Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00786-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00786-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-36-000-2018-00786-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá, D.C., once (11) de agosto dos mil veinticinco (2025)
Número interno: 65041
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: Agencia Nacional de Minería-ANM
Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho
ASUNTOS MINEROS-El Código de Minas, Ley 685 de 2001, distribuye las competencias para conocer de
controversias mineras en las diferentes autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Si la causa del daño radica en la presunta ilegalidad de un
acto administrativo, el medio de control procedente, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 del
CPACA, es la nulidad y restablecimiento del derecho. EXCEPCIONES-Al dictar sentencia, el juez debe declarar
todas aquellas que encuentre probadas. ACTOS ADMINISTRATIVOS-Actos definitivos y de trámite. ACTOS
ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS-Control judicial. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE TRÁMITE-No procede
control judicial. SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO-Procede en los casos expresamente previstos en
disposiciones legales especiales y tiene efectos estimatorios. CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA-Para su
perfeccionamiento y su prueba sólo necesita inscribirse en el Registro Minero Nacional. CESIÓN DE
DERECHO-Para poder ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá demostrar haber
cumplido todas las obligaciones emanadas del contrato de concesión. CANON SUPERFICIARIO-
Contraprestación económica, sobre la totalidad del área de la concesión minera durante la etapa de exploración,
que se cobrará por la autoridad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los
terrenos de ubicación del contrato.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, la Sala procede a decidir el recurso de apelación, interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 11 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca–Sección Tercera, Subsección B, que
negó las pretensiones de demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Las sociedades UBUT NITI SAS y COLOMBIAN STRATEGICAL MINERALS SA CI
presentaron demanda contra la Agencia Nacional de Minería–ANM, para que se
declare la nulidad del documento que supuestamente negó: i) la devolución o
compensación total de los cánones superficiarios de dieciocho (18) títulos mineros
y ii) la inscripción en el Registro Minero Nacional de la cesión de diez (10) títulos
mineros. Según los demandantes, el acto acusado incurrió en los vicios de violación
de las normas en que debían fundarse, expedición irregular y falsa motivación. Por
lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicitaron devolver o
compensar las sumas cancelas por concepto de cánones superficiarios.
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 26 de abril de 20181, las sociedades IBUT NITI SAS y COLOMBIAN
STRATEGICAL MINERALS SA CI, por conducto de apoderado judicial, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Agencia Nacional de Minería-ANM, para que se hicieran las siguientes
declaraciones y condenas (transcripción literal):
3.1 PRETENSIONES PRINCIPALES. DEVOLUCIÓN CÁNONES
SUPERFICIARIOS ANTICIPADOS. DECLARATORIA OPERANCIA SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO:
1. Que se se (sic) declare la nulidad de las decisiones proferidas por la ANM por
intermedio de la Gerencia de Seguimiento y Control adscrita a la
Vicepresidencia de Fiscalización de la citada Agencia y contenidas en el
documento No. 201733202611631 (sic) del 29 de septiembre de 2017
notificada el día 11 de octubre de 2017 y las cuales tuvieron por objeto la
negativa de la ANM frente a: (i) La no devolución o compensación total de los
cánones superficiarios anticipados sobre la totalidad de los dieiciocho (sic)
Títulos Mineros que integraron el negocio jurídico de cesión y los cuales no
tienen la obligación de pagar canón (sic) superficiario anticipado, y frente a (ii)
la no inscripción de la cesión sobre los diez (10) títulos mineros y que debe ser
registrada a favor de IBUT NITI S.A.S, despúes (sic) de haber operado la figura
de los silencios administrativos positivos y de haberse celebrado el Contrato
de Transacción citados en los literales B y C del acápite No. II de los hechos
de esta demanda, respectivamente.
2. Que a efectos de que sean restablecidos los derechos conculcados a mis
poderdantes, se ordene a la ANM devolver frente a la totalidad de los dieciocho
títulos mineros del Anexo No. 2 de esta demanda, y sobre los cuales no existía
obligación de pago alguno por concepto de cánones superficiarios anticipados,
la totalidad de los valores que por concepto de cánones superficiarios
anticipados fueron pagados por parte de IBUT NITI S.A.S.
3. Que con fundamento en la operancia de los silencios administrativos positivos
protocolizados mediante la escritura pública No. 1093 del 22 de junio de 2017
de la Notaría Séptima del Círculo Notarial de Santiago de Cali (Anexo No.8) y
al Contrato de Transacción del 21 de septiembre de 2017, se ordene a la ANM
proceda al registro de las cesiones sobre los títulos mineros números: (i)
IH315421, (ii) 14315521, (iii) IH3 15581, (iv) IH3 15461, (v) IH315491, (vi)
IH315511, (vii) IH316021, (viii) IH810121, (ix) IH810141, (x) IH810161 en
cabeza de IBUT NITI S.A.S.
1 Folios 1 a 35 del cuaderno 1 del Tribunal. La demanda fue asignada inicialmente a la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual, mediante auto de 2 de agosto de 2018, remitió a la Sección
Tercera de ese Tribunal (visibles a folios 179-181).
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
4. Una vez realizadas las devoluciones solicitadas en el numeral segundo, de este
numeral 3.1, se ordene a la ANM declarar a paz y salvo a la sociedad IBUT
NITI S.A.S y COLOMBIAN STRATEGIAL MINERALS SA Cl S.AS por concepto
de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la totalidad de los
dieciocho títulos mineros que fueron objeto del negocio jurídico de cesión.
3.2 PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. COMPENSACIÓN CÁNONES
SUPERFICIARIOS. COMPENSACIÓN Y DECLARATORIA DE PAZ Y SALVO:
1. Que se se (sic) declare la nulidad de las decisiones proferidas por la ANM por
intermedio de la Gerencia de Seguimiento y Control adscrita a la
Vicepresidencia de Fiscalización de la citada Agencia y contenidas en el
documento No. 201733202611631 (sic) del 29 de septiembre de 2017
notificada el día 11 de octubre de 2017 y las cuales tuvieron por objeto la
negativa de la ANM frente a: (i) La no devolución o compensación total de los
cánones superficiarios anticipados sobre la totalidad de los dieiciocho (sic)
Títulos Mineros que integraron el negocio jurídico de cesión y los cuales no
tienen la obligación de pagar canón (sic) superficiario anticipado, y frente a (ii)
la no inscripción de la cesión sobre los diez (10) títulos mineros y que debe ser
registrada a favor de IBUT NITI S.A.S, después (sic) de haber operado la figura
de los silencios administrativos positivos y de haberse celebrado el Contrato
de Transacción citados en los literales B y C del acápite No. II de los hechos
de esta demanda, respectivamente.
2. Que a efectos de que sean restablecidos los derechos conculcados a mis
poderdantes con las citadas decisiones, se ordene a la ANM que proceda a
compensar frente a los títulos mineros Nos.: (i) IH315421, (i) 1H315521, (iii)
IH3 15581, (iv) IH315401, (v) IH315591, (vi) 14810101, (vii) IH810211, (viii)
IH315481 y que a la fecha presentan deuda por concepto de cánones
superficiarios anticipados, según la ANM, los valores que por concepto de
cánones superficiarios fueron pagados por parte de IBUT NITI S.A.S sobre los
títulos mineros Nos.: (i) IH3 15461, (ii) IH315491, (iii) IH315511, (iv) IH315531,
(v) IH315551, (vi) 1H316021, (vii) lH810121, (viii) 1H810141, (ix) 14810161 y
(x) IH810191.
3. Que en caso de quedar saldos a favor de la Sociedad IBUT NITI S.A.S. una
vez realizadas las anteriores compensaciones, se ordene a la ANM proceda a
la devolución de las sumas a que haya lugar.
4. Una vez realizadas las compensaciones solicitadas en el numeral segundo de
este numeral 3.2, se ordene a la ANM declarar a paz y salvo a la sociedad
IBUT NITI S.A.S y COLOMBIAN STRATEGIAL MINERALS S.A C. I S.A.S por
concepto de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la
totalidad de los dieciocho títulos mineros que fueron objeto del negocio de
cesión.
Hechos
Como fundamento fáctico, en síntesis, se narró:
La sociedad COLOMBIAN STRATEGIAL MINERALS SA CI era titular de dieciocho
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
(18) títulos mineros2, los cuales fueron firmados conforme a la Ley 685 de 2001, por
lo que su perfeccionamiento con la inscripción en el Registro Minero Nacional se
debía realizar dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a su
perfeccionamiento «o vigencia (firma)».
Los títulos mineros fueron cedidos a IBUT NITI SAS, que se obligó «pagar sin tener
obligación, los valores por concepto de cánones superficiarios anticipados y otros
costos sobre los dieciocho títulos mineros» y dio aviso de la cesión a la ANM, en los
términos previstos en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001.
