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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00794-02

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00794-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, y en su lugar se dispone DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 86 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”. 33 Radicado: 25000233600020180079402 (73771) Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud SEGUNDO: CONDENAR en costas, por ambas instancias, a la parte demandante, en favor de la Superintendencia de Salud y Carlos Enrique Cortés Cortés, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del Proceso. Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma de $15.634.887,4 en favor de la Superintendencia de Salud y $15.634.887 en favor de Carlos Enrique Cortés Cortés, montos que deberá pagar la parte actora. Sin agencias en derecho en segunda instancia. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER al tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00794-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000233600020180079402 (73771)
Demandante: ASOCIACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS DE SALUD - ASSALUD
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y
OTROS

Tema: Inspección, vigilancia y control sobre entidades promotoras de
salud. Potestad sancionatoria y administrativa de la
Administración. Sistema general de seguridad social en salud.
Intervención administrativa y liquidación de EPS por
irregularidades en su manejo y administración. No pago de
acreencias aceptadas en el trámite liquidatorio. Caducidad del
medio de control de reparación directa. Se acreditó la causación
de costas procesales en el trámite de primera y segunda
instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013, la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa de la EPS Humana Vivir S.A. y la
liquidación de sus bienes, haberes y negocios y, además, designó a Carlos Enrique
Cortés Cortés como agente liquidador. Al momento de la intervención
administrativa, la mencionada EPS le adeudaba $2.062.417.340 a la Asociación de
Prestadores de Servicios y Suministros de Salud (en adelante “ASSALUD”). En
consecuencia, por Resolución No. 007 del 13 de abril de 2015, el agente liquidador
reconoció la acreencia por la suma de $1.042.325.827, en favor de ASSALUD.
Posteriormente, por Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, el agente liquidador

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

de la EPS Humana Vivir S.A. declaró insolutos los créditos fiscales, parafiscales y
de quinta clase reclamados en el proceso liquidatorio “por el agotamiento total [de]
sus activos disponibles”. Finalmente, mediante Resolución No. 018 del 31 de mayo
de 2016, el agente liquidador declaró terminada la existencia legal de la EPS
Humana Vivir S.A. No obstante, dada la situación de insolvencia de la entidad
intervenida, los rubros adeudados a los acreedores quedaron insolutos.

La demandante considera que la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social,
la Superintendencia Nacional de Salud y Carlos Enrique Cortés Cortés son
patrimonialmente responsables por la falta de pago de la acreencia adeudada por
la EPS Humana Vivir S.A., pues alega que ello se debió a la inadecuada e
inoportuna labor de inspección, vigilancia y control que debió haberse realizado
sobre dicha entidad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante. Por su
parte, la accionante apeló única y exclusivamente la decisión de condenarla en
costas y agencias en derecho.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de agosto de 20181, ASSALUD, mediante apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Salud y Protección Social (en adelante el “Ministerio de Salud y
Protección Social”), de la Superintendencia Nacional de Salud (en adelante la
“Superintendencia de Salud”) y de Carlos Enrique Cortés Cortés para que se les
declarara patrimonialmente responsables por la falta de pago de la acreencia
adeudada por la EPS Humana Vivir S.A., pues considera que ello se debió a la
inadecuada e inoportuna labor de inspección, vigilancia y control que debió
realizarse sobre la entidad promotora de salud.

1 Fl. 2 a 9, 15 a 19, C.P.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a los
demandados a pagar, por “perjuicios del orden material”, la suma de
$1.042.325.827.

En apoyo de las pretensiones, el demandante afirma que, en fecha indeterminada,
suscribió un contrato de prestación de servicios en salud y suministros médicos con
la EPS Humana Vivir S.A.

Indica que, por Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013, la Superintendencia
de Salud ordenó la intervención administrativa de la referida EPS y la liquidación de
sus bienes, haberes y negocios, y, además, designó a Carlos Enrique Cortés Cortés
como agente liquidador.

Resalta que, al momento de la intervención administrativa para liquidar, la EPS
Humana Vivir S.A. le adeudaba la suma de $2.062.417.340, por concepto del
mencionado contrato de prestación de servicios en salud y suministros médicos.

Destaca que, mediante Resolución No. 007 del 13 de abril de 2015, el agente
liquidador reconoció la anterior acreencia por la suma de $1.042.325.827 y la calificó
como un crédito de quinta clase.

Argumenta que, mediante Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, el agente
liquidador declaró insolutos los créditos fiscales, parafiscales y de quinta clase
reclamados en el proceso liquidatorio “por el agotamiento total [de] sus activos
disponibles”.

Señala que, mediante Resolución No. 017 del 28 de abril de 2016, el agente
liquidador realizó la “adjudicación forzosa de bienes remanentes al Ministerio de
Salud y Protección Social en dación en pago de las sumas excluidas de la masa de
liquidación reconocidas por la agencia liquidadora Humana Vivir S.A. EPS - En
Liquidación”, por la suma de $11.755.488.010.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

Sostiene que, mediante Resolución No. 018 del 31 de mayo de 2016, el agente
liquidador declaró terminada la existencia legal de la mencionada EPS.

Concluye que la acreencia de $1.042.325.827, reconocida a su favor mediante
Resolución No. 007 del 13 de abril de 2015, quedó insoluta.

La demandante considera que el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Superintendencia de Salud y Carlos Enrique Cortés Cortés son patrimonialmente
responsables por la falta de pago de la acreencia adeudada por la EPS Humana
Vivir S.A., pues alega que ello se debió a la inadecuada e inoportuna labor de
inspección, vigilancia y control que debió haberse realizado sobre dicha entidad.

2. Contestación

El 27 de noviembre de 20182 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda y ordenó su notificación a los demandados y al ministerio público.

2.1. El Ministerio de Salud y Protección Social3 se opuso a las pretensiones de la
demanda, argumentando que no tuvo injerencia alguna en la causación del daño
alegado, de modo que éste no le era imputable. Propuso las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva y “ausencia de responsabilidad […]”.

