado a lo anterior, la delimitación de la zona de protección del río Chocho y,

como consecuencia, la determinación de la zona de amortiguación de áreas
protegidas tuvo como finalidad asegurar la preservación cualitativa del recurso
hídrico y proteger los demás recursos que dependen del mismo, así como proteger
la vida y bienes de quienes se encontraban asentados en la zona colindante con
esa fuente hídrica, en especial los propietarios y residentes del Conjunto
Residencial Vega de Ostos37.

64. Se trató de una medida que se adoptó en beneficio del interés general para

proteger los derechos supremos a la vida e integridad de las personas que
habitaban o frecuentaban el condominio; así como con el propósito de no acarrear
más daños materiales en ese sector y que tuvo como fundamento un estudio
técnico en el que se concluyó que correspondía a una de las medidas necesarias
para la recuperación de la ronda hídrica del río Chocho.

65. Esta medida fue adoptada con base en lo señalado en el Decreto 2811 de 18
de diciembre de 1974 -Código de Recursos Naturales Renovables-38 y en las
autorizaciones que contempló el Concejo Municipal de Fusagasugá mediante
Acuerdo 29 del 3 de julio de 2001 (revisado y ajustado mediante Decreto 120 del
22 de marzo de 2007) por medio del cual se adoptó el Plan de Ordenamiento
Territorial de ese municipio, acto administrativo en el que se establecieron, entre
otros, los usos del suelo permitidos para las zonas de i) ronda hidráulica39; ii) ronda

37 En el mencionado acto administrativo se indicó: “Articulo 3. Objeto: El objetivo fundamental de la zona de

ronda de protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación,
restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje
forestal y las coberturas naturales presentes en la zona. Conforme a lo anterior y en armonía con las situaciones
particulares y concretas consolidadas, la zona definida como ronda de protección queda sujeta a mantener el
efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales”. Folio 49 del cuaderno 1.
38 En el acto administrativo que autorizó la parcelación del lote para la construcción del Condominio Vega de

Ostos se indicó: “Toca dejar un área de afectación de ronda sobre el río Chocho, según Código de recursos
naturales, artículo 83 (literal d), una faja paralela a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta treinta (30)
metros de ancho”. Folio 56 del cuaderno 1.
39 “Artículo 176. Ronda hidráulica. La ronda hidráulica de los cuerpos de agua es la franja de terreno no

edificable, de uso público, constituida por franjas paralelas a las líneas de borde del cauce permanente, con un
ancho suficiente que garantice la amortiguación de crecientes, la recarga hídrica, la preservación ambiental y
el equilibrio ecológico. A) Se establece como ronda un ancho no inferior de treinta (30) metros paralelos al nivel
máximo de aguas a cada lado de los cauces de ríos y quebradas en zonas urbanas no desarrolladas (…)”.

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Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

de preservación ambiental40 y iii) amortiguación de áreas protegidas41 respecto de
los predios colindantes con el cauce de ríos, quebradas y escorrentías naturales,
de ahí que por la protección especial que demanda la zona adyacente a los
caudales hídricos, dada la relevancia que comporta de cara a la protección al medio
ambiente, resultaba previsible que el predio fuera objeto de restricciones derivadas
de su ubicación contigua al cauce del río Chocho.

66. Las restricciones impuestas no afectan el núcleo esencial de la propiedad
entendido como “la garantía de las facultades de goce y disposición del bien para
permitir a su titular extraer su utilidad económica, en términos de valor de uso o de
valor de cambio, al menos en el nivel mínimo en el que la propiedad pueda tener
algún sentido”42.

67. En la Resolución 616 de 16 de marzo de 2016 modificada por la Resolución 1249

del 7 de junio de 2016, se indicó que la determinación de la zona de protección del
río Chocho “conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios
localizados en el ámbito de la ronda de protección del río Chocho, pero únicamente
respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse
a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el
artículo 3°. De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección
del Río Chocho no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser
vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y en general,
para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el
ordenamiento jurídico vigente”.

68. Adicionalmente, si bien frente al predio de mayor extensión al que pertenecía el

lote de la demandante se habían expedido conceptos de uso de suelo y licencias
para la parcelación y construcción de edificaciones con antelación a la Resolución
616 de 16 de marzo de 2016, modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de
2016, que permitieron el desarrollo y venta del proyecto residencial Vega de Ostos43
y que resultaron modificados por ese acto administrativo, lo cierto es que ello no
comporta un desconocimiento a situaciones jurídicas consolidadas.