Se indica que de los dieciocho (18) títulos mineros que fueron objeto del contrato de
cesión, la ANM sólo inscribió en el Registro Minero Nacional la cesión en seis (6) de
ellos3, quedando pendientes el registro de doce (12) títulos mineros4, frente a los
cuales, ante la falta de pronunciamiento expreso de la ANM, «fueron protocolizados
los correspondientes silencios administrativos positivos mediante escritura pública
No. 1093 del 22 de junio de 2017 de la Notaría Séptima del Círculo Notarial de
Santiago de Cali», por lo que era obligación de la ANM llevar a cabo el registro de
las doce solicitudes de inscripción de cesión restantes; sin embargo, «no lo hizo
dentro del término previsto en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001, verificándose de
esta forma los cuarenta y cinco (45) días de que trata el artículo 22 ibidem por lo
cual se dio la procedencia de los silencios administrativos positivos que han sido
desconocidos por la ANM».
El 12 de julio de 2017, IBUT NITI SAS radicó «reclamación» ante la ANM, a fin de
solicitar «la devolución y/o compensación de los cánones superficiarios que han sido
pagados por parte de IBUTI NITI S.A.S sobre un total de DIECIOCHO TÍTULOS
MINEROS», como la compensación y/o devolución de las sumas remanentes
después de reconocer lo anterior; además, la inscripción en el Registro Nacional
Minero de la cesión los títulos mineros.
Se afirma que, mediante documento del 29 de septiembre de 2017 con radicado No.
20173320261631 –acto acusado–, la ANM negó la reclamación tendiente al
reintegro de dineros o compensaciones de las sumas pagadas referentes a los
2 Los cuales se relacionó e identificó: i) IH3-15401, ii) IH3-15421, iii) IH3-15461, iv) IH3-15481, v) IH3-15491, vi)
IH3-15511, vii) IH3-15521, viii) IH3-15531, ix) IH3-15551, x) IH3-15581, xi) IH3-15591, xii) IH3-16021, xiii) IH8-
10101, xiv) IH8-10121, xv) IH8-10141, xvi) IH8-10161, xvii) IH8-10191 y xviii) IH8-10211.
3 Los cuales fueron: i) IH3-15401, ii) IH3-15481, iii) IH3-15591, iv) IH8-10101, v) IH8-10191 y vi) IH8-10211.
4 Que corresponde los siguientes: i) IH3-15421, ii) IH3-15461, iii) IH3-15491, iv) IH3-15511, v) IH3-15521, vi)
IH3-15531, vii) IH3-15551, viii) IH3-15581, ix) IH3-16021, x) IH8-10121, xi) IH8-10141 y xii) IH8-10161.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
títulos mineros que supuestamente adeudaban cánones superficiarios anticipados,
sin que estuvieran obligados a ello, por lo que la demandada «se ha apropiado
indebidamente de unos recursos que deben ser devueltos o compensados con
futuras obligaciones de estos títulos mineros» y negó la inscripción de la cesión.
Esta decisión se notificó el 11 de octubre de 2017.
Por lo anterior, indicó que, de conformidad con la normativa y un concepto de la
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, los contratos mineros que
tenían que ser inscritos antes del 9 de febrero de 2010 no tienen obligación de pagar
cánones superficiarios anticipados, lo cual ocurre en el presente caso, lo que vicia
el documento con radicado 20173320261631 por infracción de las normas en que
debían fundarse, falsa motivación y expedición irregular.
Contestación de la demanda
En memorial del 29 de noviembre de 20185, la Agencia Nacional de Minería–ANM
señaló que las pretensiones no tenían vocación de prosperidad, porque la Ley 685
de 2001 no autoriza alguna causal o circunstancia para efectuar devoluciones de
los pagos de cánones superficiarios, por lo que afirma que el concepto de la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado giró en torno a la aplicación de
la Ley 1382 de 2010 y no de la Ley 685 de 2001 sobre ese tema, al interior de zonas
de reserva forestal, sin que lo expresado en ese concepto resultara vinculante, en
los términos del artículo 112 del CPACA.
Incluso, no se puede obviar que corresponde al concesionario asumir las cargas
legales a que haya lugar en desarrollo del contrato de concesión minera, tal como
ocurre con «el artículo 230 del Código de Minas [que] establece que los cánones
superficiarios se cobrarán por la entidad contratante sobre la totalidad del área de
la concesión, sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los
terrenos de ubicación del contrato, y serán pagaderos por anualidades anticipadas
a partir de su perfeccionamiento».
En relación con las reservas forestales establecidas en la Ley 2 de 1959 y la
imposibilidad o no de celebrar contratos de concesión en ellas, así como la
devolución de dineros cancelados por concepto de cánones superficiarios, señaló
5 Folios 200 a 206 del cuaderno 2 del Tribunal.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
que «el eventual éxito dentro del proceso de sustracción de la reserva forestal, es
un hecho incierto y sujeto a decisión de la autoridad ambiental competente,
plenamente conocido por el concesionario para poder desarrollar este uso», en
consecuencia (transcripción literal):
(…) al no existir fundamento legal, ni orden judicial que disponga que la autoridad
minera debe realizar las devoluciones deber ser negadas las pretensiones de la
demanda, comoquiera que en observancia del principio de legalidad y de acuerdo
al artículo 6 de la Constitución Política, los servidores públicos son responsables
tanto por infringir la Constitución y la ley, como por omitir o extralimitarse en el
ejercicio de sus funciones.
En lo que respecta a la cesión de los títulos mineros, indicó que el artículo 22 de la
Ley 685 de 2001 establece como requisito que el titular minero debe estar al día en
sus obligaciones contractuales, lo que no ocurre en el presente caso.
Sentencia de primera instancia
El 11 de septiembre de 20196, el Tribunal Administrativo del Cundinamarca–Sección
Tercera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda. Explicó, por una
parte, que el documento No. 20173320261631 de fecha 29 de septiembre de 2017
constituía un acto administrativo definitivo en los términos establecidos en el artículo
43 del CPACA, toda vez que resolvió de fondo la actuación administrativa iniciada
por el demandante, sobre la devolución y compensación de unos cánones
superficiarios, por lo que era susceptible de control judicial, a través del medio de
control invocado.
Por lo anterior, abordó el análisis de los cargos plantados a partir de unas
consideraciones sobre: i) el contrato de concesión minera; ii) los cánones
superficiarios, su concepto y regulación a partir de la Ley 685 de 2001 y la Ley 1382
de 2010; y iii) el silencio administrativo positivo respecto de la inscripción de la
cesión de los títulos mineros en el Registro Nacional Minero.
Así, precisó que el artículo 59 de la Ley 685 de 2001 prevé que el concesionario
está obligado a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter legal, técnico,
operativo y ambiental, entre las cuales se encuentra el pago del canon superficiario
por anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del contrato conforme lo
6 Folios 367 a 386 del cuaderno del Consejo de Estado. Decisión que se notificó por medios electrónicos del 17
de septiembre de 2019, que se desfijó el 8 de octubre siguiente (folios 387 a 389).
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
ordena el artículo 230 de la Ley 685 de 2001, situación que es independiente y no
se ve afectada frente al deber de cumplir las obligaciones ambientales que le asisten
el concesionario para ejercer las labores de exploración y explotación, como ocurre
con el trámite previo de sustracción de áreas superpuestas con reservas forestales.
Dado que los 18 contratos de concesión minera ya se habían inscrito en el Registro
Minero Nacional, estos constituyen legalmente títulos mineros en los términos del
artículo 14 de la Ley 685 de 2001, lo cual indica que se cumplió tanto el
procedimiento, como los requisitos establecidos en el artículo 258 ibidem para la
celebración de los contratos, y no se configuró ninguna de las causales de rechazo
de la propuesta. Por ello, la parte actora sí tenía la obligación de pagar el canon
superficiario por anualidades anticipadas, sobre todos títulos mineros,
independientemente del trámite que debió o debía adelantar ante la autoridad
ambiental para la sustracción de las zonas superpuestas con la reserva forestal de
la Amazonía, de modo que en el presente asunto:
el acto administrativo demandado, oficio n°. 201733202611631 (sic) del 29 de
septiembre de 2017, por medio del cual la Agencia Nacional de Minería—Gerencia
de Seguimiento y Control negó la solicitud de devolución de los cánones
superficiarios pagados en forma anticipada sobre los títulos mineros, se ajusta al
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se deben negar las pretensiones principales.
Tampoco prospera la pretensión subsidiaria de compensar lo pagado por cánones
superficiarios respecto de unos títulos mineros, en favor de aquellos que presentan
deuda, porque según se analizó, tal obligación nació para todos ellos en virtud del
mandato expreso de los artículos 230 de la ley 685 de 2001 y 16 de la ley 1382 de
2010.
En lo que respecta a la inscripción en el Registro Minero Nacional de la cesión de
los títulos, por la supuesta configuración del silencio administrativo positivo, indicó
que no se había demostrado el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales para que procediera dicho registro.