2.2. La Superintendencia de Salud4 argumentó que no se acreditó el nexo de
causalidad entre su actuación y el daño alegado, dado que el agente liquidador
adelantó el proceso liquidatario de forma autónoma. Propuso las excepciones de
ausencia de nexo causal, hecho de un tercero, falta de legitimación en la causa por
pasiva y la “genérica”.

2.3. Carlos Enrique Cortés Cortés5 sostuvo que, en su calidad de agente liquidador,
tramitó diligentemente el proceso liquidatario, en cumplimiento de las exigencias

2 Fl. 23 a 25, C. P.
3 Fl. 39 a 47, C. P.
4 Fl. 116 a 128, C. P.
5 Fl 58 a 76, C. P.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

sustanciales y formales que regían este tipo de procedimientos. Por ello, mediante
Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, declaró insolutos los créditos fiscales,
parafiscales y de quinta clase reclamados en el proceso liquidatorio “por el
agotamiento total [de] sus activos disponibles”. Propuso las excepciones que
denominó “imposibilidad del pago por una causa de fuerza mayor caso fortuito” y
“[…] cumplió la ley y las ordenes de la Superintendencia Nacional de Salud sin que
se haya incurrido en omisión o negligencia alguna”. En escrito aparte6, formuló las
excepciones previas de caducidad y “falta de jurisdicción por no agotar el requisito
de procedibilidad”.

3. De la fijación del litigio y orden de sentencia anticipada

3.1. Mediante auto del 5 de abril de 20247, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca decretó pruebas y fijó el objeto del litigio, con el fin de
proferir sentencia anticipada.

3.2. Frente al objeto del litigio, el a quo señaló que se circunscribiría a determinar
“si en razón del no pago de la suma de $1.042.325.827 reconocida a favor de
ASSALUD dentro del trámite de toma de posesión e intervención forzosa adelantado
para liquidar a la Sociedad Humana Vivir EPS mediante Resolución No. 007 de 13
de abril de 2015 expedida por el agente liquidador Carlos Enrique Cortés Cortés se
causa un daño antijurídico a la parte actora, consistente en la imposibilidad de
recuperar dichas sumas. En caso afirmativo, deberá dilucidarse si el mismo le
resulta imputable a las entidades demandadas8 y al demandado Carlos Enrique
Cortés Cortés a título de falla en el servicio o de cualquier título de imputación, dado
que en los términos del artículo 90 Constitucional no se precisó un régimen en
particular de responsabilidad, correspondiéndole al fallador abordar frente a cada
caso en particular, el título de imputación de acuerdo a las circunstancias
particulares del asunto. Así mismo, si se configura o no el eximente de fuerza mayor
o caso fortuito, alegado por el demandado Carlos Enrique Cortés Cortés”.

6 Fl. 103 a 109, C. P.
7 Índice 53, Samai del tribunal.
8 Se advierte que, mediante auto del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y
Protección Social. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”, “003 Resuelve Excepciones”.

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3.3. Finalmente, el tribunal resolvió prescindir de la audiencia inicial con el fin de
dictar sentencia anticipada, al constatar la configuración de la causal contenida en
el literal c) del numeral 1° del artículo 182A del CPACA.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de octubre de 20249 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante10, la Superintendencia de Salud11 y Carlos Enrique Cortés
Cortés12 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación,
respectivamente.

4.2. El Ministerio de Salud y Protección Social y el ministerio público guardaron
silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de junio de 202513 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al constatar que el detrimento
patrimonial sufrido por la actora no suponía un daño antijuridico.

En efecto sostuvo: “no obstante haberse acreditado el daño sufrido por la parte
demandante, la Sala resalta que este no constituye un daño antijurídico, toda vez
que no fue consecuencia de una actuación irregular por parte del agente liquidador
o de la Superintendencia Nacional de Salud en el marco del proceso de liquidación,
sino del hecho de que en dicho proceso no contaba con los recursos necesarios

9 Índice 60, Samai del tribunal.
10 Índices 65 y 66, Samai del tribunal.
11 Índice 67, Samai del tribunal.
12 Índice 68, Samai del tribunal.
13 Índice 71, Samai del tribunal.

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para efectuar el pago de las acreencias, circunstancia que obedeció a la aplicación
de la normativa vigente para estos procedimientos”.

Finalmente, el a quo condenó en costas a la parte demandante y fijó las agencias
en derecho en el equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, esto es, en
$ 31.269.774, suma que debía ser pagada en partes iguales a la Superintendencia
de Salud y a Carlos Enrique Cortés Cortés14.

6. Recurso de apelación

El 15 de julio de 202515 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 3 de octubre de 202516 y admitido el 21 de noviembre de 202517.

6.1. El demandante18 argumentó que su recurso de apelación recaía única y
exclusivamente frente a la decisión de condenarlo en costas y agencias en derecho,
al estimar que el a quo no comprobó su causación. En sustento, indicó que, al
imponer la condena en costas, el tribunal no tuvo en cuenta: i) que el asunto objeto
de controversia comporta un interés público, dado que tiene origen en la prestación
del servicio de salud; ii) que la imposición de cargas procesales debe regirse por los
principios de equidad, igualdad y proporcionalidad; iii) que no se probó una conducta
temeraria o dilatoria de su parte; y, iv) que la condena en costas implica una carga
económica desproporcionada, que afecta su “comprometida” estabilidad financiera
y pone en riesgo la continuidad de la prestación del servicio de salud.

Al efecto solicitó que: “se sirva revocar la sentencia impugnada, únicamente en lo
relacionado con la condena en costas impuesta a mi representada […]. La
imposición de una condena en costas contra ASSALUD, en el marco del presente
proceso, resulta jurídicamente improcedente y materialmente desproporcionada,
por cuanto se desconoce el interés público involucrado, la naturaleza esencial del

14 Se reitera que, mediante auto del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y
Protección Social. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”, “003 Resuelve Excepciones”.
15 Índice 75, Samai del tribunal.
16 Índice 77, Samai del tribunal.
17 Índice 3, Samai.
18 Fl. 163 a 175, C.P.