69. Esta Corporación44 y la Corte Constitucional45 han sostenido que la simple
existencia de una norma jurídica sobre el uso de un inmueble no puede
considerarse, per se, como un derecho adquirido o una situación jurídica
consolidada, dada la relatividad del derecho a la propiedad en virtud de las
funciones ecológica y social que le impone la Constitución, de ahí que no exista una
intangibilidad de las reglas en materia de usos, las cuales se encuentran sujetas a
las modificaciones que por razones ligadas al interés público, social o común

40 “Ronda de preservación ambiental: Es la franja de terreno paralela a la línea de ronda hidráulica, tomada a

partir de los treinta (30) metros de la marea máxima o borde húmedo de ríos, y de quince (15) metros de
quebradas, caños, nacederos o mana de agua en una extensión de veinte (20) y (15) metros, respectivamente,
la cual se utilizará para usos agropecuarios, recreativos, esparcimiento y deportivos descubiertos de menor
impacto, que garanticen el equilibrio de protección de la ronda hidráulica”.
41 “3. Zona de amortiguación de áreas protegidas: Son aquellas áreas delimitadas con la finalidad de prevenir

perturbaciones causadas por actividades humanas en zonas aledañas a un área protegida, con el objeto de
evitar que se causen alteraciones que atenten contra la conservación de la misma. Se establece una franja de
terreno de 70 metros de área de amortiguación a lo largo y alrededor de las zonas de protección”.
42 Sentencia C-189 de 15 de marzo de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil, Exp. D-5948.
43 Folios 62 a 96 del cuaderno de pruebas.
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 29 de abril de

2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala. Exp. 25000-23-24-000-2011-00329-01(AP).
45 Sentencia C – 192 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Exp D-10974.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

introduzcan las autoridades en desarrollo de sus competencias y a través de los
procedimientos establecidos para ello.

70. En los términos señalados en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887 las normas

sobre protección ambiental que en beneficio del interés general irradian el derecho
a la propiedad privada en lo relacionado con el uso son de orden público y de
aplicación inmediata, en cuanto señala que “Todo derecho real adquirido bajo una
ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su
ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de
la nueva ley”.

71. En ese mismo sentido, se ha señalado que los actos administrativos que
confieren permisos, licencias, autorizaciones y similares, son actos provisionales
subordinados al interés público, de ahí que no generan situaciones jurídicas
consolidadas46, en todo caso en el presente asunto con base en las licencias
previamente otorgadas el predio de la demandante se parceló y en él se construyó
una vivienda.

72. De otra parte, no se probó que las restricciones al uso del suelo derivadas de la

delimitación de la ronda de protección del río Chocho y la zona de amortiguación
implicaran una disminución en el valor comercial del predio de la accionante. Para
tal fin junto con la demanda se allegó un avalúo comercial que tuvo por objeto
establecer i) el valor comercial del inmueble con base en las normas bajo las cuales
se autorizó la parcelación y construcción del Conjunto Vega de Ostos I y ii) el valor
comercial luego de la afectación derivada de la ronda hídrica y la zona de
amortiguación. Se indicó que en el primer supuesto el valor ascendía a
$1.035’000.000, pero que por la delimitación de la ronda hídrica ese valor se redujo
a $047.

73. No resulta posible considerar la conclusión del avalúo comercial que presentó la

parte demandante respecto del precio que tenía el predio antes de la expedición de

46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de agosto de 1999, expediente

5500. M.P. Juan Alberto Polo Figueroa.
47 “CONCLUSIÓN: Estudiando las anteriores definiciones podemos, en resumen, determinar la importancia y el