Si bien obra en el expediente la Escritura Pública 1093 del 22 de junio de 2017,
suscrita ante la Notaría Séptima de Santiago de Cali, mediante la cual la parte
demandante «protocolizó» el silencio administrativo positivo sobre los doce (12)
títulos mineros que se encontraban pendientes de dicho trámite, también lo es que
la ANM se pronunció oportunamente sobre algunas solicitudes de la inscripción
condicionándolas a que se demostrara el cumplimiento de todas las obligaciones.
Ahora bien, en aquellos casos en que hubo pronunciamiento extemporáneo, no se
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
acreditó en este proceso judicial haber cumplido a cabalidad con todas las
obligaciones emanadas del contrato de concesión, «requisito indispensable exigido
en el artículo 22 de la ley 685 de 2001 para que proceda el silencio administrativo
positivo sobre la inscripción de la cesión en el Registro Minero Nacional».
Recurso de apelación
La parte demandante presentó recurso de apelación mediante escrito radicado el 1
de octubre de 20197, con el fin de que se revocara la sentencia de primera instancia
y se accediera a las pretensiones de la demanda.
Reprochó el análisis efectuado sobre el perfeccionamiento de los títulos mineros,
debido que estos fueron inscritos en el Registro Minero Nacional, pero por fuera de
los términos legales, esto es, desconociendo el artículo 333 de la Ley 685 de 2001,
razón por la cual quedaron perfeccionados bajo una ley que no le era aplicable, esto
es, la Ley 1382 de 2010. Por ende, atendiendo el concepto 2216 del 29 de octubre
de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, no están
obligados a pagar los cánones superficiarios, aspecto que no fue valorado
adecuadamente, junto con el demás material probatorio, en la sentencia de primera
instancia.
Por lo anterior, insistió en las consecuencias derivadas de decisiones de la autoridad
ambiental, las cuales dejaron a los titulares mineros en una situación de «imposible
cumplimiento» del objeto contractual. Ello por cuanto los títulos mineros se
encuentran en un área de reserva forestal, por lo que la ley obliga a que, previo a
adelantar cualquier tipo de actividad minera, se debía solicitar la sustracción del
área, trámite que fue suspendido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, mediante Resolución 1518 de 2012.
Asimismo, señaló que la protocolización de los silencios administrativos, que se
llevó a cabo en la Escritura Pública No. 1093 del 22 de junio de 2017 de la Notaría
Séptima del Círculo de Santiago de Cali, se fundamentó en el artículo 22 del Código
de Minas y los artículos 15, 84 y 85 del CPACA, por lo que (transcripción literal):
(…) desde el punto de vista del régimen jurídico de las obligaciones propias de los
titulares mineros, se hace pertinente señalar que el total de los diez títulos (10)
7 Folios 390 a 407 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
sobre los cuales se solicitó la cesión en virtud de la operancia de los silencios
administrativos positivos fueron perfeccionados bajo el amparo de la Ley 685 de
2001, debido a que al momento de la solicitud de la cesión se encontraban al día
todas las obligaciones, incluyendo por supuesto la del pago de los cánones
superficiarios.
Situación contraria ocurría frente a los títulos mineros perfeccionados en vigencia
de la ya citada Ley 1382 de 2010 los cuales sí debían pagar cánones superficiarios
anticipados, pero vale la pena reiterar que estos diez títulos mineros en estricto
sentido legal debieron ser perfeccionados en vigencia de la Ley 685 de 2001, al
igual que los restantes ocho títulos mineros por aplicación del artículo 333 de la
Ley 685 de 2001 tantas veces citado. En consecuencia, al encontrarse al día en
sus obligaciones por cánones superficiarios anticipados -sin tener que estarlo
conforme a los argumentos jurídicos anteriores- (ver Anexo No.3 de la Demanda),
el Tribunal de Primera Instancia debió ordenarle a la ANM proceder con la cesión
a favor de IBUT NITI S.A.S conforme con las Pruebas Documentales aportadas en
la Demanda.
Trámite de segunda instancia
El 8 de octubre de 20198, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió, en
el efecto suspensivo, el recurso de apelación ante esta Corporación.
El 28 de febrero de 2020, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante9.
En memorial del 21 de octubre de 2020, la parte demandante solicitó medida
cautelar10, de la cual se corrió traslado a la contra parte, en proveído del 29 de enero
de 202111. En memorial del 13 de mayo de 2021, la parte demandada presentó
solicitud de nulidad, dado que no se le notificó la providencia que ordenó el traslado
de las medidas cautelares y solicitó que se practique la notificación omitida12.
Mediante providencia del 12 de julio de 202113, previo a resolver la solicitud de
medidas cautelares, se rechazó el incidente de nulidad propuesto. Decisión contra
la que la ANM interpuso recurso de reposición14, el cual se resolvió de manera
desfavorable en proveído del 18 de julio de 202215.
8 Folio 409 del cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folio 417 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Cfr. SAMAI, índice 7. La que consistió en la de suspensión de los procesos administrativos que adelanta la
Agencia Nacional de Minería para decretar la caducidad de 18 títulos mineros de los que son titulares los
demandantes.
11 Cfr. SAMAI, índice 9.
12 Cfr. SAMAI, índice 14.
13 Cfr. SAMAI, índice 22.
14 Cfr. SAMAI, índice 26. Memorial del 5 de agosto de 2021.
15 Cfr. SAMAI, índice 36.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
En providencia del 24 de julio de 2023, se negó la medida cautelar solicitada por la
parte demandante16. Decisión contra la que no se interpuso ningún recurso.
Mediante auto del 15 de febrero de 2024, se corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera
concepto17.
En esa oportunidad, la entidad demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio. Por su parte, los demandantes, en memorial del 7 de marzo de 202418,
reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso. Además, allegaron la
Resolución VSC No. 000079 del 23 de marzo de 2023 dictada por la Agencia
Nacional de Minería, para que fuera tenida en cuenta como una prueba
sobreviniente, por contener hechos nuevos, modificatorios de los relatados al
momento de interponer la demanda e, incluso, de presentar y sustentar el recurso
de apelación contra el fallo de primera instancia.
Por lo anterior, en auto del 11 de diciembre de 2024, la Subsección decretó, de
oficio, la referida resolución ya que resultaba pertinente y necesaria para esclarecer
los hechos y situaciones objeto de la presente litis19.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
1. Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes
para la fecha de interposición de la demanda -26 de abril de 2018-, que
corresponden a las contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), así como los preceptos del
Código General del Proceso (en adelante CGP), en virtud de la remisión expresa
prevista por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.
Sin embargo, no resulta aplicable la Ley 2080 de 2021 -reforma al Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)- toda vez
que el recurso de apelación se interpuso el 1 de octubre de 2019, con anterioridad a
16 Cfr. SAMAI, índice 41.
17 Cfr. SAMAI, índice 47.
18 Cfr. SAMAI, índice 54.
19 Cfr. SAMAI, índice 60.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021 -26 de enero de 2021-, en atención al
régimen de vigencia y transición normativa previsto en el artículo 86 de esa
normativa.
II. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. Si bien el CPACA, en su redacción original, señalaba las reglas para determinar
la competencia entre las diferentes autoridades que conforman la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo -juzgados, tribunales y Consejo de Estado-, en asuntos
de naturaleza minera se debía acudir a la regulación especial20, es decir, al Código
de Minas -Ley 685 de 2001-, que establecía unas competencias en cabeza del
Consejo de Estado, en única instancia, y en los Tribunales Administrativos, en
primera instancia, para conocer de unos temas específicos.
Así las cosas, el artículo 295 del Código de Minas -vigente a la radicación de la
demanda-21 asignaba al Consejo de Estado, en única instancia, el conocimiento «De
las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas a las contractuales
20 Así lo estableció la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto de unificación
del 13 de febrero de 2014, expediente 48.521, C.P. Enrique Gil Botero, dado que: (…) la ley 1437 de 2011 es
una normativa ordinaria general y posterior que: i) al no suprimir o modificar formalmente (expresa o tácitamente)
la anterior (Código de Minas), ii) al no contener disposiciones incompatibles con la ley 685 de 2001, y iii) al
guardar silencio sobre el tema correspondiente a la competencia en materia minera, no modificó, subrogó, ni
derogó la ley ordinaria especial y previa, es decir, se insiste, la ley 685 de 2001, actual Código de Minas.
Por lo tanto, si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o cualquier otro distinto del de
controversias contractuales que se promuevan y relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y
donde una de las partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los preceptos
contenidos en la ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula la materia, máxime que la ley 1437 de
2011, que es posterior, guardó silencio sobre este tópico en particular, aunado al hecho que no es posible
concluir, desde ningún punto de vista - ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme– que la legislación
posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en todos los eventos a la anterior
(negrita original de texto).
21 Resulta importante destacar que dicho artículo fue derogado expresamente por el artículo 87 de la Ley 2080
de 2021, la cual introdujo reformas al CPACA y una de las más importantes fue la variación de competencias
de juzgados y tribunales administrativos, así como del Consejo de Estado, a partir de la entrada en vigor el 26
de enero de 2021 -Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021-. Lo anterior implica que esa competencia
especial y privativa del Consejo de Estado desapareció del ordenamiento jurídico, por lo que en la actualidad
se debe acudir a la redistribución de competencias que introdujo la Ley 2080 de 2021, la cual, valga reiterar,
solo empezó a regir respecto de las demandas que se presentaran un año después de publicada dicha ley, lo
cual no ocurre en el presente caso.