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servicio prestado, así como la afectación financiera sufrida por la IPS a causa del
incumplimiento de obligaciones por parte de una EPS hoy liquidada. Además, la
sentencia apelada no acreditó la existencia ni cuantía real de los gastos procesales,
y no se evidenció conducta alguna de temeridad o abuso del derecho. Por ello, se
solicita revocar la condena impuesta, y en su lugar, declarar que no hay lugar a
costas, o subsidiariamente, se imponga en la menor cuantía posible, garantizando
así los principios de equidad, razonabilidad y acceso efectivo a la justicia”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA19, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia.

7.1. El ministerio publico20 rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, dado que la condena en costas se ajustó a los requisitos
previstos en el CGP.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia
en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los
jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas
jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) la contencioso

19 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
20 Índice 11, Samai.

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administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi)
la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la
asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.
Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de
las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la
jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del
territorio.

Al efecto, esta Corporación ha definido que21 la competencia para conocer de los
diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o
materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones
especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la
naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la
definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe
tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia
previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso
asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico,
puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)22.

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está
estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o
entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para
vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al
momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad
pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le
atribuyen en el libelo introductorio23.

21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.
22 Corte Constitucional. Sentencia C-328 de 2015.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.:

43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603.

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Precisamente la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 29 de
agosto de 200724, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que
desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que
existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en
conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que
cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto
de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado
ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la
responsabilidad de todos los accionados25.

De conformidad con lo anterior, el factor de conexidad implica, entonces, que el juez
administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en
conjunto con otras entidades o, incluso, sujetos de derecho privado frente a los
cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De
hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de
Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el
competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con
particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los
pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra
jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere
competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción
contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura,
a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento
corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia
correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera
– Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para
fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”26

24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 2005-02076-

01.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714.

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Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir
controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación
con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir,
que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan
razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida27.

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de
modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 2020 28,
en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que
“la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente
tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les
pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y
fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.

Dicho de otra manera, el hecho de que uno de los sujetos vinculados al proceso sea
juzgado de manera natural por el juez de la jurisdicción ordinaria, no excluye la
competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir,
basta que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute
acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que ésta asuma la
competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad
pública.

Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra
una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera
concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la
jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el
juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la
responsabilidad de todos los demandados29, siendo menester, para dichos efectos,

27 Ibídem.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.:

51687.

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estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se
alega30.

Con todo, el fuero de atracción implica la modificación de la jurisdicción, pero no el
régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas
en contra de los particulares, toda vez que, al margen de que el proceso lo conozca
el juez de lo contencioso administrativo, a ellos no les resultan aplicables las reglas
de la responsabilidad estatal, sino las del derecho privado31, al punto de que les son
aplicables los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte Suprema de
Justicia.

En el caso sub examine ASSALUD pretende la declaratoria de responsabilidad del
Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud y Carlos
Enrique Cortés Cortés por la falta de pago de la acreencia adeudada por la EPS
Humana Vivir S.A., pues considera que ello se debió a la inadecuada e inoportuna
labor de inspección, vigilancia y control que debió realizarse sobre la entidad
promotora de salud. De hecho, en el libelo introductorio textualmente se solicita “que
se declaren responsables de manera solidaria a la Nación – Ministerio de Salud y
Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y al señor Carlos
Enrique Cortés Cortés, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.482.268, quien
fungió como Agente Liquidador de Humana Vivir, por los daños y perjuicios
materiales ocasionados a ASSALUD, con base en los hechos aquí narrados”.

Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Superintendencia de Salud, presuntamente ocasionaron el
daño alegado, la responsabilidad de estas entidades públicas puede quedar
comprometida, al igual que ocurre con Carlos Enrique Cortés Cortés, también
demandado por los mismos hechos y con igual propósito, pues los hechos que dan
origen a la demanda son los mismos y el petitum realizado en el libelo introductorio
así́ lo permite establecer.

30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.
31Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 5 de diciembre de 2016, Rad.: 38806; reiterada en sentencia del 30 de noviembre de
2017, Rad.: 44760.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada
para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial de Carlos Enrique Cortés
Cortés, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10432 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
normatividad aplicable al momento en que ocurrieron los hechos, se trata de un
asunto litigioso que involucra la actividad de entidades públicas que también fueron
demandados, a saber, el Ministerio de Salud y Protección Social y la
Superintendencia de Salud y esto comprende la competencia para decidir
también sobre la responsabilidad patrimonial predicada respecto de Carlos Enrique
Cortés Cortés pues, el fuero de atracción permite la vinculación de este particular.

No está demás resaltar que, respecto del particular, el fundamento del deber de
reparar corresponde a los criterios propios del derecho privado, y no al de la falla
del servicio ni tampoco al del daño especial, pues estos últimos solo pueden
reputarse frente a entidades públicas.

Por lo demás, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de junio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor
de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado
en ejercicio del medio de control de reparación directa tenga vocación de doble
instancia ante esta Corporación33, en virtud de lo establecido en los artículos 150,
152 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

32 “Artículo 104. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer,
además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y
litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho
administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa (…)”.
33 Para la fecha en que se presentó la demanda (22 de agosto de 2018), la suma de $1.042.325.827

pretendida a título de “perjuicios del orden material” correspondía a 1.334 SMLMV.

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Radicado: 25000233600020180079402 (73771)
Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14034 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de un daño por hechos imputables a una omisión del
Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia de Salud y Carlos
Enrique Cortés Cortés.

3. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el medio de control se ejerció oportunamente
o si, por el contrario, la pretensión de reparación directa se encontraba caducada al
momento de la presentación de la demanda.

4. Solución al problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester exponer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control.

34 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona

interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble
por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un
particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general35, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción36, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

35 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
36 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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Radicado: 25000233600020180079402 (73771)
Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el anverso,
la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al
ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure37 que opera
por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para
hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia38,
cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley
procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Esta concepción
de límite temporal de la figura en comento, sin embargo, opera en favor del
accionado y en contra del accionante que acude tarde a hacer efectivo su derecho
de acción, pues implica reconocer que el derecho a demandar se perdió, en tanto
el accionado lo puede proponer como medio exceptivo o el juez reconocer o declarar
de oficio.

37 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
38 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo39, señala que el medio de control de reparación directa deberá
ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al
de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si ello ocurrió en fecha
posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de
su ocurrencia. Ahora bien, se advierte que el análisis de la caducidad del medio de
control se efectuará en el siguiente capítulo, tal como pasará a explicarse.

6. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 26 de junio
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones
de la demanda, la parte demandante como argumento de disenso expresó que su
inconformidad recaía única y exclusivamente frente a la decisión de condenarlo en
costas y agencias en derecho, al estimar que el a quo no comprobó su causación.
En sustento, indicó que, al imponer la condena en costas, el tribunal no tuvo en
cuenta: i) que el asunto objeto de controversia comporta un interés público, dado
que tiene origen en la prestación del servicio de salud; ii) que la imposición de cargas
procesales debe regirse por los principios de equidad, igualdad y proporcionalidad;
iii) que no se probó una conducta temeraria o dilatoria de su parte; y, iv) que la
condena en costas implica una carga económica desproporcionada, que afecta su
“comprometida” estabilidad financiera y pone en riesgo la continuidad de la
prestación del servicio de salud.

No obstante, antes de estudiar si es procedente la condena en costas en contra de
la parte demandante, se analizará si el medio de control de reparación directa se
presentó en tiempo, pues de no haber sido así habrá lugar a declarar probada de

39 Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012,

le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el
legislador en la Ley 2080 de 2021. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General
del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de
los estatutos mencionados.

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oficio dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán estudiarse los
demás presupuestos procesales ni el fondo del asunto.

En efecto, si bien mediante auto del 21 de febrero de 202240, esta Subsección
confirmó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante providencia del 15 de octubre de 2020, que declaró no probada la
excepción de caducidad del medio de control, en segunda instancia resulta
necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un
presupuesto procesal41.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si la demanda se presentó en tiempo.

6.1. Hechos probados42

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

6.1.1. Está demostrado que mediante Resolución No. 806 del 14 de mayo de 2013
la Superintendencia de Salud ordenó la intervención administrativa de la EPS

40 Fl. 173 a 183, C. P.
41 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración
alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad.: 25022. Es

necesario precisar que se les otorgará valor a las pruebas documentales presentadas en copia
simple, en virtud de lo decidido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2013, sin que ello signifique relevar a las partes del cumplimiento de
las solemnidades que el legislador establece o determina para la prueba de específicos hechos o
circunstancias.

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Humana Vivir S.A. y la liquidación de sus bienes, haberes y negocios jurídicos,
según da cuenta copia de la precitada resolución43.

6.1.2. Está probado que, en fecha indeterminada, ASSALUD solicitó al agente
liquidador de la EPS el pago de $ 2.062.417.341 por concepto de los servicios
prestados, según da cuenta copia de la Resolución No. 007 del 13 de abril de 2015,
expedida por el agente liquidador de la EPS Humana Vivir S. A.44.

6.1.3. Se acreditó que mediante Resolución No. 007 del 13 de abril de 2015, el
agente liquidador de la EPS Humana Vivir S.A. aceptó parcialmente la acreencia
presentada por ASSALUD en la suma de $1.042.325.827. De esta información da
cuenta el referido acto administrativo45.

6.1.4. Consta que, mediante Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, el agente
liquidador de la E.P.S. Humana Vivir S.A. declaró insolutos los créditos fiscales,
parafiscales y de quinta clase reclamados en el proceso liquidatorio “por el
agotamiento total [de] sus activos disponibles”. Asimismo, la parte resolutiva de la
resolución ordenó su notificación mediante aviso “en un diario de circulación
nacional y en la página web de la entidad, conforme a los artículos 57 y 65 de la Ley
1437 de 2011”. De esta información da cuenta copia del precitado acto
administrativo46.

6.1.5. Se acreditó que el 28 de abril de 2016, quedó ejecutoriada la Resolución No.
015 del 11 de abril de 2016, la cual fue notificada por aviso fijado el 19 de abril de

43 Fl. 10, C. P.; CD “Demanda y anexos”, “Resolución 806 del 14 de mayo de 2013.pdf”.
44 Fl. 10, C. P.; CD “Demanda y anexos”, “Resolución 007 del 13 de abril de 2015.pdf”.
45 Fl. 10, C. P.; CD “Demanda y anexos”, “Resolución 007 del 13 de abril de 2015.pdf”.
46 Fl. 77 a 99, C. P.

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201647, según da cuenta copia del mencionado aviso publicado en el periódico “El
Espectador” el 21 de abril de 201648.

6.1.6. Se probó que, mediante Resoluciones No. 16 y 17 del 28 de abril de 2016, el
agente liquidador de la EPS Humana Vivir S.A. realizó la adjudicación forzosa de
bienes remanentes al Ministerio de Salud y Protección Social y al municipio de
Florencia, en dación en pago de las sumas excluidas de la masa de la liquidación.
De ello, da cuenta copia de los mencionados actos administrativos49.

6.1.7. Consta que mediante Resolución No. 018 del 31 de mayo de 2016, el agente
liquidador de la EPS declaró “[…] terminada la existencia legal de HUMANA VIVIR
en Liquidación”. De esta información da cuenta copia del referido acto
administrativo50.