peso que tienen en el acuerdo de un valor comercial "las circunstancias jurídicas que señalan las posibilidades
de uso y aprovechamiento del suelo" de conformidad con las normas que lo rigen y las afectaciones y cargas
que se deriven de estas normas.
Además si aplicamos el concepto de "POTENCIAL DE DESARROLLO" (Seminario de avalúos, actualización
2007 - CORPOLONJAS de Colombia), que nos dice: "la tierra vale según lo que pueda producir con su máximo
de desarrollo" concepto aplicable para el suelo rural y el suelo urbano, y tenemos en cuenta las afectaciones y
limitaciones determinadas en la Resolución de la CAR N°0616 de 16 de Marzo de 2.016que además de la franja
de treinta (30) metros, al lado y lado del cauce del rio Chocho que colinda en su margen izquierda con el predio,
y que genera como consecuencia de su determinación, el establecimiento, y necesario acotamiento de la
denominada Zona de Manejo y Preservación Ambiental - Z.M.P.A., que es contigua a la zona hídrica, la cual
está destinada al mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica del río, en las que se
prohíbe el loteo, la construcción de vivienda, las parcelaciones con fines de construcción de vivienda campestre,
y el manejo de residuos sólidos. Lo precedente en concordancia con el Artículo 315 del Acuerdo 39 de 2011,
"Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Fusagasugá", en el cual los actuales usos "permitidos,
compatibles y condicionados" dentro de la ZONA DE AMORTIGUACION DE AREAS PROTEGIDAS, no son
viables dentro del "CONJUNTO TURÍSTICO VEGA DE OSTOS I", que fue creado con el fin específico de
realizar proyectos de vivienda campestre y todo un desarrollo complementario de zonas comunes que incluyen
construcciones de vías, adecuación de zonas verdes para descanso y recreación y deportes, salón comunal,
piscina, área de BBQ, capilla, y todo lo requerido para su aprobación y para el propósito del presente proyecto,
lo cual generó un gran aumento en el "valor comercial" de la tierra; la cual quedo sin ninguna posibilidad de
"desarrollo comercial" con las actuales normas que lo rigen.
Por todo lo descrito anteriormente se llegó a determinar que el predio objeto del estudio NO TIENE NINGUN
"VALOR COMERCIAL", por las afectaciones efectuadas al establecer la ronda hidráulica y la Zona de Manejo
y Preservación Ambiental-Z.M.P.A., contigua a la primera, que ocupan la totalidad del terreno y de las
construcciones allí existentes” folios 198 a 219 del cuaderno de pruebas.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

la Resolución 616 de 16 de marzo de 2016, modificada por la Resolución 1249 del
7 de junio de 2016, porque en dicho estimativo no se consideraron las eventuales
restricciones a los usos del suelo por las zonas de ronda hídrica y de amortiguación
previstas tanto en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 1974 -Código de Recursos
Naturales Renovables- como en el POT del municipio de Fusagasugá -Acuerdo
municipal 29 del 3 de julio de 2001-, dada la ubicación del Condominio Vega de
Ostos contigua al río Chocho, variable que sin lugar a dudas incide de forma
significativa en la determinación del valor del lote y de las construcciones allí
existentes.

74. Adicionalmente, se indicó que la valuación se llevó a cabo mediante un método

de comparación directa del mercado de predios ubicados en condominios similares;
sin embargo, no se señaló ni es posible determinar que dichos desarrollos
habitacionales también se encontraran ubicados de forma contigua a una fuente
hídrica, característica que en este asunto resulta esencial a fin de establecer si
puede existir o no correspondencia en su valor.

75. Tampoco resulta atendible la conclusión sobre la supuesta disminución total del

valor comercial del predio luego de la expedición de la Resolución 616 de 16 de
marzo de 2016, modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de 2016, porque:
i) se soportó exclusivamente en la existencia de las restricciones en cuanto a la
imposibilidad de desarrollar una parcelación, enajenar lotes y el manejo de residuos
sólidos con el fin de construir viviendas campestres, sin considerar que esas
actividades sí se desarrollaron en el predio; ii) no tuvo en cuenta cuáles eran los
porcentajes de afectación por la zona de ronda de protección y cuáles por la zona
de amortiguación de áreas protegidas, pese a que las restricciones para esas zonas
no son las mismas y iii) desconoció que en el 97% del área del predio se
contemplaron usos compatibles y condicionados que descartan la imposibilidad de
explotación económica del inmueble.

76. Así las cosas, las reseñadas imprecisiones del avalúo comercial aportado por la

demandante impiden atender las conclusiones sobre el precio del predio con
antelación a la delimitación de la zona de ronda hídrica del río Chocho y, menos, la
disminución total de su valor con posterioridad a la expedición del acto
administrativo que estableció esa zona de protección.