Así las cosas, el numeral 24 del artículo 152 del CPACA, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021,
estableció que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera instancia, de los conflictos que se susciten
en asuntos petroleros o mineros «en que sea parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada por
servicios».
Adicionalmente, se debe indicar que, si bien la mencionada codificación minera establecía la competencia bajo
un criterio netamente objetivo, es decir, si la litis tenía relación o no con un contrato, en la actualidad, con
independencia del medio de control que se ejerza, siempre que se trate sobre un asunto petrolero o minero, el
competente será un Tribunal Administrativo.
Sin embargo, se debe tener presente que cuando la controversia sea un asunto minero de naturaleza
contractual, se debe aplicar la competencia especial -artículo 293- consagrada en el Código de Minas, pues no
fue derogada expresa o tácitamente por la Ley 2080 de 2021.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
y en los que la Nación o una entidad nacional sea parte». Por su parte, el artículo
293 ibidem prevé que los Tribunales Administrativos conocerían, en primera
instancia, de «las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por
objeto la exploración y explotación de minas».
Por consiguiente, la mencionada codificación minera, al establecer la competencia,
acudió a un criterio objetivo, es decir, si la litis tiene relación o no con un contrato,
pues, en caso de tenerla, conocerían en primera instancia «los tribunales
administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración» y, a contrario sensu,
correspondería al Consejo de Estado, en única instancia22.
3. En el presente asunto, ya que los demandantes alegan una negativa de la
autoridad minera en la inscripción en el Registro Nacional Minero de la cesión de
dieciocho (18) títulos mineros -contratos de concesión-, en los términos del artículo
22 del Código de Minas23, así como en la devolución o compensación total de los
cánones superficiarios pagados por esos títulos mineros, se evidencia que este
asunto es de aquellos que, en primera instancia, está asignado a los tribunales.
4. Por consiguiente, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, en su
redacción original, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, a los
que les correspondía el conocimiento de este tipo de asuntos, en atención al artículo
293 del Código de Minas.
Medio de control procedente y naturaleza del acto acusado
5. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es idóneo, como lo
prevé el artículo 138 del CPACA, para que toda persona que se crea lesionada en
un derecho subjetivo, amparado en una norma jurídica, pueda pedir que se declare
22 Código de Minas -Ley 685 de 2001- “ARTÍCULO 295. De las acciones que se promuevan sobre
asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional
sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”.
Artículo derogado por la Ley 2080 de 2012, “ARTÍCULO 87. DEROGATORIA. Deróguense las
siguientes disposiciones a partir de la vigencia de esta ley: (…) el artículo 295 de la Ley 685 de 2001
por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones”.
23 Cesión de derechos. La cesión de derechos emanados de una concesión, requerirá aviso previo y escrito a
la entidad concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no se pronuncia mediante resolución motivada en el
término de cuarenta y cinco (45) días, se entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento
de negociación en el Registro Minero Nacional.
Para poder ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá demostrar haber cumplido
todas las obligaciones emanadas del contrato de concesión.
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la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por
las causales del artículo 137 del CPACA, esto es: i) infracción de las normas en que
deberían fundarse, ii) falta de competencia, iii) expedición irregular, iv)
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) falsa motivación y vi)
expedición con desviación de las atribuciones propias de la autoridad que profirió el
acto.
6. En el presente asunto, se solicita declarar la nulidad de las decisiones proferidas
por la ANM, contenidas en el documento No. 20173320261631 del 29 de septiembre
de 2017, del que se afirma, tuvo por objeto (transcripción literal): «(i) La no
devolución o compensación total de los cánones superficiarios anticipados sobre la
totalidad de los dieciocho títulos Mineros que integraron el negocio jurídico de cesión
y los cuales no tienen la obligación de pagar canon superficiario anticipado, y frente
a (ii) la no inscripción de la cesión sobre los diez (10) títulos mineros y que debe ser
registrada a favor de IBUT NITI S.A.S».
Frente al particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera,
Subsección B, como primer problema jurídico de la sentencia, consideró que dicho
documento -No. 20173320261631- constituía un acto administrativo definitivo, toda
vez que resolvió de fondo una solicitud del demandante, sobre la devolución y
compensación de unos cánones superficiarios, por lo que era susceptible de control
judicial, a través del medio de control invocado24.
9. Resulta importante señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo
43 del CPACA, son actos definitivos los que resuelven directa o indirectamente el
fondo del asunto o hacen imposible continuar con la actuación. En ese sentido, la
jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado entre los actos administrativos
definitivos y los de trámite, así: «los primeros son declaraciones unilaterales, que
pueden ser generales o particulares, con efectos jurídicos directos y en ejercicio de
la función administrativa, lo que quiere decir que crean, modifican o extinguen una
situación jurídica; mientras que los segundos sencillamente no alteran derechos y
deberes, pues por no ser conclusivos se restringen a impulsar el trámite en sede
administrativa»25.
24 Cfr. En el mismo sentido sentencia del 28 de octubre de 2024, expediente 54485 [fundamento 3].
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024, expediente 54485
[fundamento 3], C.P. Nicolás Yepes Corrales. En igual sentido: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia
de 10 de marzo de 1994, rad. N5196 [consideraciones párr. 4].
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
Así, únicamente las decisiones de la Administración producto de la conclusión de
un procedimiento administrativo, o los actos de trámite que hacen imposible la
continuación de esa actuación, son susceptibles de ser controlados por parte de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de modo tal que los actos de trámite
o preparatorios distintos de los antes señalados se encuentran excluidos de dicho
control.
10. Por consiguiente, resulta importante destacar que al momento de dictar
sentencia corresponde al juez analizar, además de los presupuestos procesales, las
excepciones de fondo que se encuentren probadas, bien sea porque se alegaron o
porque pueden ser declaradas de oficio, aspecto que no puede ni debe entenderse
saneado o clausurado por virtud de las omisiones que se hubiesen presentado en
el transcurso del proceso, como lo dispone el inciso segundo del artículo 187 del
CPACA en los siguientes términos:
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que el fallador encuentre probada. El silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la non reformatio in peius. (se destaca).
De igual modo, en sentencia de unificación del 6 de abril de 201826, la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado se pronunció en relación con la posibilidad
que tiene el juez de lo contencioso administrativo de decretar excepciones de oficio:
Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales
del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de
manera que, si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más
general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.
Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la
falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no
hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su
inconformidad con la providencia censurada (se destaca).
11. Dentro de las excepciones cuya declaración oficiosa procede se encuentra la
referida a que el acto acusado no sea susceptible de control judicial. Así lo ha
considerado la jurisprudencia del Consejo de Estado27:
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, expediente
46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de junio de 2016, radicación25000-23-24-000-2012-
00641-01 [fundamento jurídico 4], C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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En ese contexto normativo, únicamente las decisiones de la administración
producto de la conclusión de un procedimiento administrativo, o los actos de
trámite que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de
control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, de
modo tal que los actos de trámite o preparatorios distintos de los antes señalados
se encuentran excluidos de dicho control.
En relación con esta temática, la Sala en Sentencia del 12 de noviembre de 201528
precisó que la actividad de la Administración se concreta, entre otros, en la
expedición de actos administrativos, bien de trámite o bien de carácter definitivo,
siendo fácilmente identificable su naturaleza jurídica en virtud del respectivo
contenido decisorio y de su función al interior del respectivo procedimiento
administrativo. Y agregó que, sin embargo, en algunas oportunidades, los sujetos
que ejercen la función administrativa adoptan decisiones de distinta índole
contenidas en un mismo acto administrativo. Así mismo, señaló que atendiendo un
supuesto como el anterior, en el cual no se puede tener de manera tajante y total
un acto administrativo como definitivo o simplemente de trámite, resulta
imperativo que el juez analice cada una de las decisiones adoptadas por la
Administración con el fin de establecer su verdadera naturaleza y, en
consecuencia, determine cuáles asuntos pueden ser objeto de control en
sede judicial –actos definitivos– y respecto de cuales se ha de declarar
inhibida –actos de trámite– (se destaca).
12. De la revisión del documento -No. 20173320261631- cuya nulidad se pretende,
se evidencia que fue expedido por la ANM, con ocasión de una solicitud con
radicado 2017551015920229, formulada por IBUT NITI SAS, con relación a los
títulos mineros con placas: «IH3-15401, IH3-15421, IH3-15461, IH3-15481, IH3-
15491, IH3-15511, IH3-15521, IH3-15531, IH3-15551, IH3-15581, IH3-15591, IH3-
16021, IH8-10101, IH8-10121, IH8-10141, IH8-10161, IH8-10191, IH8-10211», en
la cual, además de pedir la devolución de los cánones superficiarios pagados,
también requirió la inscripción de la cesión sobre esos títulos mineros a su favor,
con «fundamento en la operancia de los silencios administrativos y las
protocolizaciones adelantadas mediante las escrituras públicas».
