Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00723-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00723-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00723-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
24 de enero de 2024
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Actor: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVÍAS –
Referencia: Proceso ejecutivo
Tema: Recurso de apelación contra sentencia
Subtema 1: Cesión de derechos litigiosos
Subtema 2: Excepción de pago – compensación Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la ejecutada contra
la sentencia proferida el cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles y el Instituto Nacional de Vías
– INVÍAS – suscribieron el contrato de obra número 1542 de 2005, cuyo objeto era
el diseño, reconstrucción y/o pavimentación de la vía grupo 62, tramo 1 Puerto
López – Puerto Gaitán, del K0+000 al K49+000 con una longitud de 49 kilómetros
en el departamento del Meta. La referida sociedad convocó al INVIAS a Tribunal de
Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con ocasión del desequilibrio
económico del contrato antes citado. Al interior del trámite arbitral, la sociedad C.I.
Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles cedió los derechos litigiosos a la sociedad
Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. El Tribunal de Arbitramento profirió laudo
arbitral el veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), en el que declaró el
rompimiento del equilibrio económico del contrato de obra número 1542 de 2005 y
condenó al Instituto Nacional de Vías al pago de unas sumas de dinero. Ante el no
pago del mentado laudo, la cesionaria inició el proceso ejecutivo de la referencia.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
2.1.1. La sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S, el veinticinco (25) de
julio de dos mil dieciocho (2018), por intermedio de apoderada judicial, presentó
demanda ejecutiva1 contra el Instituto Nacional de Vías, con las siguientes
pretensiones:
“PRIMERA: Se libre mandamiento de pago POR LA VÍA EJECUTIVA DE MAYOR
CUANTÍA, a favor de la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.AS. y en
contra del Instituto Nacional de Vías, por el valor de tres mil doscientos cuarenta y
cuatro millones novecientos veintiocho mil trescientos treinta y nueve pesos
($3.244.928.339,81), correspondiente a la suma dejada de pagar con ocasión del
laudo arbitral de fecha 26 de agosto de 2013, cuyo único beneficiario era la
sociedad ejecutante.
SEGUNDA: Se libre mandamiento de pago POR LA VÍA EJECUTIVA DE MAYOR
CUANTÍA, a favor de la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. y en
1 Folios 2 a 17, cuaderno 1
1
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
contra del Instituto Nacional de Vías, por el valor de dos mil setenta y tres millones
quinientos noventa y ocho mil pesos ($2.073.598.000,00) correspondientes a los
intereses moratorios causados.
TERCERA: Se libre mandamiento de pago POR LA VÍA EJECUTIVA DE MAYOR
CUANTÍA, a favor de la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. y en
contra del Instituto Nacional de Vías, por los intereses causados sobre la anterior
suma, desde la presentación de la demanda hasta cuando se efectúe el pago total
de la obligación, liquidados mes a mes conforme a la tasa máxima comercial
permitida de acuerdo con el artículo 177 del CCA.
CUARTA: Se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en
derecho”.
2.1.2. La parte demandante sostuvo como fundamentos de hecho de las
pretensiones, que:
2.1.2.1. La sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles convocó al Instituto
Nacional de Vías a Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá,
con ocasión del desequilibrio económico del contrato número 1542 de 2005.
2.1.2.2. La convocante, durante el trámite arbitral, suscribió cesión de derechos
litigiosos a favor de Estudio Asesorías Profesionales S.A.S., convenio que fue
reconocido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá,
en auto número 17 del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013).
2.1.2.3. El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá profirió
laudo arbitral el veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), en el que resolvió
que el INVÍAS tenía la obligación de pagar unas sumas de dinero a favor de
Estudio Asesorías Profesionales S.A.S; Así consta específicamente, en los
ordinales séptimo, octavo, noveno y décimo de la parte resolutiva del laudo.
2.1.2.4. El valor de la condena a cargo del INVÍAS ascendió a la suma de cinco mil
trescientos cincuenta y nueve millones seiscientos cinco mil ciento ochenta y un
pesos ($5.359.695.181), más los intereses que se llegasen a causar, conforme a lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
2.1.2.5. La sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. solicitó el pago del
laudo arbitral, mediante oficio del quince (15) de noviembre de dos mil trece (2013).