6.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado es la aminoración patrimonial
padecida por ASSALUD, consistente en la pérdida de recursos económicos
adeudados por la EPS Humana Vivir S.A, luego de la inadecuada e inoportuna labor
de inspección, vigilancia y control que presuntamente ejercieron sobre dicha entidad

47 CPACA. “Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al

cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a
la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse
del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar
la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en
el lugar de destino. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en
un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro
del aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha
en que por este medio quedará surtida la notificación personal” (se resalta).
48 Fl. 100, C. P.
49 Fl. 2, C. P.; CD “Anexos contestación demanda”, “Resolución 016_28 de abril de 2016.pdf”. Fl. 10,

C. P.; CD “Demanda y anexos”, “Resolución 017 del 28 de abril de 2016.pdf”.
50 Fl. 10, C. P.; CD “Demanda y anexos”, “Resolución 018 del 31 de mayo de 2016.pdf”.

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Radicado: 25000233600020180079402 (73771)
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el Ministerio de Salud y Protección Social51, la Superintendencia de Salud y Carlos
Enrique Cortés Cortés.

Ahora bien, el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, señala que el medio de control de reparación directa
deberá ejercerse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día
siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando
el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior
y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.

En el caso de autos se advierte que el término de caducidad para ejercer el medio
de control de reparación directa comenzó a correr el 29 de abril de 2016, pues esta
fecha corresponde al día siguiente a aquel en que quedó en firme la Resolución No.
015 del 11 de abril de 2016, mediante la cual la EPS Humana Vivir S.A. declaró
insolutos los créditos reclamados en el proceso liquidatorio “por el agotamiento total
[de] sus activos disponibles”. De hecho, dicho acto administrativo fue notificado por
aviso fijado el 19 de abril de 201652 (hechos probados 6.1.4 y 6.1.5).

Debe advertirse que los medios de convicción decretados y practicados en el
proceso permitieron evidenciar que ASSALUD hizo y/o formó parte del proceso
liquidatorio de la mencionada EPS, pues dentro del trámite previsto para el efecto
la demandante presentó la respectiva reclamación ante el agente liquidador de la

51 Se advierte que, mediante auto del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y
Protección Social. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”, “003 Resuelve Excepciones”.
52 CPACA. “Artículo 69. Notificación por aviso. Si no pudiere hacerse la notificación personal al

cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a
la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o puedan obtenerse
del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto administrativo. El aviso deberá indicar
la fecha y la del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente
proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia
de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en
el lugar de destino. Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con
copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en
un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días, con la
advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro
del aviso. En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y de la fecha
en que por este medio quedará surtida la notificación personal” (se resalta).

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EPS pretendiendo el pago de unas sumas de dinero adeudadas por los servicios
prestados, la cual fue aceptada parcialmente mediante Resolución 007 del 13 de
abril de 2015, conociendo así los detalles y pormenores de las actuaciones
desplegadas por la Administración en el marco del trámite de intervención y
liquidación adelantado sobre la EPS Humana Vivir S.A. (hechos probados 6.1.2 y
6.1.3).

Al efecto, debe advertirse que en casos análogos esta Subsección ha considerado
que el extremo inicial para contabilizar la caducidad del medio de control de
reparación directa en aquellos eventos en los que se discute la responsabilidad del
Estado por la pérdida de créditos adeudados por empresas promotoras de salud
objeto de intervención administrativa y liquidación, debe contarse a partir del día
siguiente a la fecha en que el acreedor tuvo conocimiento que la deuda quedaría
insoluta, debido al agotamiento de activos disponibles53, pues, desde entonces,
puede constatar, materialmente, que dichos rubros no le serán pagados en razón a
la notoria insolvencia en que se encuentra la entidad objeto de intervención.

Por otro lado, se evidencia que, en anterior pronunciamiento, esta Sala54, al resolver
el recurso de apelación interpuesto por Carlos Enrique Cortés Cortés contra el auto
proferido el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de
control, estimó que la pretensión de reparación directa se ejerció de forma oportuna.
Esto, dado que el término de caducidad debía computarse desde la fecha en que
quedo en firme la inscripción de la Resolución No. 018 del 31 de mayo de 2016,
mediante el cual se declaró terminada la existencia legal de la EPS Humana Vivir
S.A., esto es, desde el 22 de junio de 2016.

Frente a este punto, se advierte que dicha decisión no tiene el carácter de
inmutable, vinculante y definitiva, en tanto se trató de una decisión preliminar y
anterior a que se surtiera el debate probatorio. Asimismo, se reitera que el juez tiene

53 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencias del 28 de junio de 2023, Rad. (47754); del 19 de febrero de 2024, Rad.: 66775; y del 13
de marzo de 2024, Rad.: 67922.
54 Fl. 173 a 183, C. P.

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la facultad de estudiar la caducidad del medio de control y declararla de oficio si la
encuentra probada, sin importar la etapa e instancia en la cual se encuentre el
proceso, por cuanto se trata de un presupuesto procesal55.

Así las cosas, lo cierto es que en el presente asunto litigioso pudo evidenciarse que
la demandante conoció que los créditos adeudados por la citada EPS no le serían
pagados desde el 28 de abril de 2016 con la ejecutoria de la Resolución No. 015 del
11 de abril de 2016, pues a través de ésta el agente liquidador de la EPS Humana
Vivir S.A. declaró insolutos los créditos fiscales, parafiscales y de quinta clase
reclamados en el proceso liquidatorio “por el agotamiento total [de] sus activos
disponibles” (hechos probados 6.1.4 y 6.1.5).

Así pues, se tendrá como extremo inicial para contar la caducidad, el 29 de abril de
2016, pues en esa fecha hay certeza que ASSALUD debió conocer materialmente
el daño alegado, esto es, la imposibilidad de pago de sus acreencias por parte de
la EPS Humana Vivir S.A. por “el agotamiento total [de] sus activos disponibles”.
Además, no se allegó prueba al proceso que permita determinar que la demandante
se encontraba en imposibilidad de haber conocido el daño para la fecha en que
ocurrió (hechos probados 6.1.4 y 6.1.5).