En dicho oficio30, la ANM indicó, de manera general, la normativa, la posición de la
oficina asesora jurídica de esa entidad y transcribió algunos fragmentos de un
concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que hasta
ese momento se tenía sobre dicha materia y concluyó con lo siguiente:
Como se observa, para definir la procedencia o no de una devolución de valores
pagados por concepto de Canon Superficiario, se debe tener en cuenta el contrato
28 Original de cita: Sentencia proferida en el proceso con radicado núm. 2011-00035-01, actor: BP
EXPLORATION COMPANY (COLOMBIA), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
29 Folios 54 a 66 del cuaderno 1 del Tribunal. Anexo 6 de las pruebas de la demanda.
30 Folios 68 a 74 del cuaderno 1 del Tribunal. Anexo 7 de las pruebas de la demanda.
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de concesión y las normas mineras que resulten aplicables, sin embargo, la Ley
685 de 2001, no prevé ninguna causal o circunstancia para que la Autoridad Minera
efectúe devoluciones de los pagos de cánones superficiarios y no podemos olvidar
que el concesionario debe asumir las cargas legales a que haya lugar en desarrollo
del contrato de concesión minera.
Por tal motivo y sin olvidar que bajo la observancia del principio de legalidad y de
acuerdo al artículo 6* de la Constitución Política, los servidores públicos son
responsables tanto por infringir la constitución y las leyes, como por omitir o
extralimitarse en el ejercicio de sus funciones y viendo que no existe fundamento
legal, ni orden judicial que permita u ordene a la Autoridad Minera realizar las
devoluciones y compensaciones por ustedes expuestas, no se procederá a
someter los expedientes a estudio técnico alguno.
Adicionalmente, le informamos que las protocolizaciones por ustedes allegadas,
fueron remitidas al Grupo de Evaluación de Modificaciones a Títulos Mineros, bajo
el Memorando 20773320080763 (negrita fuera del texto).
13. No obstante, al confrontar lo anterior con las pretensiones de la demanda y, en
especial, con los expedientes administrativos de los 18 títulos mineros, la Sala
considera que el oficio demandado no tiene el carácter de acto administrativo
definitivo, susceptible de control judicial, pues, en los términos del artículo 43 del
CPACA, no se trata de una decisión directa o indirecta del fondo del asunto que
cree, modifique o extinga una situación jurídica, por las siguientes consideraciones:
14. En cuanto a la inscripción de la cesión de derechos de emanados de una
concesión, el Código de Minas prevé -artículo 2231- que requiere «aviso previo y
escrito a la entidad concedente. Si recibido este aviso dicha entidad no se pronuncia
mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45) días, se
entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento de
negociación en el Registro Minero Nacional». Además, para «poder ser inscrita la
cesión en el Registro Minero Nacional, el cedente deberá demostrar haber cumplido
todas las obligaciones emanadas del contrato de concesión».
15. En el presente asunto la parte demandante alega la configuración de un silencio
administrativo positivo, que protocolizó con la Escritura Pública número 1093 del 22
de junio de 201232, tal como lo señaló el Tribunal, de la revisión de los expedientes
administrativos33, se evidencia que con anterioridad a la expedición del documento
31 La Corte Constitucional se declaró INHIBIDA de proferir un pronunciamiento de fondo sobre este artículo en
relación con el cargo por violación de la unidad de materia, mediante sentencia C-229 del 18 de marzo de 2003,
M.P. Rodrigo Escobar Gil.
32 Folios 78 a 100 del cuaderno 1 del Tribunal.
33 Visibles en la USB del folio 320 de cuaderno 2 del Tribunal.
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No. 20173320261631 del 29 de septiembre de 2017 -acto acusado-, la entidad
demandada se pronunció de manera expresa frente a la cesión de los títulos
mineros, así se tiene que:
Título minero Pronunciamiento de la Administración
IH3-15511 Resolución No. 012 del 10 de enero de 2011.
Dispuso surtido el trámite de la cesión, pero
condicionó la inscripción de la cesión en el
Registro Minero Nacional-RMN, a demostrar
que el titular minero se encuentra al día en
todas las obligaciones contractuales34.
Resolución No. 005293 del 12 de diciembre de
2013. Niega la solicitud de inscripción de la
cesión porque no se encuentra al día con el
cumplimiento de las obligaciones
35
contractuales .
IH3-15421 Resolución No. 002358 del 24 de octubre de
2017. Negó la inscripción en el RMN de la
cesión porque no se encuentra al día con el
cumplimiento de las obligaciones
36
contractuales .
143-15491 Resolución GSC-No. 075 del 1 de diciembre
de 2010. Condicionó el registro del a cesión a
que el titular minero se encontrara al día en
todas las obligaciones contractuales37.
IH3-15531 Resolución GSC-No. 089 del 29 de diciembre
de 2010. Declaró surtido el trámite de la
cesión, pero condicionó su registro que el
titular minero se encontrara al día en todas las
obligaciones contractuales38.
IH3-15521 Resolución No. 005292 del 12 de diciembre de
2013. Decidió negar la inscripción de la cesión
en el Registro Minero Nacional bajo el
argumento que el titular minero no se
encuentra al día con el cumplimiento de las
obligaciones conforme a la minuta del
contrato39.
IH3-15551 Resolución GSC-No. 068 del 25 de octubre de
2010, a través de la cual se surtió el trámite de
cesión. Se condicionó la inscripción de la
cesión en el Registro Minero Nacional, a
34 Ibidem. Carpeta IH3-15511, en el documento «IH3-15511_PRINCIPAL_1-1», págs. 157-162.
35 Ibidem. Carpeta IH3-15511, en el documento «IH3-15511_PRINCIPAL_2», págs. 159-160.
36 Ibidem. Carpeta IH3-15421, en el documento «IH3-15421_PRINCIPAL_2», págs. 100-107.
37 Ibidem. Carpeta IH3-15491, en el documento «IH3-15491_PRINCIPAL_1», págs. 117-120.
38 Ibidem. Carpeta IH3-15531, en el documento «IH3-15531_PRINCIPAL_1», págs. 148-152.
39 Ibidem. Carpeta IH3-15521, en el documento «IH3-15521_PRINCIPAL_2», págs. 73-74.
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
demostrar que el titular minero se encuentra al
día en todas las obligaciones contractuales40.
IH3-15581 Resolución GSC-No. 001 del 4 de enero de
2011, a través de la cual se surtió el trámite de
cesión. Se condicionó la inscripción de la
cesión en el Registro Minero Nacional, a
demostrar que el titular minero se encuentra al
día en todas las obligaciones contractuales41.
IH3-16021 Resolución GSC-No. 069 del 25 de octubre de
2010, se surtió el trámite de la cesión y se
condicionó la inscripción de la cesión en el
Registro Minero Nacional, a demostrar que el
titular minero se encuentre al día en todas las
obligaciones42.
Resolución GSC-No. 095 del 31 de diciembre
de 2010, se surtió el trámite de la cesión y se
condicionó la inscripción de la cesión en el
Registro Minero Nacional, a demostrar que el
titular minero se encuentra al día en todas las
obligaciones43.
IH8-10121 Resolución N. 005295 del 12 de diciembre de
2013, a través de la cual se negó la inscripción
en el RMN de la cesión ya que no se
encuentra al día con las obligaciones
contractuales44.
IH8-10141 Resolución N. 006 del 20 de marzo de 2012,
por la cual se negó la inscripción de la cesión
en el RMN, por falta de requisitos relacionados
con la representación de la entidad y el no
pago del canon superficiario45.
IH8-10161 Resolución N. GSC-002 del 4 de enero de
2011. Declaró surtido el de 2010 trámite de la
cesión e indicó que para poder ser inscrito en
el Registro Minero Nacional el contrato el
titular, debía demostrar el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales46.
16. En esa medida, para la Sala es evidente que el documento No.
20173320261631 del 29 de septiembre de 2017 -acto acusado-, en nada alteró el
estado en el que se encontraban los títulos mineros, ya que los demandantes -
cedente y cesionario- ya habían comunicado a la autoridad concedente del contrato
40 Ibidem. Carpeta IH3-15551, en el documento «IH3-15551_PRINCIPAL_1», págs. 76-78.
41 Ibidem. Carpeta IH3-15581, en el documento «IH3-15581_PRINCIPAL_1», págs. 93-96.
42 Ibidem. Carpeta IH3-16021, en el documento «IH3-16021_PRINCIPAL_1», págs. 135-137.
43 Ibidem. Carpeta IH3-16021, en el documento «IH3-16021_PRINCIPAL_1», págs. 130-133.
44 Ibidem. Carpeta IH8-10121, en el documento «IH8-10121_PRINCIPAL_1», págs. 34-35.
45 Ibidem. Carpeta IH8-10141, en el documento «IH8-10141_PRINCIPAL_1», págs. 157-163.
46 Ibidem. Carpeta IH8-10161 en el documento «IH8-10161_PRINCIPAL_1», págs. 151.
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Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
de concesión -ANM- la cesión de los títulos, frente a lo cual, la Autoridad Minera se
pronunció de manera expresa, sin que se controvirtiera dicha determinación, a fin
de demostrar que se había cumplido con lo establecido en el artículo 22 del Código
de Minas, a saber «Para poder ser inscrita la cesión en el Registro Minero Nacional,
el cedente deberá demostrar haber cumplido todas las obligaciones emanadas del
contrato de concesión», aspecto que resulta de imperioso cumplimiento, bajo el
postulado pacta sunt servanda -lo pactado obliga-, que en nuestro ordenamiento se
encuentra en el artículo 1602 del Código Civil «Todo contrato legalmente celebrado
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales».