2.1.2.6. El Instituto Nacional de Vías expidió varias resoluciones, en las que
autorizó la realización de abonos parciales, así:
Resolución no. Fecha Valor abonado
8313 31-dic-14 $1.629.235.682,61
9539 30-dic-15 $1.580.225.965,08
9540 30-dic-15 $146.732.748,81
9576 31-dic-15 $128.999.476,00
9596 30-dic-15 $89.192.723,65
1758 17-mar-16 $2.058.999.857,40
2.1.2.7. El Instituto Nacional de Vías, a través de oficio OAJ547 del seis (6) de
febrero de dos mil quince (2015), dirigido a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, informó que los beneficiarios del laudo en comento eran C.I. Grodco S
en C.A. Ingenieros Civiles y Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
2.1.2.8. Como consecuencia de lo anterior, la DIAN, en Resolución 6282-0153 del
cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015), ordenó compensar obligaciones
tributarias a cargo de la sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles que
sumaban dos mil seiscientos seis millones doscientos treinta y dos mil pesos
2
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
($2.606.232.000) a, con cargo al laudo cuya única beneficiaria era, para ese
momento, la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
2.1.2.9. El Instituto Nacional de Vías no pagó la totalidad de la suma de dinero a la
que fue condenada en el laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece
(2013), dado que descontó del valor a pagar, la suma compensada por la DIAN .
Además, realizó unos descuentos sin fundamento legal.
2.2. Trámite procesal relevante en primera instancia
2.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, en auto del veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho
(2018)2, libró mandamiento de pago a favor de Estudio Asesorías Profesionales
S.A.S. por las siguientes sumas de dinero: a) tres mil doscientos cuarenta y
cuatro millones novecientos veintiocho mil trescientos treinta y nueve pesos con
ochenta y un centavos ($3.244.928.339,81), correspondiente a la suma dejada de
pagar con ocasión del laudo arbitral de fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil
trece (2013), cuyo único beneficiario es la sociedad ejecutante; b) dos mil setenta
y tres mil millones quinientos noventa y ocho mil pesos ($2.073.598.000,00)
correspondiente a los intereses moratorios causados sobre la anterior suma; y c)
la suma que arroje la liquidación de los intereses causados desde la presentación
de la demanda hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación.
2.2.2. El Instituto Nacional de Vías, el dieciséis (16) de octubre de dos mil
dieciocho (2018)3, interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, en
providencia del catorce (14) de noviembre del dos mil dieciocho (2018)4, lo
rechazó por extemporáneo.
2.2.3. El Instituto Nacional de Vías, el diecinueve (19) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018)5, contestó la demanda y planteó la excepción de pago total de la
obligación, teniendo en cuenta que la entidad realizó abonos parciales, a través
de las Resoluciones 8313 de 2014 y 9539, 9540, 9576 y 9596 de 2015 y que,
finalmente, mediante Resolución 00827 de 2016, pagó el saldo final, conforme a
la liquidación que incluyó los abonos parciales y la compensación realizada por la
DIAN.
2.2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B, el veinticinco (25) de enero de dos mil diecinueve (2019)6, corrió
traslado al ejecutante, por el término de diez (10) días, de las excepciones
propuestas por el Instituto Nacional de Vías.
2.2.5. La parte ejecutante, en escrito del siete (7) de marzo de dos mil diecinueve
(2019)7, se pronunció respecto de las excepciones formuladas por la entidad
ejecutada. Adujo que se encuentra totalmente probado que el Instituto Nacional
de Vías no cumplió con lo indicado en el numeral segundo del auto que dictó el
mandamiento de pago. Que según lo prescrito en el artículo 431 del Código
General del Proceso, el Instituto Nacional de Vías que tenía cinco (5) días a partir
de la notificación del mandamiento de pago para cancelar la obligación, sin
embargo, no efectuó dicho pago.
Adicionalmente, arguyó que es claro que el INVÍAS no canceló totalmente la
acreencia judicial a favor de la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.,
puesto que la entidad, para sustentar el supuesto pago total de la obligación, tuvo
en cuenta la compensación realizada por la DIAN a nombre de una sociedad que
no era beneficiaria del laudo arbitral.
2 Folios 21 a 30, cuaderno 1.
3 Folios 47 a 54, cuaderno 1.
4 Folios 63 a 65, cuaderno 1.
5 Folios 67 a 80, cuaderno 1.
6 Folios 86 y 87, cuaderno 1.
7 Folios 106 a 109, cuaderno 1.
3
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
Por último, expuso que el Instituto Nacional de Vías no podía realizar los
descuentos tributarios que efectuó, pues estos proceden únicamente en el pago
de indemnizaciones laborales ordenadas en sentencias judiciales.
2.3. La sentencia recurrida
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B,
en el curso de la audiencia inicial realizada el cinco (5) de agosto de dos mil
diecinueve (2019)8, profirió sentencia, en la que dispuso:
“PRIMERO: Declarar no probada la excepción de pago propuesta por la ejecutada, por
las razones expuestas en la parte considerativa de la sentencia.
SEGUNDO: Ordenar seguir adelante con la ejecución adelantada por la sociedad
ESTUDIOS ASESORÍAS PROFESIONALES S.A.S. contra el INSTITUTO NACIONAL
DE VÍAS – INVÍAS –, por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS ($3.244.928.339,81), más los intereses comerciales causados desde
la ejecutoria del laudo arbitral, esto es, desde el 23 de septiembre de 2013 hasta
cuando se hizo exigible la obligación, esto es, hasta el 23 de marzo de 2015; e
intereses moratorios causados sobre la suma anterior desde esta última fecha, hasta
cuando se efectúe el pago total de la obligación.