En este orden de ideas, se tiene que el término para ejercer el medio de control de
reparación directa empezó a correr el 29 de abril de 2016 y expiraba el 29 de abril
de 2018. Sin embargo, como la demanda solo se presentó hasta el 22 de agosto de
201856, se advierte que para esa fecha ya había acaecido el término preclusivo
dispuesto por el legislador.

55 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales.
Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la
caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y
generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter
de irrenunciabilidad, como se mencionó́ previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para
declararla de oficio. [...] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el
plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius
cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó́
anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la
acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”.
Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.
56 Fl. 2 a 9, 15 a 19, C.P.

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Con todo, pese a que lo probado en el proceso permitió constatar que el 21 de mayo
de 2018, el extremo activo presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga57, lo
cierto es que para ese momento no había término de caducidad susceptible de ser
suspendido porque, como se explicó anteriormente, ya había operado el fenómeno
preclusivo que extinguía para esa causa la posibilidad de invocar la pretensión de
reparación directa frente al menoscabo alegado por la accionante.

Por último, la Sala destaca que la decisión adoptada, se acompasa con lo resuelto
por esta misma Subsección C58 en un caso de similares características al que aquí
se discute, en donde también se demandó al Ministerio de Salud y Protección Social
y a la Superintendencia de Salud por la falta de pago de la acreencia adeudada por
la EPS Humana Vivir S.A. En dicha ocasión, se declaró la caducidad del medio de
control de reparación directa porque se contabilizó el término desde la fecha en que
quedó ejecutoriada la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, mediante la cual
la mencionada EPS declaró insolutos los créditos reclamados en el proceso
liquidatorio. En efecto, allí se argumentó lo siguiente:

“En el sub examine se advierte que el término de caducidad para ejercer el medio de
control de reparación directa comenzó a correr el 29 de abril de 2016, pues esta fecha
corresponde al día siguiente a aquel en que, una vez surtida la notificación por aviso
de la Resolución No. 015 del 11 de abril de 2016, mediante la cual HUMANA VIVIR
declaró insolutos los créditos reclamados en el proceso liquidatorio “por el
agotamiento total [de] sus activos disponibles”, dicha disposición quedó en firme
(hechos probados 6.1.6. y 6.1.7.). […]

Así pues, se tendrá como extremo para contar la caducidad, el 29 de abril de 2016,
pues en esa fecha hay certeza que la sociedad VIHONCO IPS COSTA SAS debió
conocer materialmente el daño alegado, esto es, la imposibilidad de pago de sus
acreencias por parte de HUMANA VIVIR por “el agotamiento total [de] sus activos
disponibles”. Además, no se allegó prueba al proceso que permita determinar que la
demandante se encontraba en imposibilidad de haber conocido el daño para la fecha
en que ocurrió.

57 Fl. 594 y 595, C.P. Al respecto, se evidencia que la solicitud de conciliación fue presentada ante

la Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga y, posteriormente, fue
remitida por competencia a la Procuraduría 12 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 11 de diciembre de 2024, Rad.: 62085.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

En este orden de ideas, se tiene que el término para ejercer el medio de control de
reparación directa empezó a correr el 29 de abril de 2016 y expiraba el 29 de octubre
de abril de 2018. Sin embargo, como la demanda solo se presentó hasta el 12 de julio
de 2018, se advierte que para esa fecha ya había acaecida el término preclusivo
dispuesto por el legislador”.

Por todo lo anterior, fuerza es, entonces, revocar la sentencia del 26 de junio de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, declarar de oficio la caducidad del
medio de control de reparación directa, toda vez que transcurrieron más de 2 años
contados desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento del acaecimiento
del daño que aquí se debate y aquella en la que se presentó la demanda.

7. Condena en costas

De conformidad con el artículo 18859 del CPACA y con la disposición especial del
artículo 365 del CGP, numeral 460, para el caso particular se condenará en costas
a la parte demandante por ambas instancias, habida cuenta de la revocatoria total
de la sentencia de primera instancia. La liquidación de las costas la hará de manera
concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del CGP61 y tomando
en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas
en el proceso. Por demás, la Sala no se pronunciará sobre la condena en costas en
favor del Ministerio de Salud y Protección Social62 dado que el a quo no condenó al
demandante por tal concepto y dicha decisión no fue objeto del recurso de
apelación.

59 “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil”.
60 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas (...). 4. Cuando la
sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias”.
61 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
62 Al efecto, se advierte que, mediante auto del 15 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y
Protección Social. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”, “003 Resuelve Excepciones”.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

Ahora bien, se advierte que el demandante argumentó que la condena en costas es
improcedente, puesto que: i) el asunto objeto de controversia persigue un interés
público, dado que tiene origen en la prestación del servicio de salud; ii) la imposición
de cargas procesales debe regirse por los principios de equidad, igualdad y
proporcionalidad; iii) no se probó una conducta temeraria o dilatoria de su parte; y,
iv) la condena en costas implica una carga económica desproporcionada, que afecta
su “comprometida” estabilidad financiera y pone en riesgo la continuidad de la
prestación del servicio de salud.

Pues bien, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.

A su turno, el artículo 361 del C.G.P. vigente para el momento en el que se interpuso
el recurso de apelación, establece que las costas “están integradas por la totalidad
de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias
en derecho”; sin embargo, vale aclarar, que estás últimas serán determinadas por
las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 366 de esa misma
normativa.