Por ende, no es de recibo que en este escenario judicial se pretenda hacer oponible
a la ANM el supuesto silencio administrativo positivo, que en algunos expedientes
administrativos se intentó, pero que no fue acogido, bajo la misma razón que se
señaló en las diferentes resoluciones que se relacionaron en precedencia, «se
condicionó la inscripción de la cesión en el Registro Minero Nacional, a demostrar
que el título minero se encuentra al día en todas las obligaciones contractuales».
17. No se puede pasar por alto que, el silencio administrativo, como mecanismo
instituido por la ley en favor de los interesados en una decisión de la Administración,
es una «ficción legal», que otorga el carácter de acto administrativo a la omisión de
la autoridad de responder las peticiones o resolver los recursos contra sus
decisiones en el plazo legal. El silencio administrativo se configura cuando: (i) el
interesado presenta una petición o interpone un recurso contra una decisión
administrativa; (ii) transcurren, por regla general, más de tres meses, desde la
presentación de la petición, o dos meses si se trata de un recurso (arts. 83 y 86 del
CPACA) y (iii) en dichos lapsos la Administración no notifica la respuesta a la
petición o la decisión del recurso al interesado.
Salvo excepción legal, el silencio administrativo genera un «acto administrativo ficto
negativo», es decir, la ficción de una respuesta negativa de la Administración a la
petición o al recurso formulado. La decisión «positiva» -esto es, la ficción de la
respuesta afirmativa de la Administración- solo se presenta en aquellos casos
expresamente previstos en disposiciones especiales, de conformidad con el artículo
84 del CPACA. De modo que, a falta de respuesta oportuna de la Administración se
produce un efecto: el interesado, por virtud de la «ficción legal», obtiene una
respuesta negativa –regla general– o positiva –excepción– a su petición o recurso
19
Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
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Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
y, con ello, certeza sobre su situación jurídica. En otras palabras, la figura del
silencio administrativo otorga al interesado en una decisión administrativa la
definición de su situación, si la Administración omite decidirla de manera expresa en
la oportunidad debida.
Para invocar el silencio administrativo positivo se debe adelantar el procedimiento
prescrito en el artículo 85 del CPACA, esto es, el interesado tiene la carga de
protocolizar la constancia o copia de la petición, junto con una declaración jurada
de no haber recibido notificación de la decisión administrativa dentro del término
previsto y, como consecuencia, la escritura y sus copias auténticas producirán todos
los efectos legales de la decisión favorable que se pidió; incluso, será deber de
todas las personas y autoridades reconocerla así.
18. En el presente asunto, no se podía desconocer lo preceptuado en el artículo 22
del Código de Minas, ya que, por una parte, si recibido este aviso dicha entidad no
se pronuncia mediante resolución motivada en el término de cuarenta y cinco (45)
días, se entenderá que no tiene reparo a la cesión y se inscribirá el documento de
negociación en el Registro Minero Nacional. Pero, adicionalmente, en relación con
la inscripción de la cesión en el Registro Minero Nacional, se debía acreditar -se
reitera- que «el cedente deberá demostrar haber cumplido todas las obligaciones
emanadas del contrato de concesión», lo cual no ocurrió en el presente asunto.
19. En consecuencia, el documento No. 20173320261631 del 29 de septiembre de
2017 -acto acusado-, frente a la cesión de los títulos mineros, no es susceptible de
control judicial, ya que no creó, modificó o extinguió una situación jurídica. Mucho
menos tuvo el alcance indicado por los demandantes, pues no resolvió sobre la
situación jurídica de los títulos cedidos.
20. Por otra parte, el Código de Minas establece, entre los aspectos económicos y
tributarios -capítulo XXII-, las contraprestaciones económicas que recibe el Estado
por la explotación de los recursos no renovables -artículo 226-, entre las que
encuentra los cánones superficiarios -artículo 23047-, los cuales «se pagará
47 Artículo modificado por el artículo 27 de la Ley 1753 de 2015. La redacción original de la Ley 685 de 2001,
establecía: ARTÍCULO 230. Los cánones superficiarios sobre la totalidad del área de las concesiones durante
la exploración, el montaje y construcción o sobre las extensiones de la misma que el contratista retenga para
explorar durante el período de explotación, son compatibles con la regalía y constituyen una contraprestación
que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los
terrenos de ubicación del contrato. Los mencionados cánones serán equivalentes a un salario mínimo día por
hectárea y por año pagaderos por anualidades anticipadas a partir del perfeccionamiento del contrato si el área
solicitada no excede de 2.000 hectáreas, si excediera de 2.000 y hasta 5.000 hectáreas pagará dos (2) salarios
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
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anualmente y de forma anticipada, sobre la totalidad del área de la concesión minera
durante la etapa de exploración», siendo «compatibles con las regalías y
constituyen una contraprestación que se cobrará por la autoridad contratante sin
consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación
del contrato».
21. Así, en relación con los cánones superficiarios pagados en los títulos mineros
que fueron cedidos, en los hechos de la demanda, se reseñó que (transcripción
literal):
(…) aceptado el perfeccionamiento de la cesión entre El Cedente y El Cesionario,
este último procedió bajo el concepto de onerosidad que caracterizó el negocio
jurídico de cesión, a pagar sin tener obligación, los valores por concepto de
cánones superficiarios anticipados y otros costos sobre los dieciocho títulos
mineros y de forma simultánea dio aviso de la cesión a la ANM en los términos
previstos en el artículo 22 de la Ley 685 de 2001.
(…)
Entre Cedente y Cesionario y a fin de zanjar una serie de diferencias de contenido
patrimonial, fue celebrado con fecha 21 de septiembre de 2017, un Contrato de
Transacción en virtud del cual se acordó, entre otras cosas, lo siguiente: “Que del
total de los 18 Títulos Mineros que constituyeron el negocio jurídico de cesión.
sobre dos de ellos (Título 1H3-15531 e IH3-15551) se renunciaba a la cesión de
los mismos, por lo cual estos quedan radicados bajo la titularidad de COLOMBIAN
STRATEGIAL MINERALS S.A C.I o de quien este designe. De igual forma se
acordó que COLOMBIAN STRATEGIAL MINERALS S.A C.I actuará como una
sola parte con IBUT NITI S.A.S para adelantar las acciones legales por las
actuaciones de la ANM.”
Tal como se indicó en el recurso de apelación, el argumento para solicitar la
devolución o compensación de los cánones, recae en la fecha de perfeccionamiento
de los títulos mineros, debido a que fueron inscritos en el Registro Minero Nacional
por fuera de los términos legales, esto es, más allá de la oportunidad de que trata
el artículo 333 de la Ley 685 de 2001, el cual prevé que «La inscripción de los actos
y documentos sometidos al Registro deberán inscribirse dentro de los quince (15)
días siguientes a su perfeccionamiento o vigencia», razón por la cual, afirma la parte
recurrente, quedaron perfeccionados bajo una ley que no le era aplicable.
22. No obstante, de entrada, conviene advertir que, aunque es indeseable la demora
administrativa, el Código de Minas no establece una consecuencia inmediata por la
mínimos día por hectárea y por año pagaderos por anualidades anticipadas y si excediera de 5.000 y hasta
10.000 hectáreas pagará tres (3) salarios mínimos día y por año pagaderos por anualidades anticipadas.
La liquidación, el recaudo y la destinación de los cánones superficiarios le corresponde efectuarlos a la autoridad
minera.
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inobservancia de dicho término de inscripción en el Registro Minero Nacional -v. gr.
inoponibilidad, inexistencia, nulidad-. Incluso, a contrario sensu, el artículo 46 de
ese estatuto prevé de manera muy clara que:
Al contrato de concesión le serán aplicables durante el término de su ejecución
y durante sus prórrogas, las leyes mineras vigentes al tiempo de su
perfeccionamiento, sin excepción o salvedad alguna. Si dichas leyes fueren
modificadas o adicionadas con posterioridad, al concesionario le serán aplicables
estas últimas en cuanto amplíen, confirmen o mejoren sus prerrogativas
exceptuando aquellas que prevean modificaciones de las contraprestaciones
económicas previstas en favor del Estado o de las de Entidades Territoriales (se
destaca).