TERCERO: Las partes, dentro del término y en la forma establecida por el numeral 1
del artículo 446 del Código General del Proceso, presentarán la correspondiente
liquidación del crédito.
CUARTO: Condenar en costas en esta instancia a la parte ejecutada, por lo cual
deberá pagar a favor de la parte ejecutante por concepto de agencias en derecho, la
suma de noventa y siete millones trescientos cuarenta y siete mil ochocientos
cincuenta pesos m/cte. ($97.347.850). (…)”.
El Tribunal motivó esta decisión en los efectos de la sucesión procesal que operó
en el curso del proceso arbitral adelantado por sociedad C.I. Grodco S en C.A.
Ingenieros Civiles contra el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS – a consecuencia
de la cesión que de sus derechos litigiosos hizo la allí convocante a la sociedad
Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.; efectos que fueron reconocidos en el
laudo que puso fin a esa controversia en cuanto tuvo por beneficiaria de la
condena allí impuesta, a la sociedad cesionaria. Tales efectos, dijo el Tribunal,
fueron desconocidos por la DIAN y el Instituto Nacional de Vías, quienes tuvieron
por beneficiario de la condena dispuesta en el laudo arbitral proferido el veintiséis
(26) de agosto de dos mil trece (2013), a la sociedad C.I Grodco S en C.A.
Ingenieros Civiles.
El tribunal no pasó por alto que la compensación realizada por la DIAN consta en
un acto administrativo que se presume legal y obliga a las partes, de conformidad
con el artículo 88 del CPACA; y que, en sede de ejecución, no hay lugar a
pronunciarse sobre aquel. Sin embargo, consideró que este acto no vincula a la
parte ejecutante porque esta no fue notificada de la Resolución 6282-0153 del
cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015), por medio de la que se ordenó la
compensación, pese a que la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
era un tercero interesado que debía ser notificado, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 67 ibidem. En consecuencia, estimó que, respecto del valor de la
compensación descontada, no se acreditó el pago alegado por la entidad
demandada.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con los descuentos por contribución,
retención en la fuente y retención por impuesto de industria y comercio, indicó
8 Folios 139 a 162, cuaderno principal.
4
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
que, al tratarse de obligaciones tributarias originadas en el contrato de obra
pública, no podían considerarse como parte del pago de la suma que se ejecuta,
ya que de ninguna manera el operador judicial, al momento de fallar, dispone el
descuento de dichas cargas, pues esto corresponde a un ejercicio de quien esté
obligado a pagar.
La sentencia de primera instancia fue notificada en estrados, conforme a lo
previsto en el numeral 1 del artículo 322 del Código General del Proceso.
2.4. El recurso de apelación
El Instituto Nacional de Vías interpuso9 oportunamente recurso de apelación
contra la anterior decisión.
Para sustentar su inconformidad, alegó que la entidad pagó la totalidad del valor
por el que se profirió la condena en el laudo que obra como titulo ejecutivo en el
presente asunto, teniendo en cuenta que realizó el desembolso a la DIAN,
producto de la compensación ordenada por esta autoridad, en razón a las deudas
que tenía C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles, sociedad en favor de quien,
considera, se profirió el laudo arbitral.
En cuanto a la cesión de derechos litigiosos afirmó que “el beneficiario de la
cesión fue C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles (…)”, y que, por tanto era su
obligación reportar dicha información a la DIAN, al tenor de lo preceptuado en el
inciso 2 del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Precisó que, conforme al artículo
1969 del Código Civil, el cedente debe responder por las obligaciones a su cargo
ante la DIAN.
Reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso consistentes en que el
pago se realizó totalmente a la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S,
toda vez que saldó sus deudas con los abonos que realizó a la ejecutante, y se
limitó a cumplir la orden de la DIAN consistente en compensar la suma de dos
mil seiscientos seis millones doscientos treinta y dos mil pesos ($2.606.232.000).
Por lo tanto, insistió, no existe adeudo pendiente.
Manifestó haber actuado en cumplimiento de la ley y en observancia del principio
de buena fe, toda vez que la compensación atañía a lo adeudado a la DIAN en
virtud del contrato de obra número 1542 de 2005, cuyo objeto era el diseño,
reconstrucción y/o pavimentación de la vía grupo 62, tramo 1 Puerto López –
Puerto Gaitán, del K0+000 al K49+000 con una longitud de 49 kilómetros en el
departamento del Meta
2.5. El trámite procesal relevante en segunda instancia
2.5.1. Esta Corporación, en auto del veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós
(2022)10, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada en
audiencia, contra la sentencia del cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B. Luego, en proveído del dos (2) de octubre de dos mil veintidós
(2022)11, corrió traslado a las partes para que presentarán alegatos de conclusión
y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
2.5.2. La sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S12 y el Instituto Nacional
de Vías13 presentaron alegatos de conclusión, el dieciocho (18) de noviembre y el
veintidós (22) de noviembre de dos mil veintidós (2022), respectivamente, y el
9 Folio 138, cuaderno 1.
10 Índice 9 de SAMAI.