77. En todo caso, la sola disminución en el valor de un bien como consecuencia de

la adopción de una medida legítima del Estado dirigida a la protección del medio
ambiente y mediante la cual se limite o fijen restricciones para el uso del suelo en
el que se halla, con independencia de su monto, no constituye un supuesto que por
sí solo constituya un daño antijurídico en cabeza de su propietario48.

78. En suma, se considera que en el caso bajo examen la delimitación de la ronda

de protección del río Chocho y la zona de amortiguación efectuada por la CAR en
el ámbito de sus competencias no resultó arbitraria, abusiva o discriminatoria, ni se
acreditó que causara un impacto desproporcionado en los intereses de la señora
Beatriz Contreras Rincón en calidad de propietaria de un inmueble edificado al

48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección A, sentencias del 19

de febrero de 2021, Exp. 63.087 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada entre otras, en sentencias de 2 de
junio y 29 de septiembre de 2023, Exp. 54.620 y 64.091. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

amparo de licencias concedidas con antelación a la expedición de la Resolución
616 de 16 de marzo de 2016, modificada por la Resolución 1249 del 7 de junio de
2016, circunstancia que impone confirmar la sentencia de primera instancia en
cuanto negó las pretensiones de la demanda.

79. Al lado de lo anterior, se precisa que la delimitación de la zona de ronda de

protección del río Chocho correspondió a una de las medidas no estructurales
previstas en un plan de acción que contempló, además, la adquisición de predios
como el de la demandante previa declaratoria de interés público y del avalúo
correspondiente, actuación que según las pruebas aportadas no ha finalizado y se
encontraba en etapa de gestión y avalúo predial, lo cual no descarta que por
motivos de utilidad o interés público las accionadas, en el marco de esa actuación
administrativa, adquieran el predio de la demandante49.

80. Finalmente, debe señalarse que esta Subsección mediante sentencia 29 de
septiembre 2023, proferida en un proceso de reparación directa por la afectación
derivada de la delimitación de la ronda hídrica del río Chocho que promovió la
propietaria de 14 lotes que se encuentran en el mismo conjunto residencial que el
predio objeto de este proceso, concluyó que las afectaciones derivadas de ese acto
administrativo no daban cuenta de la causación de un daño antijurídico imputable
a las demandadas50.

Condena en costas

81. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación

y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de
Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 365 del CGP51, la Sala condenará en costas en esta instancia
a la parte demandante, dado que su recurso se resolvió de manera desfavorable.

82. A su vez, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la

totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, se fijan con
observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en
el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 201652.

83. En esas condiciones, en esta instancia, se fija como agencias en derecho tres

salarios mínimos legales mensuales vigentes (3 SMLMV) a la fecha de ejecutoria
de esta providencia, divididos en partes iguales para cada una de las demandadas:

49
Según lo informado en la comunicación de 3 de diciembre de 2009 suscrita por el gerente de la Empresa
Inmobiliaria de Cundinamarca. Folios 344 del cuaderno 1.
50 “De esta manera, como en el sub examine no se acreditó que las decisiones administrativas alegadas fueran

excesivas, especiales o singulares, así como tampoco que superara las condiciones naturales definidas en la
función social y ecológica inherente a la propiedad, reconocida en la Constitución y las leyes, la Sala concluye
que no se configuró un daño especial superior al que normalmente deben asumir los ciudadanos en razón de
la particular naturaleza del derecho de propiedad y los poderes del Estado frente a la adopción de medidas que
repercuten en beneficio de la sociedad en general, como las adoptadas mediante el Acuerdo 29 de 2001 y la
Resolución 616 de 2016”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección A, sentencia 29 de septiembre 2023, expediente 64.091.
51 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas

se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”.
52 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. Procesos declarativos en general. (…) “En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00589-01 (68.287)
Actor: Beatriz Contreras Rincón
Demandado: Municipio de Fusagasugá y otros
Referencia: Reparación directa

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, departamento de
Cundinamarca y municipio de Fusagasugá.

84. Anteesta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso53.

IV. PARTE RESOLUTIVA

85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2020 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte actora, para lo
cual se fija por concepto de agencias en derecho tres salarios mínimos legales
mensuales vigentes (3 SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
divididos en partes iguales para cada una de las demandadas: Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, departamento de Cundinamarca y
municipio de Fusagasugá.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

53 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que

haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que
le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las
siguientes reglas (…)”.

19

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