23. De los expedientes administrativos48, se observa que once (11)49 contratos de
concesión minera se suscribieron en vigencia de la Ley 685 de 2001, es decir, se
perfeccionaron antes de la Ley 1382 de 2010, porque se inscribieron en el Registro
Minero Nacional antes del 9 de febrero de 2010. En cuanto a los 7 contratos
restantes50, estos se perfeccionaron en vigencia de la Ley 1382 de 2010, dado que
se inscribieron en el Registro Minero Nacional entre el 9 de febrero de 2010 y el 11
de mayo de 2013.
24. Por ello, llama la atención que ahora, el supuesto perfeccionamiento
extemporáneo de algunos títulos mineros sea un argumento para pretender la
devolución de los cánones superficiarios pagados, cuando dicha situación -
perfeccionamiento del contrato, artículo 50 del Código de Minas- se encontraba
claramente consolidada y definida al momento de la cesión, es decir, se trató
de un hecho anterior a esta, sin que el titular originario -cedente- controvirtiera de
alguna forma esta situación ante la Autoridad Minera.
25. Asimismo, resulta importante destacar la relación directa que hay entre la cesión
de los títulos mineros y los cánones superficiarios reclamados, en la medida en que,
como se señaló, el negocio jurídico celebrado entre las sociedades COLOMBIAN
STRATEGICAL MINERALS e IBUT NITI, para que fuera inscrito en el Registro
Minero Nacional, requería necesariamente que el cedente demostrara haber
cumplido todas las obligaciones emanadas del contrato de concesión, lo cual,
claramente incluye encontrarse al día en el pago por los cánones superficiarios.
48 Visibles en la USB del folio 320 de cuaderno 2 del Tribunal.
49 Que corresponden a: IH3-15461, IH3-15491, IH3-15511, IH3-15521, IH3-15531, IH3-15551, IH3-16021, IH8-
10121, IH8-10141, IH8-10161, IH8-10191.
50 Que corresponden a: IH3-15401, 1H3-15421, IH3-15481, IH3-15581, IH3-15591, IH8-10101, IH8-10211.
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De la reseña de los hechos de la demanda, se evidencia que el cesionario -IBUT
NITI- se obligó «a pagar sin tener obligación, los valores por concepto de cánones
superficiarios anticipados y otros costos sobre los dieciocho títulos mineros», con
fundamento en la «onerosidad que caracterizó el negocio jurídico de cesión», por lo
que se puede inferir que lo relacionado con los cánones superficiarios de los títulos
hizo parte del acuerdo de cesión, como de la transacción celebrada entre cedente
y cesionario «a fin de zanjar una serie de diferencias de contenido patrimonial», sin
que dichos documentos fueran allegados al proceso.
26. Por lo anterior, considera la Sala que, al igual que lo analizó en precedencia, la
Administración también se pronunció frente a los cánones en las diferentes
resoluciones que se expidieron en cada uno de los títulos mineros en los que surtió
el trámite de la cesión, habida cuenta de que cada una de estas estuvo precedida
por un «concepto técnico» a cargo de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera-Grupo de Seguimiento y Control de la Agencia Nacional de
Minería-ANM en el que se realiza una evaluación de las obligaciones contractuales,
entre estas51, el canon superficiario, por lo que, correspondía controvertir dicha
obligación, la cual, valga decir, es tanto de carácter contractual como legal52, en los
diferentes actos que decidieron sobre la cesión de los títulos.
Además, ahora no se puede pretender desconocer, ya que ello implicaría ir en
contra del principio de respeto por los propios actos - venire contra factum proprium
non valet-53, toda vez que ello atenta contra la buena fe que debe imperar en todas
las relaciones negociales y específicamente en los contratos54, que los pagos
realizados por los cánones superficiarios en los títulos mineros correspondían a una
obligación contractual, la cual, junto con las otras de orden ambiental, garantías,
formatos básicos mineros y demás, debían encontrarse al día para que se
inscribiera la cesión en el Registro Minero Nacional.
51 Las cuales incluyen: i) Formatos Básicos Mineros, ii) Garantías -Póliza Minero Ambiental-, iii) viabilidad
ambiental, iv) Trámites pendientes -Solicitudes de prórrogas, suspensión de obligaciones, sustracción de áreas-
, junto con el respectivo análisis y recomendaciones frente a cada aspecto.
52 Código de Minas. ARTÍCULO 230. CÁNONES SUPERFICIARIOS. <Artículo modificado por el artículo 27 de
la Ley 1753 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> El canon superficiario se pagará anualmente y de forma
anticipada, sobre la totalidad del área de la concesión minera durante la etapa de exploración (…).
Estos valores son compatibles con las regalías y constituyen una contraprestación que se cobrará por la
autoridad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del
contrato.
Para las etapas de construcción y montaje o exploración adicional, si a ello hay lugar, se continuará cancelando
el valor equivalente al último canon pagado durante la etapa de exploración.
53 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de enero de 2011. Exp. 2001-00457-
01. M.P Pedro Octavio Munar Cadena. También se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de marzo de 2011, expediente 15935,
C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
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De modo que el documento No. 20173320261631 del 29 de septiembre de 2017 -
acto acusado-, no es susceptible de control judicial, ya que no creó, modificó o
extinguió una situación jurídica. Ello es así, por la sencilla razón que la decisión
sobre el pago de los cánones superficiarios se adoptó en los respectivos actos que
decidieron sobre la cesión. De ahí que, la autoridad demandada se abstuvo de
enviar los expedientes mineros a un nuevo estudio técnico, tal como se advierte de
la transcripción del oficio acusado.
27. No se pasa por alto que, en relación con los títulos en los que sí se inscribió la
cesión en el Registro Minero Nacional55, también se solicitó la devolución de los
pagos por concepto de cánones superficiarios. Para esclarecer los hechos y
situaciones frente estos títulos, en auto del 11 de diciembre de 202456, la Sala
decretó, de oficio, la Resolución VSC No. 000079 del 23 de marzo de 2023 dictada
por la Agencia Nacional de Minería, por medio de la cual se resolvió un recurso de
reposición en contra de la Resolución VSC No. 000016 del 19 de enero de 2021 -
por medio de la cual se declara la caducidad del contrato de concesión No IH8-
10191-.
28. En este documento se evidencia que la ANM analizó el impacto que tuvo sobre
el título minero IH8-10191, la Resolución 1518 de 2012 proferida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la que decretó la suspensión de trámites
de sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonía, la cual fue levantada
mediante la Resolución 1277 de 2014, en la cual se adoptó la zonificación y ordenó
la organización de dicha reserva forestal.
Asimismo, estudió los diferentes escenarios planteados por la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, en el concepto No. 2216 del 29 de octubre de
2014, sobre la obligación de pagar cánones superficiarios en las «zonas excluibles
de la minería», en los siguientes términos -se cita en extenso-:
1. Contratos de concesión perfeccionados antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1382 de 2010 – Contratos perfeccionados a partir del 12 de mayo de 2013
(aplica Ley 685 de 2001)
En este escenario, los contratos de concesión minera que se perfeccionaron desde
la promulgación de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas), esto es, el día 15 de
55 Los cuales fueron: i) IH3-15401, ii) IH3-15481, iii) IH3-15591, iv) IH8-10101, v) IH8-10191 y vi) IH8-10211.
56 Cfr. SAMAI, índice 60.
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
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agosto de 2001 hasta el 9 de febrero de 2010 (fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Ley 1382), así como aquellos perfeccionados después del 11 de mayo
de 2013 (último día de vigencia de la Ley 1382), la Sala entiende (…) que los
concesionarios no están – ni estaban - obligados a pagar cánones superficiarios
sobre “zonas excluibles de la minería”, incluyendo la reserva forestal de la
Amazonía, sino únicamente a partir del momento en que la autoridad ambiental
decrete la sustracción de las áreas que coincidan con las referidas “zonas
excluibles” y las mismas se incorporen al contrato de concesión o sean objeto de
un nuevo contrato.
2. Contratos de concesión minera perfeccionados hasta el 16 de septiembre de
2012 (publicación Res MADS)
En este escenario, se tiene de primera mano la fecha de publicación en el Diario
Oficial de la Resolución No 1518 de 2012 del Ministerio de ambiente y desarrollo
sostenible, por lo que dicho acto administrativo no introdujo ninguna modificación
o alteración en la situación jurídica de los concesionarios en relación con las
normas que se encontraban vigentes en ese momento, pues la autoridad ambiental
debía seguir adelante con el estudio de las solicitudes de sustracción de áreas que
se hubiesen presentado, hasta su decisión final, ya sea en el sentido de conceder
la sustracción o de negarla.
Por esa razón, independientemente de que la expedición de la Resolución 1518
de 2012 se considere en abstracto como un evento de caso fortuito o fuerza mayor,
los referidos concesionarios no podrían alegar que tal hecho afectó el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de las dos partes, pues dichos contratistas
hubieran podido solicitar ante la autoridad ambiental competente la sustracción de
las áreas coincidentes con la reserva forestal antes de la publicación de la citada
resolución.