11 Índice 26 de SAMAI.
12 Índice 30 de SAMAI.
13 Índice 31 de SAMAI.
5
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
Ministerio Público remitió su concepto, el dieciséis (16) de mayo de dos mil
veintidós (2022)14.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Normativa aplicable
En vista de que el recurso de apelación fue interpuesto el cinco (5) de agosto de
dos mil diecinueve (2019)15, a este asunto resulta aplicable la Ley 1437 de 2011
sin modificaciones. Lo anterior, puesto que, de acuerdo con el artículo 8616 de la
Ley 2080 de 2021, los recursos interpuestos han de regirse por las leyes vigentes
cuando se formularon. En los aspectos no regulados, deberá observarse lo
dispuesto en el Código General del Proceso (CGP), esto es, los artículos 422 y
siguientes, en virtud de la remisión normativa prevista en el artículo 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA).
3.2. Competencia
La Sala es competente para resolver el recurso de apelación contra la sentencia
del cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019), proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, con
fundamento en los artículos 12517 y 15018 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3.3. Problemas jurídicos
De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso, el “recurso de
apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a
“pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley”.
Como lo ha indicado esta Corporación19, el alcance del recurso de apelación no se
dirige sin límite alguno a censurar cualquier tipo de actuación o inconformidad
generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir
14 Índice 16 de SAMAI.
15 Folios 139 a 162 del cuaderno principal.
16 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. “(…) De conformidad con el artículo 40 de la Ley
153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales
introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su
publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. En
estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”. (negrillas fuera del texto).
17
“Artículo 125. Será competencia del juez o Magistrado Ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite;
sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4
del artículo 243 de este Código serán de la sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá
a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que
resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con
exclusión del Magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”. (negrillas fuera del texto).
18
“Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia”. (negrillas fuera del texto).
19 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, sentencias
del tres (3) de marzo y del veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023), expedientes 58301 y 54823,
respectivamente.
6
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
el trámite surtido en primera instancia, pues ya esto fue objeto de comprobación y
debate, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia. De modo que,
es imprescindible que el recurrente ataque los fundamentos de hecho y de
derecho que sustentaron la providencia de primera instancia, en lo que considera
desfavorable; no basta con la simple interposición del recurso ni resulta suficiente
repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, sino que, la formulación
de la apelación debe responder a una tesis que discuta las consideraciones que
fundaron la decisión recurrida.
Dicho esto, en consideración a lo planteado por el Instituto Nacional de Vías en el
recurso de apelación, esta Sala determinará lo siguiente:
(i) ¿la sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles podía ser considerada
válidamente por el deudor INVIAS, para los efectos del pago, como beneficiaria
de las condenas a él impuestas en el laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto
de dos mil trece (2013), pese a que estas fueron dispuestas en favor de
Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. en atención a la cesión que de los
derechos litigiosos hizo aquel?
(ii) ¿Pagó el Instituto Nacional de Vías, parcial y válidamente, la condena que
le fue impuesta en el laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto de dos mil
trece (2013), con la compensación que hizo, a órdenes de la DIAN, de esa
obligación con otras, de naturaleza tributaria que adeudaba la sociedad C.I.
Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles por concepto de impuestos sobre las
ventas tercero 3°, cuarto 4° y quinto 5° bimestre de 2014 y por retención en la
fuente del periodo comprendido entre los meses de julio de dos mil catorce
(2014) a enero de dos mil quince (2015)?
3.4. Título ejecutivo
Los títulos ejecutivos, conforme al artículo 422 del Código General del Proceso,
son documentos que contienen obligaciones que deben ser claras, expresas y
exigibles, que provengan del deudor o su causante y que constituyan plena prueba
en contra de este. Son títulos ejecutivos, entre otros, las sentencias condenatorias
proferidas por un juez de cualquier jurisdicción20. Al respecto, es importante
destacar que el CPACA, en el artículo 297, prescribe lo siguiente:
“Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo: (…)
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos
de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al
pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible. (…)”.
Entonces, un laudo arbitral, para que configure título ejecutivo, requiere i) que
imponga una condena, consistente en el pago de unas sumas de dinero en forma
clara, expresa y exigible, que será la que determine la obligación; y ii) que la
decisión se encuentre en firme, lo que asegura la existencia y certeza del crédito,
en la medida en que no podrá ser modificada.
La obligación es clara, cuando no exista duda respecto al objeto o sujetos de la
obligación; es expresa, si se encuentra especificada en el título en forma
fácilmente inteligible en un solo sentido; y es exigible, cuando es ejecutable sin
que dependa su cumplimiento de una condición, o cuando ya se ha cumplido
esta21.