Al punto, entonces, se tiene que el artículo 365 ibídem, prevé las siguientes reglas
para proceder a la condena en costas:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación”. (Se subraya)

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que es procedente condenar a
ASSALUD a pagar las costas y agencias en derecho en favor de la
Superintendencia de Salud y Carlos Enrique Cortés Cortés, toda vez que fue
vencida en el proceso de reparación directa y aquellas fueron plenamente
acreditadas, en tanto los demandados comparecieron al proceso mediante
apoderado judicial y estos a su vez realizaron actividades de defensa judicial
durante la gestión surtida en primera instancia, tales como contestar la demanda63,
proponer excepciones64, solicitar pruebas65, interponer recursos66 y alegar de
conclusión67.

De otra parte, frente al argumento esgrimido por la parte demandante sobre la
inexistencia de temeridad y/o mala fe de la actora, es importante advertir que el
elemento subjetivo para imponer costas estaba establecido en el artículo 171 68 del
C.C.A., no obstante, este criterio cambió con la entrada en vigencia del artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable
por remisión expresa, pues con estas últimas normas ya no se tiene en cuenta la
conducta asumida por las partes durante el proceso, sino cuál de ellas resulta
vencida.

En virtud de lo anterior y conforme a la evolución normativa mencionada, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el legislador introdujo un
cambio sustancial respecto de la condena en costas69, al pasar de un criterio
“subjetivo” -CCA- a uno “objetivo valorativo” -CPACA-. Objetivo, porque en toda

63 Fl. 58 a 76, 116 a 128 C. P.
64 Fl. 103 a 109, C. P.
65 Fl. 23 a 26, C. P.
66 El 26 de octubre de 2020, el demandado Carlos Enrique Cortés Cortés presentó recurso de
apelación en contra del auto proferido el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual resolvió las excepciones. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”,
“003 Resuelve Excepciones”, “006 Correo.pdf” y “007 Apelación.pdf”.
67 Índices 67 y 68, Samai del tribunal.
68 “En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la

conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o
recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.” (se subraya)
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 7 de

abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14).

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sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para
condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas
del CGP y; valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez debe
establecer si “se causaron y en la medida de su comprobación”, esto es, con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del mismo; valoración en la que, se reitera, no se
analiza la mala fe o temeridad de las partes. Así como tampoco implica una
vulneración a los principios de equidad procesal, igualdad o proporcionalidad,
pues, se itera que en toda sentencia debe decidirse sobre la condena en costas,
cuya procedencia corresponde al cumplimiento objetivo de las reglas establecidas
en el artículo 365 del CGP.

En otras palabras, la imposición de las costas y las agencias en derecho no depende
de la temeridad o la mala fe de las partes, sino del hecho de ser vencido en juicio y
de que «en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación», lo cual ocurrió en este caso, pues la parte demandada tuvo que
incurrir en ciertos gastos, comoquiera que debieron acudir al proceso mediante
apoderado judicial contestar la demanda70, proponer excepciones71, solicitar
pruebas72, interponer recursos73 y alegar de conclusión74.

Por otro lado, se advierte que en el caso sub examine no se ventila un interés
público, por el simple hecho de que se hubiese causado un detrimento patrimonial
a una institución prestadora de salud. En efecto, esta Corporación75 ha sostenido
que el concepto de interés público debe entenderse como equivalente al de
“acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad”.
De esta forma, mediante el medio de control de reparación directa, al ser de carácter

70 Fl. 58 a 76, 116 a 128 C. P.
71 Fl. 103 a 109, C. P.
72 Fl. 23 a 26, C. P.
73 El 26 de octubre de 2020, el demandado Carlos Enrique Cortés Cortés presentó recurso de
apelación en contra del auto proferido el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual resolvió las excepciones. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”,
“003 Resuelve Excepciones”, “006 Correo.pdf” y “007 Apelación.pdf”.
74 Índices 67 y 68, Samai del tribunal.
75 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025,

Rad. 71907. Reiterado en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14
de julio de 2025, Rad. 71384.

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subjetivo, se persiguen intereses particulares, por lo que procede la condena en
costas. Al efecto, frente a este punto, el Consejo de Estado76 ha precisado lo
siguiente:

“[…] esta Sala ha explicado que la expresión normativa ‘interés
público’ necesariamente debe ser asimilada a ‘acciones públicas, contencioso
objetivo o de mera constitucionalidad y/o legalidad’ en atención al principio de
interpretación del efecto útil de las normas, de modo que en los procesos contencioso
subjetivos en los que se ventilen intereses particulares o individuales de las entidades
públicas o de los particulares (v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento;
controversias contractuales; reparación directa, repetición, entre otros) procederá la
condena en costas a la parte vencida, sin importar si es demandante o demandada,
en los términos establecidos por las normas procesales generales a las que remite la
disposición”.

Finalmente, respecto del argumento consistente en que la condena en costas
implica una carga económica desproporcionada para el demandante, que afecta su
“comprometida” estabilidad financiera y pone en riesgo la continuidad de la
prestación del servicio de salud, se evidencia que de conformidad con el artículo
10° del Código General del Proceso el “servicio de justicia que presta el Estado
será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales”.

De otro lado, el artículo 151 ibídem dispone que se “concederá el amparo de
pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del
proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las
personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un
derecho litigioso a título oneroso”. A su turno, el 152 de esa normativa indica que
“el amparo podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación
de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. El
solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones
previstas en el artículo precedente, y si se trata de demandante que actúe por medio
de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado”.

76 Ibidem.

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Al respecto, el Consejo de Estado77 ha modulado su entendimiento en el sentido de
indicar que: “[…] no es necesario probar la incapacidad económica para asumir los
costos del proceso (…) y que solo basta con afirmar bajo juramento que se está en
incapacidad de atender los gastos del proceso […]”.

Por su parte, la Corte Constitucional78 ha sostenido “que frente a situaciones
económicas críticas que impidan a las partes en un proceso atender los gastos que
éste genera, existe el recurso de amparo de pobreza, el cual deberá ser solicitado
por el demandante antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las
partes durante el proceso […]”.