Bajo este entendimiento, el proponente y luego el concesionario tenían que pagar
el canon superficiario sobre la totalidad del área objeto de la concesión, y la
autoridad minera debía proceder al reembolso parcial de las sumas pagadas si la
autoridad ambiental llegaba a negar definitivamente la sustracción solicitada.
(…).
En síntesis, los contratos de concesión minera bajo el amparo del artículo 16 de la
Ley 1382 de 2010, que al modificar el artículo 230 del Código de Minas, regulan lo
siguiente:
“Igualmente habrá reintegro (del canon superficiario) en los casos en que la
autoridad ambiental competente niegue la sustracción de la zona de reserva
forestal para la etapa de exploración” (parágrafo 1º, inciso 2º).
Permite concluir que el valor del canon superficiario debía liquidarse y pagarse
inicialmente sobre la totalidad del área solicitada en concesión, incluyendo la parte
que corresponda a zonas excluidas de la minería pero susceptibles de sustracción,
y que solo posteriormente, si la autoridad ambiental niega la sustracción solicitada,
habría lugar a reliquidar el valor del canon para devolver al proponente o
contratista, según el caso, las sumas que hubiese pagado por este concepto y que
correspondan a las áreas excluidas.
Situación que admite dilucidar, que los contratos de concesión minera suscritos en
vigencia de la Ley 1382 de 2010 y hasta el 16 de septiembre de 2012 fecha de
publicación en el Diario Oficial de la Resolución No 1518 de 2012, estaban en la
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obligación de liquidar y acreditar el pago del canon superficiario del área total
superpuesta con la Reserva Forestal Protectora Productora de la Amazonía, pues
para ese momento ya debían haber presentado la solicitud de sustracción de área
ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el evento de haberse
negado se realizaba la devolución total del canon pagado o, si fuese parcial en la
medida de la liquidación de las hectáreas sustraídas.
3. Contratos de concesión minera perfeccionados después de la publicación de
la Resolución 1518 de 2012
Estos contratos de concesión inscritos en el Registro Minero Nacional después del
16 de septiembre de 2012, fecha de publicación en el Diario Oficial de la
Resolución No 1518 de 2012 del MADS, les estaba vedado la posibilidad de
recepcionar (sic) y que fuera estudiado y tramitada la solicitud de sustracción de
áreas de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Amazonía, por cuanto la
cartera ministerial del medio ambiente había suspendido los trámites de la
sustracción y en consecuencia, si presentaron propuestas o suscribieron contratos
de concesión que incluían parcialmente áreas comprendidas en la reserva forestal
de la Amazonía, lo hicieron conociendo o debiendo saber que en ese momento y
durante un tiempo indefinido no podían solicitar la sustracción de tales áreas.
Lo anterior permite descartar que tales concesionarios puedan invocar la
expedición de la citada resolución como un evento de caso fortuito o fuerza mayor,
pues la publicación de tal acto administrativo constituyó en estos casos un hecho
anterior al perfeccionamiento del contrato y, por la misma razón, conocido en ese
momento.
(…)
Concluido lo anterior, es permisible indicar que en efecto el presente contrato de
concesión fue suscrito el 28 de diciembre de 2009 y que su área se superpone en
un 100% con la Reserva Forestal Protectora Productora de la Amazonía (Ley 2 de
1959) y en consonancia con lo conceptuado por la Sala de Consulta y Servicio Civil
del honorable Consejo de Estado, el concesionario no estaba ni está obligado al
pago de cánones superficiario sobre la totalidad de su área por encontrarse en una
zona de exclusión regulada por el artículo 34 de la Ley 685 de 2001. Por lo que es
pertinente, proceder a reponer la decisión de la Resolución VSC No 000016 del 19
de enero de 2021 y en su lugar revocar la caducidad y terminación del contrato de
concesión No IH8-10191.
Ahora bien, se le indica a la titular en esta oportunidad que los pagos aprobados
por la autoridad minera para las anualidades I, II y III de la etapa de exploración
por concepto de canon superficiario dentro del Contrato de Concesión IH8-10191,
serán compensados con las obligaciones pendientes de subsanar dentro del
contrato de concesión No IH8-10101, dado el estado actual de las obligaciones por
parte de la sociedad titular con la Agencia Nacional de Minería y evidenciado que
existe una identidad de deudores y acreedores, por lo tanto, se procederá de
conformidad con la Resolución ANM No 0423 del 09 de agosto de 2018, en la
aplicación de la figura de extinción de las obligaciones por concepto de Canon
superficiario dentro del Contrato de Concesión No. IH8-10101.
(…)
La Oficina Asesora Jurídica, si bien ha sido clara en establecer que la normatividad
minera no contempla la figura de la compensación, en reiterados conceptos ha
sentado su posición frente a la viabilidad de aplicar la compensación como modo
de extinguir obligaciones en materia minera en virtud del principio de integración
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de la normatividad civil y comercial en todos aquellos casos que la norma especial
no contemple y en el entendido de que la figura es adaptable aun sin el
consentimiento de los deudores, en esta oportunidad se dará aplicación con la
compensación de los saldos que soportan los dos contratos de concesión
relacionados en el cuerpo del presente acto administrativo, es decir IH8-10191 con
el contrato No IH8-10101.
Finalmente, teniendo la claridad de la aplicabilidad de la norma que rige el contrato
de concesión No IH8- 10191, y que deben realizar el trámite de sustracción de área
ante la autoridad ambiental competente, con el fin de determinar cuál es el área
que podrá intervenir con actividades mineras objeto del contrato, se debe requerir
mediante el acto administrativo de trámite a la sociedad titular, para que aporte a
esta autoridad los avances del procedimiento adelantado ante el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la sustracción de área autorizada por la Ley
2ª de 1959 y la Resolución No 1277 del 06 de agosto de 2014, con el fin de obtener
la Licencia Ambiental.
(…)
Que en mérito de lo expuesto, la Vicepresidente de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera de la Agencia Nacional de Minería, en uso de sus atribuciones
legales y reglamentarias,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. – Revocar la Resolución VSC No 000016 del 19 de enero
de 2021, en su totalidad, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
29. De lo anterior se reafirma que el documento No. 20173320261631 del 29 de
septiembre de 2017, no es susceptible de control judicial, ya que frente a la
«devolución o compensación de los cánones superficiarios», no se realizó el estudio
detallado de cada uno de los títulos, como el que se citó; incluso, en el oficio
acusado la Autoridad Minera se abstuvo de emitir cualquier pronunciamiento, por lo
que no creó, modificó o extinguió una situación jurídica, como sí ocurrió claramente
en la Resolución VCS No. 000079 del 23 de marzo de 2023, frente los contratos
IHB-10181 e IH8-10101. Nótese que mientras en la resolución traída al proceso
como prueba de oficio se evidencia un pronunciamiento detallado sobre las
circunstancias del respectivo título minero, en el documento acusado no hay análisis
alguno, precisamente, porque la autoridad minera ya había resuelto la situación de
cada título, en el respectivo acto de cesión o de registro.
30. Además, escapa al objeto de la presente litis, evaluar desde el punto de vista
técnico, las particularidades propias de cada uno de los dieciocho (18) títulos
mineros sobre los que recayó la solicitud del 12 de julio de 2017, que produjo la
expedición del documento No. 20173320261631 del 29 de septiembre de 2017, es
decir, no corresponde a este proceso analizar si el área de concesión se superpone
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en un 100% con la Reserva Forestal Protectora Productora de la Amazonía -Ley 2
de 1959-, junto con las consecuencias que ello acarrea, o si se adelantó el trámite
de sustracción de área ante la autoridad ambiental competente, o se solicitó la
suspensión de las obligaciones del contrato de concesión.
31. En ese orden de ideas, la Sala revocará el ordinal primero de la sentencia del
11 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Tercera, Subsección B, –desestimatorio de las pretensiones–, para en su
lugar, declarar probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control
judicial y se inhibirá de pronunciarse de fondo acerca de los cargos de nulidad
formulados en contra del documento No. 20173320261631 del 29 de septiembre de
2017.
Costas
32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP. A su turno, en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, se establece que se
condenará en costas a la parte vencida en el proceso; además, el numeral 8 prevé
que sólo se reconocerán «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación».
En este caso, la Subsección se abstendrá de condenar en costas al recurrente en
segunda instancia, toda vez que no se causaron.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 11 de
septiembre de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Tercera- Subsección B, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de la presente providencia, la cual quedará así:
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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00786-01 (65041)
Demandante: IBUT NITI SAS y otro
Demandado: ANM
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho
1º DECLARAR probada, de oficio, la excepción de acto no susceptible de control
judicial e INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo en relación con los cargos
de nulidad formulados en contra del documento No. 20173320261631 del 29 de
septiembre de 2017, por lo expuesto en el parte motiva.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas, en segunda instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
PRESIDENTE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE57
NICOLÁS YEPES CORRALES
57 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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