20 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, auto del
tres (3) de octubre de dos mil dieciocho (2018), radicado número 13001333100420170012601.
21 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, auto del veintiséis (26) de
febrero de dos mil catorce (2014), radicado número 25000-23-27-000-2011-00178-01.
7
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
En el caso de la referencia, la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
aportó como pruebas de la existencia del título de recaudo, copias22 de los
siguientes documentos: (i) certificados de existencia y representación legal de las
sociedades C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles y Estudio Asesorías
Profesionales S.A.S.; (ii) contrato de cesión, a título de venta, de derechos
litigiosos suscrito entre C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles y Estudio
Asesorías Profesionales S.A.S., el diecinueve (19) de marzo de dos mil trece
(2013); (iii) auto número 17 dictado el treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013),
por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que
admitió como cesionaria de los derechos litigiosos de C.I. Grodco S en C.A.
Ingenieros Civiles a Estudio Asesorías Profesionales S.A.S; (iv) laudo arbitral del
veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), en el que el tribunal ordenó al
INVIAS, pagar a favor de la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S., los
valores allí reconocidos; y (v) auto número 24 proferido, el dieciséis (16) de
septiembre de dos mil trece (2013), por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara
de Comercio de Bogotá, que aclaró el laudo arbitral referido anteriormente y
declaró improcedentes las demás solicitudes de corrección y aclaración.
Por lo anterior, esta Sala considera que lo aportado por la parte demandante
cumple con los requisitos legales de un título ejecutivo, esto es: (i) el laudo arbitral
del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) contiene obligaciones claras,
expresas y exigibles, puesto que condenó al Instituto Nacional de Vías al pago de
unas sumas de dinero, a favor de la ahora ejecutante, en la parte resolutiva de la
decisión, específicamente, en los ordinales séptimo, octavo, noveno y décimo; y
(ii) la decisión se encuentra en firme.
3.5. Caso concreto
En este asunto, no cabe duda de que el título ejecutivo lo constituye un laudo
arbitral.
Por otro lado, ha de tomar la Sala en consideración el artículo 442 del CGP que
prescribe que, cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, solo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen
en hechos posteriores al respectivo proveído, la de nulidad por indebida
representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa
debida.
En consecuencia, procede el examen de la excepción de pago formulada por el
Instituto Nacional de Vías, sin perjuicio de lo indicado en el numeral 3.4 de este
proveído.
3.5.1. La Subsección iniciará el estudio con el primer problema jurídico planteado,
esto es, establecer, si la sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles podía
ser considerada válidamente por el deudor INVIAS, para los efectos del pago,
como beneficiaria de las condenas a él impuestas en el laudo arbitral del
veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013), pese a que estas fueron
dispuestas en favor de Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. en atención a la
cesión que de los derechos litigiosos hizo aquel.
En relación con la cesión de derechos litigiosos23 es menester tener en cuenta que
dicho contrato está regulado en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil, y
consiste en un convenio en el que se cede, bien sea a título oneroso o gratuito, un
derecho incierto que se encuentra en disputa en un proceso judicial; por esta
22 La Secretaría del Tribunal de Arbitramento, Olga Lucía Giraldo Duran, certificó que aquellas eran la primera
copia, de conformidad al numeral 2 del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
23 Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, auto 25000-23-26-000-2007-00527-01(46791); Consejo de Estado, Sección Tercera, auto
13001-23-31-000-2001-00699-03(45210), 24 de agosto de 2018
8
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
razón esta tipología de contrato se considera aleatorio, pues el cedente se hace
responsable de garantizar la existencia del proceso judicial en el que se discute el
derecho litigioso, mas no de las resultas de este.
Esta regulación sustancial debe armonizarse con lo dispuesto en el artículo 68 del
Código de General del Proceso, puesto que el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo guardó silencio respecto de los
efectos procesales de la cesión de derechos litigiosos. Lo anterior, en virtud del
artículo 306 del CPACA, que remite al estatuto procesal civil en los aspectos no
regulados por dicho código.
El artículo 68 del CGP prescribe, en el inciso tercero, que el cesionario, es decir, el
adquirente del derecho, puede intervenir en el pleito para realizar todas las
actuaciones necesarias para acometer la defensa de sus intereses, pero lo puede
hacer de distintas maneras, según la postura que adopte la contraparte del
proceso, ya que si el cesionario pretende ser tenido como parte y su contraparte
se manifiesta favorablemente a ello, adquirirá, entonces, tal calidad, desplazando
en su posición al cedente, lo que genera una verdadera sucesión procesal;
mientras que si el accionado guarda silencio al respecto o se opone expresamente
a las consecuencias procesales de la cesión, la normativa indica que “podrá
intervenir como litisconsorte del anterior titular”. En tal caso, fungirá como
litisconsorte cuasinecesario en cuanto las resultas del fallo lo cobijarán aun en el
caso de que este no se haga parte en el proceso.