En consecuencia, el trámite de un proceso judicial acarrea gastos que deben ser
asumidos por las partes, salvo que no se hallen en capacidad de atender dichos
costos, para lo cual el Legislador tiene prevista la figura del amparo de pobreza.

Ahora bien, el demandante aduce que por la falta de pago de la acreencia adeudada
por la EPS Humana Vivir, se vio comprometida su estabilidad financiera, por lo que
se le dificultaba sufragar el pago de la condena en costas, pues aquello implica una
carga procesal desproporcionada que pone en riesgo la continuidad de la prestación
del servicio de salud. Sin embargo, no se advierte que haya solicitado el amparo de
pobreza con las exigencias que la ley prevé, esto es, bajo la solemnidad de
juramento.

Además, es importante destacar que esta Corporación ha establecido que la
responsabilidad de determinar el momento oportuno para solicitar el amparo recae
en el demandante. En consecuencia, se ha establecido que el actor tiene la facultad
de presentar solicitud de amparo de pobreza con anterioridad a la interposición de
la demanda, simultáneamente con ella o en cualquier fase del proceso judicial. No

77 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 6 de

marzo de 2020. Expediente 85001-23-33-000-2019-00189-01(AC). C.P. Ramiro Pazos Guerrero;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 19 de julio de 2018, Exp. 11001-03-25-000-2017-00275-00 (1344-2017), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de
mayo de 2019, Exp. 05001-23-33-000-2018-00420-01; C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
78 Corte Constitucional, sentencia T-420 del 26 de junio de 2009.

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obstante, en el caso de presentar la solicitud en una etapa del proceso, ésta
solamente surtirá efectos hacia el futuro y no permitirá al demandante evadir el
pago de los gastos procesales que se hayan causado79.

Bajo al anterior contexto, se advierte que ASSALUD no puede pretender evitar el
pago de las costas procesales, que ya fueron causadas, argumentado que aquello
afectaría su estabilidad financiera y pondría en riesgo su funcionamiento como
institución prestadora de salud. Esto pues, ante la imposibilidad de sufragar los
gastos procesales, tuvo la posibilidad de presentar la solicitud de amparo de
pobreza con anterioridad al acaecimiento de la condena en costas.

Así las cosas, en el presente caso, en primera instancia se encuentra acreditado
que la Superintendencia de Salud y Carlos Enrique Cortés Cortes realizaron
actividades de defensa judicial durante la gestión surtida en primera instancia, tales
como contestar la demanda80, proponer excepciones81, solicitar pruebas82,
interponer recursos83 y alegar de conclusión84.

En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la
fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de los
demandados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. En
cuanto a las agencias en derecho en primera instancia, para los declarativos en
general con cuantía, deben fijarse entre el 3% y el 7.5% del valor de las pretensiones
pedidas, de conformidad con lo previsto en el artículo 585 del Acuerdo 10554 de
2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Asimismo, frente a este

79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de octubre de 2019,

Rad.: 20001-33-31-004-2007-00158-01(A)(AP)Rev y sentencia de 1° de octubre de 2019, Rad.:
20001-33-31-005-2007-00175-01(A).
80 Fl. 58 a 76, 116 a 128 C. P.
81 Fl. 103 a 109, C. P.
82 Fl. 73 a 76, C. P.
83 El 26 de octubre de 2020, el demandado Carlos Enrique Cortés Cortés presentó recurso de

apelación en contra del auto proferido el 15 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual resolvió las excepciones. Fl 168, C. P; CD “Actuaciones digitales”,
“003 Resuelve Excepciones”, “006 Correo.pdf” y “007 Apelación.pdf”.
84 Índices 67 y 68, Samai del tribunal.
85 “Artículo. 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS

EN GENERAL. […] En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen
pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido. (ii)
De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. […] ”.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

aspecto, se advierte que las costas establecidas en la primera instancia resultan
acordes con el mínimo que podía fijar el Tribunal para la parte vencida en el proceso,
de acuerdo con lo previsto en la codificación procesal vigente aplicable.

En ese sentido, las agencias en derecho de dicha instancia se fijarán en la suma de
$31.269.774,81, que corresponderá en partes iguales a los demandados, esto es,
$15.634.887,4 en favor de la Superintendencia de Salud y $15.634.887, en favor de
Carlos Enrique Cortés Cortés. Esto, con fundamento en la relación porcentual
mínima fijada por el precitado Acuerdo, del 3% de las pretensiones que fueron
formuladas en este litigio, que ascienden a la cantidad de $1.042.325.827. Por otra
parte, frente a las agencias en derecho en segunda instancia, estas podrán fijarse
en los procesos declarativos en general, en segunda instancia, entre 1 a 6 SMLMV,
según lo dispuesto en el artículo 586 del ya referido Acuerdo.

En este sentido, comoquiera que los demandados no se pronunciaron en esta
instancia y no desplegaron ninguna actividad de defensa judicial respecto del
recurso de apelación interpuesto por la demandante, no habrá lugar a fijar agencias
en derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de junio de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, y en su lugar se dispone DECLARAR probada de oficio la excepción de
caducidad del medio de control de reparación directa, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

86 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. PROCESOS DECLARATIVOS EN

GENERAL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.

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Demandante: Asociación de Prestadores de Servicios y Suministros de Salud

SEGUNDO: CONDENAR en costas, por ambas instancias, a la parte demandante,
en favor de la Superintendencia de Salud y Carlos Enrique Cortés Cortés, las cuales
serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8
del Código General del Proceso.

Para el efecto, las agencias en derecho de la primera instancia se fijan en la suma
de $15.634.887,4 en favor de la Superintendencia de Salud y $15.634.887 en favor
de Carlos Enrique Cortés Cortés, montos que deberá pagar la parte actora.

Sin agencias en derecho en segunda instancia.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER al tribunal de origen para lo de
su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

VF

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