Es preciso aclarar que a la contraparte no le corresponde efectuar un
pronunciamiento sobre la aceptación, legalidad o conveniencia del contrato de
cesión, sino que su intervención se debe limitar simplemente a las repercusiones
que en el proceso judicial ha de tener el acto de cesión24.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia, respecto de la cesión de derechos
litigiosos, ha dicho: “(…) el instituto de la cesión, respecto de un derecho litigioso,
constituye el medio ideado para introducir cambios en el extremo acreedor (…)”25.
Durante el trámite arbitral que culminó con el laudo que aquí se pretende ejecutar,
las sociedades Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. y C.I Grodco S en C.A.
Ingenieros Civiles suscribieron un contrato de cesión, a título de venta, de
derechos litigiosos, en el que acordaron que “la sociedad C.I. GRODCO S en C.A.
INGENIEROS CIVILES cede el CIEN POR CIENTO (100%) de los derechos
litigiosos que se debaten en el Tribunal de Arbitramento descrito en los
antecedentes de este negocio relacionados con el contrato no 1542 de 2005 a
Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. (…)”. Posteriormente, el contrato fue
puesto a disposición del Tribunal de Arbitramento26, que, en auto del treinta (30)
de mayo de dos mil trece (2013), admitió como cesionaria de los derechos
litigiosos de C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles a Estudio Asesorías
Profesionales S.A.S.
La anterior decisión judicial se explica por cuanto el Instituto convocado no hizo
manifestación alguna sobre la posibilidad de que la sociedad Estudio Asesorías
Profesionales S.A.S. asumiera la posición de demandante, es decir, que existiera
una sucesión procesal. De haber existido una manifestación en ese sentido solo
había podido actuar como litisconsorte cuasinecesario. En ese orden de ideas, el
laudo arbitral incluyó las siguientes condenas en su parte resolutiva:
24 Cfr. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil. Tomo I. Bogotá, Editorial Dupré, 10° edición,
2009. P. 367.
25 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia del veintiocho (28) de septiembre de dos mil
diecisiete (2017), radicación número: 11001-31-03-026-2012-00121-01.
26 El Tribunal de Arbitramento dio traslado del contrato de cesión de derechos litigiosos, por el término de tres
(3) días, a la parte convocada – Instituto Nacional de Vías – y al agente del Ministerio Público, quienes
guardaron silencio.
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Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
“SÉPTIMO: Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS al pago de la
suma de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINEINTOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($1.178.514.992), a favor de
ESTUDIOS ASESORÍAS PROFESIONALES S.A.S. (Cesionaria) (…).
OCTAVO: Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS al pago de la
suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS ($1.378.886.060), a favor de
ESTUDIOS ASESORÍAS PROFESIONALES S.AS. (Cesionaria) (…).
NOVENO: Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS al pago de la
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($278.159.087), a favor de ESTUDIOS
ASESORÍAS PROFESIONALES S.A.S (Cesionaria) (…).
DÉCIMO: Condenar al INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS al pago de la
suma de DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUARENTA Y
CINCO MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($2.524.045.042), a favor de ESTUDIOS
ASESORÍAS PROFESIONALES S.A.S. (Cesionaria) (…)”. (negrillas fuera del
texto).
En virtud de lo anterior, es necesario concluir que el beneficiario de las resultas del
trámite arbitral fue la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S -cesionaria-,
tal como quedó convenido en el contrato suscrito entre esta y C.I. Grodco S en
C.A. Ingenieros Civiles, y que, por ende, no es la cedente la beneficiaria de esa
condena, como erradamente lo afirmó el recurrente. Adicionalmente, es claro que,
en la parte resolutiva del laudo, el Tribunal de Arbitramento ordenó el pago de
unas sumas de dinero a favor de Estudio Asesorías Profesionales S.A.S., como
cesionaria, pues en su redacción, no hay lugar a equívocos y es indudable que el
pagamento debía efectuarse a esta sociedad.
3.5.2. Una vez establecido que Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. es el
beneficiario del resultado del proceso arbitral, esta Sala determinará si procede
tener en cuenta el monto pagado por el Instituto Nacional de Vías, como
compensación por unas obligaciones pendientes a cargo de C.I. Grodco S en C.A.
Ingenieros Civiles, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En relación con este aspecto, el INVIAS adujo que pagó la totalidad de las
obligaciones contenidas en el laudo arbitral, puesto que, por medio de la
Resolución 6282-0153 del cinco (5) de marzo de dos mil quince (2015), la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales resolvió compensar el valor de dos
mil seiscientos seis millones doscientos treinta y dos mil pesos ($2.606.232.000) a
la sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles, por consiguiente, la entidad,
en cumplimiento del mandato legal, hubo de consignar esa suma de dinero a la
DIAN.
El inciso segundo del artículo 29 de la Ley 344 de 199627, modificado por el
artículo 262 de la Ley 1819 de 201628, dispone que cuando, como consecuencia
de una decisión judicial, la Nación o uno de los órganos que sean una sección del
presupuesto general de la nación resulten obligados a cancelar una suma de
dinero, antes de proceder a su pago y siempre y cuando la cuantía de esta supere
mil seiscientos ochenta (1680) UVT, debe solicitar, a la autoridad tributaria
nacional, una inspección al beneficiario de la decisión judicial, y que, en caso de
resultar obligación por pagar en favor del Tesoro Público Nacional, se
compensarán las obligaciones debidas con las contenidas en los fallos, sin
operación presupuestal alguna.
27 “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.
28 “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la
lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”.
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Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
Al respecto, esta Sala considera que, si bien la normativa referida anteriormente
impone una obligación a los órganos del Estado cuando van a cancelar una suma
de dinero, tal como fue expuesto en el numeral 3.6.1. de esta providencia, el
Instituto Nacional de Vías debía tomar en consideración que la beneficiaria de las
resultas del proceso arbitral era la sociedad Estudio Asesorías Profesionales
S.A.S., por cuanto las condenas incluidas en la parte resolutiva del laudo arbitral
del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013) tienen como único titular a la
sociedad en cita, y no a la sociedad C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles, que
es la persona respecto de la cual la DIAN ordenó la compensación.
Teniendo en cuenta las pruebas aportadas, e incluso los argumentos expuestos
por el mismo recurrente, la Sala observa que el INVÍAS erró dos veces en sus
apreciaciones al realizar las actuaciones en cumplimento de la norma transcrita;
la primera vez, cuando reportó a la DIAN que la sociedad C.I. Grodco S en C.A.
Ingenieros Civiles -cedente- era beneficiaria de cinco mil trescientos cincuenta y
nueve millones seiscientos cinco mil ciento ochenta y un pesos ($5.359.605.181),
con ocasión de la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Bogotá; y la segunda, cuando dio aplicación a la resolución de la
DIAN que ordenó la compensación, dado que dicho acto, sin perjuicio de su
legalidad, había ordenado la compensación de las sumas de dinero adeudadas
por C.I. Grodco S en C.A. Ingenieros Civiles por concepto de impuestos sobre las
ventas del tercero 3°, cuarto 4° y quinto 5° bimestre de 2014 y por retención en la
fuente del periodo comprendido entre los meses de julio de 2014 a enero de 2015,
y no de suma alguna adeudada por la sociedad Estudio Asesorías Profesionales
S.A.S., quien sí era realmente la beneficiada con la condena ordenada en el laudo
arbitral.
Además, advierte esta Sala que lo adeudado por la cedente corresponde al
impuesto sobre las ventas de periodos posteriores a la ejecución del contrato,
incluso a la fecha en que quedó en firme el laudo arbitral, circunstancia esta que
desvirtúa lo dicho por el ejecutado, quien afirmó, en la sustentación del recurso de
apelación, que lo compensado correspondía a valores adeudados en virtud del
contrato de obra número 1542 de 2005, cuyo objeto era el diseño, reconstrucción
y/o pavimentación de la vía grupo 62, tramo 1 Puerto López – Puerto Gaitán, del
K0+000 al K49+000 con una longitud de 49 kilómetros en el departamento del Meta.
Por otra parte, considera esta Sala que obró de manera acertada el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B cuando indicó
que a pesar de que el acto administrativo que ordenó la compensación se
presume legal y obliga a las partes, estimaba que este no vinculaba a la parte
ejecutante, conclusión que esta Subsección comparte.
Al punto viene pertinente recordar que uno de los principios que rige la actuación
administrativa es el de publicidad, en virtud del numeral 9 del artículo 3 del
CPACA, y a través de este, se garantiza el derecho al debido proceso. En ese
sentido, la notificación tiene como objeto que aquellos interesados puedan
conocer la decisión y de esa forma puedan interponer los recursos que procedan;
ante la ausencia de este requisito de publicidad, el acto administrativo no puede
ser oponible.
En relación con la notificación irregular de los actos administrativos, esta
Corporación ha sostenido que la publicidad de estos no es un requisito para su
existencia ni para su validez, sino para que ellos puedan producir los efectos a que
están destinados. Es decir, los vicios en la publicidad de los actos administrativos,
por no generarse en su producción, sino en su comunicación, sólo impactan en su
eficacia final29.
29 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C, sentencia
del ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012), radicación número 54001-23-31-000-1999-0111-01 (23358);
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Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
El artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo establece el deber de comunicar las actuaciones administrativas a
terceros, cuando puedan resultar directamente afectadas por la decisión que se
adopte; lo anterior, tratándose de una etapa anterior a la expedición del acto
administrativo. Por su parte, el artículo 73 ibidem ordena que cuando, a juicio de
las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma
directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se
desconozca su domicilio, aquellas deben ordenar la publicación de su parte
resolutiva en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de
comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones,
en caso de ser conocido su domicilio deberá proceder a la notificación personal.
Luego, si se comprueba un incumplimiento en los requisitos de notificación, ésta
no se podrá tener como realizada y la decisión no producirá efectos legales, a
menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o
interponga los recursos legales, de conformidad con el artículo 7230.
En este caso, para que la Resolución número 6282-0153 produjera efectos frente
a la ahora ejecutante, la sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S. debía
ser notificada, en atención a que, como beneficiaria del cien por ciento (100%) de
las condenas del laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece
(2013), se vería afectada ante una decisión que impidiera efectuar el pago tal
como quedó incluido en la parte resolutiva de la mentada providencia.
Revisado el expediente, se observa que el referido acto administrativo proferido
por la DIAN no contiene una decisión que incida de manera directa en la ahora
ejecutante, no contiene una orden de notificación a esta, menos aún obra
constancia de notificación del acto administrativo ni tampoco de su publicación,
bien sea en aplicación del artículo 67 o del 73 del CPACA, respectivamente. Por
estas razones, la decisión contenida en la Resolución número 6282-0153
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no es oponible a la
sociedad Estudio Asesorías Profesionales S.A.S; una conclusión en sentido
contrario vulneraría el principio de publicidad y los derechos al debido proceso y
de defensa.
Cabe aclarar que, aun cuando, en un principio, esto implica que el Instituto
Nacional de Vías deberá incurrir en un pago adicional, en vista de que, por un
lado, desembolsó un dinero a la DIAN y, ahora, tendrá que cancelar la suma
correspondiente a la sociedad ejecutante, esto en modo alguno permite excusarla
de sus obligaciones y relevarla de su deber de cancelar las condenas incluidas en
el laudo arbitral del veintiséis (26) de agosto de dos mil trece (2013); máxime,
cuando la esencia del proceso ejecutivo es “obtener la plena satisfacción de una
prestación u obligación a favor del demandante y a cargo del demandado; se trata,
como lo han definido los doctrinantes de una pretensión cierta pero insatisfecha,
que se caracteriza porque no se agota sino con el pago total de la obligación”31.
Acorde con ello, en este trámite, únicamente concierne verificar la existencia de un
título ejecutivo, sus requisitos formales y sustanciales, y el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en aquel.
En consecuencia, como no es posible tener en cuenta, como pago de la deuda a
cargo del Instituto Nacional de Vías y a favor de la sociedad Estudio Asesorías
Profesionales S.A.S., la compensación realizada a la DIAN, y este es el único
aspecto discutido por el recurrente, junto al argumento de la cesión de derechos
litigiosos, que ya fue analizado, resulta necesario confirmar en su integridad la
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de
septiembre de dos mil siete (2007), radicación número 68001-23-15-000-2002-01016-02(29285-25934).
30 Ibidem.
31 Corte Constitucional, sentencia C-454 del doce (12) de junio de dos mil veintidós (2002).
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Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B.
3.6. Costas
El artículo 188 del CPACA establece que en la sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, salvo en los procesos en que se ventile un interés público; y
en ese orden de ideas, ordena que la liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.
Como el recurso se resuelve en forma desfavorable a la parte ejecutada, esta será
condenada en costas en la medida de su comprobación, de conformidad con los
artículos 36532 y 36633 del Código General del Proceso y el Acuerdo PSAA16-
1055434 del cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016) del Consejo Superior
de la Judicatura.
La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B,
autoridad judicial que conoció el proceso en primera instancia, al tenor del artículo
366 del CGP.
En consideración a que la entidad ejecutante intervino en el trámite de segunda
instancia, la Sala condenará a la ejecutada, por concepto de agencias en derecho,
al pago de la suma correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes a la fecha de expedición de la presente providencia, a favor de la
ejecutante. Lo anterior, de acuerdo con los criterios y tarifas establecidas por el
numeral 4 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del cinco (5) de agosto de
dos mil dieciséis (2016), la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado, y la cuantía del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, el cinco (5) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B, por las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia al Instituto Nacional de Vías,
que serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de acuerdo con el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: FIJAR, como agencias en derecho, la suma equivalente a dos (2)
salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de esta sentencia, valor
que deberá ser pagado por el Instituto Nacional de Vías a favor de la sociedad
Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
32 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en los que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la
parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación,
queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente
en las costas de la segunda. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación. (…)”.
33 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior,
con sujeción a las siguientes reglas: (…)”.
34 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
13
Radicado: 25000-23-36-000-2018-00723-02 (67044)
Demandante: Estudio Asesorías Profesionales S.A.S.
CUARTO: ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen, para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
Firmado electrónicamente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
CAOP
14
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